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Etiqueta: seguridad ciudadana

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

La mano dura como excusa de la aplicación de una verdadera política criminal

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
francescomc8@gmail.com
Egresado en Derecho y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica

Los privados de libertad y las cárceles pasan en el olvido la mayor parte del tiempo, salvo en épocas determinadas. Las campañas electorales y las crisis de inseguridad ponen en el centro a todas esas personas procesadas y sentenciadas (los discursos populistas no distinguen dicha condición jurídica) por nuestro sistema penal. El país posee 13 centros penitenciarios[1] bajo el modelo cerrado (CAI)- 11 correspondientes a cárceles para hombres, 1 para adulto mayor, así como 1 para mujeres-. Según el Informe Anual de Labores 2025[2] del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para febrero del 2026 había aproximadamente 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4% a nivel general y de centros penitenciarios con hasta un 134% de sobrepoblación frente a su capacidad real. Por primera vez, el CAI Vilma Curling llega a niveles de hacinamiento tan altos como el 40,37%.

Lo anterior debe alzar alarmas respecto a la posible regresión en materia de derechos humanos, particularmente sobre la dignidad humana de las personas reclusas. Un punto que llama especialmente la atención es el siguiente: una de cada cuatro personas privadas de libertad no ha sido procesada. Es decir, que el 25% de las personas que se encuentran en las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva, sin una sanción penal en firme. Ello es digno de destacar debido a que, a pesar de que según nuestro Código Procesal Penal[3] la prisión preventiva debe ser excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, tales como la probabilidad del hecho, peligro de fuga y/o obstaculización, que el delito atribuido sea sancionado con pena de prisión y que exista peligro para la víctima, persona denunciante o testigo. Quisiera resaltar que nuestro Código Procesal Penal, así como la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales Penales, no va acorde con lo dispuesto en reiteradas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la prisión preventiva no debe tener un fin punitivo, debe ser de carácter extraordinario y fundamentarse únicamente bajo las causales de peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Lo anterior se puede apreciar en el Informe 35/07 de la CIDH (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), Acápite 81, Caso López Álvarez vs. Honduras (Corte IDH, 2006), Acápite 69 y Caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte IDH, 2005), resoluciones que forman parte de la columna vertebral del Sistema Interamericano para prohibir y evitar el uso arbitrario y punitivo de la prisión preventiva. En Costa Rica, por otro lado, parece ser que la prisión preventiva es la regla, más que la excepción.

Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas de Tokio[4] y Reglas de Mallorca[5] sobre administración de justicia penal y penas no privativas de libertad, aportan una serie de pautas que tienen como objetivo un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, de las víctimas, la seguridad pública y la prevención del delito, aunado al hecho de que la justicia penal afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Una vez visto lo anterior, es válido cuestionarse la finalidad del sistema carcelario, la implementación de las medidas cautelares y cómo vemos como sociedad a las personas procesadas y sentenciadas por el Derecho Penal y Penitenciario.

En la campaña electoral de las elecciones de 2026 varias candidaturas utilizaron a la seguridad como su mayor consigna. No es de extrañar, según el último Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP[6], con fecha del 6 de mayo de 2026, la inseguridad y la delincuencia son consideradas como la principal problemática para los costarricenses. Los discursos de “mano dura” no surgen por generación espontánea, son un cálculo político que apela a las emociones del pueblo cuando este se encuentra asustado por un alza en las tasas de criminalidad.

Sin embargo, aunque a nivel discursivo pueda ser viable y efectivo, a nivel práctico no lo es. El sistema penal es el último peldaño al que debería llegar cualquier ciudadano. El Poder Judicial interviene cuando el hecho ya se dio y toca juzgar al imputado; es al Ejecutivo a quien corresponde la labor más importante, la prevención. La educación, el deporte, los espacios de convivencia ciudadana que le corresponden al Estado son factores determinantes para evitar la criminalidad, focalizado en las personas jóvenes, que en su mayoría suelen ser los reclutados por el crimen organizado.

Si se ignora el hecho de que la mejor política criminal es la prevención, nuestros gobiernos seguirán dándonos estos espectáculos mediáticos y cucharadas propagandísticas que no generan una solución real. Es más, la “mano dura”, podría decirse, es contraproducente, porque aliena y estigmatiza todavía más a las personas que se encuentran sometidas a este sistema. Se les cataloga como “los otros”, que “eso jamás me pasará a mí” cuando en realidad cualquier persona puede estar el día de mañana sometida a un juicio penal y que, irónicamente serían los primeros en exigir dichas garantías.

Tal y como menciona Roberto Gargarella, las personas no son meras calculadoras de coste-beneficio, bajo esta lógica neoclásica del sistema penal, todos los problemas de seguridad se solucionarían subiendo las penas por los distintos delitos, cuando claramente esto nunca ha servido. También, el hecho de que los humanos nos movemos por pautas de reciprocidad, en la que, si una persona se siente maltratada sistemáticamente por el Estado (como lo pretenden varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo) es probable que este responda con maltrato. Si el Estado responde “golpe con golpe” en lugar de ver a estas personas como parte de la comunidad lo que hace es crear un círculo de violencia, donde cada vez esta se alimenta más. Por último, el autor plantea una sociedad de dos niveles, conformada por los que definen los límites y marcos del Derecho Penal y quienes lo viven en carne propia. Esto es perjudicial para los grupos excluidos, que perciben al sistema como un soldado armado que les declara la guerra a ellos. Como ejemplo cabe citar el proyecto de ley que propone extender hasta por 15 años la vigencia de la hoja de delincuencia, dificultando todavía más el buscar trabajo para una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad.

En conclusión, el sistema penal debe ser abordado integralmente, la política criminal debe ser vista también desde la prevención más allá de sanciones más duras. Nuestro Código Penal sostiene que la finalidad de la pena es la resocialización[7], entonces, si creemos en esto, debemos tratar y concebir a los sometidos al régimen penal y penitenciario como integrantes de la comunidad más que “los otros” y los “alienados”, porque, como mencioné anteriormente, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar sentado frente a un fiscal que nos acusa o ante un juez que dicta prisión preventiva y seguramente lo primero que harían sería exigir sus garantías procesales y constitucionales.

[1] https://www.mjp.go.cr/dependencias/dgasdetalles

[2] https://www.dhr.go.cr/mnpt/informes_mnpt/33_informe_anual_mnpt_2025.pdf

[3] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=41297&param2=151404&param3=3&param4=180498&param5=

[4] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-non-custodial-measures

[5] https://cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm

[6] https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2026/05/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-6-MAYO-2026.html

[7] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5027&param2=151473&param3=3&param4=23830&param5=

 

ISFODE reconoce valentía de autoridades judiciales que desarticularon banda de alias Diablo y exige asignación urgente de recursos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.

Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.

Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.

Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.

San José, 26 de julio 2026

Cuando el crimen declaró la guerra, el OIJ no retrocedió

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Welmer Ramos González

Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.

El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.

Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.

Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.

No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.

Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.

Pero ninguno echó para atrás.

Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.

Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.

Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.

Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.

Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.

Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.

Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.

Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.

Óscar Aguilar Bulgarelli exalta captura de alias «Diablo» y reta a Nogui Acosta a renunciar a su inmunidad

Escrito en . Publicado en Análisis.

El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».

El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.

Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.

El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».

El «modelo Bukele» no va en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
Estudiante de Derecho y Filosofía
francescomc8@gmail.com

Al participar y vivir de cerca los procesos electorales en El Salvador (2019 y 2024) y Costa Rica (2022 y 2026), pude notar ciertas similitudes en las campañas y en la retórica de gobierno, más no en la forma de gobernar. Por un lado, es necesario contextualizar a El Salvador del 2019, asediado por la corrupción de los partidos ARENA y FMLN, quienes se alternaron el poder por treinta años (1989 a 2019) posterior a trece años de guerra civil (1979-1992) y tres juntas revolucionarias de gobierno. Cuando Bukele hizo campaña, era uno de los países más violentos del mundo, asediado por las pandillas y bajo un régimen de terror. Todo esto sin entrar en la fragante pobreza, desigualdad y exclusión social.

Se trata de un país que salió de una dictadura para entrar a una guerra civil que luego desencadenó en el terrorismo de las maras y ahora con un presidente que, si bien ha logrado avances en seguridad, turismo e infraestructura, lo ha hecho a costa otros derechos fundamentales. El Salvador es un país que ha dado un giro de ciento ochenta grados, se redujeron los homicidios a mínimos históricos, se mantiene el alza en inversión extranjera, hay gran inversión en infraestructura y el país en general es más seguro. Sin embargo, no todo es color rosa, todo esto se dio a costas de debilitar el Estado de Derecho (iniciando cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa con el ejército debido a que no avanzaban las propuestas del ejecutivo), detenciones y juicios masivos, sin observar las garantías procesales, alertas respecto a la libertad de prensa y violaciones a derechos humanos, entre otras medidas y acontecimientos que indican que el pulgarcito no es una democracia sana y estable. Sin embargo, esto respondió una población desesperada por encontrar una solución a la flagrante inseguridad, acoso constante de las pandillas, regímenes de extorsión, autoridades paraestatales y para algunos una asfixia insoportable que obligaba a emigrar al norte para otorgar sustento a sus familias. La población salvadoreña otorgó ciertos derechos a cambio de seguridad, en un contexto apremiante. Cabe cuestionarse si al día de hoy se deben continuar cediendo dichos derechos y libertades, porque, al día de hoy, se continúa en Estado de excepción. Parece ser que con la conformación actual de la Asamblea, no existe fuerza política que le pueda hacer frente.

Por otro lado, el chavismo en Costa Rica, que abiertamente se declara “pro-bukele” tiene unas herramientas totalmente distintas y en un contexto diametralmente diverso al de El Salvador. Más bien, Costa Rica ahora es más violenta posterior a la toma en poder de Rodrigo Chaves, siendo que, en el año 2023 los homicidios llegaron a 905 y en 2024 un total de 876 muertes, siendo estos los años más violentos de la historia. Estas estadísticas son alarmantes y no calzan con el discurso del expresidente, así como el de la nueva presidenta. Las autoridades dicen que se ha rebajado la criminalidad, lo cual sí es cierto, pero para determinados crímenes. La educación ha empeorado, con alumnos con baja comprensión lectora, una ruta de la educación abandonada y cientos de centros educativos con órdenes sanitarias. Aunado a esto, la crisis en la que se encuentra sumida el agro, debido a que el chavismo optó por un modelo de importaciones, debilitando la producción nacional. Resalto todos estos desaciertos no para hacer un mal al presente gobierno, sino para reflexionar.

Muchos piden el “modelo Bukele”, cuando no saben que esto fue la capitalización de una sociedad aterrorizada, desesperada y consumida en la crisis y la violencia, que se vio dispuesta a ceder ciertos derechos a cambio de seguridad. Todos los países son diferentes, no aplica la misma vara ni siquiera para los pequeños países de Centroamérica, y, en lugar de buscar replicar modelos absolutistas extranjeros, se debe hacer énfasis en las particularidades de nuestro país, del cual aún vale la pena luchar y que se encuentra en una posición privilegiada, siendo -de momento- la democracia más longeva en América Latina.

El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

Una masacre en camino

Escrito en . Publicado en Seguridad.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Nos estamos matando. No. No es lo mismo a decir que “se matan entre ellos”. No. A la pérdida de contrato social y convivencia fragmentada en Costa Rica, debe agregársele una narrativa cargada de violencia y odio desde los altos mandos del país. Nada de esto es bueno y augura una masacre sin retorno.

Nos estamos matando.

En los primeros cuatro meses de 2026 la cifra de homicidios fue de 265, presentando una baja significativa respecto a los 311 asesinatos registrados en el mismo periodo el año anterior. De mantenerse este récord de 1.9 homicidios por día, en diciembre se estarían alcanzado 800 casos, una cifra aún alta en la historia del país.

De nuevo las personas adolescentes y adultas jóvenes presentan la más alta incidencia y se ha detallado una ampliación en la geografía de la violencia, alcanzando territorios en las provincias de Cartago y Puntarenas que antes no estaban incluidos.

De nueva cuenta se debe declarar esta problemática como emergencia nacional para abordarla prioritaria mente. Sin embargo, lo que alarmar junto a la estadística, es el funcionamiento descontrolado de un mercado ilegal de armas en el país.

La existencia de comercio “por debajo” donde se tranzan todos los días armas de cualquier tipo, preocupa en la medida que nos hemos convertido en un colectivo al que le cuesta manejar la ira y el enojo especialmente en la vía pública, que no dialoga y se frustra con facilidad y entiende que la violencia es el único camino.

Una masacre se avecina si no hacemos algo urgente para detener esto. Más de 6.000 armas circulan sin registro en el país, lo que nos convierte en una sociedad con un ejército velado listo para entrar a escena en cualquier momento.

No es que se matan entre ellos. Es que nos estamos matando. Si no hacemos algo pronto la masacre se habrá consumado.