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Etiqueta: Salitre

Actores y mediadores se pronuncian sobre conflicto en Salitre

UCR alberga encuentro en el que se aborda problemática con territorios indígenas

Actores y mediadores se pronuncian sobre conflicto en Salitre
El Auditorio de la Ciudad de la Investigación reunió a representantes del Gobierno y de la población indígena, invitados por el Instituto de Investigaciones Sociales, para discutir sobre la disputa por los territorios indígenas en Salitre (foto Anel Kenjekeeva).

 

Otto Salas Murillo

Periodista Oficina de Divulgación e Información

 

La lucha por la defensa de los derechos de las comunidades indígenas ha sido una constante en el país, principalmente por parte de sectores sociales y también desde la academia, en donde la Universidad de Costa Rica (UCR) juega un papel relevante al servir como escenario para la discusión y búsqueda de soluciones que ayuden a resolver los conflictos que existan en torno a dicha población.

De ahí que el Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Facultad de Ciencias Sociales, con la colaboración del Laboratorio de Etnología de la Escuela de Antropología, organizara el conversatorio denominado Territorio indígena de Salitre: demandas históricas y desafíos políticos, el martes 7 de abril en el auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR.

En esta actividad participaron la Dra. Montserrat Solano Carboni, defensora de los Habitantes; Licda. Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano del Ministerio de la Presidencia; Karla González Maroto y Jorge Morales Elizondo, ambos representantes de la Federación Indígena Estudiantil; y la Mag. Rocío Loría Bolaños, investigadora y docente del IIS como moderadora.

Actores y mediadores se pronuncian sobre conflicto en Salitre2
Jorge Morales Elizondo es representante de la Federación Indígena Estudiantil, conformada por jóvenes universitarios, y alzó su voz para solicitar que se respeten los derechos ancestrales de sus comunidades y se ponga fin a la violencia en Salitre (foto Anel Kenjekeeva).

Desde enero del año 2013 la comunidad Bribri que habita terrenos en Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, y personas no indígenas protagonizan una ardua disputa por la tenencia de la tierra que no ha registrado una solución justa y duradera para el conflicto.

El estudiante universitario Jorge Morales Elizondo enfatizó en que hasta el momento no se han incluido a todos los actores implicados en esta situación, lo cual debe de realizarse antes de decidir lo que va a suceder, “no es de buena fe golpear a alguien que está tratando de recuperar su territorio. Las denuncias sobre violencia, quema de viviendas y tortura que se han vivido en Salitre han sido desestimadas por las autoridades”, advirtió Morales Elizondo.

Salitre forma parte de los seis territorios indígenas que se ubican en Buenos Aires y para la Licda. Ana Zúñiga Aponte el Estado costarricense tiene una deuda de muchos años con las comunidades indígenas que viven allí.

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La Licda. Ana Gabriel Zúñiga Aponte hizo hincapié en que para aportar positivamente a la solución de la problemática que se vive en la comunidad de Salitre hay que visitar la zona y conocer de primera mano la situación que allí se vive (foto Anel Kenjekeeva).

A la vez, Zúñiga Aponte afirmó que se debe conocer la realidad de sitios como Salitre para poder tener un panorama claro de la situación, “los gobiernos anteriores no quisieron asumir la responsabilidad de solucionar este problema y no se debe perder el sentido de humanidad en este conflicto”, acotó en su intervención.

La Viceministra de Asuntos Políticos mencionó a algunos de los actores que forman parte de esta disputa: la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre, el Consejo de Mayores de Salitre, la Comisión Pro Defensa de los Derechos de los Poseedores de Buena Fe de los Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires, la Asociación de Productores del Cantón de Buenos Aires y diputados del Congreso, entre otros.

Por los derechos de los indígenas

Actores y mediadores se pronuncian sobre conflicto en Salitre4
La Dra. Montserrat Solano Carboni abogó por más apoyo por parte del Gobierno para fortalecer los derechos de las comunidades indígenas de Costa Rica (foto Anel Kenjekeeva).

Salitre tiene una extensión de 238.200 hectáreas de las cuales 91.045 son territorio indígena, con una población de 45.244 habitantes, de los que 8.930 son indígenas, en su mayoría de la cultura Bribri.

“El enfoque de la actual Administración se apega a la legalidad y el accionar del Gobierno actual ha sido contundente desde ese punto de vista, pero no somos un gobierno que solamente cumple la Ley de Autonomía Indígena promulgada en 1977, que a su vez es insuficiente, sino que también es una administración sensible. Entendemos que hay vidas de por medio y que no solamente es una disputa de territorio”, detalló Zúñiga Aponte.

Al respecto de esta problemática, la Dra. Montserrat Solano Carboni explicó que más del 40% de las tierras declaradas como territorio indígena está en manos de personas no indígenas, “las ventas (de terrenos) que se han dado no tienen hasta ahora sentencias que vengan a sentar responsabilidades por dichas ventas. La situación que se vive actualmente en la mayoría de los territorios indígenas es responsabilidad de los gobiernos pasados y no de las comunidades indígenas”, sentenció Solano Carboni.

LaDefensora de los Habitantes dijo además que cuando se habla de territorios indígenas no se refiere a un regalo que se les dio, se trata de un derecho ancestral que tienen estas comunidades. El Estado debe velar por los derechos de esta población que incluyan el acceso a la educación, reconocimiento de sus aportes a la historia del país y derecho a la propiedad; este último es vital para el desarrollo integral de los pueblos indígenas”, expresó finalmente Solano Carboni.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Mitín por la Libertad de Sergio Rojas

Viernes 24 de abril, 8 am

Bulevar Tribunales de Justicia

Salitre-venta de ropa
Imagen con fines ilustrativos.

 

Después de más de 10 años de luchas legales y movilizaciones por la defensa de los derechos de los indígenas, en las que juega un papel muy destacado el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), la comunidad Bribri de Salitre, cansada de las usurpaciones de No indígenas en sus tierras, y de esperar soluciones y cumplimientos de promesas, de gobiernos y otras autoridades; decidió iniciar un Proceso de Afirmación Territorial Autónomo, dirigido fundamentalmente a recuperar tierra /territorio, de acuerdo con la Ley Indígena, su reglamento, el Convenio 169 de la OIT, las Resoluciones Judiciales Agrarias Nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DDHH), todas relacionadas con el derecho a la tierra/territorio.

Este proceso es liderado por el gobierno local Bribri, presidido por Sergio Rojas Ortíz, del Clan Uniwak.

Las recuperaciones de Tierras, amparadas a la legalidad, se fueron fortaleciendo y consolidando, lo que provocó una reacción violenta de los No Indígenas desalojados, y el temor de otros invasores, tanto del territorio de Salitre como de otros territorios indígenas de la zona. Así iniciaron las amenazas, atentados (contra la vida de Sergio), la persecución a los recuperantes, agresiones con armas y quema de viviendas; violencia que ha ido en aumento en los últimos 3 años, sin que hayan podido detener el Proceso de Afirmación Territorial Autónomo.

La “campaña” de desprestigio y de ataque a los indígenas por los medios (empresas) de comunicación social, fue otra característica; vinculando a estas comunidades con actos de brujerías, tráfico de drogas, violencia entre indígenas, entre otros. Junto a esa “campaña” se inició también otra de persecución a los líderes indígenas de Salitre con acusaciones públicas de “malos manejos de fondos”, de una investigación (que todavía no es una acusación formal) que inició en el 2012 y que aún no ha logrado demostrar nada. Culmina esta “campaña” con allanamiento de las casas de 11 líderes en el territorio y la detención de Sergio, el 06 de noviembre 2014. Dictaron medidas de prisión por 4 meses con fianza de 30 millones de colones (60 mil dólares), y la suspensión de su condición de Presidente del Gobierno Bribri de Salitre, entre otras. Este pasado 03 de marzo del 2015 la jueza, a cargo del caso, prorrogó las medidas por tres meses más y bajo la fianza a 30 mil dólares (15 millones de colones).

Según el Convenio 169 OIT (Art. 8 -9 y 10), los Estados deben procurar medidas alternas a la cárcel, cuando son SANCIONADOS (penados/ condenados) personas indígenas; sin embargo a esta fecha, Sergio y los 10 restantes compañeros líderes Bribris de Salitre (hombres y mujeres ), no han sido acusados, no hay una “causa” abierta contra ellos penalmente. La fianza es otra violación a sus derechos y es discriminatoria a todas luces, pues es excesiva y desproporcionada, para un indígena, que vive del trabajo de la tierra y no tiene ingresos fijos.

Este 24 de Abril a las 08 a.m se realizará la audiencia para la apelación de las medidas cautelares impuestas el pasado 3 de Marzo a Sergio Rojas Ortiz, para apoyar a Segio y al territorio Indígena de Salitre, Frenapi y el Cómite de Apoyo a la Autonomía convocamos a la Marcha por la Libertad de Sergio.

 

Enviado a SURCOS Digital por Radio 8 de Octubre.

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Recolecta de útiles escolares y venta de ropa usada para ayudar a niños y niñas de Salitre

Salitre-venta de ropa

El movimiento “Sergio Libre” está organizando para el día de hoy 20 de enero, y para el 30 de enero de 2015, una venta de ropa usada en buen estado y una recolecta de útiles escolares para los niños y las niñas de Salitre.

La actividad se llevará a cabo en FECOU y el dinero recolectado será destinado para comprar uniformes.

Dirección de FECOU: Edificio con grafitis frente al pretil.

FECOU
FECOU

 

Para más informes ingrese a la página de Facebook:  https://www.facebook.com/events/777131405694643/?source=1

 

Información tomada de la página de Facebook de “Sergio Libre”.

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Atención inmediata a situación en Salitre

La Defensoría de los Habitantes solicitó la intervención urgente de las autoridades gubernamentales ante la situación de denuncia de nuevos hechos de violencia en territorio de Salitre.

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas
Imagen con fines ilustrativos.

 

El pasado 7 y 8 de julio de 2014 se acordaron medidas para atender el conflicto de tierras en Territorio Indígena Salitre con el objetivo de garantizar el derecho a la seguridad e integridad de las personas que habitan en dicho territorio, así como la de sus bienes en consonancia con las obligaciones del Estado de velar por los derechos humanos respaldados en la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Entre las medidas estaban la Viceministra de la Presidencia se comprometía a la instalación de un puesto de control y vigilancia por parte del Ministerio de Seguridad Pública en el Territorio Indígena Salitre para controlar el ingreso y egreso de personas al territorio y a reforzar la presencia policial en el punto de salida del mismo, en coordinación con la comunidad indígena, sin embrago, el 29 de octubre en una visita realizada por la Defensoría a Salitre, se constató que no existe ningún puesto de control policial, ni patrullaje.

Además se logró confirmar que la quema de algunas de las casas por parte de no indígenas y la forma en que son amenazados para salir de sus casas.

Enviado a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Libertad para Sergio Rojas Ortiz A la comunidad Nacional e Internacional

Comunicado de prensa

Articulan defensa de los derechos de las comunidades indígenas3

El jueves 06 de noviembre en horas de la mañana, el Poder Judicial, junto con la policía del Gobierno (Poder Ejecutivo), en un operativo desproporcionado con una caravana de casi 40 vehículos, más de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policías, ingresan al territorio Bribri de Salitre ( Municipio de Buenos Aires, Puntarenas – al Sur de Costa Rica ) para allanar las casas de los miembros del gobierno local capturar y “llevar” a declarar como delincuentes peligrosos, a pacíficos líderes indígenas (hombres y mujeres).

Además, se realizaron unos 10 allanamientos en casas de los miembros de gobierno local Bribri de Salitre (Asociación ADI – nombre jurídico), llevándose documentos y efectos personales. El expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan Uniwak, es presidente del gobierno local Bribri de Salitre y co-coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, que agrupa a miembros de la mayoría de los territorios indígenas de Costa Rica. En Salitre se ha vivido en los últimos años un proceso de afirmación territorial autónoma, liderado por el gobierno local ( ADI – Salitre ) y ha enfrentado una fuerte oposición de los no indígenas, que usurpan tierras dentro del territorio, quienes han venido perdiendo las causas judiciales y han tenido que salir desalojados del mismo. Los no indígenas, al ver perdidas sus causas, se han violentado, cometiendo actos delictivos contra la comunidad Bribri de Salitre, agrediendo a las familias dueñas del territorio, quemando sus casas y amenazando con armas a los vecinos /as, sin que a la fecha se haya hecho justicia sobres estos actos violentos e ilegales.

Del operativo de allanamientos y detenciones, realizado por el Poder Judicial, apoyado por el Poder Ejecutivo (Policía), sólo queda detenido Sergio Rojas Ortíz, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como presidente de la Asociación –ADI de Salitre (Gobierno Local Indígena), lo que le fue concedido, excepto el rebajo de la fianza a 30 millones de colones (60 mil dólares usa).

El grado de probabilidad de que los dirigentes del gobierno local, no faciliten la investigación, es inexistente, pues todos son sencillos y pacíficos campesinos que viven ahí. Hay poderosos intereses económico-políticos y personales de personas “grupos” que buscan el control de tierra / territorio, para megaproyectos – negocios y ganancias; entre otras razones, que son notables a la luz del conflicto en ese territorio indígena; lo que pone en evidencia, la débil argumentación de la Fiscal Céspedes; ya que no existen los peligros procesales alegados y por consiguiente las medidas solicitadas, no solo son irracionales y desproporcionados sino que no guardan relación con los peligros alegados.

Actualmente Sergio está detenido en la Prisión de Regional de San Isidro de Pérez Zeledón, por cuanto evidentemente no puede pagar la fianza.

El despliegue fue impactante, pero más aún, el objetivo fue enviar un mensaje a todos los demás pueblos indígenas del Sur (al menos), como respuesta del estado costarricense a la lucha por los derechos indígenas, especialmente los que están preparándose para seguir los pasos de la recuperación de las tierras /territorio, como Salitre.

No es casual, que en medio de la polémica y las actuaciones delictivas de no indígenas que amenazan y agreden a los indígenas de Salitre, no aparezca una sola autoridad en defensa y protección de la comunidad, y ahora se presente muy diligente, en este momento la “actuación judicial” de la Fiscalía Indígena, a cargo de la Licda Adriana Céspedes.

¿Dónde estaba la fiscal Céspedes y el ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el recurso de amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio?

¿Por qué tanta saña, para llevar a declarar a los dirigentes del Movimiento por la Tierra en Salitre?

Desde hace décadas los pueblos indígenas de Costa Rica, vienen dando una lucha por recuperar sus tierras ancestrales, amparados a la Ley Indígena 6172 de 1977 (Art. 3 Y 5), y otros instrumentos como la Declaración sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ONU) del 2007 y el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica en 1992, y en las Sentencias de los Tribunales Nacionales e Internacionales. A quienes luchan por estos derechos, son perseguidos, criminalizados y reprimidos, tanto que en algunos territorios los NO INDÍGENAS controlan casi el 40% de las tierras, de manera ilegal en total impunidad. El Estado poco ha hecho ante estas violaciones de los derechos humanos de estos pueblos, situación que ha sido denunciada reiteradamente, por organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, así como en informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN).

La comunidad de Salitre no se ha amedrentado, el mismo viernes 09 de noviembre, de todos los rincones del territorio bajaron para reunirse y respaldar a sus dirigentes, rechazar las acusaciones y la persecución sin fundamento; así como para reafirmar la lucha en defensa del derecho territorial indígena y continuar la recuperación de tierras.Han solicitado a la comunidad solidaria nacional e internacional el apoyo por la LIBERTAD de Sergio Rojas Ortiz y la exigencia de que se respeten sus derechos ancestrales de tierra, autonomía y cultura.

Desde el Movimiento Costarricense de Apoyo a la Autonomía Indígena, nos unimos a la denuncia que hace el pueblo indígena de Salitre, rechazamos esta persecución, que alimenta la violencia y el racismo de los agresores en la zona de Buenos Aires, fortaleciendo sus maniobras oscuras, que más parecen una patraña de los poderes, junto con los no indígenas, y algunas empresas de información que difaman y calumnian, distorsionando la realidad de la situación de los pueblos indígenas, para arrinconar a sus líderes, desarticular sus luchas y detener la recuperación territorial y otros derechos humanos, que sólo beneficia los intereses políticos y económicos, de grupos poderosos y terratenientes, dentro y fuera del territorio.

 

Alto a la política etnocida, racista y represiva del Estado costarricense. URGE la Solidaridad.

 

Campaña:

Libertad para Sergio Rojas Ortiz!!!

Respeto a la autonomía, la tierra y la cultura de los pueblos indígenas!!!

 

Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI –

Coeco Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica

Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR

Centro de Amigos para la Paz – CAP.

Justicia Paz e Integridad de la Creación – JPIC- CLARETIANOS – CR.

Coordinación de Comunidades Cristianas Costarricenses – COCRIC

Asociación Estudiantes Teología – UNA

Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU.

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia C. R – REDBICR

 

Agradecemos enviar cartas de apoyo/solidaridad, a los siguientes correos

 

1. Fiscalía de Asuntos Indígenas:acespedesl@poder-judicial.go.cr

2. Fiscalía de Buenos Aires: ba-fiscal@poder-judicial.go.cr

3. Fiscalía General de la República: fgeneral@poder-judicial.go.cr

4. Ana Gabriel Zuñiga. Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano

4. Raymi Padilla: raymi.padilla@presidencia.go.cr

5. Prensa Poder Judicial: prensamp@poder-judicial.go.cr

6. Frente Nacional de Pueblos Indígenas: frenapi@yahoo.com.mx

7. Casa Presidencial.

 

Nota: si desean apoyar este comunicado enviar su nombre u organización al correo: alejandra.rozas@coecoceiba.org / alejandrarozas@gmail.com

 

Información enviada a SURCOS Digital por Graciela Blanco.

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Marcha por la Tierra en el Sur y la libertad para Sergio Rojas Ortiz

Juzgado Agrario de Corredores fija nueva fecha para remate de finca Térraba

Finca Térraba, conocida como Fincas 2, 3 y 4 de Palmar Sur del cantón de Osa; consta de 277 hectáreas que desde hace 14 años han sido trabajadas por 80 familias campesinas, familias que hoy estamos asociadas en COOTRAOSA R.L y que defendemos nuestro derecho a la tierra y al trabajo digno.

Esta finca reclamada para sí por el empresario Oscar Echeverría; se encuentra en litigio en sede agraria y el Banco Nacional solicitó se sacara a remate la misma; el Juzgado Agrario de Corredores estableció como nueva fecha para el remate el 16 de enero del 2015.

Exigimos que el Banco Nacional se adjudique la finca, para que luego y según lo establece la ley, el Banco ofrezca esta finca al INDER y este ente posteriormente entregue estas tierras a las 80 familias que habitamos y trabajamos en ellas desde hace 14 años.

 

Procuraduría General de la República y el Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública actúan de forma complaciente con el empresario Oscar Echeverría

En estos momentos las familias que habitamos y trabajamos finca Térraba y finca Chánguena, corremos el peligro de ser expulsados de nuestras tierras; ya que el empresario Echeverría Heigold promovió orden de desalojo contra nosotros, ante la cual interpusimos recurso de amparo, el cual fue declarado sin lugar por la Sala Constitucional.

Hacemos del conocimiento público que dentro de los procesos judiciales respectivos, la Procuraduría General de la República, en la persona de Luis Diego Flores, ante la intención del empresario Oscar Echeverría de demandar al Estado por no ejecutar diversas órdenes de desalojo; convino con el empresario Echeverría que la ejecución del desalojo se realice entre el 20 de octubre y el 14 de noviembre de 2014.

Denunciamos esta actuación de la Procuraduría ya que el empresario Echeverría Heigold no es propietario registral de nuestras tierras y que los contratos de arrendamiento que tuvo en las mismas vencieron desde el 2011; o sea, no está legitimado para pedir ningún desalojo y el ente procurador no tenía por qué negociar con él. De igual manera el Departamento de Desalojos del Ministerio de Seguridad Pública ha hecho caso omiso de esta situación.

 

Organizaciones de la Zona Sur exigimos la libertad para Sergio Rojas Ortiz

El jueves 06 de noviembre en horas de la mañana, el Poder Judicial, junto con la Policía del Gobierno (Poder Ejecutivo), en un operativo desproporcionado con una caravana de casi 40 vehículos, más de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policías, ingresan al Territorio Bribri de Salitre( Sur de Costa Rica ) para allanar las casas de los miembros del gobierno local capturar y “llevar” a declarar como delincuentes peligrosos, a pacíficos líderes indígenas.

Además, se realizaron unos 10 allanamientos en casas de los miembros de gobierno local Bribri de Salitre, llevándose documentos y efectos personales. El Expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.

Del operativo de allanamientos y detenciones, realizado por el Poder Judicial, apoyado por el Poder Ejecutivo, queda detenido Sergio Rojas Ortíz, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como Presidente de la Asociación –ADI de Salitre, lo que le fue concedido, excepto el rebajo de la fianza a 30 millones de colones (60 mil dólares USA). Actualmente Sergio está detenido en la Prisión de Regional de San Isidro de Pérez Zeledón, por cuanto evidentemente no puede pagar la fianza.

Esta actuación del poder Judicial y Ejecutivo, es parte de una campaña de violencia, terror y racismo que han venido desarrollando contra el pueblo Bribri de Salitre y en especial contra el compañero Sergio Rojas; distintos sectores políticos, empresariales y mafiosos.

Recordemos que la municipalidad de Buenos Aires había declarado no grato al señor Rojas, esto con la venia de todos los partidos políticos tradicionales; además el exdiputado del PAC (partido oficialista)Jorge Gamboa participó en dos reuniones donde se habló de asesinar a Sergio Rojas; el cual también fue víctima de un atentado con arma de fuego.

Ante el proceso de recuperación de tierras que ha venido desarrollando el pueblo Bribri de Salitre; grupos de terratenientes y otros sectores dominantes han perpetrado actos de violencia contra el pueblo indígena, con ataques con arma de fuego, machetes, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de ranchos, amenazas y otros actos violentos; ante los cuales la administración anterior y la actual actuaron de forma complaciente con los grupos de matones y agresores.

Toda esta cadena de violencia ha sido incentivada también por algunas empresas de comunicación como el diario Extra, Telenoticias de Canal 7 entre otros y por las voces racistas de políticos como Otón Solís, que la semana tras anterior público un artículo en el diario la Nación; el cual es un manojo de racismo, desconocimiento total de la legislación internacional y nacional indígena y una visión absolutamente corta, por no decir nula sobre lo que significa la autonomía indígena.

¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio.

 

Lunes 10 de noviembre de 2014

Para mayor información:

Daniel Villalobos. Tel: 83171588

Renier Canales. Tel: 87928794

Gustavo Oreamuno. Tel: 85270039

 

Jornada de Lucha. Marcha por la Tierra en el Sur

y la Libertad para Sergio Rojas Ortiz

 

Miércoles 12 de noviembre de 2014

8:30 a.m. entrada de Palmar Sur

 

COOTRAOSA R. L

OLCASUR

Coordinadora de Lucha Sur Sur

 

Información enviada a SURCOS Digital por Marcela Zamora Cruz.

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Estado costarricense criminaliza lucha indígena

Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena6
Imagen con fines ilustrativos.

El líder bribri Sergio Rojas Ortiz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) del Territorio Indígena de Salitre, en Costa Rica, fue encarcelado al dictarle medidas cautelares de prisión preventiva o una fianza desproporcionada para la capacidad de cualquier dirigente indígena, por una supuesta administración indebida de recursos provenientes del Pago de Servicios Ambientales (PSA), a través de la institución gubernamental Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). La denuncia fue presentada por indígenas que tienen una estrecha relación con personas no indígenas ocupantes de tierras en Salitre, quienes de acuerdo al gobierno territorial no han demostrado la legalidad de dicha ocupación.

La detención se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires,después que la Fiscalía de Asuntos Indígenas, acompañada de un fuerte contingente de varios cuerpos de seguridad del gobierno, realizó diez allanamientos en Salitre.

 

Asunto de fondo: Despojo de las tierras y sus recursos indígenas

El despojo de la tierra y recursos indígenas viene desde hace décadas debido a las acciones promovidas por instituciones gubernamentales, las transacciones de tierras por diversas formas inmorales e ilegales de indígenas a no indígenas minifundistas y latifundistas ocupantes ilegales, con la complicidad de abogados y notarios; situación que la gubernamental Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) ha desatendido y debió haber evitado de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, por lo tanto se convierte en cómplice.

En los últimos años la presión sobre las tierras indígenas se ha incrementado considerablemente por parte de poderes del Estado,privados, y políticos, por intereses particulares en la construcción de hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones mineras,petroleras y de gas natural, situación que la cual personas no indígenas ocupantes ilegales de tierras, aliados con indígenas que han perdido su identidad y relación cosmogónica con la tierra, ven una oportunidad de oro para obtener exorbitantes indemnizaciones del Estado por las tierras propiedad de los pueblos indígenas.

La situación de la tierra en territorios indígenas es bastante grave, en el Territorio de China Kichá, de la extensión de tierra que les corresponde, únicamente está en sus manos el 2% (equivalente a 3 hectáreas para toda la comunidad) y en el de Altos de San Antonio, solo el 3%. El resto de la tierra es ocupada ilegalmente por no indígenas.

El proceso de recuperación de la tierra, los indígenas lo llevan a cabo utilizando los procedimientos legales establecidos en la legislación nacional. En Salitre la recuperación está a cargo de la autoridad que el mismo estado estableció para la administración del territorio,por lo que se encuentra dentro del marco legal, no es una acción individual. En los pueblos indígenas quienes ejerzan el gobierno territorial tienen la obligación de continuar con el propósito de recuperación de la tierra.

Los ocupantes ilegales en Salitre han reaccionado de múltiples formar incluyendo violentas, como: el intento de asesinato contra Sergio Rojas(setiembre 2012), actualmente Presidente del la ADI; lesiones con arma de fuego y blanca a Wilbert Ortiz Delgado; amputación con arma blanca dedos dedos de una mano a Marcos Obando Delgado, y heridas con arma blanca a Mainor Ortiz Delgado, a quien además *LO MARCARON CON UN HIERRO CALIENTE EN EL PECHO*, como se marca el ganado (enero del 2013).

 

Campaña de desinformación

Los no indígenas ocupantes ilegales de tierras, ante el hecho inminente de tener que devolver las tierras, han montado una estrategia para desinformar a la comunidad nacional, con la finalidad de quedarse con las tierras que no les corresponde o bien que el Estado los indemnice por un derecho que aún no han demostrado tener, y más bien deberían de ser castigados penalmente por talar la montaña y convertir esas áreas en potreros. En esta campaña están utilizando a personas no indígenas para que ofendan, difamen, discriminen y criminalicen a los indígenas en las redes sociales, especialmente Facebook, quienes es sabido, tienen fuertes intereses personales en las tierras indígenas y en el beneficios que les representan ser voceros de los ocupantes ilegales; así como a algunos indígenas funcionarios públicos. La prensa comercial,especialmente el diario La Extra, tiene una campaña sistemática,un show mediático, favoreciendo evidentemente a las personas ocupantes ilegales de tierras indígenas y sus recursos, mezclando hechos puntuales de supuestos delitos atribuidos a indígenas, con la situación de los ocupantes ilegales; la Extra en sus /“investigaciones”/entrevista religiosamente a un circulo de personas que están al servicio de los invasores, y las presenta como voceras de la realidad histórica del Territorio de Salitre, con lo que pretende posicionar como verdad hechos que son totalmente falsos.

 

Caso del bribri Sergio Rojas Ortiz y la responsabilidad del Estado

El caso de una supuesta administración indebida de recursos económicos provenientes del PSA que está siendo atribuida al bribri Sergio Rojas,es un hecho que tiene que ser resuelto en los tribunales de justicia, donde Sergio puede demostrar su inocencia. En el fondo, estas denuncias son un claro mensaje de criminalización de la lucha indígena,para amedrentar los pueblos indígenas y su dirigencia que en forma creciente  y sostenida autónomamente avanzan en la recuperación de la tierra que les ha sido usurpada de múltiples formas.

El modelo de PSA no reconoce que los territorios indígenas son sistemas colectivos, el sistema de conservación que impulsan no establece una sintonía con el sistema cultural de conservación de los pueblos indígenas, por lo tanto no establece mecanismos con pertinencia cultural para garantizar el manejo transparente de los recursos. Para FONAFIFO, los territorios indígenas son una finca más, visto así, FONAFIFO tiene una altísima responsabilidad en lo que sucede en Salitre y pueda suceder en otros territorios indígenas.

Si las actuales reglas administrativas para el manejo de los PSA y los contratos han sido elaboradas y definidos por FONAFIFO, entonces preguntamos ¿Cuál es el dolo en la forma que los territorios manejan los recursos del PSA? Si en el caso del bribri Sergio Rojas, existiera dolo, entonces las personas responsables de FONAFIFO también deberían estar siendo investigadas administrativas y penalmente, hasta imponerles medidas cautelares.

Los pueblos indígenas históricamente no han sido del interés de los poderes del Estado y sus instituciones, excepto para apoderar de sus tierras y recursos naturales y de la biodiversidad. Algunos menciones,

*Los casos de tierras presentados por los indígenas son resueltos varios lustros  después por los tribunales de justicia.

*Los casos de violencia contra los indígenas no son atendidos diligentemente por tribunales de justicia.

*Las medidas cautelares impuesta por un tribunal de justicia al bribri Sergio Rojas, son desproporcionadas.

*La Fiscalía de Asuntos Indígenas, moviliza fuerte contingentes de distintos cuerpos de seguridad del estado, pide medidas cautelares desproporcionadas cuando un indígena es acusado de un supuesto delito. Caso de Sergio Rojas. Sin embargo, actúa pasivamente cuando son los indígenas los denunciantes.

*Las fuerzan de seguridad no se movilizan con fuertes contingentes en los casos donde los indígenas son víctimas; pero no ha sucedido lo mismo en el cierre de calles manifestaciones realizadas por los no indígenas ocupantes ilegales de tierras indígenas.

*FONAFIFO no ha sido transparente en la información de información a los territorios, especialmente con los indígenas que son poseedores de los bosques sometidos al PSA.

*Bajo el supuesto de respeto a la Autonomía Indígena, FONAFIFO actúa irresponsablemente ante hechos anómalos en el PSA de lo que son informados por indígenas, por lo tanto esta institución es la primera responsable de estos sucesos.

*La falta de transparencia en la información de FONAFIFO se agrava actualmente en el caso del manejo del proyecto REDD+. Las comunidades están siendo desinformadas cuando los promotores asalariados únicamente les dicen que si participan en REDD+ van a recibir mucho dinero.

*El Ejecutivo conoce muy bien la actuación histórica de CONAI en contra de los indígenas, pero no hace nada para corregir la situación.

CONAI cuenta con promotores (funcionariospúblicos) en todos los territorios del país.

*La Asamblea Legislativa no asume su responsabilidad política de actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, el 22 de este mes, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, cumple 20 años de trámite legislativo y no se aprueba o rechaza.

*El agua potable de la ciudad de Buenos Aires, viene del Territorio Indígena de Ujarrás. En el territorio no tiene agua potable.

*Los poderes del estado deben tomar de inmediato las medidas preventivas y correctivas expeditas para resolver de una vez por todas, la situación de las tierras indígenas, con lo cual demostrarían que no están avalando la ocupación ilegal de las tierras indígenas.*

 

*El Poder Ejecutivo debe de:

-Analizar los procedimientos legales y de forma expedida.

-Expulsar de todos los territorios indígenas a todas las personas no indígenas que son ocupantes ilegales de las tierras.

-Abrir inmediatamente una investigación a fondo sobre el funcionamiento de CONAI. El trabajo que deben realizar en base a su reglamento versus el trabajo que realmente desempeña, así como el impacto en los pueblos indígenas. Laexistencia de procedimientos administrativos contra algunos funcionarios y si los mismos están siendo tramitados a derecho y en su debido tiempo, o están engavetados.

*Intervenir en forma urgente FONAFIFO para determinar:

1) El grado de responsabilidad de esta institución en la forma y fondo del manejo de los PSA, en territorios indígenas, y 2)Revisar si existe o no una política clara y con pertinencia cultural de los PSA. De lo contrario se corre el riesgo, que por la irresponsabilidad de FONAFIFO todos los dirigentes indígenas tengan que enfrentar juicios en los tribunales de justicia.

* Abrir inmediatamente una investigación contra toda aquella persona que esté involucrada en el comercio, traspaso y cobro de indemnizaciones ilegales de tierra en los territorios indígenas.

* Agilizar los procesos de delimitación, amojonamiento y saneamiento de la tierra en los todos los Territorios Indígenas. Proceso que está avanzado en el Territorio de Salitre.

*El Poder Judicial –Fiscalía y Tribunales– debe de:

-Actuar con la misma celeridad y dimensión en los casos denunciados por los indígenas, tal como lo hacen cuando los indígenas son los denunciados.

-Abrir una investigación a toda persona involucrada en el comercio ilegal de tierras indígenas, así como en los casos donde se han pagado indemnizaciones desproporcionas por supuestas mejoras. Se debe tomar en cuenta cuál era el estado de la tierra y sus recursos cuando fue ocupada por no indígenas y cuál es el estado de mejoría por el que están cobrando.

 

*La Asamblea Legislativa debe de:

-Aprobar de inmediato el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente 14.352.

-Ejercer control político sobre las instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades directas con los pueblos indígenas y que históricamente actúan en contra de ellos.

*Los poderes del estado, aplicando los derechos de los pueblos indígenas, tienen la oportunidad de demostrar que Costa Rica es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, de justicia social y el más feliz, tal como lo predican al mundo.

 

Información enviada a SURCOS Digital por MAROTO.

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Esperanza Jurado sigue con nosotras

Esperanza Jurado sigue con nosotras
Esperanza Jurado Mendoza. Dirigente indígena de la Red de Mujeres Rurales, Ngöbe de Abrojo Montezuma.

A mediados del 2009 llegó Esperanza a la Red, fue la primera mujer indígena participante en la Red. Abrió el camino para que la organización ampliara su quehacer, sus visiones, su conocimiento, su diversidad , su hermandad, su lucha.

Y se sintió tan bien, encontró ahí el espacio donde como mujer indígena coincidía con las mujeres del campo en sus luchas, en sus sentires, coincidía en muchas de las discriminaciones que había sufrido a lo largo de su vida, encontró oídos atentos a escuchar sus demandas, sus posiciones, sus experiencias, sus saberes y encontró sobre todo mujeres con quiénes acompañarse en sus luchas.

Y decimos que se sintió tan bien, que con ella fue trayendo mujeres indígenas de muchos lados; mujeres indígenas que sin duda reconocían su liderazgo, su urgencia de lucha por todas las demandas de los pueblos indígenas y por los derechos de las mujeres indígenas en particular. Donde quiera que iba les hablaba de la Red. Así, en cada actividad vinieron con ella nuevas compañeras indígenas de diversos territorios y comunidades: Abrojo Montezuma, Casona, Cabagra, Alto Laguna, Rey Curré, Guácimo, Lagarto, y la Red se fue extendiendo, ya no solo ella multiplicaba las invitaciones, sino que otras y otras de otros territorios también lo hacían y vinieron mujeres de Térraba y Salitre.

Estuvo siempre dispuesta a compartir con las compañeras campesinas, intercambió conocimientos y semillas con las compañeras en diversas comunidades del país. Hoy recuerdo a otras compañeras diciendo que querían ser como Esperanza, conocer tanto como ella, teniendo la lucha tan clara y teniendo tanta fuerza para luchar.

La conocimos viviendo en Abrojo, pero la lucha por el reconocimiento a su derecho como mujer a elegir su pareja la llevó a Curré. Porque también defendió ese derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo. Desde la casa del Consejo Indígena del Sur siguió su quehacer en defensa de los derechos humanos de las indígenas. En Curré encontró oponentes, temerosos de que las mujeres indígenas conocieran sus derechos, pero también contó con el apoyo y el reconocimiento de un sector importante y beligerante en la defensa de los pueblos indígenas y sus territorios.

En 2010 participó en la delegación indígena que se presentó a la Asamblea Legislativa a reclamar respeto al Convenio 169 de la OIT, a reclamar el respeto a la autonomía indígena y en palabras de ella “fuimos arrastrados por los antimotines del gobierno”.

Y fue más allá, recupera con su pareja, un terreno en Lagarto, del Territorio Indígena Curré, eso significa que tomó el terreno, para vivir y producir, para cuidar y proteger la Madre Tierra. Ahí levantan su rancho, que ella llamaba “mi palacio”, porque “ahí es donde quiero estar”. Cuando la conminaron a salir, ella les dijo: me voy después de que se vayan todos los no indígenas que están en el territorio”. Y ahí defendió su relación con la tierra, ahí sembraron y cosecharon: arroz, maíz, frijoles y otras muchas cosas, Y ahí siguió haciendo artesanías, procesando maíz para atol, semillas que preparaba de diversas formas, para llevar a los mercados solidarios. Desde ahí también defendió la biodiversidad, llevando y trayendo semillas y compartiendo usos de las plantas. Y en cada una de sus acciones estaba la lucha, porque amaba la tierra, su cultura, su sangre y en cada acción estaba la defensa de los derechos indígenas y en particular de las mujeres indígenas.

Luego vinieron tiempos duros con su enfermedad, que le minaron el cuerpo, pero no el espíritu. También se debatió entre el uso de la medicina alopática convencional y la medicina tradicional. La primera le aliviaba, pero no terminaba de sentirse cómoda con ella. Y optó por la medicina tradicional. Con ello también nos da una lección de cultura, que nos muestra nuestro desconocimiento y que respetamos.

Aún en su enfermedad no paraba de hacer, de luchar: hacía planes, convocaba a actividades, denunciaba, y con muchas dificultades estuvo en el Foro que organizara la Red, junto con otros apoyos, en el Territorio Indígena de Térraba el 17 de abril recién pasado, en el Día Internacional de la Lucha Campesina, dando su discurso en representación de las mujeres del campo, en representación de las mujeres indígenas, ante más de 250 personas, de Territorios, de comunidades y de organizaciones amigas.

Hoy la Red de Mujeres Rurales llora su partida, pero queremos decirle a Esperanza que seguimos su ejemplo, y decirle a la comunidad que nos rodea, que cada uno de los caminos que Esperanza nos señaló están en nuestra ruta.

“Como mujeres hemos visto hace tiempo lo que tenemos que hacer, tenemos muchas necesidades, nuestro pueblo tiene muchas grandes necesidades, pero no hay quien hable, quien diga la verdad. Todos se callan, por pequeñas mentiras. Los políticos llegan a mentir a nuestros pueblos y nosotros nos dejamos a llevar, nosotros estamos acegados. Hoy por hoy es hora de despertarnos hermanas y hermanos campesinas e indígenas. Yo vengo luchando durante años , por nuestra Madre Tierra, a la defensa de Nuestra Madre Tierra, llevando el memoria el Convenio 169 de la OIT, como mujeres defensoras de nuestros derechos . Como mujeres luchadoras por el Nuestra Tierra y el buen vivir, defendemos nuestras semillas criollas y la soberanía alimentaria”. (Fragmento del discurso de Esperanza Jurado, el 17 de abril 2013, en Foro “Por la tierra y las semillas”, en Territorio Indígena Térraba).

 

Tomada para SURCOS Digital de http://mujeresrurales.org/

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En relación con los hechos acontecidos en el Territorio Indígena de Salitre

En relación con los hechos acontecidos en el Territorio Indígena de Salitre

 

Pronunciamiento de la Iglesia Luterana Costarricense

 

El pasado sábado 5 de julio en horas de la noche comenzaron las acciones violentas por parte de personas no indígenas, que habitan en el Territorio Indígena de Salitre. Ranchos quemados, bloqueo de calles y ataques contra la comunidad indígena de Cedror de Salitre se han registrado tras la decisión de organizaciones ancestrales de recuperar tierras que históricamente les han pertenecido.

Durante sesenta años, los gobiernos costarricenses desatendieron las demandas indígenas que exigían respeto de las leyes que declaraban inalienables y exclusivas sus tierras. Intereses de grandes terratenientes profundizan los discursos de enfrentamiento, ellos no pierden la esperanza de “sacar a los indios” y con eso apoderarse en definitiva de la tierra. El discurso de que la “tierra hay que trabajarla” dejó con pocos árboles, casi sin agua y seriamente afectada la biodiversidad de la zona.

El hecho de que no indígenas crean que tienen un derecho de posesión válido, es solo el producto de sesenta años de engaño, de irresponsabilidades de los gobiernos de turno que pese a la existencia de leyes que reconocían los derechos de los indígenas, les siguieron otorgando supuestos derechos. Solo en la administración de Daniel Oduber y Rodrigo Carazo se consolidó el esquema de derechos territoriales que surgió en los años 50 y que actualmente impera, y que es el fundamento para la defensa territorial actual que hacen los pueblos indígenas.

Las tierras sobre las que se da el conflicto, fueron declaradas como inalienables y demarcadas en favor de los indígenas desde el año 1956 por vía de Decreto Ejecutivo, adquiriendo esa disposición el rango de norma superior a la ley común, cuando en 1959 el Estado costarricense aprueba el Convenio 107 de la OIT. Hoy esos derechos indígenas tienen rango constitucional, por estar amparados al Convenio 169 de la OIT (según el artículo 48 Constitucional).

Para resolver esta problemática, la Iglesia Luterana Costarricense sugiere entre otros puntos:

A. Dar participación indígena en la búsqueda de soluciones;

B- Identificar a sectores no indígenas violentos para neutralizarlos;

C- Tratar de manera diferenciada a los sectores no indígenas poniendo énfasis en las familias de pequeños campesinos no indígenas que han vivido en armonía con las comunidades originarias;

D- Las nuevas autoridades gubernamentales deben dar una señal clara de que la normativa de tutela de los derechos indígenas debe respetarse, y que no actuarán con la irresponsabilidad de las anteriores administraciones.

De tal forma, como cristianos y cristianas levantamos nuestra voz a favor de los que sufren injusticia y que anhelan la paz haciendo nuestras las palabras del profeta:

 

¡Aprendan a hacer el bien!

¡Busquen la justicia y reprendan al opresor!

¡Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda!

Isaías 1:17

 

La Iglesia Luterana Costarricense, que ha apoyado los procesos de lucha del pueblo indígena Bribrí de Salitre por más de diez años, fiel a su vocación profética y a la defensa de los Derechos Humanos proclama el respeto a las tradiciones y cosmovisión de los pueblos originarios. En este marco defendemos el derecho a la autodeterminación y el derecho a la tierra de las personas indígenas del Territorio Indígena de Salitre y de todas las comunidades ancestrales en Costa Rica.

 

Que la Gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.

Atentamente, P. Erick Umaña Castro, director Pastoral; MsC. Rubén Chacón Castro, programa Indígena

 

Información enviada a SURCOS por Comunicación ILCO

 

Salitre: misión de observatorio rinde informe

Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena6

Las organizaciones participantes de la Sétima Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena – ODHAIN, relacionada con los hechos ocurridos los días 05-06-07 de julio 2014, en el Territorio Indígena Bribri de Salitre, rindió su informe.

 

Un anexo documenta ampliamente con fotos el informe y puede ser consultado en la siguiente dirección:

https://drive.google.com/folderview?id=0Bx2WJ_588-CXdDhCOU1QMExCdVU&usp=sharing

 

Ofrecemos seguidamente el informe enviado a SURCOS por distintas organizaciones participantes de este esfuerzo.

 

ANTECEDENTES Los días 05 y 06 de julio del 2014, en el Territorio Bribri de Salitre, ubicado al sur del país, Municipio de Buenos Aires, de nuevo un grupo de más de 150 no indígenas (hombres y mujeres) invadieron el Territorio, persiguieron, dispararon armas de fuego, golpearon, lanzaron piedras y palos a los pobladores indígenas, quemaron 3 viviendas y 2 campamentos de recuperantes en las comunidades de Salitre “centro”, Cebror y Puente.

El Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, creado en el 2009 en solidaridad con la lucha por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ante el llamado de los compañeros y compañeras de Salitre se reunió de emergencia para atender esta nueva situación de violencia.

A solicitud de la comunidad y el gobierno local del Territorio Bribri de Salitre, de inmediato se organizó la 7ª. Misión del OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS Y AUTONOMIA INDIGENA en adelante ODHAIN.

El pueblo indígena de Salitre se encuentra localizado aproximadamente a 6 kilómetros del distrito central del Municipio de Buenos Aires de Puntarenas, y tiene una extensión aproximadamente de 12,700 hectáreas.

El Pueblo Bribri del Territorio Indígena de Salitre se encuentra resistiendo, desde hace años, la invasión de sus tierras por usurpadores, finqueros no indígenas, provenientes  de diversas lugares de la zona sur y del mismo municipio de Buenos Aires de Puntarenas.

La violencia se presentó de nuevo y se agudizó en la noche del sábado 05 de julio, con la agresión a las personas indígenas, la quema de viviendas y destrucción de pertenencias de las familias, que se encuentran en procesos de recuperación de sus tierras, las cuales estaban en manos de no indígenas y de una empresa piñera transnacional.

 

INTEGRACIÓN E INGRESO DE LA SÉTIMA MISIÓN DE OBSERVACIÓN- ODHAIN La misión del ODHAIN, debidamente identificada en 2 vehículos rotulados y sus integrantes vistiendo chalecos azules con las siglas ODHAIN, estuvo integrada por Alejandro Augusto García Valerio del Movimiento Humanista Internacional (MHI), Guillermo García Segura de la Asociación Nacional de Educadores de Costa Rica (ANDE), Gustavo Enrique Cabrera Vega del Servicio Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR) y de la Asociación Americana de Juristas, Capitulo Costa Rica; Marcela Zamora Cruz del Centro de Amigos para la Paz (CAP), Ariel Foster Pérez  de SERPAJ-CR, Stella Chinchilla Mora de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), Guillermo Acuña González del Instituto 2 de Estudios Sociales y de Población de la U.N.A. (IDESPO), Manuel Emilio Soto Aguilar de SERPAJ- CR y las compañeras Alejandra Porras Rozas de la Asociación Comunidades Ecologistas La Ceiba- Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA – AT Costa Rica), Ana Lucía Castro Rojas de SERPAJ-CR, María Fernanda Valverde Díaz de SERPAJ-CR, que hicieron la labor de base de seguimiento a la misión en San José.

El grupo de observadores/as, el 08 de Julio del 2014, a las 8:00 am, se dirigió de San José hacia el Territorio Bribri de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas; previo a haber comunicado (el día anterior vía Fax, y correo electrónico, de la conformación e integración de la misión del ODHAIN y de la visita del mismo), a las comunidades del Territorio de Salitre; a las autoridades del Gobierno de la República, a el Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Justicia, Cruz Roja Costarricense, entre otros y a Organismos Internacionales homólogos.

Se entregó copia de la comunicación antes mencionada a la Dirección Regional del Ministerio de Seguridad Publica en Pérez Zeledón, y a las autoridades de la Comisaría de Buenos Aires de la llegada e ingreso del Observatorio.

Se ingresó a las 02:15 pm al territorio de Salitre, dirigiéndonos de inmediato a donde se encontraba la delegación gubernamental conversando con los y las representantes de las comunidades Indígenas afectadas por los hechos violentos acaecidos previamente, los día anteriores (05, 06, 07, de Julio de 2014). La Misión, para conocer y documentar la situación, se entrevistó con representantes Bribris del gobierno local y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica (FRENAPI); miembros de comunidades de Cebror, Salitre, Yeri, Puente, Rio Azul y Santa Candelaria, entre otras, afectadas por la violencia, así como con indígenas de otros territorios que se encontraban allí, en solidaridad con el Pueblo Bribri de Salitre, ante la violación de sus Derechos Humanos.

La Delegación recopiló información a través de entrevistas con las personas afectadas directas; recibió los testimonios de cómo fueron agredidos de forma física, emocional y sicológicamente, además constatamos de los daños en sus viviendas y pertenencias del Pueblo Bribri de Salitre: Algunos de los testimonios recibidos fueron: 1.  Yamileth Figueroa Calderón, Roxana Figueroa, Heilyn Figueroa. (Cebror) 2. Wilberth Ortiz Delgado; Mainor Ortiz Delgado, José Marino Delgado(Río Azul) 3. Baltodano Morales Figueroa; Sonía Suarez, Cecilia Calderón, Vanessa Figueroa.

(Entrada de Salitre) 4. Felipe Figueroa Morales. (Buena Vista) 5. Leonor Morales Ortiz. (Villa Hermosa) 6. Magdalena Figueroa, Ademar Figueroa Ortiz. (Puente) 7. Sergio Rojas Ortiz, quien es el Presidente del Gobierno Local del Territorio Bribri de Salitre (ADI) y uno de los Coordinadores Nacionales del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). ( Yeri) 3 Durante el recorrido la misión intercambió opiniones con la delegación gubernamental, que se encontraba dialogando con las personas afectadas y dirigentes locales de Salitre, integrada por la Vice Ministra de la Presidencia de la República, Ana Gabriel Zúñiga, sus asesores y otros representantes estatales, así como de la Defensoría de los Habitantes.

La misión también tuvo la oportunidad de dialogar con a lgunos miembros de la prensa del Semanario Universidad (medio escrito) que fue objeto según su relato, de agresiones el día 07 de julio, en sus intentos de cubrir los hechos de violencia denunciados por al pueblo Bribri.

Los observadores de esta misión se saludaron, de camino, con los diputados Olivier Jiménez del Partido Liberación Nacional y Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana.

Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena3              Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena4

DOCUMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN La Misión logró documentar y verificar la quema de las viviendas, las agresiones físicas, incluyendo las heridas causadas en el cuerpo de uno de los jóvenes de la comunidad de Puente, por los golpes de las piedras lanzadas por los agresores no indígenas. También se logró verificar la presencia alarmante, de un grupo de más de 150 no indígena (hombres y mujeres) ubicados en el camino principal de Salitre, más exacto, entre Cebror y lo que se denomina Salitre centro, así como una gran cantidad de vehículos, estimando unos 45 o más propiedad estos; que ubicados en esa área restringían más la vía de acceso y con  sus gritos y expresiones de grupo intimidaban a todo el que pasaba a pie o en vehículo.

Es un hecho documentado, la presencia de la delegación gubernamental, la Defensoría de los Habitantes y otras autoridades del Estado. La misión no tuvo inconvenientes para ingresar al territorio Bribri de Salitre y dirigirse a los lugares de la ruta previamente establecida.

Pudimos constatar la presencia de vehículos policiales, uno a la entrada del territorio y de al menos cuatro acompañando la delegación del Gobierno.

La delegación del ODHAIN verificó en el recorrido, zozobra y temor expresado en la mayoría de los habitantes del territorio, con quienes se reunió, siendo la preocupación más importante la amenaza a su integridad física y de sus bienes, por la presencia permanente de los no indígenas, acampados dentro del Territorio, en la casa construida por Thais Vidal y su esposo Carlos Gutiérrez, en el sector de Cebror.

 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES: La Sétima Misión reitera en este Informe, las siguientes consideraciones y conclusiones de la Misión Internacional de Observación sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Costa Rica (Sexta ODHAIN), encabezada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel (Agosto 2013).

Resulta evidente, lo que fue reconocido por todas las partes entrevistadas, la situación histórica y permanente de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, así consta en el Informe de la Misión Internacional de Derechos Humanos y Autonomía Indígena lo pueden leer en: http://serpaj-cr.blogspot.com/2013/11/informe-final-mision-internacional-de.html Así mismo la urgente necesidad de impulsar correctivos, concretos, en todos los campos, que reparen ese rezago y deuda con estos pueblos.

El Estado de Costa Rica, tiene legislación propia y ha ratificado Convenios Internacionales de Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas, pero falta voluntad política y mecanismos claros y concretos, con presupuestos fijados legalmente, para garantizar el cumplimiento de los Derechos de estos Pueblos.

Existe una intencionalidad manifiesta, por parte de las instituciones del Estado, de impulsar políticas públicas en pro de los Derechos de los Pueblos Indígenas; sin embargo, no existe un clima, ni una actitud por parte de la mayoría de las Autoridades Estatales y por consiguiente del resto de funcionarios públicos, que promueven esas políticas, que garanticen el respeto a la diversidad cultural y de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, lo que propicia – por ignorancia; por falta de sanciones y aplicación de las leyes -el atropello, la violencia y el arrebato de sus derechos, como son: Derecho de Consulta, el no respeto y reconocimiento de las Autoridades Propias, la usurpación de la Tierra/Territorio, en los Territorios indígenas.

Faltan políticas públicas, consultadas con los Pueblos Indígenas, que faciliten el trabajo y la visibilidad de las autoridades propias (servidores), vinculadas a prácticas culturales de los Pueblos Indígenas, en materias de salud, educación, administración de justicia, conservación y manejo de recursos naturales, espiritualidad, entre otros servicios y tradiciones.

Se requiere de una acción fuerte del Estado, que impida la apropiación sin control ni sanción, de la tierra/territorio, por parte de no indígenas, así como que se aplique las leyes existentes que protegen este derecho, como parte de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Costa Rica. De modo tal que permita fortalecer la cultura propia de estos Pueblos, y sea valorada en el ámbito nacional, como una riqueza pluricultural y multilingüe, que favorece la diversidad.

Existen mecanismos abiertos de diálogo, entre los Pueblos Indígenas y las autoridades estatales; sin embargo es necesario que sean reforzados con acciones concretas que generen la confianza indispensable entre las partes, para el logro efectivo de sus objetivos y su permanencia en el tiempo; con acuerdos suscritos, que tengan plazos establecidos.

La Sétima Misión adiciona a las anteriores las siguientes conclusiones referidas con los más recientes hechos de violencia.

Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena5           Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena7

1. La Comunidad Bribri de Salitre, nuevamente durante los días 05, 06 y 07 de julio del 2014, fue violentada en sus derechos humanos indígenas  y en su autonomía, por parte de un grupo numeroso de no-indígenas, varios de ellos identificados por los afectados de esos hechos.

 

2. Estos hechos se suman a otros anteriores y similares, que aún permanecen en la impunidad, donde incluso algunos de los responsables de estos, son las mismas personas y grupos señalados, por la misma comunidad afectada en esta ocasión.

 

3. La acción gubernamental, sigue siendo poco efectiva para garantizar la tranquilidad y resguardo de los derechos indígenas de esta comunidad, que se encuentra amenazada por la presencia dentro del territorio de un campamento de más de 150 no indígenas, que a la fecha de este informe se mantiene ahí.

 

4. Reconocemos el esfuerzo desarrollado por el Estado/Gobierno, que intenta abrir espacios de diálogo, a partir del respeto de los derechos humanos del Pueblo Bribri de Salitre, sin embargo, la presencia de los no indígenas dentro del territorio, responsables de la violencia, no contribuye ni fortalece esos esfuerzos de diálogo, ni menos aún el ejercicio de la acción de la justicia y la reparación de los daños y agresiones sufridas.

 

RECOMENDACIONES:

1- Que el Gobierno de la República cumpla los compromisos con la comunidad de Salitre del saneamiento territorial, garantizar la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del Territorio, de conformidad con la Leyes y resoluciones judiciales.

2- Que el diálogo y las acciones del Estado/Gobierno deben coincidir con las leyes nacionales, convenios internacionales y resoluciones judiciales que amparan los derechos humanos de los pueblos indígenas y específicamente del Pueblo Bribri de Salitre.

3- Que los mecanismos de manejo de conflictos, que el Estado/Gobierno impulsa en esta situación, pasan necesariamente por desmantelar el campamento de las personas no indígenas instalado dentro del Territorio, pues se constituyen en una amenaza y desequilibra e impide el avance de cualquier esfuerzo de diálogo.

4- Que en el afán de generar espacios de confianza y equilibrio, para un diálogo constructivo se debe impedir que los interlocutores y voceros de los no indígenas, sean los agresores o promotores responsables de la violencia, claramente identificados por las comunidades de Salitre y las personas afectadas.

5- Que se inicien y apoyen las causas judiciales y las investigaciones respectivas contra los responsables de los hechos violentos, identificados por las personas afectadas, con la intervención inmediata de los órganos judiciales compe tentes, de manera que se garantice la acción de la justicia y la reparación de los daños, impidiendo la impunidad de los actos denunciados por la Comunidad Bribri de Salitre, verificados por este Observatorio (ODHAIN) y que son de conocimiento público, a través de los medios de comunicación social y de los testimonios documentados en este informe.

6- Que el diálogo con todos los posibles actores del conflicto y promovido por el Estado/Gobierno, no puede establecerse sobre condiciones que violenten los derechos y la autonomía del Pueblo Bribri de Salitre, como la intromisión en asuntos de organización y decisión propios de la comunidad indígena; ni permitir o aceptar campañas contra los liderazgos indígenas, que pongan en riesgo la  integridad física y moral o limiten  sus capacidades de movilidad.

7- Que se garantice mediante la permanencia efectiva de las autoridades policiales, la seguridad de los habitantes bribris de Salitre, de sus dirigentes y de sus organizaciones propias, así como de los profesionales de la comunicación que buscan cubrir la noticia y 6 de las organizaciones sociales que acuden en solidaridad con la Comunidad Bribri de Salitre y por invitación de esta.

8- Que las autoridades del Estado/Gobierno, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, procedan a discutir y votar, a la mayor brevedad el Proyecto de Ley #14.352 “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, donde se implementa dentro del ordenamiento jurídico nacional, el Convenio 169 de la OIT de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el cua l está debidamente ratificado por el estado Costarricense desde 1992. Esta Ley contempla, entre otros, los mecanismos para el manejo y solución de los problemas de Tierra /Territorio y el procedimiento de la Consulta.

Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena8           Informe Salitre Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena9

El Observatorio de Derechos Humanos de Autonomía Indígena se mantiene convocado en forma permanente y realizará otras Misiones de Observación y seguimiento a este conflicto en la comunidad Bribri de Salitre, a fin de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

El ODHAIN agradece a todas las organizaciones y personas que hicieron posible llevar a cabo la Sétima Misión en la Comunidad Bribri de Salitre. Igual reconoce las atenciones y disponibilidad de las personas afectadas por los hechos, en participar dando sus testimonios e imágenes. Agradecemos a las autoridades gubernamentales por la colaboración prestada, tanto en las entrevistas, como en el trayecto de las visitas.

Este informe será entregado a las autoridades del Estado Costarricense, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales y organismos internacionales del Sistema Universal y Regional de Derechos Humanos (ONU, OEA); a los medios de comunicación social y a la opinión pública.

 

San José, 14 de julio de 2014.