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Etiqueta: salud pública

Flexibilización de límites para plaguicidas en el agua potable genera preocupación ambiental

Este material fue producido por el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica y este indica que un reciente análisis alerta sobre una modificación normativa que elimina los límites fijos de plaguicidas en el agua potable en Costa Rica. A través de un lenguaje técnico y regulatorio, el cambio introduce una nueva forma de gestión “caso por caso” que, según el Observatorio, reduce los estándares de protección de la salud pública y beneficia intereses agroindustriales.

El artículo señala que esta transformación regulatoria se enmarca en una lógica de regresión ambiental, donde se desmantelan conquistas históricas en materia de derecho al agua y protección del bien común. La flexibilización de los controles ocurre en un país donde ya existen casos documentados de contaminación de fuentes de agua por agroquímicos, lo que afecta de forma directa a comunidades rurales y periurbanas.

Además, se cuestiona la falta de participación pública y transparencia en el proceso de modificación del reglamento. El Observatorio advierte que la lógica técnica utilizada para justificar la medida encubre una decisión política que responde a sectores económicos con influencia institucional, debilitando la capacidad del Estado de garantizar el acceso seguro al agua como derecho humano.

Lea la nota completa aquí: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-el-agua-deja-de-ser-derecho-regresion-ambiental-y-captura-del-bien-comun/

Imagen: Semanario Universidad.

UNDECA presenta denuncia penal contra autoridades de la CCSS y ejecuta paro nacional por sistema ERP-SAP

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) interpuso una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción contra las más altas autoridades de la CCSS por presuntas irregularidades en la implementación del sistema ERP-SAP.

Según el comunicado emitido por la organización sindical, la denuncia se basa en «abundante prueba documental» y solicita la investigación de posibles delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción relacionados con el contrato N.º 2020-09.

UNDECA fundamenta su acción en oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales y expedientes contractuales que señalan «posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares» en un proyecto con un costo superior a los 50 millones de dólares.

La organización señala directamente a la presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández, y al director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, como responsables de impulsar la implementación del sistema en junio de 2025 «sin contar con condiciones técnicas mínimas» y en «claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos».

Paro nacional con alta participación

Paralelamente a la denuncia penal, UNDECA ejecutó un paro nacional este martes que, según la organización, alcanzó una participación de entre 80% y 90% en todo el país. El secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, indicó que el movimiento mantiene «la atención de servicios de emergencias y la atención a personas internadas, en apego a los principios éticos y solidarios del personal de salud».

La implementación del sistema ERP-SAP ha causado, según UNDECA, «caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud».

La organización sindical denuncia que las jefaturas han sido obligadas a «firmar declaraciones juradas de responsabilidad, eximiendo a los verdaderos responsables del desastre» y que el proyecto se ejecutó con «preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados».

UNDECA exige al Ministerio Público que adopte «medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario» y sostiene que «la salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social».

Modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable: grave retroceso en protección del agua y salud pública en Costa Rica

Pronunciamiento del Grupo Interuniversitario de Estudios Sociales del Agua

El pasado martes 24 de junio de 2025 el gobierno de Rodrigo Chaves aprobó, a través de la ministra de salud Mary Munive, una modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable (Decreto Ejecutivo No. 38.924-S), la cual representa una grave amenaza y un notable retroceso en la protección del agua y la salud pública en Costa Rica. Esta modificación resulta indignante, tanto en lo que respecta al contenido de la misma como al proceso mediante el cual fue impulsada. Como grupo de trabajo dedicado al estudio científico del agua desde una perspectiva socioambiental, a continuación, exponemos nuestros puntos de vista en relación con este acontecimiento:

  • En términos generales, la modificación al Reglamento eleva los límites máximos permitidos de residuos de plaguicidas en el agua para consumo humano. Se trata, tal como lo han denunciado diversos colectivos y organizaciones socioambientales, una “legalización de la contaminación” del agua.
  • Considérese, como contexto, que Costa Rica es uno de los países que a nivel mundial aplica mayor cantidad de plaguicidas por área agrícola. Se estima que en este país se aplican entre 10 y 35 kilogramos de ingrediente activo de plaguicida por hectárea agrícola, según diferentes fuentes. Por ejemplo, la base de datos de la FAO, Food and Agriculture Data (FAOSTAT), ubica a Costa Rica como el número uno en el mundo, con un promedio de 23,44 kg/ha entre 2000 y 2020, lo cual representa ocho veces más que el promedio del resto de países de la OCDE del continente americano.
  • En Costa Rica hay registrados más de 250 ingredientes activos con acciones biocidas, de los cuales se usan activamente más de 200. Aproximadamente la mitad de estos se consideran Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs), prohibidos en muchos países del mundo. Por volumen de uso, se estima que aproximadamente el 90% de los plaguicidas utilizados son PAPs.
  • La aplicación masiva de plaguicidas y otros agroquímicos tóxicos ya representa un grave problema ambiental y de salud pública en el país. Amplia investigación científica ha evidenciado la correlación entre la aplicación de estos productos y la incidencia de diferentes enfermedades y padecimientos. Por citar un ejemplo, Costa Rica ocupa el 11º lugar en incidencia y el 13º en mortalidad por cáncer gástrico en el mundo.
  • Según el PNUD, las erogaciones realizadas por la Caja del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) entre el 2018 y el 2020 para brindar cuidado médico y por concepto de incapacidades laborales debido a intoxicaciones provocadas por estas sustancias, en promedio, alcanzaron para esos años el monto de 5 580 554 201 colones. El 87% de esa cifra corresponde a gastos clínicos. Es oportuno indicar que las intoxicaciones representaron aproximadamente el 0,35% del PIB Agrícola de Costa Rica para esos años.
  • Además de elevar los límites máximos de plaguicidas permitidos, la modificación al Reglamento incorpora el concepto de “Valor de Alerta”, sustituyendo el concepto hasta entonces vigente de “Valor Máximo Admisible”. Este cambio implica que, frente a una posible contaminación del agua para consumo humano, la población continuará consumiéndola mientras se determina mediante estudios técnicos si efectivamente los niveles de plaguicida sobrepasan los límites máximos permitidos. Es decir, violenta el principio precautorio indubio pro salud.
  • La modificación al Reglamento fue sometida a consulta pública, a partir de la cual recibió numerosos cuestionamientos de parte de sectores académicos, técnicos, comunitarios y ambientales. Entre estos, se pronunciaron las universidades públicas, la Academia Nacional de Ciencias, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, los cuales defendieron sus posiciones con argumentos sólidos y bien documentados. Es decir, la modificación al Reglamento se impulsó de forma antidemocrática y anticientífica.

En fin, la modificación al Reglamento para la Calidad del Agua Potable representa un nefasto acontecimiento en la vida social y política del país y un retroceso en materia ambiental, que exige una respuesta enérgica y organizada de parte de los diversos sectores de la sociedad costarricense. Se trata de una modificación legal que autoriza el consumo humano de agua contaminada con plaguicidas tóxicos, sin respaldo técnico ni científico, impuesto de manera autoritaria al servicio de los intereses empresariales del agronegocio. Resulta sorprendente la irresponsabilidad y la insensatez de esta medida, pues la política pública que correspondería aplicar debería ser todo lo contrario: regular y limitar el uso de plaguicidas tóxicos, en beneficio del ambiente y la salud de la población.

Referencias

Castro-Vargas, María Soledad (2023). Pesticides, plantations and the State. The making and un-making of the Térraba-Sierpe delta. Tesis de Doctorado, Universidad Autónoma de Barcelona.

Dávila, Adriana. et al. (2018). Caracterización clínica y epidemiológica de la población tamizada en el Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico, Costa Rica, período 1996-2015. Revista Costarricense de Salud Pública, 27(2), 68-81.

Pacheco, José Francisco.; Idriago, Déborah. (2022). Costo Económico y Fiscal del uso de plaguicidas en Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

Vargas, Elídier. (2021). Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica. San José: PNUD Costa Rica.

UNDECA denuncia conflicto por perfil de puestos en la Caja

Comunicado de UNDECA

San José, Costa Rica – 25 de junio de 2025

Los trabajadores y trabajadoras de quirófanos del Hospital Calderón Guardia, junto con el Sindicato UNDECA, se encuentran en estado de máxima alerta ante las reformas estructurales impuestas por MIDEPLAN a la CCSS con la Ley de Empleo Público sobre los perfiles de puestos de exclusivos, excluyente y concurrentes, que buscan fusionar puestos, precarizar el empleo y los salarios, mientras debilita los servicios de salud pública.

UNDECA advierte que estas medidas afectarán gravemente la calidad de servicios que brinda la Caja, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, declaró:

«Todo esto es producto de una violenta Ley de Empleo Público, impulsada por el sector empresarial, los gobiernos neoliberales anteriores y continuada por Rodrigo Chaves Robles. Su objetivo es desmantelar la CCSS, recargar de trabajo a los funcionarios y abrir el gran negocio de la privatización.»

Asistentes de Quirófanos y más puestos en la mira

Entre los primeros afectados están los Asistentes de Quirófanos, cuyo perfil está siendo eliminado. Sin embargo, todos los puestos están en peligro, ya que la estrategia es recortar personal y deteriorar la atención, para justificar la privatización.

Huelga en defensa de la CCSS

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores del Calderón Guardia están dispuestos a ir a una movilización, y han recibido el respaldo de otros centros nacionales. UNDECA y las bases sindicales llaman a estar alertas para frenar este ataque contra la CCSS.

Llamado urgente a la población

UNDECA hace un llamado a:

  • Los asegurados, para que exijan salud pública de calidad.

  • Las organizaciones sociales, a unirse en la defensa de la CCSS.

¡No a la privatización de la salud!
¡La CCSS no se vende, se defiende!

Foto: Personal del Hospital Calderón Guardia esperan a las autoridades del hospital y de la CCSS para dialogar sobre el conflicto de perfiles de puestos.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

Foro: “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”

El 19 de junio de 2025 se llevó a cabo el foro “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, organizado por la Academia Nacional de Ciencias (ANC) y transmitido a través de su canal de YouTube.

En este espacio, especialistas en salud y política social analizaron el estado actual de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y ofrecieron distintas perspectivas sobre su sostenibilidad financiera, la cobertura universal de salud y los desafíos institucionales que enfrenta la seguridad social en Costa Rica.

La primera exposición del foro, titulada “El seguro de salud de la CCSS: la solidaridad, universalidad y equidad en disputa”, presentada por la Dra. Ana Sojo Martínez, abordó la relevancia de estos principios como pilares de la seguridad social en Costa Rica.

Se enfatizó que, a diferencia de los seguros privados, el sistema de salud público redistribuye beneficios de manera intrapersonal y comparte riesgos individualmente, lo cual refuerza su carácter solidario.

La Dra. Sojo también advirtió sobre los intentos de debilitamiento institucional durante la administración Chaves, mediante medidas como el desfinanciamiento, la introducción de copagos y el aumento del gasto de bolsillo en salud. Finalmente, señaló la urgencia de saldar la deuda estatal acumulada con la Caja y de realizar inversiones en infraestructura para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Seguidamente, el Dr. Luis Rosero Bixby presentó la ponencia: “El enorme reto de la demografía a la seguridad social en Costa Rica”, en la cual analizó el impacto del envejecimiento poblacional sobre la sostenibilidad del sistema. Señaló que, aunque la población costarricense se mantendrá alrededor de los cinco millones en las próximas dos décadas, podría comenzar a disminuir entre 2050 y 2075.

Esta transformación demográfica plantea serios desafíos financieros. Ante este panorama, el Dr. Rosero propuso medidas como que las personas pensionadas paguen seguro de salud, establecer un impuesto a las rentas de activos, aplicar un impuesto al valor agregado y aumentar la edad de retiro.

La presentación del Dr. Carlos Zamora Zamora “Las listas de espera en la Caja” abordó uno de los problemas más visibles del sistema de salud costarricense. Se presentaron cifras alarmantes: más de 34,000 personas en espera de una cita con un especialista, 72,300 para una cita diagnóstica y 19,000 para una cirugía.

Al comparar con datos de hace 25 años, se evidenció un aumento considerable en los tiempos de espera. El Dr. Zamora enfatizó que este fenómeno no es una consecuencia inevitable de la cobertura universal, sino el resultado de decisiones administrativas y una gestión ineficiente. Como posibles soluciones, propuso un uso más eficaz de los recursos disponibles y la implementación de una planificación estratégica a largo plazo.

Finalmente, la Dra. María Luisa Ávila Agüero en su exposición: “La Caja Costarricense de Seguro Social: Perspectivas desde la Salud Pública” analizó los retos actuales de la CCSS desde una mirada integral. Señaló la grave escasez de especialistas en áreas clave como oncología, geriatría y psiquiatría, y subrayó la urgencia de fortalecer la formación profesional y ofrecer mayores incentivos docentes.

Además, expuso preocupantes datos sobre el estado de salud de la población: un 34 % de las personas adultas presenta obesidad y un 50 % mantiene un estilo de vida sedentario. La Dra. Ávila también indicó que la pandemia de COVID-19 erosionó la confianza en las instituciones de salud, lo cual hace aún más necesario reforzar el primer nivel de atención Finalmente, enfatizó que mejorar la salud pública requiere intervenir también en los determinantes sociales.

Mediante el siguiente enlace puede acceder a la grabación del foro:

ANEP denuncia crisis en la implementación del sistema ERP-SAP en la CCSS

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha alertado sobre la grave crisis que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debido a la implementación del sistema ERP-SAP. Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP, y Orlando Soto Aguilar, delegado Sindical ANEP-CCSS, expresaron su preocupación por los impactos negativos que este sistema está generando en la atención a la población asegurada.

Vargas Barrantes indicó que las farmacias de la CCSS continúan bloqueadas por inconsistencias en los saldos, lo que amenaza con un desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales. Además, se están procesando alrededor de 2,000 facturas relacionadas con deudas pendientes a proveedores que ascienden a la alarmante cifra de $24,038,989.43 (veinticuatro millones de dólares).

Orlando Soto Aguilar hizo un llamado a la población asegurada a mantenerse vigilante ante las acciones de la CCSS en este proceso. También exigió a la Junta Directiva de la CCSS que detenga la implementación del sistema ERP-SAP para evitar mayores consecuencias negativas en los servicios de salud.

La ANEP ha comenzado a interponer las denuncias correspondientes ante las instancias pertinentes para que se investigue a fondo esta crítica situación que afecta la salud pública en el país. Este llamado es parte del compromiso de la ANEP por visibilizar y defender los derechos de todas las personas aseguradas.

Foto: Fabián Hernández Mena

Foro abordará la situación actual y los desafíos de la seguridad social y la CCSS

La Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica invita al foro virtual “Seguridad social y la CCSS: situación actual y desafíos futuros”, que se llevará a cabo el jueves 19 de junio de 2025 a las 10:00 a.m. (16:00 UTC o GMT).

El evento contará con la participación de personas expertas que han desarrollado una amplia trayectoria en la materia:

  • Ana Sojo Martínez, consultora independiente en protección social e investigadora de la CEPAL entre 1989 y 2016.

  • María Luisa Ávila Agüero, pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños e integrante de la Academia Nacional de Ciencias.

  • Luis Rosero Bixby, demógrafo y salubrista, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica e integrante de la Academia Nacional de Ciencias.

  • Carlos Zamora Zamora, médico y estudioso de la seguridad social y del sistema de salud costarricense.

El foro será transmitido en vivo por las plataformas de Facebook y YouTube de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica.

Conferencia conmemora 40 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños

La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica organiza una conferencia virtual titulada “A 40 años de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños y la situación actual de adolescentes y jóvenes”. Esta actividad cuenta con el aval del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica como académicas que busca promover la actualización médica y el intercambio de conocimientos sobre temas de relevancia en el ámbito de la salud.

La charla será impartida por el Dr. Alberto Morales Bejarano, reconocido pediatra y experto en adolescentes, quien también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Durante la exposición, el Dr. Morales Bejarano abordará tanto la trayectoria histórica de la Clínica de Adolescentes del Hospital Nacional de Niños como el panorama actual de salud y bienestar de los adolescentes y jóvenes en Costa Rica.

El evento se llevará a cabo el jueves 5 de junio de 2025, a las 7:00 p.m. (hora Costa Rica) y será transmitido de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Además, la conferencia será retransmitida en vivo mediante la cuenta oficial de Facebook de la Academia Nacional de Medicina (@ACANAMED), lo que facilitará el acceso a un público más amplio.

Esta actividad está avalada con 1 crédito de recertificación médica por el Departamento de Desarrollo de Competencias Docentes (DCD), lo cual representa un incentivo académico adicional para los médicos incorporados que participen. La participación requiere confirmación previa al correo electrónico info@acanamed.com o mediante contacto telefónico al número 2296-7615, debido a que el cupo es limitado.

La conferencia representa una oportunidad para reflexionar sobre cuatro décadas de atención especializada en adolescentes desde una perspectiva médica, social y educativa, así como para analizar los retos contemporáneos que enfrentan los jóvenes en el país. Se espera que esta actividad motive un diálogo constructivo entre profesionales de la salud y otros actores interesados en el bienestar juvenil.

Instituto Clodomiro Picado: 55 años de contribuciones a la salud pública y al desarrollo científico-tecnológico

José María Gutiérrez. Profesor Emérito, Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica
Yamileth Angulo. Directora Instituto Clodomiro Picado, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica

El Instituto Clodomiro Picado (ICP), adscrito a la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica (UCR), fue creado en abril de 1970. Su fundación fue el corolario de una cadena de esfuerzos nacionales que arrancaron con el trabajo pionero del destacado científico Clodomiro Picado Twight en las primeras décadas del siglo XX. Estas iniciativas tuvieron un punto de inflexión importante en la década de 1960, cuando se desarrolló un proceso interinstitucional e internacional, denominado ‘Programa de Sueros Antiofídicos’, cuyo objetivo fue producir en Costa Rica sueros antiofídicos para el tratamiento de los envenenamientos por mordedura de serpiente. Estos esfuerzos llevaron a la producción de los primeros lotes nacionales de sueros antiofídicos, en 1967, los cuales fueron evaluados en el sistema de salud pública y mostraron su eficacia.

Dando seguimiento a este éxito inicial se fundó, en abril de 1970, el Instituto Clodomiro Picado, el cual era inicialmente una dependencia del Ministerio de Salubridad Pública. Se construyeron los laboratorios ubicados en Dulce Nombre de Coronado y se dieron los primeros pasos en la consolidación del contingente humano del proyecto. En 1972 ocurrió un cambio de enorme importancia, al firmarse un convenio entre el ministerio y la UCR que convirtió al ICP en una unidad de esta universidad, adscrita a la Facultad de Microbiología.

La pertenencia a la UCR ha sido fundamental ya que permitió que el ICP ampliara su marco de acción para incorporar, además de la producción de sueros antiofídicos, las labores universitarias sustantivas de investigación, acción social y docencia. Así, el ICP asumió una filosofía de desarrollo integral, centrada en la misión de contribuir a la solución del problema de los envenenamientos ofídicos mediante una acción colectiva que incluía generación de conocimiento mediante la investigación y la proyección de esos insumos científico-tecnológicos a la sociedad y a la enseñanza universitaria. Desde sus inicios se desarrolló una cultura institucional centrada en el trabajo en equipo y la integración de los aportes de todas las personas involucradas.

Un sólido programa de ciencia y tecnología endógenas

Desde sus inicios el ICP puso gran énfasis en consolidar una agenda de investigación ambiciosa en temas relacionados con las serpientes, los venenos y los sueros antiofídicos. Esta agenda ha incluido la biología de las serpientes y otros animales ponzoñosos, el conocimiento de la naturaleza química de los venenos y sus mecanismos de acción, la búsqueda de nuevas sustancias inhibidoras de las toxinas de venenos, la epidemiología y características clínicas de los envenenamientos, la evaluación preclínica de la eficacia de los sueros, el estudio de toxinas de otros organismos como bacterias, escorpiones, abejas y peces, y el desarrollo tecnológico dirigido al mejoramiento de los sueros antiofídicos y la generación de nuevos medicamentos.

A lo largo de su evolución, el ICP ha establecido fuertes lazos de cooperación con otros grupos de investigación en el país y en todos los continentes, lo cual le ha permitido incorporarse a redes globales de generación de conocimiento y aportar a la comprensión de las serpientes, los venenos y los sueros antiofídicos no solo de Costa Rica sino también de otras latitudes. Este proceso se ha acompañado de la consolidación de un colectivo de investigadoras e investigadores de alto nivel, quienes han forjado una plataforma científico-tecnológica de excelencia. Así mismo, estas personas han contribuido con la docencia universitaria de grado y posgrado, mediante cursos y también guiando a estudiantes en la elaboración de sus tesis. Precisamente este amplio contingente estudiantil que ha trabajado en el ICP ha sido un protagonista central en la generación de nuevo conocimiento mediante la investigación.

Los sueros antiofídicos: de Costa Rica al mundo

La producción de sueros antiofídicos en el ICP inicialmente se enfocó en aportar este medicamento al sistema de salud pública nacional, objetivo que se cumplió durante su primera década de existencia. Conforme se fue consolidando la capacidad productiva, y gracias a una filosofía de innovación y creatividad continua, con la participación de todas las personas encargadas de la producción del suero y con los insumos emanados de la investigación y el desarrollo tecnológico, se incrementó el volumen de suero producido. Ello permitió iniciar la distribución de este medicamento a todos los países de la región centroamericana. Posteriormente este proceso condujo a aportar a las necesidades de suero antiofídico de Ecuador y, más recientemente, de Perú y otros países de América Latina y el Caribe.

A partir de la década del 2000, y debido a la crisis de abastecimiento de sueros antiofídicos en otras regiones del mundo, el ICP se comprometió al desarrollo de sueros para el tratamiento de envenenamientos ofídicos en el África sub-Sahariana, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka y, más recientemente, el Medio Oriente y el norte de África. En particular el suero para el África sub-Sahariana ha tenido un gran impacto en la salud pública de varios países en dicha región. El envenenamiento por mordedura de serpiente es una ‘enfermedad tropical desatendida’, descuidada por las grandes empresas farmacéuticas y las agendas de investigación globales, una enfermedad que afecta a los sectores más vulnerabilizados de regiones rurales de los países del Sur Global. Por ello, los aportes del ICP se inscriben en el contexto de la filosofía de solidaridad y procura del bien común que marca el ethos de la UCR. A lo largo de su historia el ICP pasó de producir 10.000 frascos de suero por año, en la década de 1970, a producir 120.000 frascos en la actualidad. Miles de vidas se han salvado gracias a este medicamento.

Esta amplia experiencia en el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos le ha permitido al ICP incursionar en otros tipos de productos derivados de sangre, como albúmina e inmunoglobulinas humanas y un suero contra el virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia de COVID-19. Ello también ha permitido iniciar procesos de transferencia tecnológica, mediante los cuales el ICP proyecta sus conocimientos para que otros laboratorios produzcan medicamentos derivados de proteínas de la sangre.

La proyección del conocimiento a la sociedad

Además de aportar en la solución del problema de los envenenamientos mediante la producción y distribución de sueros antiofídicos, el ICP ha consolidado un programa de acción social o extensión mediante el cual se transmiten los conocimientos generados por la investigación a amplios sectores de la sociedad. Esto se basa en actividades en comunidades con alta incidencia de mordeduras de serpientes, incluyendo comunidades indígenas, así como alianzas con instituciones, lo cual permite difundir los conceptos básicos de la prevención de las mordeduras y de cómo actuar en caso de que estas ocurran. También el ICP ha puesto atención a los programas de educación continua a las y los profesionales y estudiantes del sector salud y, conjuntamente con estos sectores, ha elaborado manuales y algoritmos sobre el tratamiento de los envenenamientos.

En estos procesos se ha desarrollado una estrecha cooperación con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. El crecimiento del ICP ha ido de la mano con la consolidación del sistema de salud pública costarricense, de manera que se cuenta con sueros antiofídicos en los tres niveles de atención de la CCSS, y las y los profesionales de la salud tienen un conocimiento amplio del diagnóstico y manejo de estas emergencias médicas. Más aún, estas actividades de educación continua se han desarrollado también en el plano internacional en diversos países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Aportes en la política pública regional y global

Además de sus aportes a nivel nacional, la experiencia generada por el ICP le ha permitido convertirse en un protagonista activo en la gestación de política pública en el tema del ofidismo a niveles regional y global. El ICP impulsó la creación de una red latinoamericana de laboratorios públicos de sueros antiofídicos, la cual se ha consolidado en los últimos años con la creación de la Red Latinoamericana de Laboratorios Públicos Productores de Antivenenos (RELAPA), bajo la coordinación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, el ICP, en estrecha colaboración con los ministerios de salud y relaciones exteriores y con la misión permanente de Costa Rica ante los organismos de la Naciones Unidas en Ginebra, conjuntamente con diversas organizaciones no gubernamentales y representaciones de 22 países, lograron posicionar el tema del envenenamiento ofídico en la agenda de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se aprobara una resolución sobre este tema en la Asamblea Mundial de la Salud del año 2018, en la cual se conmina a los países a desarrollar programas de prevención y control de este problema de salud.

Conclusión: un proyecto nacional con proyección global

El desarrollo del ICP le ha permitido a Costa Rica generar una base científico-tecnológica endógena en un tema clave de salud pública, la cual ha tenido impacto no sólo en el país sino también en muchas otras regiones. Este proyecto se ha desarrollado en el seno de la UCR, ha contado con el decidido apoyo de esta institución y ha estado marcado por la filosofía de excelencia académica y procura del bien común que caracteriza a esta universidad. Además, el ICP es parte del sólido desarrollo de la salud pública del país, por lo que debe verse como un elemento de un entretejido institucional público de gran valor, el cual debe ser defendido y fortalecido. Los logros alcanzados deben hacernos reflexionar sobre la importancia de apostar por el desarrollo científico-tecnológico de base endógena en Costa Rica, dirigido a la comprensión de fenómenos de relevancia y a la solución de problemas, mediante esfuerzos interdisciplinarios que combinen la ciencia básica y aplicada y el desarrollo tecnológico, en estrecha relación con amplios sectores institucionales y sociales del país y de otras regiones.