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Etiqueta: seguridad social

Universidad de Costa Rica repudia y condena asesinatos de estudiantes en Nicaragua

  • Pronunciamiento del Rector Dr. Heninng Jensen Pennington

 

Tras los lamentables hechos de represión acaecidos en Nicaragua durante los días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega, esta semana, entre los que destaca la muerte de un policía y tres estudiantes, dos de ellos en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); la Universidad de Costa Rica se solidariza con esa institución hermana y repudia todo tipo de violencia, en especial aquella contra manifestantes indefensos por parte de las fuerzas represoras.

Además, la Upoli, institución con la que la Universidad de Costa Rica mantiene un convenio de cooperación desde noviembre del año pasado, ha sido el escenario de violentos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las últimas horas. Todo ello dirige nuestro pensamiento hacia los compañeros, docentes y familias de las víctimas, especialmente de estos jóvenes alumnos fallecidos en los terrenos universitarios, quienes sufren hoy de la barbarie que acontece cuando el diálogo no es el instrumento privilegiado para dirimir diferencias, sino la represión.

Hacemos un llamado, respetuoso pero vehemente, a las autoridades nicaragüenses, para que pongan fin a esta oleada de violencia y sean capaces de sentarse a la mesa con los sectores disidentes, de manera que se consiga un acuerdo que satisfaga a ambas partes sobre la administración de la seguridad social en su país, como ocurre en cualquier democracia digna y consolidada del mundo.

Confiamos en que la sangre derramada por los fallecidos sea un serio llamado de atención al gobierno de Managua, de manera que estas muertes no queden impunes y sus responsables sean juzgados de acuerdo con sus leyes.

Dr. Heninng Jensen Pennington

Rector de la Universidad de Costa Rica y Presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL)

 

En la imagen: bandera nacional de la República de Nicaragua.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Ser joven y la ruta costarricense con las elecciones como crisol

Héctor Ferlini-Salazar

Imágenes de jóvenes recorriendo calles y comunidades costarricenses para llevar el mensaje casa por casa y persona por persona, cuando el país se alista para votar en segunda ronda el 1 de abril inundan las redes digitales. Evidentemente esa no es una muestra de conciencia simple, sino de compromiso, la fase superior de la conciencia. Y es la juventud, gente de menos de cuatro décadas de vida quienes asumieron la tarea creando Coalición Costa Rica y sus agrupaciones en cada localidad; son decenas de grupos en todo el país que suman miles de personas. ¿Es un hecho sin trascendencia o algo pasajero? Creo que no; veamos:

  1. La conformación

Por iniciativa de gente joven, Coalición Costa Rica incluye a personas provenientes de distintas agrupaciones electorales y mucha gente independiente, que confluye en el objetivo de evitar el triunfo de una propuesta de partido-iglesia que pretende gobernar desde los preceptos del movimiento neopentecostal, esto es, desde una visión que habla de “guerra espiritual” contra quienes tienen otras creencias o cosmovisión, que utiliza una supuesta “teología de la prosperidad” para justificar el enriquecimiento de quienes lideran las congregaciones mediante el cobro del diezmo incluso por adelantado y la venta de “milagros”, donde sus líderes se auto-proclaman apóstoles y profetas, y recurren a cultos cargados de fuerza discursiva y notoriedad mediante la tecnología de la información especialmente la televisiva. Al rechazar esta propuesta, la Coalición Costa Rica adhiere la candidatura de Carlos Alvarado Quesada, cuya propuesta se centra en el respeto a los derechos humanos; la inclusión social, económica y cultural; la administración transparente; y especialmente, la idea de un gobierno nacional que incluya a personas de distintas tradiciones o militancia electoral.

  1. Las tareas realizadas

Después del 4 de febrero esta fuerza mayoritariamente joven ha visitado casas y personas, ha llevado el debate respetuoso y los argumentos a cada rincón del país, ha creado espacios digitales, ha impreso y distribuido volantes, ha propuesto estrategias, apoyado a su candidato en presentaciones públicas… y un sin fin de expresiones de la creatividad de que es capaz la gente joven.

  1. La base histórica que puede sustentar la preferencia electoral

Cuando desarrollamos el movimiento ciudadano La CCSS Que Queremos (2011-2014), en una de tantas reuniones comunitarias en todo el país, se puso de pie la recordada Myriam Zamora Solera (QEPD) y con su octogenaria sabiduría y compromiso, esta maestra de la lucha social costarricense dijo: “En Costa Rica tenemos escuelas para aprender a manejar carro o para aprender muchas otras cosas, pero también tenemos una escuela de solidaridad que es la Caja Costarricense de Seguro Social y no debemos dejar que nos la destruyan”. Esas palabras de la querida maestra social nos explican el rechazo que un importante sector del país expresa hacia una propuesta electoral del partido Restauración Nacional, que se basa en lo contrario a la inclusión y la solidaridad y apuesta por favorecer a las personas “elegidas” y las que “no viven en pecado” según su estrecho entendimiento. Este sector del electorado incluye a personas que no son de la dirigencia y que con sinceridad abrazan los postulados de la socialdemocracia y del socialcristianismo. Esa escuela de solidaridad mencionada por doña Myriam, la podemos ampliar a todo el sistema de seguridad social alentado por los movimientos sociales, especialmente de perfil laboral, y que desde el siglo diecinueve y especialmente en la primera parte del veinte dieron aliento a la alianza Mora-Sanabria-Calderón y sus fuerzas que lograron las garantías sociales, y así mismo, dieron la base para su continuidad con la Segunda República de Figueres Ferrer, Rodrigo Facio, Benjamín Núñez y otros pensadores socialdemócratas. A esa “escuela de solidaridad” que es nuestro sistema de seguridad social se suma, -y es parte del mismo entramado-, el modelo educativo costarricense (que con sus limitaciones) es universal. Esta conjunción es la tierra fértil para el trabajo que Coalición Costa Rica y toda persona comprometida hace para asegurar el triunfo electoral. Así, encontramos en esa “escuela de solidaridad” el elemento constructor de una sensibilidad especial del pueblo costarricense que hoy debemos levantar para convertir, -esta coyuntura electoral-, en el cuenco o crisol en el que se podrían fusionar los elementos para un camino costarricense que debemos re-construir.

  1. El nuevo pacto socio-político

Esta coyuntura ha provocado un espacio para el reacomodo político, pues ante la posibilidad de caer en una teocracia teñida además de incapacidad programática, distintas personas y fuerzas se han agrupado de uno y otro lado de las candidaturas presidenciales. Este fenómeno, que incluye a medios de información, representantes de los partidos políticos que formaron parte del bipartidismo, importantes sectores críticos dentro del catolicismo y de las otras iglesias históricas de un lado y el neopentecostalismo de otro, y más expresiones sociales, culturales, empresariales, académicas y políticas, podrían abrir el espacio para el desarrollo de un nuevo pacto socio-político que nos permita pensar la Costa Rica que queremos y acordar un programa para lograrla. Ciertamente para ello, es necesario dejar de lado dogmas, rencores, e intereses mezquinos.

  1. Las tareas del futuro y la permanencia de la Coalición

Uno de los valores principales de la Coalición Costa Rica es que no es un partido político, sino una alianza social con posibilidades de convertirse en movimiento, esto es, contar con objetivos de largo plazo, cohesión en torno a ellos y permanencia. Por ejemplo, ¿no podría esta Coalición impulsar una reforma mediante referendo u otra vía para lograr un mecanismo de elección legislativa que si haga honor a una democracia en su sentido de gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo? Este ejemplo propone abrir la posibilidad de pensar en otras luchas o procesos más allá del 1 de abril.

  1. El sentido de ser joven

Si bien es cierto Coalición Costa Rica tiene la agradable y conveniente marca de las juventudes, también es cierto que probablemente se cuentan por miles las personas que ya no clasificaríamos en ese concepto etario, pero si, como escribí en otro texto, en la propuesta de que ser joven es tener hoy metas nuevas para cumplir mañana. El elemento clave entonces es el compromiso, la fase superior de la conciencia que nos mostró doña Myriam. Y con base en ese compromiso, no importa la edad para asumir la tarea de contribuir en la construcción, o re-construcción, del camino costarricense hacia el respeto pleno a los derechos de todas las personas.

  1. La urgencia de un resultado electoral y el estrechamiento del espacio político

Más allá de concentraciones, encuestas o mediciones de fuerza, el resultado de la segunda vuelta electoral costarricense tiene una connotación política clave: el riesgo de un estrechamiento del espacio político. Igual que como ocurre en las sociedades dominadas por el ejército, con un gobierno basado en principios religiosos o sectarios el espacio político, -es decir, la posibilidad de disentir, proponer públicamente sin peligro de discriminación o condena, de organizarse para promover luchas sociales, y en general, para impulsar propuestas distintas a las del gobierno-, se vería limitado. El solo hecho de que la propuesta neopentecostal gane una elección, enviaría a toda la sociedad el mensaje de que existe por definición y con validación electoral lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo aceptable y lo inaceptable. Eso no lo podemos permitir y por ello la abstención no es una opción válida. Por esto, lo expuesto en el punto 3 en torno a la base histórica que puede sustentar la preferencia electoral, resulta clave. Para ejemplificar lo que esto significa, recordemos la idea propuesta desde el Partido Restauración Nacional de que “es necesario restaurar la universidad pública”, o bien, lo dicho por Arnoldo Castillo, representante de esa misma agrupación en entrevista con La Nación el 8 de marzo: » Yo esperaría que no coartemos la libertad cultural, yo esperaría que eso no lo hagamos, que no tengamos que llegar a eso».

  1. La construcción de ciudadanía y la ruta hacia la democracia participativa

La reforma del 2003 al Artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica que establece el “gobierno participativo” es una ruta a seguir. El gobierno participativo, como elemento administrativo, requiere de la construcción de una democracia participativa, esto es, que los distintos sectores aceptemos que ese es el modelo político en el cual deseamos vivir y que debemos construirlo. Lograr la democracia participativa como elemento que rige la sociedad junto al modelo representativo que hace viable el gobierno, implica desarrollar la capacidad de proponer desde la ciudadanía políticas públicas, participar en su ejecución, controlarlas y re-formularlas cuando sea necesario, es decir, desarrollar una cultura de ciudadanía, de compromiso con la comunidad, el cantón, la provincia, el país. Será un reto del movimiento social hacerse presente para impulsar este proceso. Será un reto también para un gobierno de Carlos Alvarado aceptar y promover esto en suma a las alianzas que ha hecho con otras fuerzas políticas.

Como vemos, el papel de esta Coalición Costa Rica no es algo de poca importancia, todo lo contrario, puede tomar mayor fuerza e influencia nacional si logra conservar su autonomía y alcanzar permanencia. Las tareas que vienen son de gran importancia estratégica, especialmente si se toma en cuenta que este proceso electoral ha servido para abrir a la luz pública algo que estaba semioculto a la conciencia: la existencia de un movimiento con alta estructuración y cobertura, basado en una lectura ahistórica de la Biblia, con evidentes móviles financieros y de poder político, que opera con base en la obediencia, y se alimenta de la desigualdad socio-económica y la urgencia de soluciones, reconocimiento y apoyo para la población marginada o que es presa de la injusticia social. En adelante, la vida de quienes lideran estas congregaciones, -ahora expuestas a la luz-, y sus alianzas de oportunidad podría no ser la misma; pero ello depende de que el compromiso del gobierno, de los movimientos sociales y de las personas conscientes se haga presente con base en ese camino que puede surgir de la confluencia de quienes no solo queremos votar y trabajar en contra de, sino, por una Costa Rica transparente, inclusiva y solidaria.

 

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Informe de piquete en la CCSS para oponerse a privatización solapada

Comunicamos que el día de hoy, jueves 24 de agosto se realizó un piquete en la entrada de la CCSS, la actividad fue muy provechosa porque se presentaron representantes de organizaciones y movimientos en lucha por la defensa de la seguridad social, de organizaciones gremiales, de organizaciones de derechos humanos y paz, de partidos políticos y del movimiento social.

Nos acompañó una tumbacocos con música y sonido, hubo llamados vehementes a la Junta Directiva de la CCSS para que detenga estas formas solapadas de privatización.

El piquete se realizó de 10 am. a 12 m., se repartieron volantes para informar a los transeúntes sobre las decisiones que se están tomando en el seno de la Junta Directiva, el tema estaba programado para discutirse en la mañana, sin embargo, si discutió hasta la tarde.

Nos comunicaron que ayer, después de discutir el tema, la Junta Directiva de la CCSS aprobó solicitar una autorización a la Contraloría General de la República para prorrogar el Contrato con EBAIS-UNIBE por 24 meses y dar a las Gerencias de la CCSS, 2 meses para que presenten un Estudio de Factibilidad que demuestre que la CCSS lo puede asumir.

Además, recibimos información de fuente confiable, que existe una Carta entregada el 22 de agosto de 2017 y dirigida a la Junta Directiva de la CCSS, firmada por Edgar Mora Altamirano, Alcalde de Curridabat y por Marcel Soler Rubio, Alcalde de Montes de Oca, donde dicen que pueden asumir los EBAIS de sus cantones por medio de la SPEM (Sociedad Pública de Economía Mixta) de Salud constituida por la Municipalidad de Curridabat y donde recientemente se incorporó la Municipalidad de Montes de Oca.

En la Junta de Salud de Montes de Oca hemos venido dando seguimiento a esta nueva forma de tercerización y nos oponemos porque estas SPEM requieren para funcionar con un aliado estratégico, entonces ya no recibiremos nuestros servicios de parte de un tercero, sino de parte de un tercero que se alía con otro tercero para dar el servicio.

Ahora, el tema pasa a la Contraloría General de República, institución que en el oficio DCA-0165 del 23 de enero del 2013 de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, indicó a la CCSS que el Contrato suscrito es improrrogable, de esta manera, en el punto III. Condiciones bajo las que se concede la autorización para la contratación directa concursada de estos servicios, se indica que la autorización se confiere en términos claros, entre estos:

  1. “…Deberá la Administración adoptar las medidas necesarias para que ante la finalización del contrato o contratos que lleguen a suscribirse, con la antelación debida, se promuevan los procedimientos ordinarios que correspondan o se determine que los servicios van a ser asumidos directamente por la CCSS…”
  2. “…Al ser procedimientos excepcionales autorizados sobre la base de las explicaciones acá brindadas, no es viable aplicar nuevas contrataciones al amparo del artículo 12 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 201 del Reglamento a dicha Ley…”

Seguimos atentos, seguimos pidiendo información, seguimos la solicitud de intervención a la Defensoría de los Habitantes y seguimos la denuncia ante la Contraloría General de la República.

Movimiento Salud del Este

 

Enviado por Junta de Salud de Montes de Oca.

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SEC celebra directriz del MEP sobre cargas laborales

El presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense SEC Gilberth Díaz Vásquez indicó -a propósito de la circular del MEP sobre la carga laboral docente- que las medidas anunciadas para eliminar la sobrecarga laboral provocada, específicamente, por el abuso de comunicaciones y actividades que sobrepasan las obligaciones y horario laborales, son un logro del trabajo serio de los sindicatos para garantizar las mejores condiciones laborales de quienes tienen en sus manos la educación de las futuras generaciones.

La política de salud ocupacional del MEP se desprende de la aplicación del título V capítulo I y II sobre salud ocupacional y seguridad social de la Convención Colectiva MEP y SEC-ANDE-SITRACOME, y sus acuerdos tomados en Junta Paritaria este martes 8 de agosto, viene a atender una grave tendencia de deterioro de la salud del personal docente en Costa Rica, a quienes se ha recargado no sólo con las ya conocidas horas de evaluación y preparación de lecciones fuera del horario escolar, sino con innumerables solicitudes de trabajo administrativo, comunicaciones por medios no institucionales en horario de descanso y asignación de actividades que sobrepasan las obligaciones laborales.

Gilberth Díaz explicó que, “más allá de las simples percepciones, los sindicatos nos dimos a la tarea que fundamentar científicamente las causas del malestar y de una serie de síntomas de deterioro de la salud física y mental del personal docente, incluido el llamado síndrome del quemado en el trabajo, con el respaldo de investigaciones realizadas por organismos como la UCR, UNESCO, OIT y el mismo MEP, con lo que se logró evidenciar la legitimidad del reclamo de frenar las prácticas que deterioran la calidad de vida de docentes en todos los rincones del país”.

Celebramos que el MEP reconociera con diligencia esta situación y emitiera una directriz clara a todo el personal para impedir que esta situación se siguiera dando, corresponde ahora a toda la compleja estructura del MEP conocer, respetar y hacer valer esta medida de salud ocupacional, puntualizó Díaz Vásquez.

Estamos a la espera de que en tres meses la comisión que se intregró para analizar otras situaciones más graves de carga laboral aportados por nuestra afiliación, de su informe para estudiar y resolver de la mejor manera.

SEC logo

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por SEC CR.

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Ciudadanos reciben apoyo de sindicato en su lucha por la defensa de la seguridad social

Este viernes 11 de agosto, la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Administradores de Servicios De Salud y Afines del Seguro Social (SINASSASS) recibió a un grupo de ciudadanos de diferentes cantones, quienes están luchando por que la CCSS asuma la atención de los EBAIS, y que estos no se den en concesión.

Se mantuvo un intercambio sobre la situación de salud de Barva y los retos que tiene la CCSS sobre el modelo privatizador que viene imponiendo algunos miembros de la Junta Directiva de la Caja y sus gerencias, a lo que SINASSASS dio un voto de apoyo, debido a la lucha de este movimiento ciudadano viene dando por la defensa de la seguridad social. El sindicato manifestó que si fuese necesario, emitirán un pronunciamiento a favor del trabajo que este grupo viene realizado.

 

Enviado por Rafael López Alfaro.

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Bloque Verde: Estalla conflicto laboral por persecución sindical

  • Finca Nenita Farm en San Pablo de Los Chiles

 

Oficiales de seguridad privada negaron el ingreso a los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP) en la finca piñera Nenita Farm. A pesar de que los trabajadores se presentaron a laborar, pero los agentes de seguridad impidieron su ingreso a la plantación.

El día de hoy (1 de agosto) hay patrullas de fronteras y seguridad privada amedrentando a los trabajadores.

¿Por qué los despidieron? Los trabajadores fundaron el pasado miércoles 26 de julio una seccional sindical ante el Ministerio de Trabajo. A escasos días de fundación de la seccional el empresario dueño de la empresa, se presentó ante los trabajadores y les señaló que iban a despedir a todos los trabajadores. Según los trabajadores, se les indicó que solo pueden ingresar a trabajar quienes no están afiliados al sindicato.

¿Por qué se sindicalizaron? Estos obreros laboran desde hace varios años para el empresario y quieren que se les reconozca varios derechos como lo son: salario mínimo, horas extras, día de descanso, aguinaldos, vacaciones, seguros de trabajo, salud ocupacional y la libertad sindical.

¿Quién es la empresa? Según su página de Internet la planta empacadora y los laboratorios de la empresa se encuentra en Pital de San Carlos, y tienen 8 años de producir y comercializar piña de exportación en los tipos fruta Crownless o sin corona para fresh cut y fruta con corona RIPE para Estados Unidos y Europa; cuenta con una finca en Pital de San Carlos y otra en San Pablo de Los Chiles. La Nenita Farm es una empresa de unas 60 hectáreas, donde más del 90% de los trabajadores se afiliaron a SITRASEP para luchar por sus derechos ( 26-7-2017, socialismohoy.com).

Tal y como se ha denunciado los trabajadores, comunidades y ecologistas en decenas de empresas piñeras de la Zona Norte del país, las condiciones laborales de los obreros son precarias, mientras esas empresas se reparten cientos de millones de dólares al año en ganancias. Solo en esta pequeña empresa SITRASEP estima que producto del no pago de aguinaldos y vacaciones podrían ahorrarse hasta 50 millones de colones al año, sin contar los dineros que no ingresan a la CCSS y fondo de pensiones.

Así se han denunciado casos similares en COOPEPIÑA, Exportaciones Norteñas, Finca Once, B&Jimenez, Cítricos Bella Vista, Agromonte, VISA, entre otras, en las cuales solo en la empresa Exportaciones Norteñas ha habido algunos avances en las condiciones de trabajo producto de la lucha de los trabajadores y las comunidades.

En este mismo sentido FRENASAPP y BLOQUEVERDE denunciaron que diez empresas productoras y exportadoras de piña miembros de CANAPEP adeudan ₡708.504.195 colones a la seguridad social costarricense que agrupa la morosidad con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) deben ₡34.735.727, al Fondo de Asignaciones Familiares (Fodesaf) adeudan ₡663.059.652 y ₡10.708.816 al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (ver comunicado http://bloqueverde.blogspot.com/…/pineras-de-canapep-adeuda…). A principios de mes la SETNEA cerró parcialmente tres piñeras por problemas ambientales.

Video:

https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/1368178393279654/

Bloque Verde estalla conflicto laboral persecucion sindical

Tomado de la página de Facebook de Bloque Verde.

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SEC: Nuestra posición ante la polémica OIT- UCR sobre la situación financiera del sistema de pensiones IVM de la CCSS

Las recientes noticias sobre el informe técnico de la OIT, sobre aparentes fallas metodológicas en el informe actuarial que hiciera la Escuela de Matemáticas de la UCR sobre el estado financiero del IVM, han dejado una gran estela de dudas al respecto de nuestro conocimiento real sobre la situación del mayor sistema de pensiones del país.

Todo esto ha puesto en evidencia que, o bien se han tomado decisiones sustentadas en información errónea, cargando en las personas trabajadoras la responsabilidad de dar sostenibilidad a un sistema aparentemente en vías de quebrar -tal como la medida de aumentar la cuota obrera en un 1%-; o bien se han tomado decisiones manipuladas por información cuyo objetivo era mostrar un sistema de pensiones al borde del colapso, para favorecer las agendas políticas de los enemigos de la seguridad social.

Tras analizar este informe técnico de la OIT se puede interpretar que se sobredimensionó la población con derecho a pensionarse en las proyecciones futuras, así como el monto de los derechos de pensión que se tendrían que pagar, como señala la Nota Técnica de la OIT, estaríamos en presencia de un serio problema de transparencia, si fuera intencional sería un intento de ocultar la realidad y defraudar a la clase trabajadora, si fuera un error sería irresponsable de parte de la CCSS pagar por un informe con semejantes deficiencias.

En cualquiera de los casos, los señalamientos de la OIT sobre el informe actuarial de la UCR son muy graves y ponen al descubierto que la anunciada catástrofe del IVM -que motivó acciones apresuradas que enturbian el diálogo social necesario para la mejora de todo el sistema de la CCSS- no es tal, y que debe estudiarse a profundidad la situación para buscar soluciones reales, que no se alejen de la ruta de la solidaridad social.

Lo cierto es que el país requiere, con urgencia, conocer el estado actual de su principal sistema de pensiones, señalando con claridad tanto las causas de su situación, como las dimensiones precisas de los problemas financieros y de sostenibilidad que tiene. Sin esta información es irresponsable tomar medidas que sólo ocultan los verdaderos peligros a los que se enfrenta el IVM y nos expone más a su debilitamiento.

Las nuevas generaciones no merecen vivir con la incertidumbre sobre su futuro y el pueblo, que ha construido con esmero a lo largo de más de 74 años, este pilar de la solidaridad y la justicia social, no merece verlo desplomarse o desaparecer con respuestas individualistas de privatización o deteriorarse al punto de no poder dar pensiones dignas a la clase trabajadora del país.

Sabemos perfectamente que ha habido un constante ataque a todas las instituciones de nuestro Estado Social de Derecho, y no podemos obviar que la CCSS y su sistema de pensiones han sido también blanco de esa ofensiva neoliberal. Desde finales del siglo pasado se identificaron grandes problemas de gestión, decisiones financieras y administrativas equivocadas tomadas por los poderes políticos que se expresan en su Junta Directiva, de las cuales aún esperan juicio 14 personas en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

Para el SEC es claro que no puede concentrarse toda la problemática del IVM en el factor del cambio de la pirámide demográfica del país. Para nutrir el diálogo social que busque la mejora del sistema debe señalarse con rigurosidad el impacto de:

  • Los indebidos intereses de las aseguradoras privadas mezclándose con la seguridad social.
  • La gestión negligente en cuanto a la inversión de fondos, la pérdida de millones por no hacer valer su derecho al no pago de renta y el no cobro de morosidad, empresarial y estatal.
  • Del creciente deterioro de las condiciones laborales para la mayoría de la clase trabajadora con el crecimiento desmedido de población laborando en la informalidad.
  • Del abandono malintencionado del cobro del 15% de las utilidades de las instituciones públicas contempladas en el artículo 78 de La Ley de Protección al Trabajador.
  • De las decisiones políticas de los gobiernos de Oscar Arias en cuanto a la disminución de la contribución del Estado de 3.25% a tan solo 0.25%, que además se adeuda, la apertura de cientos de plazas sin justificación real, la promoción de aumento de montos de pensiones y pensiones adelantadas.

Como clase trabajadora tenemos mucho que decir, que proponer y que defender en cuanto al IVM, exigimos por ello información veraz, voluntad política y transparencia en el diálogo y en la toma de decisiones que afectan de forma tan sensible a todo el pueblo trabajador.

En nombre de las y los trabajadores de este país, exigimos que se desestime y detenga cuanto antes la medida de incremento del 1%, esto para evitar un deterioro mayor de las condiciones económicas y calidad de vida de la clase trabajadora. Lo anterior hasta que la OIT o cualquier otra entidad con competencia en el tema realice un nuevo estudio actuarial.

 

Enviado por SEC Costa Rica.

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UCR: La protesta social es un derecho humano

  • En Foro Institucional 2017 se analizan casos de protesta en defensa de derechos ambientales

 

Patricia Blanco Picado,

Periodista Oficina de Divulgación e Información, UCR

La protesta social es un derecho humano UCR
La protesta social, y en particular la protesta socioambiental en Costa Rica, fue tema de análisis por parte de dos académicos de la UCR y una activista social en el Foro Institucional 2017 dedicado a la libertad de expresión, comunicación y democracia (foto archivo ODI).

La protesta social, entendida como una acción colectiva de la ciudadanía en defensa de sus derechos, ha sido una parte sustancial del país a lo largo de su historia. Sin embargo, en los últimos años el Estado costarricense ha puesto en práctica herramientas legales con la finalidad de inhibir estas manifestaciones y llevar al plano judicial estos conflictos.

«Algunos sectores, que tienen coptado al Estado, buscan intimidar, inhibir o ejercer algún tipo de presión psicológica sobre personas que en algún momento de su vida participan en una protesta social en Costa Rica», expresó el Dr. Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Boeglin y el Dr. Jorge Lobo Segura, docente de la Escuela de Biología de esta misma universidad, participaron con expositores en la mesa redonda «Protesta social como manifestación de la libertad de expresión», actividad organizada como parte del Foro Institucional 2017 Libertad de expresión, comunicación y democracia.

Los académicos han brindado acompañamiento técnico a organizaciones comunales en varias protestas ambientales y, por tanto, hablaron desde su experiencia personal.

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«Tenemos aún medios de justicia para la resolución de confictos socioambientales», aseguró el Dr. Jorge Lobo Segura, profesor de la Escuela de Biología y uno de los expositores en el Foro (foto Laura Rodríguez).

«Los procesos de protesta socioambiental en nuestro país han sido una forma concreta de expresión de insatisfacción y de reclamo de derechos ambientales de la población y de la naturaleza, como resultado de la preponderancia de los intereses privados sobre lo social y lo natural», aseguró Lobo.

La protesta en el campo ambiental ha aumentado en la última década según cifras del Informe Estado de la Nación y se expresa mediante campañas en contra de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, agrícolas, urbanísticos, reformas legales, la defensa del algua y temas relacionados con la región marítimo-costera.

Lobo y Boeglin coincidieron en que la criminalización de la protesta social es un hecho en Costa Rica, ya que a quienes participan en estos movimientos se les trata como delincuentes. Mencionaron varios casos recientes, entre ellos el juicio penal en el que fueron absueltos en abril pasado cinco estudiantes y un profesor de la UCR por participar en el 2012 en una marcha en defensa de la seguridad social.

Los expositores plantearon además que las manifestaciones de inconformidad social no tienen cabida en los medios de comunicación masivos y son solo tomadas en cuenta cuando adquieren gran envergadura, incidencia politica o se convierten en conflictos violentos. «Existe una enorme dificultad de los actores sociales de conseguir atención en los medios», detalló Lobo, sobre todo cuando los movimientos sociales son incipientes.

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El Dr, Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la UCR, alertó sobre el uso de técnicas legales y mecanismos sutiles para inhibir el derecho a la protesta social y mandar una señal calra al movimiento ambientalista (foto Laura Rodríguez).

Para el biólogo, la ausencia de medios comunitarios o de prensa con alcance local «es una gravísima omisión de nuestro sistema de comunicación».

Por su parte, Boeglin explicó que en Costa Rica se ha empezado a relacionar el derecho penal y la protesta social, lo que es muy peligroso y preocupante, ya que este tipo de derecho está pensado para sancionar conductas y lograr que las sanciones sea ejemplarizantes.

«El derecho penal en ningún momento tiene que empezar a acercarse de esa manera a la protesta social. La protesta social no es más ni menos que un ejercicio legítimo en la defensa de intereses colectivos, muchos de ellos reconocidos por la institucionalidad costarricense y en una gran cantidad de leyes», afirmó el jurista.

Boeglin y Lobo mencionaron la experiencia vivida ante la demanda por injurias, calumnias y difamación interpuesta en su contra por la empresa minera canadiense Infinito Gold, que pretendía desarrollar el proyecto de minería a cielo abierto Crucitas, en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.

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Eva Carazo, integrante de varios colectivos sociales y expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR, enfatizó que las universidades públicas tienen una responsabilidad directa con las comunidades, que requieren el acompañamiento técnico y legal ante la judialización de las protestas sociales (foto Laura Rodríguez).

«Muchos de los que participan en estas marchas -expresó Boeglin- tienen la Constitución en la mano y no entienden que un Estado haga el juego a ciertos sectores e intente sostener lo insostenible, como lo vimos en el proyecto Crucitas, donde vimos a un Gobierno actuar como vocero de una empresa canadiense».

«Eso es algo nunca visto y es profundamente indignante para quienes entendemos un poquito cómo funciona el aparato estatal costarricense», aseguró el profesor universitario.

«Estas experiencias me han mostrado lo importante del proceso de investigación, el trabajo de gabinete, el respaldo a los reclamos con argumentos científicos, técnicos o legales y la importancia de la búsqueda de caminos legales y administrativos como parte de los procesos de protesta socioambiental que ocurren a diario en nuestro país», manifestó Lobo.

La protesta para cuestionar

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Las sesiones del Foro Institucional 2017 se realizan los miércoles 8 a.m. a 12 m. en el auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la UCR. Las próximas sesiones son el 21 y el 28 de junio (foto Laura Rodríguez).

La necesidad de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación deben constituirse en reivindicaciones de los movimientos sociales, opinó la activista, expresidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR y psicóloga, Eva Carazo, quien participó en la mesa como comentarista.

Carazo reafirmó la importancia de la protesta social como procesos de defensa de derechos e hizo un llamado a cuestionarse «qué le dice la protesta a nuestra sociedad sobre el tipo de modelo depredador y de relaciones y procedimientos que tenemos disponibles para tomar decisiones y resolver los conflictos».

Indicó además que estas manifestaciones colectivas forman parte de la cotidianidad de mucha gente en nuestra sociedad y son aspectos esenciales de su supervivencia. Sin embargo, señaló, no forman parte del mundo que los medios de comunicación presentan: «llegan a los medios hegemónicos solamente como conflictos o aparecen como la nota roja o con un abordaje superficial».

Finalmente, Carazo dijo que en vez de mirar la protesta social como una amenaza, se debería analizar cómo los movimientos sociales han presionado por cambios institucionales necesarios, porque las leyes y el Estado no han funcionado en la protección de los derechos ciudadanos.

Estos temas se aboran en el Primer Foro institucional del 2017 que trabaja el tema «Libertad de expresión, comunicación y democracia». Las actividades del foro se realizan los días 6, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2017, Auditorio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Video Cuarta Mesa Redonda:

https://youtu.be/7f7AzEXw5b0

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Un nuevo rebajo del salario

Carlos José Cabezas Mora (*)

  • Para aportarlo a la seguridad social

Recientemente la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) decidió de manera mayoritaria rebajar un 1% adicional a los salarios de todos los trabajadores cotizantes, como una medida para enfrentar en un futuro el posible desfinanciamiento del régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

Nadie en su sano juicio estaría en contra de tomar medidas para proteger las pensiones de esa importantísima institución que nos cura y nos cuida, sin embargo la lógica de financiamiento está inspirado en el aporte tripartido (trabajadores, patronos y Estado), en esta ocasión y por segunda vez desde el 2005 (ley de protección al trabajador) con los mismos argumentos se procedió a un aumento por etapas de la cuota solo para los trabajadores y que todavía no se ha terminado de aplicar.

El argumento patronal usual es que ellos ya pagan un porcentaje alto (5,08%) de las planillas mientras que el obrero es bajo (3.84%), el Estado aporta (1,24%), representado por el Gobierno de turno se opuso a el aumento de la cuota obrera pues la institución abrió una mesa de diálogo con el fin de buscar soluciones.

La decisión de elevar el aporte de los trabajadores permitirá que, en un plazo de cinco años, no se utilicen parte de las ganancias de las inversiones del régimen, dijo Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, sin embargo la ley de protección también obliga a los bancos a girar un porcentaje de sus ganancias, algo que hasta el día de hoy no se ha cumplido.

Vivimos en uno de los países más caros de América Latina, si añadimos que el salario promedio está alrededor de 500 mil colones, un rebajo del 1% en salarios de rangos muy bajos sin duda tiene efectos negativos en el disponible de las familias, pero nos plantea unas dudas adicionales: ¿A pesar del sacrificio de los trabajadores será suficiente esta medida para solventar las necesidades de la CCSS? Para nosotros solo aumentar las cuotas obreras no es la solución al problema quizás más bien lo complique.

Los regímenes de pensiones como el de la CCSS tienen varios factores que los afectan a saber:

  1. La cantidad de población que trabaja para mantener a los pensionados. Por lo que el envejecimiento de la población (menos nacimientos) daña el régimen
  2. La evasión patronal, de trabajadores independientes y la informalidad del empleo.
  3. Si la economía no va bien alimenta los problemas pues también los pequeños empresarios pueden tener dificultades para enfrentar sus obligaciones con la seguridad social, los malos salarios y el desempleo.
  4. La capacidad de invertir y generar ganancia del régimen, afectado por el nivel de burocracia, gastos innecesarios, manejo de tasas de intereses de los préstamos de vivienda, morosidad.

Es evidente que pretender solo aumentar las cuotas obreras no es la solución al problema de futuro desfinanciamiento del régimen de IVM, lo que significa también que es un tema de carácter nacional que debe tener también múltiples propuestas de solución, entre las cuales están la definición de las políticas de Estado, esas que pocas veces ayudan a la clase trabajadora pero sí enriquecen a los ya poderosos.

(*)Secretario General, Central General de Trabajadores.

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos

Enviado a SURCOS por Carlos Cabezas.

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A juicio luchadoras y luchadores sociales

A juicio luchadoras y luchadores sociales2

El 08 de noviembre de 2012 cuerpos policiales reprendieron de forma violenta una protesta que se daba en defensa de la seguridad social. Las y los involucrados fueron sometidos a juicio este 5 de abril.

¡Los cinco compañeros, que están siendo criminalizados y sus abogados por protestar en defensa de la seguridad social, en juicio!

A juicio luchadoras y luchadores sociales3

A juicio luchadoras y luchadores sociales4

Enviado a SURCOS por Alejandro García Valerio.

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