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Etiqueta: seguridad social

Gestión ciudadana logra que la CCSS active trámite sobre reajuste de pensiones

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Gerencia de Pensiones la solicitud de información y criterio técnico relacionada con el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), planteada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS).

Mediante el oficio SJD-1413-2025, fechado el 19 de diciembre de 2025, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de Pensiones remitir, a más tardar el 9 de enero de 2026, un criterio técnico y fundamentado sobre los puntos expuestos por la Auditoría Ciudadana en el oficio ACSS-003-2025, referido al deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y a la necesidad de su reajuste.

Un avance producto de la gestión ciudadana

Este traslado institucional constituye un avance concreto derivado de la gestión sostenida de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que en días recientes solicitó públicamente el reajuste de las pensiones del RNC y del IVM, señalando que desde 2019 no se realizan ajustes regulares, pese al impacto acumulado de la inflación.

Tal como documentó SURCOS en una nota previa, la Auditoría Ciudadana ha advertido que las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida real del poder adquisitivo, mientras que en el caso del IVM se interrumpió una práctica histórica de revalorizaciones periódicas.

Contexto político e institucional

El traslado de la solicitud ocurre a las puertas del proceso electoral nacional, en un contexto donde la discusión sobre el derecho a una vejez digna, la seguridad social y la responsabilidad del Estado en la protección de las personas pensionadas vuelve a adquirir centralidad en el debate público.

Desde la Auditoría Ciudadana se ha señalado que, independientemente de las motivaciones institucionales, este paso permite recolocar el tema del reajuste de pensiones en la agenda oficial, luego de varios años sin respuestas efectivas, y obliga a la administración a pronunciarse técnicamente sobre solicitudes que cuentan con sustento legal y normativo.

Pensiones congeladas desde 2019

La organización recuerda que el congelamiento de los montos del RNC se mantiene desde hace más de una década, y que durante el actual gobierno tampoco se han aplicado reajustes, profundizando el impacto sobre una población en condición de alta vulnerabilidad social.

El seguimiento que realice la Auditoría Ciudadana y la respuesta que emita la Gerencia de Pensiones serán claves para determinar si este traslado se traduce en medidas concretas de corrección, o si se mantiene la postergación de decisiones que afectan directamente a miles de personas pensionadas.

¡Aunque solo somos dos!

Rafael A. Ugalde Q.*

Me sentiría un tío asqueroso frente a ti, sobrino, que tanto rebatimos a tu maestra cuando nos sacaba el cuento de la “Hispanidad”, aprobando ahora con mi silencio el reclamo de quienes dicen ser los verdaderos dueños del “Reventazón”, el “Térraba” y el “Tempisque”, de las “Cumbres del Ventisqueros”, las minas de “Arancibia”, “Crucitas” o “Tres Amigos”.

No porque haya odio en el corazón para quienes quieren enviar contingentes de la Policía Europea hasta el Puerto de Moín, o porque una noche aparecieron como dueños absolutos de nuestro Caribe. Tampoco porque, unos primero, y otros después, variaron los diversos modos de piraterías. No tiene sentido ya preguntarse quién enseñó a quién.

No es solo por eso. Es porque ellos nos comen de envidia. Quisieran tener Patria y hasta morir por ella, pero lo que ellos llaman patria está donde tienen su capital y mejor paguen intereses. Ellos no tienen conciencia; tienen en su lugar el reflejo condicionado del tintineo del dinero, del lucro sin control y la apropiación del trabajo ajeno.

Ellos sueñan con ser internacionalistas, se uniforman, gritan vivas, pero sus ilusiones ruedan por el suelo cuando el capitalista, sea pirata de viejo o nuevo cuño, o “demócrata” reclutado por Banderas, Franco, Von der Leyen, Hitler, Trump, Kast, Milei, Narco Rubio, Boric o Mussolini, hacen la misma pregunta que ya está incrustada en su podrido ADN: ¿Cuánto me van a pagar?

No comprenderán jamás que en un internacionalista hay siempre un patriota sin hora ni día en el calendario, marcado únicamente por el respiro corto o prolongado del imperialismo en sus diversas formas de presentación: sea con barrotes de oro o simplemente se trata de la correa de nylon, oro o plata. Por el otro lado, en ese mismo internacionalista, brilla un soberanista; pues una nación con solo un par de siervos menguados no merece considerarse soberana. Lo menos que puede hacerse es dejar constancia por escrito: no soy siervo menguado.

El apego a su propio lucro, a sus propias suntuosidades, jamás permitirá a ellos llegar a un país desconocido y decir acá estoy y qué lugar me toca defender, llámese Nicaragua, Cuba, Venezuela, México, Haití, Panamá o Puerto Rico etc., al fin y al cabo, hasta donde acordamos a la hora de resumir esta conversa de Navidad, rebatiríamos siempre a la maestra, a las maestras tuyas, diciéndole que los pueblos no habían inventado las fronteras.

Dijimos sus “propias suntuosidades”, que a corto plazo es el proyecto en pleno desarrollo de estos fascistas “demócratas” patentizado en Chile para ponerlo en marcha en las próximas elecciones en Costa Rica, Colombia y Brasil.

Se trata, pues, mediante el miedo, la psicología de laboratorio y la guerra irregular inalámbrica, hacer perder a la persona su identidad como asalariado, respecto a los intereses superiores de la mayoría; presentando su individualidad como si fuera la más trascendental de la sociedad.

Una vez lograda este desclasamiento del trabajador, sobre lo cual siempre puso la mira el capitalismo y redobló toda clase de esfuerzos cuando aprendió a usurpar, a despojar pueblos, a financiar progresismos risueños, sindicatos blancos, políticos arrastrados etc., era hacernos creer así, que el fracaso no es del modelo vampiresco, sino de un Estado acalambrado, como si históricamente éste no hubiera estado al servicio de quienes roban pero no les gusta los llamen la ladrones, evaden impuestos pero se enferman moralmente, aparecen con cánceres terminales, gastritis crónicas etc., con solo pensar en el sufrimiento que provocarán en nuestra ejemplar familia esos datos desde ya calificados de falsos. Es su verdad y no se rebate.

De esta manera, apartados de la clase en que siempre debieron estar, pues no son dueños de los medios de producción, muchas veces ayudados por una o varias izquierdas anquilosadas, este sujeto venderá la idea de que su éxito individual obedece a su propio esfuerzo.

Somos pobres, tengo decenas de estos argumentos en mi correo, que me obligan horas de aclaraciones porque esto sí no se los dejo pasar, por falta de esfuerzo propio, por no tener un título profesional, vivir en la León XIII, por no tener un gobierno fuerte contra los haraganes y comunistas que todo lo que tocan lo arruinan, pasan culpándose de sus calamidades, ocultando olímpicamente al autor material.

Es una idiotez completa producto del desclasamiento capitalista del que la pobre es víctima, porque solo el socialismo es capaz de devolver el valor humano a la persona, por encima incluso de la suntuosidad del Mercedes Benz, el precio del yate de lujo y el apartamento de $ 1 millón.

Es el mundo al revés. Las mentiras del sistema convertidas en verdad, gracias a dicho proceso de desclasamiento, como obra cumbre iniciada por los “Chicago Boys”, en la década de los 80s.

Así, cuando el presidente que eligieron los costarricense, Rodrigo Chaves Robles, se ventea la boca atacando a Nicaragua, Cuba y Venezuela, su retórica enmarcada en este proceso de desclasamiento va dirigida exactamente hacia los jóvenes y los viejos, convencidos ya por décadas de que su éxito está marcado por el individualismo, la posibilidad de calcar cómo el de la par llegó a la suntuosidad, el amigo ya es juez o becado, en fin: el mundo se hizo para los vivillos.

No permite fijarse que quien llama a anteponer el egoísmo para ser pronto un desclasado pertenece a este grupo por méritos propios, y como tal, tiene toda la autoridad para indicarles que en la vida todo se mide entre gastos y ganancia.

Él, precisamente, como jefe de los desclasados, le tocó el gran honor de cerrar este ciclo en 2026, como un proceso dolorosísimo iniciado a principios de 1980, gústenos o no, por alguna gente irresponsable de Liberación Nacional, Socialcristianos, el revoltijo ese que resultó de pequeña y mediana burguesía llamado PAC.

La etapa de un mayor desclasamiento está por llegar y no importa a quien elijan en febrero, a juzgar por sus programas, quedará sellada por lo menos hasta 2050, pues a juzgar por el vagón al que todos se subieron éste va sin curvas y sin freno algún, salvo que aparezca algún riel suelto que suele ocurrir cada muerte de obispo.

Es de bajeza total, de una halitosis soportable solo por no haber enjuague ideal, acudir al socialismo por parte de estos desclasados para meter miedo, cuando es el camino socialista escogido por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Burkina Faso o donde surja, éste nunca ha fracasado y con dignidad y valentía se ha impuesto al imperialismo, sus oligarquías y sus pasacalles reformistas.

Y se necesita tener un aliento de letrina para ventearse la boca con los esfuerzos de esos pueblos por demostrarnos que la dignidad de las personas no tiene precio.

Sus pueblos saben hacia donde van, a pesar de que desclasados, los miserables de adentro y afuera, al no tener otra patria que su dinero, quieren que veamos normal cómo muchos se desplazan de rodillas.

Bloqueada comercial y financieramente, a un costo de $ 2 millones diarios de pérdidas, Cuba no ha dejado de ser solidaria con ningún pueblo del mundo. Esa estatura moral no la tiene ningún desclasado, por más dinero que haya ganado en su corta o larga vida en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ni en ningún Banco Central.

Ningún país en áfrica como Burkina Faso apostó a su innovación tecnológica aplicada a su agricultura para mejorar la vida de quienes hace menos de una década era una escoria negra. No fue fácil. El imperialismo viejo y el actual organizaron golpes de Estado, levantamiento de supuestos perjudicados, pero el pueblo desafió el miedo, las amenazas y ganó.

En Venezuela, el Banco Mundial dejó de ordenar qué sembraban sus campesinos o a quién comprar las semillas, pues ahora se autoabastece entre un 90 y 100 %, luego de soberanamente decidir qué biotecnología es la que requería su agroindustria.

Sin pretender convencerlo, señor presidente Chaves, solo para que pueda desmentirme, hago llegar a usted respetuosamente algunos datos sobre cómo se abaratan los precios de los medicamentos en Nicaragua (produciendo soberanamente éstos) y cómo la seguridad social retorno a quienes siempre perteneció; es decir todos aquellos que son quienes no tienen acceso a la medicina y a los hospitales privados.

La producción farmacéutica de alta tecnología, como vacunas contra el cáncer, destacando los medicamentos biológicos, con transferencia de tecnología avanzada, aplicable en el campo oncológico, está todo encaminado s la autosuficiencia y al acceso a tratamientos innovadores en el plano regional.

Pero en toda buena noticia hay una mala para alguien; y esta recayó, lamentablemente, sobre esa sarta de babosos domesticados, según los cuales ellos son la cabeza visible de una especie de “capitalismo bueno” (es reformismo puro de quítate que me toca a mí, chineado por el imperialismo), detractores además “de la cruel dictadura de Ortega” Quienes se enriquecían con la enfermedad y el dolor humano, no quiero desanimarlos, pero me temo, no volverán a gobernar Nicaragua ni controlarán más los hospitales.

La seguridad social está ahora en manos del pueblo, así de simple y en sus diversas expresiones de organización y articulación, pues solo de este modo, en 2025, Nicaragua inauguró el Hospital Héroes de las Segovias en Ocotal y el Hospital Escuela Dr. Óscar Danilo Rosales en León, este último es el más grande de Centroamérica, tal vez el de Cartago le gane pronto.

Y ya empezó la tramitología para construir los hospitales regionales en Granada y Masaya, así como un oncológico en Managua. Todos dotados de quirófanos, especialistas requeridos instrumental médico completo, personal auxiliar y centros radiológicos; se acabó el negocio de que después entregamos lo que falta.

El capitalismo apuesta a estos desclasados, cuyo único éxito es el triunfo individual. aunque para ello tengan que empeñar la madre que los trajo al mundo.

Por eso, no conocen de soberanía, ni de internacionalismo ni autodeterminación de los pueblos. Y aunque a veces algunos de ellos se arriman y quisiera saber cómo es eso tan raro de luchar por quien ni siquiera conoces, por quien tiraron a la calle como un perro, o por el niño o niña que no tiene “interés superior del menor” porque sí no lleva plata a casa no come, aunque en sus adentros no renuncia a saltar, reír y ser feliz como derecho en letras, en lugar de vestirse de gala, dejar guardado un rato sus viejos chuicas y decir de memoria un aburrido discurso que ni entendió.

Socialismo o muerte
Fuera imperialistas del Caribe.
No queremos piratas en Moín.
Soberanía si… de rodillas nunca.

*Miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

Auditoría Ciudadana solicita reajustar pensiones del RNC y del IVM a partir de 2026

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a partir del 1.º de enero de 2026, con base en criterios técnicos, legales y de justicia social.

En el oficio ACSS-003-2025, la organización expone que las decisiones de la CCSS en los últimos años han provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las pensiones, afectando de forma directa a cientos de miles de personas pensionadas.

Pérdida acumulada en el Régimen No Contributivo

Según el análisis presentado por la ACSS, las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida acumulada del 9,3 % de su valor real debido a la inflación.

Con base en datos oficiales de la CCSS, el estudio concluye que, para reponer la pérdida del poder adquisitivo, el monto básico de la pensión del RNC debería incrementarse en ₡7.626 mensuales, fijándose en ₡89.626.

Revaluaciones omitidas en el régimen IVM

En el caso del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Auditoría Ciudadana señala que durante más de tres décadas las pensiones se revalorizaron dos veces al año, práctica que se interrumpió a partir de 2019.

El documento detalla que varias revaluaciones no se aplicaron o se hicieron de forma tardía, lo que generó pérdidas significativas para las personas pensionadas. Al cierre del período analizado, se estima una pérdida acumulada cercana al 1 %, por lo que la ACSS solicita una revalorización mínima del 1 % para todos los montos del IVM a partir de enero de 2026.

Ajuste de la pensión mínima

La ACSS recuerda que el Reglamento del IVM establece que la pensión mínima no puede ser inferior al 50 % de la base mínima contributiva, la cual se calcula con base en el salario mínimo.

Con el reajuste previsto del salario mínimo para 2026, la organización concluye que la pensión mínima del IVM debe aumentar de ₡159.692 a al menos ₡162.295, para cumplir con la normativa vigente.

Las tres petitorias centrales

En síntesis, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita formalmente a la CCSS:

  1. Reajustar la pensión del RNC de ₡82.000 a ₡89.626 mensuales.

  2. Revalorizar en al menos un 1 % todos los montos y el tope máximo de las pensiones del IVM.

  3. Aumentar la pensión mínima del IVM hasta un mínimo de ₡162.295 mensuales.

La organización sostiene que estos ajustes no constituyen concesiones extraordinarias, sino el cumplimiento de obligaciones legales y el respeto al derecho de las personas pensionadas a no ver deteriorados sus ingresos por efecto de la inflación.

Los “desechados” por la democracia

Partido Pueblo Unido

El viejo sueño 80 años atrás, tendiente a que no hubiera una o un costarricense sin una pensión digna, hoy es una pesadilla, una auténtica tragedia, para la presente generación próxima a pensionarse y quienes tienen la dicha de entrar a la fuerza laboral con un salario digno y consecuentemente una jubilación decorosa tarde o temprano.

El déficit, según los entendidos independientes en la materia, hasta hace poco, era al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Y aunque los burócratas de la Caja logran crear la nebulosa necesaria para que los trabajadores diluyan la magnitud del problema que se les viene encima respecto a los ingresos al final de sus vidas, los datos maquillados por la institución no pueden rebatir la realidad una vez que el jubilado tiene en sus manos el recibo de luz, agua, alquiler de casa, medicina para las enfermedades propias de su edad y que la Caja no le otorga, porque la volvieron insensible desde hace bastante tiempo.

Lo cierto del caso es que, entre datos polémicos y los ingresos que no alcanzan para cubrir los alimentos de una canasta “básica familiar”, el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM, es incierto, es oscuro, a juzgar por las estadísticas publicados por la misma Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la CCSS.

“Insoportable”, dijo una vez uno de estos burócratas que se alistaban para irse a su casa con una jubilación de más de cinco millones mensuales, y “endosable” a las futuras generaciones, agregamos nosotros, en un país con seriecísimos problemas demográficos y que esperamos nos revienten en la cara para sacar la varita mágica de la improvisación.

En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, dijo el 16 de setiembre de 2024 “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”.

Según el representante de la CCSS, “para revertir” este escenario, ¿adivinen quienes pagarán los platos rotos? No se equivocaron: los trabajadores. Según Barrantes se necesita elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo.

Para ello, reveló, hicieron un estudio que conocerá una instancia que se las trae por lo llamativo de su nombre, denominado el “Comité Inter participativo”, ideado nada menos que por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para “fortalecer”, según ellos, el sistema nacional de jubilaciones.

Dicho “fortalecimiento” del sistema de pensiones con tan rimbombe nombre – como todo lenguaje de impacto en estos adiestrados neoliberales- consistiría en “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% otorgado en actualidad.

Fue durante la administración del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), que la Ley 7374 la “adaptaron” o “modernizaron” – estos neoliberales inventan cada término – a la nueva realidad de país.

Desde entonces no han parado de patear la bola hacia adelante, como dice nuestro pueblo cuando nadie quiere enfrentar un problema desde sus raíces y menos asumir responsabilidades.

En el nuevo proyecto del lucro que introdujo el neoliberalismo, bajo la argucia de ser pronto nación “desarrollada”, la “inversión social” pasó a llamarse “gastos” generados por una CCSS encargada de dar seguridad social, incluyendo un régimen dedicado a velar por la invalidez, la vejez y la muerte de los costarricenses.

Eso mismo ocurrió con la educación, que se mantuvo como gratuita y obligatoria en la mayoría de las Constituciones Políticas del Rio Bravo hacia abajo resultó un verdadero canto de sirena en la práctica.

En el caso costarricense y la querida CCSS, los tres pilares con que la visualizaron sus padres, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, dificultaron que se la robaran de un tirón como ocurrió en otras naciones junto a las pensiones, por lo que han optado por ir arrancándole pedacitos de músculos.

El artículo 73 de la Constitución Política garantiza el sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones por vejez, invalidez y muerte, que son administradas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta disposición establece un sistema de contribución forzosa para trabajadores, patronos y el Estado para proteger a los trabajadores contra diversos riesgos, pero en la carrera desbocada por devolver a los ricos el negocio de la salud y el dolor ajeno convertirlo en plusvalía, todos los gobiernos en las últimas cuatro décadas se quitan el tiro de saldar deudas con esa institución.

Al paso que va la entidad aseguradora ya no hay necesidad de venderla, sino dejar que se caiga a pedazos como hicieron con puertos, muelles, carreteras etc., para que el costo real baje y sea más cómodo adquirirla por quienes controlan los hospitales privados y la producción y distribución de medicamentos.

Por datos provenientes de la Contraloría General de la República y diversas auditorías sabemos que la deuda acumulada por los distintos gobiernos ha crecido a más de ₡4.4 billones en 2025, representando el 9% del PIB. El monto se incrementó un 15% en un año y se acumula debido a los pagos incompletos del Estado y la falta de interés por demostrar categórica y seriamente algunas obligaciones.

Sin embargo, no está de menos, recordar que, la nebulosa creada sobre pensiones planteada líneas arriba, fue creada con todo el dolo del mundo para que los trabajadores coticen y pierdan el rumbo de su plata en una maraña de leyes, reglamentos y complicados tecnicismos bancarios y de administración del dinero ajeno.

Solo para que tengamos una remota idea del complicado tinglado jurídico creado exclusivamente para el dinero suyo destinado a pensiones, tengamos presente que la ley que garantiza los fondos para jubilarse en nuestro país está repartida en normativas y reglamentos, muchos de ellos llenos de fórmulas matemáticas que desaniman al más pintado.

Después de ello hay que considerar la creación de la Ley 7983, llamada de “Protección del Trabajador”, que creó el famoso y generador actual de intrincadas polémicas en tiempos electorales, llamado el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), destinado a recoger dinero de los trabajadores y ponerlo a disposición de una ávida burguesía bancaria, autorizada para invertir esos caudales donde más les caliente el sol.

Si esos dineros hubieran ido a la CCSS a fortalecer el IVM, los trabajadores podrían disfrutar de más garantías, en cuenta un mayor monto de sus pensiones totales, IVM+ROP.

Acá puede decirse que los futuros pensionados y beneficiarios del ROP comienzan a perder contacto con su patrimonio, hasta nuevo aviso o haga la aparición algún político profesional que ve posible canalizar votos para su partido hablando de esos fondos.

Si bien la ley 9906 de octubre de 2020 permite a los pensionados del ROP acelerar el retiro de sus fondos, no en todos los casos el espíritu de la disposición legal es de plena satisfacción para los dueños reales de esos fondos, dado la excesiva tramitología orientada más a proteger los negocios y el lucro que hacen otros con la plata ajena, que por satisfacer plenamente al asalariado

Ya desde la Administración Monge empezamos a ver síntomas de desinterés por todo lo que oliera a inversión pública y perfilarse en las altas esferas a favor de quienes nos han gobernado y se enloquecen por la exacerbada ganancia privada.

Dicen que “mal de muchos…” consuelo de dormidos; y eso exactamente pasó con las pensiones en muchas naciones vecinas. Las oligarquías regionales se pellizcaron y encontraron en los fondos de pensiones una mina. Entre 1981 y 2008, con el apoyo unas veces del llamado sindicalismo blanco, y otras con el concurso de autodefinidos “reformistas democráticos”, emprendieron agresivos cambios en los sistemas jubilatorios en 11 países latinoamericanos, algunos de ellos otrora ejemplo de la seguridad social para la vejez.

Se trata de Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008 que no privatizaron del todo el modelo jubilatorio, pero lo abrieron a un sistema complementario. Privatizaron las pensiones Perú, 1993, y Colombia, 1994.

Mientras tanto, otros pensionados de otros regímenes de pensiones actualmente la pasan mal moral y financieramente hablando, pues desde el 2020 – administración del expresidente Carlos Alvarado- al menos 30 mil jubilados del magisterio tienen los montos de sus pensiones congelados, cumpliendo compromisos fiscalistas asumidos con los acreedores internacionales.

Tenemos así, que el llamado régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional quedó congelado en virtud del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Legislativa desde 2018.

Según la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), un 85% de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto estarían congeladas, en tanto la Defensoría de los Habitantes cree que el régimen pensional denominado Contributivo está congelado desde 2019.

Por otra parte, más de 25 mil abogados entre litigantes y retirados, siguen esperando una pensión a que tienen derecho por ley. El 3 de diciembre de 1963 mediante la disposición legal número 3245 se crea el llamado timbre del Colegio de Abogado para dignificar la profesión y este profesional tuviera un retiro decoroso.

Una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Admirativo, sección de Ejecución de Goicoechea contenida en el expediente 12-000629-1027-CA, da un plazo perentorio para que reglamente la ley indicada y después de casi 13 años de litigio otorgue la pensión al agremiado.

Serán a sus deudos, porque el abogado murió entre viajes a los tribunales y notificaciones, pero tal vez, por fin, los abogados sabrán qué pasó con ese millonario fondo engordado desde 1963 y cada vez que un costarricense requiere una demanda.

Moraleja para los futuros pensionados: la agremiación sin articulación entre trabajadores y sin conciencia del poder que tienen como asalariados en cualquier país, es menos que nada.

Ahora los políticos recurren una vez más a la demagogia y convierten el tema de las pensiones en uno de sus caballos de batalla. Es al pueblo al que le toca pararlos, y levantar sus propias demandas que, al menos, deben incluir:

a.— que el Poder Ejecutivo pague sus deudas a la CCSS y al IVM;

b.— que no se aumente la edad de jubilación; al contrario, buscar formas de pensionarse más temprano;

c.— que no se aumenten las obligaciones de los trabajadores haciéndoles pagar contribuciones más altas;

d.— que no se reduzcan los beneficios de los pensionados.

Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica respalda la lucha comunitaria para mantener Ebais en manos de la CCSS

El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.

El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.

La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.

El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:

  • Ericka Cascante Jiménez
  • Cecilia Morales Chavarría
  • Lorena Hueso
  • Alexander Castillo
  • Ronulfo Morera Vargas
  • Cristian Marrero Solano
  • Edgardo Santamaría Elizondo
  • Edison Valverde Araya
  • Carlos Muñoz Jiménez

La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.

Defendamos la CCSS del saqueo y la corrupción institucional

9 de diciembre – Día Internacional contra la Corrupción

Al acercarnos al Día Internacional contra la Corrupción, desde UNDECA alzamos la voz en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, patrimonio del pueblo trabajador y columna vertebral del Estado Social de Derecho.

Mientras en Costa Rica se habla de austeridad, “eficiencia” y recortes, lo que realmente está destruyendo la CCSS es la corrupción impune, las decisiones políticas irresponsables del gobierno de Rodrigo Chaves y los negocios amarrados desde las más altas esferas de poder económico empresarial para quebrar la Caja.

En el marco del Día Internacional contra la corrupción denunciamos:

• El caos del ERP-SAP, un proyecto impuesto sin transparencia ni planificación, convertido en uno de los peores escándalos administrativos de la historia institucional con un costo inicial de más de ¢27.443 millones. Inversión adicional para extender el proyecto: variable según el escenario. Escenario 1 (con acompañamiento técnico de QINTES y soporte del Plan de Innovación): ¢867.338.375,24. Escenario 2 (continuidad con apoyo del Plan de Innovación y PwC): ¢609.838.376,24. Escenario 3 (Plan de Innovación asume tareas): ¢304.914.086,24.

• El desastre del “Barrenador” Tercerización de Ebais con sobreprecios por más de 12.400 mil millones de colones. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el expediente por presunto tráfico de influencias y gestiones irregulares en dichas adjudicaciones, estando en la presidencia de la CCSS Marta Esquivel, la hoy candidata a diputada por una provincia que NO conoce, Heredia.

• Deuda multimillonaria del Gobierno a la CCSS, que con el actual gobierno de Chaves aumentó a casi ¢5 BILLONES (Cinco mil millones de millones de colones)

• El saqueo continuo contra la CCSS, mediante la intromisión política de Chaves en su autonomía, imponiendo miembros, debilitando de sus servicios y el desmantelamiento progresivo de sus capacidades.

• La utilización de “la crisis”, creada por ellos, es para justificar nuevos recortes, despidos encubiertos y privatizaciones disfrazadas de “modernización”.

La corrupción no solo es “recompensas”: es dejar a la Caja sin medicamentos, sin especialistas, sin infraestructura, sin recursos para atender al pueblo. Es poner en riesgo la vida de miles de personas para beneficiar a unos pocos.

Desde UNDECA ratificamos con firmeza:

La CCSS se defiende con transparencia, con inversión pública, con respeto a su autonomía, con control ciudadano y con el trabajo honesto de sus trabajadores y trabajadoras.

Camino al 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, llamamos a la vigilancia activa, a la denuncia y a la organización y movilización social para impedir que destruyan la Caja que ha sostenido la salud y la vida de Costa Rica durante más de ocho décadas.

¡No a la corrupción!
¡No al saqueo!
Sí a la defensa de la CCSS, los derechos laborales y sociales.
UNDECA

UNDECA: ¡Autonomía no es impunidad!

UNDECA lamenta y expresa su profunda preocupación y rechazo a la decisión unánime adoptada por la Junta Directiva de la CCSS, de impugnar la orden N.º DFOE-BIS-ORD-00003-2025 de la Contraloría General de la República, que justamente exige medidas urgentes para detener el millonario desastre provocado por la salida forzada del sistema ERP-SAP.

Mientras la CGR actúa en defensa del interés público, la Junta Directiva, en un insólito acuerdo político, decide recurrir la orden del ente contralor y hasta solicitar medidas cautelares para suspender sus efectos.

Desde nuestra perspectiva esta acción representa un intento de blindar a la presidenta ejecutiva, como patrocinadora y al director del proyecto, responsables del caos del ERP, antes que asumir con transparencia las graves consecuencias del proyecto: cirugías suspendidas, desabastecimiento de medicamentos, pagos atrasados a proveedores, pérdida de control sobre activos públicos y riesgo para la salud y la vida de las personas.

El acuerdo aprobado -invocando la “autonomía”- distorsiona ese principio constitucional, pues la autonomía no justifica el abuso, la negligencia manifiesta, ni mucho menos, la evasión de la responsabilidad administrativa.

La Contraloría cumplió con su deber constitucional de fiscalizar el uso de los recursos públicos y de advertir que el ERP-SAP fue un fracaso operativo, logístico y financiero que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud costarricense.

La defensa de la autonomía no puede ser el escudo de quienes, ignorando advertencias técnicas, impusieron una “salida en vivo” que hundió los sistemas logísticos, financieros y de los centros de salud de toda la institución.

La Caja no es un botín político y la autonomía se defiende con honor y transparencia, no con impunidad.

¡UNDECA firme y vigilante!

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia / demandas por sector

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.


Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.


Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.


Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.


Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.


Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.


Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

A 13 años de la lucha: ni un paso atrás en la defensa de la CCSS y la salud pública

Comunicado

Un 8 de noviembre de 2012, hace trece años, quedó grabado en la memoria histórica de Costa Rica no como un día de celebración, sino como una jornada de lucha y represión. Ese día, representantes legítimos de comunidades Nicoya, Grecia, Sarchí, San Ramón, Puntarenas, entre otras comunidades, convergieron pacíficamente en una gran marcha hacia las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el centro de San José.

Estas comunidades, acompañadas por trabajadores de la salud, sindicalistas y usuarias y usuarios de los servicios, llegaron hasta San José con un motivo claro y justo: exigir ante las autoridades un presupuesto digno y suficiente para la salud pública, un pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho que ya entonces mostraba signos de asfixia financiera. Eran las voces de las regiones, que sufrían en carne propia el abandono de las áreas de salud y los hospitales, quienes se plantaron para decir «¡Ya basta!».

La respuesta del gobierno de turno no fue el diálogo, sino la represión. Fuerzas policiales actuaron para dispersar una protesta legítima, criminalizando la defensa de un derecho humano esencial.

Hoy, recordamos esa fecha no para avivar rencores, sino para encender la memoria y reforzar nuestro compromiso.

La represión del 8 de noviembre de 2012 fue la consecuencia visible de una política de desatención que buscaba debilitar, mediante el desfinanciamiento, a nuestra querida Caja. Ese día, el movimiento social alzó la voz para decir ¡Basta! a los recortes, a las listas de espera, al desabastecimiento de medicamentos y al deterioro de los servicios.

Trece años después, la lucha sigue siendo la misma

La CCSS continúa enfrentando desafíos monumentales para garantizar la salud para todos y todas, sin distingo. La pandemia lo demostró con crudeza: es nuestro sistema público de salud, con sus trabajadores y estructuras, el que salva vidas y sostiene al país en las crisis. Sin embargo, persisten las amenazas de asfixia presupuestaria, las presiones para su privatización encubierta y los intentos de fragmentar su carácter solidario y universal.

Por ello, en este aniversario, hacemos un llamado urgente a todo el pueblo costarricense:

1. A no olvidar. Recordar el 8 de noviembre de 2012 es recordar que la defensa de la CCSS se ha construido, en gran medida, desde la calle y la exigencia popular.

2. A defender con firmeza la CCSS. Es nuestro patrimonio nacional más valioso. Debemos rechazar cualquier intento de debilitarla, recortar su financiamiento o ceder sus funciones al sector privado.

3. A exigir a los gobernantes de turno que cumplan con su obligación de asignar los recursos económicos necesarios, de manera oportuna y suficiente, para que la Caja pueda cumplir su misión con calidad y calidez.

4. A valorar y respaldar a las personas trabajadoras de la salud, que son el alma y el corazón del sistema, y que a diario libran batallas en hospitales y áreas de salud, a menudo con recursos insuficientes.

La salud no es un gasto, es una inversión en vida y dignidad.

La represión de hace doce años no silenció la lucha, la fortaleció.

Hoy, renovamos ese espíritu y decimos con una sola voz:

¡La CCSS no se vende, la CCSS se defiende!

¡Por una salud pública, solidaria, universal y financieramente fuerte!

Consejo Regional de Juntas de Salud Central Sur

8 de noviembre de 2025.

El Consejo Regional de Juntas de Salud Central Sur está conformado por 33 Juntas de Salud de las 31 Áreas de Salud y de 2 Hospitales: Hosp. William Allen Taylor de Turrialba y el Hosp. Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, que conforman la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur. El objetivo del Consejo Regional de Juntas de Salud es propiciar un espacio de participación y coordinación entre las Juntas de Salud y la DRIPSS, para el análisis y la atención de situaciones de salud que trasciendan el nivel local y desarrollar estrategias de abordaje para la solución de las necesidades priorizadas, así como compartir las experiencias exitosas obtenidas en la gestión, tanto de la Junta de Salud, como de la Administración de la unidad.

Las Juntas de Salud somos entes auxiliares de las Áreas de Salud, Hospitales y Centros Especializados de la CCSS, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana.

Defensoría requiere acciones urgentes al Estado ante crisis de licencias de cuido

La Defensoría de los Habitantes manifiesta su profunda preocupación y solidaridad con más de 600 familias afectadas por la suspensión de las licencias de personas cuidadoras de pacientes en fase terminal, de personas menores de edad gravemente enfermas y de otras situaciones excepcionales.

En las últimas semanas, la Defensoría ha recibido testimonios de personas cuidadoras angustiadas que no están disponiendo de recursos económicos para afrontar situaciones de alta vulnerabilidad y complejidad que aquejan a sus núcleos familiares. La imposibilidad de adquirir alimentos, implementos médicos, medicamentos, artículos básicos de higiene refleja una situación apremiante para estas familias y demanda acciones urgentes por parte del Estado.

En la actualidad, más de 600 familias carecen del apoyo económico que necesitan para atender a sus seres queridos: niños y niñas, personas adultas mayores y personas con discapacidad que dependen diariamente de estos cuidados. En este sentido, la Defensoría hizo un llamado al señor presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, para que incluya en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que busca brindar una solución estructural y permanente al financiamiento de las licencias de cuido, garantizando así la continuidad y sostenibilidad del programa en el tiempo.

Consciente de la magnitud del problema y de la necesidad de promover la coordinación interinstitucional para explorar construir soluciones conjuntas, la Defensoría de los Habitantes puso a disposición su mediación y sus buenos oficios para facilitar el diálogo entre el Poder Ejecutivo, las instituciones involucradas y los sectores afectados para alcanzar un acuerdo que devuelva la tranquilidad a las familias y garantice la protección de quienes requieren cuidados continuos.

La Defensoría de los Habitantes ha venido realizando diversas acciones desde el primer momento que se conoció la situación del no pago de la licencia a las personas cuidadoras de pacientes en fase terminal y a personas menores de edad gravemente enfermas. Ejemplo de ello es la convocatoria urgente a autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (DESAF) para buscar alternativas que permitieran abrir posibilidades a favor de esta población.

De igual forma, la Defensoría realizó gestiones ante la CCSS, PANI, CONAPAM, CONAPDIS, Ministerio de Hacienda, entre otras entidades, para valorar nuevas rutas que permitieran dotar de los recursos extraordinarios y con ello completar el pago correspondiente a este año y ha realizado monitoreo permanente de la aprobación de un presupuesto extraordinario de la República que solventaría el déficit del programa para el 2025.