El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) emitió un pronunciamiento público en el que expresa su preocupación por la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su relación con la coyuntura electoral.
Según señala FRENASS, el 21 de enero de 2026 el Semanario Universidad informó que la CCSS se vio obligada a utilizar más de ₡300.000 millones de colones provenientes de intereses del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para hacer frente al pago de pensiones y aguinaldos en 2025.
La organización recuerda que, durante la administración Chaves Robles (2022–2026), se exigió al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la CCSS. Sin embargo, ante las reiteradas negativas de girar los recursos requeridos, la institución se habría visto forzada, por primera vez, a recurrir a las reservas del régimen de pensiones, una situación que FRENASS califica como alarmante.
En su pronunciamiento, FRENASS considera vergonzosa e irresponsable esta actuación, al advertir que pone en riesgo tanto el acceso a una salud pública de calidad como la sostenibilidad futura del régimen de pensiones del IVM. La organización subraya que el debilitamiento financiero de la seguridad social tiene consecuencias directas sobre los derechos de la población trabajadora y pensionada.
Desde su rol como organización defensora de la seguridad social en un sentido amplio, FRENASS hizo un llamado respetuoso pero vehemente a la ciudadanía, instando a reflexionar y a ejercer el voto por candidaturas a la presidencia y diputaciones comprometidas con un modelo de acceso universal a la seguridad social.
El pronunciamiento enfatiza que el continuismo no es una opción, al considerar que la salud y las pensiones no deben ser tratadas como un negocio, sino como derechos humanos fundamentales. En ese marco, la organización advierte que el futuro de las personas, sus familias y seres queridos está en juego.
Finalmente, FRENASS reafirma su llamado a defender las conquistas históricas del pueblo y concluye con una consigna clara en defensa de la institucionalidad solidaria: “¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!”
Álvaro Ramos Chaves del Partido Liberación Nacional,
Ana Virginia Calzada Miranda del Partido Centro Democrático y Social,
Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio,
Claudia Dobles Camargo de Coalición Ciudadana,
Claudio Alpízar Otoya del Partido Esperanza Nacional y
Fernando Zamora Castellanos del Partido Nueva Generación
Pronunciamiento
La Caja Costarricense de Seguro Social forma parte de nuestra vida cotidiana. Está presente cuando nacemos, cuando enfermamos, cuando cuidamos a nuestras personas adultas mayores y cuando una familia necesita apoyo en los momentos más difíciles. La CCSS no es una institución lejana: es solidaridad hecha realidad, es uno de los mayores acuerdos sociales de nuestra historia y un pilar de la paz social costarricense.
Hoy, ese acuerdo enfrenta amenazas reales. El debilitamiento institucional, la falta de inversión, la politización de la gestión y las presiones para mercantilizar la salud ponen en riesgo un derecho humano fundamental. Defender la CCSS no es una consigna ideológica: es una responsabilidad con la vida, la dignidad y el bienestar de todas las personas.
Por ello se promovió unCompromiso Público por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Publica y la CCSS, que no se queda en declaraciones generales, sino que estableceobligaciones concretas y verificables: defender la salud pública como patrimonio nacional; garantizar el acceso universal y solidario a los servicios; proteger la autonomía de la CCSS frente a intereses políticos y particulares; asegurar un financiamiento responsable y sostenible; promover liderazgos técnicos, transparentes y éticos; fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud; y trabajar activamente por un sistema público de salud fuerte, moderno y de calidad, centrado en las personas y en las comunidades. Este compromiso fue presentado a quienes aspiran a gobernar Costa Rica en el período 2026–2030.
Este hecho marca una diferencia sustantiva. En un momento crítico para la seguridad social costarricense, solo estas seis candidaturas se comprometieron de forma expresa a defender la universalidad, la solidaridad, la equidad, la autonomía institucional y el financiamiento responsable de la CCSS, así como a fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud y la calidad del sistema público de salud.
La salud no puede convertirse en botín político ni en privilegio para unos pocos. Es un derecho humano, una política de Estado y una condición indispensable para la equidad, el desarrollo y la convivencia democrática.
Por eso, hacemos un llamado a la ciudadanía a informarse, a valorar los compromisos reales y a salir a votar con conciencia, considerando quiénes han demostrado, con hechos, su voluntad de proteger la salud pública y el legado social de Costa Rica.
Votar también es cuidar la vida. Defender la CCSS es defender el futuro del país.
Por Equipo en Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS: Mujeres por CR, la RED por CR y la Caja es Nuestra
El costarricense Enrique Pérez Gutiérrez, pensionado tras más de 40 años de trabajo en la práctica privada, la academia y organismos internacionales, hizo un llamado público en defensa del sistema de salud costarricense, al advertir que decisiones recientes están debilitando los servicios que protegen a la población.
Pérez Gutiérrez señaló que durante 22 años de su trayectoria laboral formó parte de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, experiencia que —afirma— le permite hablar con conocimiento de causa sobre el valor histórico del sistema de salud de Costa Rica.
Según expresó, el país ha sido reconocido internacionalmente como ejemplo de solidaridad y de acceso a la salud para todas las personas, pero actualmente ese modelo se encuentra amenazado. En su mensaje, advirtió que las decisiones que se están tomando desde el ámbito político y administrativo están debilitando los servicios públicos de salud, afectando directamente a la población.
“El momento exige alzar la voz, informarnos y defender lo que tanto nos ha costado construir”, afirmó, subrayando que fortalecer la salud pública no es solo una discusión técnica, sino una decisión que incide en el futuro de las familias y del país en su conjunto.
Pérez Gutiérrez remarcó que cuidar la salud de Costa Rica es una responsabilidad colectiva, y llamó a la ciudadanía a ejercer un voto consciente en el próximo proceso electoral, optando por propuestas que no continúen debilitando el sistema de salud, sino que lo fortalezcan y lo protejan como un bien público esencial.
El mensaje concluye con un llamado directo a la acción ciudadana, destacando que la defensa del sistema de salud no puede postergarse y requiere compromiso social e informativo.
🎧 Le invitamos a escuchar el video completo con el mensaje de Enrique Pérez Gutiérrez, donde desarrolla estas reflexiones sobre el presente y el futuro de la salud pública en Costa Rica.
Durante un reciente coloquio del Sindicato Frente Hospitalario Nacional y Afines (SIFREHN), el médico Alfredo Ramírez Montero expuso una serie de datos que, según indicó, permiten comprender mejor la profundidad de la crisis que atraviesa la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tanto en la prestación de servicios como en su situación financiera.
De acuerdo con información oficial de la Auditoría Interna de la CCSS, correspondiente a la planilla de diciembre del año anterior, la institución cuenta con 63.650 funcionarios. Sin embargo, solo una octava parte de ese total tendría capacidad resolutiva directa para atender los problemas médico-asistenciales de la población.
Según los datos presentados, únicamente 2.870 médicos generales y 3.900 médicos especialistas tienen capacidad directa para resolver listas de espera, atención de emergencias y consultas médicas. A este grupo se suman aproximadamente 660 odontólogos y 345 psicólogos, así como profesionales en microbiología, farmacia y enfermería, para un total cercano a 15.000 profesionales en ciencias médicas.
A estos se añaden cerca de 30.000 funcionarios que desempeñan labores esenciales de apoyo, como auxiliares de enfermería, asistentes de pacientes, personal de nutrición, misceláneos y técnicos, quienes —según se señaló— sostienen gran parte de la atención directa a pacientes hospitalizados y en condiciones críticas.
No obstante, el resto del personal, alrededor de 33.000 funcionarios, corresponde al núcleo administrativo, lo que, según Ramírez Montero, evidencia que la CCSS cuenta actualmente con más personal administrativo que personal operativo asistencial, convirtiéndose en una “megaburocracia administrativa” que no contribuye a mejorar la atención médica.
El expositor recordó que entre los años 2006 y 2007 se contrataron aproximadamente 11.000 funcionarios adicionales, sin que ello generara mejoras en la prestación de los servicios, situación que posteriormente fue confirmada por estudios de la Organización Panamericana de la Salud.
En materia financiera, se señaló que el Estado cubre apenas cerca del 66 % del costo real de la atención en salud brindada a personas en condición de pobreza, lo que, según se indicó, violenta disposiciones legales vigentes. Asimismo, se afirmó que el Estado paga menos del 4 % del costo real del primer nivel de atención en salud, hoy a cargo de los EBAIS, cuyo costo anual supera los 700.000 millones de colones, mientras que la CCSS cobra apenas unos 25.000 millones, monto que además no es cancelado.
Otro punto crítico señalado fue el traslado anual de recursos del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) hacia el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), estimado en alrededor de un billón de colones por año, lo que habría provocado el severo debilitamiento del fondo de reserva del IVM. Dicho fondo, que debería rondar los 55 billones de colones, cuenta actualmente con apenas 3,5 billones.
Finalmente, se indicó que en los últimos años se habrían dejado de cobrar al Estado aproximadamente 1,6 billones de colones de deuda con la CCSS, profundizando el desfinanciamiento institucional.
Ante este panorama, Ramírez Montero afirmó que la crisis en la atención médica, las listas de espera y la sobrecarga del personal asistencial no deben normalizarse, y llamó a las altas autoridades del país, en particular a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a asumir su responsabilidad en la defensa del financiamiento y la función social de la seguridad social costarricense.
📺 Puede ver el video con la exposición en el siguiente enlace:
Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.
La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.
A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.
Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.
Salud pública y CCSS: pilares complementarios
El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.
Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.
Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.
Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.
“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.
Cinco ejes de compromiso
En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:
Principios del sistema de salud y la seguridad social
Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
Gobernanza técnica y autonomía institucional
Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
Modernización y calidad del sistema de salud
Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
Condiciones laborales y desarrollo profesional
Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.
Un llamado a la responsabilidad colectiva
El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.
Un ciudadano limonense presentó una exigencia formal y urgente ante el Concejo Municipal de Limón, la Alcaldía y el Ministerio de Salud, solicitando un informe técnico exhaustivo y coordinado que justifique el traslado de desechos sólidos desde la meseta central al relleno sanitario ubicado en el cantón central de Limón.
La gestión fue realizada por Marco Levy Virgo, quien advierte que esta práctica podría acelerar el agotamiento de un recurso estratégico para la provincia, con consecuencias graves para la salud pública, el ambiente y la economía local.
Principios legales y constitucionales invocados
El documento fundamenta la exigencia en la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y en los principios precautorio y preventivo del derecho ambiental, señalando que las autoridades están obligadas a actuar aun cuando exista incertidumbre científica sobre posibles daños.
Asimismo, se invoca el artículo 50 de la Constitución Política, que reconoce el derecho colectivo e intergeneracional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional que exige una tutela efectiva de los llamados intereses difusos.
Riesgos ambientales, sanitarios y económicos
Según se expone en el documento, el traslado de residuos desde otras regiones al relleno sanitario de Limón incrementa de forma desproporcionada la carga ambiental sobre una provincia históricamente marginada, sin que exista evidencia pública de una evaluación rigurosa de impactos.
Se recuerda además que el relleno sanitario se ubica en una zona de recarga acuífera, condición que en el pasado ya generó controversias ambientales, y se advierte que su eventual colapso podría provocar una crisis de residuos sólidos similar a la vivida antes de su construcción.
El texto subraya que Limón es una región con alta visitación turística, vinculada a cruceros y actividades ecoturísticas, por lo que una crisis sanitaria o ambiental tendría impactos directos sobre el empleo y los ingresos locales. También se advierte que, de agotarse el relleno, el traslado de residuos limonenses a otras provincias implicaría costos económicos insostenibles para los gobiernos locales.
Exigencia concreta a las autoridades
La solicitud plantea un plazo de diez días hábiles para que la Municipalidad de Limón, el Ministerio de Salud y el Concejo Municipal presenten un informe que detalle:
Los fundamentos técnicos, legales y fácticos que sustentan el traslado de residuos desde la meseta central.
La vida útil real del relleno sanitario, con proyecciones basadas en datos científicos actualizados.
Las medidas previstas para evitar el agotamiento del sitio, considerando que la construcción de un nuevo relleno sanitario requiere varios años.
El documento concluye advirtiendo que, de no obtener una respuesta adecuada, se valorará acudir a instancias superiores y acciones judiciales para la defensa de los derechos colectivos, en resguardo del ambiente, la salud pública y el interés intergeneracional de la provincia de Limón.
Antecedentes
SURCOS ha dado seguimiento en distintas ocasiones a conflictos socioambientales vinculados con la gestión de residuos sólidos, el uso de rellenos sanitarios y los impactos desiguales que estas decisiones generan en distintos territorios.
Estas publicaciones han advertido sobre la necesidad de criterios técnicos transparentes, participación ciudadana efectiva y una distribución equitativa de las cargas ambientales entre regiones del país.
🔗 Puedever en SURCOS notas relacionadas sobre gestión de residuos y rellenos sanitarios:
El señor Nogui Acosta, ex ministro de Hacienda y candidato a diputado por el continuismo chavista en el primer lugar por San José, en legítimo ejercicio de sus derechos, se ha beneficiado familiar y personalmente del sistema público de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S). Sabe a la perfección lo que significa enfrentar la tragedia de una enfermedad grave, con riesgo de muerte en un ser querido, y sin embargo, poder acceder a un servicio médico de calidad, cuyos altísimos costos es imposible sufragar por cuenta propia. Le consta también a don Nogui que es necesario e indispensable un régimen solidario en el que, con la contribución económica de todos, se pueda rescatar a quien ha caído en desgracia.
Por eso resulta incomprensible –por decir lo menos- que una persona que haya pasado por semejante experiencia vital, cuando ha ejercido el poder público suficiente para financiar y fortalecer ese sistema de salud que lo ha salvado, se comporte como enemigo declarado del mismo. Acosta ha recortado presupuestos en materia de salud, ha catapultado la deuda del Estado para con la Caja y hasta ha boicoteado los recursos extraordinarios aprobados por la Asamblea Legislativa para aliviar esa deuda.
Es el mismo esquema moral de Pilar Cisneros, en su momento flamante becaria de la Universidad de Costa Rica, que se da el tupé de descalificar a otros que han accedido a las mismas oportunidades que ella y su familia disfrutaron con dineros públicos, es decir, con recursos de los contribuyentes que pagamos impuestos para provecho de quienes lo requieren. De igual manera se ha comportado como conspicua enemiga de la educación pública abogando por recortes salvajes y cuestionando la sagrada misión de instituciones beneméritas como la UCR. Se ha tratado, ni más ni menos, de morder la mano de quien le ha dado de comer. Ese es el nivel.
Pero el panorama insufrible es todavía peor. El ramillete que nos propone Pueblo Soberano incluye otros figurones por el estilo: el primer lugar por Alajuela, entre otros atestados, es un deudor de cientos de millones de colones a la misma –pobre- Caja y se deshace en maniobras para asegurarse que sus obligaciones se vuelvan incobrables; en el primer puesto por Heredia otra joyita que pasó por la C.C.S. S. como tormenta devastadora adjudicando licitaciones a dedo bajo el esquema de supuesta contribución público-privada, en los que ya se sabe que sólo sirven para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Todo lo anterior para no mencionar a la tica que quiso, mediante fraude, ser mejicana, o el caso del papá de todos los tomates, otro tico que volvió después de 30 años con ínfulas de mesías salvador y que en mayo próximo –si Trump quiere- entregará el mando del país en las peores condiciones de su historia reciente.
Como diría don Juanito Mora, una gavilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos nos amenaza con perpetuarse en el poder. Confío en que lo más puro, digno, auténtico, valiente y democrático que aún anida en el corazón del pueblo costarricense, pueda impedirlo.
La IV Edición del Cuadro de Indicadores de Impuestos al Tabaco de Economics for Health (CI) se publicó esta semana y muestra que la mayoría de los gobiernos no están implementando las mejores prácticas en materia de impuestos al tabaco. En este contexto, Costa Rica se ha quedado también muy atrás a pesar de que la Asamblea Legislativa tiene en estudio el Proyecto de Ley 23.880para la Responsabilidad Social del Consumo de Tabaco que busca aumentar los impuestos y facilitar su cobro.
El consumo de tabaco es una de las principales causas de muerte prevenible, y los impuestos al tabaco siguen siendo las herramientas más eficaces para reducir el consumo y aumentar la recaudación fiscal.
El CI muestra que la puntuación media mundial del impuesto al tabaco de 2024, de 2,01 de 4 puntos, no ha cambiado significativamente desde 2022, cuando era de 2,02. En un análisis más detallado, 54 de 171 países experimentaron un aumento en su puntuación general entre 2022 y 2024, mientras que 44 países experimentaron una disminución. En general, el desempeño de los impuestos al tabaco ha mejorado ligeramente en el período de 10 años desde 2014, cuando la puntuación media fue de 1,90.
Solo Reino Unido y Finlandia cobran bien los impuestos al tabaco
Solo dos países obtuvieron una puntuación general de 4 puntos o superior en 2024: el Reino Unido (Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Finlandia. Estos dos países implementan sistemas efectivos de impuestos al tabaco, aunque ambos se beneficiarían de una mayor reducción de la asequibilidad de los cigarrillos mediante un aumento constante de las tasas impositivas.
Únicamente hay 22 países con puntuación superior a 3: Bélgica, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia, Lesoto, Ucrania, Países Bajos, Vanuatu, Chequia, Ecuador, Irlanda, Singapur, Eslovaquia, Turkmenistán, Dinamarca, Francia, Malasia, Malta, Mauricio, Seychelles, Canadá y Montenegro.
Cómo está Costa Rica en cobro de impuestos al tabaco
El país se encuentra en el rango donde están la gran mayoría de países entre 2 y 3 puntos. Pero más cerca de los que cobran menos impuestos con 2,25 puntos. Esta cifra es el promedio de: 3 puntos en precio, 0 puntos en cambio en la asequibilidad, 2 puntos en participación de los impuestos en el precio y 4 en estructura tributaria, como se muestra en la tabla de Puntuación general y de componentes del impuesto al cigarrillo por país del 2024:
En cuanto al análisis de los últimos 10 años, Costa Rica ha ido empeorando. Pasó de 3,13 en 2014 cuando recién se aprobó la Ley 9028 de control de tabaco, a un 2,13 en 2018, 2,00 en 2020, y un 2,25 en 2024, como se muestra en la tabla Puntuación general del impuesto al cigarrillo por país desde el 2014 al 2024:
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Se debe reducir la asequibilidad global del tabaco
Los hallazgos de esta edición aumentan la preocupación sobre la asequibilidad de los cigarrillos en todo el mundo. Solo la región del Mediterráneo Oriental logró reducir la asequibilidad con el tiempo. En términos generales, los gobiernos no están aumentando los impuestos lo suficiente ni actualizándolos en función de la inflación y el crecimiento del ingreso real. Como resultado, la asequibilidad de los cigarrillos se mantiene constante e incluso aumenta en algunos países.
Aunque los precios promedio de los cigarrillos en 2024 aumentaron en todas las regiones, revirtiendo una tendencia a la baja desde 2022, este cambio se debe al aumento de precios de la industria, más que a las reformas fiscales. En consecuencia, son las empresas tabacaleras, no los gobiernos, quienes se apropian de estos ingresos como ganancias adicionales. Además, los precios en los países de bajos ingresos, donde las tabacaleras buscan expandir sus mercados, siguen bajando en promedio.
Se requieren estructuras tributarias más efectivas
El Cuadro de Indicadores también muestra que los gobiernos siguen optando por estructuras tributarias menos efectivas, como sistemas complejos y escalonados, o aquellos que se basan en impuestos ad valorem. La puntuación general promedio en este componente aumentó solo ligeramente desde 2022, y algunos países incluso han retrocedido. Las estructuras tributarias desfavorables socavan la efectividad de los aumentos de impuestos y pueden ser difíciles de administrar.
Los impuestos al tabaco siguen siendo una fuente desaprovechada de nuevos ingresos. A largo plazo, una tributación efectiva sobre los cigarrillos también puede reducir la presión sobre los sistemas de salud al mejorar la salud de la población, especialmente en los países de bajos ingresos, y aumentar la productividad económica.
Cómo se construye el Cuadro de Indicadores
El Cuadro de Indicadores del Impuesto al Cigarrillo de Economics for Health utiliza los datos del Informe bienal de la Organización Mundial de la Salud sobre la Epidemia Mundial de Tabaco, 2025 (RGTE), junto con información macroeconómica del Banco Mundial y otras fuentes, para evaluar el desempeño de los impuestos al cigarrillo en 171 países.
El Cuadro de Indicadores presenta cuatro componentes clave de los sistemas de impuestos al cigarrillo: precio del cigarrillo, cambio en la asequibilidad, participación de los impuestos en el precio y estructura tributaria, y describe oportunidades para que los gobiernos alineen sus políticas con las recomendaciones de mejores prácticas.
El Hospital sin Paredes sigue siendo una de esas experiencias que nos recuerdan que la salud nace en la comunidad. Hoy compartimos una reedición histórica y dos entrevistas con Enid Cruz que nos ayudan a volver sobre esa memoria viva y necesaria.
¿Por qué leer y ver este material?
* Porque muestra cómo la salud se construyó caminando con la gente, no desde un escritorio.
* Porque recuerda la visión del Dr. Ortiz y su apuesta por un modelo cercano, humano y participativo.
* Porque ofrece aprendizajes para pensar hoy los bienes comunes sociales: participación, organización y soluciones colectivas.
* Porque esta historia sigue siendo una brújula para defender una salud pública que escuche y responda a las comunidades.
* Porque necesitamos volver a experiencias que demostraron que otro modelo de atención sí era —y es— posible.
UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.
UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.
Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.
“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.
Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.
“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.
Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.
