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Costa Rica: un pueblo sin miedo

Escrito en 01/10/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Una diputada, de cuyo nombre no quiero acordarme, dijo que “la clase política no le tiene miedo al pueblo”, pues ahora es el pueblo quien no le tiene miedo a la clase política, al gobierno y a aquellos diputados y diputadas que están apoyando una negociación con el FMI, al estilo pordiosero, convirtiendo de nuevo al país en una “república bananera”, como en los tiempos de León Cortés – “cortés con los ricos y león con los pobres”.

Postrado, como un “siervo menguado”, este gobierno se deja imponer una agenda por parte del FMI, que crea las condiciones para el desmantelamiento institucional de la seguridad y bienestar social, que se ha obtenido a lo largo de nuestra historia republicana. Una afrenta a la celebración del Bicentenario de la Independencia.

Como en los tiempos del “Combo del ICE”, cuando el bipartidismo cerró filas para apoyar la privatización de esa insigne institución, hoy el pueblo se ha levantado y bloqueado puertos y ciudades, para decirle NO al servilismo y al sometimiento a los intereses privatizadores, que son los intereses más espurios y perversos de quienes solo piensan desde la billetera y no desde el corazón de la patria.

Este gobierno ha elegido el camino fácil de hipotecar el país, para que las nuevas generaciones tengan que cargar con su irresponsabilidad histórica de no propiciar salidas dignas, solidarias y justas a la crisis que estamos viviendo. O sea, sigue pateando la bola para no tener que asumir la responsabilidad histórica que le compete: pensar en el bien común y dejar de proteger a los sectores económicamente más poderosos de este país.

Para el presidente, según declaraciones dadas en Puntarenas este 30 de setiembre, solo hay dos alternativas: vender activos o poner más impuestos. Y como, supuestamente por ahora no se van a vender activos “rentables”, si no se aumentan los impuestos habría que sacrificar el empleo público, despidiendo trabajadores. Y el Ministro de la Presidencia, por su parte, aduce que la propuesta de impuestos pone a tributar a los que más tienen.

Ambos argumentos resultan una ofensa a la inteligencia y el sentido común. El ministro de Hacienda ha señalado que el impuesto a las transacciones bancarias significa el equivalente a un 20% del IVA, entonces se trata de un IVA con otro nombre, que lo tendrán que pagar todos los costarricenses. Lo mismo con el impuesto a los salarios y a las propiedades. Nuevamente, evade el gobierno la responsabilidad de poner a tributar a los que más tienen y cerrar la llave de la evasión, la elusión y las exoneraciones.

El pueblo haciendo uso de su sabiduría ha tomado la antorcha libertaria y se ha lanzado a las calles desafiando al COVID 19 y al gobierno. Son campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, entre muchos otros sectores.

Ellas y ellos, nos merecen el más digno reconocimiento y respeto. El movimiento social crítico y propositivo de este país, de mujeres y hombres libres, debería cerrar filas hoy alrededor de este movimiento, como se hizo en los tiempos del “Combo”.

Enviado por el autor.

Mujeres por Costa Rica hace propuesta para el eje de creación y protección de empleos

Escrito en 16/09/2020. Publicado en Derechos.

SURCOS recibió el siguiente documento como parte del proceso “Costa Rica escucha, propone, dialoga”:

Colectivo Mujeres por Costa Rica

I. LOS RETOS URGENTES DE LA ACTUAL COYUNTURA

Existe en el país una realidad de graves desbalances, desigualdades, fracturas y asimetrías, tanto en lo económico como en lo social. Ello debería conducir, por tanto, a replantearse a profundidad, su estilo de desarrollo y a visualizar esta pandemia como una oportunidad para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa y ambientalmente sostenible.

Es momento de tomar decisiones y medidas de corto plazo, pero con la mirada larga en el futuro. Hoy tenemos la oportunidad, como nación, de decidir y concertar una ruta de desarrollo centrada en el bienestar integral de todas las personas y futuras generaciones, o por el contrario salir de esta coyuntura con un país más desigual, excluyente, injusto y depredador del planeta.

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA PROPUESTAS

Garantizar la paz social y la construcción de acuerdos que permitan enfrentar la crisis con una democracia remozada, esperanzadora, innovadora y líder de un nuevo orden social.
Los recursos requeridos para atender la crisis sanitaria, evitar el hambre, dar auxilio a las personas más vulnerables y animar la recuperación económica, deberían ser financiados con aportes basados en la progresividad tributaria y muy particularmente con el aporte de aquellos sectores que pese a ser los de más altos ingresos y de mayor riqueza, aún no contribuyen de manera solidaria y transparente.
Reconocer los impactos e implicaciones diferenciadas del COVID 19 en mujeres y hombres, en la crisis de salud, así como en aspectos sociales y económicos, particularmente en el empleo y brecha salarial. Ello es necesario para brindar respuestas que comprendan las dinámicas de género, especialmente en relación con oportunidades e igualdad salarial por el mismo trabajo, así como en la corresponsabilidad social de los cuidados.
Brindar especial atención a grupos de mujeres vulnerables que están recibiendo el impacto mayor de la crisis, tales como las mujeres trabajadoras del sector servicios, sector sanitario, trabajadoras domésticas y del sector informal, muchas de las cuales son mujeres migrantes.
Incorporar a las mujeres y la perspectiva de género en la gestión de las propuestas ante la crisis del coronavirus, en todos los ámbitos: prevención, recuperación y protección social y económica.

II. LAS PROPUESTAS

1. Promover y proteger el empleo de las mujeres a través del impulso a la soberanía alimentaria y nutricional.

La situación ambiental, así como el comportamiento errático y concentrador de los mercados internacionales de alimentos, demanda que el país anime políticas nacionales de soberanía alimentaria y nutricional, reconociendo a las mujeres como productoras relevantes, para lo cual se les debe garantizar el derecho al uso y a la propiedad de la tierra, al financiamiento, la asistencia técnica y la capacitación para que sus emprendimientos sean rentables y sostenibles. Para ello se debe:

a. Apoyar a las mujeres que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras – incluidas muy particularmente las molusqueras- reconociendo su significativo aporte a la producción alimentaria ambientalmente responsable. Para ello debe asegurarse que la participación de las productoras rurales en el desarrollo sostenible se acompañe con implementación de asistencia técnica que les permita incrementar su capacidad de innovación y rentabilidad, con instrumentos crediticios que adecuados para obtener financiamiento y hacer frente a sus deudas, proteger sus bienes, garantizar el acceso a recursos productivos, en especial la propiedad de la tierra; así como propiciar la apertura de nuevos mercados a nivel local, regional, nacional e internacional que les permita establecer vínculos innovadores con consumidores y en particular a través de plataformas digitales en un marco de comercio justo y eficiente.

b. Todo ello a través de la promoción de formas organizativas propias de la economía social solidaria, organización comunitaria y la gobernanza para la innovación social.

2. Establecer programas y mecanismos de crédito para las mujeres emprendedoras.

Para ello el Sistema Bancario Nacional, Banca de Desarrollo e INFOCOOP deben:

a. Abrir líneas de crédito específicas para mujeres emprendedoras (micro, pequeña y mediana empresa) individuales o en formas asociativas en diferentes ramas de la actividad productiva con tasas de interés preferenciales y períodos de gracia mientras sus emprendimientos generan ingresos estables.

b. Acompañar estas líneas de crédito con capacitación y asesoría para la producción, la agregación de valor y la comercialización de sus productos y servicios.

c. Flexibilizar, simplificar y agilizar los trámites para acceder a dichos recursos.

3. Recuperar pymes y empresas de la Economía Social Solidaria (ESS) de las mujeres.

En vista de que, en la coyuntura de la pandemia, se ha visto claramente afectado el tejido empresarial nacional, las mujeres emprendedoras han sido fuertemente afectadas y hoy han tenido que cerrar o bien reducir sus actividades generadoras de bienes y servicios. Es fundamental su recuperación para a su vez recuperar y proteger el empleo. Por tanto, se propone:

a. Que el Sistema Bancario Nacional y los diferentes organismos y programas que ofrecen recursos a la actividad productiva establezcan programas de préstamos blandos a pymes y empresas de economía social solidaria para capital de trabajo, con tasas subsidiadas, períodos de gracia de hasta un año, estableciendo la condicionalidad de que se mantenga o amplie la empleabilidad que estos emprendimientos ofrecen.

b. Impulsar la modernización de pymes y empresas de ESS con programas de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables a través de convenios con las Universidades Públicas y el INA.

c. Asesorar y acompañar encadenamientos productivos entre sectores de la economía nacional y muy particularmente con el turismo hotelero como un mecanismo de lograr desarrollos locales y regionales.

4. Protección del empleo y garantía de los derechos laborales de las mujeres.

Como lo registra el último corte de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INEC las mujeres han sufrido un incremento mayor en el desempleo a lo que ha impactado a los hombres, por tanto, si bien es cierto hay que proteger en su conjunto el empleo, es necesario actuar con especial atención en la protección y garantías laborales de las mujeres. Para ello se propone:

a. Que en los programas de salvamento a las empresas se condicione la restitución de los empleos suspendidos por la pandemia sin deteriorar las condiciones contractuales previas, así como el compromiso de crear nuevos puestos laborales atendiendo las condiciones legales establecidas en nuestro país.

b. Fortalecer la inspección laboral desde el MTSS para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en todos los sectores laborales: monocultivos, plantaciones, industria, servicios, trabajo doméstico, entre otros.

c. Crear un seguro de desempleo como parte de la seguridad social que permita un ingreso mínimo vital ante contingencias y crisis.

d. Crear un mecanismo que permita garantizar los derechos laborales, conforme las leyes nacionales, a personas trabajadoras de las plataformas digitales.

e. Rechazar el expediente 21182 que tiene como propósito flexibilizar y extender las jornadas laborales a 12 horas, ya que implica una sobrecarga de trabajo para las mujeres, atenta contra los Derechos Humanos, el Código de Trabajo y la Constitución Política. (Título V. Artículo 58).

5. Garantizar que las mujeres del sector informal puedan transitar hacia un trabajo formal: pescadoras artesanales trabajadoras domésticas, vendedoras ambulantes, mujeres con discapacidad y madres de personas con discapacidad, artesanas y en general todas las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Para ello se propone:

a. Formalizar sus actividades económicas bajo formas asociativas de la ESS, asegurándoles financiamiento y capacitación.

b. Impulsar el surgimiento de nuevos servicios estables y con una remuneración digna vinculados a sus actividades informales. Así por ejemplo, para el caso de las trabajadoras domésticas es posible animar iniciativas empresariales bajo modelo cooperativo autogestionario para el desempeño de un trabajo doméstico altamente especializado, orientado al mercado diversificado no tradicional, asegurándoles todos los derechos laborales; para las mujeres vendedoras ambulantes y patentadas con puestos en calle se propone desarrollar un mercado cooperativo de productos al por mayor y a bajo costo; para las mujeres con alguna discapacidad o madres de personas con alguna discapacidad, un mercado cooperativo de productos y equipo a bajo costo.

c. Incluir dentro de estas iniciativas también a las mujeres migrantes.

d. Desentrabar y simplificar trámites y plazos que limitan la generación de empleo y su funcionamiento óptimo.

6. Ampliar y extender la seguridad social a mujeres vulnerables en informalidad.

Otorgar pensiones del Régimen No Contributivo a mujeres adultas mayores que se encuentren incorporadas a actividades informales así como desarrollar alternativas de cuotas de seguridad social con una base mínima contributiva.

7. Fortalecer los sistemas de cuido que aseguren condiciones adecuadas de integración de las mujeres al mercado laboral y al sistema educativo.

Para ello se propone:

a. Avanzar en el diseño, institucionalización, y ejecución del Sistema Nacional de Cuido de alta calidad como parte de la Seguridad Social, con financiamiento solidario y con alternativas de copago para aquellas familias que cuenten con recursos para ello.

b. Promover el Proyecto de Ley de Creación del Sistema Nacional de Cuidados. Exp N.º 21962

c. Implementar medidas de corresponsabilidad social de los cuidados, compartidos entre instituciones del Estado, empresas, hombres y mujeres.

d. Visibilizar y retribuir de manera justa las actividades de cuido con salarios dignos, seguridad social, profesionalización y mayor calificación.

8. Sobre el trabajo en el sector de la cultura.

Las personas trabajadoras de la cultura, en las diferentes disciplinas, han tenido que poner en pausa sus diversas actividades y espacios laborales. Pese al impacto que han sufrido, su histórica situación crítica no ha sido visibilizada ni valorada. Es, por tanto, un sector que requiere una atención particular que les permita a personas trabajadoras de arte y cultura tener un trabajo decente, con todas las garantías laborales y de seguridad social. Para ello se propone:

a. Crear e impulsar emprendimientos culturales, individuales y colectivos.

b. Crear un fondo no reembolsable para capital semilla para emprendimientos culturales y de turismo cultural, tanto individuales como colectivos-asociativos.

c. Crear paquetes culturales y espectáculos de entretenimiento articulados a los paquetes turísticos, con ventas previas.

d. Mayor profesionalización de personas trabajadoras del arte y la cultura con espectáculos de entretenimiento de alta calidad.

e. Instaurar espacios culturales regulares, en las comunidades y a nivel nacional, como parte del rescate de la cultura local y del patrimonio cultural.

f. Crear un plan de acompañamiento en la creación de estrategias de captación de nuevos públicos y promoción cultural.

g. Crear espectáculos de interés cultural local en coordinación con Gobiernos locales.

h. Promover e instaurar una campaña apoyo a las personas trabajadoras de la cultura local y nacional

i. Establecer alianzas público-privadas donde el servicio artístico profesionalizado sea un medio de difusión cultural a nivel nacional e internacional.

j. Considerar la particularidad de las personas trabajadoras de la cultura, para garantizar su acceso permanente al Sistema de la Seguridad Social nacional.

9. Sobre el trabajo en el Sector Público.

Desarrollar un sistema de empleo público basado en el mérito y la profesionalización, en la evaluación de desempeño, con sistemas de selección, promoción y remuneración ordenados y transparentes como soporte de la calidad, oportunidad y capacidad de generación de valor público del Estado y sus diversas instituciones tanto en tiempos ordinarios como en periodos de crisis.

La pretendida venta de FANAL: un verdadero despropósito

Escrito en 02/08/2020. Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Felipe Arauz, exministro de Agricultura y Ganadería

Está en el tapete la discusión sobre la posible venta de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). Esa intención parte de la premisa equivocada de que la FANAL deja pérdidas. Todo lo contrario, la FANAL no solo no deja pérdidas, sino que ayuda a programas de apoyo al sector agropecuario, a la seguridad social, y a otros programas estatales. Para entender las consecuencias de dicha venta, es necesario conocer el aporte concreto de FANAL y la naturaleza de sus deudas.

Relación del CNP con la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). El CNP recibe la mayor parte de su financiamiento a partir de su propia actividad. Solo en casos excepcionales ha recibido ingresos a partir del presupuesto del Gobierno Central. Una de las fuentes de financiamiento es la transferencia de fondos de la FANAL al CNP, gracias a la cual se están desarrollando diversos programas de semillas, estudios de mercado y capacitación en temas de valor agregado en particular para el sector agroalimentario, y asesoría a las Ferias del Agricultor en temas de mercadeo y manipulación de alimentos entre otros. Estas transferencias de FANAL al CNP fueron del orden de ₡3.500 millones en 2019. Las proyecciones para este 2020 son todavía mayores, pues a la mitad del año ha trasladado ya ₡2.600 millones.

Si bien el principal papel de la FANAL es proveer de recursos al CNP, también hace un aporte muy importante a la salud del país, al proveer al costo el alcohol que utiliza la Caja Costarricense de Seguro Social. El papel estratégico de FANAL como proveedor de alcohol para fines sanitarios quedó patente en la presente pandemia.

Costo de la FANAL para el Estado costarricense. La FANAL no le cuesta nada al Estado costarricense. Por el contrario, la FANAL no solo cubre sus gastos operativos, sino que aporta al fisco en impuestos alrededor de 11 mil millones de colones por año, más de lo que le generaría la venta de sus activos, cuyo valor ha sido estimado en 10 mil millones según el anterior ministro de Hacienda. Claramente, la venta de FANAL no viene a resolver los problemas fiscales, pero, con una facturación anual de 45 millones de dólares, la FANAL resulta un negocio lucrativo y, por ende, codiciado por algunas empresas, las cuales no tendrían interés alguno en el beneficio social de la fábrica. Por eso, parece que más que una necesidad de vender la FANAL, lo que hay es un interés de algún grupo empresarial por comprarla, porque el negocio es sumamente lucrativo: alguna empresa hará negocio, pero no habrá beneficios ni en lo fiscal ni en lo social.

La deuda de FANAL y por qué no se resuelve con la venta. De acuerdo con informaciones que han circulado, la FANAL adeuda 21 mil millones de colones en impuestos, incluyendo lo adeudado a Hacienda, INDER e IFAM. Las deudas tributarias de FANAL no tienen origen en que la FANAL dejara de pagar impuestos (ya dijimos que aporta al fisco 11mil millones de colones al año), sino en diferencias de cálculo sobre las bases imponibles de los impuestos que ya hoy día paga la FANAL. Es por eso por lo que estas diferencias han sido judicializadas a efectos de que sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que dilucide la controversia entre instituciones del Estado. Mientras el Ministerio de Hacienda recientemente ha dado la razón a FANAL en cuanto a la metodología del cálculo de los impuestos, el INDER y el IFAM insisten en llevar su cálculo a la vía judicial. Sin embargo, estas diferencias se han acumulado durante aproximadamente 20 años y más de 5 gobiernos que no han logrado poner fin a la controversia tributaria entre FANAL, el INDER y el IFAM. En todo caso, se trata de una deuda de una institución estatal con otras, y su resolución no aporta nada al Estado como un todo.

Por otra parte, quien compre la FANAL debe asumir las deudas, a menos que se pretenda que se venda libre de deudas, y que el Estado las asuma (lo cual sería una tontería, si no un acto de corrupción), o que se condonen, en cuyo caso sería mejor condonarlas a la FANAL actual para que siga cumpliendo con su aporte social y fiscal como lo hace ahora.

Quien compre FANAL dispondrá de mecanismos para eludir impuestos. Uno de los compradores que más se ha mencionado está en la lista de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias; obviamente este comprador no aportaría nada al fisco. Otro mecanismo sería exportar los licores, ya que el impuesto se aplica a lo que se venda en el territorio nacional. Estas situaciones tendrían una consecuencia fiscal negativa inmediata, pero también resultaría en un tema sanitario. Recuérdese el problema que hubo el año pasado con aguardientes importados que estaban adulterados con metanol, lo cual resultó en varias intoxicaciones. Eso no ocurrió con los productos de FANAL, los cuales, en su franja comercial de licores corrientes (aguardientes), han sido reconocidos por su pureza y calidad. También la CCSS dejaría de recibir alcohol al costo para sus fines medicinales.

Es necesario fortalecer la FANAL. En resumen, la venta de FANAL solamente dejaría pérdidas al Estado costarricense en lo económico, lo social y lo sanitario. Para que siga generando los beneficios ya descritos, es necesario que FANAL siga siendo parte del Estado costarricense. Deben explorarse formas creativas de resolver sus problemas y mejorar su gestión ante los nuevos desafíos que enfrenta el sistema agroalimentario nacional. Por ejemplo, en el corto plazo podría pensarse en mejorar su gestión para que expanda su negocio manteniendo el mercado local de aguardientes, seguir en la rentable línea de mezclados (tipo Chile Guaro) e incursionar en mercados de exportación. En el mediano plazo, la FANAL debe volver a destilar para agregar valor a la melaza de los productores de caña de zonas aledañas (CoopeVictoria, por ejemplo) y luego a los subproductos de la destilación como las vinazas, bajo un enfoque de biorrefinería para generar energía y otros bioproductos de alto valor que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

Terminamos diciendo que este no es un tema ideológico de defender a ultranza instituciones del Estado, como sí parece serlo el trasfondo de su pretendida venta. Es un tema práctico: poner en la balanza un excelente negocio que va en el mejor interés de Costa Rica versus un negocio privado que a casi nadie beneficia.

Que la crisis del Covid-19 no se convierta en una crisis alimentaria

Escrito en 01/08/2020. Publicado en Análisis, Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

German Masís

La CEPAL y Oficina Regional de la FAO han hecho un llamado a los países latinoamericanos y del Caribe para evitar que la crisis del COVID-19 se transforme en una crisis alimentaria.

Estos organismos han presentado un análisis acerca de las vulnerabilidades socioeconómicas y alimentarias de los países y de las medidas aplicadas por éstos para atenuarlas, a la vez que han recomendado la adopción de un conjunto medidas urgentes para evitar la crisis y fortalecer la lucha contra el hambre.

Se considera que los efectos negativos de la actual crisis del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria serán desiguales y más intensos en el caso de las regiones y los grupos poblacionales que parten de una situación de mayor vulnerabilidad (FAO, Boletín junio, 2020).

En el caso de Costa Rica, es posible establecer algunas vulnerabilidades ligadas al sistema de distribución de alimentos, a los trabajadores que participan en el sistema, además de vulnerabilidades ligadas a la condición socioeconómica de la población.

Tomando como punto de partida que el país ha mantenido funcionado sus mercados con relativa normalidad y de que los riesgos de desabastecimiento alimentario han sido limitados, se puede establecer que se han presentado algunas interrupciones en la operación de las cadenas internas de comercio y también en la cadena regional, con el cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica para el transporte de carga.

En el ámbito de los trabajadores vinculados a los sistemas alimentarios, se indica que dado que la agricultura es intensiva en mano de obra (este sector involucra un 11,7% de la población ocupada), frente al COVID-19, los trabajadores de todos los eslabones de la cadena están expuestos desde el punto de vista tanto físico como económico.

En las empresas productoras y exportadoras de alimentos en sus fases de transformación y empaque como ocurrió en la zona norte, el riesgo de contagio aumenta por la mayor proximidad física entre personas requerida para llevar a cabo las actividades y la necesidad de trabajar in situ.

Los trabajadores de los mercados mayoristas y minoristas (ferias, mercados y supermercados) siguen trabajando en una situación de alto riesgo de contagio y sus sueldos no compensan ese mayor riesgo y, en el caso de los repartidores de comida a domicilio, los ingresos también son bajos y la informalidad es elevada.

Mientras tanto, en la producción agrícola familiar y de pequeñas fincas, los trabajadores requieren un nivel de proximidad física con otras personas para llevar a cabo sus tareas; dichas tareas asociadas no pueden realizarse de forma remota y por ello los trabajadores siguen circulando e interactuando entre sí, incluso en los periodos de fuerte confinamiento.

Durante la pandemia, han ingresado a todas las ciudades de la Gran Área Metropolitana y centros poblados de las demás regiones, camiones con alimentos producidos por miles de agricultores y pescadores artesanales, que llegan finalmente a las mesas de los consumidores costarricenses.

Ellos se podrían haber refugiado en sus casas para evitar el contagio, pero optaron por no detener su actividad. Es paradójico que la inseguridad alimentaria y la pobreza estén presentes en la gran mayoría de los hogares de estos agricultores, que no tienen derecho a la seguridad social, vacaciones o acceso a servicios de salud, además de que los trabajadores agrícolas presentan altos niveles de informalidad y sus ingresos son inferiores al promedio del empleo no calificado.

Con respecto a las vulnerabilidades socioeconómicas, teniendo en cuenta que la línea de pobreza extrema se determina a partir del costo de la canasta básica de alimentos, las personas que se encuentran por debajo de esta línea no cuentan con ingresos suficientes para cubrir los costos básicos de alimentación. Esto significa que la caída económica pronosticada para este año (un 3.6%) repercutiría directamente en la seguridad alimentaria de miles de personas y que el hambre se deriva de la pobreza (en particular, de la pobreza extrema).

Esto indica que el nivel de pobreza del país que asciende al 21%, involucrando a 336.845 hogares y la pobreza extrema que representa un 5.8% y 93.542 hogares (INEC,2019), podrían aumentar, si se cumple el pronóstico de la CEPAL de que debido a la pandemia la pobreza en Costa Rica podría tener un crecimiento de 3 puntos porcentuales, es decir alcanzaría el 24% como mínimo.

En el país, la pobreza y la pobreza extrema han tendido a ser más elevadas en las zonas rurales, pero también la informalidad del empleo y el bajo acceso a redes de protección social, lo que genera una situación de gran vulnerabilidad. De manera que si la pobreza es del 24.2% en las zonas rurales (19.8% en las zonas urbanas), con los mayores niveles en las zonas Brunca y Pacífico Central, con el 30.3% y 29.8% respectivamente, el deterioro de la pobreza podría ser aún mayor en ellas y el efecto sobre la inseguridad alimentaria también.

La incidencia de la pobreza no solo es mayor entre las personas que viven en áreas rurales, sino también entre niños, adolescentes y jóvenes; indígenas; mujeres en edad de trabajar; personas con niveles educacionales más bajos, y quienes no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

La pobreza rural se ha asociado tradicionalmente con la existencia de un gran contingente de pequeños productores agrícolas de baja productividad, con poca tierra y de baja calidad, y acceso limitado a bienes públicos.

Según la información de las organizaciones agrícolas, se estima que este sector se compone de entre 78 mil y 90 mil productores, a las que hay que agregar alrededor de 10 mil pescadores artesanales que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar representa, más de 50 mil pequeñas fincas y el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (Red Agricultura Familiar, 2017). Los trabajadores agrícolas por cuenta propia y sus familiares no remunerados, en su mayoría agricultores familiares, tienen el nivel más bajo de ingresos de las diferentes categorías de inserción laboral en las zonas rurales.

Estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción nacional de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G.2018, p.229).

La FAO y la CEPAL han realizado un registro de las medidas de política aplicadas por los Gobiernos para enfrentar la emergencia en el sector alimentario y en los territorios rurales de la región (FAO/CEPAL, 2020). Entre dichas medidas, se destacan:

La implementación de políticas macroeconómicas y sectoriales para estabilizar la economía y apoyar a los sectores productivos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, de modo que se asegure la disponibilidad de alimentos. Las medidas incluyen refinanciamiento, reducción o postergación de pagos, disminución de impuestos, flexibilización de contratos y aplicación de subsidios.

En nuestro país, se aprobaron medidas para que los bancos de brindarán una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores (Alterdes, cr,2020), medidas que ahora se solicita prorrogar por 3 meses adicionales.

El Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE) efectuó una condonación de obligaciones financieras de primer piso que mantienen con esa entidad para 2.705 microproductores y pequeños y medianos productores agropecuarios de las diferentes zonas agrícolas del país

Por su parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) otorgó una Moratoria en el pago de capital e intereses por hasta 6 meses en créditos con recursos del SBD para empresas con grave afectación económica y un período de gracia de hasta 12 meses en el pago de capital de operaciones financiadas con recursos del SBD para empresas con mediana afectación económica. También brinda refinanciamiento de operaciones de crédito con recursos del SBD para capital de trabajo de emergencia y fondos no reembolsables para 200 pequeñas y medianas empresas (pymes). (FAO, Boletín, 2020)

A nivel institucional se ha dado la creación de equipos de trabajo del Sector Agropecuario para superar la emergencia, compuestos por los Ministerios de Agricultura y Ganadería, el Consejo Nacional de Producción, el Instituto de Desarrollo Rural y otros organismos como el PIMA, el SENARA, la FAO, el (IICA) y el banco de alimentos.

En la adaptación de la logística de las cadenas de suministro y para que la agricultura siga funcionando han sido importantes las siguientes medidas: la adopción de nuevos protocolos sanitarios; la capacitación de la fuerza de trabajo, el ajuste del nivel de funcionamiento en las plantas agroindustriales, la reprogramación de siembras y cambios en la elección de rubros productivos, entre otras. Estas medidas han sido dirigidas a todo tipo de empresas, incluidas las fincas de la agricultura familiar.

También ha sido importante la articulación de los actores en redes y el fomento del comercio digital y otras opciones de circuitos cortos de comercio. En este sentido, se han establecido mercados virtuales institucionales en el Ministerio de Agricultura y en el Instituto Nacional de Aprendizaje) INA), así como mercados virtuales locales en Pérez Zeledón y la zona de los Santos.

En el reforzamiento de los programas de seguridad alimentaria estatales con el apoyo de organismos de las Naciones Unidas, se ha mantenido el programa de comedores escolares, mediante la distribución directa de bolsas de alimentos dirigidos a la población estudiantil más vulnerable, a la que se han efectuado 5 entregas de alimentos.

Ligado a la distribución de alimentos a los comedores escolares, es necesario mencionar la labor del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que ha organizado la compra, acopio y envío de las bolsas de alimentos a las escuelas y comunidades.

Frente a la fuerte caída de la economía, los ingresos y las remesas, y al aumento de la pobreza extrema, el hambre y los precios de los alimentos, la CEPAL y la FAO han propuesto un decálogo de medidas para impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria.

La CEPAL y la FAO proponen un bono contra el hambre a toda la población en situación de pobreza extrema., como complemento al ingreso básico de emergencia propuesto por la CEPAL (CEPAL,2020).

En Costa Rica, el bono Proteger establecido para apoyar a los trabajadores desempleados o que han visto reducida sus jornadas e ingresos y que ha cubierto alrededor de 530 mil personas durante 3 meses, puede asimilarse al ingreso básico de emergencia propuesto. Este bono pretende ampliarse por 3 meses adicionales e incluir a una población mayor cercana a las 900 mil personas, pero en la actualidad depende de la obtención de financiamiento extraordinario por parte del Gobierno.

Para otorgar liquidez a las empresas agropecuarias se proponen dos medidas complementarias: i) créditos blandos a empresas del sector productivo agrícola que operan en condiciones críticas y ii) bonos de inversión productiva para aumentar la inversión productiva en las fincas de los agricultores más rezagados mediante un bono de 250 dólares por explotación, entregado una sola vez, para adquirir fertilizantes, semillas y otros insumos.

Entre otras medidas mencionadas, es importante destacar la de expandir y garantizar el funcionamiento de los programas de apoyo a la producción de autoconsumo. Esta medida es crucial para los hogares de los agricultores familiares de subsistencia ante la disminución de sus ingresos no agrícolas, que en muchos casos representan más de la mitad de su ingreso total. (FAO, Boletín,2020).

La pandemia y el riesgo inminente de una crisis alimentaria recuerdan la importancia crucial de la agricultura y los sistemas alimentarios. La agricultura es una de las pocas actividades imprescindibles, así como son imprescindibles los bienes que produce.

La pandemia obliga a reforzar la resiliencia y la inclusión social y a no olvidar los objetivos de una agricultura más sostenible y las prácticas de adecuación al cambio climático. La sostenibilidad ambiental de la agricultura y los sistemas alimentarios y la integración entre la agricultura y la biodiversidad, son demandas de la sociedad que cobrarán más fuerza.

En una crisis sanitaria se valora más la calidad de los alimentos, la inocuidad, la trazabilidad, las certificaciones de calidad y los atributos ambientales, sociales o culturales. Los consumidores acelerarán el cambio de sus preferencias hacia alimentos sanos, saludables y con identidad.

Durante la pandemia, se ha establecido el comercio digital, este es el nuevo concepto de cadena corta de comercio. Se va a acelerar el surgimiento de oportunidades para la digitalización de la agricultura y con ello se incrementará la influencia de los consumidores en la definición de los modelos productivos y de los bienes generados por la agricultura. La digitalización será un gran desafío para la agricultura familiar y los pescadores artesanales, pues implica un modelo de negocio diferente de aquel al que están acostumbrados.

Con la emergencia se ha hecho evidente que se requiere de un Estado e instituciones públicas agroalimentarias y rurales fortalecidas, con mayores y mejores capacidades, circunstancia que ha vuelto a señalar la urgencia de la renovación de la institucionalidad pública agrícola, alimentaria y rural del país.

Aprender del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

Escrito en 29/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió la Presidencia de la República, en su discurso del 8 de mayo de 1940, manifestó que seguiría los lineamientos, que habían contribuido en su formación personal, desde el hogar y de sus estudios en Europa, en Bélgica, cuando se formaba como médico, de la doctrina social cristiana, en ese momento, 1940, la Encíclica Rerum Novarum, el Código Social de Malinas y la Encíclica Cuadragésimo Anno. En ese momento no mencionó Garantías Sociales ni Código de Trabajo.

Su formación en la Europa de la post guerra, de la I Guerra Mundial, y de sus estudios y lecturas, le profundizaron su sensibilidad social, junto a la que la formación de médico le daba.

Al regresar a Costa Rica, a finales de la década de 1920, vio con dramatismo, que lo marcó para los años siguientes, los males sociales que se vivían en el país, en esos años, el desamparo social, los “desheredados”, como él los llamó, la injusticia social, las malas viviendas carentes de aire y de luz, las enfermedades que agobiaban a la población nacional, la indigencia, el hambre, la alta mortalidad en partos, los malos salarios, la falta de protección social, el negarle a los trabajadores el derecho que lo que les produce su trabajo les genera.

Observó la caridad y la beneficencia de la época como una práctica “humillante”. Señaló contundentemente que con desnutrición en la niñez y en la población “las medicinas sobran” y, enfatizó que a los niños pobres se le negaba el derecho a la vida.

Claramente sentía que nadie podía sentirse orgulloso al observar ese panorama de la Costa Rica de finales de la década de 1920, que no parece muy alejado al de la Costa Rica actual.

Consideraba el Dr. Calderón Guardia que las causas de estos males eran las condiciones económico-sociales que se vivían, que se están volviendo a repetir, de manera agudizada y evidente, en este momento de la Pandemia, y que por ello él no podía perder la noción de la Justicia.

Para él su paso por la Universidad europea fue la que le abrió los ojos para ver mejor esta realidad, y para no ser indiferente ante ella, especialmente ante los problemas sociales, como él mismo señalaba, y no ser indiferente ante el dominio del poderoso sobre el débil y ante la esclavitud económica de las grandes mayorías sociales.

Su paso por la Municipalidad de San José, 1930-1934 y por el Congreso de la República, 1934-1939, le dieron la visión política, que le permitió, al asumir la Presidencia en 1940, tener claro su propósito de Gobernante.

Apoyado e impulsado a la candidatura presidencial por fuerzas conservadoras, y ganando con un gran apoyo popular, 88% de la votación presidencial, entendió que él tenía una gran responsabilidad personal y política frente a quienes le habían confiado el destino del país, en un momento crucial de la vida internacional, sin dimensionar aún, en 1940, el peso que tendría la II Guerra Mundial iniciada en setiembre de 1939, en la economía nacional y en la vida social del país.

Al asumir la Presidencia esbozó su camino en la dirección de que Costa Rica seguiría una senda de bienestar y progreso.

Hasta el 1 de mayo de 1941 informó que enviaría al Congreso su Proyecto de las Garantías Sociales. Ya había impulsado la apertura de la Universidad de Costa Rica el 26 de agosto de 1940, y en marzo de 1941, la Universidad iniciaba sus primeros pasos. Al señalar los Seguros Sociales manifestó que eran un instrumento de paz social y que respondían al deber del Estado de prevenir que la sociedad se debilitara. Eran los seguros de enfermedad, invalidez, vejez y muerte los que iniciaban.

Un año más tarde, el 1 de mayo de 1942, con contundencia anuncia el inicio de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo señala que esta institución es en beneficio de la clase trabajadora, que es una institución imprescindible de Costa Rica, que es un Derecho inalienable del pueblo, que asegura las bases de la paz.

En esta misma dirección se pronunció ese día a favor del salario mínimo, de la jornada máxima de 8 horas de trabajo, del derecho de sindicalización de trabajadores y patronos, de la protección del anciano, la madre y el niño y, anunció el Proyecto de Garantías Sociales y la Reforma al Artículo 29 de la Constitución Política, el equivalente al actual Art. 45 de la Constitución Política, para darle un uso social a la propiedad cuando fuere necesario, al mismo tiempo que inicia la redacción del Código de Trabajo.

En diciembre de 1941 tomó la decisión de declarar la Guerra a Japón, Italia y Alemania, como resultado de los ataques a las bases norteamericanas de Pearl Harbor, en solidaridad con los Estados Unidos. Esto provocó que los sectores políticos que hasta ese momento le habían apoyado le zafaran su apoyo, y hasta intentaran sin éxito un Golpe de Estado, advirtiendo en setiembre de 1942, que había sectores y “amigos” que le decían que estaba “acabando su carrera política” y que “estaba quemando las naves”.

Esto lo llevó, inevitablemente, a separarse y a enfrentarse a esos sectores, y al mismo tiempo a buscar otros aliados sociales y políticos, lo que se materializó en los sucesos políticos de junio de 1943, cuando públicamente se unieron, alrededor de las políticas sociales y de la Reforma Social impulsada, el Partido Comunista de Costa Rica, dirigido por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Calderón Guardia y la Iglesia Católica dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, uno de los pactos de mayor trascendencia política que ha tenido el país, que se materializó, también, en el pacto electoral de la Coalición el Bloque de la Victoria, que impulsó la candidatura de Teodoro Picado, que lo llevó a la Presidencia de la República, en 1944, para asegurar la continuidad de la Reforma Social que había nacido a la vida jurídica y constitucional en 1943.

Cuando el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia asumió esta responsabilidad manifestó públicamente, en setiembre de 1942, que esa era su responsabilidad como Gobernante, y como Hombre, ante el Problema Social que vivía el país.

Enfatizó que el Gobernante debe actuar en conciencia de sus Deberes, Ideas y Motivaciones, con pensamiento abierto con los Deberes históricos. Decía que respondía a la conciencia colectiva de la opinión pública y se colocaba en juicio ante la posteridad. Su decisión era un acto de rendir cuentas y de responder por la acción social del Gobierno, que estaba impulsando.

Para el Doctor Calderón Guardia el Gobernante no podía darle la espalda al pueblo en su misión social, porque en su sitio presidencial se debatía entre gobernar a favor de los intereses creados o en gobernar para el pueblo. Para él, el problema más difícil que tenía el gobierno era la miseria, situación similar a la que está desarrollándose en el país hoy.

Por eso, él asumió, en sus propias palabras, el esfuerzo a favor del “proletariado nacional”, por elevar la condición económica, social, moral y cultural del pueblo. Por ello impulsó políticas contundentes de Asistencia Pública en salud, el Consejo Nacional de Nutrición, el saneamiento de poblaciones, el suministro de agua potable, el desarrollar y fortalecer la educación, la política de calzar campesinos, trabajadores agrícolas, “peones”, y niños, atacar el costo de la vida golpeando hasta donde pudiera el agiotismo y el acaparamiento de víveres, estableciendo la Ley de Inquilinato para regular y congelar alquileres, impulsó la Junta de Habitación y la Cooperativa de las Casas Baratas o de la “Familia”, revisar salarios, no para bajarlos, sino para asegurarlos como base del futuro bienestar de los trabajadores. Así también desarrolló el Derecho “Obrero”, el Derecho Laboral. Para el Dr. Calderón Guardia Trabajo y Salarios tenían que garantizar una vida digna y un régimen de trabajo “realmente Humano”.

Ante la situación que vive el país hoy, el embate que se produce contra las clases trabajadoras en general, contra las clases medias y el empobrecimiento de los profesionales, el ataque contra los salarios y las pensiones, contra los micro, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, de la guillotina que se ha dejado caer contra los beneficios sociales históricamente logrados, con el aumento de la pobreza y de la pobreza extrema, del desempleo de hombres, de mujeres y especialmente de mujeres cabeza de familia, el desempleo de jóvenes, hace falta un Presidente, y líderes políticos, que como el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con su estatura moral, hable libremente con sinceridad, muestre sus verdaderas intenciones y motivaciones, que se inspire en el amor al pueblo, en el bien de la Patria, sacrificando conveniencias personales, y actuando de acuerdo a la necesidad de Justicia, porque quien niega sus convicciones se niega a sí mismo.

Los herederos del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, su Partido Unidad Social Cristiana, el Partido Republicano Social Cristiano, principalmente, con sus líderes y diputados más destacados hoy pareciera que no tienen ni idea de quien fue el Dr. Calderón Guardia, desconocen su pensamiento y obra, reniegan cotidianamente desde la Asamblea Legislativa de su herencia político social, y le escupen a la cara constantemente con sus políticas antipopulares y anti clases trabajadoras.

De los otros partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa y en el espectro político electoral nacional, menos le son fieles a esa herencia social, y en su conjunto carecen de una visión histórica de cuáles son las fuentes y raíces que han construido la Costa Rica actual, de cómo se edificaron las bases y las estructuras de edificio político de la democracia social, que ellos mismos están cavando.

Ni qué decir de la ausencia de un Presidente de la República que ante este recuerdo del Dr. Calderón Guardia, parece caminando solo en un desierto, sin orientación política de hacia dónde dirigirse y, lo peor, sin alma ni sensibilidad social.

Carta a amigos en el extranjero

Escrito en 18/07/2020. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Salud.

Frei Betto

Queridos amigos:

¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir, 16/7, Covid-19, que surgió aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcances los 100 mil.

Cuando recuerdo que, en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Y todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.

Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”.

Al votar a favor del juicio político del presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.

Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: «No creo en estos números» (27/03, 92 muertes); «Todos moriremos algún día» (29/3, 136 muertes); «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?» (28/4, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrofílica? Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.

Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se han implementado.

Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Família y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).

No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado 3/7, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a los más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

El 7/8, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses. También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas.

Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que albergan a esos codiciados inversores por el gobierno de Bolsonaro.

Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, en las redes digitales trato al presidente como BolsoNero, mientras Roma arde, él toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente…

Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está afectando a nuestro amado y maravilloso Brasil.

Fraternalmente,
Frei Betto
Frei Betto es un fraile dominicano y escritor, asesor de la FAO y los movimientos sociales.

Fuente: https://www.cedefes.org.br/carta-aos-amigos-e-amigas-do-exterior-e-entrevista-ao-jornal-brasil-de-fato-por-frei-betto/

Compartido con SURCOS por Alberto Rojas.

Declaración de la Alianza Progresista para luchar contra las consecuencias del Covid-19

Escrito en 30/06/2020. Publicado en Derechos, Salud.

Los desafíos sin fronteras requieren una solidaridad sin fronteras

La pandemia de Covid-19 se ha convertido en un azote para la humanidad. Cientos de miles ya la han contraído y muchos miles han muerto y morirán de ella. El virus causa un enorme sufrimiento, crea inseguridad individual y colectiva en todo el mundo al amenazar a través de las fronteras y desestabilizar países y regiones enteras.

Las consecuencias fatales de esta pandemia afectan en particular a las personas más vulnerables: los que ya están muriendo de hambre y que no pueden esperar apoyo financiero ni protección médica de sus gobiernos y autoridades públicas, los que sufren guerras y expulsiones. Son las mujeres que están lo más expuestas.

El Covid-19 es un enorme desafío para todos. Tanto el sistema médico y sanitario, como los sistemas económicos, ya están llegando a sus límites de máxima tensión. Se necesitan respuestas progresistas en estos desafíos, hoy y para el futuro.

Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas están a la vanguardia en la lucha contra los efectos sanitarios, sociales y económicos de esta crisis sin precedentes. Lo que necesitamos a nivel nacional y mundial es más cohesión social y más solidaridad.

En las próximas semanas se sentarán las bases de un nuevo orden mundial. Los progresistas tienen que alzar su voz ahora para poder opinar sobre su configuración. El traspaso del control de los servicios públicos vitales al mercado privado se ha mostrado que es el camino equivocado. Ahora podemos ver claramente que la seguridad social y la atención sanitaria no son costos que se deban recortar, sino que son pilares esenciales del buen funcionamiento de las sociedades que necesitan inversiones sostenibles.

La ignorancia y la arrogancia de los nacionalistas y populistas dividen a las sociedades y nos ponen en peligro a todos. Su camino es equivocado y pone en peligro vidas humanas lo que ahora es más evidente que nunca al carecer de toda referencia ética o humanista y al socavar nuestras democracias.

Ya ha comenzado la lucha sobre quién tendrá que asumir los costos de los paquetes de rescate necesarios. A diferencia de la respuesta a la crisis financiera de 2008, nuestras democracias, sociedades, economías y simplemente el planeta no pueden permitirse otra década de austeridad o de mercados incontrolados.

La solidaridad significa que los fuertes utilizan su fuerza para sostener a los débiles. La respuesta a esta crisis es la solidaridad mundial. Por ello, los partidos y organizaciones de la Alianza Progresista exigimos y promovemos una agenda multilateral y global, inmediata y audaz:

Exigimos que se tomen medidas agudas:

Un cese del fuego humanitario mundial, tal como lo exige urgentemente el Secretario General de las Naciones Unidas a fin de crear el espacio necesario para hacer frente a la pandemia de Covid-19, incluso en zonas de guerra y de crisis. También el fin inmediato de los embargos por motivos políticos para permitir el acceso a comida, medicamentos y implementos de salud. Ahora se trata de salvar vidas y mitigar la propagación del virus.
La cooperación y la coordinación mundial son el requisito previo para una lucha exitosa contra los efectos causados por Covid-19. Exigimos que todos los gobiernos apliquen sin tardar las recomendaciones de la OMS. Quienes se aíslan y no apoyan a los demás con todas sus posibilidades muestran una falta de solidaridad y son responsables de una gran catástrofe. Es necesario que los políticos, los institutos de investigación y las empresas se apoyen mutuamente a nivel mundial para sostener a esos Estados y a las personas de las zonas vulnerables a través de las fronteras en su búsqueda de soluciones políticas y médicas.
Apoyo médico inmediato para los campamentos de refugiados para prevenir la propagación de la enfermedad viral. Los refugiados y las personas desplazadas son los más vulnerables y no deben ser olvidados. Las instituciones internacionales y los Estados deben continuar e incluso aumentar su ayuda y asistencia.

A mediano plazo, llamamos:

Que las Naciones Unidas creen un Fondo internacional para apoyar el tratamiento de los pacientes con coronavirus en todo el mundo y hacer frente a las consecuencias a largo plazo. Este Fondo no sólo debe permitir la adopción de medidas agudas, sino también inversiones orientadas al futuro en el interés general. Pedimos que se intensifique la cooperación para el desarrollo, ya que debemos asumir juntos los costos de la pandemia, dado que las repercusiones y los costos de la crisis del coronavirus serán enormes y supondrán una carga excesiva para muchos Estados, que se verán abocados a una grave crisis financiera, económica y social.
El G20 deberá trabajar en estrecha colaboración con las Naciones Unidas para coordinar las políticas fiscales y monetarias, así como la reanudación del comercio y los paquetes de ayuda conjunta con el fin de permitir financiar el plan mundial para afrontar los desafíos globales comunes. La política de crisis nacional es necesaria y justificada, no se puede dejar de lado a los países pobres y débiles para hacer frente a esta situación. Se exige a los países del G20 y a otras economías fuertes que den un paso adelante.
Proponemos que se genere una coordinación para prevenir el riesgo de una nueva crisis de la deuda y para combatir eficazmente la evasión fiscal. Esta coordinación debería crear un nuevo espacio y capacidad. Las estrategias selectivas de alivio de la deuda y los procedimientos ordenados de insolvencia de los Estados podrían aliviar en cierta medida la presión de la burbuja de la deuda.
Considerar la inversión en servicios de salud y atención médica como una inversión esencial de interés general. La crisis de Covid-19 no es una crisis social menor. Los sistemas de salud a nivel nacional y mundial están llegando a su límite de tensión o ya lo han superado. Si fuera necesario una prueba, la pandemia muestra claramente que el mantra neoliberal de maximizar los beneficios a expensas de los servicios sanitarios, sociales y públicos ha debilitado la capacidad de respuesta de los Estados y ha dejado a la gente sin acceso a la atención médica.
Acordar a corto plazo el control de los precios de los bienes médicos importantes; la cooperación internacional en la investigación de vacunas y los ensayos clínicos; el desmantelamiento de la protección de patentes; la ayuda a los países más afectados para estabilizar sus sistemas de salud y el aseguramiento de las cadenas de suministro de los bienes médicos.
Revisar las reformas neoliberales de los bienes y servicios comunes que han fracasado. Necesitamos pisos de protección social en todos los países como lo solicita la OIT. Proponemos en este marco el desarrollo de los sistemas de salud pública locales así como una inversión social sostenible.
A los gobiernos de los estados nacionales a que aumenten significativamente los respectivos salarios mínimos y de subsistencia en el sector de la salud, la atención y los servicios. La presión de los costes en las últimas décadas ha conducido al resultado que los trabajadores y trabajadoras, que aseguran nuestra atención y servicios sanitarios hoy en día, están al final de la escala de sueldos y salarios y además no están adecuadamente protegidos contra el virus que ellos y ellas combaten hoy en día.
Por un acuerdo internacional sobre programas de inversión sostenible en infraestructuras sociales. A diferencia de lo que ocurrió después de la crisis financiera de 2008, es importante que la nueva liquidez en los mercados de capital fluya hacia inversiones sostenibles reales y socialmente significativas, por ejemplo, infraestructuras sociales, paquetes de acuerdos verdes y similar con el interés general y alrededor de la agenda 2030 visando la transición socio-ecológica.
Por un multilateralismo renovado en el que los progresistas estén a la cabeza de las políticas alternativas y la promoción del interés público. Pedimos que se fortalezca el multilateralismo y se otorgue a las instituciones internacionales más poder de decisión. Los fundamentos legales y financieros deben ahora ser ampliados. Este virus no reconoce fronteras. Mientras que la lista de desafíos que sólo podemos abordar de manera global y colectiva es cada vez más larga, el multilateralismo está en declive. Muchas instituciones internacionales, como las Naciones Unidas y la OMC, carecen de fondos suficientes y están en crisis hoy en día, incapaces de cumplir sus funciones previstas para la gobernanza mundial.

En tiempos de crisis más que nunca se necesita una buena gobernanza legitimada democráticamente

El avance en gran medida incontrolado de esta pandemia sin precedentes es utilizado actualmente por regímenes autoritarios y antidemocráticos para reducir aún más el espacio democrático y cívico, los derechos fundamentales y las instituciones democráticas. Los socialdemócratas, los socialistas y los progresistas deben coordinarse en las instituciones regionales e internacionales para garantizar que esos intentos no queden sin consecuencias. Es necesario apoyar a la sociedad civil progresista y democrática.

Nos comprometemos a defender el estado de derecho democrático, los derechos fundamentales individuales y colectivos y las libertades civiles;
Promovemos el fortalecimiento de la solidaridad a nivel nacional y mundial;
Defendemos y promovemos la transparencia y la participación democrática en el buen gobierno;
Nos oponemos a cualquier intento de estigmatización de refugiados o minorías;

La lucha contra los efectos de la crisis del Covid-19 requiere un control y una gobernanza democrática a través de los parlamentos, incluido el uso de nuevas formas de comunicación a fin de asegurar un espacio de debate político sobre las opciones de políticas, programas y proyectos.

El virus no conoce fronteras. ¡La respuesta al virus tampoco conoce fronteras!

Como socialdemócratas, socialistas y progresistas nos comprometemos a mejorar la coordinación, adoptar enfoques comunes y establecer un nuevo paradigma progresista a través de nuestra red mundial: Alianza Progresista

Ante el Coronavirus, ¿la bolsa o la vida?, o ¿la sedición política?

Escrito en 30/06/2020. Publicado en Análisis, Derechos.

Vladimir de la Cruz

Cuando la Revolución Rusa, recién triunfada en noviembre de 1917, puso fin a su participación en la I Guerra Mundial, inició un proceso de negociaciones para logar la Paz, desde noviembre de 1917 hasta que firmó, el 3 de marzo de 1918, el Tratado Brest Litovsk, con el Imperio Austro Húngaro, con el Imperio Otomano y con Bulgaria, en la ciudad hoy bielorusa de Brest Litovsk, con el cual perdió muchos territorios que le pertenecían, o sobre los que ejercía dominio.

Lenin, el gran dirigente soviético, entendía que la Paz era esencial para la consolidación de la Revolución. Esta Paz lograda empezó Lenin a negociarla a los pocos días de triunfada la Revolución, ofreciendo la paz a los alemanes el 26 de noviembre de 1917.

Rusia perdió, principalmente, con la firma del Tratado el control de Finlandia, Polonia, Estonia, Livonia, Curlandia, Lituania, Ucrania y Besarabia y los territorios de Ardahan, Kars y Batumi.

Entre los dirigentes soviéticos que estuvieron a cargo de la negociación del Tratado de Brest Litovsk estaba León Trotski, que en ese momento era el Comisario de Relaciones Exteriores de la joven Revolución Rusa, y uno de sus grandes dirigentes, que estaba de acuerdo, y seguía las instrucciones de Lenin, de que era necesario esa firma para asegurar el triunfo de la Revolución.

La estabilidad lograda era lo que iba a ser la base para la preparación de los primeros años de la Revolución, de su consolidación inicial, de la gestación de la Unión Soviética poco tiempo después, y de la preparación para la dura guerra civil interna que le siguió.

Los primeros tres decretos de Lenin fueron el de la Paz, el del Pan y el de la Tierra. Eran tres elementos estratégicos que habían contribuido al triunfo revolucionario bolchevique.

Lenin fue enfrentado por algunos dirigentes y críticos por el acuerdo logrado. Su respuesta fue sencilla. Dijo: si uno va por una calle y le aparece un ladrón que, asaltándolo, a mano armada, le dice “la bolsa o la vida”, ¿qué se debe hacer? Y, él mismo respondió: entregar la bolsa, porque con la vida se puede volver a recuperar la bolsa.

Hago esta rememoración de este evento tan crucial para la entonces Revolución Rusa, como para la nueva época que surgía, a partir de entonces, para valorar la situación que tenemos de enfrentamiento de la pandemia del Coronavirus, o COVID-19, que ha socavado las bases económicas de las relaciones internacionales y que ha provocado inmensos daños en la economía mundial, y local de las diferentes naciones, de las cuales no escapamos en Costa Rica.

Esta Pandemia ha obligado a tomar medidas extremas de cuidar la población, al menos en países como el nuestro, asediada sigilosamente por el Coronavirus, que amenaza con expandirse de una manera exponencial, e impredecible, con el impacto que eso tiene en la estructura productiva de cada país, que ha paralizado muchas ramas de la economía, la producción, el comercio y los transportes…

Semanas enfrentamos de esta situación. Muchos países no están preparados en sus instalaciones sanitarias, hospitalarias, y de seguridad social, para atender enfermos y realizar exámenes masivos a la población, otros con alguna, pero deficiente infraestructura de esta naturaleza y, pocos, como Costa Rica, que si lo estamos, con un sistema de seguridad social, hospitalario, y de políticas de salud pública, que ha permitido hasta hoy un buen control de la expansión del virus sobre la población nacional, pero que no ha logrado activar los niveles de la producción y de la actividad económica al momento antes de la pandemia, como quisieran los empresarios, los comerciantes y diversos productores, y como quisiéramos todos los costarricenses.

Hasta hoy no ha habido carencia grave de productos agrícolas ni de primera necesidad para los ciudadanos, que genere una hambruna nacional. Procesos básicos productivos se han mantenido, especialmente en área de alimentos. Ciertamente hay limitaciones impuestas por la reducción de jornadas de trabajo y la reducción de salarios e ingresos por ellas ocasionados, por el despido de trabajadores de empresas, por el subempleo y el empleo informal a que se ha sometido una parte de la población. Tal vez todavía no tengamos conocimiento con mayor certeza del impacto social hasta ahora provocado por la pandemia en el país, pero pareciera que hasta hoy se ha impedido que esta situación explote en todos los sentidos.

Las políticas públicas, hasta hoy en ejecución, han logrado poner de relieve la vida de los ciudadanos costarricenses, y de los habitantes del territorio nacional, y de los extranjeros que viven y trabajan con nosotros.

Es cierto también que los empresarios, comerciantes y algunos productores pegan gritos en los cielos por los cierres impuestos a última hora, por las medidas tomadas con motivo de la explosión del crecimiento de enfermos detectados, que no bajan del promedio de 60 personas diarias en la última semana, con una amenaza de que ellos repercutan a razón de 10 por cada enfermo si no se toman las precauciones del caso.

Lo más violento de esta situación se ha dado en estos últimos días, cuando en las regiones agrícolas del norte, especialmente, se ha detectado más de 30 empresas que violando sistemas de contratación laboral emplean personas ilegales en el país, con un estatus migratorio irregular, sin pago y cubrimiento del Seguro Social, haciéndolos vivir en condiciones muy precarias, que los pone en alto riesgo de enfermarse, o de multiplicar más fácilmente su condición de trasmisores del coronavirus, si han llegado enfermos a esos trabajos, o han adquirido la enfermedad en el país.

La violencia de los empresarios irresponsables ha llegado casi al límite de la sedición política, al anunciar públicamente que no aceptarán ni acatarán las disposiciones del Gobierno y del Ministerio de Salud, en las medidas restrictivas que se han vuelto a poner o establecer.

En Costa Rica la Ley se respeta. Este pronunciamiento es inaceptable desde todo punto de vista. Hasta ahora ningún partido político, ni los diputados en la Asamblea Legislativa, ha levantado la voz sobre este llamamiento sedicioso y peligroso para la salud pública, la salud de todos los ciudadanos y la propia estabilidad democrática.

Lo que tenemos que tener claro es que el Gobierno de la República, sus autoridades de Salud, de Seguridad Social, de Seguridad Pública, de Migración y Extranjería, de la Comisión Nacional de Emergencias y de Comercio Exterior, que han estado al frente de la conducción de esta situación, han hecho, y hacen, lo posible por normalizar la situación económica, comercial y productiva del país, pero sobre todo han puesto en primer lugar la vida de los costarricenses, en medio de las dificultades económicas que afrontamos como país.

El dilema de ¿la bolsa o la vida? se ha ido resolviendo a favor de la vida de los costarricenses, porque sin la vida de los costarricenses, sin la buena salud de los costarricenses, sin las buenas condiciones de vida y de salud de los trabajadores no va a ser posible activar la producción ni la economía.

Habrá empresarios que no les importará la vida de un trabajador si pueden contratar a otro por hambre, a bajos salarios, al margen de la seguridad social y de la protección social existente en el país, fácilmente sustituible por otro, en iguales o peores condiciones, cuyo círculo de la muerte solo terminará con la muerte misma de esos empresarios, por la enfermedad que les pueda alcanzar o por rebeliones sociales que no puedan evitar…

Las fuerzas patrióticas, las fuerzas sociales ciudadanas, las fuerzas populares conscientes de esta situación deben apoyar las políticas públicas que se impulsan para frenar la pandemia, para asegurar en el plazo más breve posible poder volver a la normalidad, llámese “nueva normalidad”, “normalidad anterior al coronavirus”, o como la queramos llamar, cuyo eje fundamental descanse en lograr el menor número de enfermos y contagiados del coronavirus, la mayor y mejor salud posible de todos los costarricenses y habitantes de la República, la que garantiza la mejor incorporación de la fuerza de trabajo para poder activar de nuevo la economía nacional, y recuperar, hasta donde sea posible, el “tiempo perdido” en las empresas y actividades económicas que más han sufrido esta situación, y para poder salir adelante como nación, como pueblo, como país, bajo el manto protector de la Gran Bandera Nacional.

Y, en este esfuerzo, hay que estar atentos a los intentos debilitadores, desestabilizadores y sediciosos, de quienes anteponiendo sus intereses económicos particulares, en esta pandemia, amenazan, en el fondo, a todo el sistema democrático nacional, y hay que impedir, ante estas posturas casi golpistas, que populistas de cualquier signo, aprovechando el natural malestar que causa el encierro obligado y la paralización de actividades sociales, puedan poner en peligro la estabilidad política nacional, las libertades públicas y el propio régimen democrático.

Las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

Escrito en 10/06/2020. Publicado en Aportes para el desarrollo, Derechos.

Posicionamiento de las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Declaración.

En el marco de la reunión Retos del sector educativo post pandemia: Encuentro Universitario Ministerial, convocada por la CELAC, se planteó que la propagación del virus Sars CoV 2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y sobre todo humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones estadística s mencionan, a finales de mayo de 2020, más de 6 millones de casos confirmados y una cifra superior a 370 mil muertes, en el mundo. Además, el desempleo afecta a muchos millones de personas, la pobreza aumenta considerablemente y todo ello ha producido miseria y hambre. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.

La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta por la vía de propuestas aisladas. En el seno de cada país, se requerirán esfuerzos colectivos e integrales, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados.

Nadie ninguna persona, institución o empresa deberá quedarse fuera, ni en dar ni en recibir, según sus posibilidades y necesidades, con justicia y equidad.

En la dimensión regional e internacional, una economía interconectada en múltiples aspectos no podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados. La crisis sanitaria demuestra, con absoluta claridad, que la interconexión, en todas las direccione s y latitudes, nos incorpora en una especie de burbuja planetaria, de la cual somos parte.

En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos que abundan en cantidad. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a muchos otros países, y las decisiones que un gobierno adopte tiene repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.

Esta compleja imbricación de países, economías y poblaciones obliga a pensar en que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; a decir verdad, se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.

Es también la hora de la compasión: de identificarnos con el sufrimiento ajeno; y es la hora de la generosidad, y de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento, y de promover soluciones conjuntas que permitan visualizar soluciones a la actual crisis y una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.

Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo con notorias excepciones han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta no es una decisión fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento de cada día.

En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos, aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.

Por otro lado, la propagación del virus ha significado ya un alto precio para la mayoría de los países del continente: el colapso de los sistemas de salud, los cuales deberían ser fortalecido s, no debilitados, para hacerle frente a las demandas actuales y futuras de la pandemia.

Al mismo tiempo, la medida de “quedarse en casa profundiza la crisis social, ejerce una enorme presión emocional sobre las personas y provoca una gran tensión sobre las actividades económicas. Estas circunstancias obligan a que las medidas sanitarias sean acompañadas de garantías básicas para la vida.

La ausencia de esas garantías conduce a la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento social y el hambre. Por esta razón, debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a toda la colectividad.

El mensaje debe entonces ser claro: nos quedamos en casa con el apoyo del Estado y toda la sociedad. Atendemos así las medidas de emergencia sanitaria, el cuidado de la vida de todas las personas, la necesidad de reactivar la economía y de preservar el orden social.

En virtud de lo expuesto, quienes suscribimos esta declaración, rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, reunidos con los representantes de los Estados que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (convocados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, presidente pro tempore de la CELAC, frente a la crisis sanitaria, económica y humanitaria provocada por la pandemia de COVID 19, manifestamos lo siguiente:

Es responsabilidad de los Estados enfrentar la crisis sanitaria, económica y humanitaria, con el apoyo solidario de todos los sectores sociales, acorde con el principio de progresividad, a la vez que es una tarea impostergable fortalecer los sistemas de salud, combatir el desempleo y aliviar el hambre.
La emergencia mundial nos alerta respecto de la dramática erosión de la manera en que habitamos la Casa Común. La crisis actual ha dejado al descubierto las enormes desigualdades entre poblaciones y países, el desmantelamiento que han sufrido, en las últimas décadas, los sistemas de salud, la educación y la seguridad social; y ha hecho evidente la precarización del empleo y la grave afectación de la sustentabilidad del orbe.
En estas circunstancias, es obligación de los Estados tomar las medidas que permitan avanzar en la superación de la desigualdad intervenir para que, en este momento crucial, la riqueza experimente una justa distribución y contribuir a superar la brecha digital que afecta a alumnos y alumnas de todos los niveles educativos, pero que también constituye un obstáculo para la inserción laboral en nuevas condiciones de trabajo y producción.
Debido a la naturaleza global de la emergencia sanitaria, es imprescindible la cooperación entre los Estados, pero también entre los sistemas universitarios. En este contexto, es vital literalmente el libre acceso al conocimiento, a las publicaciones científicas, a material genético, a los principios terapéuticos activos, y a los procedimientos tecnológicos, que representan.
La crisis actual desafía todas las áreas del quehacer humano: el modo de producir, distribuir y consumir; las formas diversas de gobierno, los mecanismos de participación social, las relaciones humanas propias de la especie y con los seres vivos del planeta, incluyendo todo el medio ambiente.
El ser y el quehacer de las universidades e instituciones de educación superior se encuentran profundamente afectados estamos frente a desafíos inéditos que demandan respuestas creativas, novedosas, solidarias y pertinentes, con alto rigor académico, científico y social.
No es posible pensar en regresar a contextos pasados y a prácticas de otros momentos. La anterior es la que nos ha traído a la situación en la que nos encontramos ahora.
Se hace más urgente que nunca repensar hoy la actividad universitaria en su conjunto y, de manera particular, la docencia, la investigación, la difusión del conocimiento y la incidencia en nuestras sociedades. Es imperativo visualizar el futuro de nuestros países, sus gobiernos y nuestras universidades desde una perspectiva continental.

Por estas razones, luego del intercambio con los representantes de los Estados latinoamericanos y caribeños, hemos acordado los siguientes compromisos.

En la transición hacia modalidades híbridas de enseñanza y aprendizaje, asistidas por la tecnología, redoblaremos nuestros esfuerzos para no dejar fuera de la educación superior a la población vulnerable en razón de su situación económica, social, racial, étnica o de edad. Los Estados, en conjunto con las empresas de alta tecnología, deben contribuir a superar la brecha digital, en cooperación con las instituciones de educación superior. La inclusión, la pluralidad y la no discriminación adquieren mayor vigencia que nunca antes.
La sustentabilidad basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas será un eje transversal de todo nuestro trabajo docente, de investigación, innovación e incidencia social, y partimos de la convicción de que no puede haber personas ni sociedades sanas en una tierra enferma.
Estudiaremos los problemas complejos desde un enfoque complejo, distinto de la perspectiva determinista, lineal y fragmentaria de la Modernidad. Los abordaremos como complejidades del entorno y sus relaciones culturales especialmente aquellas derivadas del pensamiento científico y del conocimiento ancestral, sus aplicaciones tecnológicas y sus consecuencias socioeconómicas.

La finalidad será contribuir a alcanzar un manejo sustentable de los sistemas socioecológicos.

La pandemia ha revelado también como una necesidad acuciante el estudio de estos problemas complejos desde una perspectiva interdisciplinaria o transdisciplinaria. Para hacer frente a la pandemia es preciso definir, desde este enfoque, junto con los gobiernos de la región, cuáles son los problemas fundamentales del subcontinente y cómo podemos abordarlos solidariamente y en el marco de una cooperación recíproca y respetuosa.
Fomentaremos el trabajo colaborativo y el diálogo de saberes plurales para la transformación social. Para ello, saldremos de nuestros recintos y de los marcos disciplinares. En el centro pondremos la necesidad de construir conocimientos y transferirlos mediante la amplia participación de una comunidad diversa (organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, iniciativa privada y actores de las comunidades campesinas e indígenas) Con esto formularemos las preguntas adecuadas, las abordaremos sistémicamente y auxiliaremos en el diseño de estrategias con mayor potencial para la transformación social desde el imperativo central de la justicia y la democracia.
Abordaremos de manera crítica los distintos modelos de desarrollo adoptados en la región, hacia la superación de la pobreza y las desigualdades. La crisis económica derivada de la pandemia afecta a todos, pero impacta con mayor profundidad a los más pobres agudizando su situación de vulnerabilidad. Queremos contribuir a generar conocimientos y alternativas de solución basadas en una perspectiva de justicia social, que sean realizables, resilientes, democráticas y sustentables.

Exhortamos a nuestros gobiernos y a todas las universidades de la región a apoyar decididamente la construcción de un espacio universitario común para trabajar conjuntamente en la solución de estas problemáticas fundamentales de América Latina y el Caribe, acentuadas por la pandemia.

De manera enfática y respetuosa, solicitamos a los gobiernos de América Latina y del Caribe a crear un fondo especial de investigación científica e innovación tecnológica, con el fin de fortalecer las capacidades de generación y transmisión de conocimiento relevante y pertinente sobre los problemas de nuestra región.

Convocamos a todas las comunidades científicas de nuestros países a dedicar un espacio específico para el análisis profundo de este momento histórico y vislumbrar derroteros novedosos que aporten mayor dignidad a la vida de todos y todas. Con ello, los invitamos a contribuir con libertad a la toma de decisiones acertadas en favor del bienestar social.

Llamamos a crear, activar y fortalecer grupos y redes de trabajo que capitalicen los talentos y fortalezas de nuestras instituciones académicas y científicas para generar soluciones a las diversas problemáticas que se han abierto y profundizado en esta coyuntura crítica.

Es fundamental hacer sinergias entre los sectores público, privado, gubernamental y social para enfrentar decididamente la pandemia y sus lamentables efectos económicos y sociales. Requerimos fomentar coordinadamente una sociedad del cuidado, desde la escala familiar, con economías bajo control social, así como desincentivar actividades ambientalmente peligrosas que agravan la bioinseguridad.

Solicitamos a los gobiernos que alienten el diálogo continental, incluyendo pueblos y comunidades en el nivel local, regional y global como una estrategia primordial de resistencia frente al desgaste social que ha implicado la pandemia y las medidas de mitigación que se han implementado. Requerimos de todo ello con urgencia, con el fin de adoptar estrategias regionales y enfrentar conjuntamente los desafíos comunes.

Nuestras universidades conocen, dialogan, inciden, para transformar la realidad y hacerla más humana, justa, incluyente y sustentable.

5 de junio de 2020

Dr. Enrique Graue W, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia y Presidenta de la UDUAL.
Dr. Henning Jensen, Ex-Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ex-Presidente de la UDUAL.
Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana y Vicepresidente de la Región México de la UDUAL.
Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Vicepresidente de la Región Cono Sur de la UDUAL.
Dr. Marcial Rubio, Ex-Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mtra. Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua) y Vicepresidente de la Región Centroamérica de la UDUAL.
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA).
Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Dra. Miriam Nicado, Rectora de la Universidad de La Habana (UH), Cuba.
Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

Testigo de Honor

Mtro. Maximiliano Reyes Zuñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (México).