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Etiqueta: salario mínimo

Precariedad laboral: una marca registrada del mundo Covid

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En el mes de marzo de 2020, cuando el planeta detenía sus pasos ante la llegada de la primera pandemia posmoderna, saltó a la luz una nueva forma de actividad económica caracterizada por su concentración en los servicios, las entregas express y principalmente la precarización en el trabajo.

Pronto el mundo se haría consciente de que al tiempo que una porción de su población privilegiada era enviada a sus casas a guardar cuarentena y, en el mejor de los casos, a hacer teletrabajo, otro grupo de personas trabajadoras menos privilegiado continuaban sus labores cotidianas desde la “uberización”, el “delivery” y la entrega personalizada puerta a puerta, propiciada por una de las formas más despersonalizadas y desubjetivadoras que llegó para quedarse en el marco de la coyuntura: las plataformas de servicios de entrega a domicilio.

Conocer esa modalidad de trabajo y sus alcances socio laborales fue uno de los objetivos perseguidos por un equipo investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los resultados de su estudio fueron recientemente socializados.

Tres datos llamaron mi atención, dado el carácter profundamente informal que reviste la actividad: la alta proporción de personas trabajadoras de estas plataformas sin ningún tipo de seguro social (un 78%); más de un 65% reconoció la posibilidad de quedar excluido de la plataforma en cualquier momento, revelando una profunda desprotección e inseguridad laboral; un 40% de la población consultada en el marco del estudio percibe menos del salario mínimo de ley.

Es ya lugar común escuchar esa frase contundente de “lo que llegó para quedarse” en el marco de la pandemia: la modalidad de teletrabajo, las medidas de higiene y, yo diría, la precariedad laboral para un conjunto considerable de personas trabajadoras a nivel global.

El equipo investigador fue concluyente acerca de la necesidad de una respuesta organizativa y colectiva para hacerle frente a estas condiciones de trabajo. Una primera forma de cambiar la comprensión de la precariedad que les aqueja es modificar los designios de poder producidos desde el lenguaje: la “colaborización” como mecanismo de desubjetivación de la identidad laboral de la persona, debe ser erradicada. No son “colaboradores” quienes hoy se enfrentan a estas dinámicas excluyentes. Son personas trabajadoras con derechos, que deben empezar a ser respetados.

Presentan demanda contra el Estado por eliminar pago de peligrosidad en sector privado

La ANEP, el Sindicato de Plantaciones Agrícolas (Sitrap) y el Sindicato de Trabajadores de la Chiriquí Land Company (Sitrachiri), presentaron una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), contra el Estado costarricense por la rebaja en un 33% del salario mínimo que devengan las personas trabajadoras que realizan labores pesadas, insalubres y peligrosas en sector privado.

Le invitamos a ver el video:

Comité de solidaridad con los y las trabajadoras de tiendas SYR

El representante de dicho comité hace un llamado a todas las personas en apoyo a las víctimas de violencia que vivieron en su lugar de trabajo, afirmando que a los trabajadores de esta cadena de tiendas, presuntamente, no se les paga el salario mínimo, no tienen seguridad social, se violentan sus derechos humanos y son sometidos a castigos físicos injustificados. 

Es por esto que se pide a los ciudadanos unirse y solicitar al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, así como a diversos entes de gobierno que tengan alguna relación con este caso, que procedan con la investigación y demandas legales con el fin de que los responsables paguen este delito. 

Así demostró el premio Nobel de Economía que el salario mínimo no destruye empleo

David Card. Imagen tomada de Semanario Universidad.

David Edward Card (Guelph, 1956) economista canadiense especializado en el ámbito laboral y profesor de Economía en la Universidad de California en Berkeley. Fue uno de los tres galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2021, junto a Joshua Angrist y Guido Imbens.

Es uno de los debates clásicos de la ciencia económica y resurge en España cada vez que el Gobierno revisa al alza el salario mínimo interprofesional (SMI). Quienes se oponen a las revalorizaciones argumentan que la subida de la remuneración básica por encima de la que fija la mano invisible —y que, según la ortodoxia, está determinada por la productividad— acaba expulsando siempre a los trabajadores más desfavorecidos, especialmente los jóvenes, del mercado laboral. Pero ¿tiene que ser necesariamente así? David Card, profesor de la Universidad de California en Berkeley a quien la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha galardonado este lunes con el Premio Nobel de Economía por sus «contribuciones empíricas a la economía laboral», contradijo esta teoría en uno de los estudios que le han valido el prestigioso reconocimiento.

Junto al ya fallecido Alan Krueger —ex asesor de los presidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama—, Card estudió las consecuencias de la subida del salario mínimo en Nueva Jersey sobre los trabajadores de cadenas de comida rápida en ese estado y en las zonas limítrofes de la vecina Pensilvania. En aquel momento, 1992, se trataba de dos prósperos territorios industriales del norte del país en manos de administraciones demócratas, pero solo el primero decidió aumentar la paga, desde los 4,25 hasta los 5,05 dólares la hora. La experiencia de estudios previos, especialmente en los años setenta, hacía pensar que el empleo se reduciría en Nueva Jersey debido a la nueva regulación, en contraste con lo que sucedería al otro lado del río Delaware. Pero no fue así.

Las conclusiones fueron las siguientes: el salario medio de entrada había subido un 10% en Nueva Jersey, mientras que el salario medio se había incrementado un 3,1%. En ese estado, no sólo no se había destruido empleo a tiempo completo, sino que se había creado, al contrario que en Pensilvania. Incluso se produjo una «pequeña y estadísticamente insignificante» migración de trabajadores desde el territorio que no había aumentado el salario mínimo hacia el que sí lo había hecho. La única consecuencia negativa fue para los consumidores: el precio del menú aumentó más al este que al oeste del río Delaware, aunque los investigadores matizan que los establecimientos más sensibles a la medida no encarecieron más sus productos que los menos afectados.

Pero las conclusiones no se quedaron ahí. Aunque la decisión de subir el SMI se produjo en 1990, cuando Estados Unidos aún disfrutaba de uno de los mayores ciclos de crecimiento de su historia tras las reformas del presidente Ronald Reagan, se aplicó dos años después, en plena recesión. Entonces, señala el trabajo, algunos sectores pidieron dar marcha atrás a la medida con el argumento de que no era una buena idea en un momento de crecimiento del desempleo. El mismo razonamiento que ha esgrimido en España la patronal CEOE para oponerse al incremento de 15 euros mensuales aprobado por el Gobierno en un contexto en que la economía española aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia del coronavirus.

En sus conclusiones, Krueger y Card descartan que los resultados del estudio estén viciados por el devenir de la economía: «Es poco probable que los efectos del alza del salario mínimo fueran ocultados por la mejora de la situación económica general». Y se muestran taxativos: «El alza del salario creó empleo». Otros estudios, como los del Banco de España, no dicen lo mismo: el organismo regulador calculó que en 2019 se perdieron entre 90.000 y 170.000 empleos en nuestro país por culpa de la subida del SMI.

La controversia seguirá, pero este lunes el premio se lo ha llevado la obra de David Card, que demostró que se puede subir el SMI sin necesidad de destruir empleo y, en ocasiones, ese incremento incluso puede incentivar su creación. Tres décadas después de la investigación, no faltarán las interpretaciones políticas sobre un asunto que sigue generando discusión. Con o sin evidencia empírica que la respalde.

De ahí que las políticas de salarios decrecientes no favorecen el crecimiento ni el desarrollo de los pueblos. Lo que ocasiona son rezagos que imposibilitan la competitividad de los sectores y por ende obstaculizan el desarrollo y crecimientos de los sectores y agentes de la economía.

 

Foto de David Card recuperada de Semanario Universidad.

Compartido con SURCOS por SITRAHSAN.

El Ministerio de Trabajo advierte que ninguna persona empleadora puede aplicar deducciones al salario mínimo inembargable

La Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines compartió con SURCOS un comunicado del Ministerio de Trabajo, según el cual se indica que tanto el sector público como el privado deben garantizar el salario mínimo a sus trabajadores y eliminar cualquier práctica que limite ese derecho. 

Los artículos  y del Código de Trabajo establecen la prohibición de aplicar deducciones cuando se vea comprometido el salario mínimo establecido.

Durante la conferencia de prensa que se realizó el pasado miércoles 3 de agosto, posterior a la sesión del Consejo de Gobierno, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel Rodríguez, aclaró que la prohibición de aplicar deducciones al salario mínimo inembargable, es una norma obligatoria que abarca a todos los patronos y trabajadores del sector público y privado, una discusión que está protegida por el artículo 172 del Código de Trabajo.

Esta protección a la inembargabilidad del salario, tiene por objetivo procurar el bienestar y la existencia digna que engloba el artículo 57 de nuestra Carta Magna y el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo.

Como puntualizó la ministra, el Código de Trabajo señala que el salario mínimo es inembargable, éste  se fija mediante el decreto que, actualmente, es una suma líquida de 16.887,24 colones, delimitado para hacerle frente a las necesidades básicas  de la persona trabajadora.

Lo anterior significa que no es posible aplicar rebajas (embargos judiciales, operaciones crediticias, cuotas de afiliación, entre otros.) a las personas trabajadoras que reciban un monto líquido por debajo del salario mínimo establecido, excepto los que corresponden a pensiones alimenticias.

Por lo que, si ya existe un embargo que abarca la totalidad de la cuota embargable del salario del trabajador, un nuevo embargo tendría que “hacer fila” hasta que se levante el anterior.

De incumplirse lo antes expuesto, las personas empleadoras (jurídicas o físicas) incurrirían en violaciones legales y se expondrán a posibles sanciones, ya que estos actos son considerados como una infracción grave.

Juzgado de trabajo abre investigación contra el Estado por irrespeto al salario mínimo

  • Por afectación al salario mínimo de al menos 3 mil funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública

El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó la apertura de investigación en contra del Estado costarricense, luego de la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por infracciones a las Leyes del Trabajo o de Previsión Social. 

La investigación ordenada por el Juzgado de Trabajo recae en contra del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por la afectación que sufrieron en su salario al menos 3 mil funcionarios adscritos a este último ministerio, en su mayoría oficiales de la Fuerza Pública.

Los hechos denunciados por la ANEP y su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), se remontan a partir de la primera quincena de junio, cuando trabajadores del MSP reportaron a nuestra organización rebajos automáticos en su salario, dejando sus cuentas prácticamente en cero, afectando directamente el salario mínimo por ley de los trabajadores, situación que a la fecha continúa presentándose.

Esta situación desencadeno molestia y angustia por parte de los funcionarios afectados, lo que provocó una manifestación de oficiales de Fuerza Pública en su tiempo libre en las afueras del Ministerio de Hacienda, solicitando explicaciones de lo sucedió, sin embargo, no recibieron respuesta positiva.

Ante este escenario, la ANEP decide acudir a los estratos judiciales y presentar la denuncia por violación por infracciones a las Leyes del Trabajo o de Previsión Social, amparados en la Constitución Política, el Código de Trabajo, así como resoluciones recientes de la Sala Constitucional con respecto al salario mínimo de los trabajadores”.

“Concretamente denunciamos las rebajas salariales por concepto de cuotas de deudas con entidades crediticias, sin que se esté respetando a las personas trabajadoras el salario mínimo, aplicándose de los salarios rebajos indiscriminadamente, sin garantizar el patrono, ni el Estado el resguardo de una suma mensual de ingreso mínimo, para que sus subalternos puedan hacer frente a sus necesidades básicas, sino que se les está aplicando rebajas hasta dejar los ingresos de los trabajadores en cero colones mensualmente”, detalló Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP.

Por su parte Mainor Anchía Angulo, Asesor Sindical de la ANEP en la Fuerza Pública, manifestó sentirse complacido por la decisión del Juzgado de Trabajo de investigar los hechos denunciados, ya que el salario mínimo debe ser respetado.

La ANEP no descarta presentar nuevas denuncias contra el Estado bajo estos mismos argumentos, ya que se han detectado casos similares de rebajas salariales irrespetando el salario mínimo de los trabajadores en otras instituciones y ministerios.

 

Compartido con SURCOS por ANEP.

Protesta contra mecanismo informático que no aplicó concepto de salario mínimo

SURCOS comparte la siguiente información:

Personal del gobierno central se manifiesta contra actuación administrativa mediante Integra Deducciones, aplicación informática que no aplicó el concepto de salario mínimo establecido en artículo 57 constitucional, 172 y 174 del Código Procesal Laboral, además, conforme a convenios internacionales que lo definen como un Derecho a la Dignidad Humana de las ersonas trabajadoras.

Cabe destacar que Sitrahsan y Anep participaron de la movilización, para manifestar el descontento sobre el irrespeto al salario mínimo y en protesta de la Ley de Empleo Público que se discutirá en Asamblea Legislativa.

Adjuntamos video de la situación descrita anteriormente:

 

Información enviada a SURCOS por Miguel Ureña.

Ni cinco céntimos

Óscar Madrigal

Treinta céntimos por cada cien colones es el aumento decretado para el próximo año por el Consejo Nacional de Salarios para todos los trabajadores (as) del sector privado. Ni siquiera un cinco. El aumento es del 0,30% pero como ya esas sumas son prácticamente inexistentes e incomprensibles (nadie habla de céntimos en Costa Rica) hay que decir que son 3 colones por cada mil o 300 por cada cien mil. Es decir, ni un pasaje de bus. Según La Nación el salario promedio del sector privado es de ¢371.000, por lo que cada trabajador recibirá un aumento promedio en el año 2021 de ¢1.100 colones. Por otra parte, el 26,3% de los trabajadores privados NO reciben siquiera el salario mínimo.

El argumento principal que se esgrime para que el Gobierno proponga semejante despropósito es la situación económica del país. Sin embargo, la crisis sanitaria ha sido boyante desde el punto de económico para la mayoría de los sectores productivos del país tales como los bananeros, azucareros, ganaderos, cafetaleros e incluso los piñeros. De igual manera les ha ido muy bien a los grandes comerciantes, así como a las empresas de zonas francas. Estos y otros grandes empresarios verán incrementados enormemente sus patrimonios, sus ingresos, por el aumento salarial paupérrimo a sus trabajadores.

Walmart subirá los salarios en mil colones, mientras sus ingresos y ganancias se disparan. Al igual que los Uribe dueños de casi todas las farmacias del país o los Garnier dueños de zonas francas.

Siempre son los trabajadores y trabajadoras los que hacen que, con sus bajos salarios, aumenten enormemente la riqueza de unos pocos.

Por otro, como las empresa no pagan buenos salarios, el Estado o sea todos los contribuyentes tenemos que subvencionarlos a través del gasto público. El bono de vivienda que se otorga a un trabajador de la empresa privada no es una subvención a ese trabajador o trabajadora para que construya su vivienda, sino una subvención al patrono ante los bajos salarios que paga y que impiden al trabajador poder adquirir su vivienda. Mucho del gasto social que financiamos todos los contribuyentes, es una SUBVENCIÓN A LA PATRONAL.

Una de las mejores formas de disminuir el gasto social es que los grandes empresarios paguen salarios justo y necesarios para vivir dignamente.

Los economistas y columnistas de siempre, las Pilares y sus corifeos, que se han quejado hasta el cansancio de la diferencia entre los salarios de los empleados púbicos y los del sector privado, deberían estar en este momento como coro exigiendo aumentos a los trabajadores del sector privado muchísimo más elevados para ir disminuyendo esa brecha. Ya a los empleados públicos se les congeló el salario por dos años y se les eliminó una parte de él, deberían ser exigentes e incisivos respeto a los salarios del sector privado. Se trata ahora de aumentar, pero no con limosnas, sino considerablemente, muy considerablemente los salarios mínimos de los trabajadores y trabajadores del sector privado.

 

Imagen ilustrativa.

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.

Intereses creados

SURCOS recibió de SITRAHSAN, sindicato del Ministerio de Hacienda, el siguiente comentario:

“Uno de los pocos aciertos sociales que tenía este Gobierno, fue la estrategia de respeto al salario mínimo inembargable, que desde hace meses intentó generar, primero una directriz, luego un decreto, pero al final, parece ser que “hay mano peluda” metiéndose por las moras de algunos poderosos financieros, o garroteros acreedores de deudas contra nuestros compañeros.

Esta organización, y sus afiliados hace una manifestación pública, como una denuncia social, en virtud de que los poderosos parecen ser quienes “atilintan los hilos” para mover ciertos actores del gobierno en pro de esos intereses usureros.

Es hora de que tomemos conciencia y presionemos para que las políticas de reactivación económica, no sólo se orienten a los exportadores, o poderosos usureros financieros, los trabajadores merecemos contar con un salario mínimo protegido legalmente y dignificar nuestra labor.

En el plenario legislativo se analiza un proyecto de mora para el registro de accionistas, si eso no les da a ustedes ninguna señal de cómo se tejen las políticas públicas, pues a pesar de haberse establecido legalmente la norma, cuentan con actores políticos que, agrupados, le restan a la Administración Tributaria la posibilidad de aplicar sanciones.

Lo peor de todo, legislar sobre algo, si el Ministerio de Hacienda tiene la posibilidad legal en el Código Tributario de obtenerla por facultad. En fin, parece ser que nuestros funcionarios a nivel de directores desconocen de las normas tributarias y su efecto o alcance, y lo peor aún, crear una norma donde el Ministerio de Hacienda vela por su cumplimiento, pero es el BCCR quien define como se aplicarán los datos.

Se estableció por Código Procesal Laboral, artículo 172, un mínimo de salario digno, que debe ostentar el funcionario público, ese objetivo es dotar de capacidad mínima alimentaria a los funcionarios públicos y la pregunta de mérito es: ¿Por cuál razón en nuestro Ministerio, aun cuando no hay decreto de MIDELAN, no iniciamos esa práctica?”

 

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