Las afirmaciones de Katharina Müller, Ministra de Educación, respecto a que el aumento en las incapacidades en el MEP se debe a que los funcionarios abusan de dicho derecho, son irresponsables, ofensivas y no son de recibo para el SEC y menos para el Magisterio Nacional.
En el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, tenemos claro que Müller solo evade su responsabilidad ante el deterioro del ambiente laboral educativo.
Nuestras encuestas con la afiliación revelan que las causas principales son: exceso de cargas laborales, falta de orientación pedagógica y de una ruta educativa clara, incertidumbre sobre pago completo y oportuno de salarios, aguinaldos y cuotas de jubilación (falta de presupuesto de remuneraciones), violencia y crimen organizado que afecta a la juventud y a la falta de programas de salud ocupacional.
Todo esto provoca que el personal del MEP sufra un enorme estrés laboral, ansiedad y otros padecimientos asociados.
Müller, en total desconocimiento de la labor educativa, ignora que el estrés crónico y la ansiedad, conocidos en psicología laboral como síndrome del quemado (burnout), constituyen la principal enfermedad profesional que sufren los trabajadores de la educación en todo el mundo. Por lo tanto, el MEP debe brindar atención psicológica especializada para cuidar la salud emocional de sus docentes, como parte de los programas permanentes de salud emocional.
En Costa Rica no hay psicólogos laborales atendiendo a la población docente, y las autoridades del MEP se interesan sólo por razones económicas, ya que en la misma proporción en que se incrementan las incapacidades, deben aumentar el presupuesto de remuneraciones por sustitución. Sin embargo, no muestran ninguna empatía o consideración humanitaria ante este problema de salud emocional propio de los centros educativos, donde laboran en su mayoría mujeres (en una relación de 3 mujeres por cada hombre), lo cual agrava la situación de cansancio, ya que muchas trabajadoras deben atender una jornada adicional en labores del hogar.
Para el SEC, es necesario reducir las cargas laborales generales del personal magisterial, apoyar con más recursos tecnológicos y disminuir los trámites burocráticos, además de reducir la cantidad de estudiantes por aula, así como asignar asistentes para la atención de estudiantes con necesidades especiales. Sumado a lo anterior, se suma definir una ruta pedagógica clara y un método de evaluación de aprendizaje único y homologable para todos los niveles educativos (falta de ruta educativa). Es fundamental atender los problemas de violencia, crimen organizado y narcotráfico con políticas coherentes de seguridad ciudadana, porque el personal docente ya no es suficiente para garantizar la seguridad en aulas.
El MEP debe asegurar el pago oportuno de todas las remuneraciones salariales y de las cuotas de jubilación, brindando así seguridad económica a su personal. Además, se deben implementar programas eficaces de salud ocupacional, atendidos por psicólogos laborales, para garantizar una buena salud emocional del personal.
Todas estas problemáticas deben ser resueltas por la Ministra Müller antes de acusar al personal de abusos, además de asesorarse para entender el impacto del burnout en el trabajo docente. De lo contrario, MEJOR RENUNCIE AL CARGO, siendo esta la primera medida para mejorar la salud emocional del personal del MEP y reducir las estadísticas de incapacidades
Gracias a una alianza entre municipalidades, cámaras empresariales y la UNA, 70 personas en situación de pobreza o baja escolaridad obtuvieron su título técnico en áreas clave como salud ocupacional y gestión de calidad. Esta formación, que les brinda nuevas oportunidades laborales, es un paso importante hacia un futuro con más empleo y bienestar en la región
Gracias a la alianza entre las municipalidades y cámaras empresariales de la zona de Occidente del país junto con la Universidad Nacional (UNA), este viernes 30 de agosto, 70 personas en condición de pobreza o baja escolaridad, obtuvieron su título de formación técnica en las áreas de salud ocupacional, confirmación metrológica, procesos productivos y gestión de calidad.
“Hoy celebramos no solo la culminación de un curso, sino el resultado de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos, ha superado obstáculos y ha demostrado que con empeño y determinación se puede alcanzar cualquier meta. En lo personal se me abren puertas para seguir creciendo dentro de la empresa donde trabajo o para seguir estudiando. Esta es una rama que no conocía y me emocionó mucho estudiarla”, dijo Alejandro Mejía, oriundo de San Ramón, quien fue el primer promedio del técnico en Procesos productivos.
Kimberly Venegas se graduó en un colegio técnico de Palmares, y tiene la esperanza de que las zonas francas, puedan traer más empleo a su cantón. “Este título genera más oportunidades para emplearse. El técnico en Salud ocupacional, que consiste básicamente en la seguridad del trabajador, me abre las puertas a un trabajo donde se valide ese título para un mejor futuro”.
Gracias a esta alianza entre la UNA y las cámaras empresariales, se otorgaron becas del 100% a estudiantes de colegios técnicos, quienes durante 10 meses fueron parte del sistema de educación permanente de la UNA. “Quiero felicitar a este grupo de muchachas y muchachos de Occidente, de los cantones de Grecia, de Poás, de Sarchí, de Naranjo, de Salsero, de Palmares y de San Ramón, que hoy culminan exitosamente este proceso. Es importante resaltar que el conocimiento constituye hoy en día la principal base del ejercicio de la ciudadanía, de la generación de empleo, de los encadenamientos productivos, de la innovación y el emprendedurismo, y por supuesto del bienestar y calidad de vida de las personas y de la sociedad como un todo. Tener acceso al conocimiento brinda oportunidades de participar en la vida económica, social y cultural, aumenta las posibilidades de integración social y sobre todo incrementa las posibilidades de mejorar la empleabilidad”, comentó Francisco Bogantes, vicepresidente de la Cámara Empresarial de Grecia.
En Grecia, se construyen parques empresariales que se espera, generen cerca de 40 mil empleos cada uno en los próximos años. “Nosotros hemos creído en ese futuro, de tal forma que estamos generando las condiciones para la empleabilidad, para los encadenamientos productivos con nuestras empresas locales desde San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia”, continuó Bogantes.
Francisco González, rector de la UNA, hizo hincapié en que los tiempos han cambiado. “A pesar de que la oferta de la UNA no es estrictamente la formación de técnicos, sí reconocemos la importancia de fortalecer las condiciones de empleo de las personas que tienen menos condiciones, y la vinculación y coordinación con los sectores productivos y los sectores empresariales. Por esta razón es que ya hace un año nos planteamos como propósito poder generar una iniciativa que se articulara al Ministerio de Educación Pública, para brindarle a estudiantes que estuvieran en los últimos años de su formación técnica, una oferta del marco del marco nacional de cualificaciones”.
Para este 2024 la UNA ofrece una serie de técnicos orientados a una concepción de educación no formal que permite capacitar a los adultos y jóvenes en diferentes áreas laborales obteniendo habilidades y competencias poro desarrollarse en el mercado laboral y también por tener un crecimiento personal y de em pleabilidad.
La oferta, gestionada por la Oficina de Transferencia y Conocimiento y Vinculación Externa, incluye además formación técnica en: Administración de Pymes, Gestión y desarrollo de emprendimientos, Desarrollo local y género, Desarrollo de software y aplicaciones, Plantas medicinales, Gestión de olores, y Desarrollo agroecológico y socioproductivo, entre otros.
Video:
Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
20 de abril del 2024 Carolina Zúñiga Castro Asesora sindical
Carolina Zúñiga Castro, ANEP.
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tiene su propio laboratorio de soluciones parenterales (son aquellas bolsas de suero que nos ponen en la vía cuando estamos hospitalizados) y sí, como costarricenses producimos algunos insumos médicos. Los cuales se encuentran bajo la dirección del Departamento de Producción Industrial.
Este Laboratorio se encuentra ubicado en Heredia, con alrededor de 112 trabajadores de producción, servicios generales y administrativos.
Sus trabajadores se han caracterizado históricamente por defender sus derechos laborales y siempre buscar el bienestar colectivo. Con una lucha en 1990, por los daños que estaba ocasionando en la salud de los funcionarios de producción, con la manipulación de la ciclohexanona (compuesto químico altamente tóxico, utilizado para cerrar las bolsas de soluciones parenterales), lucha que se ganó con el respaldo de organizaciones sindicales, creándose acuerdos en temas de salud ocupacional tales como exámenes médicos anuales a los y las funcionarias del laboratorio, así como espacios para desintoxicarse en media jornada laboral, entre otros.
Otro punto que los trabajadores consideraron importante abordar desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fue el parqueo de la institución, para que sea de acceso a todos los funcionarios y funcionarias en igualdad de condiciones, cosa que antes no existía y estaba ocupado solo por unos cuantos, guardando un privilegio cayendo en discriminación al resto de la población trabajadora del Laboratorio.
Entonces, vamos viendo cómo las condiciones laborales y de salud han venido avanzando y mejorando en favor de los trabajadores gracias a la defensa de los derechos laborales a través de organizaciones sindicales que buscan la Justicia Social.
Actualmente, un grupo organizado de trabajadores representados por la Asociación Nacional Empleados Públicos y Privados (ANEP), al que de ahora en adelante le llamaremos seccional ANEP- Laboratorio de Soluciones Parenterales y Reactivos Químicos, comprendieron de la importancia de contar con una Convención Colectiva de Trabajo para el Laboratorio, y no es para “alcahuetear” a nadie, como popularmente decimos los ticos, sino para proteger derechos, mejorar condiciones laborales y de vida.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva 47-2021 llamada OPINIÓN CONSULTIVA SOBRE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACIÒN COLECTIVA Y HUELGA, Y SU RELACIÓN CON OTROS DERECHOS, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, nos dice que los trabajadores se encuentran en condiciones de defender sus derechos y promover sus intereses indica textualmente: “los Estados deben de abstenerse de realizar conductas que limiten a los sindicatos ejercer el derecho de negociar para tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representen, lo que implica que las autoridades se abstengan de intervenir en los procesos de negociación.”
Bajo este respaldo jurídico, la seccional de ANEP-LSP el pasado 04 de abril del 2024, presentó a la Junta Directiva de la CCSS una propuesta de Convención Colectiva, la cual deben de sentarse a negociar con los trabajadores del Laboratorio.
Este es un paso grande para el Laboratorio y en general para los trabajadores de la CCSS, porque si bien es cierto es la primera vez que se va a negociar una Convención Colectiva a lo interno de la CCSS, viene a mejorar condiciones laborales que requieren propiamente los funcionarios de este laboratorio y que mediante esta convención queda protegido ya que se tiene por rango de ley.
Enfermedad afecta, principalmente, a hombres jóvenes de Guanacaste, que laboran en el sector agrícola industrial.
San José, marzo de 2024. Con el objetivo de analizar la situación que vive el país y explorar posibles acciones conjuntas, la Academia Nacional de Ciencias realizó el foro Enfermedad Renal Crónica No Tradicional: Situación actual y perspectivas de abordaje de un serio problema de salud ocupacional.
En la actividad que se desarrolló de manera virtual, desde el Hospital de Liberia, participaron diversas personas expertas, quienes abordaron a profundidad esta problemática que se presenta, en mayor medida, en la provincia de Guanacaste.
Desde 1970, Costa Rica experimenta un aumento sostenido de casos de enfermedad renal crónica no tradicional, que afecta, principalmente, a hombres jóvenes, quienes realizan actividades de intensa actividad física en ambientes con altas temperaturas.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, revelan que en el período 2000-2022, en ciertas regiones de Guanacaste, la mortalidad fue 16 veces más alta para hombres y 4 veces más alta para mujeres en edades entre 30-59 años, esto en comparación con el resto del país.
El panel expresó su profunda preocupación por la persistencia de esta epidemia silenciosa y exhortaron a los empresarios industriales agrícolas, de la construcción y de otros sectores pertinentes, así como al Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros, las municipalidades y otros gobiernos, así como a organizaciones locales, a establecer medidas urgentes para la prevención de esta enfermedad laboral, que continúa teniendo graves consecuencias en una de las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
“Las estadísticas ponen en perspectiva la gravedad de la situación que se vive, principalmente en Guanacaste, donde urgen acciones más contundentes para frenar esta epidemia. Existen una serie de recomendaciones para prevenir el daño renal y, en nuestro país, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha emitido lineamientos para la implementación de medidas preventivas en los lugares de trabajo. Sin embargo, estas recomendaciones deben implementarse de forma correcta y consistente y que su efectividad debe ser evaluada continuamente. Además, se requiere diseñar programas que lleguen a los trabajadores del sector informal, los cuales conforman una alta proporción de la fuerza laboral en riesgo”, señala el doctor José María Gutiérrez Gutiérrez, miembro de la Academia Nacional de Ciencias.
La enfermedad renal crónica no tradicional, inicialmente se detectó en trabajadores de campo de la caña de azúcar, pero también se ha observado en trabajadores de otros cultivos agrícolas, así como en el sector de construcción, minas, fabricación de ladrillos, camaroneras y pesca, entre otros.
El exceso de calor, o estrés térmico, que se genera en esas actividades laborales, produce aumento de la temperatura corporal y deshidratación, ocasionando cambios metabólicos severos que dañan los riñones. La posibilidad de un trasplante no es generalmente una opción para los pacientes, quienes fallecen con mucha frecuencia siendo jóvenes.
La gran cantidad de personas afectadas por esta enfermedad en Guanacaste, hizo necesario que la C.C.S.S. construyera modernas instalaciones en el Hospital Enrique Baltodano Briceño, de Liberia, para atender a los pacientes. Sin embargo, los casos nuevos siguen desbordando los servicios y los fallecimientos continúan.
Esta situación se ve agravada por la condición socioeconómica de la mayoría de estos trabajadores, a menudo personas migrantes sin un trabajo estable y con acceso limitado a servicios de salud.
“Los Programas de Descanso-Sombra-Hidratación-Higiene (DSHH) han demostrado ser capaces de prevenir, en gran medida, el desarrollo de daño renal, ya que su implementación evita la exposición laboral prolongada al sol y el estrés térmico, con descansos frecuentes en la sombra, la reducción de las jornadas laborales y una adecuada hidratación”, explica la doctora Catharina Wesseling, epidemióloga de La Isla Network (organización internacional que trabaja para ponerle fin a la enfermedad renal en la región).
La introducción de estos programas en un ingenio en Nicaragua, redujo la incidencia de nuevas lesiones renales, al pasar de 27% a 6% en cortadores de la caña y, con mejoras continuas en años posteriores, se logró reducir al 1%. Además, los casos de enfermedad renal aguda en los trabajadores de campo, atendidos en el hospital, se redujeron en más de un 80% entre 2017 y 2022, como consecuencia de estas intervenciones.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados continúa su arduo trabajo. En la seccional ANEP G4S lograron incluir tres nuevos artículos al convenio colectivo de los oficiales de seguridad de esta importante empresa transnacional.
Erick Duarte Bravo, vicepresidente seccional, explica que la empresa ahora reconoce la figura de los abuelos dentro del núcleo familiar. Ésta se comprometió a otorgar días de licencia por muerte de abuelos y también un subsidio económico.
Otro artículo que se logra reconocer permite que el trabajador puede hacer una denuncia ante salud ocupacional por algún tema que le afecte en su trabajo; salud ocupacional tiene 7 días hábiles para contestarle y decirle cuales van a ser las medidas para mejorar la situación.
Por último, un tercer artículo que se incluyó está relacionado con el tema de escala de vacaciones, donde a los 7 años de trabajo se otorga un día más de vacaciones, a los 10 años, dos días más y a los 15, tres. Este nuevo acuerdo indica que a los 20 años de servicio a la empresa se otorgarán 4 días más de vacaciones aparte de los que ya la ley indica.
Para la junta directiva seccional, este logro viene a reforzar el trabajo y las metas que se han trazado desde que se fundó la seccional hace ya 12 años. La presidenta seccional Jennifer Torres: “nos llevó una lucha de más de 10 años, pero hoy lo actualizamos. Es nuestra mayor carta de presentación para los trabajadores. Gracias al apoyo del señor Albino, el sindicato ANEP estamos aquí.”
Este acuerdo viene a reforzar el trabajo de la seccional, además, viene a darle presencia del trabajo que han hecho
Torres comenta: “Este acuerdo viene a demostrar el trabajo de todo un grupo de oficiales que formamos la junta directiva, somos 14 miembros de junta. Esto viene a reforzar un trabajo de mucha disciplina, de una lucha muy incansable, pero viene a hablar muy bien de nosotros.”
Maikol Hernández Arias, Secretario General de la Federación Nacional de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines FENTRAGH compartió mediante un vídeo el análisis conjunto con la Unidad Sindical al Proyecto de Ley 4/3 donde analizaron las implicaciones del proyecto que pretende ampliar las jornadas de trabajo de 12 a 8 horas diarias.
A partir del análisis, consideran que dicho proyecto carece de aportes de la clase trabajadora por parte de la Asamblea Legislativa. Comparten además que un tema preocupante para esta Federación es que, previamente el Consejo Nacional de Salarios y el Consejo de Salud Ocupacional por votación y apoyo del sector empresarial, hayan eliminado las anotaciones con las labores consideradas riesgosas, pesadas e insalubres, situación que de llevarse a cabo el proyecto en este momento bajo las condiciones en las que se encuentra, podría ser utilizado en contra de los trabajadores.
Según señala, un aspecto importante es tomar en consideración el punto de vista de los trabajadores y de esta Federación y solicita a los diputados tomar en consideración las posturas y recomendaciones que se puedan realizar sobre esta materia.
El empresario autobusero de origen libanés, Raymond Salim Semaan Kachab, dueño de BUSES INA URUCA S.A., se niega a recibir nota de sus choferes, denunciando injusticias a que son sometidos. En primera instancia, el abogado que representa a estos choferes, el Lic. Marco Vinicio Guillén, le pidió a los trabajadores que entregaran una nota suscrita por él, donde exponía las injusticias que estaban sufriendo y para dar inicio al debido proceso; el documento lo reciben en la oficina, se lo llevan para adentro, le sacan copia y de inmediato empieza la persecución a los choferes.
Hace 2 días, el mismo documento, ya no firmado por el abogado, sino por los choferes, es tratado de entregar al dueño de la empresa, quien no lo recibe.
Entre las exigencias que presentan los choferes para solucionar el ambiente de incertidumbre, inseguridad laboral y no cumplimiento de los derechos que poseen como trabajadores están: el pago de horas extra, irrespeto a los tiempos de alimentación de los choferes, ausencia de políticas y procedimientos de salud ocupacional en el trabajo, entre otras situaciones.
A continuación puede observar la carta que se intentó entregar al señor Raymond Salim Semaan Kachab, así como videos de declaraciones de trabajadores afectados por la situación.
Uno de los sectores en los que se presentan violaciones a los derechos de las personas trabajadoras es la agroindustria y en Costa Rica se han denunciado situaciones en cultivos de la palma. (Foto: Cortesía FENTRAG).
Por María Núñez Chacón
Conozca en esta entrega algunas de las prácticas en las que incurren empresas de la agroindustria, a través de las cuales violentan los derechos laborales de sus trabajadores.
Pensaren esclavitud en Costa Rica pareciera imposible, sobre todo porque es una nación que se jacta del respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de las normativas laborales y cuido al medio ambiente. Pero detrás de algunos negocios se esconden historias de trabajo forzoso, de explotación laboral, de graves padecimientos y enfermedades producto de la contaminación o exigencia de trabajo sin descanso y en condiciones insalubres.
La agroindustria costarricense tiene matices de trabajo forzoso, algo inimaginable para los mercados europeos o estadounidenses que consumen las deliciosas frutas que se exportan, con la promesa de hacerlo desde el respeto de los derechos laborales y las más altas normas de calidad.
Semanas atrás, UNIVERSIDAD participó de un encuentro con trabajadores de distintos sectores productivos del país, quienes relataron las principales prácticas que se realizan en los monocultivos ubicados en varios puntos país, donde las personas trabajadoras deben adaptarse o perder sus empleos, y en zonas rurales de gran vulnerabilidad económica, con altísimos niveles de pobreza y poco desarrollo económico, es un lujo que pocos están dispuestos a tomarse, a costa de su salud y su bienestar mental, físico y emocional.
En la actividad se conoció a profundidad una serie de denuncias sobre irrespeto a los derechos laborales, explotación laboral y exposición a productos dañinos para la salud como parte de los abusos en los que incurren compañías en las plantaciones de piña, banano y palma.
Según explicó Frank Ulloa, abogado laboralista y asesor de la Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA), una de las organizadoras del evento, han recibido muchas quejas y denuncias de personas que trabajan en las plantaciones agroindustriales del país por las malas prácticas de higiene, salud y seguridad laboral
“En muchos casos contratan a las personas a través de terceros, los contratos se realizan cada cuatro o cinco meses, si se organizan en sindicatos no los vuelven a contratar y en muchas ocasiones buscan migrantes que no conocen la legislación. Hacen arreglos directos con los comités de trabajadores ーque son nombrados por las mismas empresasー; en ciertas actividades como la caña y otras duermen en pocilgas, hacinados y si se accidentan lo manejan como una enfermedad común, evitan a toda costa enviarlos al Instituto Nacional de Seguros y los que se accidentan tratan de pagarles las prestaciones para que se vayan de la empresa”, detalló Ulloa.
Frente a esta realidad, están desarrollando una denuncia ante la OCDE y otros organismos internacionales, para evidenciar a todas las empresas que incurren en estas violaciones y simultáneamente iniciarán una campaña internacional para informar, tanto a las compañías compradoras como a los consumidores y sindicatos de las condiciones en que se producen la piña, la palma, el banano, la caña y otros.
Por su parte, Maikol Hernández Arias, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales (FENTRAG) explicó que en estos monocultivos se mantienen condiciones de explotación, y las empresas que dominan estos cultivos violan la normativa laboral y ambiental con absoluta impunidad por falta de la inspección del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
“Para nadie es un secreto que las multinacionales que controlan la compra de productos agroindustriales, la producción y la comercialización operan dentro del país como estados independientes. La institucionalidad pública no funciona para controlar las estrategias que imperan en estas compañías, por eso no hay suficientes denuncias, juicios o sentencias en contra de éstas, violan derechos humanos, violan la institucionalidad, fijan salarios a su antojo, imponen cargas de trabajo… es una instauración de esclavitud moderna”, condenó Hernández.
Las historias abundan, todas con un denominador común, son personas que dejan su salud, su bienestar y muchas veces su vida, en los campos de cultivos de productos que son vendidos en el exterior bajo sellos de calidad y responsabilidad social; mientras que ellos y sus familias viven en una cadena de trabajo forzoso, sin oportunidades para dedicarse a ninguna otra labor.
Explotación salarial
“Se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día”.
Obeth Morales Barquero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (SINATRAA) contó que las empresas el sistema de salario por destajo (remunerar a los trabajadores por unidad de obra realizada o servicio prestado).
Con esta metodología la compañía establece una fórmula para calcular los salarios, que implica imponer un ritmo, magnitud y cargas de trabajo que llevan a los trabajadores a autoexplotarse por 3.000 o 4.000 colones de más al salario de ley, trabajando más horas de las recomendables, algo que al final trae consecuencias graves e irreversibles en la salud.
“Ese mecanismo lo establece de manera unilateral el empleador, sin tener en cuenta a las organizaciones laborales, aunque estamos en contra del sistema, al menos quisiéramos ser parte de este proceso de definición, saber los parámetros que usa la empresa para definir la tarifa, porque no siempre es igual”, indicó.
Francisco (nombre ficticio para guardar la confidencialidad del entrevistado) es un trabajador de cultivos de piña y contó a UNIVERSIDAD que hace unos cuatro años lograban hacer unos 17.000 colones diarios en una jornada de 8 horas, deshierbaban constantemente el terreno, les daban sueros o hidratantes, tenía agua, carretas y un bus a disposición para movilizarlos. Hoy las condiciones han cambiado.
“Hoy ganamos unos 14.840 colones al día en jornadas exhaustivas, pues ha bajado la densidad de la semilla, aunque aseguran que con el salario por destajo podemos hacer tiempo extra si lo deseamos, lo cierto es que si no cubrimos la cuota en la jornada ordinaria nos amonestan y uno termina tan agotado que llega a la casa sin querer siquiera hablar con nadie”.
Dania es trabajadora en cultivos de palma y aseguró que también tienen problemas con el salario por destajo. “No sabemos el mecanismo que usan las empresas para establecer los salarios por jornadas, se deben recolectar 320 kilos para ganarse los 11.000 colones por día del salario mínimo, cuando la producción es alta es posible sacar esa cantidad a las 11 de la mañana, queda tiempo para sacar un poco más y tener un salario más decente, pero cuando está baja la jornada acaba y no se logra la meta”.
El problema, manifestó la trabajadora, es que la empresa debe reconocer el salario mínimo y si no es posible sacar la cuota dos o tres veces por semana, la empresa amenaza por bajo rendimiento y tampoco hacen la diferencia entre personas adultas y jóvenes, todos deben sacar los mismos 320 kilos de coyol.
¿Salud y seguridad en el trabajo?
“Debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas”
Ana es otra trabajadora de un monocultivo, específicamente de la piña, y reconoció que las condiciones de salubridad son pésimas. En los cultivos no hay baños cerca, por lo que deben hacer sus necesidades fisiológicas en zanjos.
“En ocasiones hay una cabaña, pero siempre está tan sucia que es imposible usarla, entonces la opción son los zanjos, las mujeres lo sufrimos aún más porque debemos cubrirnos entre nosotras para orinar o cambiarnos las toallas cuando estamos con la menstruación, de lo contrario debemos esperar hasta el mediodía para ir a la orilla de la montaña o a la lavandería”.
Otro problema, dijo Francisco, es que para sacar las cuotas de producto es necesario salir a trabajar al campo, dejar el bolso en las instalaciones principales, trabajar sin descansar, ni tomar agua fresca y con las altas temperaturas a las 8 de la mañana la que llevan es imposible de consumir. “Hay que trabajar, dejar el bolso lejos, sin descansar ni tomar agua para poder sacar la cuota, de vez en cuando nos dan una hielera una vez al mes, cuando uno exige un hidratante le dan uno, pero hay que rendirlo cuatro días”.
“Es una forma nueva de esclavitud, las empresas se aprovechan de las necesidades de las personas, que no tienen muchas oportunidades de empleo, con salarios bajos y cuando ya estamos muy enfermos o no les servimos nos sacan”, concluyó Dania.
No se pierda la segunda entrega de este reportaje, con historias sobre la esclavitud moderna en Costa Rica.
Trabajo periodístico de María Núñez Chacón del Semanario Universidad, compartido con SURCOS por Maikol Hernández.
Dania Obando, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Palma (SITRAPA) cuenta en este video sobre la importante victoria en su lucha sindical por conseguir que la empresa Palma Tica dispusiera de servicios sanitarios en las plantaciones de palma, para el uso de trabajadores y trabajadoras.
«Esta ha sido una lucha que inició el SITRAPA desde el 2018 con el apoyo de la Rel UITA, Fentragh y Ande. Es un gran logro observar los resultados de las denuncias nacionales e internacionales que se han realizado durante este tiempo», dijo Dania en diálogo con la Rel.
Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.
Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.
La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.
Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.
En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.
Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.
Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.
En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.
Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.
El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.
La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.
Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.
