Ir al contenido principal

Etiqueta: seguridad social

Respuesta de la CCSS confirma reajuste de pensión mínima del IVM y señala ausencia de estudios sobre pérdida de valor del RNC

La Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) respondió a una consulta presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, en la que se solicitaba información sobre el reajuste de la pensión mínima del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y sobre la situación del Régimen No Contributivo (RNC).

De acuerdo con el oficio GP-0607-2026, firmado por el gerente de pensiones Jaime Barrantes Espinoza y fechado el 9 de marzo de 2026, la pensión mínima del IVM pasó de ₡159.692, monto vigente en diciembre de 2025 y enero de 2026, a ₡162.295, lo que representa un reajuste del 1,63%.

La institución indicó que este incremento se aplicó conforme al Reglamento del Seguro de IVM y que se pagó en la planilla de febrero de 2026, incluyendo el retroactivo correspondiente al mes de enero.

Según la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, este ajuste constituye un dato relevante porque, hasta el momento, no había sido informado por medios de comunicación, pese a su impacto para las personas pensionadas que reciben el monto mínimo.

Régimen No Contributivo: no existen estudios recientes sobre pérdida de valor de la pensión

Uno de los aspectos señalados en la respuesta de la Gerencia de Pensiones es que no se han realizado estudios sobre la pérdida del poder adquisitivo del monto básico del Régimen No Contributivo en los últimos años.

Esto responde a consultas realizadas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, que había solicitado conocer los estudios técnicos relacionados con la pérdida de valor real de esta pensión, la cual no ha sido reajustada durante varios años.

En su respuesta, la Gerencia de Pensiones explica que la política presupuestaria del RNC ha priorizado ampliar la cobertura antes que aumentar el monto de las pensiones, debido a la cantidad de personas adultas mayores en condición de pobreza que carecen de protección social.

Más de 30 mil solicitudes de pensión pendientes

El documento también señala que actualmente existen más de 30 mil solicitudes de pensión del Régimen No Contributivo que ya han sido valoradas, pero no se han otorgado debido a falta de financiamiento.

Según se explica, el financiamiento del RNC proviene principalmente de transferencias del Gobierno Central, el FODESAF y la Junta de Protección Social, y las limitaciones presupuestarias han obligado a priorizar la ampliación de cobertura para nuevas personas beneficiarias.

El Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 establece como meta incorporar 20 mil nuevas pensiones del RNC durante el período, lo que implica alrededor de 5 mil nuevas pensiones por año, además de las que se reasignan anualmente por cancelaciones o fallecimientos.

Pendiente nuevo estudio sobre revalorización de pensiones del IVM

En relación con la solicitud de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social sobre un nuevo reajuste de las pensiones del IVM, la Gerencia de Pensiones informó que ya existe un estudio actuarial que analiza la revalorización de los montos para el período comprendido entre octubre de 2023 y junio de 2025.

Asimismo, indicó que se está a la espera de un nuevo estudio técnico que analizará la posibilidad de revalorizar las pensiones del IVM para el período comprendido entre octubre de 2023 y diciembre de 2025.

Seguimiento ciudadano al tema

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social ha venido dando seguimiento a este tema mediante diversas gestiones ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, solicitando información sobre la situación de los montos de pensiones y los estudios técnicos que fundamentan su actualización.

El análisis de esta respuesta institucional forma parte de ese proceso de seguimiento ciudadano a las políticas públicas relacionadas con el sistema de pensiones y la protección social.

FECTSALUD advierte sobre riesgos para la seguridad social y llama a defender la CCSS

El secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), Juan Carlos Durán Castro, realizó un llamado público a defender la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a mantener vigilancia ciudadana frente a decisiones que podrían afectar el sistema de seguridad social del país.

En una exposición difundida en las redes sociales de la organización sindical, Durán analizó la situación actual de la seguridad social costarricense y planteó preocupaciones sobre los riesgos que enfrenta la institución.

El dirigente sindical subrayó que la CCSS constituye uno de los pilares del Estado social de derecho y que su sostenibilidad depende del compromiso de la ciudadanía y de las autoridades públicas para proteger sus principios de solidaridad y universalidad.

Defensa de la seguridad social

Durante su intervención, Durán destacó la importancia de fortalecer la seguridad social como un derecho fundamental de la población costarricense.

Según explicó, la CCSS ha sido históricamente una institución clave para garantizar el acceso a la salud y a las prestaciones sociales, lo que ha permitido mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población.

En ese sentido, señaló que la defensa de la Caja no corresponde únicamente a las personas trabajadoras del sector salud, sino a toda la ciudadanía, ya que el sistema de seguridad social beneficia al conjunto de la sociedad.

Preocupaciones sobre el rumbo institucional

En su exposición, el representante de FECTSALUD expresó inquietudes sobre decisiones y propuestas que podrían debilitar la institución o alterar el modelo solidario que ha caracterizado al sistema de seguridad social costarricense.

Durán enfatizó que cualquier reforma o medida relacionada con la seguridad social debe orientarse a fortalecer la CCSS y garantizar la sostenibilidad del sistema, evitando acciones que puedan comprometer su capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Asimismo, destacó la necesidad de promover un debate público informado sobre el futuro de la institución y de mantener mecanismos de participación social en las decisiones que afectan al sistema.

Contexto de debate nacional

Las declaraciones del dirigente sindical se producen en un contexto de discusión nacional sobre diversos temas relacionados con la seguridad social, entre ellos la sostenibilidad del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), la gestión institucional de la CCSS y el cumplimiento de las obligaciones con los fondos de la seguridad social.

En los últimos años, distintos sectores sociales, sindicales y académicos han manifestado preocupaciones sobre la necesidad de fortalecer la transparencia, la sostenibilidad financiera y la gobernanza institucional de la Caja.

En ese marco, organizaciones del sector salud han reiterado que cualquier proceso de reforma debe realizarse mediante diálogo social amplio y con participación de las personas trabajadoras y de la ciudadanía.

Llamado a la participación ciudadana

Finalmente, Durán hizo un llamado a la población a mantenerse informada y participar activamente en la defensa de la seguridad social.

El dirigente sindical señaló que la CCSS representa una conquista histórica del país y que su preservación requiere un compromiso colectivo para garantizar que continúe cumpliendo su misión de proteger la salud y el bienestar de la población.

La exposición completa puede encontrarse en las redes sociales de FECTSALUD.

FRENASS solicita embargo de dietas a diputado electo que tiene deudas con la CCSS

El Frente Nacional por la Seguridad Social Costarricense (FRENASS) solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa que se aplique el embargo de las dietas legislativas al diputado electo José Miguel Villalobos Umaña, debido a deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida a Juan José Chotto Monestel, jefe de Recursos Humanos de la Asamblea Legislativa, con fecha 6 de marzo de 2026, firmada por Deivis Ovares Morales, coordinador de FRENASS.

En el documento, la organización expresa su respaldo a las acciones emprendidas por la CCSS para regularizar incumplimientos relacionados con las obligaciones hacia los fondos de la seguridad social.

Solicitud de embargo sobre dietas legislativas

La petición plantea que, en atención a los procesos impulsados por la propia CCSS, se dé trámite a los procesos de embargo correspondientes sobre las dietas que recibirá el diputado electo, una vez que asuma sus funciones en el Congreso.

El documento señala que José Miguel Villalobos Umaña fue electo diputado para el período 2026-2030, y solicita que el embargo se aplique a partir del inicio de sus funciones legislativas el 1 de mayo de 2026, con el objetivo de cubrir la deuda que mantiene con la seguridad social.

Según el texto, la solicitud se fundamenta en criterios de asesoría legal y jurisprudencia constitucional que avalan la posibilidad de aplicar embargos sobre las dietas que perciben las personas diputadas.

Defensa de la seguridad social

En la carta enviada a la Asamblea Legislativa, FRENASS recuerda su trayectoria de acción ciudadana en defensa de la seguridad social costarricense.

El Frente Nacional por la Seguridad Social se define como un espacio político ciudadano que ha sostenido una posición activa en la defensa de la CCSS y del sistema de seguridad social público, al que considera uno de los pilares del Estado social de derecho en Costa Rica.

La organización plantea que el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social debe ser un principio fundamental para todas las personas, y especialmente para quienes ejercen cargos de representación popular.

Un llamado a la ejemplaridad en la función pública

El documento sostiene que aplicar el embargo solicitado sería una medida coherente con el ordenamiento jurídico e institucional del país y contribuiría a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Según se indica en la carta, quienes ocupan cargos de representación política deberían constituir un ejemplo para la ciudadanía en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social.

En ese sentido, la organización considera que la aplicación de la medida tendría también un valor ejemplarizante, al reforzar el principio de igualdad ante la ley y la responsabilidad con los fondos de la seguridad social.

Debate nacional sobre la sostenibilidad del sistema

La solicitud se produce en un contexto de creciente discusión pública sobre el futuro del sistema de seguridad social costarricense, particularmente en torno al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS y la necesidad de fortalecer su sostenibilidad financiera.

Diversos sectores sociales han señalado la importancia de combatir la evasión y la morosidad en el pago de las cuotas a la seguridad social, al considerar que estas prácticas afectan directamente los recursos destinados a pensiones, atención médica y otras prestaciones.

Desde esta perspectiva, organizaciones como FRENASS han insistido en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones con la CCSS, tanto por parte de personas trabajadoras independientes como de empresas y otras entidades.

Copia enviada a autoridades públicas

La solicitud presentada ante la Asamblea Legislativa también fue remitida a otras autoridades del Estado.

Según el documento, se envió copia a:

  • Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República.
  • Angie Cruinshank Lambert, Defensora de los Habitantes de la República.
  • Jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa.

Estudio analiza hechos y responsabilidades en la crisis del régimen de pensiones de la CCSS

En medio del debate nacional sobre el futuro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), un estudio elaborado por el investigador Jorge Herrera Fernández (imagen) analiza los hechos que, según su investigación, condujeron al deterioro financiero del sistema de pensiones.

El documento titulado “La crisis del Régimen de Pensiones IVM: hechos y responsabilidades” presenta una reconstrucción histórica de decisiones administrativas, reformas normativas y omisiones institucionales que, de acuerdo con su autor, contribuyeron al debilitamiento del régimen.

El trabajo se presenta en un momento en que diversas propuestas de reforma del sistema de pensiones han sido anunciadas o discutidas públicamente, algunas de ellas con posibles impactos significativos para personas cotizantes y beneficiarias.

Un análisis crítico de la evolución del régimen

El estudio sostiene que durante muchos años las autoridades responsables de la administración del régimen IVM negaron o minimizaron los problemas estructurales del sistema, atribuyendo posteriormente las dificultades a factores externos.

Sin embargo, el análisis del autor plantea que existe una relación de hechos y decisiones institucionales que influyeron directamente en la situación actual, las cuales —según el documento— no siempre han sido plenamente discutidas en el debate público.

El texto indica que comprender estos antecedentes resulta fundamental para evaluar las propuestas de reforma que se discuten en la actualidad, dado que están en juego derechos sociales y la seguridad económica de futuras generaciones de personas adultas mayores.

Reformas y cambios en el régimen

Entre los elementos analizados en el documento se encuentran diversas reformas aplicadas al régimen en años anteriores.

El estudio menciona particularmente cambios introducidos a partir de 2007, que —según evaluaciones actuariales citadas— incrementaron el gasto del sistema, especialmente en el componente de pensiones por vejez.

De acuerdo con el documento, modificaciones como la eliminación de ciertas restricciones para las pensiones anticipadas habrían tenido efectos en el crecimiento del gasto del régimen.

El análisis señala que estas decisiones deben evaluarse en conjunto con otros factores administrativos y financieros que influyen en el equilibrio actuarial del sistema.

Debate sobre responsabilidades

Uno de los planteamientos centrales del estudio es que la discusión sobre el futuro del IVM no puede limitarse únicamente a las propuestas de reforma actuales, sino que requiere examinar las responsabilidades institucionales asociadas a decisiones pasadas.

El documento sugiere que parte del problema radica en que algunas de las personas o instancias involucradas en la gestión histórica del régimen continúan participando en decisiones sobre su reforma, lo que plantea interrogantes sobre los procesos de evaluación y rendición de cuentas.

Desde esta perspectiva, el estudio busca aportar elementos para contrastar las versiones oficiales sobre la crisis del sistema con los antecedentes documentados.

Un debate clave para la seguridad social

El régimen IVM constituye uno de los pilares del sistema de seguridad social costarricense, ya que garantiza pensiones para las personas trabajadoras en casos de invalidez, vejez o fallecimiento.

Las decisiones que se adopten sobre su reforma tienen implicaciones directas para millones de personas cotizantes y para la sostenibilidad del sistema en el largo plazo.

En ese contexto, el documento de Jorge Herrera Fernández se presenta como un aporte para ampliar el debate público y facilitar el análisis crítico de las causas de la crisis del régimen.

El autor considera que el conocimiento de estos antecedentes puede ayudar a las personas aseguradas y a la ciudadanía en general a contrastar las explicaciones oficiales sobre la situación del sistema de pensiones.

Le invitamos a descargar el estudio completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/03/Crisis-IVM-Historia-a-2026-FF.pdf

La deuda con la Caja y el mito del “no hay plata”

Juliana Martínez Franzoni

El otro día le pregunté a una vecina –votante declarada del Pueblo Soberano, el partido de Rodrigo Cháves– si no le preocupaba que su candidata, ahora presidenta electa, fuera parte de un gobierno que en tres años aumentó en un 63% la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social. La deuda pasó de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025.

Le pregunté:

—¿Vos usás la Caja?
—Claro. Toda mi familia usa la Caja.
—¿Podrías dejar de usarla?
—No.
—¿Creés que hay que apoyarla?
—Sí, claro.

Entonces vino la pregunta inevitable:

—¿Y por qué votaste por Laura Fernández?

La respuesta fue sencilla, casi resignada: “La Caja no recibió plata porque no hay, mijita.”

Esa frase resume algo más profundo que una opinión. Resume una narrativa que se ha vuelto dominante: el Estado está quebrado, no hay recursos, los programas sociales son insostenibles, y cualquier intento de fortalecerlos es irresponsable.

Pero ¿es realmente así?

Porque una cosa es que los recursos sean limitados —¡siempre lo son!— y otra muy distinta es afirmar que “no hay plata” como si se tratara de una ley de la naturaleza. El presupuesto público no es un fenómeno climático. El presupuesto público es una decisión política.

En 2023, la Asamblea Legislativa aprobó ¢71.927 millones para distintos programas sociales e iniciativas comunitarias. Al cierre del año, solo se habían usado ¢10.948 millones, cerca del 15% del total. Eso significa que alrededor de ¢61 mil millones, el 85% de los recursos, quedaron sin ejecutarse. Entre los recursos sin usar había fondos para programas y convenios con la CCSS, asociaciones de desarrollo y vivienda social. En 2024, el informe técnico legislativo (Expediente 24.991), mostró que la ejecución mejoró, pero aún así una tercera parte de los recursos aprobados –cerca de ¢19 mil millones– no se giró, incluyendo partidas para mantenimiento vial, asociaciones de desarrollo y becas estudiantiles Avancemos.

Esto no significa necesariamente mala intención. Significa que la escasez es resultado de decisiones sobre cuándo y cómo ejecutar el presupuesto.

Porque el dinero no “desaparece”: se prioriza.

Durante los últimos años, el gobierno ha puesto como eje central la reducción del déficit fiscal y el cumplimiento estricto de la regla fiscal. Eso tiene efectos positivos en indicadores macroeconómicos y en la percepción de los mercados. A la vez implica dejar de arreglar escuelas, entregar menos becas escolares y, en general, poner menos del dinero público a disposición de las necesidades de la gente. ¿Cuáles necesidades? En particular escuelas y atención de la salud. No es jugando: la inversión social, en particular la que se destina a niños, niñas y jóvenes, está en su nivel más bajo en 15 años.

De hecho, cosas que habían venido mejorando con este siglo, como destinar más dinero a escuelas y hospitales, ahora se están haciendo mal y tiene efectos que serán difíciles de revertir.

No es una conspiración. Es una elección.

El problema es que cuando el discurso público se reduce a “no hay plata”, se invisibiliza esa elección. Se transmite la idea de que el deterioro es inevitable. Que las listas de espera crecen porque el país es pobre. Que los programas sociales se reducen porque no hay alternativa.

Pero siempre hay prioridades.

Costa Rica destina una parte importante del presupuesto al pago de intereses de la deuda pública. Esa es una obligación real. Decidir cuánto espacio fiscal se le concede a la inversión social también es una decisión real.

Cuando el Estado no paga a tiempo sus obligaciones con la seguridad social, la deuda crece. Cuando no ejecuta partidas aprobadas, los proyectos se atrasan. Cuando se posterga la inversión, el deterioro se acumula.

Y luego ese deterioro se usa como prueba de que el sistema “no funciona”.

La narrativa de la escasez tiene una consecuencia política poderosa: convierte decisiones en destino. Si “no hay plata”, entonces no hay responsables. Si “no hay plata”, no hay debate sobre prioridades. Si “no hay plata”, la única opción es resignarse.

Pero el presupuesto no es una fatalidad. Es un reflejo de qué se considera urgente y qué se considera prescindible.

¿Se puede reducir el déficit? Sí.
¿Se puede ordenar las finanzas públicas? Claro.
¿Eso obliga necesariamente a aumentar en 63% la deuda con la Caja o a no ejecutar recursos aprobados? Esa es otra discusión.

Lo que necesitamos desplazar no es solo una cifra, sino una forma de pensar.

Más que repetir que no hay plata, deberíamos preguntarnos para qué se usa la que sí hay.

Porque cuando dejamos de hacer esa pregunta, la política desaparece y la imposición crece.

Y entonces todo parece inevitable.

Pero no lo es.

Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.

Pensiones en la CCSS: Junta Directiva sólo traslada respuesta de mandos medios y el Gobierno no paga

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

2. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

3. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

4. La crítica de la Auditoría Ciudadana

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

5. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC.
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios.
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

La discusión sobre el reajuste de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) suma un nuevo capítulo, tras la comunicación oficial enviada a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

  1. El punto de partida: solicitud de reajuste

Mediante oficio ACSS-003-2025, la Auditoría Ciudadana solicitó:

  • Revaluar el monto básico del RNC de ¢82.000 a ¢89.626.
  • Revalorizar al menos en 1% las pensiones del IVM.
  • Ajustar el monto mínimo del IVM de ¢159.692,22 a ¢162.295,20 a partir del 1° de enero de 2026.

La solicitud se fundamenta en la pérdida del poder adquisitivo acumulada y en la necesidad de garantizar condiciones dignas a personas pensionadas.

  1. La respuesta de la Gerencia de Pensiones

En el oficio GP-0029-2026, del 6 de enero de 2026, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes Espinoza, respondió a la consulta elevada por la Junta Directiva.

Sobre el Régimen No Contributivo (RNC), la Gerencia indica que:

  • El RNC es financiado totalmente por el Estado.
  • La CCSS actúa como administradora.
  • “Hasta el momento el Estado no ha girado recursos presupuestarios para poder efectuar aumentos de las pensiones del RNC”.

Es decir, el obstáculo principal señalado es la ausencia de transferencia de recursos por parte del Gobierno.

En relación con el IVM, el oficio sostiene que cualquier revalorización requiere:

  • Estudio actuarial de la Dirección Actuarial y Económica.
  • Consideración de la Junta Directiva.
  • Condiciones financieras favorables del régimen.

Se añade que, desde octubre de 2023, no se recomiendan nuevos aumentos debido a tasas de inflación acumuladas negativas, aunque sí se han ajustado los montos mínimos conforme al reglamento.

  1. El acuerdo de la Junta Directiva

El 12 de febrero de 2026, en sesión ordinaria N.° 9582, la Junta Directiva conoció el oficio GP-0029-2026 y adoptó un acuerdo unánime:

Se limitó a instruir a la Secretaría para trasladar el oficio de la Gerencia de Pensiones a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social como respuesta.

Es decir, no tomó un acuerdo sustantivo sobre el reajuste solicitado, sino que acogió lo indicado por la Gerencia.

  1. La crítica de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social

En su oficio ACSS-002-2026, del 17 de febrero de 2026, la Auditoría Ciudadana señala que:

  • La Junta Directiva no resolvió sobre el fondo del reajuste.
  • Se limitó a acoger lo indicado por un “mando medio” (Gerencia de Pensiones).
  • No se aportó el “criterio técnico” solicitado, sino que se remitió a la necesidad de que otro “mando medio” (Dirección Actuarial y Económica) lo elabore.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social subraya que:

  • No se informó cuál será el reajuste de la pensión mínima del IVM ni su fecha de aplicación.
  • No se adjuntaron oficios enviados al Gobierno solicitando recursos para el RNC.
  • No se presentaron estudios técnicos actualizados sobre la pérdida de poder adquisitivo.

En su petición final, la ACSS solicita que la Junta Directiva exija a sus mandos medios la elaboración del estudio técnico para un nuevo reajuste del IVM, que no se revalora desde octubre de 2023.

  1. Dos ejes centrales del conflicto

Del análisis conjunto de los documentos y antecedentes pueden identificarse dos núcleos del debate:

a) La falta de recursos del Gobierno para el RNC
La Gerencia de Pensiones afirma que el Estado no ha girado recursos presupuestarios para aumentar el monto básico del Régimen No Contributivo. Esto coloca la discusión en el plano de la responsabilidad fiscal del Gobierno con la seguridad social.

b) La delegación en mandos medios
La Junta Directiva, órgano superior de la institución, no adoptó una decisión política sobre el reajuste, sino que trasladó la respuesta técnica de la Gerencia. La Auditoría cuestiona que la responsabilidad se diluya entre gerencias y direcciones técnicas sin una definición clara del órgano máximo de gobierno institucional.

6. Un tema de fondo: poder adquisitivo y dignidad

En un contexto de encarecimiento de servicios básicos, medicamentos y alimentación, la discusión no es meramente técnica. Se trata de:

  • El poder adquisitivo de personas pensionadas.
  • La sostenibilidad financiera de los regímenes.
  • La responsabilidad del Estado en el financiamiento del RNC.
  • El papel de la Junta Directiva como instancia decisoria.

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social insiste en que el tema no puede quedar en una cadena de remisiones entre instancias administrativas, sino que requiere decisiones claras y transparencia.

El debate sobre el reajuste de las pensiones continúa abierto.

Incendiar la casa para luego “salvarla”

Juliana Martínez Franzoni

En agosto de 2025, luego de varios años de recortes presupuestarios que se tradujeron en desabastecimiento de medicamentos, denuncias de más de 300 especialistas y un crecimiento sostenido de las listas de espera, el presidente Bukele anunció “la medicina”. No era una reforma al sistema existente, sino algo distinto: una Red Nacional de Hospitales completamente separada de las instituciones públicas tradicionales, bajo control directo de la Presidencia. Esta nueva red tendría dos facultades particularmente llamativas: concesiones y asocios con el sector privado, por un lado, y la capacidad de requerir apoyo inmediato del sector público cuando así se mandatara, por el otro lado.

La promesa fue presentada como modernización, eficiencia, ruptura con la burocracia y la “ineficiencia histórica”. Sin embargo, el anuncio llegó después de años de deterioro documentado del sistema público: escasez crónica de medicamentos, tensiones laborales, migración de especialistas, y una creciente desesperación de pacientes atrapados en listas de espera cada vez más largas, todo ocurrido bajo el propio gobierno de Bukele, el administrador de la medicina.

Varios cientos de kilómetros al sur, en Costa Rica, el guion no es idéntico, pero suena inquietantemente familiar.

En mayo de 2023, el presidente Rodrigo Chaves anunció que la seguridad social estaba “quebrada”. El mensaje fue dramático: el sistema estaba al borde del colapso. La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), históricamente una de las instituciones más robustas del Estado costarricense adonde cualquier persona asegurada, pague o no pague, puede recibir desde una vacuna hasta un trasplante, fue presentada como un gigante ineficiente, fiscalmente insostenible y capturado por intereses corporativos. La seguridad social había sido una bonita idea… pero de otro tiempo. Y ello a pesar de que el Presidente Ejecutivo de la Seguridad Social nombrado por el propio Cháves, el economista Álvaro Ramos, había mostrado con claridad y evidencia, que la Caja gozaba de buena salud y que estaba completamente al alcance del gobierno mediante un plan que él mismo propuso, ampliar los servicios, reducir las listas de espera, y efectivamente llegar a cada hogar costarricense.

Estas buenas noticias a Ramos le valieron el despido. Para la seguridad social, sin embargo, lo peor estaba aún por venir porque tras el anuncio vino algo más complejo. El Estado, no contento con que la Caja no estuviera quebrada, tomó medidas para… quebrarla. Así, en solo 3 años incrementó en un 63% su deuda con la CCSS, de ¢2,7 billones en 2022 a ¢4,4 billones en 2025. Es una deuda de 850 mil colones por parte de cada una de las 5.2 millones de personas que habitan en el país. Esa deuda, en 2023 era de 500 mil colones por habitante.

Las listas de espera crecieron. Cientos de especialistas renunciaron o migraron hacia el sector privado. La narrativa del colapso comenzó a convertirse en realidad. Y mientras tanto, la proporción del dinero que destinan los hogares costarricenses a la salud privada se duplicó: de 3,3% en 2018 a 6.5% en 2024.

¿Suena familiar?

La historia en común no es solo la de dos presidentes con estilos confrontativos sino la historia de una estrategia política que se repite en distintas latitudes: permitir —o acelerar— el deterioro de un sistema público hasta que la frustración social alcance un punto crítico. Cuando la casa parece incendiada, cualquier propuesta de “cambio radical” luce razonable, incluso inevitable.

En El Salvador, “La medicina” administrada por Bukele propone hospitales concesionados, alianzas público-privadas, personal de salud contratado por servicios profesionales, todo bajo una estructura paralela a las instituciones existentes. En Costa Rica, el planteo de concesionar hospitales públicos a manos privadas laborales está a la vuelta de la esquina.

En ambos países, la pregunta no es si el sector privado puede gestionar un hospital con eficiencia administrativa y lucrar con ello. Ya existen montones de hospitales privados que lo muestran. La pregunta central es otra: ¿qué ocurre con el principio que sostiene a la seguridad social cuando los servicios dejan de financiarse desde una gran “caja común” solidaria y pasan a depender de contratos, concesiones y pagos por servicio?

La Caja funciona porque todas las personas aportan según su capacidad y reciben según su necesidad. Ese es el corazón del modelo. La persona joven y sana financia hoy a la mayor que necesita un trasplante. Quien nunca usará un servicio de alta complejidad contribuye a que alguien más pueda recibirlo mañana. Esa es la lógica del seguro social: una gran bolsa común que redistribuye riesgos y recursos.

Cuando los hospitales se concesionan o se fragmentan en asocios público-privados, esa lógica comienza a erosionarse. El financiamiento deja de ser plenamente colectivo y se vuelve contractual. El riesgo deja de compartirse de manera integral y se distribuye por servicios, por paquetes, por convenios. Y tarde o temprano aparece la constatación inevitable: es del bolsillo que hay que sacar diferencia.

Un sistema concesionado funciona más como un peaje que como un seguro solidario. Se paga por pasar. Se paga por servicio. Se paga por cada oportunidad. Incluso si el pago no es inmediato porque hay un seguro privado, termina trasladándose al bolsillo de las personas y debilitando cobertura universal. La “gran caja” pierde tamaño y capacidad redistributiva. Y cuando la caja se hace pequeña, también se hace pequeña la solidaridad.

No se trata de demonizar al sector privado sino de entender que la seguridad social es mucho más que un proveedor de servicios: es un mecanismo de redistribución de oportunidades. Si esa caja común se fragmenta, el sistema deja de poder garantizar que cada persona reciba atención independientemente de cuánto dinero aporte individualmente.

El riesgo es de principios con enormes efectos prácticos en el bolsillo y en las posibilidades reales de acceder a servicios por parte de la mayoría de la población: pasar de la solidaridad colectiva a un esquema en el que cada persona depende, directa o indirectamente, de cuándo puede pagar.

Por eso, antes de incendiar la casa para luego ofrecer el extintor, conviene preguntarse si la solución no termina desmantelando precisamente aquello que hizo posible que la casa existiera: una gran caja común que financia la salud como derecho y no como transacción.

Compartido con SURCOS por la autora y publicado también en Divergentes.

UNDECA: El aumento del gasto en salud es consecuencia del deterioro deliberado de la CCSS

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) manifiesta su profunda preocupación ante el aumento del gasto en salud que hoy enfrentan los hogares costarricenses. Este incremento no es casual ni responde únicamente a factores económicos, es el resultado directo del deterioro sistemático y provocado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte del gobierno de Rodrigo Chaves, los actos de corrupción como el Caso Barrenador, entre otros, y el fallido sistema informático del ERP-SAP que sigue siendo una fuga permanente de dinero de la Caja que podría invertirse en salvar vidas.

Las crecientes listas de espera, la falta de especialistas y personal, el déficit de equipos e infraestructura, el desabastecimiento de medicamentos, así como el retraso en la construcción de hospitales, clínicas y Ebais, obligan a miles de personas a recurrir a servicios privados y a pagar de su propio bolsillo lo que debería garantizar el sistema público de salud.

UNDECA denuncia que el no pago de la multimillonaria deuda del Estado con la CCSS, que ya supera los ¢5 BILLONES forma parte de una estrategia deliberada de asfixia financiera. Al debilitar la Caja, se busca justificar su desmantelamiento y abrir el camino al negocio privado de la salud, trasladando la carga económica a las familias trabajadoras y profundizando la desigualdad en el acceso a la atención médica.

Este proceso no solo amenaza a la CCSS, sino al derecho humano a la salud, una de las mayores conquistas sociales del pueblo costarricense. La experiencia internacional demuestra que los países que han perdido sus sistemas públicos de salud enfrentan exclusión, altos costos y pérdida de vidas por falta de atención oportuna.

UNDECA hace un llamado al pueblo costarricense a defender la salud pública y la Caja como patrimonio nacional irrenunciable, y convoca a la clase trabajadora a mantenerse alerta, organizada y dispuesta a luchar frente a cualquier intento de debilitamiento o privatización.

Fiel a su historia, UNDECA reafirma su compromiso permanente con la defensa de la CCSS y de la salud pública, hoy más necesaria que nunca.

¡Defender la Caja es defender la vida!

Junta Directiva de la CCSS acusa recibo de solicitud sobre reajuste de pensiones IVM y RNC

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) recibió respuesta formal por parte de la Secretaría de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en relación con la solicitud de información sobre el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).

Mediante el oficio SJD-0222-2026, fechado el 6 de febrero de 2026, la CCSS acusó recibo del oficio ACSS-001-2026, presentado el 30 de enero de 2026, en el cual la Auditoría Ciudadana solicitó información vinculada a los reajustes de las pensiones, retomando además lo señalado previamente en el oficio ACSS-003-2025.

En la comunicación oficial, la Secretaría de la Junta Directiva informa que, en atención a las instrucciones de la jefatura de esa dependencia y con base en la delegación conferida mediante el oficio SJD-0192-2026, se solicitó el criterio técnico correspondiente a la Gerencia de Pensiones, el cual fue formalizado mediante el oficio GP-0029-2026.

Según lo indicado, dicho criterio técnico será incorporado en la agenda de la Junta Directiva de la CCSS y sometido a conocimiento y análisis en una próxima sesión. Una vez que ese órgano colegiado adopte una resolución, se comunicará oficialmente a la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

Este acuse de recibo y la remisión del tema a la Gerencia de Pensiones se inscriben en una serie de acciones sostenidas por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social orientadas a dar seguimiento público y documentado a decisiones que afectan directamente a personas pensionadas del IVM y del Régimen No Contributivo, sectores especialmente sensibles ante el contexto económico y social actual.

Desde SURCOS se continuará dando seguimiento a este proceso, en tanto el eventual reajuste de las pensiones constituye un asunto de interés público, relacionado con el derecho a la seguridad social, la transparencia institucional y el acceso oportuno a información clara por parte de la ciudadanía.

Defensoría alza la voz por 45 mil pensionados que siguen sin aumentos por costo de vida

*Llevan ya 5 años sin recibir un ajuste a sus pensiones. Se trata de personas jubiladas que están en el Régimen Transitorio de Reparto bajo la administración de JUPEMA y otros que también están con cargo al Presupuesto Nacional administrado por la Dirección Nacional de Pensiones.

Un total de 45 mil personas pensionadas llevan 5 años sin recibir ningún ajuste por costo de vida, lo que hizo que la Defensoría de los Habitantes solicitara a la Asamblea Legislativa la urgente necesidad de promover iniciativas legislativas que permitan revisar el actual modelo de ajuste por costo de vida aplicable a las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto y también aquello con cargo al Presupuesto Nacional, a fin de garantizar un mecanismo de actualización periódico, técnico y sostenible.

Para la Defensoría el no ajuste de las pensiones por costo de vida trae graves consecuencias para la vida de las personas pensionadas adultas mayores, quienes se enfrentan a una pérdida progresiva del poder adquisitivo; así como enfrentarse al impacto de aumentos en bienes y servicios esenciales como la salud, compra de medicamentos, alimentación y, servicios públicos, colocando a esta población a una situación de vulnerabilidad económica.

Toda esta problemática se registra ante la decisión de congelar los incrementos salariales por costo de vida, y en acatamiento del principio de legalidad y de lo establecido en el artículo 11, título IV, de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas—, pues únicamente sería posible otorgar nuevos aumentos cuando el país alcance un nivel de deuda que permita ampliar el gasto corriente, y solo así podrían autorizarse ajustes por costo de vida tanto para los servidores públicos activos como, consecuentemente, para las personas pensionadas.

Para la Defensoría el no aumento por costo de vida de las pensiones constituye una medida regresiva de los derechos sociales y económicos, ya que disminuye la protección económica previamente garantizada y por ello, cualquier disposición normativa regresiva debe ser justificada, proporcionada y sobre todo temporal, en virtud de que la ausencia de ajustes puede empujar a un número creciente de personas adultas mayores hacia situaciones de pobreza, pobreza extrema o indigencia. Valga la pena indicar que el ajuste de las pensiones es un derecho adquirido por parte de los pensionados, y que el mismo debe responder a criterios no abusivos sino proporcionales y razonables.

Si bien el Ministerio de Hacienda, mediante oficio n.° MH-DM-1594-2025, de fecha 13 de octubre de 2025, informó a esta Defensoría que para este año 2026 se realizó una previsión presupuestaria anual en remuneraciones y contribuciones sociales, a fin de cubrir un monto de hasta ¢10.000,00 por concepto de incremento por costo de vida para los salarios de los empleados públicos bajo la modalidad de salarios compuestos; es preciso señalar que dicho aumento no soluciona el problema denunciado. Lo anterior obedece, en primer término, a que el incremento aún no se ha materializado y, en segundo lugar, a que continúan vigentes las disposiciones legales que vinculan el ajuste por costo de vida de las personas pensionadas a los aumentos salariales de los empleados públicos.

En consecuencia, esta Defensoría considera indispensable efectuar las reformas normativas correspondientes, con el fin de evitar que este tipo de congelamiento vuelva a presentarse en el futuro, así como un medio para hacer justicia a las personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto y de aquellas con cargo al Presupuesto Nacional.

La Defensoría de los Habitantes tiene conocimiento que ante la Asamblea Legislativa se presentó el proyecto de ley 24.353, el cual pretende reconocer el ajuste por costo de vida a aproximadamente 30.000 personas cuyas pensiones han permanecido congeladas durante el último quinquenio. Dicho proyecto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Hacendarios y se encuentra a la espera de ser remitido al Plenario Legislativo en sesiones ordinarias. De ahí que sea necesario su conocimiento en Plenario.