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Etiqueta: salud pública

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com

Costa Rica: un país saludable y amigable

Álvaro Vega Sánchez

Convertirnos en uno de los países más saludables y amigables de América Latina es una apuesta atrevida, pero viable. Hemos probado, en década pasadas, que esa aspiración no es ninguna quimera. Nuestros visionarios líderes políticos, sociales y religiosos crearon el cimiento legal e institucional que apuntaba a esa meta.

Por una parte, desde la década de 1940, se creó una legislación de avanzada en materia de salud pública universal y la respectiva institucionalidad, que le brindó el soporte requerido para alcanzar logros encomiables en materia de salud. Una institución como la Caja Costarricense del Seguro Social, que ha sabido brindar servicios universales de calidad, así como una institución de educación superior pública, la Universidad de Costa Rica, que ha preparado a médicos y trabajadores de la salud al más alto nivel profesional, ético y humanista. Las altas calificaciones de los médicos graduados en esta institución, es una prueba contundente de los niveles de profesionalización y competencia alcanzados hasta hoy.

Por otra parte, en el marco de la Junta Fundadora de la Segunda República, se elevó a rango constitucional la abolición del ejército en 1949, y Costa Rica se convirtió así en el primer país desmilitarizado de América Latina y el segundo en el mundo. Asimismo, Costa Rica es la sede de la Universidad para la Paz, creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980. También se estableció la Ley de Neutralidad en 1986. Y el país fue protagonista en la solución del conflicto bélico en Centroamérica en las décadas de 1980-1990.

Cabe destacar también, que el país tiene una trayectoria de solidaridad y hospitalidad con inmigrantes, por motivos políticos y económicos, de muchos países suramericanos y centroamericanos, particularmente con una amplia población que ha emigrado del país vecino Nicaragua. En este aspecto, ha contribuido significativamente a propiciar una convivencia pacífica, inclusiva y afectiva de alcance continental.

Y en materia de cuido y protección de la naturaleza desde hace rato nos convertimos en uno de los países más amigables con la madre tierra, lo que nos ha deparado reconocimientos internacionales. Somos un país “ecológicamente rico”, y esa riqueza la hemos convertido en patrimonio de la humanidad. También visionarios estadistas costarricenses y visitantes extranjeros que hicieron de nuestro país su casa, más bien su jardín, nos han legado el país del 25% de su territorio convertido en áreas protegidas, como parques nacionales.

Hoy, cuando la violencia se intensifica en sus diversas manifestaciones: violencia económica, simbólica, ecológica, política, criminal y social, así como los conflictos bélicos en diversas regiones del mundo, sería un acierto que nuestro pequeño país pudiera levantar la bandera de la convivencia amistosa, pacífica y saludable. Un faro de esperanza en tiempos donde los muros del odio, la avaricia y la frivolidad nos conducen a sociedades violentas, desiguales, insalubres e insostenibles.

A ver si los candidatos y candidatas a presidente para el próximo período de gobierno (2026-2030) asumen este desafío y se comprometen a fortalecer y actualizar la legislación y la institucionalidad en materia de salud y de seguridad públicas, y la promoción de una verdadera cultura de paz, que nos convierta en el mediano plazo en uno de los países más amigables y saludables de América Latina.

Saqueo en la CCSS: Gobierno de Chaves y sus títeres entregan la salud a la corrupción

El Partido Vanguardia Popular condena enérgicamente el grave acto de corrupción y despilfarro cometido en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que pagó $1,9 millones a la empresa encargada del sistema contable ERP-SAP, pese a múltiples fallas, advertencias internas y evidencias de su fracaso. La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, es juez y parte en este contrato.

Este no es un “error técnico” aislado, sino un saqueo institucional coordinado. El sistema ha presentado graves problemas: fallos en el registro de recetas, descontrol en inventarios farmacéuticos y atrasos en pagos a proveedores, afectando directamente la atención médica. Desde diciembre de 2024 se habían emitido alertas que fueron ignoradas, y aun así se aprobó el pago de forma express, sin exigir correcciones ni revisar los entregables.

El Partido responsabiliza directamente al gobierno de Rodrigo Chaves, a la Presidencia y a la Junta Directiva de la CCSS, que actuaron como títeres del poder político, avalando contratos espurios, pagos injustificados y removiendo ilegalmente a la directora Martha Rodríguez González, la única que cuestionaba estas decisiones.

Este caso es parte de un plan de saqueo sistemático disfrazado de “modernización estatal”. Por ello, el Partido Vanguardia Popular exige:

Investigación inmediata e independiente por parte de la Contraloría, Fiscalía y órganos de control, incluyendo auditorías forenses y trazado financiero.

Sanciones ejemplares a todos los responsables, políticos y técnicos.

Recuperación de los fondos desembolsados ilegalmente o pagados sin resultados positivos del ERP.

Que no se use la corrupción, fomentada desde las altas esferas político empresariales, como excusa para privatizar servicios o recortar derechos.

La corrupción afecta directamente la vida del pueblo. Llamamos a organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía a exigir justicia, vigilancia y rendición de cuentas.

Partido Vanguardia Popular
7 de octubre de 2025

UNDECA exige renuncia inmediata en pleno de la junta directiva de la CCSS

Comunicado

Todo menos aceptar lo obvio: el ERP fracasó.

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (UNDECA) exige la renuncia en pleno, inmediata, de la presidenta ejecutiva y de las personas directoras de la Junta Directiva de la CCSS. La salida apresurada del sistema, contra criterios técnicos y advertencias internas, detonó una crisis operativa, financiera y sanitaria que lesiona el interés público y el derecho de la población a servicios de salud eficientes.

La Junta Directiva no quiere admitir

  • Puesta en producción atropellada con módulos inestables, generando interrupciones y datos inconsistentes, pese a alertas técnicas previas y posteriores.

  • Diferencias contables e inventarios (duplicaciones, inconsistencias y conciliaciones fallidas), con brechas superiores a ₡18 mil millones entre SIF/SAP (mayo–junio 2025).

  • Rezagos de hasta 4 meses en información de inventarios/consumos, controles manuales, desabastecimiento y sobrecarga operativa.

  • Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados (p. ej., fentanilo), que obligan suspender, al menos temporalmente, el uso del ERP-SAP para restituir la trazabilidad.

  • Amenaza al presupuesto 2026, ambiente laxo de control interno, tensión laboral y daño reputacional a la institución.

La responsabilidad principal de este caos recae en la Junta Directiva, en la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien la propia Junta asignó la gobernanza del ERP (dirección estratégica, gestión de riesgos y decisiones de alcance, tiempo y costo). La rendición de cuentas y el deber de probidad son exigencias constitucionales y legales (arts. 9, 11 y 73 C.Pol., art. 3 de la Ley 8422).

UNDECA defenderá, con firmeza y sin concesiones, la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

Adjunto: Carta abierta SG-0920-202

Finca El Maderal: pulmón verde de San José en riesgo

Vecinas y vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea se organizan para defender la Finca El Maderal, un área de más de 12 hectáreas de vida silvestre ubicada dentro del Corredor Biológico Interurbano Torres-María Aguilar, frente a un proyecto municipal que busca instalar un “parque ambiental” con planta de compostaje y centro de clasificación.

La Finca El Maderal es mucho más que un terreno, es un bosque que alberga más de 146 especies de aves, algunas únicas en el país, y que protege nacientes de agua que alimentan el río Torres. Su ubicación en una zona de alta sensibilidad hídrica la convierte en un espacio vital para la biodiversidad y la recarga acuífera del cantón.

La propuesta municipal es vista por la comunidad como un intento de convertir la finca en un relleno sanitario encubierto, dada la necesidad de botaderos que enfrenta el Gran Área Metropolitana. Las y los vecinos alertan sobre el alto riesgo de lixiviados y escorrentías hacia el río Torres, lo que contradice el principio de tutela ambiental preventiva.

Además, no existe un plan de control de vectores ni de olores, lo que pone en riesgo la salud pública y contraviene la Ley General de Salud (Ley.5395). También se proyecta una pérdida de hasta el 40 % en el valor de las propiedades cercanas, lo que afectaría el bienestar económico de las familias.

En esta misma línea, La Unidad Técnica de Gestión Vial (UTGV), mediante el Oficio MG-AG-UTGV-0212-2025 (28/05/25), confirmó la inviabilidad de accesos para tránsito pesado, ya que las calles son estrechas, con pendientes pronunciadas, radios de giro inadecuados, puente de un solo carril y ausencia de estudios estructurales de pavimento. Esto genera preocupación sobre el deterioro de la infraestructura local y la seguridad vial.

Las y los vecinos insisten en que la finca no es un lote baldío, sino parte de la Reserva de la Biosfera del Río Torres. Cada árbol y cada planta son parte de una red de vida que beneficia a toda el Área Metropolitana. La comunidad asegura que su voz será más fuerte que cualquier plan que atente contra este bosque y llaman a la ciudadanía a sumarse a su defensa: ¡Defendamos El Maderal!”

Para más información, actualizaciones y acciones locales, visite la página de Facebook de la organización: https://www.facebook.com/profile.php?id=61580471483497

Fuente imágenes: Página de Facebook Vecinos por El Maderal-Mata de Plátano y Semanario Universidad.

Marcha conmemora el Día de la Defensa de la CCSS por doceavo año consecutivo

El próximo sábado 8 de noviembre de 2025 se realizará la marcha del Día de la Defensa de la CCSS, convocada por el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS). Esta actividad se ha consolidado a lo largo de doce años como un espacio ciudadano para expresar el compromiso con la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La movilización iniciará a las 9:00 a. m. en el Parque de la Merced, San José, y culminará frente al edificio central de la CCSS, donde se llevará a cabo una peña cultural.

Con la consigna “¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”, FRENASS invita a todas las personas a participar portando banderas, pancartas y consignas que reflejen la importancia de defender la seguridad social como patrimonio de Costa Rica.

La organización subraya que esta jornada busca reafirmar el papel histórico de la CCSS en la salud y bienestar de la población, en un contexto donde la ciudadanía se une para rechazar cualquier intento de debilitamiento de la institución.

Tribunal Contencioso Administrativo da curso a apelación de ANEP en el caso barrenador

El Tribunal Contencioso Administrativo admitió la apelación presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el denominado “caso barrenador”. Esto significa que, pese a que desde la Presidencia de la República se afirmó que el proceso estaba concluido, la instancia judicial determinó que el caso continúa vigente y programó una audiencia para noviembre. Todo esto en un video grabado por Don Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP.

Desde la ANEP se subraya que esta resolución desmiente las declaraciones recientes del presidente de la República, quien aseguró que el tema estaba cerrado. Por el contrario, el Tribunal notificó al sindicato que la denuncia fue admitida y que, en la próxima audiencia, se debatirá si el caso sigue adelante.

El sindicato sostiene que su tesis es clara: existen indicios de sobreprecios e irregularidades en el proceso de adjudicación de centros de salud a cooperativas y a un ente privado, en detrimento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este sentido, la organización reiteró su compromiso de continuar la lucha para garantizar la transparencia y la legalidad en cada etapa de este proceso.

La ANEP remarcó que la discusión final de noviembre será clave para definir el futuro de este expediente y reafirmó su llamado a la familia laboral de la Caja y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la evolución del caso.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace:

Fallo del Tribunal Contencioso sobre adjudicación de EBAIS sacrifica la salud pública

ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes

La reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo que rechazó la medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos Y privados (ANEP) contra la adjudicación de 138 EBAIS a cooperativas y una asociación privada es jurídicamente débil y socialmente peligrosa.

El propio Tribunal reconoce que existen indicios serios de irregularidades y sobreprecios millonarios en la contratación, pero inexplicablemente se refugia en formalismos para permitir la ejecución de un contrato que compromete más de ¢170.000 millones.

Con esta decisión, se ignora el carácter preventivo de la justicia cautelar, se debilita la protección del derecho fundamental a la salud y se prioriza la continuidad de contratos cuestionados sobre el interés público. El fallo, en lugar de resguardar la hacienda pública y la confianza ciudadana en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), abre la puerta a la consolidación de un modelo de tercerización opaco y gravoso.

La ciudadanía merece instituciones que actúen con firmeza para proteger sus derechos y los recursos de la seguridad social, no resoluciones que los dejen en riesgo. Por lo que la ANEP apelará el fallo ante las instancias correspondientes.

Esta sentencia que rechaza la medida cautelar interpuesta por la ANEP evidencia falencias graves en la aplicación de los principios de justicia cautelar.

1.Contradicción central: el Tribunal admite la existencia de apariencia de buen derecho, es decir, que la demanda no es temeraria y existen indicios razonables de nulidad y sobreprecios. Sin embargo, niega la medida por falta de “peligro en la demora”. Esta lógica vacía de contenido el requisito del fumus boni iuris y convierte la eventual sentencia de nulidad en letra muerta, pues los efectos del contrato ya estarán consumados.

2.Formalismo excesivo: exigir a la ANEP pruebas actuariales o estadísticas completas en esta etapa cautelar desnaturaliza la función preventiva de la medida, que opera bajo un estándar de verosimilitud, no de certeza.

3.Omisión del principio pro homine: el fallo pasa por alto que el derecho a la salud y a la seguridad social obligan a la judicatura a adoptar medidas protectoras en caso de duda. El riesgo de afectar la atención médica de miles de usuarios no puede relativizarse en nombre de la continuidad administrativa.

4.Ponderación sesgada: el Tribunal da por hecho que suspender la adjudicación causaría más daño que mantenerla, sin demostrarlo ni valorar alternativas. Se sacrifica la transparencia y el control de legalidad bajo el pretexto de proteger la continuidad de un servicio que, en todo caso, la CCSS tiene el deber constitucional de garantizar.

En suma, la resolución evidencia un sesgo de complacencia hacia la contratación cuestionada, protege la inercia contractual sobre los derechos fundamentales y erosiona la confianza ciudadana en la tutela judicial efectiva. La justicia cautelar debía actuar para prevenir daños irreparables a la salud y a la hacienda pública; el Tribunal, lamentablemente, optó, por lo contrario.

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.

¡Cinco millones de dólares paralizados por un software fallido!

Comunicado

ERP-SAP pone en riesgo salud de la población

UNDECA denuncia con profunda preocupación y firmeza que el robot de farmacia del Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, una inversión pública superior a los $5 millones de dólares, se encuentra completamente paralizado debido a la fallida implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este robot de alta tecnología fue adquirido con fondos públicos para modernizar el proceso de dispensación de medicamentos, mejorar la atención a los usuarios de la región Pacífico Central. Sin embargo, no puede operar debido a que el nuevo sistema informático ERP-SAP no es compatible con el Sistema de Información Farmacéutica Automatizado (SIFA), impidiendo su integración, conexión y funcionamiento.

Esta grave situación está provocando riesgo ocupacional, síndrome de «born out» por trabajo manual sobrecargado a las personas trabajadoras e incremento del riesgo de errores.

Graves consecuencias por una mala planificación tecnológica

Este hecho evidencia la improvisación, falta de previsión técnica y ausencia de pruebas piloto rigurosas en la implementación del sistema ERP-SAP, que ha sido impuesto de forma inconsulta e irresponsable por la alta gerencia institucional.

Los resultados están a la vista:

  • Equipamiento de última generación inutilizado por meses.
  • Grave afectación a la continuidad del servicio farmacéutico.
  • Riesgo de deterioro tecnológico y obsolescencia por inactividad.

Responsabilidades deben asumirse

Exigimos a las autoridades de la CCSS:

  1. Una rendición de cuentas inmediata y pública sobre el estado del robot y la incompatibilidad con el SIFA.

  2. La suspensión del ERP-SAP hasta garantizar que los sistemas críticos de salud estén plenamente integrados y funcionales.

  3. Se investigue la responsabilidad técnica, administrativa y financiera de quienes autorizaron esta implementación sin asegurar previamente su operatividad con sistemas esenciales.

  4. Que se retomen las soluciones tradicionales mientras se resuelve el fallo, con el fin de no seguir afectando el servicio y poniendo en riesgo recursos millonarios.

La Caja no puede seguir actuando con improvisación tecnológica, afectando directamente la salud del pueblo y malgastando recursos que provienen del esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras de este país.

¡UNDECA no se quedará callada! ¡La tecnología debe estar al servicio de la salud, no de la improvisación!

UNDECA
Por la defensa de la salud, la institucionalidad y el patrimonio público

San José, Costa Rica, 07 de agosto de 2025