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El Atlas de Desarrollo Humano 2025: el bajo desarrollo humano, la desigualdad y la inseguridad se conjugan en los cantones de las regiones periféricas

Escrito en 06/06/2026. Publicado en Análisis.

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de2025 y entre los índices analizados se encuentran los índices de desarrollo humano, de desarrollo humano ajustado por desigualdad, de desigualdad de género y el de pobreza multidimensional, a los que se suma el índice de seguridad cantonal.

En esta oportunidad, el Atlas incorpora el Índice de Seguridad Ciudadana (ISC), que permite vincular a nivel cantonal el bienestar humano con la incidencia delictiva. Los resultados muestran que entre 2020 y 2023, un 70% de los cantones experimentaron una disminución en el valor del ISC y un aumento de la inseguridad.

La incorporación de esta dimensión dentro de los análisis sobre desarrollo humano responde a la necesidad de comprender cómo la violencia y el delito afectan el bienestar integral y sostenible de las comunidades.

Índice de Desarrollo Humano (IDH, señala al igual que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad IDH-D 2023 que la desigualdad territorial es persistente: los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) siguen rezagados con respecto a los del centro del país.

Según el IDH, los cantones con mayor desarrollo humano son: Escazú, Santa Ana, Belén y Montes de Oca; en contraste, los cantones con menor desarrollo humano son Talamanca, Los Chiles, Matina y Buenos Aires.

Al ser ajustado por desigualdad los cantones con mayor IDH-D son Belén, Montes de Oca, Curridabat, Santa Ana y Santo Domingo, mientras que Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires registran los valores más bajos.

En cuanto al IPM 2024, los mejores resultados (muy bajas privaciones) se ubican Montes de Oca, Flores, Santo Domingo, San Pablo y Belén. En el extremo opuesto, con mayor pobreza multidimensional, figuran La Cruz, Talamanca, Coto Brus y Los Chiles.

El IPM 2024 evidencia que el 3,8% de la población vive en cantones con alta pobreza multidimensional, concentrada principalmente en zonas fronterizas del norte y sureste del país. En contraste, la Región Central concentra la mayoría de los cantones con IPM bajo o muy bajo, reafirmando la disparidad territorial.

En igualdad de género, los avances son moderados: mejora el desempeño en educación y salud, pero persiste el rezago en la participación laboral femenina, lo que limita la autonomía económica y el rendimiento del desarrollo en varios territorios.

Según el IDH, los diez cantones con menor desarrollo humano son: Buenos Aires (posición 84), Matina, Los Chiles, Talamanca, Corredores, Guácimo, Parrita, Montes de Oro, La Cruz y Coto Brus.

A nivel provincial, se observa que todos los cantones de Limón se ubican por debajo del promedio nacional, situación que prevalece desde el primer lanzamiento del Atlas en el año 2007 . En Puntarenas, únicamente Puerto Jiménez se encuentra por encima de dicho promedio, mientras que en Guanacaste destacan Liberia y Tilarán como los únicos dos cantones que superan el promedio nacional

Si se analiza el IDH por región de planificación se observa una clara distinción entre la región Central y el resto de las regiones. Mientras que en la región Central solo ocho municipalidades (Acosta, Alajuelita, Dota, Jiménez, León Cortés, Puriscal, Sarchí, Tarrazú) se encuentra por debajo del promedio nacional, en el resto de las regiones solo cinco cantones se encuentran por arriba de dicho promedio: Liberia, Tilarán, Puerto Jiménez, San Carlos, San Mateo. Cabe destacar que la región Huetar Caribe no tiene ningún cantón por arriba del promedio nacional. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal, Análisis de Resultados p.11)

Al ajustar el IDH por la desigualdad que viven las personas dentro de un mismo cantón en áreas como salud, educación y economía, se obtiene el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), los 10 cantones con los menores índices son: Sarchí, Hojancha, Orotina, Golfito, Sarapiquí, Matina, Los Chiles, Puntarenas, La Cruz y Buenos Aires, en último lugar.

Igualmente, al observar geográficamente los cantones clasificados según la igualdad de género, nuevamente se tiene un patrón que deja en desventaja a aquellas personas que están en las zonas alejadas del centro del país, siendo la excepción algunas de la provincia de Guanacaste. Para este último año, se identifican 7 cantones con alta desigualdad, que son: Hojancha, Osa, Río Cuarto, Talamanca, Los Chiles, Turrialba y Coto Brus.

En cuanto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 2024, los cinco cantones que presentan un IPM alto (Upala, La Cruz, Talamanca, Coto Brus, Los Chiles, completan los 10 cantones con este nivel Siquirres, Guatuso, Buenos Aires, Sarapiquí, Turrialba y Upala.

El análisis de los cantones según el Índice de Seguridad Cantonal dejó en evidencia que los problemas de seguridad ciudadana se dan tanto dentro como fuera de la GAM, sin embargo, al ver la evolución en el tiempo (2020-2023), son los cantones fuera de la GAM los que están evidenciando un mayor deterioro.

Los cantones con la mayor pérdida de valor del índice son: Nicoya, Parrita, Santa Cruz, Cañas, Garabito, Los Chiles, Puerto Jiménez, Guatuso y Limón y en consecuencia con el mayor deterioro de la seguridad en el período.

En 59 cantones (70,2 %) el valor del índice disminuyó lo que evidencia el aumento de la inseguridad ciudadana en una buena parte de los cantones del país, que se suman a los anteriores que son: Osa, Garabito, Corredores, Talamanca, Matina, Quepos, Puntarenas, Golfito, Siquirres, Carrillo, San José, Abangares, Orotina, Pérez Zeledón, La Cruz, Pococí y Turrialba.

La inseguridad, no solo refleja la ausencia de control del delito, sino también la fragilidad de los vínculos comunitarios, la precariedad de los entornos urbanos y la limitada presencia del Estado. (Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2025, p.27)

La inseguridad ciudadana representa una barrera significativa para el desarrollo humano, al limitar las oportunidades, libertades y condiciones de vida de las personas en los cantones costeros, fronterizos y rurales.

Ya habían profanado lo más sagrado…

Escrito en 23/05/2026. Publicado en Aportes para el desarrollo.

Glenm Gómez Álvarez, Pbro

Algunos se escandalizan porque dispararon contra la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Y claro que es gravísimo. Lo que no es de recibo es que haya quienes descubran ahora la indignación, cuando desde hace mucho tiempo vienen disparando contra lo más sagrado de una sociedad: la vida humana.

Porque antes de las amenazas contra la Basílica de los Ángeles y antes de los disparos que hoy estremecen a Cartago, ya existían otras heridas mucho más profundas: jóvenes asesinados, comunidades tomadas por el miedo, narcotráfico creciendo silenciosamente y una progresiva normalización de la muerte.

Desde hace tiempo he venido señalando algo que me preocupa profundamente: la ausencia de una voz verdaderamente profética en la diócesis de Cartago frente al deterioro social que vive la provincia. Y no hablo de declaraciones ocasionales ni de mensajes genéricos u oraciones por la paz. Hablo de una palabra clara, incómoda y pastoralmente valiente ante una realidad que cambia aceleradamente el rostro de nuestras comunidades.

Cartago ya no puede seguir pensándose como aquella provincia idílica distante de las dinámicas más agresivas del crimen organizado. La violencia ha comenzado a instalarse con signos cada vez más visibles. Y lo más preocupante es que muchas veces pareciera existir una peligrosa costumbre a convivir con ella.

Por eso reducir lo ocurrido en la Basílica únicamente a un “irrespeto religioso” sería quedarse corto. Claro que hay una dimensión simbólica gravísima en amenazar o disparar contra el principal santuario religioso del país. Pero el problema es todavía más profundo: una sociedad que pierde el respeto por la dignidad humana termina perdiendo también el sentido de lo sagrado.

Primero se banaliza la sangre. Luego se banaliza todo lo demás.

Y, ¿Dónde estuvo la voz que interpretara espiritualmente este momento histórico? ¿Dónde estuvo la denuncia clara contra la cultura de muerte que empieza a echar raíces incluso en una provincia profundamente religiosa? ¿Dónde estuvo la palabra capaz de incomodar no solo al criminal, sino también a una sociedad que poco a poco se acostumbra al deterioro moral?

Precisamente por eso este momento exige algo más que indignación. Exige una Iglesia con presencia real en medio de las heridas del pueblo, con la valentía de llamar las cosas por su nombre y con la fuerza profética para denunciar, aunque incomode.

Cartago necesita hoy una Iglesia menos silenciosa frente a la cultura de muerte y más cercana a las comunidades golpeadas por el miedo, la violencia y el abandono. Porque defender lo sagrado no puede limitarse a proteger piedras y paredes; implica, ante todo, defender la dignidad humana allí donde está siendo herida todos los días.

Una masacre en camino

Escrito en 17/05/2026. Publicado en Seguridad.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Nos estamos matando. No. No es lo mismo a decir que “se matan entre ellos”. No. A la pérdida de contrato social y convivencia fragmentada en Costa Rica, debe agregársele una narrativa cargada de violencia y odio desde los altos mandos del país. Nada de esto es bueno y augura una masacre sin retorno.

Nos estamos matando.

En los primeros cuatro meses de 2026 la cifra de homicidios fue de 265, presentando una baja significativa respecto a los 311 asesinatos registrados en el mismo periodo el año anterior. De mantenerse este récord de 1.9 homicidios por día, en diciembre se estarían alcanzado 800 casos, una cifra aún alta en la historia del país.

De nuevo las personas adolescentes y adultas jóvenes presentan la más alta incidencia y se ha detallado una ampliación en la geografía de la violencia, alcanzando territorios en las provincias de Cartago y Puntarenas que antes no estaban incluidos.

De nueva cuenta se debe declarar esta problemática como emergencia nacional para abordarla prioritaria mente. Sin embargo, lo que alarmar junto a la estadística, es el funcionamiento descontrolado de un mercado ilegal de armas en el país.

La existencia de comercio “por debajo” donde se tranzan todos los días armas de cualquier tipo, preocupa en la medida que nos hemos convertido en un colectivo al que le cuesta manejar la ira y el enojo especialmente en la vía pública, que no dialoga y se frustra con facilidad y entiende que la violencia es el único camino.

Una masacre se avecina si no hacemos algo urgente para detener esto. Más de 6.000 armas circulan sin registro en el país, lo que nos convierte en una sociedad con un ejército velado listo para entrar a escena en cualquier momento.

No es que se matan entre ellos. Es que nos estamos matando. Si no hacemos algo pronto la masacre se habrá consumado.

El panóptico como branding político: Régimen carcelario, poder y dominación

Escrito en 21/04/2026. Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

No se trata solo de cambiar las cárceles, sino de transformar la sociedad que las necesita.

Las prisiones están experimentando una transformación. La función moderna de castigo y rehabilitación abre cada vez más sus portones a dispositivos de control social masivo y, en ciertos contextos marcados por la inseguridad y el miedo, a instrumentos más amplios de dominación política.

Este desplazamiento no es completamente nuevo —recuerda los ergastula romanos o los sistemas de encierro en economías esclavistas—, pero adquiere hoy una escala y legitimidad social inéditas. El delito es una mercancía. Por eso, la obscenidad del poder convive cada vez más con la criminalidad, especialmente con la rentabilidad del delito y de su castigo.

Como planteó Michel Foucault, la modernidad sustituyó el suplicio por la disciplina: la prisión no solo castiga, sino que produce sujetos disciplinados. Sin embargo, en contextos contemporáneos marcados por crisis de legitimidad institucional, inseguridad y fragmentación social, ese modelo disciplinario parece estar mutando hacia formas más directas y masivas de encierro. El encierro es cada vez más societal y no solo carcelario; no se trata ya únicamente del sujeto moderno encerrado en su individualismo, sino de un dispositivo expandido de control. Entre más se expande el miedo social, más aumenta esa deriva de coerción y negocio.

El caso de Nayib Bukele constituye uno de los ejemplos más visibles de este giro. Su modelo es admirado y comienza a ser imitado por no pocos de sus seguidores. ¿En qué se basa su aceptación? Bajo el régimen de excepción iniciado en 2022, El Salvador ha encarcelado a más de 75.000 personas. Este proceso ha sido acompañado por la construcción de megacárceles como el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), símbolo material de una política, no solo de seguridad sino de Estado, basada en el encierro masivo.

El modelo ha mostrado resultados claros en términos de reducción de homicidios: El Salvador pasó de tasas superiores a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a cifras por debajo de 5 en 2023–2024. Este descenso constituye la base de la legitimidad social del régimen punitivo y ha sido documentado por organismos internacionales. Ese es el principal bastión del índice de aprobación del gobierno entre los salvadoreños.

Pero, desde otra perspectiva, con una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo (superior a 1.000 personas por cada 100.000 habitantes), ese mismo régimen es analizado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos como una expresión de fallas estructurales del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales. Algo no funciona cuando, para que el país funcione, se requiera de ese alto índice de confinamiento.

Es decir, su “eficacia” presenta tensiones significativas. Diversos informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado detenciones arbitrarias, ausencia de debido proceso y condiciones de reclusión que vulneran derechos fundamentales. A ello se suman cuestionamientos sobre la persecución y detención de abogados independientes, defensores de derechos humanos y periodistas críticos. Además, el debilitamiento del sistema judicial y la concentración de poder en el Ejecutivo sugieren que el modelo no solo responde a una política de seguridad, sino también a una reconfiguración del equilibrio institucional. El modelo carcelario se volvió el espejo de lo que antes se resolvía manu militari.

Pero el CECOT no es solo un dispositivo carcelario orientado a reducir la criminalidad; se ha convertido también en un artefacto de branding político. Para el gobierno salvadoreño, funciona simultáneamente como plataforma de negocios, marca personal y recurso de posicionamiento internacional.

Este patrón no es exclusivo de El Salvador. En Estados Unidos, el encarcelamiento masivo —particularmente desde la “guerra contra las drogas”— ha producido el sistema penitenciario más grande del mundo, con más de 1,8 millones de personas privadas de libertad. En este caso, el encierro se articula con un complejo industrial-carcelario en el que participan empresas privadas, generando incentivos económicos para la expansión del sistema.

En los últimos años, además, en ese país el encierro ha sido utilizado como herramienta de gestión migratoria. Políticas de detención de migrantes en Estados Unidos y en países aliados —incluyendo centros de detención en la frontera o acuerdos de externalización migratoria con gobiernos aliados— han convertido la privación de libertad en un mecanismo rutinario para administrar flujos humanos. En estos casos, el encierro no responde a delitos penales, sino a condiciones administrativas, lo que amplía la frontera entre control migratorio y control penal. En esa lógica, el CECOT y las cárceles que éste inspira entre sus vecinos comienzan a perfilarse también como una ampliación funcional de estas estrategias de externalización de la coerción.

En este contexto, la cárcel deja de ser únicamente una institución del sistema penal para convertirse en un dispositivo transversal de gobernanza y mercado. Se articula con discursos de seguridad, miedo e “indeseabilidad social” que legitiman el encierro de poblaciones específicas: jóvenes pobres, migrantes, minorías raciales o sujetos considerados disruptivos. Más que un desplazamiento fuera de sus límites tradicionales, lo que observamos es una intensificación y rearticulación de tecnologías de poder que ya operaban socialmente, ahora reforzadas por lógicas de excepción, securitización y negocios.

Así, más que afirmar que el panóptico ha salido de la cárcel, conviene reconocer —siguiendo a Michel Foucault— que nunca estuvo confinado a ella. La vigilancia, la normalización y la producción de sujetos dóciles han operado históricamente en instituciones como la escuela, el trabajo, la familia o la religión. Lo que caracteriza el momento actual no es su expansión, sino su reconfiguración bajo condiciones de crisis, donde el control ya no se sostiene solo en la internalización disciplinaria, sino que se combina con formas más visibles de coerción, encierro masivo y administración de las emociones. El resultado es que el panóptico ya no se limita al espacio carcelario o la autovigilancia. Opera extramuros, en sociedades atravesadas por el miedo, la inseguridad y la incertidumbre, donde el control no solo se impone desde arriba, sino que es también internalizado como demanda social. En ese terreno, el régimen carcelario no solo encierra cuerpos: organiza consensos y realineamientos políticos.

Entonces, si es la propia sociedad la que produce aquello que luego encierra, no basta con reformar las cárceles. Entre el fracaso del modelo rehabilitador y el avance del encierro como dominación, la pregunta ya no es qué hacer con las prisiones, sino qué sociedad estamos dispuestos a construir para comenzar a dejar de necesitarlas. Cambios sociales impostergables, son la solución a la desigualdad y la crisis de las instituciones. Eso no lo podrá reemplazar ningún modelo carcelario por más sofisticado que este sea.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Próximo gobierno afrontará retos que determinarán modelo de desarrollo

Escrito en 18/03/2026. Publicado en Análisis.

UNA Comunica. La lista es extensa y los desafíos también, pero lo cierto es que el futuro hacia un modelo de desarrollo “equilibrado, resiliente y equitativo” en el país pasará por la toma de decisiones estratégicas en materia económica y social, que deberá adoptar la administración de Laura Fernández para el periodo presidencial que arrancará el 8 de mayo.

El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) revisó cuáles desafíos económicos enfrentará la próxima administración y enlistó propuestas de políticas públicas que podrían implementarse.

1. Reducir desigualdades, diversificar exportaciones

La realidad económica del país se basa en un sector de empresas en zona franca (régimen especial) que crece de manera acelerada, frente a un régimen definitivo (el resto de las empresas) que no crece a la misma velocidad. De 2019 a 2025 el crecimiento del régimen especial fue de un 116.8%, frente a un 14.6% del resto del parque empresarial en el país.

Ante ello, se propone profundizar los encadenamientos productivos entre compañías de zona franca y proveedores locales y modernizar y brindar más apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes). También, diversificar la oferta exportadora, dar más atención a los territorios para disminuir las desigualdades y modernizar al sector agrícola, al tiempo que se fomenten las exportaciones de industrias ubicadas fuera del valle central.

2. Desdolarizar y transparentar la política monetaria

Una de las palancas que más mueve la economía es el acceso al crédito. Sin embargo, esto ocurre cuando las decisiones de política monetaria son consecuentes con la realidad del entorno. El OES determinó que en vivienda, consumo, servicios y turismo, las Tasas de Política Monetaria (TPM) del Banco Central de Costa Rica (BCCR) no siempre se trasladan a las tasas de interés que cobran las entidades financieras por ese tipo de préstamos.

Mientras que la TPM se redujo 2,75 puntos porcentuales (p.p.) de enero de 2024 a febrero de 2026, la Tasa Básica Pasiva (que sirve para promediar las tasas de interés por préstamos en entidades financieras) solo bajó un 1,54 p.p. en ese lapso. Al respecto, se propone una mayor competencia en el sistema financiero y mejorar la transparencia en tasas de interés desagregadas por tipo de crédito, moneda e institución. Asimismo, avanzar hacia una “desdolarización” que incentive el ahorro y el crédito en colones.

3. Fortalecer red de cuido y bajar la informalidad laboral femenina

En cuestión de una década, Costa Rica redujo en un 5.4% la tasa neta de participación laboral femenina. Cerrar la brecha existente requiere que el gobierno expanda la red de cuido tanto para la primera infancia como para las personas adultas mayores y dependientes.

El desafío contempla además el desarrollo de políticas de empleo con enfoque de género, incentivar la formalización laboral de las mujeres, promover el acceso al crédito, el emprendimiento y los puestos de liderazgo, así como modalidades de trabajo flexibles. De parte del OES se reiteró la oposición a las jornadas laborales de 12 horas diarias (jornadas 4×3), al catalogarse como una regresión en derechos laborales.

4. Revisar regla fiscal y aumentar ingresos

“La coyuntura fiscal de Costa Rica en el 2025 muestra avances en la contención del gasto y una ligera mejora en el déficit fiscal, pero también evidencia problemas estructurales en la recaudación tributaria y en el nivel de endeudamiento público”, señala el informe del Observatorio en el apartado de sostenibilidad fiscal.

Ante este diagnóstico, la ruta a tomar, de acuerdo con los académicos de la UNA, pasa por fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado, sustituir los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles que tiende a bajar, aplicar medidas que reduzcan el pago de intereses de deuda y revisar el diseño de la regla fiscal actual, para que empate la estabilidad fiscal del país con la necesidad de financiamiento a programas sociales e infraestructura.

5. Modernizar el transporte público

En cada administración siempre se habla de la necesidad de modernizar el transporte público. Pero los datos confirman la necesidad de apuntar con más precisión hacia esa meta. Mientras que la cantidad de personas movilizadas se redujo en un 42.2% entre el 2018 y el 2025 (de acuerdo con el Programa Estado de la Nación), la cantidad de automóviles creció en un 62.1% entre 2013 y 2025.

Renovar la flotilla de buses que utilicen tecnologías limpias, establecer un subsidio al transporte público, mejorar la gobernanza del sector, promover la intermodalidad (con ciclovías y terminales de buses en centros urbanos) y concretar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, son parte de las soluciones propuestas.

6. Tren de carga y atención de rutas esenciales

Costa Rica enfrenta un rezago en su infraestructura vial y portuaria, lo que le resta competitividad frente a otros actores. Por ello, la ampliación del puerto de Caldera debe ser una prioridad en el próximo gobierno, además de la concreción del tren de carga, que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y el Pacífico.

El mismo impulso debería otorgársele al proyecto de ampliación de la ruta 27 (San José-Caldera) y de la construcción de túneles falsos sobre la ruta 32 (San José-Limón) ante los altos costos recurrentes producto del cierre de esta vía por las condiciones climáticas.

7. Fortalecer pensiones y la inserción laboral

Este gobierno debe proyectar, en sus políticas públicas, que de cara al 2050, la población de 60 años o más representará el 32.5% del total.

El acelerado crecimiento demográfico de las personas adultas mayores requiere atender la sostenibilidad del sistema de pensiones. Además, se debe promover la inserción laboral en personas mayores de 55 años, desarrollar un sistema universal de cuidados que integre servicios públicos, privados y comunitarios e incorporar el impacto del cambio demográfico en la planificación fiscal a largo plazo.

8. La educación y la necesidad de aumentar la inversión pública

La inversión en educación como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha caído desde un 7.2% de 2015 hasta un 5.24% el año anterior. En términos nominales, aunque el presupuesto a educación aumentó un 24% en ese periodo, al descontar el efecto de la inflación, el crecimiento real fue de solo un 4%.

Los desafíos requieren ampliar la inversión pública en educación y aprovechar el cambio demográfico (para aumentar la inversión por estudiante y mejorar la calidad educativa). También, fortalecer los aprendizajes básicos, la educación técnica, la actualización laboral y fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el sector productivo.

9. Afectar la rentabilidad del crimen organizado

La semana pasada, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó el país hizo el vínculo entre seguridad y economía, al advertir que un agravamiento de la criminalidad puede afectar el turismo, al inversión y el comercio.

En un país que en los últimos tres años ha roto los récord de asesinatos, la OES sugiere focalizar territorialmente la política de seguridad, golpear la rentabilidad de los grupos criminales a través de incautación de activos y trazabilidad patrimonial e impulsar programas de prevención, sobre todo en la población joven del país.

“Atender estos desafíos requiere una agenda de política económica integral que combine estabilidad macroeconómica con inversiones estratégicas en capital humano, infraestructura y capacidades productivas. Esto implica impulsar reformas graduales pero sostenidas que fortalezcan la competitividad del país, amplíen la participación y anticipen los cambios tecnológicos y demográficos que marcarán las próximas décadas”, señala el informe elaborado por los académicos Roxana Morales (coordinadora del OES), Fernando Rodríguez y Javier Rodríguez.

Le invitamos a descargar desde SURCOS el documento con el análisis, así como la presentación

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-documento.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/OES-UNA-Desafios-economicos-presentacion.pdf

¿Pura Vida o Pura Muerte?: El Grito Profético que Costa Rica no puede callar

Escrito en 17/03/2026. Publicado en Seguridad.

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

«No podemos acostumbrarnos a las cifras y estadísticas. ¡Es necesario conmovernos y movilizarnos!». Con esta sentencia, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en junio de 2025, lanzó un dardo al corazón de una sociedad que empezaba a ver la sangre como parte del paisaje urbano. Ecuador, que hace poco se miraba al espejo como un país de paz, despertó en una pesadilla de sicariato y control territorial. Hoy, esa misma realidad retumba en las fronteras de nuestra Costa Rica.

Como periodista los datos me abruman; como sacerdote, el dolor de las familias me desgarra. No estamos ante una «percepción» de inseguridad. Estamos ante una metamorfosis del alma nacional. Con tasas de homicidios que han roto récords históricos en los últimos tres años, Costa Rica ha dejado de ser el «oasis» centroamericano para convertirse en una bodega logística y un campo de batalla de bandas criminales.

Nuestras iglesias hermanas en el continente ya han recorrido este vía crucis y nos han dejado un mapa de resistencia que no podemos ignorar:

México y la Agenda Nacional de Paz: Tras el asesinato de dos jesuitas en 2022, la Conferencia Episcopal Mexicana comprendió, tras décadas de oraciones silenciosas, que no basta con pedir por la paz. Su reciente Agenda Nacional de Paz es un documento de una rigurosidad sociológica y teológica implacable. Denuncian la «narcocultura» no como un género musical, sino como una religión de la muerte que idolatra el dinero y el poder efímero.

Colombia y los «Artesanos de la Paz»: La Conferencia Episcopal de Colombia ha sido clara: el narcotráfico es el combustible de todas nuestras guerras. Su magisterio social nos enseña que el silencio ante la infiltración del narco en las instituciones es, en la práctica, una forma de complicidad.

Si bien la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) ha emitido comunicados valiosos, como aquel grito de «La sangre de tu hermano grita hacia mí» (2024), el momento actual exige pasar de la exhortación al acompañamiento pastoral en los territorios y la denuncia profética directa.

Las diócesis no pueden ser solo administradoras de sacramentos en medio de una guerra; deben ser santuarios de resistencia civil. La violencia en Costa Rica ha encontrado un terreno fértil no por la falta de fe, sino por la falta de oportunidades en nuestras costas y periferias. Cuando el Estado se retira de Limón, de Puntarenas o de los barrios del sur de San José, el narco entra a llenar el vacío con bonos, con «empleo» de sicariato para jóvenes de 15 años y con una red de asistencia que la Iglesia debe disputar con la caridad y la justicia social. Por mucho, el caso más reciente y menos iluminado desde la justicia social es la Diócesis de Cartago.

Necesitamos una Iglesia que no tema llamar a las cosas por su nombre. Necesitamos que desde el ambón se denuncie la corrupción que permite que nuestras aduanas sean coladeras. Necesitamos que la CECOR lidere un diálogo nacional que no sea diplomático, sino vinculante, donde se exija a los poderes del Estado —ahora bajo una nueva administración— que la seguridad humana sea la prioridad absoluta.

La historia reciente de América Latina nos muestra que, cuando el crimen organizado se siente dueño del territorio, tampoco respeta lo sagrado. Primero caen los jóvenes de los barrios olvidados, luego los líderes comunales, después quienes se atreven a denunciar. La sangre de un sacerdote no vale más que la de cualquier ciudadano.

Ecuador nos lo advirtió: el acostumbrarse es el principio del fin. Costa Rica no puede permitirse el lujo de la indiferencia. Es hora de que el «Pura Vida» recupere su significado sagrado. Iglesia, es hora de decir presente y actuar coherentemente. Por la vida, por la verdad y por el Evangelio que no calla ante la injusticia.

¿Más soldados que maestros y más cuarteles que museos? ¿Esa es la estrategia?

Escrito en 12/03/2026. Publicado en Seguridad.

Margarita Bolaños Arquín

Asumir que al crimen organizado y al narcotráfico solo es posible combatirlo involucrándonos en una guerra continental que demanda desviar los objetivos nacionales de desarrollo sostenible y destinar importantes recursos del erario público para cambiar el modelo “de más maestros que soldados, por más soldados que maestros”, no es opción para Costa Rica ni para ninguna democracia.

La estrategia de seguridad debe involucrar activamente a las comunidades, a las organizaciones, a los sectores privados e instituciones del Estado en todo el territorio nacional. Asignar los recursos necesarios a la educación, a la búsqueda de empleo digno y al desarrollo sostenible y pleno de las capacidades de todas las personas fue y sigue siendo el corazón de la vía costarricense.

Hacer lo contrario implica comprometer a largo plazo nuestros recursos por una estrategia de seguridad que en otros países ha incrementado el deterioro democrático, la violencia, la corrupción, el armamentismo, la destrucción ambiental y la pérdida de la soberanía de su territorio continental e insular. Bien sabemos que la violencia genera más violencia, que las armas solo eliminan, pero no dan verdadera paz ni seguridad.

La paradoja del modelo costarricense: luces macroeconómicas y sombras en la seguridad

Escrito en 20/02/2026. Publicado en Seguridad.

JoseSo (José Solano-Saborío)

Costa Rica amanece en 2026 bajo un nuevo mandato que promete continuidad mostrando números que convencen al electorado de una realidad distorsionadamente “buena”. Tras la victoria de Laura Fernández y la mayoría suficiente en el congreso del partido taxi del chavismo tico, el país se enfrenta a un espejo estadístico que devuelve una imagen contradictoria: una economía que brilla en los indicadores de organizaciones financieras internacionales, pero que oculta profundas fracturas en su tejido social y, sobre todo, de seguridad ciudadana.

El “Milagro” de las Cifras

Hoy tuve que sacar un rato para resolver una contradicción interna, una disonancia cognitiva al revisar el folleto digital llamado “Costa Rica en Cifras 2025” del INEC, que me envió por WhatsApp mi querido amigo, Álvaro Villalobos, revela un panorama macroeconómico envidiable. El país cerró el 2024 con un crecimiento del PIB del 4,3% y, según datos recientes del Banco Central, la economía se aceleró hasta un 4,6% en 2025. Esta expansión ha sido impulsada principalmente por el régimen de zonas francas, las exportaciones y una recuperación vigorosa del turismo, que alcanzó los 2,9 millones de visitantes.

Más sorprendente aún es la cifra de pobreza, que se situó en un histórico 15,2%. Este descenso, el más bajo en décadas, se explica no solo por el crecimiento del ingreso per cápita (que aumentó un 10,4% en zonas urbanas), sino también por un fenómeno atípico: la deflación. Con una variación interanual del IPC de -0,4% en noviembre de 2025, el costo de la vida se mantuvo estable, permitiendo que más hogares superaran la línea de pobreza monetaria.

La Deuda Social y la Informalidad

Sin embargo, al profundizar en la letra pequeña, la realidad es más matizada. El desempleo ha bajado al 5,7% – 6,3%, pero la informalidad laboral sigue afectando a casi 4 de cada 10 trabajadores (38,3%). Además, la brecha regional es alarmante: mientras la Región Central prospera, zonas como la Brunca y la Huetar Norte presentan niveles de acceso a tecnología y servicios significativamente inferiores.

Expertos señalan que la reducción de la pobreza es frágil. La disminución en la tasa de participación laboral (personas que dejan de buscar empleo) sugiere que parte de la mejora estadística se debe a un retiro de la fuerza de trabajo, especialmente en mujeres y jóvenes.

El Talón de Aquiles: La Seguridad

El éxito económico se desvanece, en la realidad diaria de muchas personas, ante la crisis de seguridad que el gobierno actual no ha logrado contener. Aunque el compendio estadístico destaca cierto desarrollo humano (exceptuando la materia educativa), la realidad en las calles es distinta. Expertos, gremios y expresidentes han criticado la falta de recursos para la Fuerza Pública y la “pérdida de control” ante el crimen organizado.

La tasa de homicidios, que alcanzó niveles récord en 2023 (17,2 por cada 100.000 habitantes), se mantiene como la principal preocupación ciudadana.

La violencia en centros educativos, con más de 25.000 casos reportados, refleja un deterioro en la convivencia social.

Perspectivas para el Nuevo Gobierno

El gobierno “reelecto” (en términos de línea política) recibe un país con una base fiscal sólida y un déficit contenido, pero con una ciudadanía que demanda resultados más allá de los números del Banco Central.

La política pública debe dar un giro desde la estabilidad macro hacia la seguridad humana. No basta con atraer inversión extranjera si no se traduce en empleo formal en las periferias. La continuidad de Laura Fernández enfrentará el desafío de demostrar que el modelo costarricense puede ser eficiente económicamente sin sacrificar la paz social que históricamente definió a la nación. Sin una estrategia clara contra el narcotráfico y la exclusión regional, las luces del 2025 podrían convertirse en las sombras del mañana.

Por último, durante esta auto obligada reflexión de las cifras del mencionado documento, se me vinieron a la mente varios hechos inexplicables de la presente administración, como el traslado de la Academia de la Policía Naval a una zona sin mar, el cierre de delegaciones de la Policía en puntos navales estratégicos por donde circula mucha droga y el retiro de la Policía de Control de Drogas PCD, en aeropuertos y fronteras; que me condujeron a una obligada pregunta:

¿Este será un reto que el continuismo querrá o podrá asumir?…

Ganar seguridad mediante la convivencia

Escrito en 17/02/2026. Publicado en Comunidad.

Pedro A. Soto Sánchez

Cómo enfrentar la inseguridad ciudadana es una de las preguntas más frecuentes. Las respuestas son diversas, pero en la mayoría de los casos apuntan hacia un mayor control y presencia policial: restricción de derechos individuales, construcción de mega cárceles, instalación de cámaras de seguridad, incremento de patrullajes y detenciones, entre otras medidas. La preocupación es legítima. El aumento de homicidios y delitos es alarmante.

Las acciones represivas son indispensables. También lo son las reformas al Código Penal y a la normativa vinculada con el control y la sanción del delito, así como la asignación de recursos financieros suficientes para la capacitación, la estabilidad laboral y la especialización de los cuerpos policiales.

Sin embargo, estos cambios y acciones deben complementarse con dos tareas fundamentales que, por básicas, parecieran no desarrollarse con la profundidad y determinación necesarias: la inteligencia y la convivencia.

Profundizar y mejorar la calidad de las labores de inteligencia -especialmente en ámbitos como la legitimación de capitales, las actividades económicas sensibles, las rutas delictivas, los flujos financieros y las estructuras jerárquicas de las organizaciones criminales- es crucial. También lo es identificar y debilitar sus capacidades logísticas y económicas. Esto exige altos niveles de especialización, tecnología adecuada y mayores recursos para los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, las comunidades más seguras no son necesariamente las que cuentan con más policías, más cárceles o más detenciones. Son aquellas donde existe mayor y mejor convivencia. Hay que fortalecer las relaciones comunitarias, promover acuerdos y reconstruir el tejido social.

La convivencia se construye mediante proyectos de desarrollo social, el mejoramiento de barrios vulnerables, una educación de calidad y programas culturales ambiciosos que potencien la identidad y la cohesión comunitaria. La organización y participación de la gente es un factor crítico de éxito para una intervención de esta naturaleza. Tiene mayor potencial el trabajo que puedan realizar equipos de promoción y activación social junto a las comunidades organizadas, que la labor llevada a cabo por equipos reducidos de policías municipales o eventos con funcionarios de Fuerza Pública organizando “mejenguitas” en los barrios,

Asimismo, se requiere una estrategia amplia de comunicación pública y la articulación de esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno central, las instituciones públicas y privadas y las organizaciones representativas de las comunidades.

A través de una acción coordinada, las municipalidades y las instituciones competentes deben impulsar proyectos de infraestructura con impacto directo en la seguridad. Garantizar que parques, salones comunales, áreas de juego infantil y otros espacios públicos sean escenarios de actividades culturales, deportivas y recreativas es otro mecanismo esencial para fortalecer la convivencia. El espacio público debe ser, ante todo, el espacio de la convivencia.

También es indispensable fomentar un mayor conocimiento de nuestros barrios. Las personas deben conocer su entorno inmediato, su geografía física y social, y ser parte activa de su comunidad.

Enfrentar la inseguridad exige firmeza institucional y cohesión social. Necesitamos un Estado más organizado, más sólido e integral, pero también una ciudadanía más participativa, más comprometida y fortalecida en su tejido social.

Les gusta Bad Bunny

Escrito en 26/01/2026. Publicado en Elecciones.

Freddy Pacheco León

Y se entusiasman con Dua Lipa, pero también con Malpaís, Taylor Swift, Drake, Olivia, Eminem, Maluma, E-hoy, Clean Girl, y más. Siguen el fútbol y se ilusionan (o desilusionan) con la Sele, con el Barcelona, con el Real Madrid, con Messi y con Keylor. Son una generación que nació y se desarrolla en un país donde, para un buen número, el «pura vida» ha sido una marca. Donde los sicarios solo estaban en canciones de Rubén Blades y el narcotráfico letal era solo una noticia originada en Colombia. Donde nunca había que pensarlo dos veces para salir a cualquier hora de la noche o el día, y donde no existe temor de ser vapuleado por un militar con cara de asesino.

Con el respeto ganado, me dirijo a los que fueron mis estudiantes y también estudiantes de tantos miles de docentes de escuelas, colegios y universidades, que han constituido un sistema educativo mayormente gratuito, que valora la libertad y las iniciativas individuales, que sustenta, en fin, una juventud para la cual la cultura está a la mano, y, algunos dirán, en el infaltable celular. A esa juventud que no concibe lo que es prestar un «servicio militar» para un ejército depravado. Que sabe que en su tierra existe un sistema de garantías constitucionales, que respeta sus derechos humanos, su libertad de movimiento y de reunión, su libre expresión, su derecho a servicios de salud, a la educación, a la justicia, a elegir y ser electo, su privilegio a respirar libertad.

Ustedes, muchachas y muchachos, que casi nunca han tenido que salir de su juvenil burbuja para enfrentar especiales retos democráticos, por sentir que su independencia personal no está en peligro, les tengo una oportuna advertencia. Porque este profesor amigo conoció lo que era vivir bajo una dictadura como la de Pinochet en Chile, no puedo dejar de pasar por alto, evidentes amenazas que se han anunciado para esta adorada Costa Rica. Les cuento que para un tico es muy difícil describir cuánto se degradan emocionalmente las personas sometidas por un gobierno que, sin ton ni son, se le ocurre derogar, por el tiempo que sea, las sagradas garantías individuales. Y es que, si las normas constitucionales fuesen las responsables del deficiente manejo de la seguridad ciudadana, ¡y no las deplorables condiciones sociales que sufren los que han sido lanzados al barril de la miseria extrema!, la candidata presidencial del oficialismo, propone repetir en nuestra Patria, los abusos perpetrados por los dictadores en Chile, Nicaragua y El Salvador. Regímenes que secuestran de sus íntimas viviendas a «presuntos delincuentes», sin órdenes judiciales pertinentes, y sin dejar rastros formales de sus acciones, ni de los desenlaces de sus violaciones. Para ellos, el “toque de queda”, sinónimo de “suspensión de garantías” es representativo de una nueva legalidad, la legalidad de los sátrapas.

Por eso le hablo a usted joven que valora su libertad, sus derechos, su independencia, ¡su vida!, y lo invito a que piense un instante en las consecuencias de esa propuesta arbitraria, nacida en el seno de los que aspiran perpetuarse en el poder para cambiar profundamente la nación que parecen querer destruir.

Cuando se suspenden las garantías constitucionales “por regiones”, como propone Laura Fernández, Nogui Acosta, y otros, específicamente en comunidades miserables de Limón, Puntarenas y el valle central, inevitablemente «pagarían justos por pecadores», pues la «ley de la selva» se aplica a diestra y siniestra, con el pretexto perverso de apresar “a delincuentes”, que por supuesto, no han sido juzgados.

Pienso que quizá otros temas de la campaña electoral no puedan competir con Bad Bunny o Maluma, pues por ahí andan sus gustos, pero jóvenes costarricenses, este asunto si debería merecer de parte de ustedes, momentos de reflexión, pues se estaría dando un paso muy peligroso hacia una Costa Rica mucho menos democrática, y de paso, más violenta.

Por fortuna, su voto es decisivo para evitar que algo semejante pudiese suceder.

Etiqueta: seguridad ciudadana

German Masís

Abelardo Morales Gamboa (*)

No se trata solo de cambiar las cárceles, sino de transformar la sociedad que las necesita.

Glenm Gómez ÁlvarezSacerdote y periodista

Margarita Bolaños Arquín

JoseSo (José Solano-Saborío)

Pedro A. Soto Sánchez

Freddy Pacheco León

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Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista