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Etiqueta: seguridad social

Solicitan que detengan maquillajes en estudios actuariales del SEM-CCSS

El investigador y experto en estudios actuariales, máster Rodrigo Arias López envió una carta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en la cual solicita que se “detengan los maquillajes en ‘estudios actuariales’ del SEM” o Seguro de Enfermedad y Maternidad. El documento tiene fecha del 16 de diciembre de 2019.

Asimismo, “que se ordene el cumplimiento de los artículos 32 siguientes y concordantes de la Ley 17 y procedan a cobrar al Estado las cuotas que ordenan las leyes N° 17, N° 5905, N° 5349 y N° 7374”.

En su nota Rodrigo Arias López dice:

“Por este medio, como ciudadano y asegurado cotizante activo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), muy respetuosamente me dirijo a esa Junta Directiva para solicitarle lo que se indica en el asunto, conforme las funciones y obligaciones que le confieren a esa Junta Directiva el artículo 14 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

Primero. Solicito a esa Junta Directiva detener el maquillaje en los estudios actuariales del seguro de salud, trasladar esa función actuarial al Departamento Actuarial de la Dirección Actuarial y Económica y ordenar que se realice un nuevo estudio actuarial conforme el artículo 42 de la Ley 17.

Esta solicitud la fundamento en las siguientes graves falencias técnicas y jurídicas que contiene la “Valuación Actuarial del Seguro de Salud, 2017” (EST-0007-2019) de Agosto, 2019, elaborada por Carolina González Gaitán, Actuaria, Evelyn Guzmán Solano, Actuaria, revisada y firmada digitalmente por Luis Guillermo López Vargas, Director.

  1. A) Incorrecta selección de las hipótesis de crecimiento de los gastos
  2. B) Ausencia de proyección de las reservas del seguro
  3. C) Tarifas del Cuadro N° 51 erróneas
  4. D) En el informe no se incluyen los ingresos según condición de aseguramiento

Segundo: Solicito a esa Junta Directiva proceder a cobrar al Estado lo que ordenan las () leyes.

Tercero. Solicito a esa Junta Directiva proceder de conformidad a lo ordenado por los artículos 32, 42 y 43 de la Ley 17; es decir, determinar la forma como se divide la prima de 25,16% sobre los salarios que la CCSS recauda de acuerdo con la Ley N° 17, en el caso de los trabajadores asalariados. De conformidad con el Cuadro 51 actualizado conforme a lo solicitado en el punto Primero de esta nota, la tarifa que resulte para el caso de los asalariados es la parte que le corresponde al Régimen de Reparto (seguro de salud) y el remanente le pertenece al Régimen de Capitalización (Seguro de Invalidez Vejez y Muerte).

En el siguiente enlace puede descargar el documento completo con todo el análisis técnico y documental realizado por el experto en temas actuariales Rodrigo Arias López:

En otro documento fechado 8 de agosto de 2018 y dirigido al Dr. Román Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el máster Arias López se refiere “al uso de los fondos y reservas de los seguros sociales para otros fines y a las obligaciones del Estado como tal con el Seguro de Salud (SEM) según la normativa vigente”.

En este amplio documento el analista expone la forma como se incumple lo establecido en la Constitución Política, así como en la normativa nacional en relación con el Seguro de Salud. Por ello, en su petitoria señala:

“Dado que tales actuaciones de la CCSS resultan a todas luces inconstitucionales, conforme a los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, solicito a ese Despacho lo siguiente:

1) Dar respuesta a mi solicitud de fecha 24 de mayo de 2018, puntos de a) a k) antes transcritos.

2) Ordenar a la administración activa de la CCSS proceder a cuantificar y a cobrar al Estado el 100% de los aportes y costos que le corresponden por diversas leyes en cada modalidad de aseguramiento del seguro de salud, incluyendo los gastos de la atención médica a no asegurados y los incurridos por la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Ley 7374.

3) Reducir gradualmente la cuota del 15% sobre los salarios del seguro de salud de los trabajadores asalariados al nivel técnico y legal que corresponde y trasladar dicha reducción al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”.

Puede consultar el documento completo en este enlace:

Finalmente, el experto en temas actuariales Rodrigo Arias López, remitió una carta al presidente ejecutivo de la CCSS el 4 de octubre de 2019 en la cual indica:

Dado que a la fecha no cuento con una respuesta sobre lo resuelto por su despacho con relación a mi oficio del 8 de Agosto de 2018, con relación “al uso de los fondos y reservas de los seguros sociales para otros fines y a las obligaciones del Estado con el Seguro de Salud”, la cual fue trasladado por su Despacho para su atención a la Dirección Actuarial por medio del oficio PE-2425-2018 del 21 de Agosto del 2018, solicito respetuosamente trasladar a la Junta Directiva mi solicitud, junto con el expediente completo que contiene las adiciones realizadas por el suscrito.

Esta solicitud es conforme al artículo 27 y 30 de la Constitución Política.

¿Alguien puede estar contra el fortalecimiento de la Caja?

¡Pues sí!: los mercaderes de la salud e ignorantes

Luego de impulsar una ley que era el “sueño mojado” de los neoliberales enemigos de la seguridad social, se impuso el criterio según ellos flexible, que restringe el crecimiento del gasto público en todas las instituciones, conocida como regla fiscal. Con la complicidad de la Sala IV esa ley se hizo extensiva incluso a otros poderes de la república e instituciones autónomas como es la Caja Costarricense del Seguro Social, violentando la autonomía constitucional.

El impacto de la Regla Fiscal en la inversión social que se define como gasto público, nos parece que se usa como propaganda para estigmatizar el concepto del uso de los fondos públicos en el bienestar social, es un atentando contra la salud de las personas o bien la calidad de vida, pues impide el crecimiento de programas o servicios en determinados momentos de crisis fiscal, en la CCSS es más bien una política criminal pues sus consecuencias son mortales para pacientes presentes y futuras generaciones.

Hemos apreciado la molestia que provoca en los usuarios perder citas en clínicas y hospitales, sin embargo ese sentimiento debería multiplicarse por diez veces cuando se trata de políticas que restrinjan, limiten, corten o dañen la institución, vengan esas de decisiones de la propia junta directiva de la institución, de la Asamblea Legislativa a través de las leyes, pues las huelgas son temporales mientras que los daños a nuestro país se convierten en permanentes.

Las acusaciones de medios de comunicación contra los valientes trabajadores de la Caja pueden ser ingratas, pues ellos luego de intentar solucionar en la mesa de negociaciones no tienen otra opción que protestar para detener el deterioro o para defender sus derechos dejan de lado la actitud pasiva de la mayoría de la ciudadanía contra el daño en sus servicios por parte de los políticos.

Para nosotros, quienes deberían ser los primeros “huelguistas manifestantes” son los usuarios de la institución o sea el pueblo en general, que los ricos que no la utilizan sigan asistiendo a sus clínicas y hospitales privados y dejen de manipular opiniones con ayuda de los grandes medios de comunicación.

Tenemos otro gobierno que parece poco importarle el presente y futuro de la Caja, razón por la que tendrá la bien merecida condena histórica, en la pila de otros gobernantes que no honraron su juramento ni sus discursos, promesas que no valen el papel donde se escribieron.

Carlos José Cabezas Mora

SECRETARIO GENERAL

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES

 

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La Cuarta Revolución Industrial y la justicia laboral

Manuel Hernández Venegas

La 4 revolución industrial traerá implicaciones que transformarán totalmente, de manera radical, nuestras formas de relacionarnos en el trabajo, escuelas, universidades, el hogar y la sociedad, en general.

En el ámbito de las relaciones laborales, la 4R se expresará, no solo en las nuevas modalidades o formas de relación laboral, sino también en el empleo.

OCDE ha estimado que en los próximos 5 años, los robots inteligentes destruirán más de 7.000.000 de empleos, en los 15 países más industrializados.

Tenemos que empezar a pensar en una nueva forma de construcción de personalidad jurídica de los robots, una especie de personalidad robótica o personalidad tecnológica, que vaya permitiendo a las especies robóticas más complejas y autónomas, la cotización a los sistemas de seguridad social, la afiliación a sindicatos clasistas -cada vez menos- y promoviendo nuevas opciones de participación democrática y política, en nuevo escenario de la lucha de clases

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Foto: https://ciudadanospormexico.org

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Impacto del narcotráfico sobre la gobernanza participativa y los cambios en los usos de suelo

«… los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social…»

Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.
Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.

San José, Costa Rica, 16 de mayo de 2018. Con el fin de esclarecer las razones que llevan a la formación de rutas de tránsito de cocaína en las áreas silvestres protegidas y el impacto generado sobre la gobernanza de la conservación, la Universidad Estatal de Texas, la Universidad Estatal de Oregon y la Fundación Neotrópica, presentaron este miércoles su más reciente investigación sobre los impactos del narcotráfico en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Dicha investigación corresponde al Proyecto PEGASuS: bajo el enfoque de la gobernanza participativa para conservar los servicios ecosistémicos y a biodiversidad, financiado por Future Earth, con el fin de identificar el ligamen entre la deforestación anómala y las nuevas rutas de tráfico de drogas en la región del Corredor Biológico Mesoamericano.

La investigación se centra en tres casos de estudio: Guatemala, Honduras y Costa Rica, bajo los objetivos principales de: 1) Evaluar los impactos del tráfico de cocaína sobre los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en América Central a través de indicadores ambientales y económicos; 2) Caracterizar las amenazas a la gobernanza en las áreas silvestres protegidas; 3) Involucrar a actores sociales, gestores de las áreas, investigadores, creadores de las políticas en el refinamiento de la evaluación; y 4) Promover la formación de un observatorio de las consecuencias del tráfico de drogas sobre las áreas protegidas de América Central.

Como parte de la comprobación, el trabajo se centra en las siguientes cuatro hipótesis sobre el impacto del tráfico de drogas en la gobernanza ambiental:

  1. Promueve transformaciones extractivistas del paisaje: El aumento que se da del narcotráfico en América Central acelera actividades extractivistas tales como la ganadería y la minería;
  2. Se aprovecha de los modelos verticales y de mercado de la gobernanza: la narcoactividad capitaliza aquellas actividades no participativas que tienden a dejar el espacio para efectos de control de territorio, tal es el caso del turismo y las plantaciones forestales;
  3. Produce impactos asimétricos en la gobernanza ambiental: los efectos del narcotráfico se darán sobre las áreas protegidas según las condiciones intríncecas de cada uno de los territorios, tales como historia ambiental, institucionalidad, entre otros;
  4. Debilita las coaliciones de conservación: El modelo del narcotráfico no solo genera impactos a nivel de las actividades que promueve, sino también sobre las coaliciones sociales, colocándolas en peligro.

“El elemento fundamental que no se ha capturado en análisis previos siendo importante para la conservación de la región, es el efecto sobre la gobernanza”, señaló Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.

Así mismo, Jennifer Devine, profesora asistente de la Universidad Estatal de Texas, sostiene que los datos han demostrado que la participación comunitaria resulta ser una estrategia contra el narcotráfico, y que además contribuye a aumentar la seguridad ambiental y social “en el caso de un área protegida donde el Estado no tiene mucho poder, como el caso de la Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala, la forma de gobernanza más eficaz para proteger la biodiversidad es la gobernanza comunitaria de las concesiones forestales”.

Por su parte, David Wrathall, profesor asistente del departamento de amenazas naturales en la Universidad Estatal de Oregon, destaca que “en el caso de Honduras el modelo de gobernanza participativa es débil, se debe invertir en él. Las comunidades están pagando un precio muy alto, varios comunitarios han sido ejecutados por defender sus territorios en las áreas protegidas. Las comunidades indígenas son despojadas de sus tierras, ellos son los más afectados”. Por otro lado, además asegura que “existe un fenómeno de tránsito y de blanqueo de ganancias ilícitas que se queda en las comunidades para gastar en ciertas inversiones, tal como la ganadería que tienen un alto impacto ambiental”.

Los investigadores subrayan que las implicaciones directas sobre Guatemala, Honduras y Costa Rica presentan un efecto diferente. En Guatemala y Honduras existe una disputa por el control del territorio, la capitalización de actividades económicas (ganadería, palma, minería, turismo) e inclusive los gobiernos municipales. Por su parte, en Costa Rica se presenta degradación de los servicios ecosistémicos tras la utilización de las áreas silvestres como sistemas de bodegaje, reabastecimiento de combustible y cambio de medio de tránsito.

“El tejido social se erosiona y la gente comienza a tener temor, consideramos que sí hay impactos ambientales que debemos tomar en cuenta si queremos conservar la sostenibilidad de las áreas”, indicó Aguilar. “La solución es la misma, invertir para que no se debilite, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), deberá tener un acompañamiento adecuado de Guardacostas, Dirección de Policías de Fronteras”, esto para el caso específico de Costa Rica, ya que Guatemala y Honduras carece de instituciones como el SINAC que ejerzan injerencia directamente en las áreas silvestres protegidas.

Las áreas protegidas son el blanco perfecto para que las organizaciones de tráfico de drogas establezcan territorios de control dentro de los países de tránsito, más allá del alcance de los esfuerzos de interdicción liderados por el estado, implementando estrategias como socavar las alianzas de gobernanza de conservación existentes, oponerse a las normas y reglas existentes, alterar los beneficios esperados del pago por servicios ecosistémicos entre otros. Estas organizaciones están estableciendo modelos alternativos de gobernanza de los recursos que desafían la autoridad de las agencias de conservación en la región.

Además, en muchos casos las áreas silvestres protegidas coinciden con territorios fronterizos y zonas marinas internacionales, condiciones que facilitan el tránsito de sustancias ilícitas. Ejemplo de ello son los puntos de entrada de drogas de Centroamérica (por ejemplo, la Reserva de la Biosfera Río Plátano que limita con la costa expansiva de Honduras) y puntos de salida (por ejemplo, el parque nacional Laguna del Tigre en la esquina noroeste de Guatemala, inmediatamente adyacente a la frontera con México) y en el Parque Nacional Corcovado en el sur de Costa Rica, muy cercano a la frontera con Panamá.

Lo agravante de esta realidad es que la afectación va mucho más allá del impacto ambiental sobre las áreas silvestres protegidas, es la factura que esto implica en términos de seguridad para los funcionarios gubernamentales que velan por la protección de estos espacios. A esto se suma la violencia que ha cobrado vidas humanas, catalogando a la región centroamericana como una de las más peligrosas a nivel mundial para activistas ambientales, los afrodescendientes y los indígenas.

La siguiente fase de investigación consistirá en una serie de trabajos de campo en Honduras y Guatemala.

Cambios uso de suelo.
Narcopista Terraba-Sierpe a la par de Laguna Sierpe.

Comunicado enviado por Fundación Neotrópica.

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Luis Paulino Vargas Solís: Mi punto de vista sobre lo que ocurre en Nicaragua

Duele profundamente Nicaragua; duele el dolor, las lágrimas y la angustia de su gente, la agresión, la violencia y la represión. Duele, sobre todo, la sangre derramada y las vidas apagadas. Lo lamento en el alma y lo condeno con indignación.

Son claras las responsabilidades que en todo esto caben al gobierno Ortega-Murillo: respondió a la protesta popular con violencia directa y desmedida. Ello inauguró un bucle creciente y autoalimentado de nuevas protestas y violencia descontrolada.

Es fácil recurrir al atajo de la justificación conspirativa, tan del talante de algunas izquierdas latinoamericanas: todo es un montaje del capital y una trama urdida desde Washington, para frenar otro de los bastiones, aún en pie, de los proyectos de izquierda latinoamericanos.

Y, sin embargo, ello resulta difícilmente plausible cuando uno observa la diversidad de los grupos que participan de la protesta y los muchos espacios desde los que se movilizan y manifiestan. Y no me refiero a lo que la prensa tradicional difunde, sino a las cascadas de información que, por medio de videos y audios aficionados, circulan. Se pierden de vista dos cosas esenciales: la tradición insurreccional que a lo largo del tiempo (al menos desde las primeras intrusiones violentas de Estados Unidos hace más de un siglo), se ha consolidado y que, seguramente, fluye en los genes culturales de este pueblo; y, segundo, las posibilidades para la autoconvocatoria que conceden las tecnologías actuales, que son asimismo las que posibilitan tener acceso a información de primera mano que en otros tiempos no habríamos conocido.

Pero no deberían olvidarse los antecedentes puestos por el mismo Ortega, a través de un gobierno de tintes autoritarios, enredado en oscuros pactos con el poder religioso más conservador, políticos corruptos, el gran empresariado y algunos poderosos intereses económicos externos. No es un detalle menor que en su reciente llamado a diálogo convoque solamente a la iglesia católica y al gran empresariado.

Lo mejor que podría decirse del gobierno Ortega-Murillo es que ha puesto en marcha una suerte de “socialismo asistencialista”, caudillista y proclive a la manipulación y la corrupción. Socialismo debería ser garantía institucionalizada de derechos universales, no repartición de dádivas a discreción. Pero, aun así, resulta difícil ocultar sus estrechos ligámenes con grandes intereses económicos.

Si las izquierdas de América Latina aspiran a ser una verdadera fuerza de emancipación, han de serlo desde un opción radical por la democracia y los derechos humanos, y un respeto irrestricto por la verdad. Y ese espíritu emancipador pasa por reconocer que el poder gubernamental no es un objetivo en sí mismo. Ceder el gobierno cuando la voluntad popular así lo decida, puede ser el paso necesario para limpiar vicios y corrupción y superar errores cometidos. Tomar nuevos aires, renovarse y volver a fortalecerse.

 

Imagen tomada del Facebook de Luis Paulino Vargas Solís.

Enviado por el autor.

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Iglesia Católica de Nicaragua exhorta al pueblo a no rendirse ante intimidaciones

La Iglesia Católica de Nicaragua se manifiesta ante protestas en ese país e insta al pueblo a no ceder ante las amenazas e intimidaciones del Gobierno nicaragüense ya que considera su lucha justa. Para animar al pueblo cita dos frases del Papa Francisco: “la historia no depende solamente de la voluntad de los poderosos sino sobre todo de la capacidad de los pueblos de organizarse” y una segunda dicha por el Papa a los jóvenes en Chile: “el joven que no ame a su patria no será capaz de amar ni a Jesús, ni a Dios”.

Finalmente, Silvio Báez, Obispo auxiliar de Managua, alienta a no dejarse cegar por ideología política, ya que la causa de la lucha es la justicia social.

VIDEO: si lo va a ver desde su celular, sugerimos colocarlo de manera horizontal de ser necesario.

 

Enviado por Jorge Arturo Chaves.

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Nicaragua rebelde y revolucionaria está insurreccionada a favor de la libertad

Los actos insurreccionales protagonizados por jóvenes auto convocados estos días, en toda Nicaragua, refleja un hartazgo a la corrupción de la pareja presidencial, al desmesurado uso de la fuerza policial, el autoritarismo más propio del somocismo que de un Gobierno que se denomina de izquierdas, a las tropelías propias de las derechas centroamericanas en los procesos electorales, la concentración de poder y la pérdida y debilitamiento de la institucionalidad del Estado, la patrimonialización familiar y partidaria de los fondos solidarios de enviados por el hermano pueblo de Venezuela, la partidarización de los movimientos sociales, las represiones constantes cuando organizaciones de todo tipo (no partidarias) salen a la callen a reivindicar derechos ganados en la Revolución Popular, la alianza con los grupos empresariales y la élite de la Iglesia Católica corruptos, la soberbia con la que han gestionado el Poder Electoral, por las consecuencias y la irresponsabilidad en la gestión de los incendios en la principal reserva ecológica Indio Maíz, por las medidas tomadas para sanear el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Es decir, ¡esta revuelta ya no es por el INSS!

Es por la libertad, la necesidad de establecer el diálogo y la cohesión social basada en el respeto a todas las diversidades y la justicia económica. Es por construir un Estado honesto, justo, que rinda cuentas, con funcionarios y funcionarias capaces y también apegados a derecho que no de intereses de un partido. Es por la oportunidad de cerrar los históricos ciclos de violencia que hemos heredado desde la colonización europea hasta las dictaduras sanguinarias del somocismo, o los gobiernos neoliberales de los años 90´s. Es por que nos merecemos vivir en convivencia todas y todos, es por terminar de integrar a la Nación a los pueblos originarios Miskitus, Mayagnas, Ramakis, Monimbó; y también a los pueblos Negros. Esta es una lucha para que construyamos una sociedad en la que ser mujer no sea un peligro.

Y hoy es también, por encontrar y llevar a los tribunales a los responsables de asesinar a nuestros jóvenes:

Darwin Manuel Urbina, trabajador de supermercado.

Jilton Rafael Manzanarez, policía.

Richard Edmundo Pavon Bermudez, activista FSLN estudiante secundaria

Alvaro Manuel Conrado Dávila, estudiante Colegio Loyola

Carlos Bonilla, ciudad sandino

Karla Sotelo, estudiante Esteli

Alvis Yamil Molina Hogdson de Batahola,

Michelle Humberto Cruz, universitario

Orlando Castillo Perez

Giovanny Sobalvarro. Sébaco

Axel Bonilla, León

Red Nicaragüense de Culturas Vivas Comunitarias

 

Imagen tomada del video https://www.facebook.com/OcupaInssNicaragua/videos/1144771455662435/

Enviado por Oriana Sujey Ortiz Vindas.

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