El Dr. Gustavo Gutierrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica, invita a la marcha en defensa del sector agropecuario. Esta se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de marzo, a las 9:00 a.m, saliendo del Parque de la Merced.
El Consejo Nacional de Rectores, la Universidad de Costa Rica y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se suman al llamado en defensa del sector agropecuario nacional.
La Unidad en la Acción Sindical participa y apoya la marcha nacional del sector agrícola costarricense. Esta se realizará el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00 a.m.
La misma saldrá del parque frente a la Iglesia de la Merced, continuando por la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia.
Por una Costa Rica justa, solidaria e inclusiva…
¡En defensa del Estado Social de Derecho!
Mientras desgranaba este maíz criollo maicena, producido junto con Chino en Turrubares, se me han colado por ahí recuerdos gratos de mi madre, que en tiempos de vacas flacas nos sacó adelante con sus tortillas, y la verdad, también de otros tiempos más difíciles de digerir.
Si nosotros, en una pequeña parcela tuvimos la llegada de los pericos y para terminarla de hacer de un condenillo pizote, qué difícil será para las familias productoras sacar una milpa adelante y así tener a lo largo de los meses sus cosposas, chorreadas y el maíz para sus tortillas y engordar un chanchito.
Podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, pero bueno, solo hablemos de las semillas criollas de maíz que las han ido desapareciendo a falta de políticas estatales de estímulo; y por supuesto, favoreciendo la supuesta modernización del agro con «semillas mejoradas» que funcionan, (¿faltaba más?) junto a su paquete de agroquímicos.
O sea, además de los riesgos que tiene la agricultura, hay que tener plata en mano.
En todos estos años pasados y ahora ni se diga con el tal Deschaves, la agricultura en general y ni se diga la familiar, han sido severamente desestimuladas por políticas estatales que desincentivan la producción nacional, en muchos productos bajo un supuesto mentiroso de libre mercado que hace bajar los precios.
Los ejemplos sobran con las mentiras del arroz, los aceites, huevos, etc.
Desde el colectivo Mujeres por Costa Rica se comparte el apoyo a la próxima marcha nacional el 29 de marzo a las 9:00 a.m. saliendo desde el Parque de la Merced.
Por la seguridad y soberanía alimentaria, ¡NO a la Alianza del Pacífico!
El Consejo Nacional de Cooperativas se une en respaldo de la marcha nacional para exigir una política digna y justa para el sector agropecuario.
“Las manos de nuestros productores y agricultores costarricenses son las manos de Dios en esta tierra bendita llamada Costa Rica”.
La marcha será el próximo 29 de marzo a las 9:00 a.m. en San José, saliendo de la Iglesia de la Merced, continuando por la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia.
¡Por la soberanía alimentaria costarricense!
Para más información puede contactarse al 2553-0776 con el Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica.
Compartido con SURCOS por Oscar Vargas.
Comunicado de prensa
Desde las organizaciones sociales y productivas que participamos de la Mesa de Diálogo Multisectorial por una Costa Rica próspera, inclusiva y solidaria, nos pronunciamos a favor de la producción nacional de los sectores Agrícola, Agropecuaria y Agroindustrial, ante el abandono histórico de los gobiernos, y las políticas agrarias como también comerciales que impulsa el actual Poder Ejecutivo en Costa Rica, beneficiando a un sector pequeño desde la importación, al mismo tiempo que abandona y profundiza la precariedad de las familias agricultoras y en general de las personas consumidoras costarricense ante la ausencia de seguridad y soberanía alimentaria no presente en las políticas públicas.
Dicho abandono institucional agudiza las actividades nacionales agrarias ante la insistente intención de que el país deba adherirse a la Alianza del Pacífico, tratado comercial que ya hemos fundamentado con rigurosidad el cómo afecta y precariza aún más las condiciones para el sector de producción nacional en pequeña y grande escala.
Por tanto, consideramos que esta iniciativa sin medir el impacto en el mediano y largo plazo solo suman al debilitamiento de la producción nacional, colocando al país en un lugar de mayor vulnerabilidad a sufrir fuertes consecuencias debido efectos de la crisis climática, y políticas alimentarias y de comercio de otros países, además de la frágil seguridad alimentaria en la que nos encontramos, de no ser por el esfuerzo de las organizaciones y todas las personas del sector de producción nacional, que mantienen en pie el abastecimiento de alimentos en el país, pese a las dificultades y ausencia evidente del apoyo estatal.
Es importante que la ciudadanía costarricense a través de esta marcha comprenda que la integración a esta alianza pone en riesgo a más de 500 mil empleos asociados al sector agro, sector que representa actualmente el 7% del PIB y amenaza la seguridad alimentaria que hoy más que nunca es necesaria proteger ante los escenarios de convulsos de la coyuntura económica y social internacional, de igual manera las zonas rurales dependen de las actividades agrícolas para subsistir ante la falta de alternativas.
Es por ello por lo que nos sumamos a la marcha nacional a favor del sector Agro y en pro del bienestar y la seguridad alimentaria de la ciudanía de este país. Es así como reivindicamos las solicitudes del sector Agropecuario ante la coyuntura actual:
Todas las demandas anteriores en consulta con los sectores sociales y productivos mediante un mecanismo de diálogo social que se garantice un proceso democrático en las vías legislativas y ejecutivas existentes.
Quienes conformamos esta mesa, participamos desde la diversidad de sectores productivos como organizaciones asociativas y cooperativas, así como la organización de estudiantes universitarios desde las federaciones estudiantiles, participación diversa de sindicatos, así como la participación nacional de Colegios Profesionales, Universidades Públicas y Asociaciones de Desarrollo Comunal.
Así que nos unimos a la demanda internacional de integración de países, pero que sea desde el interés de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de sus pueblos, frente a la crisis climática, y que por el contrario no afecten o generen implicaciones negativas para la seguridad alimentaria.
El presente y futuro de los alimentos debería ser una prioridad en tiempos de crisis, no un intercambio antojadizo de políticos sin una visión prospectiva de la protección de los bienes comunes, la salud comunitaria, los derechos humanos, la autonomía de los pueblos y sus democracias que se fortalecen con la sabiduría de las comunidades campesinas y ancestrales.
Por las razones anteriormente mencionadas nos unimos a la gran marcha nacional en apoyo al sector agrícola, agropecuaria, y agroindustrial el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00am, saliendo del parque Central de Costa Rica, en ruta hacia la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial.
Marcharemos pacíficamente por una política agraria integral y solidaria, que asegure el desarrollo productivo y social convocada por de la Corporación Hortícola Nacional (CHN), UPA Nacional, UNAG y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) e instamos a la comunidad nacional a unirse y sumar en defensa de nuestro sector agropecuario y la seguridad alimentaria de todas nuestras familias en el país.
Imagen ilustrativa, UCR.
Desde las agrupaciones Corporación Hortícola Nacional (CHN), UPA Nacional, UNAG y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), se convoca a los productores y las productoras del sector agropecuario del país, con el objetivo de visualizar la lucha por políticas de desarrollo agropecuario dignas.
La marcha nacional será el próximo miércoles 29 de marzo a las 9:00 a.m., saldrá del parque frente a la Iglesia de la Merced, continuando por la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia.
Para más información puede comunicarse al 2553-0776.
Diversas organizaciones del Sector Agropecuario, como Upanacional, la UPIAV, la UNAG, la Corporación Hortícola, el Foro Nacional de Cooperativas y otras Asociaciones de productores y centros agrícolas, están convocando en representación de los productores agropecuarios del país a la marcha nacional en apoyo al Sector Agropecuario el 29 de marzo próximo, por una política de apoyo al sector agropecuario que asegure el desarrollo productivo y social y la soberanía alimentaria costarricenses.
En enero de este año durante la presentación de la política agrícola 2023-2032, miembros del sector agropecuario le exigieron al Poder Ejecutivo una mayor atención de sus necesidades para reactivar su actividad económica. En esa ocasión cámaras productivas, cooperativas agrícolas y agricultores independientes solicitaron al Gobierno su apoyo para enfrentar las consecuencias del cambio climático, mayor acceso al financiamiento, apoyo para la investigación y desarrollo y asistencia técnica para mejorar su competitividad. (CRhoy 26-1-2023)
Y es que la actividad agropecuaria ha venido en una caída constante en los últimos años, que según el Indice de Actividad Agropecuaria(IMAGRO) a diciembre del 2022, presentó caída del -2.1 interanual, atribuible en buena medida a la caída del -9.8% en la producción agrícola y en menor medida en la pecuaria con el 0.6% y en la exportación con un 1%.(CNAA,comunicados,2022)
Previamente la variación interanual había sido del -3,5% entre junio 2021 y junio del 2022, según datos del Índice Mensual de Actividad Económica.
En ese momento, el Presidente del Banco Central señaló que “la mayor afectación se presentó en productos exportables como banano y piña dadas las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania. La producción de productos exportables se redujo 8%, la mayor caída desde julio de 2015”.
Por su parte el Presidente de la Unión Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses reconoció que “este ha sido un año muy difícil para el productor agrícola ya que los insumos están afectando nuestros costos de producción pero también, subieron los servicios públicos como electricidad, combustibles y el agua”.(LaRepublica.net,18-8-2022)
Hay que recordar que en el año 2019 la Alianza Nacional Agropecuaria(ANA) que incluía también a la Cámara de Agricultura y Agroindustria, (que ahora no va a participar), elaboró un planteamiento al Gobierno, que incluía entre otras solicitudes, la introducción de los pequeños y medianos productores en las cadenas de comercialización, la aplicación de los instrumentos legítimos de defensa comercial, la disminución del impuesto único de los combustibles, la reducción de las tarifas eléctricas y portuarias y el aseguramiento de los productores ante la CCSS, aduciendo poca voluntad política del Gobierno para atender las dificultades de la producción de alimentos.
Debido a lo anterior, la Marcha Nacional en apoyo al Sector Agropecuario, no debiera ser una marcha más, como las que han realizado las organizaciones del sector a lo largo de varias décadas, si no debiera convertirse en un movimiento permanente en demanda de políticas que reviertan el deterioro del sector y el desmantelamiento de la institucionalidad sectorial pública.
Porque la problemática del sector y en particular la del sector de la pequeña y mediana producción alimentaria para el mercado interno, no es coyuntural, ni provocada por la pandemia o por la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
La problemática de este sector tiene un carácter estructural, responde como se ha mencionado en artículos anteriores, a que el sector dejó de ser un sector económico estratégico desde la década de los 80, con excepción de la agroexportación y a que la producción interna de alimentos ha sido considerada una actividad marginal para los sucesivos Gobiernos.
Desde entonces existe una transformación pendiente de la actividad, hacia una agricultura más sostenible e incluyente y menos dependiente de los insumos importados, que el Gobierno actual dominado por los importadores, con sus decretos para reformar el Ministerio de Agricultura, para promover la ruta del Arroz o la aprobación del proyecto para la importación de nuevas moléculas de insumos agropecuarios, no pretende apoyar o favorecer.
Es oportuno dimensionar que el sector agropecuario, genera el 15% del PIB ampliado, el 40% de las exportaciones, el 11% del empleo a nivel nacional y el 29% del empleo en las zonas rurales y que dedica más de 1,5 millones de hectáreas a actividades agropecuarias(480 mil a cultivos agrícolas y 1,1 mills. a pecuario),(cnaacr.com), no puede ser atendido con improvisación o con acciones parciales.
La actividad agropecuaria, agroindustrial y pesquera, es una actividad estratégica amenazada por el descenso en las áreas productivas, por el bajo nivel tecnológico, los bajos rendimientos, la escasa rentabilidad, los problemas de precios y de mercados, la inestabilidad en la producción de alimentos, al que ahora se suma la amenaza de la incorporación a la Alianza del Pacífico y la apertura al comercio con países que disponen de una mayor competitividad agrícola.
No es posible olvidar que los pequeños y medianos productores han sido golpeados por muchas situaciones en los últimos años, han sufrido caída de los mercados nacional e internacional, el aumento de los precios de los insumos y combustibles, la crisis económica generada por el covid-19 y los desastres naturales y aún así, los productores han continuado generando el alimento de toda la población.
Como lo mencionó en su momento el exministro Alvarado de Agricultura, la producción agrícola no es un negocio nada más, es una forma de vida en la cual la gente está incorporada, tiene historia, tradición y eso es lo que la gente hace”, (Alterdescr.octubre,2020)
A su vez la FAO ha reiterado que “para garantizar la oferta de alimentos básicos, es clave mantener el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, con especial atención a la agricultura familiar campesina, facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura”. (FAO, Boletín, 27-4-2020).
German Masís Morales
Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.
En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)
Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.
Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.
Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.
Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.
La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.
Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.
En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.
“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.
“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.
La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.
No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.
Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.
Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.
Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales. Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.
Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.
La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales. La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.
Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1. (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”
El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años
Entre los principales desafíos del sector se plantean:
-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.
-Aumento de la competitividad y productividad.
-Producción sostenible y adaptación del cambio climático
-Tecnificación agroproductiva.
-Estímulo a una comercialización eficiente.
-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales
En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.
Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.
Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.
La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.
El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.
El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos. En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.
El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.
Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.
El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)
De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.
En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.
Comunicado de prensa
(San José, 21 de noviembre). Un bloque de seis organizaciones agropecuarias se ha unido para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre el agricultor costarricense, en caso de que el Presidente de la República don Rodrigo Chaves formalice la integración de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.
Los líderes de los agricultores advirtieron, que unirse a la Alianza del Pacífico sin garantizar el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles, empujará a un precipicio a todo el sector agropecuario nacional.
Así lo denunciaron representantes de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG); Corporación Hortícola Nacional (CHN); Frente Agroindustrial Cooperativo (FAC). Junto a ellos: la Unión de Productores Independientes de Actividades Varias (UPIAV); Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPANACIONAL); y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
Unirse a la Alianza del Pacífico, sin que se garantice el mantenimiento de las exclusiones y los aranceles negociados en los respectivos Tratados de Libre Comercio, vigentes con cada uno de tales países, representa un riesgo real y enorme para la existencia y el sostenimiento de la producción agropecuaria”, advirtió el presidente de la CNAA, Rigoberto Vega.
Estas agrupaciones insistieron en que esta entrega incondicional y desprecio para el agro nacional, que produce la canasta básica, no bajará los precios de los alimentos a los consumidores, porque “las ganancias se las dejarían los importadores e intermediarios”.
Lo que “quieren es hacer negocio trayendo productos de afuera, desplazando a nuestros agricultores, sin importarles la seguridad alimentaria”, arguyó Guido Vargas, Secretario General de UPANACIONAL.
Otro impacto de la eventual integración a la Alianza del Pacífico sería el “empobrecimiento y descapitalización de los agricultores, por los altos costos de materias primas y fertilizantes”, señaló Gustavo Elizondo, representante del FAC.
Vale señalar que el 20% de los ciudadanos más pobres, destinan hasta el 80% de su ingreso para comprar comida; sin aranceles para los productos agropecuarios, quedarán desprotegidos ante oligopolios de importadores, que controlan la venta de los productos perecederos, causando estancamiento social y económico.
“Apoyar la producción nacional es un deber del estado costarricense” -señaló Jaime Rojas, Secretario General de UPIAV- “y no nos vengan con el cuento de una agenda de acompañamiento, a cambio de eliminar las exclusiones.”
Para José Oviedo, Secretario General de UNAG: “el debilitamiento de la producción nacional, nos hace vulnerables, y coloca la seguridad alimentaria de nuestro país, en serio riesgo.”
La Alianza del Pacífico inició hace diez años, está formada por México, Perú, Colombia y Chile; a ellos quiere unirse don Rodrigo Chaves.
“Unirnos a este bloque, no garantiza que podamos exportar más productos a esos países, que tienen verdaderos sistemas de protección a los agricultores”, enfatizó Aura Martínez, Presidenta de la Corporación Hortícola.