Vladimir de la Cruz
La institución del Ejército de Costa Rica duró hasta el 1 de diciembre de 1948, cuando la Junta de Gobierno, Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer, decidió abolirlo, eliminarlo de nuestra institucionalidad.
Cuando esa decisión se llevó al seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, se aprobó esa abolición como una norma constitucional, que ha hecho que todas las generaciones de niños, de jóvenes, desde 1948 no se vean sometidos a ninguna obligación militar por parte del Estado, o a llamados del gobierno con ese fin de enlistamiento militar, de apuntarse en una lista con obligación de formar parte de la estructura militar, por un período generalmente breve, para recibir a la fuerza un entrenamiento y conocimientos militares básicos.
El no tener ejército nos obliga a no participar en conflictos bélicos, ni ser socios de acciones militares de países. Así quedó confirmado por la Sala Constitucional de la República, cuando el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, 2002-2006, decidió poner su firma en las operaciones militares, que Estados Unidos realizó en Irak, como parte de una “aparente” coalición internacional en ese conflicto, que era exclusivo de los Estados Unidos.
En el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fortaleciendo esa decisión de 1948, se declaró a Costa Rica como una Democracia desarmada y neutra ante problemas y conflictos militares.
Al calor de la Guerra Fría, y del anticomunismo que se desató en el continente ante la Revolución Cubana, los Estados Unidos impulsaron en Centroamérica el Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, en la década de 1960, que reunía a todos los ejércitos de Centroamérica, incorporándose Costa Rica como parte observadora del mismo, haciéndose representar oficialmente en las reuniones del CONDECA por el que fuera Embajador de Costa Rica en Guatemala, donde estaba la sede de esta organización militar, desde 1961 hasta 1979.
Con los cambios operados en el escenario internacional desde 1990 cambiaron también las políticas regionales de seguridad, por el llamado Tratado Marco de Seguridad Democrática, impulsándose especialmente la Declaración Trinacional de El Salvador, Guatemala y Honduras, en la conformación de lo que también se ha impulsado en esos tres países, reconocidos como El Triángulo Norte de Centroamérica.
El no tener Ejército no eliminó una fuerza policial para salvaguardar las necesidades de seguridad de la población. Desde 1948 se impulsó una Fuerza Pública para mantener el orden. Durante años se entrenó como una fuerza militar, especialmente su oficialidad que era enviada a las academias militares de Estados Unidos en el Canal de Panamá, así como a Alemania, Israel, Corea del Sur, Chile y otros países.
Los grados con los que se organizaba eran de tipo militar, que le fueron eliminados en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, 1986-1990, por grados de carácter civil. En el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier, 1990-1994, le fueron restituidos los grados militares a la Fuerza Pública. De nuevo, posteriormente se los volvieron a eliminar.
En el segundo gobierno de Oscar Arias Sánchez, 2006-2010, se impulsaron políticas, bajo la modalidad de tratados internacionales contra el militarismo, la producción y compra de armas a nivel mundial, en la ONU.
Centroamérica, como resultado de las guerras internas desde la década de 1980 ha sido un escenario de gran tráfico de armas, de compra y venta de armas de guerra. Tráfico ilegal del que Costa Rica no ha escapado. En nuestro territorio se mueven armas con conocimiento oficial y poco control.
La venta de armas es autorizada en Costa Rica. Especialmente de armas que no son de guerra; pero, se están vendiendo armas de guerra. Los grupos asociados al comercio y tráfico de drogas y estupefacientes, las organizaciones criminales que operan en todo el territorio nacional, a vista y paciencia de las autoridades nacionales, están bien armadas con este tipo de armamento militar. Constantemente, esto se evidencia en las noticias que se publican de sus enfrentamientos, en disputas por el control de los territorios de distribución de drogas y de exportación de la cocaína a Europa, así como por el cuido de sus bodegas, consideradas de las más importantes y grandes de la región, comparadas con algunos países suramericanos, por sus dimensiones.
La reorganización que se ha venido haciendo en la Seguridad Pública nacional contribuye al fortalecimiento de estos grupos, de sus negocios de drogas como del manejo de armas que poseen.
La venta de armas de guerra que se hace en el país, por la cual se puede adquirir armamento de guerra, de combate, armas modernas de distintos calibres y calidades ofensivas, las que se pueden traer, como parte de estas ventas, constituye un grave peligro para la seguridad nacional, para la seguridad de las personas y para la seguridad del mismo sistema democrático que tenemos.
La existencia de las policías privadas en el país, en número superior a la Fuerza Pública, hace más peligroso ese arsenal de armas existentes en el país, por la dimensión de pequeños “ejércitos privados” que pueden constituirse de esa manera, algunos de los cuales pueden ser útiles incluso a políticos del actual gobierno como de fuera del gobierno y la institucionalidad.
La existencia de centenares de pistas aéreas “clandestinas” que operan en el país, unas reconocidas y otras no oficialmente, facilitan ese comercio de armas, como de drogas. A veces, la prensa da cuenta de aeronaves abandonadas en algunas de esas pistas.
Desde el punto de vista de la seguridad social cada vez más son atendidos, en las emergencias hospitalarias de la Caja Costarricense del Seguro social, y en hospitales y clínicas privadas, ciudadanos heridos con armas de guerra. Solo el año pasado la atención de estos ciudadanos llegó casi a los 1500, un promedio de cuatro diarios. Por armas de fuego en los nueve meses que llevamos del 2024 han sido atendidas 821 personas. Y del período 2019 al 2024 han sido atendidas 5.652 personas, a un promedio diario, en estos cinco años, de casi 3.3 personas diarias. De acuerdo con el OIJ, los muertos con armas de fuego, de manera dolosa, este año suman 640 personas.
Las armas de guerra que se están empleando, entre otras son AR-15, M 16, AK47. La AR-15 es traída de Estados Unidos, traficada por las organizaciones criminales que la pagan con drogas. De acuerdo con los datos criminológicos del país estamos en la cuarta ola del narcotráfico, con una violencia homicida que tiene un 60% de vinculación con el crimen organizado.
Esta situación obliga a que se deban tomar decisiones más fuertes en el control del comercio lícito de armas. Ese control pasa inexorablemente por prohibir de manera definitiva la traída de cualquier tipo de armas de guerra, y de penalizar severamente a quien las posea.
El ambiente de inseguridad nacional es muy peligroso para la estabilidad democrática del país. Facilita incluso que desde el gobierno se pueda provocar un clima y una situación que conduzca a un estado de excepción, un estado de sitio, a un autogolpe de estado, a una prolongación fáctica del gobierno aduciendo esta situación de inseguridad y de inestabilidad.
El gobierno constantemente contribuye a ella atacando la institucionalidad pública, los poderes del Estado, los organismos e instituciones de control político y administrativo, provocando la pérdida de la fe en los Poderes Legislativo y Judicial, cuestionando, criticando y debilitando los actores críticos de la sociedad costarricense, a los partidos políticos, a los dirigentes políticos nacionales, a los gestores de opinión y a los analistas políticos.
Recientemente, con las detenciones para efectos de investigación judicial, que se ha hecho de directores de la Caja Costarricense del Seguro Social, el gobierno, en pleno, con sus ministros y su fracción de diputados, todos de traje negro, como si asistieran al funeral anunciado de la democracia nacional, en boca del presidente jaguar, que curiosamente no rugió como suele hacerlo, advirtió de que se está a punto de perder la democracia y que de parte del gobierno se requieren, en posibilidad, acciones más fuertes, insinuando justamente el autogolpe de estado, el estado de excepción, las limitaciones de las libertades y derechos ciudadanos. Amenazó incluso de que podría no haber elecciones en el 2026.
Estos últimos días, particularmente de noche, han puesto a funcionar helicópteros, sin insignias del gobierno, pero tampoco intervenidos por las autoridades de seguridad pública, en caso de que fueran privados, a volar bajo, muy bajo, sin luces, casi a nivel de techos en determinadas comunidades, en Montes de Oca, en Escazú, en Santa Ana, dando vueltas a todo ruido de motores, llamando la atención y provocando preocupación de los ciudadanos en sus casas, como si fueran operativos policiales o de seguridad, en persecución o de acciones policiales en desarrollo.
Ante la protesta, preocupación y consulta de ciudadanos se ha dicho que han sido “acciones de entrenamiento para condiciones del mal clima”. ¿Cuándo, en Costa Rica, se han hecho ese tipo operaciones y maniobras policiales, que parecen más de ejército en condiciones de represión y de golpes de estado, aduciendo prácticas de entrenamiento? ¿Ni siquiera las hacen de día? ¿Por qué asustan y preocupan a la población con esos desplantes? ¿O, es que están preparando a la gente para el ambiente de zozobra, de inquietud o de amenaza, y de represión o de autogolpe institucional de estado, que se quiere imponer por la forma autoritaria de ejercer el Gobierno de la República? ¿Quién dio la orden de esos “ejercicios” nocturnos de los helicópteros, que no parecían ser del gobierno, todos negros, sin identificación alguna? ¿Tendrá el presidente un grupo altamente especializado en este tipo de operativos, como el que tiene a su servicio de manera directa, para su seguridad presidencial, que parece más para su seguridad personal, que solo a él le reporta?
¿A cuál “mal clima” se han referido las autoridades que han justificado esos vuelos rasantes de helicópteros, justamente la noche de la detención de los directores de la Caja Costarricense del Seguro Social? ¿Al clima político que están viviendo quienes están siendo sometidos a investigación judicial en el Gobierno? ¿O eran vuelos de apoyo moral para los detenidos esa noche?
Justamente, ese día y esa noche fatídica para el gobierno, como lo reconoció el jaguar principal, también coincidieron acciones amenazantes de tipo terrorista contra el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y contra el Presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Está el gobierno impulsando la reconstitución de un Ejército?
Los desplantes militaristas de los vuelos rasantes y los desplantes militaristas de las caravanas presidenciales matutinas hacia Zapote apuntan en muy mala dirección política nacional.
Compartido con SURCOS por el autor.
