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Etiqueta: seguridad social

Cuatro candidaturas apoyan la protección de fondos de pensiones del magisterio

  • La Asociación Jubilados en Acción consultó a aspirantes a la Presidencia sobre una iniciativa para evitar nuevos desvíos de recursos y reconocer el carácter contributivo del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

  • AJA advierte que la falta de respaldo político perpetúa congelamientos, recortes y una narrativa que los presenta injustamente como “pensionados de lujo”, pese a haber cotizado durante décadas.

De un total de veinte candidaturas a la Presidencia de la República consultadas, únicamente cuatro manifestaron respaldo expreso a una propuesta presentada por los jubilados del Magisterio Nacional para proteger los fondos de pensiones, evitar nuevos desvíos de estos recursos y defender lo cotizado a lo largo de la vida laboral. Así se concluye luego de que la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) diera seguimiento a un documento remitido a los equipos de campaña luego del debate convocado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) en noviembre anterior.

Las candidaturas que sí apoyaron la solicitud fueron Ana Virginia Calzada, Ronny Castillo y Douglas Caamaño. Asimismo, desde el Frente Amplio, el candidato Ariel Robles manifestó que, de resultar electo, descongelaría las pensiones para que estas recuperen su ajuste anual por costo de vida, al considerar injusto profundizar las afectaciones sobre personas pensionadas que ya enfrentan dificultades económicas.

En contraste, Luis Amador, Juan Carlos Hidalgo y Boris Molina indicaron que no se adherirían a la propuesta. Un tercer grupo respondió sin adherirse, pero sin rechazar la propuestaClaudio Alpízar, Fernando Zamora, José Aguilar, Luz Mary Alpízar, Walter Rubén Hernández, Marco Rodríguez, Eli Feinzaig y Laura Fernández—, mientras que Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Fabricio Alvarado y David Hernández no enviaron ninguna respuesta.

La consulta de AJA pedía a las candidaturas firmar y respaldar públicamente un pronunciamiento con tres compromisos concretos:

  1. Reconocer que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) corresponden a montos por los que se cotizó, y que deben pagarse como compensación por los recursos aportados por el Magisterio y utilizados para otros fines por el Estado, sin recortes ni manipulaciones indebidas.

  2. Condenar el manejo patrimonialista de los fondos de pensiones, reconociendo el desvío histórico de aportes realizados por los docentes y la necesidad de corregir esa distorsión.

  3. Apoyar un proyecto de ley que declare inviolables los fondos de pensiones y que tipifique como delito imprescriptible, con sanciones penales, cualquier desvío de recursos destinados al sustento de las pensiones.

Los jubilados del Régimen de Reparto no somos pensionados de lujo. Somos trabajadores que cotizamos conforme a la ley durante décadas, en muchos casos con tasas superiores a otros regímenes, y que hoy seguimos aportando incluso después de jubilados. No estamos pidiendo privilegios: estamos defendiendo lo que se cotizó y que fue utilizado para otros fines”, señaló Miguel Sobrado, presidente de AJA.

AJA recuerda que, entre 1958 y 1992, las cuotas del personal docente no se constituyeron en un fondo de pensiones autónomo, sino que fueron utilizadas por el Estado para otros fines. Ante la inexistencia de dicho fondo, el pago de las pensiones pasó posteriormente a financiarse con cargo al Presupuesto Nacional bajo el RTR, lo que dio pie a interpretaciones erróneas que las catalogaron como “pensiones de gracia” y derivó en recortes, topes, contribuciones solidarias y congelamientos, incluso frente al costo de la vida.

Actualmente, cerca de 30.000 jubilados del Magisterio no han recibido ajustes por inflación en más de cinco años, pese a estándares internacionales que recomiendan preservar el poder adquisitivo de las pensiones. Para AJA, el bajo respaldo político a la propuesta evidencia una falta de voluntad para corregir una distorsión histórica y proteger fondos que, por su origen contributivo, no deberían volver a ser objeto de desvíos.

La organización insiste en que estas pensiones no constituyen privilegios, sino una compensación por recursos utilizados para otros fines, y anuncia que intensificará su agenda pública y legislativa para promover un proyecto de ley que blinde estos recursos, reiterando su disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas.

ACOJUPEMA cuestiona a SUPEN y exige respeto al derecho de retiro completo del ROPC al jubilarse

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) remitió un manifiesto a la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y a diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en el que refuta diez afirmaciones oficiales utilizadas para justificar la entrega fraccionada del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) a las personas jubiladas.

Según el documento, ACOJUPEMA retoma la lucha por el derecho al retiro completo del ROPC en el momento de la jubilación, tal como lo establecía la ley original, y sostiene que los argumentos divulgados por SUPEN no solo son incorrectos, sino que favorecen a las operadoras de pensiones en detrimento de las personas trabajadoras y jubiladas.

El ROPC como patrimonio individual

El manifiesto subraya que el ROPC no es un ahorro colectivo, sino una cuenta individual construida a lo largo de la vida laboral mediante un aporte bipartito equivalente al 4,25 % del salario reportado a la CCSS, del cual un 1 % corresponde a la persona trabajadora y el resto al patrono. En ese sentido, la asociación afirma que estos fondos constituyen patrimonio exclusivo de cada cotizante.

Cuestionamientos a los argumentos de SUPEN

ACOJUPEMA desmiente que la entrega completa del ROPC represente un riesgo macroeconómico o un “retiro masivo”, señalando que solo acceden a estos fondos quienes cumplen los requisitos de jubilación, lo que limita el impacto a un porcentaje reducido del total de afiliados. Además, recuerda que no todas las personas se jubilan al mismo tiempo, por lo que no puede hablarse de una afectación generalizada al sistema.

El documento también cuestiona la afirmación de que los fondos sean fácilmente heredables, señalando que en la práctica existen trámites judiciales complejos y demoras prolongadas que impiden a muchas familias acceder oportunamente a esos recursos.

Críticas al manejo de inversiones y comisiones

Otro eje central del manifiesto es la crítica a las minusvalías derivadas de inversiones realizadas por las operadoras, que —según ACOJUPEMA— se trasladan íntegramente a las cuentas de las personas cotizantes y jubiladas, mientras que las comisiones de las operadoras no se reducen, aun cuando los fondos pierden valor.

La asociación advierte que estas pérdidas no se recuperan en la práctica, pese a que se presenten como fluctuaciones normales del mercado, y rechaza que el ROPC sea utilizado como un sustituto del régimen básico solidario, como el IVM.

Llamado a las autoridades y al debate legislativo

Finalmente, ACOJUPEMA sostiene que la reforma legal que modificó la entrega del ROPC carece de estudios técnicos y sustento jurídico suficientes, y que sus efectos han sido perjudiciales para las personas jubiladas. Por ello, hace un llamado a SUPEN y a la Asamblea Legislativa a revisar el marco normativo vigente, respetar el carácter individual del ROPC y garantizar el derecho de las personas a disponer plenamente de sus fondos al momento de jubilarse.

Compromiso de candidaturas con la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la CCSS

Este miércoles 7 se presentó públicamente el Compromiso por la Defensa y Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una declaración impulsada desde la sociedad civil que reafirma la salud como derecho humano, política de Estado y pilar de la convivencia democrática, la equidad y la paz social en Costa Rica.

La iniciativa es promovida por los colectivos Mujeres por Costa Rica, La Red por Costa Rica y La Caja es Nuestra, quienes convocaron a las candidaturas presidenciales a asumir compromisos claros, verificables y de largo plazo para proteger el sistema público de salud en su conjunto, fortalecer la seguridad social y garantizar el acceso universal, oportuno y de calidad para toda la población.

A la fecha, el documento cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones de diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios del país.

Mediante invitación formal, se convocó a las 20 candidaturas a la Presidencia de la República para el período 2026–2030. Aceptaron suscribir el compromiso las siguientes personas candidatas: Álvaro Ramos Chaves, Ana Virginia Calzada Miranda, Ariel Robles Barrantes, Claudia Dobles Camargo, Claudio Alpízar Otoya y Fernando Zamora Castellanos.

Salud pública y CCSS: pilares complementarios

El Compromiso subraya que la salud pública y la CCSS son pilares complementarios e inseparables del modelo social costarricense. Mientras el Ministerio de Salud debe ejercer una rectoría técnica, fuerte y articuladora, la CCSS garantiza la prestación solidaria y universal de los servicios de salud, desde el primer nivel de atención hasta los hospitales especializados.

Gracias a este modelo, Costa Rica ha alcanzado indicadores de salud destacados, como alta esperanza de vida, baja mortalidad materna y una cobertura amplia de atención. Sin embargo, el documento advierte que hoy el sistema enfrenta amenazas y retos estructurales que requieren respuestas urgentes y coordinadas.

Entre ellos se señalan las listas de espera, la escasez y mala distribución de especialistas, el crecimiento de la informalidad laboral, las brechas territoriales en el acceso a servicios y el aumento reciente de la mortalidad infantil, que en 2024 alcanzó la tasa más alta de los últimos 16 años, según datos oficiales.

Asimismo, se alerta sobre intentos de privatización de servicios, debilitamiento de la inversión pública y presiones políticas que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema solidario y el derecho humano a la salud.

“Defender la salud pública es defender la vida, la dignidad y la equidad. La CCSS no es solo una institución: es una conquista histórica que sostiene el bienestar y la paz social del país”, señala el Compromiso.

Cinco ejes de compromiso

En caso de asumir la Presidencia de la República para el período 2026–2030, las personas firmantes se comprometen a actuar en cinco áreas estratégicas:

  1. Principios del sistema de salud y la seguridad social
  • Defender y fortalecer la salud pública y la CCSS como patrimonio de toda la población.
  • Garantizar la universalidad, la solidaridad y la equidad en el acceso y financiamiento del sistema.
  • No promover iniciativas que atenten contra la autonomía o los principios rectores de la seguridad social.
  1. Gobernanza técnica y autonomía institucional
  • Nombrar liderazgos técnicos, íntegros y con idoneidad comprobada.
  • Blindar a la CCSS frente a intereses políticos o particulares.
  • Fortalecer la participación del personal de salud, las comunidades y los territorios.
  1. Financiamiento adecuado y responsabilidad fiscal
  • Garantizar el pago oportuno y progresivo de la deuda del Estado con la CCSS.
  • Fortalecer la corresponsabilidad tripartita.
  • Combatir la evasión y la morosidad patronal y excluir a la CCSS de la regla fiscal, asegurando transparencia.
  1. Modernización y calidad del sistema de salud
  • Impulsar infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia y trabajo en red.
  • Fortalecer la rectoría del Ministerio de Salud en coordinación con la CCSS y otras instituciones.
  • Reforzar la prevención, la promoción de la salud y el abordaje de los determinantes sociales desde los territorios.
  1. Condiciones laborales y desarrollo profesional
  • Garantizar condiciones laborales justas, estables y seguras para el personal de salud.
  • Fortalecer la formación continua, el desarrollo profesional y el bienestar laboral.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

El Compromiso concluye que proteger la salud pública y fortalecer la CCSS es una responsabilidad de toda la sociedad, ya que su solidez impacta directamente en la calidad de vida, la equidad social, la productividad, la respuesta ante emergencias y la dignidad de las generaciones presentes y futuras.

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A la fecha, este esfuerzo cuenta con el respaldo de 30 organizaciones e instituciones, que han avalado formalmente el documento:

  1. Asociación Costarricense de Directores Médicos (ACOD MED)
  2. Asociación de Estudiantes de la Escuela de Salud Pública (ADESAP)
  3. Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
  4. Asociación Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (ALAMUD)
  5. Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (ACOTEL)
  6. Asociación Síndrome de Down Costa Rica (ASIDOWN)
  7. Avance Isidreño
  8. Cámara Nacional de Meliponicultores de Costa Rica (CANAMEL)
  9. Causa Sur
  10. Costa Rica por la Caja
  11. El Observatorio de Genero y Medios (GEMA)
  12. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica (FCS-UCR)
  13. Federación Unión Sindical del Grupo ICE (FUS ICE)
  14. Foro de Mujeres Políticas
  15. Frente de Lucha del Hospital de Cartago
  16. Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología
  17. La Caja es Nuestra
  18. La Red por Costa Rica
  19. Movimiento Asambleas Populares (MAP)
  20. Movimiento Ríos Vivos Costa Rica
  21. Mujeres por Costa Rica
  22. Palabras Viajeras
  23. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
  24. Sindicato de Enfermería (SINAE AFINES)
  25. Sindicato Nacional de Administradores de Servicios de Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS)
  26. Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME)
  27. Somos Río Chirripó
  28. Universidad de Costa Rica (UCR)
  29. Universidad Nacional (UNA)
  30. Verde Verdad Escuela Nómade

Puede descargar el documento completo desde la página de SURCOS mediante este enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Compromisos-en-defensa-y-fortalecimiento-de-la-Salud-Publica-y-la-CCSS.pdf

Asociación Jubilados en Acción llama a no votar por partidos que avalen recortes y corrupción en pensiones

La Asociación Jubilados en Acción, organización integrada por personas jubiladas del magisterio nacional, hizo un llamado público a la ciudadanía para no votar por partidos ni candidaturas que se opongan a un proyecto de ley ciudadano orientado a combatir la corrupción y el desfalco de fondos públicos, en particular aquellos vinculados a los sistemas de pensiones.

En su pronunciamiento, la organización recuerda que durante la década de 1950 el Estado costarricense solicitó al magisterio llevar la educación a todo el país, incluso en condiciones adversas, sin caminos y enfrentando enfermedades como la fiebre amarilla y el paludismo. En ese contexto, y considerando que la expectativa de vida rondaba entonces los 58 años, el magisterio aceptó la tarea bajo el acuerdo de contar con una pensión equivalente al último salario, para lo cual comenzó a cotizar una cuota superior a la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el fin de crear su propio fondo de pensiones.

Según la Asociación, el magisterio cumplió con ese compromiso, contribuyendo al desarrollo del país, que hoy ocupa posiciones destacadas en indicadores de producción por habitante y exportación de productos de alta tecnología en América Latina. Sin embargo, denuncian que el Ministerio de Hacienda habría recaudado las cuotas destinadas a las pensiones, pero las utilizó para otros fines, lo que derivó en que las personas docentes jubiladas reciban pensiones tratadas como “de gracia”, a pesar de haber cotizado durante años.

El pronunciamiento señala que esta situación ha permitido recortes discrecionales aprobados por la Asamblea Legislativa, mientras que autoridades actuales del Ministerio de Hacienda han sostenido que la legislación vigente no exigía la creación de un fondo específico. Asimismo, citan criterios jurídicos que afirman que los derechos del magisterio estarían prescritos, lo cual es cuestionado por la organización.

La Asociación Jubilados en Acción critica que, mientras desde el poder político se promueven leyes más severas y cárceles más grandes, estas medidas se orientan principalmente contra sectores empobrecidos, sin establecer sanciones efectivas para quienes incurren en desfalcos de recursos públicos.

Ante este panorama, informan que están impulsando un proyecto de ley por iniciativa ciudadana que propone penas de cárcel inconmutables y sin prescripción para jerarcas responsables de corrupción y malversación de fondos públicos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan tanto en el régimen de pensiones del IVM como en proyectos públicos y sociales.

La organización señala que experiencias internacionales en países como Singapur, China y Vietnam muestran que sanciones severas contra la corrupción reducen estas prácticas de manera sostenida y contribuyen al bienestar de la población. Finalmente, exhortan a la ciudadanía a informarse y a no respaldar electoralmente a partidos o candidaturas que se opongan a este proyecto, al considerar que ello podría poner en riesgo el futuro de la seguridad social.

Junta Directiva CCSS: vocación para servir, no obediencia política

Bach. Martha Elena Rodríguez González
Exdirectora Caja Costarricense de Seguro Social

A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se debe llegar con vocación de servicio, humanidad y un compromiso profundo con la seguridad social. No es un espacio para el cálculo político ni para la subordinación, sino un órgano colegiado llamado a resguardar uno de los pilares más importantes del pacto social costarricense.

En la entrevista reciente concedida por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, se afirma:

“¿Cómo va a ser posible que siendo la Caja la institución presupuestariamente más grande de toda Centroamérica la dieta que se le paga a cada directivo es de 47.000 colones?

“… la raíz del problema es la conformación y la integración de esa Junta Directiva… hay personas ahí que ni siquiera levantan la mano, que no les he oído la voz porque les da miedo participar… una Junta Directiva donde están los sindicatos, el solidarismo, las cooperativas y el que pone el presidente es solamente un voto dentro de toda esa Junta… entonces en la Caja hay que hacer grandes transformaciones…”

Estas afirmaciones, lejos de constituir un diagnóstico serio, evidencian un desconocimiento profundo del diseño jurídico e institucional de la CCSS y del rol que la Constitución y su Ley Constitutiva asignan a la Junta Directiva. El monto de la dieta no es un incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a una función pública de alta responsabilidad, cuyo fundamento no es la retribución material, sino la vocación de servicio.

Reducir la discusión a la dieta no solo trivializa el compromiso ético que implica ser directivo o directiva de la Caja, sino que desconoce que la institución cuenta con una robusta estructura técnica y asesora -jurídica, financiera, actuarial, logística, médica y administrativa- que respalda la toma de decisiones. Nadie está llamado a ser experto en todas las materias; lo indispensable es la probidad, la independencia de criterio, el conocimiento de la seguridad social y la solidaridad con quienes dependen del sistema de salud y pensiones.

La candidata también afirma que hay directivos que “no levantan la mano” por miedo. Sin embargo, atribuir ese silencio a la composición tripartita resulta falaz. El verdadero problema no es la presencia de sindicatos, cooperativas o solidarismo -expresamente prevista por la ley-, sino la práctica política que ha impuesto, en esta administración, un control absoluto del órgano colegiado mediante presiones, amenazas veladas y destituciones arbitrarias. No es miedo a participar: es el costo real que enfrentan  quienes se atreven a disentir del Poder Ejecutivo.

La Ley Constitutiva de la CCSS es clara: la Junta Directiva se integra de manera tripartita, con tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral. Una vez nombrados, deben actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, para garantizar un equilibrio de intereses donde prevalezca el bien común y no la agenda política de turno.

Plantear “grandes transformaciones” sin reconocer este marco legal ni el valor democrático de la representación social implica abrir la puerta a una recentralización del poder, incompatible con la autonomía y el modelo solidario que ha sostenido a la CCSS durante décadas. La Caja no necesita una Junta obediente ni homogénea; necesita personas íntegras, con criterio propio, capaces de deliberar, cuestionar y defender la institución incluso frente al Gobierno.

Los hechos recientes -el maquillaje de estudios actuariales, compras a sobreprecio como el caso Barrenador, la crisis operativa asociada al sistema ERP-SAP de la CCSS, los nombramientos ilegales en la Junta Directiva, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la escandalosa deuda del gobierno con la CCSS- no evidencian un exceso de representación social, sino un abandono del deber constitucional de proteger la seguridad social.

La Caja no es el problema. El problema es su captura política, que debilita su democracia interna y silencia a quienes piensan distinto.

La CCSS se fortalece recuperando la ética pública, la transparencia y el compromiso humano de quienes la dirigen; defendiendo su autonomía, su independencia y su carácter tripartito como garantías reales del derecho a la salud, a las pensiones y a la dignidad de millones de personas.

Gestión ciudadana logra que la CCSS active trámite sobre reajuste de pensiones

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trasladó a la Gerencia de Pensiones la solicitud de información y criterio técnico relacionada con el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), planteada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS).

Mediante el oficio SJD-1413-2025, fechado el 19 de diciembre de 2025, la Junta Directiva solicita a la Gerencia de Pensiones remitir, a más tardar el 9 de enero de 2026, un criterio técnico y fundamentado sobre los puntos expuestos por la Auditoría Ciudadana en el oficio ACSS-003-2025, referido al deterioro del poder adquisitivo de las pensiones y a la necesidad de su reajuste.

Un avance producto de la gestión ciudadana

Este traslado institucional constituye un avance concreto derivado de la gestión sostenida de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que en días recientes solicitó públicamente el reajuste de las pensiones del RNC y del IVM, señalando que desde 2019 no se realizan ajustes regulares, pese al impacto acumulado de la inflación.

Tal como documentó SURCOS en una nota previa, la Auditoría Ciudadana ha advertido que las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida real del poder adquisitivo, mientras que en el caso del IVM se interrumpió una práctica histórica de revalorizaciones periódicas.

Contexto político e institucional

El traslado de la solicitud ocurre a las puertas del proceso electoral nacional, en un contexto donde la discusión sobre el derecho a una vejez digna, la seguridad social y la responsabilidad del Estado en la protección de las personas pensionadas vuelve a adquirir centralidad en el debate público.

Desde la Auditoría Ciudadana se ha señalado que, independientemente de las motivaciones institucionales, este paso permite recolocar el tema del reajuste de pensiones en la agenda oficial, luego de varios años sin respuestas efectivas, y obliga a la administración a pronunciarse técnicamente sobre solicitudes que cuentan con sustento legal y normativo.

Pensiones congeladas desde 2019

La organización recuerda que el congelamiento de los montos del RNC se mantiene desde hace más de una década, y que durante el actual gobierno tampoco se han aplicado reajustes, profundizando el impacto sobre una población en condición de alta vulnerabilidad social.

El seguimiento que realice la Auditoría Ciudadana y la respuesta que emita la Gerencia de Pensiones serán claves para determinar si este traslado se traduce en medidas concretas de corrección, o si se mantiene la postergación de decisiones que afectan directamente a miles de personas pensionadas.

¡Aunque solo somos dos!

Rafael A. Ugalde Q.*

Me sentiría un tío asqueroso frente a ti, sobrino, que tanto rebatimos a tu maestra cuando nos sacaba el cuento de la “Hispanidad”, aprobando ahora con mi silencio el reclamo de quienes dicen ser los verdaderos dueños del “Reventazón”, el “Térraba” y el “Tempisque”, de las “Cumbres del Ventisqueros”, las minas de “Arancibia”, “Crucitas” o “Tres Amigos”.

No porque haya odio en el corazón para quienes quieren enviar contingentes de la Policía Europea hasta el Puerto de Moín, o porque una noche aparecieron como dueños absolutos de nuestro Caribe. Tampoco porque, unos primero, y otros después, variaron los diversos modos de piraterías. No tiene sentido ya preguntarse quién enseñó a quién.

No es solo por eso. Es porque ellos nos comen de envidia. Quisieran tener Patria y hasta morir por ella, pero lo que ellos llaman patria está donde tienen su capital y mejor paguen intereses. Ellos no tienen conciencia; tienen en su lugar el reflejo condicionado del tintineo del dinero, del lucro sin control y la apropiación del trabajo ajeno.

Ellos sueñan con ser internacionalistas, se uniforman, gritan vivas, pero sus ilusiones ruedan por el suelo cuando el capitalista, sea pirata de viejo o nuevo cuño, o “demócrata” reclutado por Banderas, Franco, Von der Leyen, Hitler, Trump, Kast, Milei, Narco Rubio, Boric o Mussolini, hacen la misma pregunta que ya está incrustada en su podrido ADN: ¿Cuánto me van a pagar?

No comprenderán jamás que en un internacionalista hay siempre un patriota sin hora ni día en el calendario, marcado únicamente por el respiro corto o prolongado del imperialismo en sus diversas formas de presentación: sea con barrotes de oro o simplemente se trata de la correa de nylon, oro o plata. Por el otro lado, en ese mismo internacionalista, brilla un soberanista; pues una nación con solo un par de siervos menguados no merece considerarse soberana. Lo menos que puede hacerse es dejar constancia por escrito: no soy siervo menguado.

El apego a su propio lucro, a sus propias suntuosidades, jamás permitirá a ellos llegar a un país desconocido y decir acá estoy y qué lugar me toca defender, llámese Nicaragua, Cuba, Venezuela, México, Haití, Panamá o Puerto Rico etc., al fin y al cabo, hasta donde acordamos a la hora de resumir esta conversa de Navidad, rebatiríamos siempre a la maestra, a las maestras tuyas, diciéndole que los pueblos no habían inventado las fronteras.

Dijimos sus “propias suntuosidades”, que a corto plazo es el proyecto en pleno desarrollo de estos fascistas “demócratas” patentizado en Chile para ponerlo en marcha en las próximas elecciones en Costa Rica, Colombia y Brasil.

Se trata, pues, mediante el miedo, la psicología de laboratorio y la guerra irregular inalámbrica, hacer perder a la persona su identidad como asalariado, respecto a los intereses superiores de la mayoría; presentando su individualidad como si fuera la más trascendental de la sociedad.

Una vez lograda este desclasamiento del trabajador, sobre lo cual siempre puso la mira el capitalismo y redobló toda clase de esfuerzos cuando aprendió a usurpar, a despojar pueblos, a financiar progresismos risueños, sindicatos blancos, políticos arrastrados etc., era hacernos creer así, que el fracaso no es del modelo vampiresco, sino de un Estado acalambrado, como si históricamente éste no hubiera estado al servicio de quienes roban pero no les gusta los llamen la ladrones, evaden impuestos pero se enferman moralmente, aparecen con cánceres terminales, gastritis crónicas etc., con solo pensar en el sufrimiento que provocarán en nuestra ejemplar familia esos datos desde ya calificados de falsos. Es su verdad y no se rebate.

De esta manera, apartados de la clase en que siempre debieron estar, pues no son dueños de los medios de producción, muchas veces ayudados por una o varias izquierdas anquilosadas, este sujeto venderá la idea de que su éxito individual obedece a su propio esfuerzo.

Somos pobres, tengo decenas de estos argumentos en mi correo, que me obligan horas de aclaraciones porque esto sí no se los dejo pasar, por falta de esfuerzo propio, por no tener un título profesional, vivir en la León XIII, por no tener un gobierno fuerte contra los haraganes y comunistas que todo lo que tocan lo arruinan, pasan culpándose de sus calamidades, ocultando olímpicamente al autor material.

Es una idiotez completa producto del desclasamiento capitalista del que la pobre es víctima, porque solo el socialismo es capaz de devolver el valor humano a la persona, por encima incluso de la suntuosidad del Mercedes Benz, el precio del yate de lujo y el apartamento de $ 1 millón.

Es el mundo al revés. Las mentiras del sistema convertidas en verdad, gracias a dicho proceso de desclasamiento, como obra cumbre iniciada por los “Chicago Boys”, en la década de los 80s.

Así, cuando el presidente que eligieron los costarricense, Rodrigo Chaves Robles, se ventea la boca atacando a Nicaragua, Cuba y Venezuela, su retórica enmarcada en este proceso de desclasamiento va dirigida exactamente hacia los jóvenes y los viejos, convencidos ya por décadas de que su éxito está marcado por el individualismo, la posibilidad de calcar cómo el de la par llegó a la suntuosidad, el amigo ya es juez o becado, en fin: el mundo se hizo para los vivillos.

No permite fijarse que quien llama a anteponer el egoísmo para ser pronto un desclasado pertenece a este grupo por méritos propios, y como tal, tiene toda la autoridad para indicarles que en la vida todo se mide entre gastos y ganancia.

Él, precisamente, como jefe de los desclasados, le tocó el gran honor de cerrar este ciclo en 2026, como un proceso dolorosísimo iniciado a principios de 1980, gústenos o no, por alguna gente irresponsable de Liberación Nacional, Socialcristianos, el revoltijo ese que resultó de pequeña y mediana burguesía llamado PAC.

La etapa de un mayor desclasamiento está por llegar y no importa a quien elijan en febrero, a juzgar por sus programas, quedará sellada por lo menos hasta 2050, pues a juzgar por el vagón al que todos se subieron éste va sin curvas y sin freno algún, salvo que aparezca algún riel suelto que suele ocurrir cada muerte de obispo.

Es de bajeza total, de una halitosis soportable solo por no haber enjuague ideal, acudir al socialismo por parte de estos desclasados para meter miedo, cuando es el camino socialista escogido por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Burkina Faso o donde surja, éste nunca ha fracasado y con dignidad y valentía se ha impuesto al imperialismo, sus oligarquías y sus pasacalles reformistas.

Y se necesita tener un aliento de letrina para ventearse la boca con los esfuerzos de esos pueblos por demostrarnos que la dignidad de las personas no tiene precio.

Sus pueblos saben hacia donde van, a pesar de que desclasados, los miserables de adentro y afuera, al no tener otra patria que su dinero, quieren que veamos normal cómo muchos se desplazan de rodillas.

Bloqueada comercial y financieramente, a un costo de $ 2 millones diarios de pérdidas, Cuba no ha dejado de ser solidaria con ningún pueblo del mundo. Esa estatura moral no la tiene ningún desclasado, por más dinero que haya ganado en su corta o larga vida en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional ni en ningún Banco Central.

Ningún país en áfrica como Burkina Faso apostó a su innovación tecnológica aplicada a su agricultura para mejorar la vida de quienes hace menos de una década era una escoria negra. No fue fácil. El imperialismo viejo y el actual organizaron golpes de Estado, levantamiento de supuestos perjudicados, pero el pueblo desafió el miedo, las amenazas y ganó.

En Venezuela, el Banco Mundial dejó de ordenar qué sembraban sus campesinos o a quién comprar las semillas, pues ahora se autoabastece entre un 90 y 100 %, luego de soberanamente decidir qué biotecnología es la que requería su agroindustria.

Sin pretender convencerlo, señor presidente Chaves, solo para que pueda desmentirme, hago llegar a usted respetuosamente algunos datos sobre cómo se abaratan los precios de los medicamentos en Nicaragua (produciendo soberanamente éstos) y cómo la seguridad social retorno a quienes siempre perteneció; es decir todos aquellos que son quienes no tienen acceso a la medicina y a los hospitales privados.

La producción farmacéutica de alta tecnología, como vacunas contra el cáncer, destacando los medicamentos biológicos, con transferencia de tecnología avanzada, aplicable en el campo oncológico, está todo encaminado s la autosuficiencia y al acceso a tratamientos innovadores en el plano regional.

Pero en toda buena noticia hay una mala para alguien; y esta recayó, lamentablemente, sobre esa sarta de babosos domesticados, según los cuales ellos son la cabeza visible de una especie de “capitalismo bueno” (es reformismo puro de quítate que me toca a mí, chineado por el imperialismo), detractores además “de la cruel dictadura de Ortega” Quienes se enriquecían con la enfermedad y el dolor humano, no quiero desanimarlos, pero me temo, no volverán a gobernar Nicaragua ni controlarán más los hospitales.

La seguridad social está ahora en manos del pueblo, así de simple y en sus diversas expresiones de organización y articulación, pues solo de este modo, en 2025, Nicaragua inauguró el Hospital Héroes de las Segovias en Ocotal y el Hospital Escuela Dr. Óscar Danilo Rosales en León, este último es el más grande de Centroamérica, tal vez el de Cartago le gane pronto.

Y ya empezó la tramitología para construir los hospitales regionales en Granada y Masaya, así como un oncológico en Managua. Todos dotados de quirófanos, especialistas requeridos instrumental médico completo, personal auxiliar y centros radiológicos; se acabó el negocio de que después entregamos lo que falta.

El capitalismo apuesta a estos desclasados, cuyo único éxito es el triunfo individual. aunque para ello tengan que empeñar la madre que los trajo al mundo.

Por eso, no conocen de soberanía, ni de internacionalismo ni autodeterminación de los pueblos. Y aunque a veces algunos de ellos se arriman y quisiera saber cómo es eso tan raro de luchar por quien ni siquiera conoces, por quien tiraron a la calle como un perro, o por el niño o niña que no tiene “interés superior del menor” porque sí no lleva plata a casa no come, aunque en sus adentros no renuncia a saltar, reír y ser feliz como derecho en letras, en lugar de vestirse de gala, dejar guardado un rato sus viejos chuicas y decir de memoria un aburrido discurso que ni entendió.

Socialismo o muerte
Fuera imperialistas del Caribe.
No queremos piratas en Moín.
Soberanía si… de rodillas nunca.

*Miembro del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamileth López.

Auditoría Ciudadana solicita reajustar pensiones del RNC y del IVM a partir de 2026

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) el reajuste de los montos de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a partir del 1.º de enero de 2026, con base en criterios técnicos, legales y de justicia social.

En el oficio ACSS-003-2025, la organización expone que las decisiones de la CCSS en los últimos años han provocado una pérdida sostenida del poder adquisitivo de las pensiones, afectando de forma directa a cientos de miles de personas pensionadas.

Pérdida acumulada en el Régimen No Contributivo

Según el análisis presentado por la ACSS, las pensiones del Régimen No Contributivo permanecen en ₡82.000 mensuales desde mayo de 2019, lo que ha significado una pérdida acumulada del 9,3 % de su valor real debido a la inflación.

Con base en datos oficiales de la CCSS, el estudio concluye que, para reponer la pérdida del poder adquisitivo, el monto básico de la pensión del RNC debería incrementarse en ₡7.626 mensuales, fijándose en ₡89.626.

Revaluaciones omitidas en el régimen IVM

En el caso del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Auditoría Ciudadana señala que durante más de tres décadas las pensiones se revalorizaron dos veces al año, práctica que se interrumpió a partir de 2019.

El documento detalla que varias revaluaciones no se aplicaron o se hicieron de forma tardía, lo que generó pérdidas significativas para las personas pensionadas. Al cierre del período analizado, se estima una pérdida acumulada cercana al 1 %, por lo que la ACSS solicita una revalorización mínima del 1 % para todos los montos del IVM a partir de enero de 2026.

Ajuste de la pensión mínima

La ACSS recuerda que el Reglamento del IVM establece que la pensión mínima no puede ser inferior al 50 % de la base mínima contributiva, la cual se calcula con base en el salario mínimo.

Con el reajuste previsto del salario mínimo para 2026, la organización concluye que la pensión mínima del IVM debe aumentar de ₡159.692 a al menos ₡162.295, para cumplir con la normativa vigente.

Las tres petitorias centrales

En síntesis, la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social solicita formalmente a la CCSS:

  1. Reajustar la pensión del RNC de ₡82.000 a ₡89.626 mensuales.

  2. Revalorizar en al menos un 1 % todos los montos y el tope máximo de las pensiones del IVM.

  3. Aumentar la pensión mínima del IVM hasta un mínimo de ₡162.295 mensuales.

La organización sostiene que estos ajustes no constituyen concesiones extraordinarias, sino el cumplimiento de obligaciones legales y el respeto al derecho de las personas pensionadas a no ver deteriorados sus ingresos por efecto de la inflación.

Los “desechados” por la democracia

Partido Pueblo Unido

El viejo sueño 80 años atrás, tendiente a que no hubiera una o un costarricense sin una pensión digna, hoy es una pesadilla, una auténtica tragedia, para la presente generación próxima a pensionarse y quienes tienen la dicha de entrar a la fuerza laboral con un salario digno y consecuentemente una jubilación decorosa tarde o temprano.

El déficit, según los entendidos independientes en la materia, hasta hace poco, era al menos de ¢74,6 billones en el Seguro de Invalidez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Y aunque los burócratas de la Caja logran crear la nebulosa necesaria para que los trabajadores diluyan la magnitud del problema que se les viene encima respecto a los ingresos al final de sus vidas, los datos maquillados por la institución no pueden rebatir la realidad una vez que el jubilado tiene en sus manos el recibo de luz, agua, alquiler de casa, medicina para las enfermedades propias de su edad y que la Caja no le otorga, porque la volvieron insensible desde hace bastante tiempo.

Lo cierto del caso es que, entre datos polémicos y los ingresos que no alcanzan para cubrir los alimentos de una canasta “básica familiar”, el futuro y el bienestar de más de 3 millones de trabajadores registrados en IVM, es incierto, es oscuro, a juzgar por las estadísticas publicados por la misma Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la CCSS.

“Insoportable”, dijo una vez uno de estos burócratas que se alistaban para irse a su casa con una jubilación de más de cinco millones mensuales, y “endosable” a las futuras generaciones, agregamos nosotros, en un país con seriecísimos problemas demográficos y que esperamos nos revienten en la cara para sacar la varita mágica de la improvisación.

En relación con nuestro IVM, Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, dijo el 16 de setiembre de 2024 “que la mezcla entre el rápido proceso de envejecimiento de la población, aunado a la reducción de la natalidad, tienen como efecto una baja en el incremento en la afiliación de cotizantes y su eventual desequilibrio futuro”.

Según el representante de la CCSS, “para revertir” este escenario, ¿adivinen quienes pagarán los platos rotos? No se equivocaron: los trabajadores. Según Barrantes se necesita elevar la cotización obrero-patronal y estatal del 11,16% al 13,66%, en el 2038. También que los jubilados asuman el pago del seguro de salud para recibir atención médica, pues actualmente lo subsidia el fondo.

Para ello, reveló, hicieron un estudio que conocerá una instancia que se las trae por lo llamativo de su nombre, denominado el “Comité Inter participativo”, ideado nada menos que por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para “fortalecer”, según ellos, el sistema nacional de jubilaciones.

Dicho “fortalecimiento” del sistema de pensiones con tan rimbombe nombre – como todo lenguaje de impacto en estos adiestrados neoliberales- consistiría en “que el IVM tendría que dar como mínimo un 45%” en lugar del 60% otorgado en actualidad.

Fue durante la administración del expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994), que la Ley 7374 la “adaptaron” o “modernizaron” – estos neoliberales inventan cada término – a la nueva realidad de país.

Desde entonces no han parado de patear la bola hacia adelante, como dice nuestro pueblo cuando nadie quiere enfrentar un problema desde sus raíces y menos asumir responsabilidades.

En el nuevo proyecto del lucro que introdujo el neoliberalismo, bajo la argucia de ser pronto nación “desarrollada”, la “inversión social” pasó a llamarse “gastos” generados por una CCSS encargada de dar seguridad social, incluyendo un régimen dedicado a velar por la invalidez, la vejez y la muerte de los costarricenses.

Eso mismo ocurrió con la educación, que se mantuvo como gratuita y obligatoria en la mayoría de las Constituciones Políticas del Rio Bravo hacia abajo resultó un verdadero canto de sirena en la práctica.

En el caso costarricense y la querida CCSS, los tres pilares con que la visualizaron sus padres, Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, dificultaron que se la robaran de un tirón como ocurrió en otras naciones junto a las pensiones, por lo que han optado por ir arrancándole pedacitos de músculos.

El artículo 73 de la Constitución Política garantiza el sistema de seguridad social, incluyendo las pensiones por vejez, invalidez y muerte, que son administradas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta disposición establece un sistema de contribución forzosa para trabajadores, patronos y el Estado para proteger a los trabajadores contra diversos riesgos, pero en la carrera desbocada por devolver a los ricos el negocio de la salud y el dolor ajeno convertirlo en plusvalía, todos los gobiernos en las últimas cuatro décadas se quitan el tiro de saldar deudas con esa institución.

Al paso que va la entidad aseguradora ya no hay necesidad de venderla, sino dejar que se caiga a pedazos como hicieron con puertos, muelles, carreteras etc., para que el costo real baje y sea más cómodo adquirirla por quienes controlan los hospitales privados y la producción y distribución de medicamentos.

Por datos provenientes de la Contraloría General de la República y diversas auditorías sabemos que la deuda acumulada por los distintos gobiernos ha crecido a más de ₡4.4 billones en 2025, representando el 9% del PIB. El monto se incrementó un 15% en un año y se acumula debido a los pagos incompletos del Estado y la falta de interés por demostrar categórica y seriamente algunas obligaciones.

Sin embargo, no está de menos, recordar que, la nebulosa creada sobre pensiones planteada líneas arriba, fue creada con todo el dolo del mundo para que los trabajadores coticen y pierdan el rumbo de su plata en una maraña de leyes, reglamentos y complicados tecnicismos bancarios y de administración del dinero ajeno.

Solo para que tengamos una remota idea del complicado tinglado jurídico creado exclusivamente para el dinero suyo destinado a pensiones, tengamos presente que la ley que garantiza los fondos para jubilarse en nuestro país está repartida en normativas y reglamentos, muchos de ellos llenos de fórmulas matemáticas que desaniman al más pintado.

Después de ello hay que considerar la creación de la Ley 7983, llamada de “Protección del Trabajador”, que creó el famoso y generador actual de intrincadas polémicas en tiempos electorales, llamado el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), destinado a recoger dinero de los trabajadores y ponerlo a disposición de una ávida burguesía bancaria, autorizada para invertir esos caudales donde más les caliente el sol.

Si esos dineros hubieran ido a la CCSS a fortalecer el IVM, los trabajadores podrían disfrutar de más garantías, en cuenta un mayor monto de sus pensiones totales, IVM+ROP.

Acá puede decirse que los futuros pensionados y beneficiarios del ROP comienzan a perder contacto con su patrimonio, hasta nuevo aviso o haga la aparición algún político profesional que ve posible canalizar votos para su partido hablando de esos fondos.

Si bien la ley 9906 de octubre de 2020 permite a los pensionados del ROP acelerar el retiro de sus fondos, no en todos los casos el espíritu de la disposición legal es de plena satisfacción para los dueños reales de esos fondos, dado la excesiva tramitología orientada más a proteger los negocios y el lucro que hacen otros con la plata ajena, que por satisfacer plenamente al asalariado

Ya desde la Administración Monge empezamos a ver síntomas de desinterés por todo lo que oliera a inversión pública y perfilarse en las altas esferas a favor de quienes nos han gobernado y se enloquecen por la exacerbada ganancia privada.

Dicen que “mal de muchos…” consuelo de dormidos; y eso exactamente pasó con las pensiones en muchas naciones vecinas. Las oligarquías regionales se pellizcaron y encontraron en los fondos de pensiones una mina. Entre 1981 y 2008, con el apoyo unas veces del llamado sindicalismo blanco, y otras con el concurso de autodefinidos “reformistas democráticos”, emprendieron agresivos cambios en los sistemas jubilatorios en 11 países latinoamericanos, algunos de ellos otrora ejemplo de la seguridad social para la vejez.

Se trata de Argentina, 1994; Uruguay, 1996; Costa Rica, 2001; Panamá, 2008 que no privatizaron del todo el modelo jubilatorio, pero lo abrieron a un sistema complementario. Privatizaron las pensiones Perú, 1993, y Colombia, 1994.

Mientras tanto, otros pensionados de otros regímenes de pensiones actualmente la pasan mal moral y financieramente hablando, pues desde el 2020 – administración del expresidente Carlos Alvarado- al menos 30 mil jubilados del magisterio tienen los montos de sus pensiones congelados, cumpliendo compromisos fiscalistas asumidos con los acreedores internacionales.

Tenemos así, que el llamado régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional quedó congelado en virtud del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Legislativa desde 2018.

Según la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), un 85% de las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto estarían congeladas, en tanto la Defensoría de los Habitantes cree que el régimen pensional denominado Contributivo está congelado desde 2019.

Por otra parte, más de 25 mil abogados entre litigantes y retirados, siguen esperando una pensión a que tienen derecho por ley. El 3 de diciembre de 1963 mediante la disposición legal número 3245 se crea el llamado timbre del Colegio de Abogado para dignificar la profesión y este profesional tuviera un retiro decoroso.

Una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Admirativo, sección de Ejecución de Goicoechea contenida en el expediente 12-000629-1027-CA, da un plazo perentorio para que reglamente la ley indicada y después de casi 13 años de litigio otorgue la pensión al agremiado.

Serán a sus deudos, porque el abogado murió entre viajes a los tribunales y notificaciones, pero tal vez, por fin, los abogados sabrán qué pasó con ese millonario fondo engordado desde 1963 y cada vez que un costarricense requiere una demanda.

Moraleja para los futuros pensionados: la agremiación sin articulación entre trabajadores y sin conciencia del poder que tienen como asalariados en cualquier país, es menos que nada.

Ahora los políticos recurren una vez más a la demagogia y convierten el tema de las pensiones en uno de sus caballos de batalla. Es al pueblo al que le toca pararlos, y levantar sus propias demandas que, al menos, deben incluir:

a.— que el Poder Ejecutivo pague sus deudas a la CCSS y al IVM;

b.— que no se aumente la edad de jubilación; al contrario, buscar formas de pensionarse más temprano;

c.— que no se aumenten las obligaciones de los trabajadores haciéndoles pagar contribuciones más altas;

d.— que no se reduzcan los beneficios de los pensionados.

Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica respalda la lucha comunitaria para mantener Ebais en manos de la CCSS

El Consejo Ampliado del Buen Vivir Costa Rica manifestó su apoyo a las vecinas y vecinos organizados de Buen Vivir Paso Ancho–San Sebastián, quienes defienden su derecho a la salud y el acceso a servicios públicos de calidad. La posición surge ante la preocupación comunitaria de que los Ebais del distrito puedan volver a ser administrados por la empresa privada ASEMECO (Clínica Bíblica) u otra entidad, pese a la experiencia previa que —según señalan— resultó negativa para la población usuaria.

El Consejo destaca que la experiencia con la Caja Costarricense del Seguro Social ha sido satisfactoria para las comunidades, en contraste con la administración privada anterior. Por ello, respaldan la exigencia vecinal de que los Ebais continúen bajo gestión directa de la CCSS.

La organización emitió un llamado a defender la seguridad social como pilar fundamental del sistema democrático costarricense, subrayando que la participación activa de las comunidades es clave para resguardar los servicios públicos esenciales y garantizar que respondan al interés colectivo.

El comunicado está firmado fraternalmente por integrantes del Consejo Nacional Ampliado del Buen Vivir Costa Rica:

  • Ericka Cascante Jiménez
  • Cecilia Morales Chavarría
  • Lorena Hueso
  • Alexander Castillo
  • Ronulfo Morera Vargas
  • Cristian Marrero Solano
  • Edgardo Santamaría Elizondo
  • Edison Valverde Araya
  • Carlos Muñoz Jiménez

La declaración fue emitida el viernes 21 de noviembre de 2025.