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Etiqueta: seguridad ciudadana

Costa Rica: de la ‘guerra contra las drogas’ a la gestión inteligente del narcotráfico. Parte I: El cambio de paradigma y el “efecto hidra”. Parte I

Escrito en . Publicado en Seguridad.

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales
Especialización en Cambio Climático y Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Negociación y Mediación – INCAE, Calidad Total y Alta Gerencia
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina
Dirigente Sindical ANEP, Escritor
luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 62764133

Resumen

El narcotráfico constituye uno de los fenómenos de mayor complejidad para los Estados contemporáneos. Su capacidad de adaptación económica, territorial, financiera y tecnológica dificulta que pueda ser enfrentado exclusivamente mediante operaciones policiales tradicionales, decomisos y detenciones. Costa Rica cuenta con instituciones, legislación y políticas públicas destinadas a enfrentar el fenómeno de las drogas, el crimen organizado y la legitimación de capitales. El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tiene, entre otras funciones, la coordinación y diseño de políticas nacionales en esta materia. En abril de 2026 fue aprobada la nueva Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2026-2035.

El presente ensayo propone complementar ese marco mediante un cambio de paradigma: pasar de una estrategia predominantemente reactiva a un modelo de gestión inteligente del fenómeno criminal, sustentado en información, inteligencia humana, análisis territorial, inteligencia financiera, tecnologías de información, ciencia de datos e inteligencia artificial.

A este enfoque analítico se incorpora el análisis de impacto de la extradición como una herramienta de cooperación jurídica internacional de alta intensidad. Lejos de entenderse como una solución punitiva aislada, la extradición se analiza como un elemento disruptivo que altera las dinámicas del mercado ilícito, las estructuras de mando y los niveles de violencia.

La propuesta no consiste en negociar con organizaciones criminales ni en convertirlas en interlocutores del Estado. Tampoco plantea sustituir a policías, fiscales o jueces por algoritmos.

La propuesta consiste en administrar las condiciones que permiten que las estructuras criminales prosperen: mercados ilícitos, flujos financieros, territorios vulnerables, violencia, corrupción, demanda, infraestructura logística y redes de información.

Para ello se plantea el modelo CR-IA 2035, basado en seis pilares transversales potenciados por la analítica predictiva y la cooperación internacional:

  • Administrar el mercado, no al cartel.

  • Administrar la violencia.

  • Administrar el dinero.

  • Administrar el territorio.

  • Administrar la demanda y el daño social.

  • Administrar los resultados.

La inteligencia artificial constituye un componente transversal destinado a mejorar la capacidad del Estado para detectar patrones, identificar riesgos, priorizar recursos, evaluar políticas y aprender de sus propios resultados.

Palabras clave: Costa Rica, narcotráfico, crimen organizado, inteligencia artificial, TIC, seguridad, lavado de activos, política pública, inteligencia financiera, territorio, extradición.

Introducción

El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema asociado con el traslado clandestino de sustancias. Es también un fenómeno económico, financiero, territorial, tecnológico, social e institucional.

Costa Rica atraviesa una transformación profunda de su entorno de seguridad. El país históricamente se ha caracterizado por instituciones democráticas, estabilidad política y una tradición de inversión social. Sin embargo, el crecimiento de determinadas formas de delincuencia organizada ha modificado las condiciones de seguridad y plantea nuevos desafíos para el Estado.

El crimen organizado funciona como una red. Produce, transporta, financia, distribuye, lava dinero, adquiere propiedades, establece relaciones comerciales, recluta personas y utiliza tecnologías para comunicarse y ocultar sus actividades. Por ello, combatirlo exige que el Estado también opere como una red.

Las organizaciones criminales contemporáneas pueden utilizar empresas, estructuras financieras, redes de transporte, comunicaciones digitales, comercio internacional, mecanismos de corrupción y relaciones transnacionales para desarrollar actividades ilícitas. Por esa razón, una política pública que mida su éxito únicamente por cantidad de droga decomisada o número de personas detenidas corre el riesgo de observar solamente una parte del fenómeno.

La pregunta fundamental debería ser más amplia y sistémica:
¿Qué condiciones permiten que el crimen organizado continúe reproduciéndose aun después de importantes operaciones policiales?

Esta pregunta conduce a un cambio conceptual. El objetivo no debería limitarse a perseguir indefinidamente organizaciones que pueden ser fácilmente sustituidas por otras. El objetivo debe ser reducir la capacidad del sistema criminal para reproducirse.

En este nuevo escenario, herramientas de alta intensidad como la extradición de nacionales y extranjeros por delitos de narcotráfico y crimen organizado actúan como un factor de disuasión y ruptura. No obstante, si la extradición no se acompaña de una estrategia de datos, puede generar efectos secundarios imprevistos, como la fragmentación de bandas y el aumento de la violencia local por disputas de poder.

Costa Rica ya dispone de una arquitectura institucional que reconoce la necesidad de una respuesta integral. El ICD señala que la política nacional comprende reducción de la demanda, control de la oferta, prevención, tratamiento, legitimación de capitales y coordinación interinstitucional. El siguiente paso consiste en aprovechar las capacidades contemporáneas de procesamiento de información.

La pregunta ya no es solamente cuántos agentes puede desplegar un Estado o cuántas extradiciones puede ejecutar. También es: ¿Cuánta inteligencia puede producir con la información que ya posee para gestionar los efectos de estas intervenciones?

Metodología y enfoque sistémico

El presente ensayo utiliza una metodología cualitativa, analítica, documental, sistémica y propositiva.

La investigación parte de la revisión de políticas públicas, legislación, estrategias nacionales y estructuras institucionales relacionadas con drogas, crimen organizado, legitimación de capitales, tecnología e inteligencia artificial.

Se utiliza además un enfoque sistémico para analizar el narcotráfico como un fenómeno compuesto por diferentes subsistemas interconectados:

  • Mercado ilícito;

  • Oferta y demanda;

  • Estructuras criminales y liderazgos;

  • Mecanismos de cooperación internacional (extradición);

  • Violencia;

  • Territorio;

  • Logística;

  • Flujos financieros;

  • Corrupción;

  • Tecnología;

  • Instituciones y condiciones sociales.

El análisis se complementa con una perspectiva de política pública basada en evidencia. Esto implica que las intervenciones estatales —incluyendo los efectos de los procesos de extradición en la estabilidad de las organizaciones criminales— deberían ser evaluadas mediante indicadores verificables y no únicamente mediante percepciones políticas o mediáticas.

Finalmente, el ensayo desarrolla una propuesta institucional denominada CR-IA 2035, cuyo propósito es integrar progresivamente información, inteligencia, tecnología, prevención, persecución penal y evaluación.

La metodología reconoce una limitación importante: la inteligencia artificial puede identificar patrones y probabilidades, y la extradición puede remover liderazgos accidentales, pero ninguna de las dos determina por sí misma la culpabilidad jurídica final ni soluciona las causas estructurales del delito. Por ello, cualquier utilización de tecnología y de IA en seguridad pública debe permanecer subordinada al ordenamiento jurídico, la supervisión humana, el debido proceso, la protección de datos y los mecanismos de control institucional.

Objetivos

Objetivo general

Proponer un modelo nacional de gestión inteligente del narcotráfico y el crimen organizado en Costa Rica, basado en la integración de información, TIC, inteligencia artificial, análisis territorial, inteligencia financiera, el uso estratégico de la extradición y la evaluación de políticas públicas, con el propósito de fortalecer la capacidad preventiva, investigativa, institucional y social del Estado.

Objetivos específicos

  • Analizar el narcotráfico como fenómeno económico, financiero, territorial, social, tecnológico e institucional.

  • Examinar las limitaciones de una estrategia centrada exclusivamente en la interdicción, incautación y captura tradicional.

  • Evaluar el impacto de la extradición como variable disruptiva en la estructura de mandos del crimen organizado y sus efectos secundarios en la violencia territorial.

  • Proponer mecanismos de integración de datos entre instituciones públicas y agencias internacionales.

  • Desarrollar aplicaciones de IA para detección de anomalías, análisis de redes, inteligencia geográfica y evaluación de impacto criminal.

  • Fortalecer la inteligencia financiera y la recuperación de activos como complemento de la persecución penal internacional.

  • Identificar territorios y poblaciones sometidos a mayores factores de vulnerabilidad ante la fragmentación de carteles.

  • Incorporar mecanismos de prevención social y reducción del daño.

  • Crear indicadores nacionales e índices dinámicos para medir resultados de las políticas de persecución y extradición.

  • Fortalecer la participación de universidades y centros de investigación.

  • Establecer una hoja de ruta CR-IA 2035 para construir progresivamente capacidades de Estado inteligente.

Pregunta central de investigación

La investigación se articula alrededor de la siguiente pregunta:
¿Cómo puede Costa Rica utilizar las TIC, la inteligencia artificial, la inteligencia financiera, el análisis territorial y herramientas de cooperación internacional como la extradición para complementar la lucha tradicional contra el narcotráfico y desarrollar una gestión inteligente, preventiva, medible y jurídicamente garantista del crimen organizado?

De ella surge una segunda interrogante:

¿Puede el Estado intervenir eficazmente sobre las condiciones económicas, financieras, territoriales, sociales y tecnológicas que permiten la expansión del crimen organizado —y gestionar los vacíos de poder provocados por la extradición de líderes criminales— sin sustituir el Estado de derecho por sistemas automatizados de vigilancia o decisión?

Este ensayo propone que sí, siempre que la tecnología y la cooperación jurídica internacional sean concebidas como herramientas institucionales y no como sustitutos de la responsabilidad humana.

Marco jurídico e institucional de cooperación internacional

Costa Rica no parte de cero.

La Ley N.º 8204 constituye uno de los principales instrumentos jurídicos nacionales en materia de estupefacientes, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. El ICD fue creado precisamente dentro de este marco y tiene funciones relacionadas con el diseño, coordinación e implementación de políticas contra el tráfico ilícito de drogas, actividades conexas y legitimación de capitales.

Costa Rica cuenta además con la Ley N.º 8754 contra la Delincuencia Organizada, códigos procesales que regulan la cooperación internacional, los tratados bilaterales y multilaterales de extradición vigentes y mecanismos relacionados con la incautación, comiso y administración de bienes.

En abril de 2026, el Consejo Directivo del ICD aprobó la Política y Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva 2026-2035.

El marco constitucional y los tratados internacionales de extradición imponen límites garantistas estrictos. Esto permite plantear una conclusión metodológica:
CR-IA 2035 no debería construirse como una política paralela, sino como una capa de modernización tecnológica, analítica y predictiva que complemente la arquitectura institucional existente, agilizando el intercambio de información con agencias extranjeras para robustecer los expedientes de extradición y medir sus repercusiones internas.

El cambio de paradigma

Durante décadas, la respuesta frente al narcotráfico se ha asociado principalmente con herramientas punitivas y policiales aisladas:

  • Persecución policial;

  • Operaciones de interdicción;

  • Decomisos;

  • Detenciones;

  • Investigaciones judiciales;

  • Destrucción de infraestructura criminal.

Estas herramientas continúan siendo necesarias. La propuesta no es abandonarlas; el problema aparece cuando se convierten en la totalidad de la estrategia.

Una organización criminal puede perder miembros y reconstruirse. Puede perder cargamentos y reemplazarlos. Puede perder dinero y generar nuevos ingresos. Puede perder territorio o una ruta y trasladarse o desarrollar otra. Por ello, una política pública inteligente debe intervenir simultáneamente sobre las condiciones que permiten la reproducción del fenómeno.

El nuevo paradigma del Estado costarricense frente al fenómeno del narcotráfico se reestructura bajo la siguiente matriz de transición:

Enfoque Tradicional / Reactivo

Nuevo Paradigma / Gestión Inteligente

Perseguir únicamente organizaciones aisladas

Intervenir simultáneamente sobre sistemas complejos

Reaccionar ante la comisión de delitos

Detectar riesgos, vulnerabilidades y amenazas emergentes

Acumular datos dispersos en burocracias

Convertir la información integrada en inteligencia estratégica

Medir el éxito por kilos decomisados

Medir resultados por impacto socioeconómico y reducción de violencia

Ejecutar la extradición como un fin punitivo

Utilizar la extradición como disrupción del sistema, mitigando sus secuelas

Utilizar tecnología como herramienta aislada

Construir una capacidad institucional del Estado basada en datos
   

La propuesta consiste en pasar de los individuos a las redes, de los decomisos a los resultados y de la información tradicional a la inteligencia aumentada mediante IA. Esto no significa administrar a los carteles ni establecer acuerdos con organizaciones criminales, sino administrar el fenómeno criminal.

El impacto de la extradición en el subsistema criminal

La extradición de altos mandos del narcotráfico produce una profunda alteración en las estructuras criminales. Para que esta herramienta no genere efectos adversos en la seguridad ciudadana, su impacto debe analizarse desde la perspectiva de la ciencia de datos bajo tres dimensiones críticas:

  • A. Fragmentación estructural y el «efecto hidra»: La remoción de un líder criminal mediante la extradición rompe la cadena de mando vertical. La analítica de datos demuestra que esto suele provocar la división de una gran organización en múltiples células más pequeñas, locales y frecuentemente más agresivas. La IA aplicada al análisis de redes criminales permite prever estas ramificaciones e identificar de forma temprana quiénes asumirán los liderazgos intermedios para interceptar la reestructuración de la banda.

  • B. Desplazamiento geográfico y disputas territoriales: Cuando un jefe criminal es extraditado, el vacío de poder debilita el control monopólico de un territorio, incentivando a organizaciones rivales a invadir dichas zonas mediante el uso de la fuerza. El procesamiento de información geográfica integrada permite mapear de forma predictiva qué territorios sufrirán picos de violencia tras una extradición, orientando el despliegue policial y social preventivo en los cuadrantes exactos de alta vulnerabilidad.

  • C. Ruptura de canales financieros y logísticos: El mayor valor de la extradición no radica en el aislamiento físico del criminal, sino en la pérdida de sus conexiones directas con los mercados financieros y logísticos internacionales. Al perder sus canales de comunicación habituales, la organización local experimenta una parálisis temporal en el blanqueo de capitales. El cruce inmediato de datos tributarios, inmobiliarios y aduaneros en el momento de la captura facilita el congelamiento de activos antes de que la red intente diversificar sus cuentas.

El lumpen político

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

El futuro robado: la creación de inseguridad y miedo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo1

La seguridad es quizás el aspecto más destacado de las demandas de la ciudadanía contra el Estado, que tiene la obligación y el monopolio de hacer cumplir las leyes, la Constitución y el orden constituido social e históricamente. Luego, es una responsabilidad pública sensible para el funcionamiento de la sociedad, cuyo incumplimiento es factor determinante de la crisis, del caos, pero para los sectores socialmente vulnerables, contra quienes no pueden protegerse ni defenderse. Así, la Constitución de la República es irrespetada, las leyes violentadas, o se crean nuevas, para amparar los intereses de corporaciones económicas y financieras dominantes. De este modo, las mafias, los carteles, la trata de personas, o los asesinos a sueldo, se convierten en los nuevos intocables en complicidad con las autoridades. Las consecuencias sociales de ese aparente nuevo orden es el incremento de la vulnerabilidad contra los pobres, cuyo único amparo es el miedo, el silencio, el aislamiento e invisibilizarse para no ser víctimas de nuevas o viejas alianzas.

No obstante, la seguridad no se circunscribe exclusivamente contra la delincuencia y la corrupción política, también la salud pública, la educación, el trabajo, el bienestar social, la vida, forman parte de esas seguridades que deben ser garantizadas por la institucionalidad estatal, las cuales son parcial y deficientemente atendidas, para beneficio de los negocios privados, que lucran con la complicidad estatal que tiene la obligación de supervisar, vigilar y velar por la calidad de su atención de acuerdo con los requerimientos sociales establecidos. En la actualidad se evidencia el incumplimiento de las obligaciones públicas, particularmente contra los sectores vulnerables y empobrecidos que carecen de medios alternativos para satisfacer sus urgentes necesidades.

La inseguridad creada desde los poderes institucional, jurídico, delincuencial y mediático son creaciones intencionadas para masificar los temores, miedos y angustias ocasionadas por la imprevisibilidad de los acontecimientos cotidianos que desconocen, agreden, engañan y violentan la privacidad y seguridad de las poblaciones.

En Costa Rica se incrementan los empobrecidos del campo y la ciudad, los excluidos, los despojados del trabajo y sus recursos, los emprendedores, las personas de la calle, así como los pequeños agricultores y los campesinos sin tierra, en un espacio donde se difunden profusamente los actos delincuenciales, corrupción, desastres naturales, tragedias familiares y las políticas que atentan contra los ingresos y calidad de vida de los subalternos, son acciones que confluyen para crear miedos e inseguridad a poderes que se imaginan omnipotentes, que persiguen y controlan a quienes protestan pacíficamente. Sin embargo y paradójicamente, son los tiranos quienes tienen miedo, por ello la permanente sobreprotección policial por inventados enemigos, en el desprecio y menoscabo del pensamiento y la acción de los subalternos, en la adquisición y uso de técnicas de control y espionaje contra quienes preguntan y protestan, mientras se promueven las técnicas para el control, las estafas y las usureras prácticas financieras que profundizan la inseguridad ciudadana y la pobreza.

La inseguridad y el miedo de los sectores vulnerables no son solo consecuencias de la desigualdad e inequidad social y nacional, también han sido convertidas en medios estratégicos globales, creados y concertados políticamente para robar el futuro a las poblaciones costarricenses y latinoamericanas.

El gobierno democrático, o la representación coyuntural del Estado, no es un ente a quien se le ha otorgado el derecho de decidir por la ciudadanía. No, los procesos electorales son requerimientos formales para el cumplimiento de específicas funciones públicas, una facultad relativa y dependiente del soberano, de las demandas y necesidades ciudadanas, sin lesionar ni comprometer nuestra identidad nacional ni su futuro, menos aún, participar en proyectos imperiales.

Es obvio que la elección no crea tiranos, ni democracia, pues los tiranos se descubren envileciendo y liquidando el orden social democrático y político nacional. La actuación que denigra nuestra historia y empobrece poblaciones son hechuras de poderes que trascienden el espacio nacional, impulsadas, asesoradas y financiadas por el imperio y los serviles gobiernos que participan de la corrupción y los fraudes electorales, como se ha demostrado en los procesos recientes contra la democracia y soberanía latinoamericana.

La historia contemporánea nos muestra cotidianamente que los alineamientos globales han servido y sirven a intereses imperiales, nunca para el bienestar de los pueblos, del progreso de su gente, ni el respeto de su historia y cultura. El poder gubernamental de ningún modo posee la facultad ni el derecho de parasitar los recursos ni transgredir los derechos ciudadanos, de lo nacional ni es autónomo, para hacer lo que se le antoja durante el temporal periodo de gobierno.

La seguridad en la inseguridad nacional e internacional es la transición en la reconfiguración de la influencia y dominación del espacio mundial, alinearse con el fascismo, como lo hace el gobierno costarricense, ofende nuestro pasado y nos obliga aceptar, lo que nunca hemos decidido, la imposición y aceptación del saqueo de las riquezas latinoamericanas, para mantención de un decadente y caduco poder imperial.

1 Catedrático. Docente e investigador jubilado. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

Costarricenses otorgan calificación de 6,98 a la presidenta Laura Fernández

Escrito en . Publicado en Análisis.

  • Seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, así lo manifiestan cuatro de cada 10 ciudadanos.

  • Mayoría del 86,5% manifiesta algún grado de aceptación de los movimientos sociales de las últimas semanas.

UNA Comunica. Transcurridos más de cuatro meses de la gestión de la presidenta Laura Fernández, los ciudadanos le otorgan una calificación de 6.98 de 10, de acuerdo con el informe Percepción de la población costarricense sobre la política nacional y la labor del gobierno, presentado esta mañana por el Instituto de Estudios en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

La nota es mayor al 6.70 que obtuvo en marzo el expresidente Rodrigo Chaves, al cierre de su gobierno. No obstante, es un inicio de administración con una nota inferior a la obtenida en setiembre de 2022 (hace cuatro años) por el propio Chaves: un 7.65.

“Aunque la medición de agosto de 2026 constituye el primer dato disponible para Laura Fernández Delgado, la comparación con la administración anterior adquiere relevancia debido al énfasis que tuvo la continuidad del proyecto político de Rodrigo Chaves durante su campaña. De hecho, su propuesta electoral fue presentada como un proyecto de continuidad y esta orientación también se reflejó en la conformación de su gabinete”, indica el estudio.

La mandataria es la mejor evaluada en este informe. Le siguen el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, con un 6.63; luego Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, con un 6.55 y Gabriel Aguilar Vargas, ministro de Justicia y Paz con 6.54. De la lista de consultados, el que aparece con la nota más baja es Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia con un 6.23.

A pesar de ubicarse en tercer lugar, un 30.7% de la población no conoce la labor de la ministra Bogantes. Un 14.7% desconoce el trabajo del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, y un 13.9% tampoco reconoce la gestión de José Leonardo Sánchez, titular del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Sobre el desempeño del gobierno en distintas áreas, la que obtiene mayor puntaje es la de “protección a la naturaleza” con un 6.43. Le siguen “economía” con un 6.32, “educación” con 6.23 e “infraestructura vial” con 6.18. En la parte de abajo de la lista aparecen “salud” con 5.73, “seguridad ciudadana” con 5.46 y “combate a la pobreza” con 5.25.

Para el Idespo-UNA, en general, la valoración del desempeño gubernamental es moderada. “Cinco de las nueve áreas evaluadas obtienen calificaciones superiores a 6, pero ninguna alcanza 6.5”, concluye el informe.

De hecho, la seguridad ciudadana se mantiene como el principal problema que afecta al país. Así piensan cuatro de cada 10 personas. Muy por debajo aparecen ‘institucionalidad y gobernabilidad’ (11,4%), ‘narcotráfico’ (11,2%) y ‘desempleo’ (10,8%)».

Las preocupaciones en torno a la seguridad ciudadana hacen que el 52.6% de la población la califique como “mala/muy mala”, frente a un 31% que la ubica como “buena/muy buena”. Otro 16.3% la ve “regular”.

Aunque no es el principal problema nacional identificado, para un 40.4% de los encuestados la situación económica del país es “mala/muy mala”. Este porcentaje supera al 35.5% que la percibe como “buena/muy buena”. El 24% restante la ve “regular”.

Las opiniones están más divididas si se compara el estado de la economía con respecto a un año atrás. Un 34.6% la ve “mejor/mucho mejor”, un 32.4% la percibe “peor/mucho peor” y para un 31.6% está “igual”.

Percepciones de coyuntura

El Idespo-UNA consultó a los costarricenses su percepción acerca de algunos temas que han dominado la agenda mediática en los meses anteriores. De todos, el que muestra mayor polarización es el de las críticas realizadas por la presidenta al Poder Judicial. Un 50.4% está de acuerdo.

El respaldo baja a un 47.2% si se trata de valorar la forma en que la presidenta se expresa de otros poderes de la República o instituciones públicas. Incluso desciende a un 46.8% cuando las críticas las hace específicamente al Poder Legislativo.

En proyectos y temas puntuales, ninguna logra una aceptación mayoritaria. El proyecto de ley de armonización eléctrica es avalado por un 49.5% de la población, seguido de la minería a cielo abierto en Crucitas (36.1%), la venta de activos del Estado (32.1%) y el manejo de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (23%).

En esta encuesta se incluyeron aspectos puntuales de la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Por ejemplo, un 48.3% está de acuerdo en la decisión de la Sala Constitucional de mantener temporalmente a las magistraturas suplentes en sus cargos. El apoyo decae a un 42.3% si se trata de valorar la reducción presupuestaria al Poder Judicial por parte del gobierno.

Solo un 41.5% estuvo a favor de la querella presentada por el gobierno contra cuatro magistrados constitucionales a raíz del fallo sobre los nombramientos. Y baja a un 36.4% al calificar la forma en que el Poder Ejecutivo ha manejado el conflicto con la Sala Constitucional.

“Esto evidencia que el respaldo disminuye cuando la confrontación discursiva se traduce en una acción de mayor escalamiento institucional, como la presentación de una denuncia penal. En consecuencia, aunque una parte considerable de la población respalda el discurso crítico de la presidenta, este apoyo no es uniforme y solamente alcanza la mayoría absoluta en el caso de las críticas al Poder Judicial”, enfatiza el informe.

Por otra parte, el Idespo-UNA abordó las percepciones acerca de las manifestaciones y movimientos sociales que se han realizado en los últimos meses. Una mayoría del 86.5% está “muy de acuerdo y algo de acuerdo” en este tipo de prácticas cuando se trata de la defensa de derechos. Solo un 10.1% manifestó estar “algo en desacuerdo o muy en desacuerdo”.

Sin embargo, un 48.7% considera como “poca” la influencia que puedan tener estas manifestaciones sobre decisiones del gobierno. Por el contrario, un 36.5% afirma que es “mucha”.

De acuerdo con una tipología planteada por los investigadores, nueve de cada 10 personas consideran aceptable la manifestación pública, aunque difieren en distintos niveles sobre la capacidad de influencia que se le atribuye.

En línea con lo anterior, la encuesta también ahondó si de manera personal los ciudadanos expresan lo que piensan acerca de temas políticos. La mitad (50.4%) no siempre lo hacen, mientras que un 34.8% sí lo manifiesta. El 13.8% mencionó que “algunas veces”. Pero, para la mayoría (53.1%), expresar públicamente sus opiniones podría generarle consecuencias negativas.

En cuanto a la valoración ciudadana sobre la confianza que tienen hacia diversas instituciones, las mejor posicionadas son las universidades públicas (7.33), las empresas privadas (7.16), el Tribunal Supremo de Elecciones (6.72) y la Caja Costarricense de Seguro Social (6.39). En la parte de abajo de la lista sobresalen las iglesias protestantes evangélicas (5.28), los sindicatos (4.98) y los partidos políticos (4.69).

La recolección de datos de la encuesta se realizó del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto. En total se realizaron 746 entrevistas completas, con un error de muestreo de 3,6 puntos porcentuales hacia arriba o hacia abajo y un nivel de confianza del 95%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Nota: Puede descargar el informe desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/09/informe_encuesta_percepcion_labor_del_gobierno_agosto_2026.pdf

¿Qué le envidiamos a El Salvador?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Glenm Gómez Álvarez, presbítero

A propósito de la visita ad limina de los obispos de El Salvador, concluida en Roma este 11 de septiembre de 2026

¿Qué le envidiamos a El Salvador?

La pregunta no es inocente. Si se la hacemos hoy a muchos costarricenses, probablemente la respuesta aparezca de inmediato: la seguridad.

El Salvador pasó, en pocos años, de ser identificado internacionalmente con las maras, pandillas y una violencia insoportable a exhibir una caída extraordinaria de los homicidios. Hay salvadoreños que dicen haber recuperado sus barrios, sus calles y algo tan elemental como salir de casa sin miedo.

Mientras tanto, en Costa Rica aprendimos un vocabulario que antes nos parecía lejano. Sicariato, territorios disputados, crimen organizado, ajuste de cuentas. Los homicidios dejaron de sorprendernos como deberían.

Es comprensible, entonces, que alguien mire hacia El Salvador y pregunte: ¿por qué ellos pudieron y nosotros no?

Pero ahí comienza la parte difícil.

El modelo salvadoreño no puede analizarse solamente desde las cifras de homicidios. Desde marzo de 2022 el país vive bajo un régimen de excepción, prorrogado una y otra vez, que ha permitido detenciones masivas y ha restringido garantías constitucionales. Decenas de miles de personas han pasado por las cárceles. Y junto a la satisfacción de una parte importante de la población por la recuperación de la seguridad, han aparecido denuncias sobre detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias, debido proceso y respeto de los derechos humanos.

Las dos realidades existen. Negar cualquiera de ellas empobrece la discusión.

Precisamente por eso resulta tan significativa la reciente visita ad limina Apostolorum de los obispos salvadoreños a Roma y su encuentro con el papa León XIV.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez resumió una convicción que parece sencilla, pero que en circunstancias como estas adquiere un peso enorme: la persona humana debe estar en el centro.

También la persona encarcelada.

Este punto es esencial para la Iglesia. Una cárcel no puede convertirse en un territorio donde el Evangelio deja de entrar. Al contrario. Si hay un lugar donde la presencia cristiana resulta necesaria es allí donde el ser humano corre el riesgo de quedar reducido a un número, un expediente, una condena o un uniforme.

La sociedad tiene derecho a defenderse del delincuente. Las víctimas tienen derecho a la justicia. Las familias tienen derecho a vivir sin miedo. Nada de eso puede relativizarse.

Pero el preso sigue siendo persona.

Y aquí el compromiso de los obispos salvadoreños adquiere una dimensión particularmente importante. La Iglesia no está llamada a escoger entre las víctimas y los privados de libertad, como si la misericordia hacia unos significara indiferencia ante el sufrimiento de los otros. Tiene que estar donde duele: con la familia que perdió un hijo por la violencia, con la comunidad que durante años estuvo sometida por una pandilla, pero también dentro de las cárceles, acompañando, escuchando, anunciando la posibilidad de conversión y defendiendo la dignidad que ninguna sentencia puede borrar.

Ese equilibrio incomoda. Pero el Evangelio muchas veces incomoda precisamente porque se niega a dividir el mundo entre seres humanos que merecen dignidad y seres humanos que ya no la merecen.

Durante la visita a Roma estuvo presente, además, una figura imposible de separar de la historia salvadoreña: san Óscar Romero. Los obispos entregaron a León XIV una reliquia del santo.

No es un detalle menor.

Romero conoció la violencia de su país y entendió que la Iglesia no podía contemplarla desde lejos. Se acercó a las víctimas, denunció los abusos del poder y defendió la vida cuando hacerlo tenía consecuencias. Su palabra no nació de una teoría sobre El Salvador. Nació de escuchar a su pueblo.

Quizá esa sea también una lección para Costa Rica.

No necesitamos copiar modelos. Mucho menos idealizarlos. Necesitamos recuperar la seguridad, y con urgencia. Un Estado que no puede proteger a sus ciudadanos está incumpliendo una de sus responsabilidades fundamentales. Pero tampoco deberíamos aceptar la idea de que para recuperar la tranquilidad necesariamente haya que disminuir el valor de la dignidad humana.

Seguridad y derechos humanos no deberían ser enemigos.

Y la Iglesia tampoco puede mirar esta discusión desde la gradería. Si el narcotráfico está reclutando muchachos en nuestras comunidades, allí tiene que estar. Si las familias viven atemorizadas, allí tiene que estar. Si nuestras cárceles están llenas de personas para quienes la sociedad ya no espera nada, también allí tiene que estar.

No solamente para denunciar. También para acompañar, prevenir, reconstruir y anunciar el Evangelio.

Entonces vuelvo a la pregunta del principio: ¿qué le envidiamos a El Salvador?

Tal vez no deberíamos envidiarle nada.

Deberíamos mirarlo con respeto, reconocer lo que ha conseguido, atrevernos a discutir el costo de algunas de sus decisiones y, sobre todo, aprender de una sociedad que ha conocido extremos de violencia que Costa Rica todavía puede evitar.

Porque nuestro desafío no consiste únicamente en volver a sentirnos seguros.

Consiste en lograrlo sin dejar a nadie fuera de la condición humana.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

Lo que no se mueve se termina moviendo – Crónica

Escrito en . Publicado en Derechos.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Hace frio y me falta café (y un abrigo, diría Sui Generis en su mítica Confesiones de Invierno). Me dedico a observar los entretelones de la disposición securitaria que resguardará el feo edificio de la Asamblea Legislativa cuando lleguen los estudiantes universitarios de las principales universidades públicas del país.

“Es una desproporción”- pienso mientras hundo mis manos en un impermeable que algo me protege del viento helado que recorre San José a esta hora.

Y es que, en tiempos de narrativas y discursos de violencia impulsados por el ejecutivo, sus voceros y sus tik tokers, qué práctica no termina siendo desproporcionada.

Entonces pienso en los signos de los tiempos que nos tocó vivir.

Allí, en esa plaza, hace unas semanas, el significado de plantón adquirió un nuevo sentido. Ahora es una forma de lucha que se lucha de pie, aunque en otros países la imagen sea la “sentada”, como muy bien recupera en sus trabajos sobre luchas migrantes en Mesoamérica la querida colega y activista Amarela Varela.

Allí en esa plaza, saludo viejos y nuevos amigos. Algunos me alertan sobre los peligros que acechan. El cerco es muy grande. Tanto, que este fin de semana un diario nacional incluyó como caso emblemático de costarricenses solicitantes de refugio, una persona amenazada de muerte por emitir en sus redes sociales opiniones contrarias a la entonces candidata (hoy presidenta).

Así las cosas…

Reflexiono. Son otros tiempos. Se debe responder de otra manera. Y esa otra manera entró bailando con una fuerza descomunal allí, en el lugar donde semanas antes algo quizá diferente en la resistencia se haya iniciado.

Comparto la observación con el querido premio Magón Manuel Monestel, cantautor costarricense, sociólogo investigador cultural. Quizá casi nadie recuerda que Manuel junto con su legendaria Cantoamérica fue parte de la banda sonora del movimiento universitario de 1991, aquel que terminó provocando la salida del entonces ministro de Hacienda Thelmo Vargas. Allí estuvimos.

Si, eran otros tiempos. Pero entonces como ahora la música, el arte en general tomó las calles y llenó todo de ritmo, color, formas.

Observamos las formas y los fondos.

– que lindo”- me dice Manuel al mirar ese extraordinario ritmo emplazando el espacio. Le digo que ya esos movimientos, los que protagonizaban los estudiantes en aquel momento, no los podríamos hacer ni el ni yo.

Luego de unos segundos de silencio Manuel me tira una bocanada que la recojo con gusto: – ¿quién dice que no?

En esta época el movimiento debe ser la norma. Es cierto: lo que no se mueve, se termina moviendo.

A eso vamos.

Esto está empezando y “ya no siento frío…”

¿Por qué militarizar a la Policía Nacional, a la Fuerza Pública Nacional?

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, 2022-2026, se ha insistido en fortalecer la Fuerza Pública, no tanto para combatir el narcotráfico y a las organizaciones narco delincuenciales, sino para desarrollar un particular grupo militar dentro de la organización civilista del Ministerio de Seguridad Pública, dependiente de manera directa del presidente, como se hizo con el grupo que se creó para Rodrigo Chaves, por gestión de uno de sus viceministros, Manuel Jiménez Steller, vice ministro de Unidades Especiales, quien incluso había firmado solicitudes de sobreseimiento para personas que habían atrapado con kilos de cocaína.

Para ello eliminó toda la organización y estructuración que existía desde antes, muy profesional en la lucha contra el narco en las costas, en la zona sur, en los puestos de fronteras. Cuando no la pudo eliminar del todo, la debilitó hasta donde pudo. Al personal que combatía en mar y costas lo desplazó al interior del país, sin siquiera poder practicar en piscina, como lo hacían en el mar.

A los patrulleros marítimos llegaron a cambiarles la capacidad de fuego en sus armas, de manera que sus fusiles que tenían un alcance satisfactorio en distancia, para disparar a los motores de las lanchas transportadoras de drogas, se los cambiaron casi literalmente por rifles de balines, haciéndolos perder su capacidad de fuego y de combate. Así no se podía “cazar” ni “pescar” a esas lanchas transportadoras de drogas. Así se dejaba pasar droga por el mar costarricense.

En la sección aérea no se atendía la información que se daba de penetración de aeronaves que volaban a baja altura, detectadas por los trabajadores de las torres de control aéreo, que monitorean todo el territorio nacional. Así, por ejemplo, si una aeronave sospechosa entraba el territorio nacional, el operador de torre de control, informaba a la Oficina de Vigilancia Aérea, que debe darle seguimiento, y no se daba, por lo que el transporte aéreo de drogas fácilmente penetraba en el país. Esto sigue sucediendo. No hay control inmediato de los informes que se producen en esas Torres a Vigilancia aérea, ni de coordinación inmediata cuando así se procede con las oficinas policiales locales, ni se lleva a revisar los aeropuertos o pistas clandestinas o no reportadas oficialmente.

Un caso doloroso fue el accidente aéreo en el que cayó una nave en los cerros de Escazú hace poco tiempo. La Torre de Control informó de la desaparición de la nave, en el radar, a los instantes del accidente. Informó varias veces. Vigilancia aérea no reaccionó o se hizo “la tonta”, seguramente acostumbrada a no darle seguimiento a la desaparición en pantalla de esas naves pequeñas, la que se encontró gracias a una nave particular que la localizó.

En estos días se ha dicho de la inmensa cantidad de pistas privadas, no reportadas oficialmente, que operan prácticamente de manera clandestina en las zonas sensibles a los negocios del trasiego de drogas, en la zona sur como en el Caribe y otras partes del territorio nacional. Y, tan grave como eso, se ha señalado la detención de más de 100 funcionarios de la Fuerza Pública asociados o colaboradores directos de los grupos mafiosos vinculados al narcotráfico, donde se hizo énfasis que eran fundamentalmente de los que sustituyeron en esas zonas a los que eran altamente especializados en la lucha antinarco, que les habían cambiado sus especialidades de combate policial, improvisando experiencia en los nuevos puestos, debilitando el control del narco y facilitándolo. Así se procedía en el gobierno de Papá Chaves, como cariñosamente algunos se referían al Ejecutivo nacional.

Mar, aire y tierra en materia de lucha contra el narco estaba debilitado en el gobierno anterior. Era parte de la política oficial del gobierno en su negocio con los grupos narco delincuenciales. El gobierno de hecho había pactado con las organizaciones para la distribución regional del territorio, con la intención de disminuir las muertes y asesinatos de las luchas internas de esos grupos, evitar el escándalo nacional y la inseguridad que ello provocaba, a la vez que garantizaba el gran negocio de la comercialización de droga que desde aquí se hacía, internamente y al menudeo, y la que se sigue haciendo con destino a Europa, como constantemente se aprecia por las capturas que se hacen en puertos europeos, de lo que se envía desde Limón…curiosamente en los mismos empaques de piña, principalmente.

A propósito de Limón, dos recuerdos. El primero. Un día, el flamante ministro de seguridad Zamora anunció, con varios días de anterioridad a la acción policial, que se desarrollaría un operativo en Limón con varios cientos de policías, indicando toda el área que se cubriría. Llegó el día. Con toda la publicidad y despliegue policial en marcha el operativo terminó con agua en las manos. A nadie agarraron. Les habían avisado públicamente cuando llegarían.

El segundo. El día que pusieron a funcionar unos escáneres nuevos. Despliegue publicitario total. El presidente, si no se prestó para ello, fue usado vulgarmente. Las cámaras apuntaban a los escáneres y la fila de furgones o trailers, que iban a pasar, para detectar si iban o no cargados con drogas estaban listos para la función. Pasó un furgón. Con emoción se decía que iba limpio. El segundo trailer, igual emoción provocaba. El presidente igual se reía, hasta con cierto nerviosismo. Así pasaron, uno tras otro, hasta el quinto. Con éste demostraron que los trailers no llevaban cargamentos de drogas y que los escáneres funcionaban. Todo era fiesta. Pero, ¿la droga acaso iba a ir en los cinco trailers que estaban montados y escogidos para ese show? Por supuesto que a nadie iban a agarrar en ese espectáculo.

Cuando estas cosas suceden, ¿por qué organismos como la DEA, en su oficina local, sabiendo de estas fallas, va a confiar en las acciones del Gobierno? ¿Por qué el Gobierno protesta de que en las capturas importantes que se han hecho últimamente no se les ha informado por parte del OIJ, del Ministerio Público y del Poder Judicial? Es absolutamente claro que no se les informaba porque desde el mismo Poder Ejecutivo y desde el Ministerio de Seguridad se les avisaba a los líderes y pandilleros que se querían capturar, para que pudieran escapar. Eso es lo que le ha dolido al Poder Ejecutivo actual, a sus voceros, que como plañideras y plañideros, no han dejado de quejarse porque no les informaron de esas exitosas acciones policiales, que fueron acciones bien planificadas con conocimiento de la DEA, que tampoco quiso informarle al gobierno en sus autoridades ejecutivas y de seguridad nacional. Por algo será.

¿Por qué tanta preocupación y reclamo público por el traslado del delincuente más peligroso que tenía el país a entrevistas judiciales en San José? ¿Por qué tanta preocupación por el “delincuente” que se dice que había caído en combate y no hubo cadáver? ¿Y, si era un informante, que debía conservársele como anónimo o como esos testigos con los que se transa hasta una nueva personalidad?

¿Y la reacción de Papá Chaves cual fue? Anunciar el bloqueo económico al Poder Judicial, al Ministerio Público, al OIJ. ¿Por qué se empeña el copresidente Chaves y el gobierno en debilitar económicamente la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en el país?

En la Fuerza Pública, en los destacamentos que se han ido preparando para las contingencias de manifestaciones, cada vez más se evidencia el carácter gorilesco con que los preparan, más represivos y agresivos físicamente. En la detención incluso agreden y golpean a los detenidos. Hasta dicen que se les realizan torturas. ¿Por qué están enseñando a torturar? ¿Quiénes son los entrenadores de torturas, nacionales o extranjeros? ¿O, a dónde están enviando a prepararse a oficiales y miembros de la Fuerza Pública? ¿A cuáles academias? ¿A Guantánamo? Les están destruyendo sus raíces civilistas.

El gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, declaró en 1986, el 1 de diciembre, el Día de la Abolición del Ejército, lo que significó también de los elementos militares que todavía persistían en la organización policial, los rangos militares. Así, con su ministro de Gobernación, Rolando Ramírez Paniagua, eliminó esos rangos que sustituyó por denominaciones civiles. Como elemento militar persiste la Unidad Especial de Intervención, UEI, que tiene comandos élite entrenados y preparados con fuerzas especiales de otros países, que pertenece a la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, que depende del Ministerio de la Presidencia. Esta unidad está organizada militarmente, aunque oficialmente es una unidad policial civil.

Los rangos civiles se fortalecieron en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, 1998-2002, quien también estabilizó más a la Fuerza Pública con el Estatuto Policial, que le dio más estabilidad y profesionalización a sus servidores. Ingresar a la Fuerza Pública significaba ir a la Escuela Nacional de Policía donde a la par de los conocimientos profesionales se les formaba con valores cívicos. En este período se estableció el uniforme civil, y no el militar.

En una huelga, muy fuerte que había en el gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, con una gran marcha que terminó en Zapote, se había dispuesto que el personal de la Casa Presidencial se retirara. El presidente Rodríguez permaneció allí hasta que un Oficial se le acercó para comunicarle que tenían información que los manifestantes iban a tratar de ocupar el edificio y que había que sacarlo. Llevaron al presidente al patio de atrás para llevárselo en helicóptero. Antes de abordar el presidente reunió a la Policía del edificio presidencial. Les pidió hacer una oración por Costa Rica y les dirigió unas breves palabras enfatizando en su papel protector del edificio y de la seguridad del personal que quedaba. Al finalizar les dijo. “Ante todo, no se les olvide que las personas que están allí, refiriéndose a los manifestantes, son costarricenses y son personas como ustedes”. Un mensaje claro de ese sentimiento civilista con el que se ha construido Costa Rica.

En otra huelga a Casa Presidencial, del sector magisterial, gigantesca huelga, en el gobierno de José María Figueres, en circunstancia parecida un Oficial se dirigió a él diciéndole: “Presidente, tenemos información que van a tratar de tomar el edificio. Podemos evitarlo”. El presidente Figueres le manifestó: “Déjelos entrar, que ocupen los jardines si quieren, pero el edificio es suyo” … No entraron… Otra manifestación pacífica de un gobernante que instruía claramente que no reprimieran aún en los jardines de la Casa Presidencial.

Este civilismo se está perdiendo con la Fuerza Pública. El actual gobierno de la copresidente Fernández está proponiendo restablecer los rangos militares. Así los nombres de Comisario de Policía/Director general de la Fuerza Pública, Comisionado de Policía, Comandante de Policía, Capitán de Policía, Intendente, Subintendente, Sargento de Policía, Inspector, Agente 2, Agente 1, Agente 1, quieren cambiarse por coronel, teniente coronel, mayor, teniente, subteniente, cabo y raso “de policía”.

Con los nombres se viene su contenido militar. Es un asunto implícito, conceptual de carácter de doctrina militar. Se trata de imponer no más respeto ni disciplina. Se trata de imponer miedo, terror, mayor presencia autoritaria. Se trata de imponer lo que se conoce como Temor Reverencial, lo que se refuerza por el entorno cultural televisivo, de cine, de noticias relacionado con la violencia que ejercen los militares amparados a sus uniformes, al abuso con que pueden actuar, que ya se está practicando finamente en los cuerpos policiales. Con el cambio de nombre en los cargos y en el tipo de uniforme se cambia también la mentalidad de quien lo ostenta. Y van a cambiar con ellos los contenidos de los cursos para volver al entrenamiento de soldados y no de policías. Se trata de modificar los valores culturales, pacíficos, antimilitaristas con que se han venido preparando los miembros de la Policía Nacional. Esto hay que evitarlo. La Fuerza Pública hay que mantenerla en el ideario y la doctrina democrática, civilista, antimilitarista, en el conocimiento de la Historia Patria, los Valores cívicos, culturales y de Derechos Humanos que conforman hoy la cultura y la sociedad costarricense, como una cultura de paz.

Las organizaciones militares no se usan para combatir la delincuencia ni el narcotráficos. Tienen un carácter altamente represivo, opresivo. Tampoco acaban con la violencia. En cierta forma la complementan.

Este año, en febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó una vez más, que la seguridad ciudadana debe estar en manos de las policías civiles al margen o fuera de las estrategias militares. Junto a esto propuso también contribuir a mejorar y fortalecer la investigación y la cooperación policial y judicial.

La presidenta Laura Fernández debe pensar muy bien esto que está impulsando. Con este paso retrocede el país, nacional e internacionalmente. Y se coloca ella del lado equivocado de la trayectoria pacifista y antimilitarista de la Historia Nacional, que desde el siglo XIX marcó este rumbo que culminó con un país sin Ejército. ¿Por qué camuflarlo? Estas instituciones, el Ejército y el militarismo, sí son los embriones y los vehículos hacia cualquier tipo de Golpe de Estado, como los son los ejércitos en todo el continente.

La mano dura como excusa de la aplicación de una verdadera política criminal

Escrito en . Publicado en Análisis.

Francesco Giulietti Silva
francescomc8@gmail.com
Egresado en Derecho y estudiante de Filosofía de la Universidad de Costa Rica

Los privados de libertad y las cárceles pasan en el olvido la mayor parte del tiempo, salvo en épocas determinadas. Las campañas electorales y las crisis de inseguridad ponen en el centro a todas esas personas procesadas y sentenciadas (los discursos populistas no distinguen dicha condición jurídica) por nuestro sistema penal. El país posee 13 centros penitenciarios[1] bajo el modelo cerrado (CAI)- 11 correspondientes a cárceles para hombres, 1 para adulto mayor, así como 1 para mujeres-. Según el Informe Anual de Labores 2025[2] del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para febrero del 2026 había aproximadamente 19.453 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación del 46,4% a nivel general y de centros penitenciarios con hasta un 134% de sobrepoblación frente a su capacidad real. Por primera vez, el CAI Vilma Curling llega a niveles de hacinamiento tan altos como el 40,37%.

Lo anterior debe alzar alarmas respecto a la posible regresión en materia de derechos humanos, particularmente sobre la dignidad humana de las personas reclusas. Un punto que llama especialmente la atención es el siguiente: una de cada cuatro personas privadas de libertad no ha sido procesada. Es decir, que el 25% de las personas que se encuentran en las cárceles están bajo la modalidad de prisión preventiva, sin una sanción penal en firme. Ello es digno de destacar debido a que, a pesar de que según nuestro Código Procesal Penal[3] la prisión preventiva debe ser excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, tales como la probabilidad del hecho, peligro de fuga y/o obstaculización, que el delito atribuido sea sancionado con pena de prisión y que exista peligro para la víctima, persona denunciante o testigo. Quisiera resaltar que nuestro Código Procesal Penal, así como la práctica de nuestros Juzgados y Tribunales Penales, no va acorde con lo dispuesto en reiteradas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la prisión preventiva no debe tener un fin punitivo, debe ser de carácter extraordinario y fundamentarse únicamente bajo las causales de peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Lo anterior se puede apreciar en el Informe 35/07 de la CIDH (Caso Peirano Basso vs. Uruguay), Acápite 81, Caso López Álvarez vs. Honduras (Corte IDH, 2006), Acápite 69 y Caso Palamara Iribarne vs. Chile (Corte IDH, 2005), resoluciones que forman parte de la columna vertebral del Sistema Interamericano para prohibir y evitar el uso arbitrario y punitivo de la prisión preventiva. En Costa Rica, por otro lado, parece ser que la prisión preventiva es la regla, más que la excepción.

Asimismo, instrumentos internacionales como las Reglas de Tokio[4] y Reglas de Mallorca[5] sobre administración de justicia penal y penas no privativas de libertad, aportan una serie de pautas que tienen como objetivo un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, de las víctimas, la seguridad pública y la prevención del delito, aunado al hecho de que la justicia penal afecta de manera esencial a los derechos del individuo. Una vez visto lo anterior, es válido cuestionarse la finalidad del sistema carcelario, la implementación de las medidas cautelares y cómo vemos como sociedad a las personas procesadas y sentenciadas por el Derecho Penal y Penitenciario.

En la campaña electoral de las elecciones de 2026 varias candidaturas utilizaron a la seguridad como su mayor consigna. No es de extrañar, según el último Informe de Resultados de la Encuesta de Opinión Pública del CIEP[6], con fecha del 6 de mayo de 2026, la inseguridad y la delincuencia son consideradas como la principal problemática para los costarricenses. Los discursos de “mano dura” no surgen por generación espontánea, son un cálculo político que apela a las emociones del pueblo cuando este se encuentra asustado por un alza en las tasas de criminalidad.

Sin embargo, aunque a nivel discursivo pueda ser viable y efectivo, a nivel práctico no lo es. El sistema penal es el último peldaño al que debería llegar cualquier ciudadano. El Poder Judicial interviene cuando el hecho ya se dio y toca juzgar al imputado; es al Ejecutivo a quien corresponde la labor más importante, la prevención. La educación, el deporte, los espacios de convivencia ciudadana que le corresponden al Estado son factores determinantes para evitar la criminalidad, focalizado en las personas jóvenes, que en su mayoría suelen ser los reclutados por el crimen organizado.

Si se ignora el hecho de que la mejor política criminal es la prevención, nuestros gobiernos seguirán dándonos estos espectáculos mediáticos y cucharadas propagandísticas que no generan una solución real. Es más, la “mano dura”, podría decirse, es contraproducente, porque aliena y estigmatiza todavía más a las personas que se encuentran sometidas a este sistema. Se les cataloga como “los otros”, que “eso jamás me pasará a mí” cuando en realidad cualquier persona puede estar el día de mañana sometida a un juicio penal y que, irónicamente serían los primeros en exigir dichas garantías.

Tal y como menciona Roberto Gargarella, las personas no son meras calculadoras de coste-beneficio, bajo esta lógica neoclásica del sistema penal, todos los problemas de seguridad se solucionarían subiendo las penas por los distintos delitos, cuando claramente esto nunca ha servido. También, el hecho de que los humanos nos movemos por pautas de reciprocidad, en la que, si una persona se siente maltratada sistemáticamente por el Estado (como lo pretenden varios de los proyectos presentados por el Ejecutivo) es probable que este responda con maltrato. Si el Estado responde “golpe con golpe” en lugar de ver a estas personas como parte de la comunidad lo que hace es crear un círculo de violencia, donde cada vez esta se alimenta más. Por último, el autor plantea una sociedad de dos niveles, conformada por los que definen los límites y marcos del Derecho Penal y quienes lo viven en carne propia. Esto es perjudicial para los grupos excluidos, que perciben al sistema como un soldado armado que les declara la guerra a ellos. Como ejemplo cabe citar el proyecto de ley que propone extender hasta por 15 años la vigencia de la hoja de delincuencia, dificultando todavía más el buscar trabajo para una persona que ya cumplió su deuda con la sociedad.

En conclusión, el sistema penal debe ser abordado integralmente, la política criminal debe ser vista también desde la prevención más allá de sanciones más duras. Nuestro Código Penal sostiene que la finalidad de la pena es la resocialización[7], entonces, si creemos en esto, debemos tratar y concebir a los sometidos al régimen penal y penitenciario como integrantes de la comunidad más que “los otros” y los “alienados”, porque, como mencioné anteriormente, el día de mañana cualquiera de nosotros puede estar sentado frente a un fiscal que nos acusa o ante un juez que dicta prisión preventiva y seguramente lo primero que harían sería exigir sus garantías procesales y constitucionales.

[1] https://www.mjp.go.cr/dependencias/dgasdetalles

[2] https://www.dhr.go.cr/mnpt/informes_mnpt/33_informe_anual_mnpt_2025.pdf

[3] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=41297&param2=151404&param3=3&param4=180498&param5=

[4] https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-non-custodial-measures

[5] https://cidh.oas.org/PRIVADAS/reglasdemallorca.htm

[6] https://ciep.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2026/05/INFORME-DE-RESULTADOS-DE-LA-ENCUESTA-CIEP-UCR-6-MAYO-2026.html

[7] https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=5027&param2=151473&param3=3&param4=23830&param5=

 

ISFODE reconoce valentía de autoridades judiciales que desarticularon banda de alias Diablo y exige asignación urgente de recursos

Escrito en . Publicado en Seguridad.

El Instituto Sindical de Formación Política expresa su más digno reconocimiento a las autoridades por la valentía demostrada en la desarticulación de la peligrosa banda del “Diablo», cuyo cabecilla fue aprehendido en el día de hoy, tras un enfrentamiento armado que dejó agentes heridos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, exigimos al Poder Ejecutivo y Ministerio Hacienda la asignación urgente de recursos, para equipamiento tecnológico moderno y una mejora salarial justa para los agentes del equipo táctico, quienes, aun poniendo en riesgo sus vidas, se esmeran por cumplir con su patriótico deber.

Es inaceptable que, en condiciones adversas y con armamento inferior al utilizado por el grupo criminal, nuestros agentes hayan debido enfrentar a una estructura que los atacó con armas de guerra. Pese a ello, no titubearon: expusieron su integridad con profesionalismo y demostraron una vocación de servicio ejemplar.

Las estructuras criminales cuentan con abundante financiamiento y mayor capacidad operativa. Por ello, resulta imperativo que nuestra Policía Judicial pueda dotarse de tecnología de punta y armamento de última generación, para estar en igualdad de condiciones frente a la delincuencia organizada.

Finalmente, este Instituto respalda firmemente a la Dirección del OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial en su coherente y necesaria lucha contra la corrupción y el crimen organizado, y hace un llamado a la ciudadanía para respaldar estas acciones en defensa de la seguridad y la justicia.

San José, 26 de julio 2026