El pasado 28 de agosto, las comunidades del área de Zapote, Catedral, San Sebastián y San Francisco, quienes asisten a la Clínica Carlos Durán, se manifestaron ante la falta respuestas y el colapso en los servicios de salud de esta Clínica; exigieron a la Dra. Sáenz, que se comprometa con las comunidades.
Compartido por Leda Méndez.
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Jenniffer Jiménez Córdoba,
Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR
Maltrato, irrespeto y menosprecio, son algunas de las manifestaciones típicas de violencia que experimentan las personas adultas mayores en escenarios que van desde la atención en instituciones públicas o privadas, hasta en el uso del transporte público, e inclusive en el mismo hogar.
Así lo manifestaron un grupo de siete adultos mayores representantes de las sedes regionales y recintos de Puntarenas, Limón, Guanacaste y Alajuela, quienes compartieron sus experiencias de vida y retos que perciben ante diversas acciones cotidianas. Su presentación se dio en el marco de un Pre-Congreso realizado por el Programa de Posgrado en Gerontología de la Universidad de Costa Rica (UCR) el miércoles 23 de agosto, actividad que encabezó el VI Congreso Internacional de Gerontología que se llevó a cabo el jueves 24 y el viernes 25 en el Hotel Wyndaham Herradura.
Durante la exposición, los ponentes exigieron un mayor respeto, amabilidad, paciencia y calidad en el trato que reciben en diversos servicios públicos y privados, principalmente en hospitales, clínicas, bancos y transporte. La petición responde a una situación de violencia que ha estado viviendo esta población en los últimos años, y que ha incrementado en la cantidad de casos registrados.
De acuerdo con Zulema Villalta Bolaños, Presidenta de la Junta Rectora del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), la institución atiende anualmente cerca de 1.500 reportes, y cada año la cifra aumenta aproximadamente en un 20%. Villalta explicó que ese número se genera no porque exista más agresión a nivel social, sino porque los adultos mayores tienen una mayor oportunidad de denuncia.
Dentro de los espacios más frecuentes de maltrato se encuentran los servicios de salud, el hogar y el transporte público, donde este último es el más común. Beatriz Grant Rojas, adulta mayor y expositora en la actividad, expresó que algunos conductores de autobús del servicio público aún se niegan a aceptar la cédula que los exonera del pago del pasaje. Esa situación se suele acompañar de malos gestos, irrespeto, poca paciencia y la retención ilegal del documento por parte de los choferes.
En cuanto a los servicios de salud, Villalta señaló problemas de infraestructura para brindar una atención óptima a la población adulta mayor. “Cuando hablamos de salud, hablamos de un hospital que ya está colapsado, sin salones modernos, que vuelve grosera la permanencia de las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores están para cumplir con un programa de acompañamiento, de dignidad”, indicó.
Para enfrentar la situación de violencia que experimenta la población adulta mayor, la UCR ha impulsado el Congreso Internacional de Gerontología desde hace de más de 10 años, con el propósito de incidir en las políticas públicas, y promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Además, ha puesto a disposición un consultorio jurídico gratuito y especializado en la Facultad de Derecho, a fin de dar acompañamiento a los adultos mayores en la realización de dilegencias judiciales.
Filadelfio Sánchez Ramírez, también ponente en el pre-congreso y adulto mayor, enfatizó la falta de calidad en la atención al momento de realizar gestiones bancarias. En ocasiones quienes los atienden suelen evitar el contacto visual, y realizar los trámites sin tomar en consideración las limitaciones típicas de la etapa de la vejez.
“Queremos que se nos atienda con dignidad, como personas que somos, y que se nos respeten nuestros derechos. Deseamos que se eviten las actitudes de rechazo, y se nos dé una buena comunicación, que nos miren a los ojos. No es la primera vez que vamos a un banco y la persona que atiende no levanta la mirada porque es un adulto mayor. Esto es vergonzoso”, mencionó.
Los tipos de agresión que esta población sufre, abarcan desde el físico, sexual, psicológico, patrimonial y de abandono, hasta violencia institucional y estructural. El último se genera por la falta de políticas y recursos sociales para garantizar la calidad de vida de los adultos mayores.
Según información proporcionada por el Conapam, las consecuencias del abuso hacia las personas de edad avanzada genera fuertes repercusiones físicas y psicológicas, entre las que se destacan: daños físicos permanentes, dependencia a los medicamentos, trastornos en la alimentación, depresión, sentimientos de soledad, angustia, miedo y aislamiento, entre otros.
https://sway.com/j3zXH5TQckIhAyhH?ref=Link&loc=play
Actualmente, Costa Rica cuenta con diez leyes, diez decretos y seis declaraciones internacionales que protegen a las personas adultas mayores. Sin embargo, la presidente ejecutiva de la Asociación Gerontológica Costarricense (Ageco), Johanna Fernández, afirmó que aún se desconocen, no solo por parte de la población costarricense, sino también por las mismas personas en edad avanzada.
La situación hace que sean más vulnerables ante los malos tratos, la violencia y el abandono. Una de esas regulaciones es la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que aborda los derechos para mejorar su calidad de vida en diversos ámbitos de educación, salud, laboral y recreativo, así como laborales, de integridad, de imagen, y a los residentes o usuarios en establecimientos privados.
“Si una persona no conoce sus derechos, tampoco conocerá los canales para hacerlos valer. Cuando sé cuáles son mis derechos, yo puedo contar con una mejor calidad de vida a la medida que los puedo hacer exigibles. En este aspecto la educación es fundamental, tanto para los mismos adultos mayores, como para el resto de la población costarricense”, manifestó.
Otras de las regulaciones existentes son: la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el cual contempla el subsidio de bono de vivienda para las personas adultas mayores sin núcleo familiar; la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que proporciona un fondo económico a establecimientos destinados a su cuido y atención; y la Ley de Protección al Trabajador, orientada a otorgar una pensión a las personas adultas mayores en situación de pobreza.
De igual forma está la Ley 8718, que establece el porcentaje que destinar la Junta de Protección Social a los programas de atención, y la 8153 la cual define el permiso para los establecimientos que pretenda brindar servicios a la población adulta mayor. Finalmente se encuentra la Ley 7972, que asigna recursos al Conapam, y la 7936 sobre el costo del transporte en los servicios de transporte colectivo.
Esfuerzo UCR para proteger a la población
El Congreso Internacional de Gerontología es una iniciativa que desarrolla el Programa de Posgrado en Gerontología de la UCR, que inició en el 2005 y se lleva a cabo cada dos años, con el propósito de promover cambios sociales para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Este VI encuentro se reflexionó sobre la atención gerontológica centrada en la persona, es decir, como un individuo con necesidades y condiciones de vida diverso, que requiere una intervención diferenciada. Mabell Granados Hernández, directora del Posgrado de Gerontología, explica que dicho abordaje es esencial para tener una etapa de vejez con mejores condiciones, y preparar a Costa Rica para recibir un aumento considerable de la población adulta mayor en los próximos años.
“Aunque se han hecho muchos esfuerzos, todavía nos hace faltan muchas cosas por mejorar. Dese la academia procuramos contribuir en la calidad de vida de estas personas, y de nosotros mismos que estamos envejeciendo, para que tengamos un país más preparado, y podamos vivir una vejez en plenitud”, dijo.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Hay una necesidad importante para aumentar la sostenibilidad ambiental del país debido a que esto también aumenta la calidad de vida de las personas.
Las afectaciones sufridas por las comunidades vecinas a plantaciones piñeras se encuentra subcontabilizadas y no existe una metodología clara para recuperar estos datos que son de importancia para determinar lineamientos nacionales para la disminución de dichos impactos en la salud humana.
Este seminario permitirá ahondar en una experiencia teórico-práctica sobre este tema, la epidemiología comunitaria desarrollada por el Dr Gianni Tognoni en países como Argentina y Brasil donde existen problemas similares por contaminación con agroquímicos provenientes del cultivo de la soya.
El seminario estará dirigido a docentes de las universidades públicas, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil. Será abierto y gratuito.
Objetivos/propósitos
El objetivo es ofrecer elementos teórico y prácticos sobre la metodología de la Epidemiología Comunitaria
Contenidos
Organizadores/as
-Oficina de Asuntos Internacionales de la Universidad de Costa Rica
-Escuela de Salud Ambiental-Universidad de Costa Rica
-Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera
-Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales
-Red de Coordinación en Biodiversdiad
-Coeco Ceiba Amigos de la Tierra
Compartido por Nicolas Boeglin.
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La Clínica Dr. Carlos Durán es un centro que concentra 10 EBAIS y además un segundo nivel de atención (laboratorio, emergencias, rayos X, etc.), lo que causa condiciones de hacinamiento y saturación de servicios. En farmacia por ejemplo, los y las trabajadoras comen entre las cajas de las bodegas por falta de espacio.
El actual edificio de CEDESO (al frente), pertenecía anteriormente a la clínica, sin embargo, ahora se utiliza únicamente para administrativos (as) e incluso las piscinas son usadas por funcionarios (as), cuando antes eran de provecho para dar rehabilitación a diversas poblaciones.
Es por esto que tras una lucha de más de 10 años, la comunidad manifiesta haberse cansado de las promesas incumplidas y de esperar a que como afirmó en algún momento la antigua presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, se lleve a cabo el traslado del primer nivel de atención y otros servicios a un edificio que pertenece a la institución y se encuentra cruzando la calle.
Por esta razón la comunidad decidió manifestarse este próximo 28 de agosto a las 6 a.m. frente a la Clínica Carlos Durán para exigir el derecho a la salud.
*Imagen tomada de www.panoramio.com
Compartido en grupo de WhatsApp que organiza conmemoración de la lucha contra el TLC.
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Comunicado de Prensa
Heredia, a los 27 días de julio del 2017. En el marco de una sesión extraordinaria celebrada a partir de las cinco de la tarde del día miércoles 26 de julio del año en curso, la Comisión Especial Municipal sobre el modelo de prestación del servicio de salud en el cantón de Barva de Heredia, realizó la presentación del Informe final ante el Concejo Municipal, el cual fue aprobado de manera unánime por los cinco partidos presentes en el Concejo Municipal.
Sobre la base de una amplia, profunda y rigurosa investigación, la Comisión formuló una serie de recomendaciones al Concejo Municipal sobre este delicado y conflictivo problema que viven los barveños desde hace años.
Entre las principales recomendaciones que presentó el Informe, merece destacarse la invitación a la celebración de un PLEBISCITO cantonal que permita definir si los barveños prefieren seguir recibiendo la prestación del servicio de salud a través de la empresa Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales en Salud (COOPESIBA R.L.) o que el servicio sea prestado de manera directa por la Caja Costarricense de Seguro Social, como ordena el artículo 73 de la Constitución Política.
Siempre alrededor de la misma situación, el Informe recomienda al Concejo explorar la posibilidad de que la Caja asuma de manera directa la dotación del servicio: Dice textualmente el Informe:
Asimismo el Informe recomienda al Concejo Municipal, habida cuenta de la multimillonaria inversión en las lujosas y modernas instalaciones construidas recientemente por la Caja Costarricense de Seguro Social para el área de Salud de Barva, que solicite a la Caja un aprovechamiento más eficiente del edificio y la atención de una de las demandas más sentidas de las personas usuarias; la prestación de ESPECIALIDADES MÉDICAS. Textualmente indica el Informe: “ Independientemente del modelo que las autoridades de la Caja elijan para el Área de Salud de Cantón de Barva de Heredia una vez que expire la actual relación contractual CAJA – COOPESIBA R.L., que el Concejo Municipal solicite a las autoridades de la Caja un Plan Operativo que asegure un uso más eficiente y sano de las modernas y amplias instalaciones de la Clínica de Barva que permita a los usuarios, contar en un plazo máximo de dos años, con la prestación de las especialidades de psicología, ginecología, psiquiatría, gerontología, pediatría, así como medicina familiar y cirugía ambulatoria y laboratorio de rayos X, un mejor equipo médico, laboratorio con tecnología de punta y la ampliación de los servicios de urgencias las 24 horas del día, así como la implementación de un sistema más eficiente de solicitud de citas.”
Para el Máster Rafael López Alfaro de la Alianza Cantonal Barveña por la Defensa del Derecho a la Salud, el Informe es muy serio, está abundantemente documentado y ofrece diferentes recomendaciones para mejorar la calidad y eficiencia del servicio de salud en el cantón y esperamos que NO SE ENGAVETE y sirva de hoja de ruta para el accionar del gobierno local para una política cantonal de salud.
La Comisión Especial Municipal de Salud, fué creada mediante Acuerdo No. 226-2017 en la sesión del Concejo Municipal el 13 de marzo del 2017, y estuvo integrada por un representante de los cinco partidos políticos presentes en el concejo, como por representantes de las diferentes organizaciones comunales como la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, la Junta de Salud, entre otras.
El dirigente indicó que a pesar de las nuevas y multimillonarias instalaciones del Área de Salud, los usuarios no han visto mejorar los servicios de salud que recibimos; recordó que las nuevas instalaciones del Área de Salud de Barva, miden más de CINCO MIL TRESCIENTOS METROS CUADRADOS de construcción y que tuvieron un costo superior a los SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES DE COLONES, y fueron inauguradas a mediados del año pasado.
Para mayor información contactar al Msc Rafael López Alfaro al teléfono 83683214.
Enviado por Freddy Vargas Chavarría.
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Entre 2011 y 2014 se realizó el proceso ciudadano «La CCSS Que Queremos». En el documento final de este esfuerzo de formulación de política pública con participación ciudadana se incluye un conjunto de propuestas para resolver el tema de pensiones de la CCSS, esto, como parte de una solución integral a la crisis del sistema de seguridad social. En el marco del debate nacional en torno a los sistema de jubilaciones y pensiones SURCOS le invita a revisar el documento; puede visitar nuestro medio y navegar en él documento (hay vínculos internos que lo facilitan). Puede utilizar ctrl + F para navegar mediante la búsqueda de la siguiente palabra clave: pensiones.
Es importante tener presente que la mayor parte de las propuestas surgidas desde las comunidades y que tienen relación directa con este tema se concentran en los apartados 3, 4 y 5.
Este es el enlace directo a la sección de SURCOS donde encontrará el documento:
https://surcosdigital.com/la-ccss-que-queremos/
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Una publicación en el Facebook de la CCSS da cuenta de que «tras 21 años de intensa labor en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad de sus congéneres cabécares, Miguel Murcia Céspedes, asistente técnico en atención primaria en salud (Ataps), falleció esta semana arrastrado por las aguas del río Chirripó».
La información, compartida con SURCOS por la doctora María Elena López, agrega que «el doctor Fernando LLorca Castro, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dijo que el fallecimiento de Murcia Céspedes enluta a toda la familia de la seguridad social, en otras palabras a Costa Rica. El deceso lo sorprendió haciendo lo que amaba, al servicio de sus hermanos de la zona indígena, fue un verdadero héroe de la salud y la seguridad social».
“Personalmente les tengo alta estima a los asistentes técnicos de atención primaria, me formé como médico a su lado y cuando como país exhibimos los sorprendes logros de nuestro sistema de salud, ellos y ellas son protagonistas principales”.
“Como jerarca de la CCSS le doy el abrazo solidario a sus familiares y coterráneos, este es un momento de profundo dolor y reflexión por tan invaluable e insustituible pérdida”.
Durante su trayectoria laboral, Murcia se desempeñó en las comunidades de Sinoly, Alto y Bajo Cuen, Koloy, Konobata, Tolokicha, que son zonas de muy difícil acceso geográfico y debió trabajar en condiciones sumamente agrestes: sin electricidad, sin agua potable, sin caminos, sin puentes, con escasas posibilidades de comunicación. Sin embargo, Murcia Céspedes tuvo siempre la disposición de servir a su pueblo, dice la nota de la CCSS.
La doctora Viviana Aragón Gómez, quien laboró con Miguel Murcia, recordó la primera vez que la ayudó a cruzar el río Chirripó, camino a Sinoli. “Cruzar el río siempre me producía ansiedad y temor, sin embargo, cuando llegó el momento de cruzarlo, Miguel me dijo: “Doctora, yo la ayudo a cruzar” y recuerdo muy bien sus indicaciones: “usted vaya a la par mía, pero un poquito más atrás, y me agarra suavecito de la parte atrás de la camisa”.
“Le pregunté: ¿de la camisa? y él me dijo, con su voz pausada y en su tono bajito: “hágame caso”.
Fue así como cruzamos el río, con Miguel ubicándose de manera que su cuerpo recibía toda la corriente para que yo no sintiera el golpe del río, mientras con una mano, sostenía una caña para ir sintiendo las piedras y con la otra, desocupada, la mayor parte del tiempo, agarraba fuerte la caña, para mantener el equilibrio cada vez que llegábamos a una zona con corrientes».
Una de las últimas consultas que efectuó a sus superiores estaba relacionada con las gestiones para solicitar el aseguramiento por el Estado para una familia indígena en la zona que laboraba.
El último día de trabajo se fue a vacunar a la población indígena contra la influenza para cumplir con la cobertura de esa población, se quedó sin vacunas y cuando quiso regresar por más, la fuerza del río Chirripó lo arrastró con el caballo institucional que empleaba en las labores de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Enviado por María Elena López.
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Diariamente los niños y adolescentes costarricenses están expuestos a publicidad televisiva sobre alimentos y bebidas poco saludables.
Debido al vínculo entre comercialización de alimentos, preferencias y consumo, nuestros hallazgos ayudan a justificar la necesidad de una mayor regulación por parte de las autoridades competentes.
Es por esto que este próximo jueves 29 de junio de 2017, en el Auditorio de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica se llevará a cabo de 2 p.m. a 4 p.m. la exposición de los resultados de 3 estudios colaborativos acerca del tema: ¿Es saludable para la niñez el ambiente alimentario de Costa Rica?
Para confirmar su participación debe escribir antes del día del evento al correo electrónico: mdominguez@incap.int
Enviado por Romano González.
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La piña costarricense esconde una serie de impactos que van desde la destrucción del bosque tropical a la violencia machista y laboral. La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica llegando a ocupar alrededor de 60 mil hectáreas. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen. Tanto así que se ha formado un Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera la cual lleva 10 años trabajando el tema.
Uno de los casos más preocupantes presentados por casos de contaminación de agua se dio en comunidades como El Cairo, Milano, Luisiana y La Francia del cantón de Siquirres, comunidades que son abastecidas por tres organizaciones comunitarias de acueductos (ASADAS) encargadas de abastecer de agua a 1.751 abonados, de fuentes provenientes de las cuencas de los ríos Peje y Destierro, afluentes del río Parismina. El Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional (UNA) desde el año 2003 documentó la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano con residuos de plaguicidas por el uso de bromacil y diurón y el fungicida triadimedón. Estas poblaciones reciben una cantidad reducida de agua potable semanalmente por porte de la institución nacional de Acueductos y Alcantarillados en una cisterna.
¿Sabemos cuánto le cuesta al país la actividad piñera? Lamentablemente es necesario investigar mucho más para responder esta pregunta con exactitud. Pero ya tenemos datos suficientes para decir, en lenguaje económico, cuánto cuesta aproximadamente al país producir piña. Importante mencionar que estos cálculos son realizados a partir de un escenario deseado donde las empresas piñeras tendrían que cumplir la ley nacional vigente, nada más.
Mediante la metodología de Análisis de Escenarios Objetivo (TSA por sus siglas en ingles) el Programa de Naciones Unidas para Pequeñas Donaciones (PNUD) en 2016 estimó los costos generados por los impactos sociales y ambientales de la actividad piñera en el país. Este documento es necesario complementarlo con otra investigación reciente generada por el mismo PNUD titulada: “Monitoreo de Cambio de Uso de Suelo del Paisajes Productivo” (MOCUP) donde demuestra mediante Sistemas de Información Geográfica que la pérdida de bosque por deforestación ilegal por parte de la industria piñera acede a 5.568 hectáreas. Esto en uno país en el que los bosques tienen un valor cultural y económico importante.
Según el TSA los costos asociados a la actividad que no pagan las empresas piñeras (externalidades) contemplan cuatro aspectos: perdida de cobertura forestal, perdida de bosque y biodiversidad, pérdida de calidad de agua y erosión se suelos.
Además de estas afectaciones ambientales, la mala gestión de los desechos de la piña ha afectado y sigue afectando a pequeñas familias ganaderas que tienen sus fincas en las cercanías ya que se genera una mosca que ataca fuertemente al ganado, disminuyendo su producción de leche, generando debilidad y hasta muerte. Esta situación ha obligado a varias familias a tener que vender sus tierras a las mismas compañías piñeras que siguen expandiéndose. En lugares donde se producían granos básicos y ganado para los mercados nacionales y locales, se está substituyendo por piña.
La mano de obra contratada en zonas fronterizas es mayoritariamente extranjera y bajo contratos temporales, sin pago de la seguridad social, en condiciones de trabajo abusivas y con persecución y despido a quienes se organicen en sindicatos.
Faltan datos aún para cuantificar el impacto sobre salud humana y animal, la explotación laboral y el desplazamiento de la economía campesina y la soberanía alimentaria. Organizaciones campesinas, ecologistas y de Economía Social Solidaria se han manifestado las últimas semanas para solicitar una moratoria ante la expansión piñera y controles eficientes del impacto ambiental y social de las piñeras existentes, como una forma casi desesperada ante los impactos que se están viviendo en las comunidades y ante la creciente demanda de piña de Costa Rica en los mercados internacionales. Las personas consumidoras deben de conocer el impacto de la producción de la piña y solidarizarse en las demandas que realizan las organizaciones de la sociedad civil denunciando y generando comunicados de apoyo. Ponemos nuestros contactos por si desean mayor información o expresar su solidaridad mediante cartas de sus organizaciones.
-Frente Nacional De Sectores Afectados por la Expansión Piñera
frenasappcr@gmail.com / FB: Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera
-Bloque Verde
bloqueverde@gmail.com / FB: Bloque Verde
-Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica
ess.redcr@gmail.com / FB: Redess Costa Rica
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Carlos Alberto Hernández Porras, COKOMAL S.C. / Comisión Dinamizadora – RedESS.
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Entrega especial de Viernes Científico
Laura Ortiz C./Periodista UNA
Costa Rica importa cerca de 12 millones de kilogramos de ingredientes activos de plaguicidas por año, la mayoría proviene de China, India y Estados Unidos, de esa cantidad, cerca del 80 por ciento se considera Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), es decir, pueden causar graves daños a la salud y el ambiente, tanto de forma aguda como crónica.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la red PAN (Pesticide Action Network), han propuesto la reducción en el uso y la prohibición gradual de los PAP como una demanda mundial ante los riesgos para la salud y el ambiente que ocasionan estas sustancias químicas.
Desde el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (Iret-UNA) se desarrolla el proyecto “Alternativas para la reducción y eliminación del uso de PAPs”, financiado por el Programa de Nacionales Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y basado en el “Enfoque estratégico para el manejo de sustancias químicas (SAICM)”.
“A nivel internacional el fin es buscar controles y alternativas efectivas para los productores, con el propósito de abandonar por completo el comercio y empleo de estos plaguicidas y reemplazarlos por alternativas más seguras y agroecológicamente más sustentables. En el proyecto, lo que hicimos fue diagnosticar el uso, las prácticas agrícolas riesgosas y las alternativas de menor impacto en salud y ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de los PAPs (importación, regulación, distribución, uso y disposición de residuos), en los cultivos de café y piña que se desarrollan en el país”, dijo Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA y coordinador del proyecto.
Según el Censo Nacional Agropecuario realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2014 se reportó que a nivel nacional se siembran 82.511 hectáreas de café y 37.644 de piña, de acuerdo con el diagnóstico realizado por el Iret-UNA, en promedio se utilizan 2,37 kilogramos (kg) de ingrediente activo PAPs por hectárea por año (i.a/ha/año) en la producción de café y 29,52 kg i.a/ha/año en el cultivo de piña, este último dato, tras un análisis en Pital de San Carlos, Alajuela.
Una de las enfermedades más importantes que enfrentan los cultivos de café en el país es la conocida como “roya”, ocasionada por el patógeno Hemileia vastatrix. De acuerdo con el Centro de Investigaciones en café (Cicafé), durante muchos años los caficultores han controlado la plaga por medio de diferentes prácticas, una de ellas el empleo de fungicidas químicos sintéticos, pero el abuso de estas sustancias, ha producido incrementos en los costos de producción, riesgo de aparición de fungorresistencia, contaminación del ambiente, destrucción de la fauna beneficiosa y riesgos contra la salud pública.
Para este estudio se trabajó en dos fincas cafeteras de manejo convencional, la primera ubicada en Santa Lucía de Barva de Heredia, y la segunda en Pirrí de Alajuela.
En ambas fincas los ensayos se hicieron para evaluar la eficiencia contra la roya de los productos alternativos Bacillus subtilis, caldo bordelés, extracto de árbol Melaleuca alternifolia, caldo sulfocálcico y el hongo Lecanicillium lecanii, comparado con la eficiencia de tres fungicidas catalogados como PAP (triadimenol y epoxiconazol + piraclostrobina) y un sintético catalogado como no PAP (trifloxistrobina + ciproconazole). Se evaluó la incidencia y severidad de roya 30 días después de la aplicación de los tratamientos, los cuales se aplicaron en cuatro ocasiones durante el ciclo del café.
De acuerdo con la investigación, en lo referente a las alternativas, la que dio mejores resultados, es decir menor incidencia y porcentaje de hojas con menos lesiones, fue el extracto comercial de té + fungicida no AP, sin embargo, es el más costoso de todos y por lo tanto poco accesible para los productores.
En la finca El Cántaro, independientemente del tratamiento ya sea químico o alternativo, no hubo diferencias significativas en los rendimientos, lo que concluye que estos últimos pueden incorporarse en el manejo fitosanitario de la roya.
Según los resultados, el caldo sulfocálcico + Lecanicillium lecanni, fue el de mayor rendimiento, a pesar de que la incidencia alcanzó un 26 por ciento a finales de setiembre, este tratamiento tuvo un costo de 116.000 colones/ha, mucho menor al costo del tratamiento con extracto comercial del árbol de té + fungicida no AP, pero más costoso que los tratamiento químicos. El uso de caldo sulfocálcico +Lecanicillium lecanii constituye una opción para el manejo efectivo de la roya del café.
Además de Ramírez, en este estudio participaron las investigadoras Silvia Luna, Martha Orozco y Stephanie Williamson. Estos resultados fueron presentados el pasado 27 de abril en un taller regional denominado “Alternativas para la reducción y eliminación de plaguicidas altamente peligrosos en el cultivo de café”, donde participaron productores y representantes de organizaciones públicas y privadas relacionadas con la producción.
En Costa Rica se utilizan 21 plaguicidas conocidos por ser extremadamente o altamente peligrosos según la clasificación de la OMS.
Un plaguicida se considera altamente peligroso si:
***Para mayor información comuníquese con Fernando Ramírez, investigador del Iret-UNA (8812-2914) o con la Oficina de Comunicación de la UNA (2277-3660.
*Imagen de portada con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por UNA Comunicación.
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