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Por: Lenin Chacón Vargas

El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.

7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política

Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.

Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.

Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.

8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»

Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.

Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.

El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.

Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.

9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas

La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.

Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.

Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.

Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:

Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).

Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.

Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).

Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.

El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.

El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.

10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!

A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.

Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.

El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.

El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.

Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.

Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.

NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:

«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …

«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.

«El capitalismo en algunos países del mundo aún pervive en su estado salvaje. Lo que la Iglesia critica es el espíritu contra el que el capitalismo ha alentado al utilizar el capital para someter y oprimir al hombre en una vida donde los hombres buscan su propio bien y no el bien común». Juan Pablo II..

20/10/26, Limón Costa Rica.