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Etiqueta: seguridad social

Sala Constitucional ordena a ministro de Hacienda pagar ₡69 mil millones a la CCSS

UNDECA exige el cumplimiento efectivo de la sentencia

Comunicado

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) celebra una histórica victoria jurídica y sindical en defensa de los recursos de la seguridad social y de los derechos de las personas trabajadoras, pensionadas y sus familias.

En julio de 2016, la Junta Directiva de la CCSS acordó incrementar la contribución estatal para financiar las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pero el Poder Ejecutivo omitió incorporar los recursos en el Presupuesto Nacional del 2018.

UNDECA recurrió inmediatamente a la justicia constitucional para denunciar el incumplimiento de las obligaciones estatales y exigir la protección de los recursos de la seguridad social.

La Sala Constitucional, en la sentencia de fondo, declaró con lugar la demanda y concedió al Ministerio de Hacienda un plazo de cinco años para que cancelara la deuda. Lejos de respetar el mandato del Tribunal Constitucional, el ministro de Hacienda trató de darle más largas -como si cinco años no hubieran sido suficientes y razonables- y solicitó la ampliación del plazo concedido en la sentencia.

UNDECA se opuso contundentemente a esa gestión dilatoria y la misma Sala Constitucional, en la resolución n.º 2026-038477, reafirmó la sentencia y ordenó, de manera categórica, al ministro de Hacienda cancelar ₡68.986.838.514,16 (principal más intereses) adeudados a la CCSS, correspondiente al saldo pendiente del 2018, cuya partida debe ser incluida en el próximo presupuesto extraordinario.

Esta resolución representa un nuevo y trascendental resultado de la lucha sostenida por UNDECA, que confirma que los recursos de la seguridad social son inajenables y que ningún Gobierno está por encima de la ley.

UNDECA siempre en defensa de los recursos y el patrimonio de la CCSS.

¡Las deudas del gobierno con la Caja se pagan!

¿Dos fondos para el ROP? Análisis de la propuesta de la SUPEN para personas jóvenes y cercanas a pensionarse

El asesor sindical de la ANEP-CCSS, Juan Carlos Durán Castro, valora los efectos para las personas afiliadas jóvenes y las cercanas a pensionarse, y advierte sobre la edad de corte, la libertad de elección y las reglas de transición.

El asesor sindical preparó unos “apuntes de lectura necesaria” ante la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) para reorganizar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), con miras a un debate nacional sobre el sistema de pensiones.

La propuesta

Según explica Durán Castro, la SUPEN propone que el ROP deje de administrarse en un único fondo y se divida en dos fondos especializados:

  • un Fondo de Acumulación para la Pensión (FAP), para personas afiliadas menores de 55 años, con una orientación al crecimiento de largo plazo;

  • un Fondo de Administración para el Beneficio (FAB), para personas de 55 años o más y personas pensionadas, con una estrategia más conservadora, orientada a preservar el capital y reducir fluctuaciones.

El razonamiento técnico de la SUPEN, señala el autor, parte de una idea muy usada a nivel internacional: una persona joven puede asumir más volatilidad porque tiene décadas para recuperarse de pérdidas temporales, mientras que una persona cercana a jubilarse tiene menos tiempo para hacerlo.

Durán Castro cuestiona el fondo de esa lógica. Sostiene que equivale a “trasladar el riesgo a las personas y que la mano invisible del mercado ‘regule’ la suerte de cada uno”, y que “tal falsedad y riesgo” no parecen de recibo “en medio de un momento en que el naufragio capitalista resulta evidente”. Rechaza además el término “minusvalías”, porque a su juicio “intenta disfrazar la pérdida de rendimientos reales de la gente, justificando la supremacía riesgosa del mercado sobre el Estado”.

Dos casos: 25 y 63 años

Para ilustrar los efectos, el autor analiza dos perfiles.

Una persona afiliada de 25 años, con 35 a 40 años por delante antes de jubilarse:

  • Ventajas:

    • Podría tener mayor rentabilidad esperada, “lo cual sigue siendo una promesa, con ropaje de riesgo”.

    • Aprovecharía mejor el interés compuesto. Como ejemplo, ₡10 millones que crecen al 5 % durante 40 años llegarían a unos ₡70 millones, y al 7 %, a unos ₡150 millones.

    • Tendría menos necesidad de liquidez inmediata.

  • Riesgos:

    • Mayor volatilidad, con años de pérdidas en los rendimientos, sobre todo en crisis internacionales.

    • Un “riesgo conductual”: que algunas personas afiliadas se alarmen ante las pérdidas y presionen para cambiar el sistema.

Una persona afiliada de 63 años, que planea pensionarse a los 65 con ₡40 millones acumulados:

  • Ventajas:

    • Menor exposición a pérdidas justo antes del retiro, que el autor considera el principal beneficio.

    • Mayor estabilidad y certeza sobre el monto disponible.

    • Protección de lo ya acumulado.

  • Desventajas:

    • Menor rentabilidad futura.

    • Riesgo de que la inflación erosione el poder adquisitivo si la cartera es demasiado conservadora.

    • Una “transferencia temprana”: si el corte es a los 55 años, una persona que piensa trabajar hasta los 67 o 70 pasaría demasiado pronto a una estrategia conservadora.

Los puntos en debate

El autor plantea tres temas que, a su juicio, merecen especial atención:

  1. La edad de corte. Considera que los 55 años son “probablemente el punto más discutible”. Otros sistemas usan los 60 años, un corte de 10 años antes de la jubilación o esquemas graduales, y un corte fijo “puede resultar arbitrario”.

  2. Dos fondos o fondos generacionales. Ve la propuesta como una solución intermedia mientras siguen suspendidos los fondos generacionales. Desde una perspectiva técnica, considera que estos suelen ser superiores porque reducen el riesgo gradualmente, evitan cambios bruscos y se ajustan mejor al ciclo de vida.

  3. La libertad de elección. Si las personas afiliadas pueden escoger fondo, existe el riesgo de que alguien de 63 años permanezca en un fondo agresivo, o alguien de 25 en uno excesivamente conservador. Por eso, “la educación financiera pasa a ser clave”.

Conclusiones y advertencias

Si se analiza solo el interés de las personas afiliadas, el autor estima que el impacto sería “muy favorable” para quienes tienen 25 años, por el mayor potencial de crecimiento del ahorro, y “solo favorable” para quienes tienen 63, por la mayor protección del capital acumulado. Desde una óptica técnica, considera que la propuesta de la SUPEN “parece avanzar en la dirección correcta”, aunque un sistema de fondos generacionales completos seguiría siendo “una solución más sofisticada”.

Sin embargo, advierte sobre la relación con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Según Durán Castro, se ha difundido la idea de que la tasa de reemplazo del IVM se complementa con la del ROP, “aunque así no fue la idea inicial”. Señala que, como consecuencia de las reformas recientes, las cohortes que se pensionan en estos años obtienen tasas de reemplazo menores que las de generaciones anteriores. Por ello, plantea que deben definirse reglas de transición que no afecten a las últimas cohortes de la generación baby boomer, que en su mayoría tienen una buena cantidad de cotizaciones y ya han pasado por cuatro modificaciones reglamentarias.

Sala Constitucional admite acción de inconstitucionalidad de AJA por falta de ajustes por costo de vida en pensiones del Magisterio Nacional

La Sala Constitucional admitió para su estudio la acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA). La acción cuestiona que un grupo de personas pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) no haya recibido ajustes por costo de vida en sus pensiones. La organización solicita que estas personas reciban la misma revalorización que se aplica a otras pensiones del mismo régimen.

Según informó AJA, la acción superó la fase de admisibilidad y el tribunal le dio el curso correspondiente para analizar el fondo del asunto. Como paso siguiente, se solicitarán los informes a las autoridades recurridas y se abrirá el espacio para las audiencias y consultas respectivas, antes de que se dicte la sentencia final. La Asociación considera la admisión “un paso fundamental para reivindicar un derecho jubilatorio”.

Pensiones congeladas y pérdida de poder adquisitivo

La acción se refiere a las personas pensionadas del RTR amparadas en las leyes 2248 y 7268. Según la argumentación de AJA, el congelamiento de estas pensiones provocó una pérdida de poder adquisitivo del 9,04 % entre 2021 y 2025.

AJA impugna los artículos 2 y 79 de la Ley n.º 7531, Reforma del Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional, por lo que denomina una “omisión relativa”. Según la organización, esa normativa contempla un mecanismo de actualización que no alcanza a todas las personas pensionadas del RTR, pese a que pertenecen al mismo régimen. La revalorización se ha aplicado a las personas jubiladas del RTR amparadas en la Ley 7531, pero no a quienes se jubilaron por las leyes 2248 y 7268. Para AJA, eso genera “una clara discriminación”.

La Asociación sostiene que la doctrina jurídica sobre los derechos jubilatorios establece que la revalorización por costo de vida es un derecho consustancial a la jubilación. Esa doctrina la incorpora como parte del núcleo de esos derechos.

Los fundamentos de la acción

La demanda plantea cuatro fundamentos centrales:

  • igualdad y no discriminación;
  • protección del derecho a la pensión;
  • cumplimiento de las obligaciones del Estado costarricense en materia de seguridad social, establecidas en convenios y otros instrumentos de derecho internacional que ha ratificado;
  • progresividad de los derechos económicos y sociales.

En materia de igualdad, AJA cuestiona que personas pertenecientes al mismo régimen reciban un trato distinto en la actualización de sus pensiones. Para ello invoca el artículo 33 de la Constitución Política y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, sostiene que el reajuste por costo de vida forma parte de la protección del derecho a la pensión que reconoce el artículo 73 constitucional, porque permite que la pensión conserve su capacidad para atender las necesidades de las personas jubiladas.

Un avance procesal, no una resolución de fondo

La organización aclara que la admisión de la acción es un avance procesal, pero no significa que la Sala Constitucional haya declarado inconstitucionales las disposiciones cuestionadas ni que haya ordenado ajustes en las pensiones. Su pretensión queda sometida al análisis del tribunal.

RENASES respalda a Rocío Alfaro Molina y exige su incorporación inmediata a la Junta Directiva de la CCSS

Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresa su respaldo pleno a la compañera Rocío Alfaro Molina, representante legítima del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y rechaza el desacato del Consejo de Gobierno y de la Presidencia Ejecutiva de la Caja frente a las resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan su nombramiento.

El respeto al Estado de derecho, las reglas de la representatividad de los sectores y los mecanismos de gobernabilidad de las instituciones públicas no pueden ser de acatamiento opcional.

Lo que exigimos:

  1. Al Consejo de Gobierno: acatar sin más dilación la sentencia de la Sala Constitucional y juramentar de inmediato a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como representante suplente del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, para el periodo 2026-2030.

  2. A la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la CCSS: no adoptar decisiones de fondo sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, la contratación de servicios privados de salud y las condiciones laborales del personal mientras la Junta no esté integrada conforme a la ley.

  3. A las autoridades competentes: hacer cumplir lo resuelto por la Sala Constitucional y aplicar las responsabilidades que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece para quien incumple una orden dictada en un recurso de amparo.

  4. A las organizaciones sociales, sindicales, cooperativistas, solidaristas, comunales y productivas del país: sumarse a esta exigencia en defensa de la CCSS y de la institucionalidad democrática.

Los hechos

9 de junio de 2026.
La Asamblea del Movimiento Sindical eligió por mayoría absoluta a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente ante la Junta Directiva de la CCSS.

24 de junio.
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento, a partir de un informe de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor. Alegó falta de formación económico-social, militancia política, vínculos familiares con personal de la institución y opiniones públicas de la compañera Alfaro sobre decisiones de la Caja.

12 de agosto.
El Consejo de Gobierno designó como representante sindical pro tempore a una persona que no fue electa por la Asamblea del Movimiento Sindical.

13 de agosto.
La Sala Constitucional, por unanimidad (sentencia 2026-031380), anuló el rechazo y estableció que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS impide al Poder Ejecutivo objetar o revisar las designaciones que hacen los sectores.

1º de setiembre.
La Sala suspendió cautelarmente el nombramiento temporal impuesto por el Gobierno.

25 de setiembre.
La Sala anuló en definitiva ese nombramiento y ordenó al Consejo de Gobierno tramitar el de Rocío Alfaro en un plazo máximo de ocho días.

8 de octubre.
El plazo venció sin que el Poder Ejecutivo cumpliera la orden.

Por qué nos pronunciamos

La representación pertenece a los sectores, no al Gobierno.
La Ley Constitutiva de la CCSS establece que la Junta Directiva se integra con representantes del Estado, del sector patronal y del sector laboral, y que estos últimos son electos por sus propias organizaciones. Al Poder Ejecutivo le corresponde formalizar esas designaciones, no escoger a quién le resulta conveniente o políticamente afín. Así lo ha dicho la Sala Constitucional en dos sentencias consecutivas.

Desobedecer a la Sala Constitucional rompe el orden constitucional.
Las resoluciones de la Sala son vinculantes para todas las autoridades públicas. Cuando el Gobierno decide qué sentencias cumple y cuáles no, deja de regir la ley y empieza a regir la voluntad de quien gobierna. Hoy es la representación sindical en la CCSS; mañana puede ser la de cualquier otro sector o institución.

Una Junta Directiva incompleta pone en riesgo a toda la población.
La CCSS enfrenta decisiones que afectan a millones de personas aseguradas y pensionadas: ajustes al régimen de pensiones, atención de las listas de espera, inversión en infraestructura y relaciones con proveedores privados de salud. Estas decisiones no pueden tomarse sin la voz de las personas trabajadoras que, con sus cotizaciones, sostienen la seguridad social.

El diálogo social requiere reglas que se respeten.
RENASES trabaja por un país donde los sectores sociales participen de manera efectiva en las decisiones públicas. La participación de los sectores en la Junta Directiva de la CCSS es uno de los mecanismos de gobernabilidad más importantes del país, y es una garantía establecida por ley, no una concesión del Poder Ejecutivo.

Nuestro compromiso

RENASES acompañará a la compañera Rocío Alfaro y al Movimiento Sindical en todas las acciones legítimas que emprendan para hacer valer su derecho y el de las personas trabajadoras a estar representadas en la conducción de la CCSS. La Caja es patrimonio de todo el pueblo costarricense, y su gobernabilidad se defiende respetando la ley.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES_Pronunciamiento_Rocio_Alfaro_CCSS.pdf

ACSS pide cuentas a la CCSS sobre aportes millonarios que hace el seguro de pensiones al seguro de salud

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta la quinta entrega de la serie que SURCOS viene publicando sobre sus gestiones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en torno a la situación del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). En la cuarta entrega, la organización dio a conocer su respuesta a un oficio de la Gerencia de Pensiones, en la que solicitó incluir a las personas pensionadas en la mesa técnica nacional y cuestionó la falta de análisis de sus propuestas sobre el IVM.

En esta ocasión, la ACSS se refiere al aporte que el IVM realiza al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) para cubrir la atención médica de las personas pensionadas. Según la organización, desde 2005 el IVM traslada al SEM no solo el 8,75% que le corresponde como fondo pagador, sino también el 5% del que la Ley N.° 6230 exoneró a las personas pensionadas del IVM, un monto que, en su criterio, debería cubrir el Estado. La ACSS estima que solo en 2024 ese traslado sumó cerca de ¢75.000 millones.

Por esta razón, mediante el oficio ACSS-009-2026 del 1 de setiembre de 2026, solicitó información y planteó varias peticiones a la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Hernández; al director jurídico, Gilberth Alfaro Morales; y al auditor interno, Olger Sánchez Carrillo. El comunicado incluye además las primeras respuestas recibidas de la institución.

A continuación, SURCOS comparte el comunicado completo de la ACSS.

Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) pide cuentas a la CCSS sobre aportes millonarios que hace el seguro de pensiones (IVM) al seguro de salud (SEM)

(Parte 5)

Esta publicación es la quinta entrega que continúa la serie publicada por SURCOS Digital en Parte 4, en la que se dio a conocer la respuesta enviada por la ACSS a un oficio de la Gerencia de Pensiones de la CCSS.

En la presente entrega la ACSS informa sobre la gestión realizada ante autoridades de la CCSS sobre el aporte que ha venido realizando el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Seguro de Enfermedad (SEM) correspondiente al costo de la atención médica de los pensionados. Sobre este asunto, la “Ley N°5905 Pensionados Protegidos por los Seguros de Enfermedad y Maternidad”, del 4 de mayo de 1976 dispuso que los pensionados y sus familiares económicamente dependientes quedarían cubiertos por el seguro de enfermedad y maternidad, financiándose de la misma forma que el seguro social obligatorio, solo que la pensión hacía las veces del salario, el pensionado las del trabajador y el Fondo que paga la pensión las del patrono. También estableció que, si se presentaba un déficit, éste sería cubierto por el Estado, con lo cual estableció una obligación para la CCSS de realizar un balance de sus ingresos y sus gastos.

Sobre el mismo asunto, el artículo 62 del Reglamento del SEM establece que el pensionado debe aportar un 5% de su pensión, el Fondo que paga la Pensión un 8,75% y el Estado como tal un 0,25%.

No obstante, para el caso de los pensionados de IVM la Ley n° 6230 de 2 de mayo de 1978 interpretó la Ley 5905 y exoneró del pago a los pensionados de IVM, estableciendo:

“Artículo 1°.- Interprétese en forma auténtica el artículo 2° de la ley número 5905 de 26 de mayo 1976, en el sentido que todos aquellos pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, quedan exentos de la contribución que al mismo se refiere, aun cuando reciban algún ajuste de pensión de otro régimen de pensiones, ya que existe para ellos el derecho a continuar recibiendo los beneficios médicos sin carga adicional alguna”.

Sin embargo, en el año 2005 la CCSS, en lugar de determinar el déficit de la Ley 5905 para facturarlo al Estado, lo que hizo fue modificar el artículo 3 del Reglamento de IVM, indicando que el costo de atención médica a cargo de los pensionados de IVM (exonerado por Ley N° 6230) lo pagaría el Fondo de IVM; o sea, que el IVM aporta no solo el 8,75% que ordena la Ley 5905, sino también el 5% que la Ley N° 6230 exoneró de pago y que más bien debió cobrarse al Estado.

Este asunto podría estar relacionado con el pago retroactivo que le hizo el IVM al SEM en el año 2017 y que, según los Estados Financieros de diciembre de 2017, es por un monto de ¢39.229,90 millones, de los cuales ¢27.097,4 millones son de principal y ¢12.132,5 millones de intereses.

Dado lo anterior, la ACSS envió una solicitud de información con el oficio N° ACSS-009-2026 de fecha 1 de setiembre de 2026, dirigido a la presidenta ejecutiva de la CCSS Señora Mónica Taylor Hernández, al Señor Gilberth Alfaro Morales, Director Jurídico y al Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS. A continuación, se transcribe el oficio ACSS-009-2026:

“1 de setiembre de 2026 ACSS-009-2026

Señora Mónica Taylor Hernández

Presidente Ejecutiva

Señor Gilberth Alfaro Morales

Director Jurídico

Señor Olger Sánchez Carrillo

Auditor Interno

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Asunto: Petición y solicitud de información sobre el aporte que hace el IVM al SEM para la atención médica de los pensionados de conformidad con la Ley N° 5905.

Distinguida Señora presidente ejecutiva, estimados señores director jurídico y auditor interno, reciban un cordial y respetuoso saludo de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS).

El motivo de este oficio es solicitar información de interés público de conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública, el artículo 10 de la Ley sobre la Regulación del Derecho a Petición y el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Como es del conocimiento de ustedes, la Ley N° 5905 “Pensionados Protegidos Seguros Enfermedad Maternidad” del 4 de mayo de 1976 creó el régimen de salud de los pensionados con protección familiar. Para financiar su costo el artículo 2 de esa ley ordena lo siguiente:

“ARTÍCULO 2.-Las cuotas y beneficios relativos a las personas tuteladas en esta ley, serán las mismas que rijan para los demás asegurados de la Caja, en el Seguro de Enfermedad y Maternidad, excepto que las cuotas de los pensionados se cobrarán sobre la cuantía de las pensiones y sus revalorizaciones y que no habrá pago de subsidio en dinero por tratarse de pensionados que no pierden su ingreso con motivo de la enfermedad. La cuota patronal será cubierta por el Fondo Nacional de Pensiones quien haciendo las veces de patrones, enterará a la Caja las cuotas correspondientes.

Si hubiere algún déficit, éste será cubierto por el Estado, el cual tomará los recursos de las rentas creadas por leyes anteriores para cubrir la cuota estatal y la cuota del Estado como patrono a la Caja Costarricense de Seguro Social.” (La negrilla se suple)

Posteriormente el Congreso de la República realizó una interpretación auténtica de dicho artículo (Ley N° 6230 Interpreta Ley 5905 de 26 de mayo de 1976 del 2 de mayo de 1978), eximiendo a los pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) el pago de la cuota, estableciendo textualmente lo siguiente:

“Artículo 1º.- Interprétese en forma auténtica el artículo 2º de la Ley número 5905 de 26 de mayo de 1976, en el sentido de que todos aquellos pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, quedan exentos de la contribución que al mismo se refiere, aun cuando reciban algún ajuste de pensión de otro régimen de pensiones, ya que existen para ellos el derecho de continuar recibiendo los beneficios médicos sin carga adicional alguna.” (Negrilla se suple)

Durante los primeros años hubo duda sobre lo que se entendía por “Fondo Nacional de Pensiones”, por lo cual la Presidencia Ejecutiva de la CCSS solicitó un pronunciamiento a la Procuraduría General de la República, la cual emitió el Dictamen C-242-86 del 2 de octubre de 1986, el cual adjuntamos y dice lo siguiente en sus conclusiones, dejando claro que el Fondo Nacional de Pensiones se refiere a cada fondo en particular, por ejemplo, el IVM, el Fondo del Poder Judicial, etc.

De importancia para el asunto que nos ocupa es destacar que, la Ley N° 6230 lo que hizo fue exonerar a los pensionados del pago de la cuota sin ordenar que el Fondo de IVM tuviera que pagarla en su lugar. Por el contrario, la interpretación auténtica de la Ley 5905 dejó vigente el último párrafo del artículo 2 de esta ley, que ordena que, si se presenta algún déficit, este será cubierto por el Estado, aspecto que fue observado en el ítem ch) de las conclusiones del Dictamen C-242-86.

En concordancia con lo anterior, el artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud dice lo siguiente:

“Artículo 62º. De las contribuciones.

Las contribuciones al Seguro de Salud, serán las siguientes:

(…)

2.- Sector Pensionados

a. Pensionados: 5.00% del monto de sus pensiones.

b. Fondo que paga la pensión: 8.75% del monto de las pensiones que paga.

c. Estado como tal: 0.25% del monto de las pensiones de todos los pensionados cubiertos por este Seguro.” (Se suple la negrilla)

Como queda claro, el Fondo que paga la pensión, lo que debe pagar es un 8,75%, que es la cuota que se compara a la cuota patronal que pagan todos los otros fondos de pensiones. Esto aplica para todos los Fondos, sea el IVM, el Fondo del Magisterio, el del Poder Judicial, y cualquier otro Fondo.

No obstante, lo anterior, durante muchos años el IVM le ha estado trasladando al Seguro de Salud (SEM) el 13,75% de cada monto de pensión y sus revaluaciones; es decir, está aportando el 5% que se le exoneró al pensionado, sin que exista una ley que ordene su pago al Fondo de IVM, evitando con ello que se produzca el déficit mencionado en el último párrafo del artículo 2 de la Ley 5905; es decir, dejando de cobrar al Estado esa obligación. Para la Auditoría Ciudadana esa actuación es a todas luces inconstitucional y violenta el principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública. Esa actuación significa a nuestro entender un desvío de fondos públicos prohibido en el artículo 73 de la Constitución Política y afecta aún más la solvencia actuarial del IVM.

Por ejemplo, en los Estados Financieros de IVM del 31 de diciembre de 2024, aparece un traslado hacia el SEM de ¢206.057.229.186,35 que corresponde a un 13,74% del gasto en pensiones sin aguinaldo de ¢1.499.448.777.076,97. Ello significa que solo en el año 2024 se trasladó del IVM al SEM un monto de ¢74.972.438.853,85 equivalente al 5% que la Ley 6230 exoneró de pago a los pensionados, traslado que presuntamente no tiene sustento legal y que en principio le corresponde pagar al Estado, pues obviamente la exoneración produciría un déficit al SEM cuya cuantía debe ser cubierta por el Estado por orden del artículo 2 de la Ley 5905 y por orden del artículo 73 de la Constitución, que dice: “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales”. Así mismo, el artículo 177 de la Constitución Política ordena que “Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado”, para cuyo cumplimiento la CCSS no puede arrogarse facultades que no están autorizadas y que el artículo 11 de la Constitución prohíbe, estableciendo que “ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.”.

Es claro que la CCSS está autorizada para definir los aportes del Seguro Social conforme al artículo 73 de la Constitución Política; sin embargo, la CCSS no está autorizada por la Constitución ni por ley alguna, a establecer las cuotas de otras modalidades de aseguramiento que no son del Seguro Social como es el caso del seguro de salud de los pensionados. En este sentido, que el Fondo del IVM aporte al SEM como cuota más que “las mismas que rijan para los demás asegurados de la Caja, en el Seguro de Enfermedad y Maternidad” es contrario al principio de legalidad y violenta el tercer párrafo del artículo 73 de la Constitución, que indica “No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros sociales.”.

Por todo lo anterior consideramos que lo incluido en el artículo 3 del Reglamento de IVM (Sesión N° 8009 del 17 de noviembre del 2005 y N° 8019 del 15 de diciembre del 2005), que indica “El costo del aseguramiento en el Seguro de Salud para los pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte será asumido en su totalidad por el Fondo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, la Junta Directiva será quien determine el porcentaje por aplicar con base en las recomendaciones actuariales” es inconstitucional.

Dado lo anterior, con todo respeto hacemos la siguiente petición y solicitud de información:

Primero. Se solicita copia certificada en formato digital con los acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS (Sesión N° 8009 del 17 de noviembre del 2005 y N° 8019 del 15 de diciembre del 2005) donde se ordenó que el Fondo IVM le pague al SEM el aporte (5% actual) que la ley N° 6230 exoneró de pago a los pensionados de IVM.

Segundo. Se solicita una copia en formato digital del estudio o documento que contiene las recomendaciones actuariales que tuvo a la vista la Junta Directiva de la CCSS en sesión N° 8009 del 17 de noviembre del 2005 y N° 8019 del 15 de diciembre del 2005 para decidir el “porcentaje por aplicar” del artículo 3 del Reglamento de IVM.

Tercero. Una copia en formato digital del criterio jurídico que tuvo a la vista la Junta Directiva de la CCSS sobre la legalidad de que el Fondo de IVM le pague al SEM el 5% de aporte del costo de la salud que la ley 6230 le exoneró de pago al pensionado de IVM en lugar de cobrarlo al Estado como dice el artículo 2 de la Ley N° 5905 cuando se produce el déficit y el artículo 177 de la Constitución y sin violentar el párrafo tercero del artículo 73 de la Constitución.

Cuarto. Se solicita el monto anual pagado por el IVM al SEM correspondiente a la exoneración hecha a los pensionados por la Ley N° 6230, desde el año que se inició su aplicación hasta el año actual. Así mismo, el monto de los ingresos de la inversión que esos fondos hubieran generado si no hubieran salido de las arcas del IVM usando la tasa media de rendimiento de las inversiones de IVM.

Quinto. Se solicita que se pida a la Junta Directiva que ordene que el monto resultante del principal y sus rendimientos del punto Cuarto anterior sea devuelto por el SEM a las arcas de IVM.

Sexto. Se solicita que se ordene la elaboración de balances actuariales anuales de ingresos y gastos desde la vigencia de la Ley 5905 hasta el año actual, excluyendo las sumas que el IVM le trasladó al SEM de cuotas exoneradas a los pensionados por la Ley N° 6230.

Sétimo. Se solicita que en el caso de que en algún año del ejercicio del punto Sexto anterior arroje un déficit, se le pida a la Junta Directiva de la Caja que proceda a cobrarlo al Estado de conformidad con lo ordenado en el artículo 2 de la Ley N° 5905.

Octavo. Se corrija desde ya la actuación de la CCSS de trasladar sin fundamento legal al SEM más del 8,75% sobre los montos de las pensiones que la ley y el Reglamento del SEM ordenan.

Notificaciones: Al correo acss.junio.2022@gmail.com

Sin otro particular, nos despedimos deseándoles muchos éxitos en sus funciones.

Atentamente,

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Dr. Alfredo Ramírez Montero, Lic. Jorge García Araya, M.Sc. Rodrigo Arias López”

En respuesta al oficio ACSS-009-2026, se recibieron los siguientes oficios de acuse y respuesta:

Don Gilberth Alfaro Morales, por medio de Dylana Jiménez Méndez, Jefe Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica, indicó:

“Al respecto, una vez revisado el contenido de la gestión planteada, se informa que los asuntos consultados versan sobre aspectos técnicos, financieros y operativos relacionados con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y su vinculación con el Seguro de Enfermedad y Maternidad, materias que se encuentran dentro del ámbito de competencia de la Gerencia de Pensiones de esta Institución.

En virtud de lo anterior, respetuosamente se informa que corresponde a dicha Gerencia conocer y atender la solicitud planteada, por tratarse de temas propios de su competencia técnica y funcional.

Lo anterior, sin perjuicio de que, de estimarse necesaria una valoración sobre aspectos estrictamente jurídicos relacionados con la materia consultada, la dependencia competente pueda requerir oportunamente el criterio de esta Dirección.” (Oficio GA-DJ-09281-2026 04 de septiembre de 2026; destacado es del original).

Doña Mónica Taylor Hernández trasladó el oficio ACSS-009-2026 a la Ingeniera Beatriz Guzmán Meza, Jefe SECRETARÍA JUNTA DIRECTIVA-1101, indicando: “Reciba un cordial saludo. Se traslada para su atención el oficio ACSS-009-2026, de fecha 01 de setiembre de 2026, remitido por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), mediante el cual solicita información relacionada con el aporte financiero de Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al Seguro de Salud.

Asimismo, se solicita, gestionar y brindar respuesta a la Asociación sobre lo planteado en los oficios de referencia, con copia a este Despacho.” (Oficio PE-4446-2026 del 08 de setiembre de 2026).

Del Señor Olger Sánchez Carrillo se recibió el oficio AI-1122-2026 del 9 de septiembre de 2026, sobre el cual estaremos informando en la siguiente entrega.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Lic. Carlos Eduardo González Arroyo

M.Sc. Rodrigo Arias López

Imagen con ilustrativos.

«La deuda del Estado con la CCSS tiene rostro y sufrimiento humano»: el testimonio de una paciente que no pudo hacerse un TAC

Maritza Rodríguez Soto, ciudadana costarricense, compartió con SURCOS un testimonio personal sobre las fallas de equipo e infraestructura que enfrentan las personas usuarias de la CCSS. Llama la atención en relación con el no pago de la deuda del Estado con la CCSS como causa de la situación.

Según relata, asistió al Hospital México a realizarse una tomografía axial computarizada (TAC); meses después, al no recibir los resultados, acudió a la Contraloría de Servicios de la institución, donde se le informó que el equipo había sufrido un desperfecto y que no existían imágenes del estudio.

Recientemente, al intentar realizarse nuevamente el examen en el Hospital de Heredia, se le indicó que el equipo de radiología también estaba averiado, y que debía esperar a ser referida a otro centro de la CCSS para completar el procedimiento. Rodríguez Soto hace un llamado a la ciudadanía a defender la seguridad social como un logro histórico, ante lo que considera un deterioro creciente de los servicios de salud pública.

Contexto

Este testimonio se suma a una serie de coberturas recientes de SURCOS sobre la situación financiera y de infraestructura de la CCSS: la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) ha documentado, en una serie de cuatro entregas, su intercambio con las autoridades de la institución sobre la crisis financiera del IVM y las listas de espera, señalando entre sus preocupaciones la escasez de médicos especialistas como causa fundamental de esas listas; UNDECA ha denunciado que el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 no resuelve la deuda histórica del Estado con la CCSS ni las obligaciones financieras del gobierno actual con la institución; y el Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago ha denunciado la situación crítica del Hospital Max Peralta, con una capacidad desbordada al 150% de su límite. El testimonio de Rodríguez Soto ilustra, desde la experiencia directa de una paciente, el tipo de afectación concreta que estas y otras organizaciones han venido señalando en sus denuncias institucionales.

ACSS informa sobre respuestas de Presidencia y de la CCSS a su solicitud de audiencia por crisis de pensiones y listas de espera

Comunicado de la ACSS

Esta es la segunda entrega de la serie iniciada con la publicación realizada por SURCOS Digital (https://wp.me/p6rfbZ-A2I), en la que se informó sobre la solicitud de audiencia presentada por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) a la presidenta de la República y a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. El propósito de dicha audiencia era exponer propuestas para atender los problemas financieros de los seguros sociales y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios.

El 30 de junio de 2026, la ACSS recibió, mediante un correo electrónico enviado por el Despacho de la Presidencia de la República, la siguiente respuesta:

“Reciba un cordial saludo. Brindamos acuse de recibo y damos por conocida su gestión. Dado que la misma está dirigida al ente competente de atender su gestión, a quienes igualmente les remitimos copia, para su debido seguimiento.

Gracias,”

A partir de esta respuesta, la ACSS interpretó que la Presidencia de la República no consideró necesario escuchar directamente la exposición de los motivos por los cuales la CCSS enfrenta serios problemas de financiamiento y de oportunidad en la atención médica, ni conocer de primera mano las propuestas planteadas por la ACSS para contribuir a su solución.

La ACSS respeta plenamente las decisiones del Despacho Presidencial; sin embargo, lamenta profundamente que no se haya atendido la solicitud de audiencia para presentar los hallazgos y propuestas.

Quedaba aún por conocer la posición de las autoridades de la CCSS. No obstante, transcurrieron 30 días naturales sin que se recibiera respuesta alguna. Por esta razón, la ACSS remitió un recordatorio mediante el oficio ACSS-008-2026, de fecha 30 de julio de 2026. En atención a dicha gestión, se recibió el oficio N.° PE-3997-2026, del 18 de agosto de 2026, cuyo contenido señala textualmente lo siguiente:

“PE-3997-2026

18 de agosto de 2026

Señores

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ACSS)

acss.junio.2022@gmail.com

ASUNTO: Atención Oficios ACSS-007-2026 y ACSS-008-2026

Estimados señores:

Reciban un cordial saludo. En atención a los oficios ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, y ACSS-008-2026, del 30 de julio de 2026, mediante los cuales solicitan un espacio de reunión para exponer diversos planteamientos y propuestas relacionados con la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las obligaciones del Estado, la disponibilidad de médicos especialistas y las listas de espera, entre otros asuntos.

Al respecto, se agradece el interés manifestado por esa organización en contribuir al análisis de temas relevantes para la seguridad social, así como su disposición al diálogo y a presentar sus planteamientos ante la Institución.

Debido a la naturaleza y amplitud de los asuntos expuestos, los cuales comprenden aspectos que requieren valoración y análisis técnico en materia financiera, actuarial, de pensiones y de prestación de servicios de salud, este Despacho considera oportuno que, como primera instancia, se propicie un acercamiento con las Gerencias y unidades correspondientes.

Por lo anterior, mediante oficio PE-3996-2026 del cual su organización recibió en copia, se han trasladado los documentos a la Gerencia Financiera, Gerencia de Pensiones, Gerencia Médica y Dirección Actuarial y Económica, con el propósito de que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados, valoren el espacio de reunión solicitado y realicen las coordinaciones correspondientes para su atención y respuesta.

Atentamente,

MSc. Laura Ávila Bolaños

Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL”

Así mismo, se recibió copia del oficio PE-3996-2026 indicado en el documento anterior, cuyo texto es el siguiente:

“PE-3996-2026

18 de agosto de 2026

Máster

Carolina González Gaitán, Directora

DIRECCIÓN ACTUARIAL Y ECONÓMICA-1112

Licenciado

Gustavo Picado Chacón, Gerente

GERENCIA FINANCIERA-1103

Doctor

Marvin Palma Lostalo, Gerente

GERENCIA MÉDICA-2901

Licenciado

Jaime Barrantes Espinoza, Gerente

GERENCIA DE PENSIONES-9108

ASUNTO: Traslado Oficios ACSS-007-2026 Y ACSS-008-2026

Estimados (a) señores (a):

Reciban un cordial saludo. Para su conocimiento, valoración y atención, se trasladan los oficios ACSS-007-2026, del 23 de junio de 2026, y ACSS-008-2026, del 30 de julio de 2026, remitidos por la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS), mediante los cuales dicha organización solicita un espacio de reunión para exponer diversos planteamientos y propuestas relacionados con la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las obligaciones del Estado con la Institución, la disponibilidad de médicos especialistas y las listas de espera, entre otros asuntos.

Considerando que los temas planteados comprenden aspectos de naturaleza financiera, actuarial, de pensiones y de prestación de servicios de salud que requieren del respectivo análisis técnico, se estima oportuno propiciar, como primera instancia, un acercamiento con las Gerencias y unidades competentes.

Por lo anterior, les solicito que, en el marco de sus respectivas competencias, analicen los planteamientos formulados por la ACSS y valoren la realización de un espacio de reunión con sus representantes, efectuando para ello las coordinaciones que correspondan entre las unidades involucradas.

Asimismo, se solicita gestionar y brindar respuesta a la Asociación sobre lo planteado en los oficios de referencia, con copia a este Despacho.

Atentamente,

MSc. Laura Ávila Bolaños

Jefa de Despacho, Presidencia Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

LAB/CGC

Anexo: ACSS-007-2026 y documento complementario

ACSS-008-2026”

La ACSS valora positivamente que la Presidencia Ejecutiva de la Caja haya trasladado la documentación a las Gerencias Financiera, Médica y de Pensiones, así como a la Dirección Actuarial, para su análisis y valoración. Asimismo, considera favorable que dicho traslado haya incluido tanto las propuestas planteadas por la ACSS como la solicitud de audiencia presentada, con el propósito de que las instancias competentes examinen su contenido y se pronuncien al respecto.

En una tercera entrega la ACSS se referirá a la respuesta recibida del Gerente de Pensiones, Lic. Jaime Barrantes Espinoza y otras acciones realizadas.

AUDITORÍA CIUDADANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Ivania Ramírez Maykal

Rodrigo Arias López

UNDECA: Debilitar a la CCSS llevará al país a una catástrofe de salud pública

Comunicado

UNDECA condena enérgicamente la política presupuestaria que golpea nuevamente a la institucionalidad pública y los servicios esenciales que recibe el pueblo costarricense.

El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 plantea una reducción global de ¢393 mil millones, con recortes que alcanzan áreas sensibles como educación y seguridad, en medio de una guerra de pandillas ligadas al narcotráfico.

Resulta particularmente grave que, mientras se recortan recursos y se debilitan servicios públicos, el Estado continúe sin asumir plenamente sus obligaciones financieras con la Caja Costarricense de Seguro Social.

La CCSS enfrenta enormes necesidades de inversión, listas de espera y miles de personas que requieren atención oportuna. Cada colón que el Estado deja de pagarle a la Caja significa menos capacidad para fortalecer hospitales, contratar personal, adquirir medicamentos, reducir listas de espera y garantizar atención digna.

No basta con la multimillonaria deuda acumulada con la CCSS: tampoco se presupuestan adecuadamente las obligaciones que corresponden al gobierno de turno.

UNDECA denuncia que esta política da continuidad al ataque contra la Seguridad Social iniciado durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Su influencia y línea política siguen presentes: recortar lo público, debilitar la institucionalidad y negar recursos a la CCSS. Las intenciones de debilitar y destruir a la Caja tendrán consecuencias gravísimas, de continuar por este camino, Costa Rica se encamina hacia una verdadera catástrofe de salud pública, con más deterioro de los servicios, mayores listas de espera y vidas humanas en riesgo.

Exigimos al Gobierno cumplir con sus obligaciones constitucionales y financieras.

¡La deuda con la Caja se paga!
¡La salud del pueblo no se recorta!
¡La CCSS se defiende!

UNDECA
72 años construyendo salud, dignidad y justicia social

Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago convoca a «Faroleada por la Salud y la Democracia» el 14 de setiembre

El Frente de Lucha por el Nuevo Hospital de Cartago invita a la ciudadanía a participar en la «Faroleada por la Salud y la Democracia», a realizarse el próximo 14 de setiembre en la Plaza Mayor (Parque Central) de Cartago, a partir de las 4:00 p.m.

Según el comunicado del Frente de Lucha, el evento busca alzar la voz en defensa de la salud y la democracia, ante lo que la organización considera intentos del gobierno actual de «socavar las instituciones democráticas» y ataques solapados a la seguridad social, entre ellos a la construcción del hospital cartaginés.

La movilización coincide con la tradicional recepción de la Antorcha de la Libertad y la Independencia, lo que —según la organización— añade un simbolismo particular a la fecha.

El Frente de Lucha denuncia nuevamente la situación del Hospital Max Peralta de Cartago, señalando que más de 600 mil usuarios de la región se ven afectados por una capacidad desbordada, que alcanza el 150% de su límite. A esto se suma, detalla la organización, la escasez de personal médico especialista, lo que provoca que el Servicio de Emergencias se encuentre habitualmente colapsado, además de una infraestructura que califican de crítica.

Bajo la consigna «Por la salud, por la democracia, por la salud democrática», la organización convoca a la concentración principal el 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, «por un nuevo hospital, por nuestros derechos, por un país democrático y solidario».

Organizaciones exigen al gobierno acatar fallo de la Sala IV sobre representación sindical en la CCSS

Un comité promotor integrado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, junto con cientos de personas y organizaciones firmantes, presentó ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un manifiesto y petición formal en defensa de la autonomía institucional y del respeto a la representación sindical legítimamente electa. El documento exige la juramentación inmediata de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical ante la Junta Directiva —cuya designación fue anulada por el Consejo de Gobierno pese a haber sido ratificada por la Sala Constitucional mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026— y el cese del nombramiento pro tempore de Roger Rivera Mora en ese mismo espacio.

SURCOS le invita a leer y compartir el documento que publicamos íntegro:

COMITÉ PROMOTOR DEL COMPROMISO POR LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PÚBLICA Y LA CCSS

MANIFIESTO Y PETICIÓN FORMAL

Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical

Señoras y señores

Junta Directiva

Caja Costarricense de Seguro Social

Presente

Asunto: Solicitud de respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación sindical legítimamente elegida

Quien suscribe, Vera Victoria Sancho Mora, portadora de la cédula de identidad número 104111454, actuando como persona autorizada por el Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, señala como medio para recibir notificaciones compromisoconlaccss@gmail.com y presenta formalmente ante esta Junta Directiva el siguiente manifiesto y petición, respaldados por las personas suscriptoras que se indican al final.

MANIFIESTO

Por el respeto a la autonomía de la CCSS y a la representación legítima del movimiento sindical

El Comité Promotor del Compromiso por la Defensa y el Fortalecimiento de la Salud Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social, conformado por Mujeres por Costa Rica, La RED por Costa Rica y La Caja es Nuestra, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, manifiesta su profunda preocupación y su firme rechazo ante la actuación del Poder Ejecutivo respecto al nombramiento de la representación del movimiento sindical en la Junta Directiva de la CCSS.

La Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma, construida durante generaciones con el esfuerzo solidario de las y los costarricenses. Su Junta Directiva responde a un modelo de representación democrática en el que participan el Estado, el sector patronal y las personas trabajadoras. Esta integración no es una formalidad: constituye una garantía para que las decisiones sobre la seguridad social no queden concentradas en manos del gobierno de turno.

El 9 de junio de 2026, la Asamblea del Movimiento Sindical eligió a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente, para el periodo 2026-2030. Sin embargo, el Consejo de Gobierno rechazó esa designación, a pesar de que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS establece que el Poder Ejecutivo no puede objetar los nombramientos efectuados por los sectores sindical y patronal.

La Sala Constitucional, mediante el voto n.° 2026-031380 del 13 de agosto de 2026, anuló por unanimidad el acuerdo del Consejo de Gobierno que rechazó el nombramiento de Rocío Alfaro. La resolución confirmó que el Poder Ejecutivo carecía de fundamento jurídico para desconocer la decisión adoptada por el movimiento sindical.

A pesar de ello, el gobierno nombró a Roger Rivera Mora como representante sindical pro tempore, y la Junta Directiva de la CCSS llegó a sesionar con su participación aun después de conocerse públicamente la resolución de la Sala Constitucional.

Lo ocurrido no puede considerarse un simple desacuerdo administrativo. Desconocer la elección realizada por el movimiento sindical, sustituirla por una persona nombrada temporalmente y prolongar esa situación después de una resolución constitucional constituye una grave injerencia en la representación legítima de las personas trabajadoras.

No corresponde al Poder Ejecutivo escoger cuál representación sindical le resulta conveniente. La persona que ocupa ese espacio debe ser elegida libremente por el sector al que representa.

La autonomía de la Caja se debilita cuando el gobierno pretende controlar o condicionar la integración de su máximo órgano de dirección. También se debilita cuando se desconocen las decisiones de los sectores representados y se retrasa el cumplimiento de las resoluciones de la Sala Constitucional.

PETICIONES

Por estas razones:

  1. Rechazamos cualquier intento del Poder Ejecutivo de intervenir en la elección de las representaciones sindicales ante la Junta Directiva de la CCSS.

  2. Exigimos el respeto a la decisión adoptada legítimamente por la Asamblea del Movimiento Sindical.

  3. Solicitamos la inmediata juramentación de Rocío Alfaro Molina como representante propietaria del movimiento sindical y el reconocimiento de Marta Rodríguez González como representante suplente para el periodo correspondiente.

  4. Demandamos que se deje sin efecto el nombramiento pro tempore realizado mientras exista una representación sindical legítimamente elegida.

  5. Exigimos el cumplimiento pleno y sin dilaciones de lo resuelto por la Sala Constitucional.

  6. Reafirmamos que la Ley Constitutiva, la autonomía y el modelo de representación democrática de la CCSS deben ser respetados por todo gobierno, independientemente de sus intereses o diferencias políticas.

Defender la autonomía de la Caja es defender la seguridad social, la democracia y el derecho de las personas trabajadoras a participar en las decisiones de una institución que pertenece a todo el pueblo costarricense.

La Junta Directiva de la CCSS toma decisiones que afectan la atención médica, las listas de espera, los medicamentos, las pensiones y la vida de millones de personas. Por eso, su integración no puede quedar sometida a la voluntad del Poder Ejecutivo.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales, comunales, académicas y profesionales, así como a todas las personas comprometidas con la seguridad social, a pronunciarse ante estos hechos y a defender la autonomía de la Caja.

La Caja está en el corazón de Costa Rica. Su autonomía, su carácter público y su conducción democrática deben ser respetados y defendidos.

Por lo anterior, solicitamos a la Junta Directiva de la CCSS que tenga por presentado este manifiesto, lo incorpore al conocimiento del órgano colegiado y atienda las peticiones aquí formuladas.

San José, Costa Rica, martes 1 de setiembre del 2026.

____________________________________

Vera Victoria Sancho Mora

Cédula de identidad 104111454

Persona autorizada por el Comité Promotor

Medio para notificaciones: compromisoconlaccss@gmail.com

Las personas abajo firmantes suscribimos y respaldamos este manifiesto y hacemos un llamado a defender la autonomía de la CCSS, el respeto a su integración democrática y el derecho de cada sector a elegir libremente a sus representantes, sin injerencias indebidas del Poder Ejecutivo.

Nombre Organización

Virginia Ramírez Cascante

Mujeres por Costa Rica

Eugenia Solís Umaña

Mujeres Por Costa Rica

Ana Isabel Chacón Mora

Observatorio GEMA

Sady Morales Zapata

 

Guillermo Vargas Solís

 

Patricia Salgado

La Caja es Nuestra (LCEN)

Francisca Raventos Vorst

 

Lena Mora Ordóñez

 

Laura Gómez Vasquez

 

Julia Vargas

 

María Cecilia Romero Aguero

 

Flor de María Monge Arroyo

RECOMM

Asdrúbal Duarte Esquivel

AJA

Christian Barrantes Herrera

SINASSASS

Mirna Infante Céspedes

 

María Flor Abarca Alpízar

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres en CR

Carmen Brenes Sáenz

Parlamento Cívico Ambuental

Ana María Botey Sobrado

Mujeres por Costa Rica

Guiomar del Rocío Martín Tedman

 

Paula Cordoba Zumbado

 

María Catarina Goldoni Ruíz

 

Lilliana Zeledon Cambronero

La Caja es Nuestra

Hannia Franceschi Barraza

 

Ana María Trejos Trejos

Red feminista contra la violencia hacia las mujeres

Sandra Isabel Jara Castro

 

Juan Carlos Cruz Barrientos

Independiente

Isabel Elizondo

 

Lucrecia Leiton Arias

La Caja es Nuestra

Abelardo Morales Gamboa

 

Yolanda Rojas Rodríguez

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Eugenio Chinchilla Miranda

 

Margarita Villalobos

 

Ivonne Durán Orozco

 

Marco Vinicio Fournier Facio

Red Naciomal por la Democracia

Nora Montero Quirós

 

Alejandra Marín Herrera

 

Jorge VINDAS

AFUP

Ana Chacón Mora

Observatorio GEMA

Roxana Vaglio Rivas

 

Adina Castro García

Unión Nacional de Trabajadores

Diana Fuster Baraona

 

Isabel Ducca Duran

 

Lízbeth Solano Alpízar

UTN y ASOINAMU

Herbert Chaves Sánchez

 

Janet Carrillo

 

Gerardo Cruz Zuchini

 

Marlene Rojas Valverde

 

Marta María Hernández Mendoza

CIUDADANA COMPROMETIDA.

Sandra Chacón Jiménez

Sindicato de Administradores y afines CCSS

Mar Fernanda Schifani García

 

Lorena Mora Rodríguez

 

Damaris Rodríguez Lara

Asociación rescate de la Zona Marítima Terrestre.

Albert Espinoza Sánchez

 

Gustavo Araya Martínez

 

Silvia Vindas García

 

Luís Fernando Mayorga Acuña

 

Isabella López Campos

 

Lucia Chaves

 

María Elena López

La Caja es Nuestra

Saray Elena Loáiciga Brenes

Universidad Nacional

Anabelle Aguilar Brealey

 

Jessica Succar

 

María Enriqueta Guardia Yglesias

 

Andrea Montero Váysque

 

Elizabeth Garbanzo Huertas

 

Kathia Ortega Borloz

 

Ana Virginia Granados Rojas

 

Andrea Sagastuy

 

Elizabeth Barrantes Garita

 

Emilia Mora

 

Karol Segura Obando

UNDECA

Denis Angulo Alguera

Partido Acción Ciudadana

Neddy Zamora

 

Denis José Angulo Alguera

Partido Acción Ciudadana

Evelyn Silva

La Caja es Nuestra

Carmen Carro Barrantes

Junta de Salud Carmen/Montes de Oca

Amelia Castells Solis

 

Priscilla García

 

Cristian Brenes P

 

Rebeca Brenes Roldán

 

Ana Hernández

 

Paula Isabel Salas Salinas

La Caja es Nuestra

Sonia Montero Díaz

CFIA

Alberto Salas Salinas

Frente Amplio

Luis Guillermo Fernández Valverde

 

Norma Guzmán Torres

 

Marcela Eduarte Rodríguez

 

Camille Haylock Facetti

 

Aleida Devandas Aguilar

Frente Amplio

Ana Patricia Sánchez Calvo

 

Marta Arroyo

Frente de Lucha por Nuevo Hospital de Cartago

Johanna María Méndez Trejos

 

María Eugenia Quirós Gamboa

Oficina de la Mujer

Virginia Borloz Soto

 

Priscilla Gutiérrez Castillo

 

Michelle Midence Araya

 

Socorro Vargas Araya

 

Mario Villalobos Arias

Centro de Amigos para la Paz

Carmen Ma Chacón Mora

 

María Lorena Molina M

 

Mario Céspedes Avalos

La Caja es Nuestra

Ana Lorena Camacho De la O

Colectiva Acción Feminista

Pablo Zúñiga Morales

 

Sagrario Agüero Badilla

FRENASS

Nubia María Cabrera Chaves

ANDE- COLYPRO- SINAPRO.

Kattia Isabel Castro Flores

 

Emilia Molina Cruz

 

Alicia Avendaño

Junta de salud de Hospital Nacional de Gereatria

Marta Iris Muñoz Cascante

SITRAJUD

Leda Sánchez Vindas

 

María Angelina Pérez Gutiérrez

 

Dr. Santiago Chaves Aguilar

Universidad de Costa Rica

Isabel Avendaño

 

Eugenia Salazar

 

Kinndle Blanco Peña

 

Edgar Miranda Molina

 

Ivette Guier Serrano

 

Roxana Rojas Campos

Asociación Desarrollo Integral Las Magnolias, Goicoechea

Shirley Unfried Acevedo

 

Gloria Salas Hernández

 

Habib Succar Guzmán

 

Rosanna Velit Suárez

 

Isabel Sánchez Cordero

 

Henry Mora Jiménez

 

Álvaro González V

Frente Amplio

Ana Elena Badilla Gómez

 

Rodrigo Jiménez

 

Zaida Camacho Aguilar

 

Diana Mora

 

Edwin Mora

 

Rosario Sánchez Barquero.

 

Alicia Cascante Mora

 

Georgina Hidalgo Rojas

Junta de Salud

Amalia Vargas Rojas

ANDE

Randall Cabrera Garita

Unión Médica Nacional

Luz María Elizondo Fallas

 

Sara Núñez Mata

 

Mary Alice Mora Jiménez

 

Patricia Barboza

 

Rosa Ramírez González

 

Sebastián Pérez Carmona

 

Mauricio M. Méndez Vega

 

Rafael Rivas Ducca

Frente Amplio Goicoechea.

William Castillo Elizondo

 

Irene Ulloa Golcher

 

Sergio Ortíz Pérez

ACOTEL

María Mora Moya

 

Amari López Lackwood

 

Teodora Tsijli

 

Melania Monge Rodríguez

Mujeres por Costa Rica

Rafaela Varela

 

Cintya Romano Dorado

 

Rosa María Mata Mora

Junta de Salud

Indira Jara Piedra

 

Gerardo Arias Elizondo

 

María Antonieta López Gómez

 

David Zúñiga Rodríguez

Junta de salud Carmen Montes de Oca. Unión médica nacional

Sergio Reuben-Soto

Pensionados en Acción

Jorge Cordero Rodríguez

 

Teresita Ramellini Centella

 

Nora

Colegio de Trabajadores Sociales

Elizabeth Gutiérrez

 

Anargeri Solano Siles

 

Mercedes Solano Rivas

 

Olga Castro Vargas

Junta de Salud Zapote Catedral

José Manuel Cerdas Albertazzi

 

Rodolfo Acosta Campos

 

Grace Redondo Vargas

 

Trilce Altamirano

 

Raúl Sánchez Alfaro

 

Miriam Sandí Murcia

 

Mary Mora Jiménez

 

Ligia Arias Alegría

 

Ana Lorena Jiménez Rivera

 

Katty León Obando

Consejo del distrito de Birrisito concejal

Hilda Gamboa Haeberle

 

Marjorie Smith Venegas

 

Gustavo Chen Quesada

S de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD)

Roxana Madrigal

 

Yamileth Achong Ching

 

Alberto Gómez Vargas

 

Carolina Leitón Rodríguez

 

Baudilio Mora Mora

 

Mario Leon Barth

 

Efraín ARTAVIA LORIA

 

Nydia Amador Brenes

Colegio de Médicos y Cirujanos

Gloria Navas

Defensa de la Democracia!!

Patricia Allen Flores

 

Sonia Sandi Zuñiga

SITRAJUD

Elías Jaén López

SITRAJUD Sindicato de trabajadores Judiciales

Teresita Arrieta Araya

 

Aura Hernández Rojas

 

Edgar Vargas Alfaro

 

Miguel. Cespedes Araya

Asoc de Desarrollo Integral. Barrio el. Bosque. Oreamuno

María del Rocio Hernández Moya

 

Luana María González Ibarra

 

Emiliano Céspedes Villalobos

 

José Pablo Chacón Fernández

 

Kattia Barquero Rojas

COOPETRAVEN R. L

Jorge Chaves Villalobos

 

Giohana Ibarra Salas

 

Luis José López Miranda

 

Yolanda Chaves Chaves

 

Rosa Brenes Roldan

Aliaxis Latinoamérica

Marjorie Monge Muñoz

 

Ana Moreira

 

Carlos Jaime Gutiérrez Trejos

ADIMAPLA

Yanderel Méndez Carvajal

 

Iarara Cruz Santos

SEC

Luis Guillermo Vargas Solis

 

Darcy Araya Solano

 

Anastasia Solano Sáenz

 

Argery Sánchez Hdez

 

Diana Masís Porras

 

Giancarlo Mathieu Jiménez

 

Vera Laura Rodríguez Fernández

 

Albin Chaves Matamoros

La Red por CR

María Ureña Gutiérrez

SEC, ANDE

Silvia Matamoros

 

Isidro Boniche Quiros

 

Patricia Francesa Blanco

SOCIPROT IVM

Pilar Vargas Ramírez

 

Adriana Jiménez Castro

ANPE

Luis Felipe Arauz Cavallini

 

Erick Sojo Marín

Radio Zurquí

Lucia Rescia

 

Yanira Solís Montero

ANDE Sindicato

Yamileth Duarte Esquivel

Seguimiento del Compromiso

Astrid Noffal Tassara

 

Paolo Duarte Sancho

 

Harold Hidalgo Umaña

SITRAS

Franklin Quesada Campos

Sindicato Salud y Seguridad Social

Fanny Calderón Contreras

 

Evelyn Flores Aguilar

Sindicato de la Salud y la Seguridad Social SISSS

María Trejos Montero

MTC

Édison Valverde Araya

Comunidad Buen Vivir

Isabel Avendaño-Flores

Facultad de Ciencias Sociales UCR

Jeyner Aguilar Bermúdez

Grupo sol P. Z.

Roslyn Badilla Sánchez

 

Sandra Cartin Herrera

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Ángelo Monge Montero

Fundación Nomada Costa Rica

Emmanuel Buitrago Páez

Frente Nacional de Pueblos Indígenas FRENAPI

Oscar Beita Quesada

Movimiento Ríos Vivos

ANDRÉS CASTILLO SABORÍO

 

Lilliana Sánchez Bolaños

RENASES

Félix López Zambrana

Asociación de Comunidades Unidas para la salud Guácimo

Maria Eugenia Villagra Jiménez

 

Patricia Carballo Villagra

 

Sergio Benach Carro

 

Edouardo Olmos Campos

 

Yadira Morales Chaves

 

Patricia Cordero Vargas

 

Ana Isabel Mora Vargas

 

Sary Montero

La Caja es nuestra

Alberto Salazar Rivera

 

Alejandra Cecilia López Siu

 

Alvaro Madrigal Arroyo

Movimiento Asambleas Populares

Carolina Somarribas Dormond

Asociación de Profesionales de la UNED (UNEDPRO)

José Ramírez Aguilar

Rompiendo Fronteras Costa Rica

Mercedes Arguedas Molina

 

Rafael Eduardo López Alfaro

Alianza por la defensa de la salud de Barva

Jerlyn Villegas Herrera

 

Gael Bejarano Villegas

 

Andrés Quiros Villegas

 

Luis Alberto Conejo Salas

 

Isabel Zúñiga Narváez

 

Liliana Chavarría Valerio

 

Anacristina Rossi

Frente Amplio

Mauricio Zeledón Leal

Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto

Andrea Álvarez Marín

PLN

Patricia González Ballar

 

David Ceciliano Chacón

 

Sharo Rosales Arce

Observatorio Medios de comunicación y género

Olman Bolaños Vargas

 

Ana María Méndez Villalobos

 

Ana María Arenas Romero

 

Leda Barquero

 

Yamileth González García

Colectivo Mujeres por Costa Rica

Jorge Manuel Moya Montero

Asociación Funcionarios Universitarios Pensionados

Neddy Zamora chacón

 

Luisa Yanory Moreira Jiménez

 

Ana Chacón

Observatorio de Género y Medios GEMA

Alexander Castillo Monge

Junta de Salud Área San Sebastián-Paso Ancho

Leda Patricia Montoya Calderón

 

Dulce Maria Guzman

La Caja es nuestra

Luis Carlos Bonilla Soto

 

Julia Henríquez

Julia Henríquez

María José Chaves Groh

CEFEMINA

José González Villalobos

ADIPA

Silvia Mora Quirós

Antes del ICE

Vínyela Devandas Brenes

FRENASS, La Caja es Nuestra

Ana Rosa Ruiz Faernández

 

María Treguear Lemo

 

Emma Zuñiga Valverde

 

Marcia Baraona

 

Adriana Laclé

 

Jesús Monge Chinchilla

 

Margarita Brenes Molina

Colectiva Autónoma por la resistencia social

Ana Luisa Cerdas Albertazzi

Junta de Salud de Santa Ana

Jiddu Rojas Jiménez

Encuentro Democrático

Ana Lucía Sanabria Jiménez

Sindicato de Trabajadores de la Salud SITRAS

Norma Hernández Ernst

 

Maria Elena Naranjo Leon

Sitras

Sonia Ulate Fallas

Partido Vanguardia Popular y Frente de lucha por el HMP

Luis Jonathan Fonseca Valerio

SIACCSS

Saúl Calderón Ramírez

 

Beatriz Castro Zúñiga

Agenda Cantonal de Mujeres Desamparadeñas

Karla Picado Granados

 

Andrés González Zamora

 

Nelson Espinoza Rodriguez

SITRAS

Ricardo Solano Madrigal

SINTAF

Simón Álvarez Viquez

SINTAF

Albertina Alfaro Chinchilla

REMISOD

Albino Aparicio Castro

SITRAS

Rebeca Vásquez Vargas

SINTAF

Ana Lucía Fonseca Ramírez

 

Amable Corrales Valverde

 

Adrián Quijano Centeno

Sintaf

Marta Arroyo Bonilla

Frente de Lucha proconstrucción Hospital Max Peralta.

Sonia Solís Umaña

 

Milagro Solis

Partido Pueblo Unido

Nidia Rivera González

 

Juan Carlos Bermúdez Barboza

Buen Vivir CR

Flory Isabel Meza Calvo

 

Magda Solis Alpízar

 

Ibux Sánchez Villalobos

 

Ana Lorena Marín González

ANDE

Ronulfo Morera Vargas

Buen Vivir-Costa Rica

Luis Paulino Vargas Solís

 

Roberto Cubillo Quesada

 

Ángel Ocampo Álvarez

Universidad de Costa Rica

Mayra Elena Rojas Alfaro

 

Ana Clemencia Araya Blanco

Junta de salud de Pital

Mayela Pérez Rodríguez

 

Marta Eugenia Picado Mesén

 

Fabio Enrique Delgado Hernández

Secretario director Colegio Abogad@s CR.

Marcos Chinchilla Montes

 

LILIANA MONGE SANCHEZ

UCR

MARTA CÉSPEDES SALAS

Junta de Salud

Julio Franceschi Castillo

 

Luis Roberto Zeledón Arias

ANEP

Elizabeth Murillo Ortega

 

Alejandra Franceschi Rojas

 

Seidy Salas Víquez

 

Rosa María Arce Madrigal

ANDE

Dania Fernández Sandí

ANDE PENSIONADOS

Ana Elena Arce Madrigal

 

Carolina Soto

Red de solidaridad con Palestina

Grettel Balmaceda García

 

Madeline Kiser

 

Elizabeth Del Río Rodríguez

SINTAF

María Mesén

 

José Gabriel Rivas Ducca

 

Manuel Jiménez Rodríguez

 

Zaida Camacho Aguilar

 

Lorena Marín Camacho

 

Luis A. Monge Arrieta

 

Pedro Salguero