Ir al contenido principal

Etiqueta: salud

Academia Nacional de Medicina de Costa Rica ante situación por COVID-19

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Si asumimos responsabilidad, podemos cambiar las circunstancias.

La Academia de Medicina preocupada por la situación caótica en que nos encontramos por la covid-19 y las proyecciones que se han hecho de alcanzar hasta tres mil casos en un día, con las Unidades de Cuidados Intensivos colapsadas y el personal de salud abrumado por la carga de trabajo, nos sentimos obligados a proponer, casi a exigirnos a cada uno de nosotros, costarricense responsable o ciudadano que se encuentre en nuestro país, a optar por permanecer en nuestros hogares como si la exigencia fuera emanada por las autoridades. Si la necesidad es absoluta de salir del hogar, usar cubrebocas, guardar distancia, lavarnos las manos con frecuencia, asegurarnos que los que están cerca de nosotros también cumplan con los protocolos establecidos y denunciar a quien no cumpla con sus responsabilidades. Ser responsable significa ayudarnos a nosotros mismos y al país que en este momento está críticamente enfermo. La responsabilidad es de todos. Si la cooperación es total, podremos salir avante.

Academia Nacional de Medicina de Costa Rica
Teléfono 2210-2292 / 2296-7615
www.acanamed.com /info@acanamed.com

 

Información compartida a SURCOS por María Elena López Núñez.

Comisión Interamericana de Derechos Humano se pronuncia por el acceso a las vacunas contra el Covid-19

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se pronunció respecto al acceso igualitario a las vacunas contra el Covid-19, como parte de las obligaciones con los derechos humanos. La resolución se publicó el pasado 7 de abril, Día Mundial de la Salud.

La pandemia generada por el virus del Covid-19 ha creado crisis sanitarias, económicas y sociales que afectan de manera desigual a los grupos en vulnerabilidad. En la lucha por la búsqueda de soluciones, la creación de vacunas representa una contribución significativa para la protección y el bienestar humano.

Sin embargo, en la búsqueda del bienestar de sus poblaciones se presenta una competencia mundial por la adquisición de dosis para el proceso de vacunación, no obstante, el suministro es limitado.

Según la Organización de Estados Americanos (OEA), el 90% de las personas en países de bajos ingresos no tendrán acceso a ninguna vacuna contra el COVID-19 en el año 2021. Es por esto que la CIDH se pronuncia para promover la distribución justa, equitativa y accesible de las vacunas en especial para los países de medios y bajos ingresos.

Acorde con el pronunciamiento, toda decisión de distribución y acceso a las vacunas debe tomar como base las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Especialmente para garantizar el derecho a la salud y a la vida y con el propósito de que el nivel de ingresos o el poder adquisitivo no resulte un factor determinante para la inmunización.

Los Estados deben considerar en sus procesos de accesibilidad a la vacuna factores de discriminación como edad, situaciones de movilidad humana, apatridia, género, identidad y expresión de género, discapacidad, pertenencia cultural, etnia, raza, condición socioeconómica y contexto de privación de libertad.

Además, se solicita a los Estados aplicar monitoreo y fiscalización a las formas de adquisición, acceso, distribución y aplicación de las vacunas. Así como proveer y difundir información adecuada y suficiente sobre las vacunas para prevenir el COVID-19.

Las recomendaciones del pronunciamiento se basan en la igualdad, dignidad humana, consentimiento informado, transparencia, acceso a la información y la cooperación y solidaridad internacional.

Toda vacuna contra el COVID-19 que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe.

Usted puede leer la resolución No. 01/21 completa en el archivo adjunto:

SEC hace llamado al Gobierno para suspender la presencialidad en el curso lectivo actual

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

El SEC hace un llamado al Gobierno para que así como estableció nuevamente la restricción vehicular y otras medidas sanitarias inmediatas entre ellas el teletrabajo para distintas instituciones, también se incluya al sector educación en esta modalidad y se asigne la virtualidad al Curso Lectivo actual, suspendiendo la presencialidad el tiempo que resta del primer semestre, como mínimo.

Actualmente los contagios que se están registrando con la tercera ola de Covid-19 son alarmantes, por lo que nuevamente reiteramos el llamado que hicimos desde diciembre del 2020, cuando exigimos la vacunación inmediata a todo el Magisterio Nacional, para garantizar la tranquilidad emocional y la salud de toda la comunidad educativa, previendo una situación como la que estamos viviendo ahora.

¡Con la salud y la vida de las personas no se juega!

Adjuntamos la imagen del comunicado oficial:

Científica de la UCR logra reconocimiento internacional por su lucha contra el COVID-19

La Dra. Eugenia Corrales Aguilar fue parte del cuerpo científico destacado en el Día Mundial de la Salud

El proyecto de estudio de la Dra. Corrales Aguilar fue uno de los seleccionados al superar más de 90 propuestas de investigadores internacionales

El talento científico costarricense vuelve a sobrepasar las fronteras y esta vez con un rostro femenino que es cada vez más conocido: el de la Dra. Eugenia Corrales Aguilar, docente e investigadora en la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales (CIET-UCR).

Esta especialista actualmente encabeza un estudio para identificar anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2 y detectar si existen inhibidores de unión al receptor. El propósito es generar ensayos aplicables en laboratorios de bioseguridad tipo dos, lo cual permite investigar con un menor riesgo de contagio.

Lo sobresaliente en esta historia es que su proyecto fue uno de los escogidos, por encima de otros 90 postulantes internacionales, para ser apoyado por el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB por sus siglas en inglés), cuya casa matriz está ubicada en Italia.

Ahora, con motivo del Día Mundial de la Salud, el ICGEB convocó a los científicos de sus estados miembros que recibieron los fondos para sus investigaciones sobre COVID-19, a fin de darlos a conocer como un homenaje a su esfuerzo constante.

“Para mí, liderar uno de los proyectos seleccionados es un gran honor y una gran responsabilidad de presentar resultados buenos, controlados y con mucha evidencia para poder realizar con buen punto estas técnicas en nuestros laboratorios. Costa Rica, al no poseer un laboratorio de bioseguridad tipo 3, necesita desarrollar métodos diferentes libres de virus para medir este importante dato inmunológico como lo es la neutralización de los anticuerpos. Con el mismo insumo seremos capaces de medir fármacos inhibidores contra el ACE2, el receptor humano del SARS-CoV-2. Estoy muy agradecida con el ICGEB por esta oportunidad y por darnos estos fondos que nos están ayudando a desarrollar diferentes métodos en Costa Rica”, comentó la experta costarricense.

Adicional a la Dra. Corrales Aguilar están otros investigadores de Argelia, Kenia, México, Macedonia del Norte y Uruguay. De igual forma, hay científicos con una colaboración adicional de la Organización Italo-Latinoamericana (IILA) para laboratorios en Brasil, Colombia y México.

“Como parte de nuestro Programa de Financiamiento de Subvenciones CRP, en el 2020 el ICGEB realizó una convocatoria especial para impulsar la investigación de científicos que trabajan el COVID-19. De las más de 100 propuestas presentadas, el ICGEB pudo brindar apoyo a nueve, tres de las cuales fueron financiadas por la IILA”, indica el ICGEB en su comunicado de prensa.

Los proyectos financiados prometen dar insumos importantes ante una pandemia que cada día toma nuevos matices. En el caso de Argelia está la Dra. Abla Djebbar, quien trabaja en el desarrollo y producción de un kit de diagnóstico RT-qPCR para el coronavirus SARS-CoV-2. Otro es el Dr. Tindih Heshborne, de Kenia. Él colabora en la caracterización del SARS-CoV-2 y sus anticuerpos.

Por otro lado, también está la Dra. Hilda Minerva González Sánchez, una mexicana que investiga organoides humanos (órganos en miniatura) como una herramienta para comprender la biología de las células B ―encargadas de contribuir a las defensas inmunitarias― y hallar anticuerpos con potencial terapéutico contra el virus que causa el COVID-19.

Finalmente está la Dra. Gloria Virginia López, de Uruguay, enfocada en descubrir nuevos fármacos contra el SARS-CoV-2 al elegir como blanco la invasión celular y su replicación.

“Al día de hoy, en la UCR ya hemos avanzado con la escala del RBD, que es la parte a la que se le une los anticuerpos del virus. Esto lo vamos a usar en estos ensayos a nivel de bioseguridad dos y vamos muy avanzados. Asimismo, hemos avanzado en las células que expresan el ACE2 de una manera fluorescente, por lo que ya tenemos la materia prima”, explicó la Dra. Corrales Aguilar.

De acuerdo con la especialista, en este proceso aún falta comparar esas células fluorescentes junto con los pseudovirus (virus que no son coranavirus, pero que expresan en su superficie las proteínas del coronavirus del SARS-CoV-2). En este aspecto se han presentado algunos retos como la producción suficiente de virus para hacer las técnicas de una forma óptima.

Sin embargo, los científicos están innovando para afrontar ese desafío con éxito. «Estamos creando otras herramientas para eso. Vamos avanzando a paso lento”, concluyó la Dra. Corrales Aguilar.

Vea el video de la ICGEB sobre la Dra. Corrales Aguilar

Investigación para identificar anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

Salvar vidas o hacer negocio

Marlin Óscar Ávila Enríquez

Entre médicos preparados para recetar medicamentos indicados por las farmacéuticas y, periodistas amoldados a decir lo que al público le gusta escuchar, se maneja la salud en este país. No hay cuestionamiento ni reflexiones sobre lo que está ocurriendo y el médico siempre tiene la última palabra sobre nuestra salud y, sobre nuestra vida. El periodista simplemente repite lo que el médico (a quien ligeramente califica de «científico») le dice que hace y decide la causa de un fallecimiento. El gremio de galenos se ha acomodado a lo que la OPS/OMS le indica (por lo cual la ciudadanía europea está en las calles ahora mismo).

En mucho todo eso sobre nuestra salud está lejos de la verdad. En un año, se ha logrado hacer desaparecer la generalidad de enfermedades crónicas. Los fallecimientos son por la «pandemia» y más por la plandemia. Se han prácticamente prohibido las autopsias. Así que la ciudadanía se ve obligada a aceptar lo que «el científico» médico le diga, sin importar la «burrada» que a éste se le ocurra. Como «son héroes de primera línea» el ciudadano de a pie no puede cuestionar esa verdad absoluta, que ahora es más cierta que la de un pastor de iglesia, «representante del todopoderoso» en la tierra.

Hace tres días falleció una buena amiga de Covid-19 en el hospital del Tórax, de Tegucigalpa, mientras estaba intubada. Sus más cercanos familiares le solicitaron al médico que la atendía, que le aplicara CDI o CDS intravenoso. El médico, quien se educó con otros cánones y las farmacéuticas le instruyeron distinto, se negó. Desde luego, la amiga falleció, como fallece arriba del 93% de intubados, puesto que nunca ha sido solución para salvar a pacientes ese mecanismo. Ese medio que pareciera de veterinarios para ganado vacuno, pero mantiene buenas ganancias a sus comerciantes. Sin embargo, como lo indican organismos internacionales, nuestros «científicos» sin conciencia científica, lo aplican y nadie les puede contradecir.

Al negarse en aplicar la sugerencia de los familiares de mi amiga, el médico desobedece las normas internacionales, al menos el Tratado de Helsinki, y puede ser procesado jurídicamente por homicidio.

No cabe dudas que ningún otro médico se solidariza con los dolientes, pues dentro del gremio se protegen mutuamente, no importa lo irresponsable que sea su colega. Es como una «mafia» de profesionales. Ahora no se cual gremio es peor en esto, si el de abogados o el de galenos.

Desde luego que mucho galeno ha sido sacrificado por estar en primera fila con la pandemia y por negligencia del gobierno. Aunque se sabe que, en mucho, han estado en la segunda fila, después de la fila de enfermeras. Lo que sucede es que los periodistas los colocan en primera por congraciarse más con los galenos.

Admitimos que muchos galenos cumplen con el principio Hipocrático, el cual afirma que su objetivo es salvar vidas, primeramente, pero, entre la universidad y los negocios de las farmacéuticas, ese principio se ha ido perdiendo, al grado de desaparecer en la mayoría. Ahora primero está el negocio y mucho después salvar vidas.

Espacios de confinamiento y sacrificios humanos: los impactos de la pandemia en las movilidades humanas. Una rápida mirada regional

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Raúl, un empresario centroamericano de élite se apresa a tomar un vuelo comercial reprogramado tan pronto se reestablecieron las comunicaciones aéreas internacionales. Se dirige a otro país centroamericano, donde debe trabajar en la reactivación económica bajo la premisa de que el resguardo de la salud es importante, pero también lo es la tan instalada idea que los sectores económicos, ciertos sectores económicos, deben contar con los apoyos gubernamentales regionales como requisito indispensable para garantizarles el re-despegue.

Antes que su vuelo parta, desde su teléfono inteligente, coordina reuniones, movimientos financieros, inversiones urgentes. Ha debido cumplir con todos los protocolos sanitarios para movilizarse con toda naturalidad, en medio de un contexto que todavía dibuja la excepcionalidad como principal concepto explicativo.

Sin embargo, A Raúl no lo alcanzan las limitaciones ni las expresiones de rechazo que predominan para otro tipo de movilidades, las que no se dan en las alturas, las que se producen a ras de suelo, entre las fronteras terrestres, donde la «inmovilidad de la movilidad» para diversas poblaciones se ha instalado como política migratoria planteada por los Estados.

Estamos claros. Existen movilidades legítimas, permitidas, tanto en los discursos como en las prácticas de relación entre las elites de los países regionales. Son las que representa Raúl y su movilidad higiénica, esa que de acuerdo con las agendas de los medios de comunicación son las necesarias, las que están bien y deben potenciarse.

Otras movilidades, sin embargo, pasan por el filtro de la construcción de percepciones en que la relación entre movilidad y enfermedad es casi obligatoria. Son las que están representadas por esos, los otros sujetos y sujetas a quienes se debe exponer, testear en público, aislar en sitios que no cumplen con las especificaciones de salud mínimas requeridas porque representan el peligro. Como hemos dicho en otro momento: son armas de destrucción biológica. Ejemplos de esta práctica se han reproducido en toda la región desde que la emergencia sanitaria inició en 2020.

En este contexto, la formación de «espacialidades del miedo» ha tomado fuerza. Lo hemos dicho ya: son las fronteras en la región centroamericana, por ejemplo. En particular tres puntos calientes: la frontera México-Guatemala, la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y la espacialidad conformada por las fronteras entre Costa Rica y Panamá y Panamá y Colombia, con el Tapón del Darién como una auténtica geografía del riesgo para las movilidades humanas.

Pero también en el sur de la región la relación entre espacialidad-movilidad-enfermedad, ha devenido en la construcción de respuestas afincadas en un enfoque securitario y militar. Países como Perú, Chile y Colombia, han transversalizado una respuesta estatal prohibitiva, casi punitiva, cerrando sus fronteras y brindando tratamiento criminalizante a cientos de personas migrantes, muchas de ellas de origen venezolano, pero también extracontinental y caribeño.

Otro tipo de espacialidades de la incertidumbre también han sido expuestas en el año de la pandemia. Los albergues, los sitios de aseguramiento, los espacios de habilidad para personas migrantes (cuarterías en Costa Rica, pensiones en otros sitios), los lugares de trabajo. En todos los casos la sacrificialidad de la persona se produce y reproduce de forma cotidiana.

Sobre esta condición que avanza y no cesa, conversamos ampliamente el pasado 19 de marzo en un espacio transnacional de reflexión organizado por la Noda Chile del Proyecto regional (In) movilidad en las Américas en tiempos de COVID, denominado tal y como hemos titulado esta columna.

Junto a Cecile Blouin (Perú), Nanette Liberona (Chile), Gabriela Cano (Colombia) Felipe Vargas (México), moderados por la colega y amiga Carolina Stefoni (Chile) concordamos que existe una matriz autoritaria, discriminatoria y excluyente hacia las múltiples formas que ha tomado la persona que se moviliza en los actuales contextos. La realidad es un espejo, dijimos. También dijimos que la complejidad toma formas diversas y múltiples y que las personas en contexto de movilidad deben ser visibilizadas en sus condiciones reales de existencia. Dijimos que es urgente cambiar este estado de situación.

Frente a los devueltos, los varados, los deportados, los inmovilizados, los sitiados en espacios de confinamiento formal e informal, los obligados a trabajar en espacios laborales plagados de malas condiciones higiénicas (los delivery workers, los trabajadores agrícolas, las personas dedicadas a los servicios domésticos) la respuesta estatal ha sido común: aplicar medidas migratorias restrictivas, estrictos monitoreos, controles administrativos bajo la mampara de una supuesta tarea sanitaria. Son ellos, los otros, los que traen el virus que acabará con nosotros.

Siendo así, la época de excepcionalidad vivida solo potencia condiciones ya existentes. Las potencia y las agrava. Ante su funcionamiento, las respuestas desde quiénes las experimentan provienen de un verdadero espíritu de reconocimiento de la condición humana, la solidaridad circular y horizontal, el rostro de la mujer tras los mecanismos de afrontamiento, la movilidad como un acto de resistencia en sí mismo.

Raúl, nuestro empresario centroamericano exitoso, ha llegado ya a su destino tras una hora de vuelo. El trámite migratorio ha sido expedito: una rápida toma de temperatura, la revisión de su documento médico que confirma el resultado negativo de la prueba y un lavado de manos antes de salir de la zona de aduanas. Todo según lo previsto.

A algunos kilómetros de esa escena, una familia afectada por la pobreza, la inseguridad y los embates de los eventos naturales de noviembre anterior, toma la decisión de marcharse en una nueva estrategia colectiva. Les espera una férrea respuesta militar en cada frontera por cruzar. Les espera una política de la hostilidad que les confinará de nuevo, quizá para siempre, a sus condiciones reales de existencia. El ciclo de la incertidumbre volverá a abrirse. Una vez más.

Imágenes: https://la.network

Caso Manuela vrs El Salvador: Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

SURCOS comparte el siguiente comunicado de Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva Feminista para el desarrollo local, Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto El Salvador:

Corte IDH determinará responsabilidad internacional de El Salvador por encarcelar a mujeres que sufren complicaciones de sus embarazos

Marzo 9 de 2021 – El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, con el acompañamiento de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, presentarán sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Manuela y familiares contra El Salvador. La Corte tiene por primera vez la oportunidad de reconocer que la negación y penalización absoluta de servicios de salud reproductiva se convierte en discriminación y violencia contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas.

Manuela fue una salvadoreña de escasos recursos que vivía en una zona rural, su estado de salud venía decayendo debido a un cáncer linfático y, sin que le hubieran dado un diagnóstico acertado, tuvo su tercer embarazo. Un día de 2008 se dirigió a evacuar a la letrina que se encontraba a unos metros de su casa porque empezó a sentir un fuerte dolor pélvico y abdominal. Manuela sabía de su embarazo, pero no que en ese momento enfrentaba una emergencia obstétrica: expulsó un feto y se desmayó, se trató de un parto precipitado a causa de su precaria salud. Fue llevada al hospital, pero a pesar de su grave estado, el personal médico la denunció por el supuesto delito de aborto pues creyeron que ella estaba escondiendo una supuesta “infidelidad”. La Policía la engrilletó a la camilla y la interrogó sin la presencia de un abogado.

Manuela fue indebidamente condenada a 30 años de prisión por el supuesto delito de homicidio agravado luego de graves irregularidades en el injusto proceso penal que enfrentó. Murió en 2010, privada de la libertad y dejando huérfanos a dos hijos, porque el Estado no le brindó diagnóstico ni tratamiento apropiado para un cáncer linfático que se le desarrolló y que fue una de las causas de la emergencia obstétrica que tuvo, esto sin contar otras afecciones que pudieron aquejarla pero que debido a la falta de atención no fueron identificadas.

“Recuerdo a mi mamá, ella nos aconsejaba y nunca nos dejó andar solos. Es doloroso crecer sin madre porque ese amor es inigualable. Le pido al Estado que no hagan estas cosas porque nos dejaron abandonados sin una mamá”, dijo Santos de Jesús, hijo mayor de Manuela.

Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre de 2019 la Comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos considerando que el Estado salvadoreño había violado varios derechos humanos de Manuela, entre ellos, el derecho a la vida, la salud, a las protecciones y garantías judiciales, a estar libre de discriminación y violencia de género.

“La historia de Manuela es una historia triste que está cambiando y se convierte en un camino de justicia y esperanza para todas las mujeres que en América Latina y el Caribe son criminalizadas por eventos obstétricos”, dijo Morena Herrera, representante de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

«El Centro sigue utilizando el poder del litigio para que niñas y mujeres puedan tener las garantías necesarias para gozar de sus derechos humanos al más alto nivel posible”, dijo Nancy Northup, presidenta y directora general del Centro de Derechos Reproductivos. «Lamentablemente lo que le pasó a Manuela sucede en muchas partes del mundo y por esa razón acudimos a la Corte IDH, para que se reconozcan estándares internacionales que acaben con ese tipo de persecución a mujeres inocentes en toda América Latina y sea un referente para el mundo”, agregó.

“Manuela fue víctima de un Estado que no protege la vida y la salud de mujeres, que las discrimina y criminaliza, entre otras, por tener complicaciones naturales del embarazo y que no brinda garantías para resguardar secreto profesional del personal médico”, dijo Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos. “Queremos que El Salvador asuma una responsabilidad internacional que ha evadido desde hace años a pesar de que en reiteradas oportunidades múltiples organismos de derechos humanos le han pedido que revise la legislación que causa esta injusta criminalización de mujeres”, agregó Martínez.

“Estamos acompañando a la familia de Manuela en esta búsqueda de justicia y reparación, la ausencia de Manuela es dolorosa, porque enfrentó violaciones múltiples a sus derechos, el Estado les falló, a sus familiares y a Manuela. Es por eso que este proceso ante la Corte IDH posibilita construir esperanza de transformación, para que esté horror no vuelva a ocurrir, para que el estigma y discriminación puedan erradicarse, para que la familia de Manuela pueda sanar la dolorosa e injusta pérdida de su hija y madre. Expresó Sara García de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.

El Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista pidieron a la Corte IDH que emita una decisión para que el Estado salvadoreño reconozca su responsabilidad en un acto público; repare a la familia de Manuela por el sufrimiento causado garantizándoles acceso a educación, seguridad social, tratamientos de rehabilitación de salud mental y física, y les provea los medios suficientes para reestablecer sus proyectos de vida.

Las organizaciones también esperan que la sentencia de la Corte le pida específicamente a El Salvador que tome medidas para que el caso de Manuela no se repita estableciendo políticas públicas estructurales que deben incluir: una urgente revisión de las condenas de mujeres criminalizadas penalmente por emergencias obstétricas; medidas legislativas para regular de forma adecuada el Código de Salud con el objetivo de que el tratamiento de emergencias obstétricas no origine responsabilidad penal; campañas informativas y capacitaciones a funcionarios estatales; fortalecimiento de la Defensa pública y, entre otras, reformas de las deficiencias del sistema penal y penitenciario.

En materia de estándares de derechos humanos las organizaciones representantes del caso esperan que el tribunal reconozca que:

  • La penalización absoluta del aborto crea un contexto normativo que constituye una forma de discriminación y violencia de género pues impacta de manera desproporcionada a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que estimula la criminalización de sus procesos reproductivos, incluyendo las emergencias obstétricas.
  • La entrega de información médica confidencial de mujeres que requieren atención obstétrica de emergencia a autoridades policiales y judiciales por parte de profesionales de la salud constituye vulneraciones al derecho a la vida privada y a la salud.
  • Detener y esposar a las mujeres que se encuentran recibiendo atención obstétrica de emergencia constituye tortura. Además, ese tipo de detenciones preventivas que se basan únicamente en la gravedad del delito son arbitrarias y violan la presunción de inocencia.
  • Las prácticas y razonamientos que consideran que las mujeres en grave estado de salud deben poner por encima de su vida propia al feto, incluso si se encuentran inconscientes o vulnerables, constituyen estereotipos de género y esa es una forma de discriminación y violencia basada en el género. Ese tipo de estereotipos se convierten en barreras para acceder a los sistemas de salud y de justicia.

La Audiencia de la Corte, con sede en San José Costa Rica, se realizará los días 10 y 11 de marzo de forma virtual. La decisión de la Corte tendrá efectos en dos niveles, el primero es nacional pues El Salvador estará obligado a cumplir la sentencia debido a que de manera soberana reconoció, desde 1995, la jurisdicción de ese tribunal. El segundo es a nivel continental pues la decisión del tribunal generará jurisprudencia que entrará a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual es reconocido por la mayor parte de países en América Latina y el Caribe.

Contactos de prensa para entrevista:
Centro de Derechos Reproductivos: +300 828 4013

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto: +503 7657 0800
Adjuntamos el link para ver la grabación de la rueda de prensa:
https://twitter.com/ReproRightsLAC/status/1369329498836135937?s=19
Imagen de Cabecera cortesía de Agrupación Ciudadana

Adjuntamos el link para consultar documentos e infografía sobre el caso de Manuela:
https://drive.google.com/drive/folders/1VNafbbhcR7uBF5LAdSwiXtN57JVTZucT

Adjuntamos el siguiente video sobre el testimonio de la familia de Manuela:

Propuesta de líneas políticas en Salud Nacional

Por Marlin Óscar Ávila Henríquez

«Este trabajo ha sido elaborado con la esperanza que un nuevo poder político lo trate de utilizar en un Estado de Derecho, con un gobierno elegido en las próximas elecciones que se efectuarían en noviembre del presente año en Honduras. Si no, cuando llegue a existir.

Sin lugar a dudas, su aplicación enfrentaría obstáculos fuertes, aun en un Estado de Derecho. Irónicamente el sector que puede obstaculizarlo bastante será el mismo gremio de los galenos integrados en el Colegio Médico de Honduras (CMH). Sabemos bien que el sistema del libre mercado o neocapitalismo, ha tenido existo en conquistar a los médicos a su favor. Las significativas prebendas que reciben de las grandes farmacéuticas; las ventajas y privilegios en ingresos al ser contratados por centros privados, hospitales, y demás servicios privatizados en el sistema de salud, les ha hecho olvidar su ética médica y su juramento Hipocrático e inclinarse más por privilegiar sus ingresos económicos y mercantiles frente a lo humano y el salvar vidas. Así como ocurre ahora en Bolivia, donde el gobierno declaró en emergencia sanitaria y, muchos médicos se han opuesto porque les afecta sus bolsillos, declarando paro general, el gremio de médicos favorecido con la privatización, allí, como en otros países, sin excluir a Honduras, son capaces de incumplir con sus juramentos, de dejar morir pacientes en significativas cantidades, si se les presenta la opción de elegir entre mantener sus privilegios o servir al pueblo.

Marlin Óscar Ávila».

SURCOS comparte el documento para su lectura completa:

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Petición: ¡Necesitamos tu firma para exigir que no haya patentes médicas en esta pandemia y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo!

SURCOS comparte la siguiente petición:

Es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Los gobiernos deben exigir la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el COVID-19 mientras dure la pandemia.

Muchas de las herramientas médicas que se están desarrollando han recibido financiación pública en su etapa de investigación. A pesar de esto, las compañías farmacéuticas buscan patentarlas, controlar el precio y la producción.

Durante febrero y marzo, los gobiernos se reunirán en la OMC (Organización Mundial del Comercio) a revisar la solicitud presentada por India y Sudáfrica que propone la exención de patentes de herramientas médicas para tratar el COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta lograr la inmunidad colectiva de grupo mundial. La aprobación de esta solicitud permitirá que los métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas sean accesibles y asequibles para una mayor cantidad de personas en todo el mundo.

Necesitamos que TODOS los gobiernos prioricen la salud y exijan a las empresas farmacéuticas que las herramientas médicas vinculadas al COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para toda la población.

La pandemia sólo se terminará cuando todas las personas del mundo accedan a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos.

No a las patentes de medicamentos, vacunas y diagnósticos durante la pandemia. Las vidas son más importantes que las ganancias de las empresas.

Necesitamos tu firma ahora.

Adjuntamos el link para firmar la petición:

https://www.msf.org.ar/firmar/no-patentes-en-pandemia?c=Firmas&m=Whatsapp&e=SinPatEnPan&utm_source=wa_leads&utm_medium=email&utm_campaign=Firmas%20sin%20patentes

Compartido con SURCOS por el doctor Federico Montero Mejía.