El pasado 15 de junio del 2024 se realizó el Encuentro Popular por la Salud de Limón, organizado por FRENASS Caribe. En donde se reunieron en el distrito central de Limón, diversas personas lideresas del Cantón, para conversar y reflexionar sobre las implicaciones del contexto actual que atraviesa la seguridad social.
Conversamos con Luis Soto miembro de la coordinación de FRENASS Caribe para conocer las primeras impresiones en torno a las reflexiones y debates que se dieron durante el Encuentro Popular por la Salud del Cantón de Limón que se realizó el pasado 15 de junio del 2024. Le preguntamos a partir del debate ¿Cuál contexto atraviesa la seguridad social en el Cantón?
Para escuchar la conversación, ingrese en este enlace.
Dr. Rodrigo Cabezas Moya
Especialista en Cirugía de Tórax
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Seguridad Social para contar con los especialistas que el país requiere y no solo la C.C.S.S.?
Muy apropiada la formulación de la pregunta pues se deben formar los especialistas que requiere todo el país y no solo una institución o el sector privado.
Antes de discutir el tema se debe discutir la enseñanza de la medicina en Costa Rica, que impacta directamente el tema en discusión sino también la salud que recibe la población. En otros países, al final de la fase preclínica (anatomía, fisiología, embriología, etc.) se hace un examen de competencia y quien no lo aprueba no continua en la carrera, ahorrándoles dinero a los padres de familia y orientando al estudiante a otras actividades acordes con su aptitud y capacidad.
Como se ha hecho en Costa Rica la formación de especialistas durante muchos años no es la manera adecuada pues ellos deciden quienes y cuántos se forman al ser ellos quienes designan los exámenes, las preguntas y los califican, siendo de hecho juez y parte del proceso. Incluso en algunas especialidades dejan por fuera a estudiantes calificados para favorecer a familiares de médicos.
En un artículo reciente puse de ejemplo el país donde me formé como especialista, Estados Unidos.
Ahí quienes lo hacen son las universidades que tienen su propio hospital universitario o en algunos casos, tienen un contrato para encargarse de la enseñanza en ellos, por ejemplo Hospitales de Veteranos u Hospitales Públicos de la ciudad, sin que participen en el manejo financiero. El plan de estudios lo hace un ente nacional que representa la especialidad ( American Board of Medical Specialist ) decide si el hospital tiene la capacidad para hacerlo y en el caso de especialidades quirúrgicas, el tipo y número de casos que cada residente debe hacer para concluir el programa. Al final del programa, la universidad certifica las fechas en que la persona fue residente de la especialidad. El título de especialista lo otorga el ente nacional de esa especialidad después de un riguroso examen escrito y oral.
Como se puede deducir, los especialistas no influyen en el número que se forman ni controlan el mercado, muy distinto a la manera como se hace en Costa Rica.
El tema que se pregunta es los desafíos para contar con los especialistas que el país requiere.
En este momento de crisis, la formación pasa a un segundo plano simultáneo con una directriz temporal para importar especialistas extranjeros con toda la oposición que eso acarrea.
Se deben buscar especialistas con un programa de formación similar al aprobado por la Universidad de Costa Rica. Se debe anticipar la oposición del Colegio de Médicos cuya principal función es proteger a sus miembros. Para eso se debe involucrar a la Asamblea Legislativa y a la Sala Constitucional y convencerlos de la naturaleza crítica de la situación. Hay países con programas de estudio similares en donde los especialistas ganan menos, como Colombia y Argentina.
Una vez superada la fase crítica en que estamos, se debe planear la formación en Costa Rica de especialistas, involucrando a todas las partes interesadas y manteniendo a la Universidad de Costa Rica como rectora de los programas de estudio. Otras universidades que no tienen hospitales universitarios no deben participar excepto en casos muy calificados. No se debe descartar la formación de especialistas en el extranjero, lo cual podría costar lo mismo o menos que formarlos aquí.
Una vez superada la crisis, se debe reevaluar el sistema de atención. Cuando haya suficientes especialistas, debe haber tres turnos con salarios globales adecuados y proporcionales a la complejidad de la especialidad y el tiempo requerido para lograrlo. Excepto en casos calificados, no debería haber guardias ni disponibilidad.
Como he dicho en otras ocasiones, para superar la etapa en que nos encontramos se requiere de los más altos valores éticos para el beneficio de Costa Rica.
Dicha exposición es parte de la conferencia «Desafíos de la seguridad y previsión social, escasez de médicos especialistas, juego entre la vida y la muerte», que se realizó como parte del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel. Aquí el enlace del foro: https://surcosdigital.com/conferencia-desafios-de-la-seguridad-y-prevision-social-escasez-de-medicos-especialistas-juego-entre-la-vida-y-la-muerte/
Imagen ilustrativa.
Conferencia sobre salud y seguridad social, en el marco del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel cuyas mesas de trabajo temático iniciaron este 10 de junio. El objetivo de la conferencia es construir y aportar ideas relacionadas a las listas de espera que afecta a la parte familiar y productiva de la población. Expositores que se encuentran en la mesa principal y sus respectivos argumentos:
Sus argumentos giran en torno a la importancia del diálogo social como pilar de la vida democrática. Se señala la preocupación por el aumento de las listas de espera de atención de pacientes por problemas estructurales y como resulta relevante la vocación de diálogo para alcanzar acuerdos.
Se explica que tiene representación en varias organizaciones que buscan ayudar a pacientes de cáncer bajo la consigna “los pacientes somos el centro de la salud”.
Historia de la Fundación ANASOVI y de diversas luchas que han tenido que llevar a cabo distintos pacientes.
Se analiza cómo el tiempo transcurrido entre el diagnóstico, que se lleva a cabo generalmente de manera temprana, se ve afectado por la ausencia de especialistas que hace que la enfermedad evolucione.
Se señala la Importancia de garantizar infraestructura y garantías laborales para los especialistas. Además se señala la brecha existente entre el Gran Área Metropolitana y las zonas fuera de ésta, en donde la escasez de especialistas es aún mayor.
Énfasis en que los especialistas son para el país, no para el sector público o sector privado.
Se realiza una fuerte crítica a la calidad de la educación médica que brindan algunas universidades en el país.
Se destaca esta posición: “En este momento esto es una crisis, el tema no es formar especialistas, debemos importarlos de otros países que tienen universidades similares al régimen de la Universidad de Costa Rica pero que en sus países tienen peores condiciones laborales como Colombia o Argentina”. Se explica que las condiciones laborales para especialistas en Costa Rica son muy atractivas.
Considera que no hay una verdad absoluta ni un culpable único. La crisis y preocupación por la situación de los asegurados es un tema crítico.
Anestesiólogos siendo la especialidad más escasa respecto a la demanda que poseen los hospitales de estos profesionales.
Crítica al gremio de medicina puesto que existen intereses para no aumentar la disponibilidad de especialistas, esto puesto que se considera que la formación de estos especialistas en mayor cantidad, beneficia más al sector privado que al sector público. El expositor considera que esto es incorrecto pues no hay garantía de que todos prefieran lo privado.
Los médicos que trabajan en la institución están al punto del colapso por la carga laboral. La institución como tal, está al borde del colapso también.
Relación entre envejecimiento de la población y la disponibilidad de especialistas (envejecimiento – capacidad hospitalaria – oferta de especialistas).
Argumentación basada en estadísticas sobre: natalidad, días de hospitalización, cantidad de camas de hospitalización disponibles, oferta de especialidades en universidades y cantidad de especialistas proyectados a capacitarse.
Importancia del diálogo para la formulación de políticas, realiza una argumentación basada en estadísticas. Se plantea un análisis de los salarios más altos de especialistas en la CCSS, además de un análisis de los costos y días de espera que caracterizan la operación. Se destaca este argumento: “Es imposible por la cantidad de los casos de pacientes, que el sector privado absorba el 100% de la demanda de procedimientos, no se beneficia al sector privado produciendo más especialistas”.
El rol de los actores políticos en estas tomas de decisiones.
Desafíos que se enfrentan: financiamiento sostenible de la CCSS, retención de especialistas y profesionales, infraestructura hospitalaria para garantizar la dotación de servicios.
Explicación del impacto que busca alcanzar el proyecto de ley presentado.
Explicación de qué es UCCAEP. Explicación del interés que tiene UCCAEP por el resguardo de la CCSS pues resulta imposible administrar un sistema de seguro propio para sus trabajadores. UCCAEP no va a apoyar privatización de servicios que la CCSS brinda.
Explicación de los beneficios de las alianzas público – privadas. Defensa de las cooperativas que brindan servicios de salud en tres pilares: Las cooperativas de salud son parte del sector social costarricense, la CCSS fundamenta el pacto social de Costa Rica y las cooperativas de salud conforman una alianza pública – privada exitosa con la CCSS.
Se invita a ver el foro en la página de Facebook del Sindicato Nacional de Enfermería: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=831026015109773&rdid=Djg3LIfiuS5QULaP
Este lunes 10 de junio, el Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras participó en la instalación oficial de las mesas de trabajo del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel.
Las mesas de trabajo se enfocarán en cuatro grandes temáticas: educación, salud y seguridad social, fomento a la producción nacional y seguridad ciudadana. Están integradas por representantes de organizaciones sociales, productivas y laborales del país, así como de las universidades públicas, que generarán propuestas a corto, mediano y largo plazo para dar solución a los principales desafíos económicos y sociales del país.
El Foro es una iniciativa conjunta de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
Con la instalación de estas mesas de trabajo, se da un paso crucial hacia el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre los diferentes actores del país para construir una Costa Rica más justa, inclusiva y solidaria.
Ante una consulta de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social se logró generar un estudio de parte de la Auditoría Interna de la CCSS en torno a la deuda del Estado por traslado del “Primer Nivel de Atención”.
Este estudio se realizó en atención al Plan Anual de Trabajo del Área Auditoría Financiera y Pensiones de la Auditoría Interna para el periodo 2024, así como en atención de las denuncias DE-232-2022 y DE-039-2023, en las cuales se exponen temas relacionados con el costo del traslado de los programas del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, teniendo como objetivo general el analizar la gestión de la deuda del Estado relacionada con el traslado de los programas del Primer Nivel de Atención, considerando la normativa aplicable, así como el procedimiento para su cuantificación, cobro y registro contable.
Por su parte como objetivos específicos se encuentra la siguiente lista:
Este 21 de mayo se envía el informe completo de este estudio donde se destacan dos recomendaciones:
AL LIC. GUSTAVO PICADO CHACÓN, GERENTE FINANCIERO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.
Adicionalmente, se incluya en el desarrollo los motivos que fundamentan la posibilidad de aplicar o no a partir de octubre de 2019 el “Procedimiento para la determinación del gasto mensual para el primer nivel de atención” que incorpora la metodología para el cálculo, cobro y registro contable del gasto por el traslado de los programas y funcionarios del Ministerio de Salud para el Primer Nivel de Atención, así como de una eventual negociación de pago con el Ministerio de Hacienda, considerando que los periodos en disputa en el expediente judicial 13-006261-1027-CA abarcan desde el año 1994 hasta setiembre de 2019, para ello en caso de que lo estime necesario, podrá solicitar apoyo desde el punto de vista legal a la Dirección Jurídica y elevarlo a los niveles que correspondan.
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá suministrar a esta Auditoría una copia del análisis que se realice de los aspectos señalados, el detalle de las acciones que se tomarán producto de dicho análisis y las notas de revelación ajustadas en los Estados Financieros. Plazo: 6 meses.
AL LIC. GILBERTH ALFARO MORALES, DIRECTOR JURÍDICO O A QUIÉN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO.
La información que se suministre deberá considerar como mínimo los criterios establecidos en la NICSP 19 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, en cuanto a los Activos Contingentes, con el propósito de que se disponga de información actualizada a nivel institucional sobre este proceso, así como de los insumos necesarios para el mejoramiento de las revelaciones a nivel de Estados Financieros, con el fin de apoyar la rendición de cuentas y toma de decisiones a nivel institucional, tomando en cuenta lo descrito en los hallazgos 4 y 5 de presente informe.
Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá aportar la instrucción emitida, así como el primer informe elaborado sobre la situación del expediente judicial 13-006261-1027-CA. Plazo: 4 meses.
Hasta hace muy pocos años jamás pensé que en este, “mi país”, escaseara el agua o se tuviese precaución a la hora de tomarla directamente del tubo, porque podría estar contaminada. O que no se pudiera salir por la noche con la seguridad de la que siempre gozamos en nuestra loca juventud cuando, chicas y chicos, deambulábamos a pie, hasta la madrugada, sin preocupación ni zozobra; o en nuestra niñez, cuando jugábamos en potreros, terrenos baldíos, parques, calles, callejones, alamedas, hasta altas horas de la noche. Mucho menos que hubiese apagones ni asaltos o crímenes en la vía pública y a plena luz del día.
Y hubiese jurado que la seguridad social –seguro universal y gratuito– crecería y gozaríamos de ella para siempre, cada vez con mayor eficiencia y más oportuna; que, por ejemplo, las ciudades capitales de cada región contaran con un hospital como el México o el Calderón Guardia, asunto para nada inalcanzable si no se hubiese desfinanciado a la Caja (CCSS). Lo mismo con la educación pública, gratuita y costeada por el estado, con estándares de calidad semejantes a cuando cursaba mis estudios secundarios en el otrora prestigioso Liceo San Carlos, el cual, para entonces, por la calidad de sus docentes, no tenía nada que envidiar a cualquier colegio privado de San José. O que las telecomunicaciones y la electricidad podrían exportarse a toda Centroamérica y más allá, contando con una institución como del ICE, por mucho tiempo la mejor empresa en su línea en América Latina y con las tarifas más baratas. (Recuerdo, en mis épocas de hippie, cuando un profesor francés que me hizo raid hasta Sámara, Nicoya –se daba el lujo de vacacionar en Costa Rica y alquilar un auto con su salario– me asegurara que estábamos mejor que en París puesto que, con unas cuantas monedas y sin la mediación de una operadora, podía llamar desde una cabina en la playa directamente a su casa en Lyon). Tampoco podía imaginar un banco privado, o decenas de universidades privadas atacando a las públicas en pos del presupuesto estatal que se les asigna(ba), aunque el estado no cumpla a cabalidad con el mandato constitucional. A pesar de ello, continúan siendo las más prestigiosas, solventes y eficientes; las únicas que aún pueden llamarse “universidades”.
En fin, presumía, con amigos y conocidos latinoamericanos, usamericanos y europeos, porque generalmente ocupábamos los primeros lugares del continente en cuanto a salud –atención médica, erradicación de enfermedades, campañas de vacunación, prevención–, educación –eliminación del analfabetismo, nutrición escolar, infraestructura escolar, cobertura nacional–, vivienda popular, agua potable, telecomunicaciones y electricidad –cobertura nacional–, distribución del ingreso, producción agrícola –con el orgullo de los estancos del CNP–, eliminación de la pobreza, etc. Casi siempre al lado de los también buenos índices de Cuba. (Hoy, vergonzantemente, somos el país más desigual del mundo).
Trato de decir que el Estado Social de Derecho erigido a finales de la década del cuarenta del siglo pasado, luego de una cruenta guerra civil (1948) y de un pacto social inédito (oligarquía, clase media y trabajadores, representados por socialcristianos, socialdemócratas, iglesia católica y comunistas), parecía alzar vuelo y funcionar al margen de la guerra fría, de las dictaduras y de las guerras civiles que asolaban a Centroamérica y al resto del subcontinente. Un estado que, a pesar de errores y corruptelas, se presentaba como el proyecto político más logrado y solvente de la región prometiendo mayor estabilidad social en un marco geopolítico sumamente violento y de agudas contradicciones sociales. ¡Pero llegó la contrareforma!
Luego de la lúcida defensa de dicho estado y de la soberanía nacional por parte de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982), misma que le fuera cobrada sin indulgencia por parte del FMI y el BM, hincándonos con la devaluación de la moneda, lo que provocó ira en el pueblo costarricense (pero no contra el FMI o el BM, desafortunadamente, sino contra el gobierno defensor de la soberanía, ¡habrase visto!), sobrevino el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986) que implementa los primeros planes de ajuste estructural (PAEs), iniciando así la contrareforma neoliberal y la ruptura de un estado que, hasta entonces, operaba –mal que bien– con un rostro humano y sin tanta sangría social, ofreciendo oportunidades para los sectores sociales más desprotegidos.
Más tarde los neoliberales, con Óscar Arias a la cabeza, asaltan el Partido Liberación. Nacional (PLN), trastocando lo que aún le quedaba de socialdemócrata. Con un “bazoocazo constitucional” –paradoja: así lo bautizó Luis Alberto Monge Álvarez– y sin oposición, logran reelegir al susodicho. Igual sucede con el partido Social Cristiano (PUSC) con la llegada del junior –Calderón Fournier–, quien, junto al otro junior –Figueres Olsen– firmarán un pacto para repartirse el pastel tratando de cerrar y privatizar instituciones. El segundo logra quebrar y eliminar el Banco Anglo Costarricense, entre otros desmanes concertados. Dicho de otra manera, el bipartidismo se alía y conforma un sólo partido –que, cual máscara de Jano, intercambiará el mangoneo del gobierno: el PLUSC. Cuando el jueguito se les agota, entonces deciden crear el Partido Acción Ciudadana (PAC) dilapidando muy pronto su caudal electoral, ya que los dos gobiernos que logran posicionar –atizando la hoguera del fundamentalismo y embobando a izquierdistas parlamentarios y progresistas pro derechos humanos– aceleran la contrareforma de manera agresiva, ganándose la animadversión de una masa ya confundida e intoxicada con el discurso único de esa entente y de la globalización bajo esquema neoliberal administrada por USA. Entonces, ya casi desesperados, inventan una nueva candidatura y envían por un desconocido ávido de poder y de riquezas. Solo que, al parecer, les salió un poco careto aliándose con nuevos ricos y fuerzas espurias. Lo demás lo estamos padeciendo.
Es este un recuento, grosso modo –quizás de manera harto gruesa– para comprender el galopante proceso de desmontaje del Estado Social de Derecho y el avance de la contrareforma neoliberal dirigido por la plutocracia nacional –con sus contradicciones interclase (grupos de poder que reclaman su tajada), claro está– agenciada por franquicias políticas cada vez más de derecha rayanas en un alarmante y criollo proto fascismo. Es lo que hay. Lo que se lamenta es que el período de desmontaje y deterioro del estado y de la república en general, haya sido tan vertiginoso y virulento; tanto que todavía nos preguntamos cuándo fue, exactamente, que empezó a joderse este paisito. Lo peor: con el apoyo de miles de fanáticos que aplauden dicho desmontaje desconociendo la gravedad del asunto, toda vez que serán ellos los más castigados cuando esta ínsula se privatice en absoluto y pase a ocupar la vanguardia en términos de concentración de capital en pocas manos, bancarrota social y violencia criminal. Lo que se avizora es más que patético. A no ser que demos un golpe de timón y enderecemos la barca en busca de los principios que hicieran de este país un ejemplo mundial en la segunda mitad del siglo XX; algo así como el trapito de dominguear de las democracias capitalistas, una rareza en una Centroamérica convulsa y desangrada. ¿Tendremos los arrestos espirituales, políticos y socioculturales para ello todavía? ¿Será posible la conformación de un verdadero frente político y social que enfrente la, hasta ahora, imparable contrareforma?
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados proclama su lucha sociopolítica y sindical para lograr justicia social y derechos laborales. Entre sus demandas principales se encuentran:
La ANEP busca articularse con otros sectores para lograr estos objetivos fundamentados en los derechos humanos y la justicia social.
Le invitamos a participar de nuestra próxima actividad en el marco de la Semana de la Seguridad Social en Costa Rica. Así como invitar a más personas y organizaciones a este evento.
El objetivo de esta actividad será contribuir al diálogo sobre la importancia de la seguridad y previsión social en Costa Rica, donde podamos destacar los aportes del sector educativo al país desde la perspectiva de las buenas prácticas, experiencia, orígenes e historia de la seguridad y previsión social, así como destacar los desafíos que enfrentamos con una mirada de la política pública de personas jóvenes y mujeres para un mejor futuro de nuestro país.
Agradecemos puedan hacer las conformaciones previas al: 8400 3435/correo: mesa.nacionaldedialogo@gmail.com
Día: miércoles 24 de abril de 2024.
Lugar: Lugar: JUPEMA oficinas centrales – salón principal. 30 metro sur, de la esquina sur este de la Corte Suprema de Justicia, sobre calle 21.
Hora: 8:30 a.m.
Una actividad organizada por la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense.
Compartido con SURCOS por Rodrigo Arias López.
El día 16 de marzo de 2024 se emitió una Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social, cuyo asunto era la Réplica al oficio AI-0430-2024 de fecha 8 de marzo de 2024 (D-109869) y peticiones.
Dentro del asunto se llevó a cabo una reunión realizada el pasado miércoles 13 de marzo de 2024 en las oficinas de la Auditoría Interna, donde se expuso lo siguiente.
Primero. En la reunión realizada antes citada, los funcionarios de la Auditoría Interna enfatizaron la limitación que tienen, pues sus recomendaciones no son vinculantes, o sea, son simples recomendaciones, estando atada la Auditoría Interna para ir más allá cuando detecte una violación flagrante al ordenamiento constitucional, legal o técnico. No obstante, se citaron pruebas claras de que eso no debería ser una limitación y que por el contrario esa Auditoría Interna tiene las herramientas suficientes para hacer que se cumplan las leyes y la Constitución en el caso concreto del Seguro Social y la Seguridad Social que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Segundo. En el oficio de la referencia, en varias partes se citaron pronunciamientos como: “… el Seguro de Salud se rige por el principio de solidaridad y por ende no responde a la búsqueda de equilibrios parciales entre contribuciones y gasto de atención para cada modalidad de aseguramiento”, “… las recomendaciones realizadas por la Auditoría sobre ese particular podrían no solo afectar las disposiciones reglamentarias actuales, sino también una afectación del Principio de Solidaridad “, “La Gerencia Financiera de conformidad con lo indicado tanto en el estudio de la Dirección Actuarial y Económica, así como la Dirección Jurídica, considera que el enfoque de las recomendaciones realizadas por esta Auditoría no es congruente con el Principio de Solidaridad que, por Ley Constitutiva, rige el accionar del Seguro de Salud”.
Tercero y último. La Auditoría Interna comunica la opinión que tiene la Administración Activa de la CCSS; pero no aportó su criterio independiente, el fundamento, el análisis de esa Auditoría Interna sobre esa opinión o criterio de la Administración Activa de la CCSS. Esa fue la petición expresa en el oficio ACSS-004-2022 del 29 de junio de 2022,se quería un criterio independiente de esa Auditoría Interna, no fue que le preguntaran a las Autoridades de la CCSS la opinión que ellas tienen sobre el asunto. Por otra parte, la Auditoría también brindó diversos análisis que no mostraban en ninguna parte el criterio legal y técnico que dé garantía como ciudadanos que efectivamente la Administración de la Caja está apegada al ordenamiento legal y constitucional.
Lo anterior, insiste en hacer del conocimiento y denuncia ante esa Auditoría Interna que el Seguro Social es la protección contra las contingencias de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte de los trabajadores asalariados y sus familiares económicamente dependientes, de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política y la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social N° 17 del 22 de octubre de 1943. Es obligatorio, contributivo, tripartito y solidario, administrado y gobernado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Como seguro no incluía en su origen la atención primaria de la salud, ni protegía a toda la población del país. No obstante, lo anterior, las autoridades de la CCSS y de todos los gobiernos de turno han venido violando diversas disposiciones constitucionales y legales que prohíben utilizar fondos y reservas del Seguro Social para otros fines distintos a los de su creación; específicamente han utilizado y actualmente usan fondos que de conformidad con los artículos 32, 35 y 43 de la Ley N° 17, pertenecen al Seguro de Pensiones. Usan esos recursos de IVM para financiar lo que le dejan de cobrar al Estado de las leyes 5349 y 7374 y lo que el Estado le deja de pagar a la CCSS, lo cual desfinanció al seguro IVM.
Lo anterior, ha concluido la reunión realizada el pasado miércoles 13 de marzo de 2024 en las oficinas de la Auditoría Interna con las siguientes peticiones:
Primero. Solicitamos el “criterio de ese órgano Auditor” tal y como lo pedimos en los puntos 6) y 7) de nuestro oficio ACSS-004-2022 del 29 de junio de 2022, que textualmente dicen:
6) Si esa Auditoría le ha consultado a la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS los motivos por los cuales en las conclusiones y recomendaciones de la Valuación Actuarial del SEM con corte al 31/12/2017 no dicen nada sobre los resultados del Cuadro No 51 y el criterio de esa Auditoría sobre tal omisión.
7) Si la CCSS cumple o no con lo ordenado en los artículos 23, 32 y 43 de la Ley No 17 según el criterio de ese Órgano Auditor.
Segundo. Conforme con el principio de legalidad que rige a la Administración Pública, solicitamos “el criterio a ese Órgano Auditor” sobre lo siguiente: ¿Es legal que en el año 2022 la Administración Activa de la CCSS haya utilizado ¢999.425 millones de aportes tripartitos del seguro social para financiar el déficit de ingresos que tuvieron los regímenes de salud por cuenta del Estado y del primer nivel de atención de la salud, en lugar de utilizarlos para el financiamiento del Seguro IVM de conformidad con los artículos 32 y 43 de la Ley N°17? En caso afirmativo, solicitamos la normativa legal que lo sustenta. Insistimos en que solicitamos el criterio imparcial e independiente de esa Auditoría Interna, conforme la función que tienen las Auditorías Internas de “proporcionar a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y del resto de la Administración se ejecutan conforme al marco legal, técnico y a las sanas prácticas”.
Tercero. Apegados al mismo principio de legalidad solicitamos a esa Auditoría Interna el análisis técnico y jurídico que demuestre que aparada al llamado principio de solidaridad, la CCSS está facultada para usar los fondos del seguro IVM para financiar los costos del primer nivel de atención de la salud (Ley 7374) y de los asegurados por cuenta del Estado (Ley 5905).
Cuarto y último. Nos informe esa Auditoría Interna si los oficios mencionados en el oficio AI-0430 2024, específicamente de la Dirección Jurídica de la CCSS, de la Dirección Actuarial y de la Gerencia Financiera, fueron conocidos por la Junta Directiva de la CCSS. Así mismo, que nos informen si la Junta Directiva de la CCSS ha aprobado el uso de los fondos que según el artículo 32 de Ley 17 le corresponden al IVM, para financiar los costos del primer nivel de atención de la salud (Ley 7374) y de la población sin seguro en estado de pobreza (Ley 5349). En caso de que así haya sido, solicitamos el acuerdo tomado.
Con todo lo anterior, se invita a leer el documento de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social para ampliar la información.