Etiqueta: sector privado

SITRAHSAN propone salida de Rocío Aguilar de la SUPEN

Escrito en 08/07/2020. Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

En la propuesta Sindical Social, SITRAHSAN promoverá la tesis de: FUERA ROCIO AGUILAR DE LA SUPEN (ROP)

SITRAHSAN considera es una bofetada al sector laboral sea público o privado la dirección ejecutada por esta señora, con su actuar; ha demostrado que “le valen” las necesidades del Trabajador, en tiempos de pandemia y previo a tiempos de pandemia, con el impuesto a la canasta básica y a los servicios esenciales. Por eso pediremos su salida de la SUPEN

Gravar el consumo de agua, de internet en tiempos de teletrabajo, la luz, los alimentos esenciales, tiene un tinte muy fuerte de “empobrecimiento social” y hasta el transporte privado, que por cierto cada día que pasa UBER se lo puede “embuchar” a la espera del reglamento ya hoy retrasado por la administración tributaria.

Y mientras; los grandes empresarios, blindados en corporaciones, unas con grandes utilidades trasladan sus ganancias para asumir las pérdidas de su conglomerado y con ello logran declarar “CERO UTILIDADES”.

Le invitamos a ser parte de esta organización de trabajadores y con ello sumar más personas representadas; antes de que la pandemia nos deje sin un cinco y se lo justifiquen como perdidas las operadoras.

El Emperador o sobre la propuesta de UCCAEP

Escrito en 03/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernández V.

Bajo el engañoso título de “Pacto por el empleo” la UCCAEP hace, entre otras, las siguientes demandas al Estado costarricense, todo en el marco de la situación fiscal y de pandemia que atraviesa el país. Para el escrito hemos tomado del documento de UCCAEP algunas de sus exigencias que representan tanto beneficios directos (BD) como modificaciones de lo público en función de los intereses del sector privado (IP) al que representa la UCCAEP. Las presentamos como ejemplos del tipo de demandas que ellos presentan al Gobierno de Costa Rica. Así tenemos:

De orden general/transversal:

1.1 que le quiten el acoso tributario, es decir que no lo amenacen con impuestos, mucho menos hacerlos efectivos (BD)

1.2 que se suspendan los mensajes de amenaza al sector, o sea que no se den intentos de eliminar el secreto bancario) (BD)

1.4 que se detenga el acoso ambiental sobre el empresariado, que se le deje producir sin mayor regulación ambiental. (MPIP)

1.6. que se detengan los proyectos de ley que alteren el clima de negocios ( proyecto para fortalecer la inspección del trabajo, impuestos al reaseguro, no ligar el seguro de salud voluntaria a la inscripción como contribuyente a la CCSS, ley de prohibición de uso de bolsas plásticas desechables en el comercio, ley para prohibir la contaminación por residuos plásticos, ley para desincentivar el consumo de alimentos ultra procesados, ley de creación de la oficina de control de precios de medicamentos (MPIP)

1.8. dar seguridad jurídica al régimen de zonas francas, es decir que no les pongan impuestos (BD)

Crédito

2.1. que se recorten cargas fiscales de los bancos del Estado destinadas a Infocoop y al financiamiento de la educación para aumentar los saldos para créditos para el sector privado (BD)

Tramitología

3.2. que se aplique la guillotina a una serie de regulaciones sobre permisos de construcción, patentes comerciales, permisos de transporte turístico, certificación de guías de turismo (MPIP)

Bienestar institucional

4.1. Mayor eficiencia de ICE y RECOPE para bajar costos de producción (MPIP)

4.3. que se limite la compra entre instituciones públicas (no quieren que empresas públicas participen en contrataciones públicas) (BD)

4.4 que se privatice el sector de generación de electricidad ((BD))

4.5 Frenar la participación del ICE en obras de infraestructura (BD)

Reducción de la Informalidad

5.1. que se dé una amnistía para las cargas sociales y ambientales para incentivar la formalización de empresas y trabajadores independientes (BD)

5.2 que se apruebe una flexibilización laboral y aseguramiento solo por jornada efectivamente trabajada y no por mínimos (BD)

5.3 que se cambie la afiliación a la CCSS por esquemas de ingresos salariales para el trabajador

Independiente (MPIP)

Déficit fiscal iniciar venta de activos del Estado (BICSA, BCR, Fanal,) (MPIP)

7.1. que se aplique la regla fiscal a todas las instituciones del Estado (MPIP)

7.4. que no se presenten proyectos que generen más gastos para el Estado como en Japdeva, solo permitir proyectos que disminuyan el Estado (MPIP)

7.6. Ley para la reducción del gasto público (MPIP)

8 Educación

8.1. que se exija a las universidades públicas el uso eficiente del FEES, parece que trabajan en coordinación con los diputados de la Comisión FEES (MPIP)

8.2 que se transforme el CONESUP a las necesidades de la educación privada, eliminemos lo público y privaticemos (MPIP)

que se apruebe la Ley de empleo público para que el Estado y sus instituciones sean más eficientes (MPIP)

La lectura y análisis de estas y otras exigencias de la UCCAEP y del documento como un todo llevan a las siguientes reflexiones.

El Emperador UCCAEP quiere socializar las pérdidas y le dicta a su administrador (la Administración Alvarado), pero no al soberano, que tiene que hacer para que los empresarios Elite (que no son los medianos y mucho menos los pequeños empresarios) estén, a pesar de la pandemia, cada vez mejor. Futuro, poder y riqueza asegurados. Nada importa la inclusión social, ni el bien común. Se trata del bienestar del Emperador y sus allegados. Todas las propuestas enumeradas buscan exactamente ese fin, el bienestar del Emperador y sus allegados, a pesar de la pandemia y la crisis fiscal, la cual en buena medida tiene como causa la evasión fiscal, la elusión y las exoneraciones. Las dos primeras según el propio exministro de Hacienda alcanza la escandalosa suma de 3.800 millones de dólares.

Lo que propone y exige el Emperador tiene un tono político y moral, además del económico, con rasgos totalitarios e impositivos (claro vienen del Emperador, ese grupo social si puede hacer eso). El Emperador habla como si fuese el representante de todos, la voz de todos, pero en realidad es solo su propia voz.

UCCAEP nos quiere hacer creer que su propuesta es la única posible, lo cual por supuesto no tiene nada de cierto. Hay muchas otras y muy buenas opciones y posibilidades. Parece que para el Emperador no existe en Costa Rica ninguna otra visión del futuro, solo la suya, visión que bien le ayudan a promover el grupo Nación, Teletica, Repretel, Amelia Rueda y Monumental, entre otras.

Según el Emperador, en su documento, el desarrollo socioeconómico del país, a través de la historia se debe al empresariado. ¿Será esto ignorancia o interposición histórica?

Dicen además que tiene 200 años de producir libertad, posiblemente se refieren a la libertad para generar pobreza, pobreza extrema, y libertad para producir desigualdad extrema.

El Emperador UCCAEP y sus amigos políticos han planeado, diseñado y ejecutado confrontación y divisionismo, el 1 % contra el 99%, han erosionado el bienestar común, han erosionado la seguridad social y finalmente la democracia. No hay democracia con 25 o 30 % de pobreza y 20% de desempleo. Tampoco hay democracia donde los impuestos los pagan los que menos tienen y los poderosos exigen más privilegios.

Para el emperador el empleado público debe cumplir las leyes y los reglamentos, pero no se pregunta quienes son los evasores, los practicantes de la elusión y los que estafan las aduanas. Es la población de ingresos medios y bajos la que en la realidad sostiene al Estado, no son los empresarios. La emergencia de la pandemia ha dejado claro este hecho.

Como buen emperador la UCCAEP dice que ellos no tienen privilegios (están tan acostumbrados a no pagar los impuestos que deben pagar, a la elusión y a las exoneraciones, que no lo consideran un privilegio, aunque todos los demás costarricenses si los pagamos). Sus exigencias en el documento de su autoría son en buena parte privilegios que otros grupos económicos de este país no tenemos y ni siquiera pensamos en exigir. El hecho de exigirlos ya es un privilegio que ellos se auto recetan. El resto del pueblo no tiene medios para expresarse y si lo hace le aplican la ley anti huelgas que UCCAEP propuso y le aprobaron.

En la propuesta legislativa “Pacto por el empleo” el emperador UCCAEP solo ve sus intereses, no le interesa mejorar el nivel de vida de los trabajadores, aún cuando los necesita para generar sus ganancias. El emperador quiere, mediante legislación mezquina, reducir los beneficios del empleado del sector público porque no quiere que los empleados del sector privado logren el nivel de vida y los beneficios que con esmero han logrado los servidores del sector público, porque eso significaría ceder parte de sus ganancias. Es más fácil y más rentable atacar al empleado público y al Estado que cambiar la estructura de su funcionamiento como sector privado. El sector público es el que garantiza salarios, garantías sociales y servicios públicos. El documento deja ver que el emperador no quiere al Estado, no quiere contribuir con el Estado, pero lo que sí quiere es quitarle al Estado actividades lucrativas y privatizarlas.

COVID 19 ha mostrado las contradicciones enormes entre los intereses de las mayorías de esta sociedad y el interés privado de la UCCAEP. La lectura de la propuesta de UCCAEP confirma estas contradicciones.

En tiempos difíciles Costa Rica ha sabido, en su historia, concertar e innovar en ámbitos que han marcado el camino costarricense del progreso y desarrollo humano sostenible. La abolición del ejército, el Estado Social de Derecho, la conservación y preservación de los recursos de nuestra biodiversidad, los esfuerzos por la paz y la convivencia democrática; son rasgos que nos identifican. Todos estos logros a lo largo de nuestra historia son los que esta y otras propuestas de la UCCAEP a lo largo de los últimos años quieren destruir porque no tienen vocación democrática ni sentido social y son incapaces de confesarlo.

SEC llama a detener empobrecimiento

Escrito en 25/06/2020. Publicado en Derechos.

El SEC hace un llamado al Poder Ejecutivo, Legislativo, partidos políticos y conglomerado empresarial para detener ya la política desmedida de empobrecimiento de la mayoría de las familias costarricenses

El SEC, considera que ante la profundización de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19, es sumamente urgente que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, replanteen las políticas económicas que han implementado para el presente y futuro, ya que este impacto en la economía incrementará la desigualdad social, la pobreza, el desempleo y afectación a la producción nacional. Esta contracción de la economía afectará definitivamente a las poblaciones más vulnerables y a los sistemas de seguridad social.

El deterioro que observamos en el control del COVID-19 es alarmante, más cuando día a día se reporta el acelerado incremento en casos de contagio; pero lo que más nos preocupa es la débil y desacertada estrategia económica aplicada por el Gobierno de la República, dándole toda la protección al Conglomerado Empresarial para que mantengan sus ganancias, a costa de la degradación de las familias costarricenses. Es evidente que se ha profundizado en una agenda neoliberal cuyo objetivo es implementar proyectos enfocados al desmantelamiento de las instituciones públicas y la reducción del Estado.

Hay un claro retroceso en el cumplimiento de agenda mundial 2030 firmada por el país en el 2015.

Es evidente línea de acción que llevan tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo, que se aleja del cumplimiento de dicha agenda y sus objetivos de desarrollo sostenible, al impulsar políticas que apuntan al aumento del empobrecimiento de la población y la precarización laboral.

Ante toda esta situación es urgente hacer un llamado al Poder Ejecutivo, Legislativo, Partidos Políticos y al Conglomerado Empresarial, para detener ya la política desmedida de empobrecimiento de la mayoría de las familias costarricenses.

Solicitamos el diálogo serio y efectivo con todos los sectores sociales y no sólo con la UCCAEP, así juntos construiremos la nueva sociedad costarricense con justicia social y equitativa.

El mundo unilateral de la UCCAEP

Escrito en 13/06/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gilberto Lopes

La Unión de Cámaras del sector empresarial (UCCAEP) ha ofrecido al país “Un pacto por el empleo”.

Tema tan vasto, puede ser abordado de muchas maneras, desde diversos puntos de vista. Una posibilidad es que incluya garantías de empleos decentes, estímulo a la organización de los trabajadores, mejoras de las garantías sociales. En fin, ideas creativas para mejorar el nivel de vida de la inmensa mayoría de los costarricenses, simples trabajadores.

Pero no. La propuesta de la UCCAEP no se aparta un milímetro de los intereses estrictos del “sector empresarial privado”, sin pretensión alguna de reconocer que el país es diverso, o de pensar que el sector más rico difícilmente podrá vivir en paz con un sector más pobre cada vez más distante y con perspectivas empobrecedoras.

Los miembros de la UCCAEP se atribuyen el título de “sector productivo”. Y llaman a sus empleados “colaboradores”. Lo cierto es que el sector productivo costarricense es mucho más amplio que el conformado por las empresas de la UCCAEP. Sin trabajadores esas empresas no existirían y su capital ni siquiera sería capital. El mundo puede seguir viviendo sin ese capital. Lo han demostrado el Estado, o las cooperativas.

Ese capital ni siquiera ha sido capaz de dar una vida digna a sus trabajadores. Si en Costa Rica ha habido una paz relativa –si la comparamos con países de la región–, es por un nivel de servicios públicos que le garantizan a una parte importante de la población condiciones de vida muy superiores a las que ofrece el sector privado, incluyendo salarios, garantías sociales y servicios públicos, desde la banca hasta las telecomunicaciones, desde la educación hasta la salud.

Es el sector público el que los garantiza, no el sector privado.

Ya se que no lo hace de forma perfecta. Es como la vida misma, llena de problemas. Pero hay que arreglarlos, no destruirlos (o venderlos. Son tan buenos negocios que, en realidad, sueñan con comprarlos).

Servicios que, por cierto, se han venido deteriorando en la misma medida en que se van privatizando.

Citan las normas de la OCDE, a la que el gobierno ha hecho todos los esfuerzos por incorporarnos. Muestran con orgullo que nos sumamos a México, Chile y Colombia, los tres únicos países latinoamericanos que pertenecen a la organización. ¡México, Chile y Colombia!

Hay que pensar un poco. ¿De qué les ha servido a los mexicanos, a los chilenos, a los colombianos pertenecer a la OCDE? ¿Qué pretenden? ¿Qué nos parezcamos a México, a Chile o a Colombia? Estos dos últimos, países cuyo orden político ha sido construido sobre la base de la violencia más brutal, gracias a la que se ha construido también un brutal sistema de concentración de la riqueza. A los que tenemos mucho que enseñar y de los que tenemos poco que aprender.

Naturalmente, ¡no es ese el camino! ¡No debe ser ese nuestro camino!

Pero es a ese camino por el que nos empuja el gobierno.

Los resultados de estos proyectos son ya evidentes ¡Y desastrosos!

Es una tristeza que el gobierno pretenda llevarnos por ahí. Tristeza y falta de visión. Mezquindad.

¡Hay que resistir!

También las empresas de UCCAEP dependen del Estado. Mientras más grandes, más dependen de los recursos y de las garantías que les da el Estado. Desde las constructoras hasta la banca, desde las telecomunicaciones hasta los seguros, desde la salud hasta la educación. Todas dependen del Estado.

El documento de la UCCAEP no es más que un largo listado de demandas al Estado. Algunas, demandas de francos privilegios. Las podríamos agrupar en dos tipos de demandas:

Demandas de beneficios directos para el sector

lo que se refiere a créditos disponibles en el Sistema Financiero Nacional,
mayores beneficios en la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa,
amnistía para las cargas sociales y ambientales, una “actualización” de las jornadas laborales que “permita jornadas excepcionales”,
reforzar las medidas de seguridad,
readecuar la deuda de los productores (supongo que se refieren a las deudas con la banca pública),
un “plan para mejorar las posibilidades del sector productivo” (¿?),
reducir las tarifas eléctricas para la producción,
mayores garantías para el sector privado en los procesos de contratación del sector público,
permitir la exploración y explotación del gas natural,
avances en el proceso de ampliación de energía por el sector privado (ya particularmente leonino a favor de ese sector),
privatización del sector de generación de electricidad, incluyendo cerrar el departamento de grandes proyectos hidroeléctricos del ICE,
poner a disposición del sector privado mano de obra especializada y barata mediante el proceso de educación dual,
transformar el Conesup para adecuarlos a las demandas de las universidades privadas,
y avanzar en las alianzas público-privadas para la construcción de los planes reguladores.

Readecuación de lo público en función de los intereses del sector privado

la mejoría de le eficiencia operativa del ICE y de Recope,
“medidas que disminuyan el costo de la formalidad”,
la venta de activos del Estado (que sueñan con comprar),
aplicación “estricta” de la regla fiscal,
reducir el gasto público (para aumentar los recursos a la disposición privada),
mayores controles a las universidades públicas,
reforzar la inversión pública en centro de desarrollo turístico, tercerización de servicios,
erradicar lo que llaman “asedio ambiental”,
una ley de empleo público,
frenar la participación “ilegal y desleal” del ICE en obras,
atender la demanda empresarial en el reparto del uso del agua,
una nueva ley de aduanas “en consenso con los interese del sector privado”,
rechazar mayores regulaciones del sistema de etiquetado frontal de alimentos.

La visión de país de la UCCAEP se resume en eso: mientras mejor les vaya a ellos, ¡pues así le irá al país! La experiencia de décadas recientes, en las que se extendió por casi todo el mundo la idea neoliberal de que privatizando y enriqueciendo a los más ricos terminaría por rebalsar riqueza para los más pobres, finalmente terminó por mostrar que tenía patas muy cortas. Efectivamente aumentó de forma notable la riqueza y, al mismo tiempo, la concentración de la riqueza hasta niveles inimaginables, generando tensiones de todo tipo que han terminado por estallar.

La realidad del Covid 19 nos muestra claramente las contradicciones entre el interés privado y los intereses de la sociedad en su conjunto. Mientras empresarios de la piña, del banano o de la yuca se saltan medidas necesarias para controlar la expansión de la pandemia con el fin de incrementar sus ganancias mediante contrataciones de trabajadores en condiciones precarias, el Estado debe adoptar nuevas medidas e incrementar sus gastos para evitar la expansión de la pandemia al resto del país.

El texto de la UCCAEP deja en evidencia la falta de visión de país. O nos ofrece la visión de un país pensado para tan pocos, que no podemos dejar de señalar el sin sentido de la propuesta y lo inconveniente que sería avanzar por ese camino, en la construcción del mediocre y mezquino mundo que nos propone la UCCAEP.

Organizaciones de trabajadores: Gobierno se empeña en reducir ingresos de los trabajadores y trabajadoras

Escrito en 16/04/2020. Publicado en Trabajo.

Gobierno de la República se empeña en reducir más los ingresos de los trabajadores y trabajadoras

En primer lugar, nos decían que había que privatizar varias instituciones públicas, porque de acuerdo con los empresarios de la UCCAEP, eran deficientes. Dichas instituciones hoy en la emergencia han dado la cara y han demostrado una gran eficiencia, brindándole los servicios necesarios y esenciales a toda la población.

También se debe garantizar que el estado proteja el ingreso de los trabajadores de manera prioritaria, esto no solo desde un sentido humanitario sino también económico. Una reducción del ingreso de los trabajadores puede derivar en una reducción aún mayor del consumo y afectar a la economía en la crisis y en la recuperación de esta.

Se están tramitando proyectos para posponer la cancelación del incremento salarial 2020 y las anualidades a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cual traería consecuencias para esta población y para el país.

Es por esto que CGT, CTRN, CMTC y la CUT, solicitan:

-Solicitan a los señores diputados (as) el archivo definitivo del proyecto de ley expediente 21.917, que pretende crear un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública, para eliminar el pago de anualidades durante este año con excepción de algunas instituciones.
-Se comprende que la capacidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, están siendo afectadas considerablemente en esta crisis, pero las pérdidas económicas no pueden ni deben ser trasladas únicamente a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado.
-Se exige de parte del Gobierno de la República mecanismos de ayuda para la venta de productos nacionales de pequeños y medianos comerciantes.
-Eliminación de contrataciones de propaganda e imagen de gobierno e instituciones.
-Entre otras peticiones más.

Gobierno de la República se empeña en Reducir más los Ingresos de los Trabajadores Y Trabajadoras.

La Central General de Trabajadores (CGT), la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), denunciamos y repudiamos públicamente las acciones que equivocadamente, han venido realizando el gobierno de la república en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado. Esto en obediencia a lo que la cúpula del Sector Empresarial Asociado a la UCCAEP, le ha venido planteando para resolver la emergencia nacional, derivada del COVIC-19.

Primero nos decían que había que privatizar varias instituciones públicas, tales como: CCSS, ICE, INS, RECOPE, FNL, CNP, AYA, entre otras, porque según los empresarios de la UCCAEP, eran deficientes. Sin embargo, los costarricenses se han dado cuenta que dichas instituciones hoy en la emergencia han dado la cara y han demostrado una gran eficiencia, brindándole los servicios necesarios y esenciales a toda la población.

En segundo lugar, las organizaciones que suscribimos este comunicado planteamos en su oportunidad al gobierno de la república, que ante la emergencia por el COVID-19, lo más importante era establecer mecanismos de diálogo y solución de la crisis nacional, fundamentalmente, Poniendo en el centro a la persona al momento de diseñar medidas de contención de la crisis.

En tercer lugar, se debe garantizar que el estado proteja el ingreso de los trabajadores de manera prioritaria, esto no solo desde un sentido humanitario sino también económico. Una reducción del ingreso de los trabajadores puede derivar en una reducción aún mayor del consumo y afectar a la economía en la crisis y en la recuperación de esta, sin embargo, vemos como se tramitan proyectos de ley por parte del Poder Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa, que algunos ya son ley en beneficio de sector empresarial representado por la UCCAEP y en perjuicio de los trabajadores del sector privado y por supuesto de las familias costarricenses.

Asimismo, se tramitan proyectos para posponer la cancelación del incremento salarial 2020 y las anualidades a todos los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo cual traería consecuencias para esta población y para el país, Costa Rica viene de una situación económica frágil, no solo fiscal, también relativa a la capacidad de consumos de los hogares. Si dejamos que la capacidad de compra de los hogares se siga deteriorando, la crisis económica será de dimensiones aún mayores.

En cuarto lugar, luego de sus pretensiones por callar al trabajador público el cual defiende la democracia costarricense y sus instituciones, crearon mediante el proyecto de ley 21.097 texto base de los lineamientos del sindicato de la UCCAEP y encabezado por el Diputado Carlos Ricardo Benavidez, los SERVICIOS ESENCIALES, mismos que ahora buscan como no llamarlos así para eliminar los derechos del trabajo y el salario digno.

Lamentamos mucho que el Gobierno de la República se aferre de esta manera contra los trabajadores del Sector Público y Privado, quienes somos los que pagamos los impuestos puntualmente.

Entonces debería prevalecer un sentido de solidaridad, equidad y un rol más protagónico del estado garantizando que no sean solo los trabajadores (as) y las familias las que carguen con el efecto negativo de esta crisis. También las grandes empresas que han venido reportando cero utilidades y que avaden el pago de impuestos, deben obligatoriamente solidarizarse y poner su granito de arena, situación que no ha sido manifiesta hasta el día hoy.

Por tanto, si realmente queremos salvar vidas señores de gobierno y diputados (as), mantengamos los empleos y la estabilidad económica.

¡Porque no solo el COVID-19 mata, el hambre y el desespero también…!!!!

De esta manera:

-Solicitamos a los señores diputados (as) el archivo definitivo del proyecto de ley expediente 21.917, que pretende crear un transitorio único a la ley de salarios de la administración pública, para eliminar el pago de anualidades durante este año con excepción de algunas instituciones. Esto en razón de que dicho proyecto podría ser inconstitucional y discriminatorio.
-Comprendemos que la capacidad de las empresas, especialmente las más pequeñas, están siendo afectadas considerablemente en esta crisis, particularmente en los sectores de turismo, restaurantes, imprentas y hoteles, entre otras, Pero las pérdidas económicas no pueden ni deben ser trasladas únicamente a los trabajadores y trabajadoras del Sector Público y Privado.
-Exigimos de parte del Gobierno de la República mecanismos de ayuda para la venta de productos nacionales de pequeños y medianos comerciantes, por ejemplo: Pequeños y medianos productores, Patentados estacionarios, vendedores ambulantes, mujeres jefas de hogar, etc., estancados por la crisis.
-Creación de una mesa de diálogo social para enfrentar la crisis nacional con participación sindical activa. Sus programas y políticas deberán de ser congruentes con la recomendación 205 OIT, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 y 8 de la AGENDA 2030 de la Organización de las Naciones Unidades.
-Eliminación de la aplicación de la regla fiscal para toda aquella institución vinculada a políticas sociales.
-Subvención del pago de servicios públicos básicos de las tarifas de consumo residencial por tres meses. Dando el Gobierno Central este monto a cada institución para el servicio básico que realizan.
-Proyectos como el de USURA deben de avanzar y ser garantes del principio solidario.
-Eliminación de contrataciones de propaganda e imagen de gobierno e instituciones.
-Reducción de la deuda política para la campaña electoral venidera del 50%.
-Reducción de gastos de representación legislativa y uso de recursos al 50%.
-Aplicación de las 17 medidas entregadas en pasado 20 de marzo del 2020.
-Solicitamos la moratoria del pago de la deuda externa.
-Para atender la crisis derivada del COVIC-19 se utilice urgentemente un porcentaje de las reservas del Banco Central de Costa Rica.

POR UN PAÍS CON VERDADERA JUSTICIA SOCIAL, UNAMOS NUESTROS ESFUERZOS EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS.

De ustedes;

La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), en representación de la señora Sol Salas Morales, Secretaria General, la Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN), en representación del señor Mario Rojas Vílchez, Secretario General, la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), en representación del señor Olman Chinchilla Hernández, presidente, y la Central General de Trabajadores (CGT) en representación del señor Mario Rodríguez Bonilla. San José, Costa Rica, martes 14 de abril del 2020.

Señor Carlos Alvarado Quesada, Pesidente de la República
Señor Marvin Rodríguez, segundo Vicepresidente de la República
Señores (as) diputados (as)
Señora Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo
Señora Silvia Lara, Ministra de la Presidencia a.i.
Medios de Comunicación colectiva
Comités Ejecutivos CMTC-CTRN-CGT-CUT
Organizaciones Afiliadas

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Lo público y lo privado: buscando el bien común

Escrito en 11/04/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.

Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.

O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.

El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.

Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.

También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.

Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21 lecciones para el siglo XXI, p.179).

El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.

Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.

Foto: ANEP

Concentración-manifestación de ANEP contra rebaja salarial del 1%

Escrito en 26/05/2017. Publicado en Trabajo.

Contra la rebaja salarial generalizada del 1 % pensiones IVM-CCSS y contra el abusivo sistema de las pensiones de lujo: 367 pensiones de más 5 millones con cargo al Presupuesto Nacional
IVM-CCSS: Existen alternativas para no golpear a la clase trabajadora

Tal y como había sido anunciado, el pasado lunes 22 de mayo la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), realizó la concentración-manifestación que había convocado frente a la sede central de la Caja en la Avenida Segunda, con dos propósitos fundamentales:

PRIMERO: Rechazar la inminente rebaja salarial generalizada del 1 % impuesta por la Caja y que afectará a todos los salarios de todas las personas trabajadoras del país, tanto del sector público como del privado. Y hasta las aseguradas de manera independiente pues a éstas se les aumentará la cotización en un 1 %. Rechazamos que se le cobre a la clase trabajadora una especie de mala praxis financiera en el régimen IVM que podría alcanzar la espantosa cantidad, conservadoramente hablando, de 1 billón de colones (un millón de millones de colones).

SEGUNDO: Protestar, enérgicamente, contra el abusivo sistema de pensiones privilegiadas, las de lujo, que dramatizan los dolorosos niveles a los que ha llegado la desigualdad en Costa Rica. La clase trabajadora está muy golpeada y muy herida en su sensibilidad obrera al enterarse de:

UNO: La concesión de una pensión de, prácticamente, 10 millones de colones en el Poder Judicial;

DOS: De constatar la rebeldía jurídica (vía interposición de recursos en la Sala Cuarta) contra una disposición legislativa que obliga a los pensiones de lujo del sistema “Hacienda-diputados”, con pensiones de casi 8 millones de colones, a aportar 2 millones como “contribución solidaria”, quedándoles una de 6 millones. ¡Cómo si esta cifra no fuera ya de por sí sumamente alta para una pensión!

Los datos que manejamos en ANEP nos indican que si hacemos un listado de las pensiones más altas con cargo al Presupuesto Nacional de la República y juntamos ese listado con las más altas tramitadas vía Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), tendremos lo siguiente: 3 pensiones superan los 11 millones de colones; 7 casos superan los 10 millones de colones; 5 están por encima de los 9 millones de colones mensuales; 20 pensiones de más de 8 millones al mes; 29 de más de 7 millones mensuales; y 113 superan la cifra de 6 millones de colones al mes; y, 190 por encima de los 5 millones de colones. En total, 367 pensiones de más de 5 millones de colones con cargo al Presupuesto Nacional.

Definitivamente, este es un retrato cruel de la desigualdad en materia de pensiones en Costa Rica.

Por otra parte, la ANEP maneja un listado de unos 140 casos de altas pensiones con cargo al Presupuesto Nacional cuyos beneficiarios presentaron recursos de amparo contra la nueva legislación que les pone límites pues pretenden que les sigan aumentando 30 % al año, haya o no inflación, heredar la pensión a hijas solteras y cuando faltan su cónyuge siga recibiendo 100 % de pensión.

La ANEP estima que a como van las cosas en la Caja (subir la cotización para la pensión, elevar la edad para la jubilación y reducir el monto a recibir), pensionarse por IVM es ¡empobrecerse! Por el contrario, con las pensiones de lujo, es… ¡enriquecerse!

Efectivamente, si la Caja logra consolidar su abusiva decisión de imponer esa rebaja salarial del 1 %, será esta la primera medida que le abre paso a las otras dos que están pensadas para empobrecer más a la gente trabajadora, vía IVM: subir la edad hasta los 70 años; y, reducir el monto a percibir a un 40 %.

La ANEP entregará este lunes un documento que contiene una propuesta de ámbitos de intervención político-técnica para considerar medidas alternativas a la rebaja salarial generalizada del 1 % que todo el mundo rechaza.

Además, ANEP enfatiza en el razonamiento que, junto con el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, le llevó a negarse a estar en la mesa de diálogo que sobre el futuro de IVM-CCSS ha impuesto la Caja. Y en ese documento se explican las razones por las cuales se confronta tan fuertemente la decisión de esa rebaja salarial del 1 %.

La ANEP es consciente de que se requiere una gran unidad sindical en la acción, conjuntando todos los esfuerzos de la diversidad sindical existe en el país, para hacer cambiar esa soberbia decisión de la Caja. Se aprovechará la concentración para realizar un llamado en tal sentido.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por Secretará General ANEP.

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UNDECA: Caja resuelve arrebatar el 1% del salario a la clase trabajadora para financiar pensiones

Escrito en 14/01/2017. Publicado en Trabajo.

La Junta Directiva Nacional de UNDECA condena enérgicamente el acuerdo abusivo e inconsulto de aumentar en un 1% la cotización al Régimen de pensiones del salario de la clase trabajadora pública y privada, así como de aquellos que también por convenios o de forma voluntaria cotizan para este Régimen.

Reprobamos esta decisión porque después de los resultados del estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, en todo momento se le manifestó al pueblo costarricense que no se tomaría ninguna decisión hasta tanto no se sometiera a consulta a los diferentes sectores sociales.

También manifestamos nuestra total inconformidad con la determinación de aumentar la cuota solamente a los trabajadores y trabajadoras, ya que la cotización para financiar este Régimen de pensiones es tripartita, es decir trabajadores, patronos y gobierno, pero en este sentido se resolvió cargar la pésima administración de los dineros del IVM sólo sobre las espaldas de la clase trabajadora. Es sospechoso el por qué a estos otros sectores la Junta Directiva de la Caja los exoneró de incrementar la cuota en forma igualitaria.

En este sentido cuestionamos el papel de los representantes de los diferentes sectores que integran la Junta Directiva de la Caja, tanto de los empresarios, el gobierno y principalmente el papel de la representación del sector cooperativo y solidarista contra los trabajadores, ya que el representante sindical fue el único que se opuso en su momento y el día de hoy no se encontraba en la Sesión.

Si el resultado del estudio realizado por la UCR se va a implementar de esta forma tan arbitraria, ¿Para qué engañar al pueblo costarricense de que este va a ser consultado a los diferentes sectores sociales?, si al final la Junta Directiva actuará de forma tan antidemocrática.

Nos preguntamos entonces, ¿todas las recomendaciones de este estudio se van a aplicar de esta forma?, la elevación de la edad a 70 años, la cotización hasta en un 16%, castigar el cálculo de la pensión hasta un 60%, imponer un impuesto del 15% al monto de las pensiones, obligar a los pensionados a pagar la cuota de seguridad social; y aún más, a no revalorar el monto de la pensión de acuerdo al alto costo de vida, ¿todo se hará de esta forma o es una provocación?

Hacemos un llamado a todos los trabajadores y trabajadoras costarricenses, más de 1 millón 600 mil costarricenses que cotizamos para el régimen de pensiones, a organizarse y protestar enérgicamente contra esta agresión en contra sus intereses y más aún contra esta violencia en contra los adultos mayores pensionados o por pensionarse.

Luis Chavarría Vega

Secretario general de UNDECA

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por UNDECA.

A propósito del estudio de pensiones de la Caja realizado por la UCR

Escrito en 20/12/2016. Publicado en Trabajo.

Comunicado UNDECA

El día de hoy 20 de diciembre se hace público, por los diferentes medios de comunicación, el resultado de un extenso estudio efectuado por la Universidad de Costa Rica, UCR, referente al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, que protege aproximadamente a 1 millón 300 mil costarricenses de la clase trabajadora del sector público y privado del país.

Según los resultados de este estudio, que debemos de ver con mucha preocupación, tomando en cuenta un fracasado intento entre la Caja y la SUPEN que obligó a cancelar un contrato con una empresa que no contaba con el currículum necesario.

De acuerdo al estudio de la UCR, que debemos aclarar no hemos analizado y que habrá que hacerlo con toda responsabilidad, algunos escenarios indican elevar la edad de 65 a 70 años. En la mayoría de los casos consideramos que ni en las empresas públicas ni privadas, están en capacidad de sostener a personas trabajando activamente a esa edad tomando en cuenta enfermedades laborales, emocionales, desgaste físico, problemas psiquiátricos, accidentes, recargos de trabajo, exposición de muy alto riesgo, etc. Más aún con una obsoleta Ley de Salud Ocupacional que no resguarda la salud y la vida de los trabajadores.

Actualmente para el cálculo de la pensión los y las trabajadoras están siendo castigadas severamente con un monto hasta en un 50% de su salario y este estudio indica que debería bajarse al 40%. Esto sin que la Caja posea un medio serio y responsable para revalorar la pensión a esos miles de pensionados a los que hoy no les alcanza para sobrevivir.

A esto se suma que para tener posibilidad de pensionarse, según este escenario habría que trabajar entre 40 y 45 años, en algunos casos hasta más tiempo. Así es que no existe la menor duda que los resultados de este estudio deberán ser profundamente analizados y estudiados por el impacto en la seguridad social y el en el entorno familiar de las personas que se pensionen, y que se prevé sea el doble de los que hoy se acogen a la pensión.

En UNDECA, desde ya llevaremos este estudio de la UCR para el conocimiento de las organizaciones sindicales y sociales, así como de los trabajadores del país, para tomar las acciones que sean necesarias.

*Para mayor información comunicarse con Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, al teléfono 8367-2737

Imagen con fines ilustrativos tomada de laizquierdadiario.com

Enviado a SURCOS por UNDECA.

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¿Qué pasará con el tipo de cambio en los próximos meses?

Escrito en 06/09/2016. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Roxana Morales Ramos (*)

En lo que va del año, el tipo de cambio promedio en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX) se ha depreciado un 2,93%, siendo en los últimos meses donde se ha presentado una mayor variación. Durante este periodo el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha salido al mercado a vender dólares para evitar mayores presiones al alza. Solo en el mes de junio vendió US$41,7 millones, en julio US$13,1 millones y en agosto US$11,1 millones. A pesar de estas intervenciones, las reservas netas del Banco Central, con saldo al 01 de setiembre, han aumentado con respecto a meses anteriores y alcanzan los US$8.025 millones (representando poco más del 14% del PIB).

Este incremento en el tipo de cambio se explica, según lo señala el BCCR, por un menor superávit de dólares en el sector privado y por un aumento en la posición de moneda extranjera de los intermediarios financieros. Aunado a ello están, el menor financiamiento externo del país, la mayor demanda de divisas para hacer frente a las importaciones y el crecimiento de la demanda de crédito en dólares.

Como resultado de lo anterior, muchas personas buscan respuesta a interrogantes como: ¿seguirá subiendo el tipo de cambio?, ¿cuánto podría subir?, ¿de aquí a fin de año en cuánto se ubicará?, ¿me endeudo en dólares o en colones?

Antes de responderlas, es importante mencionar que el esquema cambiario adoptado por nuestro país desde el 31 de enero de 2015 (Flotación Administrada), establece que el tipo de cambio se determina por la oferta y demanda de divisas en el mercado interno, y por tanto, lo normal es que este varíe periódicamente. Cuando la demanda es mayor que la oferta el tipo de cambio tiende a subir y, cuando la oferta es mayor que la demanda, tiende a bajar.

Otro aspecto a considerar es que el BCCR tiene la potestad de intervenir discrecionalmente en el mercado (no se conocen la “reglas de intervención”), comprando o vendiendo divisas, para evitar que el tipo de cambio fluctúe abruptamente, pero “sin cambiar su tendencia”.

Adicionalmente, es importante tener claro que la economía es muy dinámica y existen muchos factores -tanto internos como externos-, que inciden sobre el comportamiento del tipo de cambio; es decir, bajo el esquema cambiario actual, no es posible determinar con certeza el precio futuro del dólar.

En resumen, teniendo en cuenta el comportamiento reciente de algunas variables económicas y financieras; el esquema cambiario y las políticas de intervención del BCCR (aunque no sus “Reglas”); la importante cantidad de reservas con que cuenta el país y; las declaraciones reiteradas del presidente del BCCR, sobre el compromiso de dicha entidad con el mantenimiento de una inflación baja y estable; la respuesta que podríamos dar a las interrogantes arriba planteadas, es que probablemente el tipo de cambio continúe su tendencia al alza; no obstante, no sabemos con certeza en qué momentos se producirán las variaciones ni en qué magnitud. Además, no es posible determinar un valor a futuro y por tanto, tratar de hacerlo sería imprudente.

Asimismo, es preciso mencionar que existen algunos hechos, que en caso de concretarse, podrían generar presiones adicionales para que el tipo de cambio suba, entre ellos: a) una menor oferta de dólares en el país como consecuencia de un aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, b) que aumente el precio del petróleo y/o materias primas y provoque una mayor salida de divisas y; c) que las calificadoras de riesgo bajen la nota al país -como consecuencia del alto nivel de la deuda pública y del déficit fiscal- y, por tanto, se vea afectada la Inversión Extranjera y con ello la oferta de dólares.

En razón de lo anterior, es que debemos ser muy prudentes con las decisiones que tomemos, más aún cuando se trate de la adquisición de deudas en una moneda diferente a la de nuestros ingresos, ya que además del “riesgo de tasas de interés”, se tendría que asumir el “riesgo cambiario”.

(*)Observatorio de la Coyuntura Económica y Social, Escuela de Economía UNA.

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.entornointeligente.com

Enviado a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación de la UNA.