La Universidad de Costa Rica (UCR) realizará una mesa redonda titulada «Mitos y realidades del vapeo», que tendrá lugar el próximo martes 25 de marzo de 2025 a las 4:00 p.m. en el Auditorio Dr. Eduardo Grillo de la Escuela de Medicina.
El evento es organizado por la Escuela de Medicina, en conjunto con la Cátedra Antonio Peña (CAPC), y contará con la participación de una destacada representación de especialistas en el área de salud pública, neurología, adicciones y control del tabaco.
Entre los panelistas confirmados se encuentran:
Dra. Mary Munive, Ministra de Salud de Costa Rica
Dr. Jeancarlo Córdoba, de la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica
Dra. Gabriela Rojas, del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Dra. Wing Ching Chan, de la Asociación Costarricense de Neumología
Dr. Roberto Castro, de la Escuela de Salud Pública-UCR
Dr. Dagoberto Solano, de la Clínica de Cesación de Tabaco y Vapeo CCSS
Dr. José Agustín Espinoza, de la Escuela de Medicina-UCR
Esta actividad académica busca generar un espacio de diálogo interdisciplinario para analizar la evidencia científica actual sobre los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, sus efectos en la salud y las políticas públicas relacionadas con su regulación.
La mesa redonda está dirigida a profesionales de la salud, estudiantes universitarios y público en general interesado en la temática.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología, por medio de su presidente Marco Levy Virgo, solicitó formalmente la intervención de la Defensoría de los Habitantes para mediar ante la Dirección General de Aviación Civil y el Consejo Técnico de Aviación Civil. El objetivo es lograr que el Reglamento de Aviación Agrícola de Costa Rica sea revisado y ajustado para alinearse con los estándares internacionales establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La solicitud, presentada mediante el oficio AEL-0085-2025 con fecha del 15 de marzo de 2025, fue dirigida a la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert. En el documento, el presidente de la asociación señala que la armonización es «fundamental para garantizar la seguridad operativa, la protección ambiental y la salud pública en el desarrollo de actividades de aviación agrícola», considerando que estas actividades tienen impacto directo en las comunidades y los ecosistemas del país.
El peticionario sostiene que los estándares de la FAO, como organismo internacional de referencia, promueven buenas prácticas que podrían fortalecer la normativa nacional, asegurando que esta sea coherente con los avances técnicos y las recomendaciones globales en la materia.
En el oficio, Levy Virgo solicita que la Defensoría, en el marco de sus atribuciones, medie para iniciar un proceso de análisis y actualización del Reglamento de Aviación Agrícola vigente, contemplando la incorporación de las directrices de la FAO. Adicionalmente, solicita que se le informe sobre los avances de esta gestión y que se facilite un espacio de diálogo con las partes involucradas.
La solicitud se realiza amparada en las funciones que le confiere la Ley N° 7319 del 17 de noviembre de 1992, que crea la Defensoría de los Habitantes, así como en el artículo 9 de su Reglamento, que establece su competencia para velar por el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los derechos de las personas.
El medicamento elaborado en Costa Rica permitió que ese país africano no tuviera ningún fallecimiento en el 2024, reportó la organización internacional Gavi
“Con este antídoto, y nuestra red de rescate de serpientes, pudimos lograr algo increíble: una tasa cero de mortalidad por mordeduras de víboras”.
De esa forma lo manifestó Litschka-Koen, creadora de la Fundación Antiveneno de Eswatini (EAF), en el comunicado de prensa divulgado a nivel mundial por la organización Gavi.
De acuerdo con la información emitida por ese organismo, durante la temporada de mordeduras de serpiente 2023-2024, en Eswatini se logró, por primera vez en su historia, un hecho insólito que años atrás se consideró impensable: no perder ni una sola vida por un envenenamiento ofídico.
El triunfo se dio, en gran parte, gracias al talento científico costarricense, especialmente, del Instituto Clodomiro Picado (ICP), de la Universidad de Costa Rica (UCR).
De manera ejemplar, y mediante un proceso científico con más de 10 años de efectuarse en Costa Rica, las y los científicos del ICP-UCR adaptaron un fármaco líquido ya existente a su versión liofilizada (en polvo), a fin de que no necesitara de refrigeración para su mantenimiento. Esto fue trascendental.
El Dr. Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR, manifestó que las dificultades existentes en Eswatini para mantener la cadena de frío durante la distribución, así como el almacenamiento de los medicamentos, hacía necesario contar con una formulación de antiveneno más estable que pudiera mantenerse en las condiciones ambientales normales de ese país, sin perder las propiedades que le confieren eficacia y seguridad.
Ante el requerimiento, el equipo científico costarricense no tardó en efectuar la adaptación en su versión en polvo. ¿Los resultados obtenidos hasta el momento? Altamente favorables.
“El año pasado recibimos 400 viales de ICP-UCR. Estamos encantados de tener una fuente confiable de antídotos efectivos en Eswatini. Antes de la llegada de este antídoto, el otro medicamento disponible tenía un alto riesgo de choque anafiláctico [reacción alérgica]”, mencionó Echo VanderWal, directora ejecutiva de la Comisión Luke (TLC) y aliada en brindar atención médica integral en regiones rurales y desatendidas de Eswatini.
Con el fármaco del ICP-UCR, agregó VanderWal, “nuestro equipo no se ha encontrado con un solo caso de anafilaxia. El hecho de que ya no nos enfrentemos a casos de anafilaxia ha sido un gran avance para la atención al paciente”. ¡En buena hora!
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Eswatini se producen entre 200 y 400 casos graves de mordeduras de serpientes anualmente. Asimismo, tan solo en el 2024, la TLC admitió cerca de 420 pacientes.
Justo por esa razón, en los últimos años ese país ubicado al sur de África se ha esforzado por robustecer una alianza con cuatro entidades, a fin de reducir esas cifras y los daños causados por el envenenamiento ofídico.
Actualmente, esta alianza la componen la EAF, la TLC, el Ministerio de Salud de Eswatini (MoH) y, por supuesto, el ICP-UCR, el gran responsable de proveer el fármaco.
Actualmente, la producción de sueros antiofídicos es del desinterés de las grandes compañías farmacéuticas, debido a que se consideran un negocio poco rentable.
El Dr. Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR, muestra el antídoto
Gavi es un ente encargado de salvar vidas y proteger la salud de las personas mediante el uso equitativo y sostenible de las vacunas, además de posibilitar el acceso a diversos antídotos —como los sueros antiofídicos— para tratar los casos de envenenamiento por mordeduras de serpiente.
Un antídoto de años
El fármaco que recibe Eswatini es una fórmula ya existente del ICP-UCR, de hace más de 15 años, que fue adaptada a las necesidades específicas de ese país.
La solicitud se hizo al ICP-UCR en el 2023, cuando el reino de Eswatini —una de las últimas monarquías absolutistas del mundo— emitió una alerta sanitaria debido al desabastecimiento de sueros antiofídicos en su nación.
Así, llegaron a solicitar ayuda a distintos organismos, entre ellos a la Universidad de Costa Rica, para tener ese medicamento vital y lo inesperado pasó.
Al aplicar el fármaco, de forma imprevista el personal médico se dio cuenta de que el suero costarricense era más seguro, eficaz y de mejor calidad que el suero que adquirían del antiguo proveedor. Los pacientes, incluso, no convulsionaban después de la aplicación del medicamento, como pasaba con el anterior fármaco que utilizaban.
Además, notaron que el antídoto de la UCR podría tratar especies de serpientes tanto en ese país como en todo el sur de África.
“Con esto estamos muy contentos. La misión del Instituto Clodomiro Picado de la UCR es aportar a solucionar el problema del ofidismo en Centroamérica, América y otros países del mundo, de manera que contribuir con Eswatini nos da la oportunidad de cumplir con nuestra misión. Estamos muy agradecidos porque con esto reflejamos, nuevamente, que no respondemos a un interés comercial o mercantilista, sino que esto es una manifestación más del sentido humanista que impregna todas las actividades de la Universidad de Costa Rica”, expresó el Dr. León. ¡En efecto!
Esta colaboración que brinda la UCR es esperanzadora para una nación cuyos habitantes se caracterizan por enfrentar altos niveles de pobreza.
Los datos del Banco Mundial aseguran que, en el 2016, el 36,1 % de la población de Eswatini vivía con menos de $2,15 al día. Por su parte, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) señala que aproximadamente el 70 % de la población rural vive por debajo del umbral nacional de pobreza.
Lo anterior hace que muchas de las personas víctimas de un envenenamiento ofídico no puedan acceder a estos medicamentos debido a su alto costo, por lo que suelen fallecer o quedar con serias secuelas psicológicas y hasta físicas que les impide laborar. Esto exacerba su círculo de pobreza.
Ante el hecho anterior, el suero del ICP-UCR, que se brinda a un precio más accesible y es altamente eficaz, vino a ser una esperanza, y hasta un “milagro”, según lo menciona el ente internacional Gavi.
“En lugar de esperar meses o años para que se completen los pedidos de antídotos, los pedidos del nuevo proveedor [costarricense] se completan en cuestión de semanas”, resaltó VanderWal.
El Dr. Guillermo León Montero, coordinador de la División Industrial del ICP-UCR, habla de la situación del ofidismo a nivel mundial
Una mujer de ímpetu
En esta historia hay una figura femenina que ha sido fundamental para el ICP-UCR. Sí, la ya mencionada Litschka-Koen.
Litschka es un pilar clave en Eswatini para garantizar la concienciación pública y la acción de respuesta rápida para el traslado de pacientes a un centro con cuidados críticos y de acceso al suero antiofídico.
Ella también ha garantizado “un suministro continuo de antiveneno, que es crucial para salvar vidas”, expresó VanderWal. Desde luego, no ha sido fácil.
En el comunicado de prensa, la organización Gavi explica que la carrera profesional de Litschka-Koen, quien antes estaba en la gestión hotelera, dio un giro cuando conoció a un niño de 18 meses que había sufrido una lesión grave por envenenamiento ofídico.
“El pie del bebé había sido mordido por una cobra escupidora de Mozambique y, prácticamente, ya ese pie estaba perdido. No podía quedarme de brazos cruzados y permitir que esto sucediera. Fue entonces cuando busqué ayuda y me conecté con el Dr. Sean Bush”, relató Litschka-Koen´s.
El Dr. Bush, un médico de emergencias estadounidense, aliado del ICP-UCR y un experto en envenenamientos por mordeduras de serpientes, intervino y logró salvar el pie del niño.
Ese momento decisivo fue un catalizador para Litschka-Koen, que a partir de entonces centró sus esfuerzos en concienciar al público y desarrollar una red de rescate de serpientes.
Su dedicación ha obtenido el apoyo de la Embajada del Reino Unido y de la Unión Europea, lo que permitió la creación de una red de más de 100 voluntarios comunitarios entrenados para retirar serpientes de manera segura de hogares y granjas antes de que generen daño.
Pero lo anterior era tan solo el comienzo. La labor de defensa de Litschka-Koen, junto con el apoyo internacional, hizo que en la UCR encontrara una esperanza de vida más.
Ella es Litschka-Koen, una líder ejemplar en Eswatini, cuya dedicación ha transformado la respuesta a las mordeduras de serpiente y ha ayudado a salvar innumerables vidas al garantizar el acceso continuo a antivenenos esenciales mediante el ICP-UCR. Foto de la organización Gavi.
En Eswatini, las serpientes que causan las mayores tasas de envenenamiento pertenecen son las mambas, las cobras y la víbora bufadora (Bitis arietans).
El siguiente paso
En estos momentos, el ICP-UCR envía más de 100 000 viales de sueros antiofídicos a distintos países.
Entre ellos están los países de Centroamérica, Ecuador, Perú, y algunas naciones del continente africano como Eswatini, Burkina Faso, Nigeria, Mali, Costa de Marfil, y algunos países en los que operan misiones de la organización Médicos sin Fronteras.
De acuerdo con el Dr. León, ahora la siguiente tarea del ICP-UCR es usar la realimentación que dan los distintos entes, con el objetivo de optimizar el fármaco para que este responda, aún mejor, a los requerimientos específicos de los territorios.
“La realimentación que nos dan los colaboradores, como la Fundación de Antivenenos de Eswatini y Médicos sin Fronteras, es fundamental para identificar oportunidades de mejora en nuestros antivenenos, tanto en términos de eficacia como de seguridad y accesibilidad. También ha sido muy importante el financiamiento concedido por Wellcome Trust, el cual fue fundamental para poder desarrollar mejoras tecnológicas en nuestro proceso de producción y llevarlas a una escala industrial”, expresó el Dr. León.
En cuanto al objetivo fijado por el reino de Eswatini, Nsindiso Tsabedze, oficial de comunicaciones del Ministerio de Salud de ese país, destacó que el programa de Eswatini aún está en crecimiento y apenas está en los pasos iniciales.
La idea es que este programa se beneficie “del intercambio de mejores prácticas y conocimientos con otros países. Todo el sistema de salud debe fortalecerse y apoyar a todos los emaSwati, inclusive en las áreas remotas. El Ministerio de Salud de Eswatini está comprometido a garantizar el acceso a medicamentos esenciales”, afirmó el ministro.
Por supuesto, en todo esto la educación es clave. Tanto Litschka-Koen como el reconocido activista Britain Watts, sobreviviente de las mordeduras de la mamba negra y de la víbora bufadora, subrayan que la concienciación comunitaria es indispensable.
“La disponibilidad de antiveneno ha salvado muchas vidas”, dice Watts. Pero la prevención también tiene un componente conductual. “Las comunidades rurales enfrentan dificultades porque sus hogares son fácilmente accesibles para las serpientes, y necesitamos educarlos para prevenir más muertes”, manifestó.
Koen y el Dr. León de la UCR están de acuerdo. “La primera línea de defensa contra las mordeduras de serpiente es el conocimiento”, comentaron ambos.
En esta línea, el ICP-UCR cumple 55 años de apoyar a solucionar el problema de accidentes ofídicos, por lo que continuará su inquebrantable compromiso de salvar vidas y dar esperanza a Costa Rica y a las naciones más vulnerables del mundo.
Jenniffer Jiménez Córdoba Periodista Oficina de Comunicación Institucional, UCR Información de la UCR
Dr. Luis Diego Herrera Amighetti Especialista en psiquiatría de niños y adolescentes Miembro de Número, Academia Nacional de Medicina
Usamos el término depresión en forma coloquial con diferentes connotaciones, y también lo usamos en forma técnica, como diagnóstico clínico. En el uso coloquial, depresión se utiliza para expresar como nos sentimos cuando se tuvo un mal día, o una mala experiencia, hasta reflejar el impacto de una pérdida de un ser querido o una crisis laboral. En el sentido clínico, depresión significa la presencia de sentimientos sostenidos, frecuentes, de tristeza, desesperanza, vacío y sentimientos exagerados o inapropiados de culpa, acompañados de dificultad para concentrarse, pérdida de interés y satisfacción en las actividades cotidianas, alteraciones del sueño, del apetito, agitación o retardo psico-motor y en algunos casos, a menudo los más severos, deseos de morir o quitarse la vida.
Si utilizamos las estadísticas más sólidas de la Organización Mundial de la Salud y los estudios epidemiológicos con más poder estadístico y los extrapolamos a nuestra población, en un día en Costa Rica, hoy, hay aproximadamente 350.000 personas con depresión en el sentido clínico descrito anteriormente. Este es aproximadamente el mismo número de personas que tienen diabetes; no debe quedar duda de que la depresión es un problema de salud pública muy relevante por lo que es totalmente justificado dedicar un día, el 13 de enero, para aumentar el nivel de consciencia sobre la depresión en el mundo. Conforme se ha progresado en lo que se llama la transición epidemiológica, los problemas de salud mental están cada vez más representados en las consultas y hospitalizaciones en Costa Rica; según algunas estimaciones, la depresión es el cuarto diagnóstico de consulta en la CCSS y el primero o segundo en el costo por concepto de incapacidades. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud en más de 90 países, la depresión y la ansiedad aumentaron en un 25% como resultado de la pandemia por COVID-19. Esto hace aún más necesario aumentar el grado de vigilancia y recursos destinados al tratamiento de esta condición.
La depresión ha estado presente desde que tenemos documentos médicos, nunca ha disminuido o desaparecido y su prevalencia es cada vez más frecuente. Las causas de la depresión, como las entendemos modernamente, no es tan diferente a otras enfermedades crónicas; existe una vulnerabilidad genética, heredada, por lo cual la depresión se tiende a agregar en familias; esta vulnerabilidad se expresa en grados variables, dependiendo de experiencias a lo largo de la vida, siendo muy importante las experiencias adversas en la niñez, el uso de alcohol y drogas y estilos de vida poco saludables. Todo lo anterior, lleva a alteraciones metabólicas, procesos inflamatorios y cambios en ciertos neurotransmisores en el sistema nervioso que, eventualmente, producen los síntomas depresivos.
Como en toda enfermedad o condición que tiende a la cronicidad, es fundamental intentar prevenir la depresión; esto se logra mediante educación a la población general sobre los factores de riesgo, la importancia de estilos de vida saludables, con intervenciones de muy bajo costo como son el ejercicio, la buena nutrición y evitar las sustancias adictivas y psicoactivas.
En ocasiones esto no es suficiente y, la combinación de tratamientos farmacológicos con ciertas técnicas de terapia psicológica, logran un alto porcentaje de recuperación y remisión, permitiendo una vida plena y productiva, incluso en aquellas personas vulnerables.
El MinSa impulsa una nueva versión de un reglamento que desprotege y amenaza el agua potable; para permitir y legalizar la contaminación con plaguicidas en el líquido vital destinado al consumo de toda la población nacional.
La propuesta, legaliza Valores Máximos Admisibles (VMA) que superan en hasta 800 veces el valor vigente en la normativa nacional, sin incluir estudios o criterio técnico al respecto.
Este cambio sustancial busca “legalizar” niveles alarmantes de metabolitos del Clorotalonil, lo cual atenta contra la salud pública de las comunidades afectadas. Hay que recordar que este plaguicida está prohibido desde 2023 por ser considerado cancerígeno y que sus degradados también cancerígenos y tóxicos persisten como principales contaminantes en el agua de 69 fuentes en la zona norte de Cartago.
Esta reforma intenta legalizar la contaminación con cualquier agroquímicos que en el futuro esté presente en el agua. No busca el beneficio de la población o mejorar la calidad del agua que tomamos, es un intento desesperado por no hacer nada ante el grave problema de contaminación, ampliamente demostrado. Queda de manifiesto que el gobierno sabe que los cambios que ampara el suministro de agua y el levantamiento de la Órdenes Sanitarias realizado en el 2024, es totalmente ilegal y viola el reglamento actual. Dejando a 69 comunidades de la zona norte de Cartago a la suerte de agua contaminada con metabolitos del agrotóxico clorotalonil.
Esta reforma cambia “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”. Parece una simple sustitución de palabras, pero esto hace que el agua contaminada no tenga que ser sacada de los sistemas de distribución del preciado líquido para consumo humano. Con esta reforma el AyA podrá continuar autorizando la distribución de agua con altos contenidos de agroquímicos mientras hacen “análisis de riesgo” para evaluar qué tan peligrosos son estos residuos para la salud humana y que tanto agro-veneno puede ser ingerido en base modelos teóricos y suposiciones ofrecidas por los funcionarios de turno. Esto burla el principio precautorio y la amplia jurisprudencia como son el indubio pro aqua, indubio pronatura y el indubio prosalud.
La vergonzosa propuesta de reglamento que permite la contaminación de las aguas para consumo humano con residuos de clorotalonil es violatoria de la Ley de Salud 5395 en sus artículos 263 y 273. El 263 prohíbe “toda acción, práctica u operación que deteriore el medio ambiente natural o que alterando la composición o características intrínsecas de sus elementos básicos, especialmente el aire, el agua y el suelo, produzcan una disminución de su calidad y estética, haga tales bienes inservibles para algunos de los usos a que están destinados o cree éstos para la salud humana o para la fauna o la flora inofensiva al hombre. Toda persona queda obligada a cumplir diligentemente las acciones, prácticas u obras establecidas en la ley y reglamentos destinadas a eliminar o a controlar los elementos y factores del ambiente natural, físico o biológico y del ambiente artificial, perjudiciales para la salud humana”. Y además el artículo 273 donde se “prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua en proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de enfermedades” (destacado no es del original).
En resumen, el Ministerio de Salud pretende cambiar la normativa nacional para legalizar la contaminación con agroquímicos. De firmarse y publicarse este decreto ya no se prohibirá la presencia de pesticidas en la red de distribución del AyA y de las Asadas acorde al reglamento vigente. Cuando se encuentren fuentes de agua potable contaminada con agroquímicos las autoridades seguirán abasteciendo el agua y evaluaría a posterior si esto causa daño o no a la salud pública. Violando el principio in dubio pro agua y el principio precautorio; el artículo 50 de la Constitución Política.
La gráfica anterior es clara y permite observar la grave situación de contaminantes degradados del clorotalonil en la Zona Norte de Cartago. Estas gráficas son de autoría propia y se hicieron en base a los datos publicados por el mismo Ministerio de Salud. Cada color corresponde a un metabolito de degradación del agrotóxico clorotalonil ( 8 en total) para las respectivas 69 tomas de agua detalladas en la gráfica de barras. La Asada de San Rafael de Irazú presenta la toma de agua con mayor contaminación al final de la gráfica.
Señalamos que es irresponsable la decisión de elevar los parámetros de contaminación, lo cual va en contra del principio de no regresión y del principio precautorio en materia de salud ambiental. Por lo tanto, sostenemos que esta modificación al reglamento, no sólo es ilegal sino que también es inconstitucional. Además los actos administrativos de este gobierno, como el levantamiento de las Órdenes Sanitarias de las fuentes contaminadas, son criminales y van en detrimento de nuestro derecho humano al agua.
En el gráfico anterior destaca la línea anaranjada, la cual señala el Valor Máximo Admisible permitido en la versión actual del Reglamento de Agua Potable (límite que quieren modificar con la reforma en cuestión) , en azul los valores encontrados por el Ministerio de Salud de degradados del Clorotalonil en 69 fuentes de agua claramente sobrepasan entre 470 veces y 214 veces la norma establecida. En resumen, la reforma en discusión que intenta el gobierno pretende elevar el límite actual (línea anaranjada) a la parte superior de la gráfica elevando así los límites permisibles en contra de la calidad del agua potable y a favor de la desidia institucional de no abordar el problema integralmente.
Las organizaciones aquí firmantes llamamos a diputados de la República, autoridades competentes, acueductos comunitarios y la sociedad civil en general a organizarse y rechazar dicha propuesta de reforma al Reglamento de Agua Potable.
Firman:
Bloque Verde Frente Eco Cipreses Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza Red de Coordinación en Biodiversidad Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera Red de Mujeres Rurales Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense Unidad Especial Silvestre De Protección Y Rescate Animal Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Asociación de Desarrollo Integral Magnolias Movimiento de Resistencia y Formación Frente Ecologista Universitario Movimiento Ríos Vivos Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica La Yunta Agroecológica Buen Vivir Costa Rica Diputado Ariel Robles Barrantes Diputada Rosaura Méndez Gamboa Diputada Kattia Cambronero Aguiluz
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, Universidad de Costa Rica.
Dos conductores acaban de tener un percance con sus vehículos. Los dos se bajan al mismo tiempo a observar los daños. Es una tarde de un tránsito pesado en la ciudad capital. El de adelante increpa al otro por haberle golpeado el carro. El de atrás se exalta pues afirma que el otro frenó de frente. Hasta allí todo más o menos bien. Hasta que el enojo y la ira toman el escenario de la violencia física. El de adelante, exaltado e iracundo saca de su vehículo un bate de béisbol (pero de los que no dicen Tony Armas) y se dirige directamente hacia el otro conductor para descargar contra él la furia y la ira del momento. El segundo huye entre los vehículos estacionados en una gran presa vespertina. El iracundo al ver que su persecución no fructifica, la emprende contra el vehículo de su perseguido hasta dejarlo irreconocible.
Esta escena no ocurrió recientemente pero sí ha pasado en las carreteras costarricenses. Es ya una escena común.
Escena 2
Una pareja de personas adultas mayores se dispone a cruzar una calle y se devuelven. De un vehículo, un conductor los increpa por su indecisión. Minutos después la pareja se encuentra con el conductor en una acera y el señor adulto mayor le consulta por su indisposición. Sin mediar palabra el conductor tumba de un golpe al señor y lo vapulea en el suelo. Esta escena al contrario de la primera pasó en vía pública. Pasó en Orotina, cantón ubicado cerca de la zona del Pacífico costarricense. Lamentablemente el señor vapuleado, falleció.
Escena 3
Recientemente, Al finalizar un juego de la primera división costarricense, se formó una verdadera batalla campal. Golpes, gritos, ofensas iban y venían entre jugadores y miembros de los cuerpos técnicos. Pero lo que realmente sobresalió de esa trifulca fue una llave de artes marciales que un jugador aplicó sobre el cuello de un miembro del cuerpo técnico contrario. Se la aplicó una primera vez y cuando todo parecía haber sido controlado, salió en franca carrera a buscar de nuevo a su presa para aplicarle una segunda llave. El asunto no pasó a más. Pero pudo haber sido peor. Quedó grabado no solo en la transmisión televisiva, sino en la memoria reciente como uno de los más bochornosos actos de violencia deportiva vistos en la Costa Rica contemporánea.
El eje común de las tres escenas comentadas dibuja masculinidades iracundas y desenfrenadas, una incapacidad oral y material para dirimir conflictos y una ausencia total de control de las emociones. En la segunda escena el escaso manejo del enojo produjo un lamentable fallecimiento.
Si hay algo urgente que debe hacerse ya es declarar este flagelo como un problema de salud pública que deberá ser abordado desde una política de contención de las frustraciones, regresar a la oralidad como práctica y la conversación como herramienta.
Arturo Abarca y Carlos Abarca comentan la exitosa reunión que tuvieron en la mesa de negociación con el Centro Nacional de Cuidados Paliativos, autorizada por la CCSS. El objetivo de la reunión fue la búsqueda del mejoramiento de la salud de las personas usuarias en esta materia de la medicina.
Específicamente el enfoque de UNDECA es ver la necesidad de la población que requiere el servicio así como el personal de los servicios de salud pública. En esta mesa participaron la directora médica, el administrador y los profesionales del centro y se llegó a varios acuerdos; también se definieron mecanismos de seguimiento.
Los acuerdos tomados son: 1) El centro médico fortalece la visita domiciliar, lo que implica más equipo médico, 2) a partir de enero la apertura de 24 horas para este centro, es decir mejor calidad de atención, 3) ampliación del Servicio de Intervencionismo Paliativo, 4) el traslado de la plaza 48184 Médico Especialista en Medicina Paliativa al Hospital San Vicente de Paul, Heredia y 5) solicitud de nuevo recurso humano para el Centro Nacional.
UNDECA como organización sindical de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) participaron en una reunión convocada para abordar temas cruciales como el tiempo extraordinario y la creación de nuevas plazas. Tras la exposición del gerente médico, los representantes sindicales expresaron su desacuerdo con los números presentados y destacaron la urgencia de reforzar los recursos humanos para garantizar la calidad y calidez del servicio que siempre ha caracterizado a la institución.
Los sindicatos subrayaron que la falta de personal afecta la atención de los pacientes y anunciaron la solicitud de una nueva reunión en los próximos días. En este encuentro, esperan la participación del gerente financiero, el director de Recursos Humanos y el gerente administrativo para explorar soluciones como el incremento de personal, la reconversión del tiempo extraordinario u otras modalidades que respondan a las necesidades actuales de la institución y sus pacientes.
En el video adjunto al final de este texto, se señala al presidente Rodrigo Chaves y su gobierno, con un enfoque principal en la relación conflictiva entre el gobierno y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la entidad responsable de los servicios de salud pública en Costa Rica. Donde se analiza que el gobierno está saboteando las operaciones de la CCSS al evitar que el Ministerio de Hacienda le transfiera los fondos necesarios para su funcionamiento, una acción que se considera violatoria de la constitución y las leyes nacionales.
Se menciona también el impacto negativo de estas acciones en la población costarricense, al señalar que muchas personas enfrentan largas esperas para recibir atención médica básica debido a la falta de recursos. Se aborda que los ciudadanos deben hacer fila desde horas tempranas en la madrugada frente a las clínicas y hospitales para intentar conseguir un turno, lo cual refleja un sistema de salud saturado y falto de recursos. Este problema se agrava con la escasez de especialistas, equipo médico, medicamentos e infraestructura adecuada. También se aborda el caso específico de la construcción del nuevo hospital en Cartago, la cual, ha sido sistemáticamente bloqueada por el gobierno, a pesar de que dicha infraestructura es urgente para mejorar la atención médica en la región.
Por estas razones, se acusa directamente al presidente y al ministro de Hacienda de negligencia y falta de responsabilidad en su gestión, responsabilizándolos de las muertes y la pérdida de vidas de costarricenses que no reciben atención médica oportuna. Se cuestiona si el gobierno está buscando protegerse de posibles responsabilidades al no cumplir con sus obligaciones hacia la CCSS y al no permitir que su Junta Directiva funcione adecuadamente para aprobar decisiones críticas para la salud pública.
Finalmente, se denuncia lo que considera una falta de ética y patriotismo por parte de quienes ocupan altos cargos en el gobierno, acusándolos de seguir órdenes del presidente sin considerar el bienestar del país y sus ciudadanos, enfatizando una percepción de que el gobierno está actuando en contra de los intereses del pueblo costarricense, protegiendo sus propios intereses y debilitando el sistema de salud pública en el proceso.
Se puede visualizar este video en el siguiente enlace:
Esta semana en Lo que importa por el canal QUINCE de la UCR, se examina una de las peores crisis en la historia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución clave en Centroamérica con más de 60,000 empleados. La Dra. María del Rocío Sáenz, expresidenta de la Caja y exministra de Salud, compartirá su perspectiva sobre los desafíos actuales, señalando que “la no construcción del hospital de Cartago es una señal sobre la intencionalidad de no invertir en la salud pública”.
La Dra. Sáenz discutirá las graves implicaciones de esta falta de infraestructura en el sistema de salud, que pone en riesgo la calidad de atención en Cartago y el país.
No se pierda Lo que importa, en su repetición especial el domingo a las 12:30 pm por el canal QUINCE de la UCR.
