Detrás de la medida cautelar dictada el 9 de noviembre por la Sala Constitucional hay una discusión de fondo sobre el equilibrio entre los poderes del Estado. La Sala ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de votar en segundo debate el presupuesto ordinario y extraordinario de la República para 2027 (expediente 25.754) antes del 29 de noviembre. El centro de la discusión son cuatro normas de ejecución presupuestaria que, según la Corte Suprema de Justicia, pondrían al Poder Judicial bajo el control de un órgano político del Parlamento.
La resolución se dictó dentro de la consulta de constitucionalidad que la Corte presentó sobre el proyecto (expediente 26-039748-0007-CO). La solicitud la planteó la presidenta de la Corte, Patricia Vargas González, cuando el presupuesto ya había sido aprobado en primer debate el 5 de noviembre y se esperaba su votación final el martes 10.
Las normas cuestionadas
Según los argumentos de la Corte recogidos en la resolución, las normas de ejecución 9, 10, 11 y 12 inciden «de manera negativa, directa y gravísima en la organización y funcionamiento del Poder Judicial al bloquear recursos y congelar plazas»:
La norma 9 condiciona el desbloqueo de ₡29.843,8 millones, el 5,6 % del presupuesto institucional, a la aprobación final de una comisión legislativa de control político.
Las normas 10 y 12 impiden traslados ordinarios entre subpartidas y restringen la cobertura de plazas vacantes esenciales.
Para la Corte, esto implica «un sometimiento del Poder Judicial a la mera voluntad de un órgano político de la Asamblea Legislativa». Sostiene además que se usan normas de ejecución anuales para modificar implícitamente regímenes estatutarios y de empleo público, y para legislar sobre temas ajenos a la materia presupuestaria, «estableciendo potestades de imperio para un órgano de un Poder hacia otro Poder».
El vicio de procedimiento
La Corte alega también un vicio en el trámite. El artículo 167 de la Constitución obliga a consultar a la Corte los proyectos de ley que se refieren a la organización o el funcionamiento del Poder Judicial, y exige 38 votos, es decir, dos terceras partes, para aprobarlos si la Corte se opone. Según la presidencia de la Corte, esa consulta preceptiva se omitió y, con ella, el trámite agravado que la Constitución prevé.
Las consecuencias alegadas
De aplicarse las normas, la Corte advierte que a partir del 1 de enero de 2027 habría:
cierre de despachos y paralización de servicios por falta de recursos;
riesgo de despido de más de 2.400 personas servidoras judiciales;
impacto en servicios básicos (agua, electricidad, telecomunicaciones, alquileres), mantenimiento informático, insumos de investigación del OIJ y protección de víctimas;
imposibilidad de cubrir vacantes de personas juzgadoras, fiscales, defensoras e investigadoras, con el consecuente aumento de la mora judicial;
cierre técnico de sedes regionales como las de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez;
riesgo para agentes del OIJ que requieren chalecos antibalas.
La Corte subraya que la afectación alcanzaría a toda la población usuaria, en especial a personas vulnerables, niñez, personas adultas mayores y pueblos indígenas, y que comprometería la tutela judicial efectiva que garantizan el artículo 41 de la Constitución y el 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por qué la Sala intervino
La Sala explicó que, si el presupuesto se aprobara en segundo debate antes de que ella se pronuncie, la consulta perdería su sentido y pasaría a ser «un pronunciamiento extemporáneo». Para fundamentar la medida, citó su jurisprudencia sobre las medidas cautelares en los procesos de control de constitucionalidad.
La Sala también dejó constancia de «la dilación provocada por la propia Asamblea Legislativa», que no remitió a tiempo el expediente del proyecto. La Sala lo había solicitado el 26 de octubre y tuvo que reiterar la solicitud el 4 de noviembre.
La medida no impide aprobar el presupuesto dentro del plazo constitucional. El artículo 178 de la Constitución establece que el presupuesto debe aprobarse a más tardar el 30 de noviembre. Al fijar el 29 de noviembre como fecha mínima para el segundo debate, la Sala busca resolver la consulta sin afectar ese plazo. La resolución está firmada por el presidente a. i. de la Sala, Fernando Cruz Castro.
Una interpretación constitucional, una ficción de aprobación legislativa anticipada y veintiocho años de consecuencias para el control democrático de los bienes públicos.
Francisco Guevara Matarrita
Hay decisiones cuyos efectos no se descubren el día en que se adoptan, sino décadas después, cuando la realidad permite comprender qué se decidió, qué se dejó de decidir y cuáles competencias constitucionales pudieron quedar desplazadas.
En 1998, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó la Ley N.º 7762, Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, promulgada el 14 de abril de aquel año.
La ley estableció un régimen general para la participación privada en el financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de determinadas obras públicas y servicios asociados.
Su aprobación fue presentada dentro de una discusión nacional sobre la modernización de la infraestructura, las limitaciones financieras del Estado y la necesidad de atraer inversiones.
Pero detrás de aquella discusión existía otra cuestión, mucho más profunda, que comprometía directamente la distribución constitucional de las competencias públicas.
¿Podía la Asamblea Legislativa, mediante la aprobación de una ley general, tener por aprobados contratos administrativos que todavía no existían?
¿Podía una autorización normativa sustituir la aprobación parlamentaria de un contrato concreto cuando la Constitución exigiera esa intervención?
¿Y podía una interpretación de la Sala Constitucional convertir el ejercicio de una competencia legislativa en el supuesto ejercicio anticipado de otra competencia constitucional enteramente distinta?
Veintiocho años después, estas preguntas adquieren una trascendencia extraordinaria.
Porque en 2012 se suscribió el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín con APM Terminals, sin que ese contrato fuera sometido a una aprobación legislativa individual.
El contrato existe. Sus obligaciones existen. Sus condiciones de explotación existen. Sus consecuencias sobre la actividad portuaria, JAPDEVA, Limón y la economía nacional también existen.
Lo que no existe es un acto parlamentario mediante el cual la Asamblea Legislativa haya examinado y aprobado individualmente ese contrato.
Y, sin embargo, durante años se ha sostenido que aquella aprobación no era necesaria porque la Ley N.º 7762 ya había proporcionado una autorización legislativa general.
Ahí comienza nuestra controversia.
No estamos afirmando que los magistrados que desarrollaron esa interpretación actuaran deliberadamente para favorecer intereses particulares. Una imputación semejante exigiría pruebas que no pueden sustituirse por sospechas.
Estamos cuestionando algo que puede examinarse mediante documentos, disposiciones constitucionales, antecedentes legislativos y resoluciones judiciales.
¿Cómo pudo tenerse por ejercida una competencia parlamentaria de aprobación contractual mediante la aprobación de una ley general, cuando ambas funciones poseen naturaleza, objeto y finalidad constitucionalmente diferentes?
Y todavía más:
¿Cómo pudo aquella interpretación terminar sirviendo de fundamento para la ejecución de un contrato portuario de extraordinaria trascendencia nacional que nunca fue sometido a aprobación individual de los representantes del pueblo?
Esa es la pregunta que da sentido al título de este texto.
I. La Asamblea Legislativa aprobó una ley. Ese fue el acto que realizó.
Conviene comenzar por lo elemental, porque precisamente en lo elemental puede encontrarse el origen de una confusión de enormes consecuencias.
En 1998, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 7762.
Al hacerlo, ejerció su potestad constitucional de legislar.
Estableció un régimen normativo general destinado a regular determinadas concesiones de obras públicas con servicios públicos.
Ese fue el acto legislativo realizado. Ni más ni menos.
No aprobó mediante aquella votación el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.
No podía haberlo hecho porque ese contrato todavía no existía.
No conoció sus cláusulas, sus condiciones económicas, su distribución de riesgos, sus obligaciones particulares, sus condiciones de exclusividad ni las consecuencias que tendría para JAPDEVA.
Tampoco conoció la identidad de quien años después resultaría adjudicatario de aquella concesión.
La Ley N.º 7762 creó un marco jurídico para actuaciones futuras.
Pero la aprobación de una ley y la aprobación legislativa de determinados contratos administrativos constituyen funciones constitucionalmente distintas.
Cuando la Asamblea Legislativa dicta una ley, ejerce una potestad normativa general.
Cuando aprueba un contrato administrativo sujeto constitucionalmente a su conocimiento, ejerce una función de control sobre un acto jurídico determinado.
En el primer caso, establece normas.
En el segundo, se pronuncia sobre un acto concreto.
La diferencia no desaparece porque ambas competencias correspondan a la Asamblea Legislativa.
La identidad del órgano no produce identidad entre sus actos.
Este principio constituye el punto de partida de nuestro cuestionamiento.
No discutimos que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para aprobar la Ley N.º 7762.
La tenía.
Lo que discutimos es que aquel acto legislativo pudiera considerarse, por una interpretación judicial, como el ejercicio anticipado de otra competencia constitucional: la aprobación de contratos administrativos particulares, cuando esta resulta exigible.
Porque una competencia constitucional no se demuestra ejercida simplemente porque el mismo órgano haya ejercido otra competencia diferente.
Y llamar aprobación general a una autorización normativa no demuestra, por sí solo, que haya existido una aprobación contractual.
II. La reforma constitucional de 1975: el antecedente que no puede ignorarse
Para comprender la dimensión del problema debemos regresar a 1975.
Mediante la Ley N.º 5702, del 5 de junio de aquel año, se reformaron los artículos 124 y 140, inciso 19, de la Constitución Política.
La reforma introdujo una distinción expresa entre la aprobación legislativa de contratos administrativos y la naturaleza jurídica de las leyes.
El artículo 124 estableció que la aprobación legislativa de contratos, convenios y otros actos administrativos no les confiere carácter de ley, aunque se tramite siguiendo el procedimiento legislativo ordinario.
Por su parte, el artículo 140, inciso 19, reafirmó que la aprobación legislativa de determinados contratos no los transforma en leyes ni los exime de su régimen jurídico administrativo.
Pero la reforma hizo algo más.
Eliminó expresamente del artículo 140, inciso 19, la excepción relativa a los contratos regidos por leyes especiales.
Este detalle merece especial atención.
El constituyente derivado no se limitó a realizar una modificación terminológica. Intervino sobre el tratamiento constitucional de los contratos administrativos y su relación con la potestad legislativa.
La aprobación de un contrato no debía confundirse con la promulgación de una ley.
Tampoco debía transformar el contrato en una disposición legislativa ni sustraerlo de su régimen jurídico administrativo.
De aquella reforma surge una consecuencia que consideramos fundamental.
Legislar y aprobar contratos son competencias constitucionalmente diferenciadas, aunque ambas puedan ejercerse mediante procedimientos parlamentarios.
Por supuesto, esta distinción no significa que todos los contratos administrativos deban someterse individualmente a la Asamblea Legislativa.
Pero sí significa que, cuando la Constitución exige esa aprobación, debemos explicar cómo se cumple la competencia y qué acto jurídico constituye su ejercicio.
Y aquí aparece una pregunta que no puede resolverse mediante una simple referencia a la Ley N.º 7762.
Si en 1975 se eliminó la excepción relativa a los contratos regidos por leyes especiales, ¿cómo debe justificarse constitucionalmente que, años después, una ley general pueda considerarse suficiente para prescindir de la aprobación individual de determinadas concesiones?
La pregunta es particularmente relevante cuando se trata de bienes protegidos por el artículo 121, inciso 14, de la Constitución.
Porque el legislador ordinario no puede, por medio de una ley, modificar la distribución de competencias establecida por la Constitución.
Tampoco una interpretación judicial puede prescindir de la finalidad de una reforma constitucional sin ofrecer una justificación rigurosa.
III. El antecedente de los contratos-ley y la verdadera dimensión de la reforma
La reforma de 1975 debe comprenderse dentro de la evolución histórica del derecho público costarricense.
Durante décadas, la aprobación legislativa de determinados contratos generó discusiones sobre su naturaleza jurídica y sus efectos.
El problema de los llamados contratos-ley consistía, entre otros aspectos, en la posibilidad de atribuir a un contrato administrativo una condición normativa que dificultara su control mediante los mecanismos ordinarios del derecho administrativo.
La reforma constitucional procuró separar esos planos.
Un contrato administrativo no se convierte en ley porque la Asamblea Legislativa lo apruebe.
Y la aprobación legislativa no elimina su naturaleza contractual.
Esta distinción resulta particularmente importante para nuestra investigación.
Porque si la Constitución separó expresamente la aprobación de contratos de la promulgación de leyes, no podemos aceptar sin examen que, mediante una interpretación posterior, la aprobación de una ley general termine produciendo los efectos de una aprobación contractual.
No son operaciones jurídicas equivalentes.
Una ley general regula una pluralidad de situaciones futuras.
Un contrato administrativo establece obligaciones y derechos entre sujetos determinados.
Y su aprobación legislativa, cuando resulta constitucionalmente exigible, constituye una decisión de control sobre ese acto particular.
Por eso, la discusión sobre la Ley N.º 7762 no puede reducirse a determinar si el Parlamento tenía facultades para aprobar un régimen general de concesiones.
Por supuesto que las tenía.
La cuestión es quién convirtió esa potestad de legislar en el supuesto ejercicio anticipado de una competencia diferente.
IV. De 1992 a 1993: el cambio jurisprudencial que abrió el camino
La interpretación que cuestionamos no nació exclusivamente en 1998.
Sus antecedentes se encuentran en la jurisprudencia constitucional de los años anteriores.
En la sentencia N.º 3789-92, del 27 de noviembre de 1992, la Sala Constitucional examinó un proyecto legislativo relacionado con las concesiones de obra pública.
En aquella oportunidad, consideró constitucional un procedimiento que contemplaba la aprobación parlamentaria de concesiones para construir y explotar nuevas instalaciones de ferrocarriles, muelles y aeropuertos.
La Sala reconoció entonces la existencia de un procedimiento calificado que suponía finalmente la aprobación de la Asamblea Legislativa.
La importancia de aquel razonamiento radicaba en la especial protección constitucional de los bienes involucrados.
No se trataba de bienes públicos ordinarios.
Se trataba de instalaciones y actividades sometidas a un régimen particular de protección constitucional.
Sin embargo, en la sentencia N.º 6240-93, del 26 de noviembre de 1993, la Sala Constitucional desarrolló una interpretación diferente.
Reconoció dos vías para determinadas concesiones: una mediante intervención directa de la Asamblea Legislativa y otra mediante concesiones otorgadas por la Administración Pública bajo condiciones establecidas en una ley general.
Esta segunda interpretación permitió sostener que la Asamblea Legislativa podía establecer anticipadamente las condiciones imperativas de determinadas concesiones, sin intervenir necesariamente en cada contrato individual.
Aquí encontramos un cambio de extraordinaria importancia.
La discusión dejó de concentrarse exclusivamente en la aprobación parlamentaria de un contrato concreto y comenzó a admitir la posibilidad de una autorización normativa general como forma suficiente de intervención legislativa.
La cuestión que debemos examinar es si ese cambio interpretativo respetó plenamente la distribución constitucional de competencias.
Porque una cosa es reconocer que la Asamblea Legislativa puede establecer condiciones generales para concesionar determinados bienes.
Y otra, muy distinta, es sostener que mediante esa regulación se cumple automáticamente la aprobación particular de un contrato cuando la Constitución la exige.
La diferencia no es semántica.
Es constitucional.
V. Marzo de 1998: las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98
El 31 de marzo de 1998, la Sala Constitucional dictó las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98, en el contexto de consultas legislativas relacionadas con el proyecto que desembocaría en la Ley N.º 7762.
La resolución N.º 2319-98 reviste particular importancia porque retomó la doctrina de la autorización legislativa general.
La Sala consideró constitucionalmente admisible que una ley marco facultara al Poder Ejecutivo para otorgar determinadas concesiones sin requerir una aprobación legislativa individual.
La interpretación descansaba en que la Asamblea Legislativa habría conferido una aprobación general mediante la propia legislación.
Aquí se consolidó la construcción jurídica que constituye el centro de nuestro cuestionamiento.
La aprobación de una ley general fue considerada suficiente para satisfacer la intervención parlamentaria constitucionalmente exigible en determinados supuestos.
Pero hay un problema que no podemos ignorar.
Ni las resoluciones constitucionales ni la Ley N.º 7762 pueden mostrar un acto parlamentario individual de aprobación de los contratos que posteriormente se celebrarían.
Lo que pueden mostrar es una ley aprobada.
Lo que pueden mostrar es una interpretación judicial que atribuyó a esa ley efectos de autorización general.
Lo que no pueden mostrar es que la Asamblea Legislativa hubiera conocido y aprobado las condiciones particulares de contratos todavía inexistentes.
Y no pueden mostrarlo porque aquel examen contractual no ocurrió.
La cuestión no consiste en negar que la Sala haya reconocido jurídicamente la autorización general.
La reconoció.
El problema consiste en determinar si ese reconocimiento podía convertir el ejercicio de la potestad legislativa en el cumplimiento de una competencia constitucional distinta.
Porque llamar aprobación general a una ley no demuestra, por sí mismo, que se haya producido una aprobación contractual.
Puede constituir la conclusión de una interpretación jurisprudencial.
Pero no demuestra la existencia histórica de un segundo acto parlamentario.
Y, cuando se trata de una competencia constitucional, la diferencia entre interpretar que un acto es suficiente y demostrar que otro acto se realizó resulta fundamental.
VI. El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional: la limitación que no puede desaparecer
Hay un aspecto particularmente importante que debe incorporarse al análisis.
Las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98 fueron dictadas en el contexto de consultas legislativas de constitucionalidad.
No constituyeron sentencias dictadas en acciones de inconstitucionalidad contra el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín.
Ese contrato ni siquiera existía.
El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece una regla expresa sobre los efectos de los dictámenes emitidos durante las consultas legislativas.
Dispone que solamente son vinculantes cuando determinan la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado.
También establece que esos dictámenes no impiden la impugnación posterior de las normas mediante los mecanismos de control de constitucionalidad.
Esta disposición obliga a distinguir entre el valor interpretativo de una opinión consultiva y sus efectos jurídicos vinculantes dentro del procedimiento legislativo.
Las opiniones consultivas pueden contener razonamientos relevantes.
Pueden orientar interpretaciones posteriores.
Incluso pueden convertirse en antecedentes de una línea jurisprudencial consolidada.
Pero no deben confundirse sus efectos originarios con los de una decisión jurisdiccional que examine un contrato concreto ya celebrado.
Las resoluciones de 1998 examinaron un proyecto legislativo.
No examinaron el contrato TCM–APM Terminals.
No examinaron sus adendas.
No examinaron las condiciones específicas de exclusividad operativa.
No examinaron las consecuencias que su ejecución produciría sobre JAPDEVA.
Por consiguiente, no pudieron efectuar un control constitucional concreto de esos actos futuros.
Una opinión consultiva puede interpretar un proyecto de ley. No puede crear un acto parlamentario de aprobación contractual que nunca ocurrió.
Y aquí surge otra interrogante esencial.
Si el artículo 101 no atribuyó efectos vinculantes generales sobre el fondo a aquellas opiniones consultivas, ¿cómo debe justificarse el uso posterior de sus razonamientos para sostener que una aprobación legislativa particular resultaba innecesaria?
Es necesario reconocer que la Sala Constitucional reiteró posteriormente la doctrina de la autorización general en decisiones dictadas fuera del procedimiento consultivo.
Por tanto, el problema actual no se agota en los efectos originarios de las resoluciones de 1998.
También debemos examinar críticamente esa jurisprudencia posterior.
Pero una cosa permanece inalterable.
Ni la reiteración de una doctrina ni la autoridad de quienes la formularon pueden convertir en acontecimiento histórico una aprobación parlamentaria individual que nunca se produjo.
Los artículos 13 y 87: la fuerza de los precedentes no equivale a cosa juzgada constitucional
La discusión no termina con reconocer que la Sala Constitucional reiteró posteriormente la doctrina de la aprobación legislativa general.
Precisamente porque esa reiteración existió, corresponde distinguir dos instituciones jurídicas que no deben confundirse: la fuerza vinculante de los precedentes y los efectos de las sentencias que desestiman acciones de inconstitucionalidad.
El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece expresamente:
«La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo para sí misma».
La disposición reconoce la fuerza obligatoria de los criterios constitucionales frente a los demás órganos y sujetos del ordenamiento jurídico.
Pero contiene una excepción igualmente importante: la propia Sala Constitucional no queda vinculada de manera inmutable por sus precedentes.
Puede distinguirlos, precisarlos, reconsiderarlos y variar su interpretación cuando existan fundamentos jurídicos suficientes.
La autoridad de una interpretación constitucional, por consiguiente, no significa que esa interpretación haya quedado sustraída para siempre del examen de la propia jurisdicción constitucional.
El artículo 87 introduce una segunda distinción, todavía más relevante para nuestra controversia.
Dispone que las resoluciones que denieguen una acción de inconstitucionalidad deben examinar todos los motivos alegados para fundamentarla.
También establece que esas resoluciones solamente surten efectos entre las partes en el caso concreto y no producen cosa juzgada, permitiendo ejercer nuevamente la acción contra normas o actos previamente declarados constitucionales en casos o procesos distintos.
La ley distingue así entre una sentencia desestimatoria y una sentencia estimatoria que declara la inconstitucionalidad y anula la norma o el acto impugnado.
Esta última produce los efectos de cosa juzgada previstos en el artículo 88.
La diferencia es decisiva.
Una sentencia que desestima una acción no convierte automáticamente en definitivamente resueltas todas las controversias constitucionales que puedan surgir posteriormente alrededor de los mismos instrumentos jurídicos.
Tampoco la mención de un contrato, una ley, una cláusula o un decreto en una resolución anterior demuestra que todos sus posibles vicios constitucionales hayan sido examinados.
Para determinar qué fue realmente resuelto, debemos identificar el objeto impugnado, la causa jurídica, el parámetro constitucional utilizado, los argumentos sometidos al Tribunal y la razón decisoria del pronunciamiento.
Por eso, la expresión «estése a lo resuelto» no puede atribuir a una sentencia anterior un contenido que esta nunca tuvo.
La remisión a un precedente no puede convertir un rechazo procesal en un examen de fondo inexistente.
Ni puede transformar la coincidencia documental entre dos acciones en identidad de sus respectivas controversias constitucionales.
Reconocer los precedentes no significa atribuirles efectos mayores que los establecidos por la ley.
Y respetar la jurisprudencia constitucional no significa renunciar al derecho de exigir que los nuevos cargos reciban el examen que jurídicamente corresponda.
Esta es una de las cuestiones fundamentales de nuestra acción de inconstitucionalidad del 15 de septiembre de 2026.
No pretendemos que se anulen las sentencias anteriores.
Pretendemos que se examine una controversia constitucional concreta: la interpretación y aplicación de la Ley N.º 7762 como aprobación política anticipada de contratos futuros, los actos públicos que materializaron esa interpretación y la omisión continuada del Poder Ejecutivo de someter el contrato de Moín a aprobación legislativa particular.
Porque la existencia de precedentes sobre la autorización general no demuestra que esos tres objetos, con sus fundamentos y pretensiones propios, hayan recibido anteriormente una respuesta constitucional material.
Y menos aún demuestra que la Asamblea Legislativa haya aprobado individualmente un contrato que nunca le fue sometido.
VII. La aprobación general que nadie puede mostrar como acto contractual
Aquí llegamos al centro de la controversia.
Durante años se ha sostenido que la aprobación de la Ley N.º 7762 produjo una autorización legislativa general suficiente para determinadas concesiones futuras.
Pero debemos separar cuidadosamente dos afirmaciones.
La primera consiste en sostener que la Asamblea Legislativa aprobó un régimen general de concesiones.
Eso es un hecho histórico y jurídico verificable.
La segunda consiste en sostener que esa aprobación legislativa equivalía al ejercicio anticipado de la competencia constitucional de aprobar determinadas concesiones particulares.
Esa es una interpretación jurídica.
No son afirmaciones idénticas.
La primera puede demostrarse mediante el procedimiento legislativo y la promulgación de la ley.
La segunda requiere demostrar que la Constitución permite atribuir a ese acto normativo los efectos de la competencia contractual que se considera satisfecha.
Y precisamente esa demostración es la que cuestionamos.
No basta señalar que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 7762 para demostrar que también aprobó los contratos particulares celebrados posteriormente.
Tampoco basta invocar una sentencia que haya considerado constitucionalmente suficiente la autorización general.
Es necesario explicar cómo esa interpretación se concilia con las competencias diferenciadas de la Asamblea Legislativa, con la reforma constitucional de 1975 y con las exigencias especiales del artículo 121, inciso 14.
La Constitución no puede ser sustituida por una fórmula interpretativa cuya conclusión se utilice como demostración de su propia validez.
Si se sostiene que la aprobación general era suficiente, corresponde demostrar por qué la Constitución permitía prescindir de la aprobación individual.
No podemos invertir la carga del razonamiento y afirmar que la aprobación particular no era necesaria simplemente porque una interpretación previa así lo estableció.
Eso equivaldría a convertir la conclusión discutida en su propia justificación.
La existencia de una doctrina jurisprudencial demuestra que esa doctrina fue adoptada. No demuestra, por sí sola, que su contenido sea la única interpretación constitucionalmente admisible.
VIII. El artículo 121, inciso 14: los bienes públicos no son una mercancía cualquiera
El artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política establece un régimen especial de protección para determinados bienes de la Nación.
Entre ellos se encuentran los ferrocarriles, muelles y aeropuertos nacionales en servicio.
La disposición contiene restricciones expresas destinadas a impedir que esos bienes salgan del dominio y control del Estado.
También regula las condiciones constitucionales bajo las cuales pueden desarrollarse determinadas formas de explotación.
Por eso no podemos analizar una concesión portuaria como si se tratara de un contrato administrativo ordinario.
La especial protección constitucional de los muelles nacionales exige examinar la naturaleza del bien, las facultades concedidas, las restricciones asumidas por el Estado y las condiciones de explotación.
No basta afirmar que el Estado conserva la titularidad formal de la infraestructura.
La concesión no equivale necesariamente a una enajenación, pero la permanencia de la propiedad pública tampoco resuelve automáticamente todas las cuestiones constitucionales relacionadas con su explotación.
Debe examinarse si el Estado conserva las facultades de dirección, regulación y control exigidas por la Constitución.
Y debe determinarse si las condiciones particulares de la concesión requieren intervención parlamentaria específica.
En nuestra tesis, la aprobación de la Ley N.º 7762 no podía sustituir esa intervención respecto del contrato de la Terminal de Contenedores de Moín.
No porque neguemos la posibilidad constitucional de concesionar determinadas obras públicas.
Sino porque sostenemos que la autorización general no puede confundirse con el ejercicio de una competencia parlamentaria de aprobación contractual cuando esta resulta constitucionalmente exigible.
La cuestión es especialmente relevante frente a contratos que establecen condiciones de explotación exclusivas o restricciones de operación que inciden sobre instituciones públicas preexistentes.
La protección constitucional de los bienes nacionales no se agota en conservar su nombre en un registro de propiedad. Comprende también el régimen jurídico de su utilización y las competencias públicas que deben intervenir en las decisiones que los afectan.
IX. El contrato de Moín: desde 2012 existe una concesión sin aprobación legislativa individual
En 2012 se suscribió el contrato de concesión de obra pública con servicio público para el diseño, financiamiento, construcción, explotación y mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín.
La concesión fue otorgada a APM Terminals dentro del régimen de la Ley N.º 7762.
El contrato obtuvo el refrendo de la Contraloría General de la República mediante el oficio N.º 02739, DCA-0692, del 21 de marzo de 2012.
Este dato es importante.
El contrato no careció de toda intervención institucional.
Existieron actuaciones administrativas, adjudicación y refrendo contralor.
Pero ninguna de esas actuaciones constituye, por sí misma, una aprobación legislativa individual.
La Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa ejercen competencias constitucionales diferentes.
El refrendo contralor no es una votación parlamentaria.
La adjudicación administrativa tampoco lo es.
Y la suscripción del contrato por las autoridades correspondientes no demuestra que haya sido sometido a la Asamblea Legislativa.
Desde 2012 existe, por tanto, un contrato de concesión de extraordinaria trascendencia nacional que no recibió aprobación legislativa individual.
Ese es el hecho que sostenemos.
La controversia constitucional consiste en determinar si aquella aprobación era jurídicamente indispensable.
Nuestra posición es afirmativa.
Y por eso consideramos que la falta de aprobación no constituye una simple particularidad procedimental, sino una omisión constitucional cuyos efectos continúan proyectándose sobre la ejecución del contrato.
No pretendemos desconocer que la jurisprudencia constitucional ha sostenido una interpretación diferente.
Precisamente cuestionamos esa interpretación.
Porque ninguna resolución puede modificar por sí misma la distribución de competencias establecida por la Constitución.
Y ninguna ley ordinaria puede conferir a un órgano potestades que la Constitución haya reservado a otro.
X. La sentencia de 2013: la controversia fue planteada y la Sala mantuvo su doctrina
Sería incorrecto presentar esta discusión como si nunca hubiera sido examinada judicialmente.
En la sentencia N.º 15693-2013, la Sala Constitucional resolvió una acción relacionada con la Ley N.º 7762 y la necesidad de aprobación legislativa de determinadas concesiones, incluyendo el cuestionamiento vinculado con la Terminal de Contenedores de Moín.
La Sala mantuvo la doctrina que reconocía la posibilidad de que una ley general estableciera las condiciones suficientes para que el Poder Ejecutivo otorgara concesiones sin requerir aprobación parlamentaria individual.
La acción fue declarada sin lugar.
Ese pronunciamiento constituye un precedente constitucional que debemos reconocer expresamente. Pero el artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que las sentencias desestimatorias no producen cosa juzgada en los términos allí previstos, mientras que el artículo 13 reconoce que la propia Sala puede reconsiderar sus precedentes.
Nuestra acción de inconstitucionalidad de 2026 no reproduce simplemente la omisión legislativa examinada en 2013. Identifica una interpretación y aplicación normativa concretas, actos subjetivos de autoridades públicas y una omisión continuada atribuida al Poder Ejecutivo.
Por consiguiente, la existencia de aquella sentencia no elimina la necesidad de determinar si estos cargos autónomos, sus parámetros constitucionales y sus pretensiones específicas fueron efectivamente examinados y resueltos.
Este antecedente debe reconocerse expresamente.
No podemos sostener que la controversia carece de respuesta jurisprudencial.
La tiene.
Pero eso no significa que la respuesta esté exenta de examen crítico.
La Sala consideró constitucionalmente suficiente la autorización general.
Nosotros cuestionamos que esa interpretación preserve adecuadamente la distinción entre la potestad de legislar y la competencia de aprobar determinados contratos.
La diferencia es sustancial.
La existencia de una sentencia que acoge una interpretación no demuestra la existencia histórica de un acto parlamentario individual.
Demuestra que el tribunal consideró innecesario ese acto bajo su interpretación de la Constitución.
Y precisamente allí permanece nuestra objeción.
No afirmamos que la Sala haya inventado materialmente una votación legislativa. Afirmamos que su doctrina atribuyó a una votación legislativa general efectos equivalentes a los de una aprobación contractual particular.
Esa equiparación es el objeto de nuestra crítica.
Y debe ser confrontada con la reforma de 1975, el artículo 121, inciso 14, el artículo 140, inciso 19, y la naturaleza diferenciada de las competencias parlamentarias.
XI. JAPDEVA y Limón: cuando la interpretación constitucional se convierte en consecuencias materiales
La controversia adquiere una dimensión particularmente grave cuando examinamos sus consecuencias sobre JAPDEVA y la provincia de Limón.
JAPDEVA no es una simple empresa portuaria.
Es una institución pública creada dentro de una concepción histórica del desarrollo regional, vinculada con la administración portuaria y con la responsabilidad del Estado de promover el progreso económico y social del Caribe costarricense.
La concesión de la Terminal de Contenedores de Moín modificó sustancialmente el escenario de la actividad portuaria nacional.
Las condiciones de operación de la nueva terminal, particularmente las relativas al manejo de determinados tipos de carga contenerizada, afectaron el ámbito de actuación de JAPDEVA.
La exclusividad operativa concedida merece un examen específico.
No solamente por sus efectos comerciales.
También por sus consecuencias sobre la capacidad institucional, los ingresos, la utilización de infraestructura y las oportunidades de desarrollo regional.
En nuestra investigación hemos señalado que las condiciones de exclusividad relacionadas con la carga contenerizada y la operación de buques portacontenedores especializados constituyen elementos fundamentales para comprender la transformación de la actividad portuaria.
Estas condiciones no pueden examinarse aisladamente del contrato que las estableció.
Tampoco pueden separarse del régimen constitucional de los bienes públicos ni de las competencias de las instituciones afectadas.
La pregunta no es simplemente si APM Terminals construyó y opera una infraestructura moderna.
La pregunta es si el modelo contractual utilizado, sus condiciones de exclusividad y sus consecuencias institucionales respetaron íntegramente las exigencias constitucionales aplicables.
Porque el desarrollo portuario no debe medirse únicamente por la capacidad de movilizar contenedores.
Debe examinarse también por sus efectos sobre la economía nacional, la sostenibilidad de las instituciones públicas y el bienestar de las comunidades.
Limón no puede reducirse a un punto geográfico por donde entra y sale mercancía.
Es una provincia habitada por personas cuyas oportunidades económicas están profundamente relacionadas con las decisiones adoptadas sobre sus puertos.
Y una interpretación constitucional que contribuyó a definir el régimen jurídico de una concesión de semejante trascendencia no puede quedar fuera del escrutinio democrático.
XII. La protección territorial y ambiental también forma parte del problema
El examen de la Terminal de Contenedores de Moín no debe limitarse al régimen contractual.
La infraestructura portuaria se desarrolló en un espacio sujeto a disposiciones jurídicas de protección territorial y ambiental.
Entre los antecedentes relevantes se encuentra la Ley N.º 2906, relacionada con la zona comprendida entre Portete y Doce Millas, así como las disposiciones aplicables al entorno del río Moín.
También deben examinarse los actos administrativos y reglamentarios mediante los cuales se modificaron o interpretaron condiciones de utilización del territorio.
Entre ellos figuran actuaciones del Instituto Costarricense de Turismo, del Poder Ejecutivo y de las autoridades ambientales.
La relación entre el régimen de protección territorial, la concesión portuaria y las decisiones administrativas posteriores constituye una controversia adicional.
No debemos confundirla con la cuestión específica de la aprobación legislativa contractual.
Pero tampoco debemos separarla artificialmente de la realidad institucional del proyecto.
Porque una concesión de esta magnitud no produce efectos únicamente sobre una relación contractual entre el Estado y una empresa.
También afecta el uso del territorio, la organización de servicios públicos y el ejercicio de competencias administrativas.
Por ello, la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones relacionadas con el proyecto deben examinarse dentro de sus respectivos regímenes jurídicos.
XIII. La omisión constitucional continuada: el problema no terminó en 2012 y sus efectos permanecen
Presentamos ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad por omisión continuada, contra actos subjetivos de autoridades públicas y contra la interpretación y aplicación inconstitucionales de la Ley N.º 7762.
No se trata de una acción dirigida a anular las sentencias de 1998 ni a desconocer la existencia de pronunciamientos constitucionales posteriores.
Su objeto es mucho más preciso y sus consecuencias son considerablemente más profundas.
Cuestionamos que una interpretación atribuida a la Ley N.º 7762 haya permitido sustituir una competencia constitucional de aprobación parlamentaria mediante la ficción de que los contratos futuros quedaron políticamente aprobados desde 1998, cuando todavía no existían.
Y denunciamos que esa interpretación fue posteriormente aplicada al contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, consolidado con sus adendas números 1 y 2 y suscrito el 13 de febrero de 2012.
Nuestra acción identifica tres manifestaciones de una misma infracción constitucional.
La primera es la interpretación y aplicación de los incisos 2) y 3) del artículo 2 y del inciso 4) del artículo 5 de la Ley N.º 7762, mediante las cuales una autorización legislativa general para tramitar y adjudicar concesiones terminó siendo considerada una aprobación política anticipada de contratos particulares.
La segunda comprende los actos subjetivos de las autoridades públicas que tuvieron por plenamente eficaz y ejecutable el contrato de Moín sin someterlo al control parlamentario concreto que estimamos constitucionalmente indispensable.
La tercera, y principal, es la omisión continuada del Poder Ejecutivo de remitir a la Asamblea Legislativa el contrato ya formado para que esta ejerciera la competencia de aprobación que sostenemos reservada por la Constitución.
Esta distinción resulta fundamental.
No estamos acusando a la Asamblea Legislativa de haber incumplido su obligación de pronunciarse sobre un contrato que nunca recibió.
Estamos denunciando que el Poder Ejecutivo omitió someterlo a su conocimiento y permitió que se ejecutara como si la intervención parlamentaria hubiera quedado satisfecha catorce años antes.
La abstención no consistió en una simple demora administrativa.
No se postergó la aprobación. Se actuó como si nunca hubiera sido necesaria.
Y esa decisión produjo consecuencias que no terminaron con la firma del contrato.
Mientras la concesión continúe desplegando efectos jurídicos, operacionales y económicos bajo la misma interpretación, permanece la situación constitucional que cuestionamos.
El tiempo transcurrido no puede convertir una omisión en cumplimiento.
La ejecución material del contrato tampoco puede crear retroactivamente el acto parlamentario que nunca se realizó.
El artículo 101 y los límites de las consultas de 1998
Nuestra acción examina particularmente las resoluciones N.º 2318-98 y N.º 2319-98, dictadas durante el procedimiento legislativo que culminó con la Ley N.º 7762.
El artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional limita los efectos vinculantes de las opiniones consultivas legislativas a los supuestos en que se declaran trámites inconstitucionales.
Los pronunciamientos de 1998 no declararon la existencia de esos vicios procedimentales.
Por consiguiente, sostenemos que sus criterios de fondo sobre la aprobación general no adquirieron, por el solo hecho de haber sido emitidos en aquellas consultas, eficacia vinculante capaz de cerrar definitivamente el control constitucional posterior.
Reconocemos que esa interpretación fue retomada en la jurisprudencia posterior.
Pero distinguimos cuidadosamente el valor de los precedentes, los efectos de las opiniones consultivas y la existencia de una decisión material sobre los cargos concretos que ahora planteamos.
La acción tampoco ignora la sentencia Nº 2013-015693, que resolvió por el fondo una controversia relacionada con la aprobación legislativa de concesiones.
La diferencia que exponemos es sustancial: aquella acción cuestionó una omisión normativa atribuida al legislador por no incorporar expresamente un trámite de aprobación parlamentaria dentro de la Ley N.º 7762.
La nuestra denuncia una omisión posterior del Poder Ejecutivo, surgida cuando el contrato quedó formado y mantenida durante su ejecución.
No cuestionamos que la Asamblea Legislativa pudiera establecer un régimen general de concesiones.
Cuestionamos que esa autorización normativa fuera interpretada y aplicada como sustitución anticipada de una competencia parlamentaria distinta.
Por ello, nuestra acción distingue cuidadosamente entre el valor vinculante de los precedentes, la inexistencia de cosa juzgada derivada de las sentencias desestimatorias en los términos del artículo 87 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y los efectos propios de los rechazos procesales. No pretendemos desconocer lo resuelto. Exigimos que no se atribuya a las resoluciones anteriores un examen de fondo que no realizaron, ni se utilice la reiteración de la doctrina de la aprobación general para impedir el conocimiento de los cargos constitucionales autónomos que ahora formulamos.
Lo que solicitamos a la Sala Constitucional
Nuestra pretensión no se agota en obtener una declaración sobre la inexistencia de aprobación legislativa individual.
Solicitamos que la Sala declare inconstitucional la interpretación que atribuye a la Ley N.º 7762 el efecto de aprobar políticamente contratos futuros todavía inexistentes.
Solicitamos que declare la omisión continuada del Poder Ejecutivo y ordene remitir el contrato consolidado, sus adendas y sus instrumentos integrantes a la Asamblea Legislativa, dentro del plazo que establezca la sentencia.
No pretendemos que la Sala apruebe o impruebe el contrato en lugar de los diputados.
Pretendemos que determine si la Constitución exigía que los representantes populares ejercieran esa competencia.
Pero nuestra acción también reclama el examen de otras infracciones constitucionales autónomas.
Solicitamos que se determine si la Terminal de Contenedores de Moín, como muelle nacional, permanece bajo el dominio y control efectivos del Estado, conforme al artículo 121, inciso 14, de la Constitución Política.
Cuestionamos la suficiencia de una titularidad estatal puramente nominal cuando el ejercicio material de facultades públicas queda condicionado por estipulaciones contractuales.
Reclamamos el reconocimiento y restablecimiento de las competencias de JAPDEVA como Autoridad Portuaria y actor público en el Caribe costarricense.
Cuestionamos el desplazamiento de las disposiciones protectoras del régimen demanial, particularmente las relacionadas con las Leyes N.º 6043 y N.º 2906.
Y solicitamos el examen constitucional de las condiciones de exclusividad funcional que reservan automáticamente determinados tráficos portuarios a la terminal concesionada y restringen la participación de JAPDEVA.
La exclusividad no debe confundirse con la existencia misma de la infraestructura.
La utilidad de construir y operar una nueva terminal no demuestra, por sí sola, que fuera constitucionalmente indispensable excluir a la institución portuaria pública de determinados segmentos de actividad.
Por eso reclamamos que se examine la razonabilidad y proporcionalidad de ese régimen y su correspondencia efectiva con la finalidad pública invocada.
Restablecer la Constitución no significa paralizar el puerto
Hay un aspecto de nuestra acción que merece especial claridad ante la opinión pública.
No solicitamos que una eventual declaratoria de inconstitucionalidad provoque automáticamente el cierre, desmantelamiento o paralización de la Terminal de Contenedores de Moín.
La infraestructura portuaria constituye una realidad material que debe continuar sirviendo al país.
Lo que reclamamos es que su funcionamiento se ajuste íntegramente a la Constitución.
Por ello, solicitamos que, si la Sala declara alguna de las infracciones denunciadas, determine sus consecuencias, elimine los efectos jurídicos incompatibles con el orden constitucional y establezca, cuando corresponda, una transición institucionalmente organizada.
Esa transición deberá preservar la continuidad del servicio, la seguridad de las operaciones, los derechos legítimamente consolidados de buena fe y las competencias de las autoridades públicas.
También deberá impedir que la continuidad del servicio se utilice como justificación para perpetuar indefinidamente los efectos de un régimen declarado inconstitucional.
No estamos pidiendo que se sustituya una irregularidad por otra.
Estamos reclamando que se restablezca el orden constitucional sin sacrificar innecesariamente el funcionamiento de una infraestructura estratégica.
Y, sobre todo, que el control público no quede reducido a una declaración formal de propiedad estatal mientras las condiciones materiales de explotación permanecen fuera de las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a las instituciones públicas.
La cuestión que planteamos trasciende la suerte de una empresa concesionaria.
Concierne a la separación de poderes, al patrimonio público, a la organización del servicio portuario y al derecho de la ciudadanía a que las decisiones de extraordinaria trascendencia nacional sean adoptadas mediante los procedimientos constitucionalmente establecidos.
Porque una cosa es que la Sala Constitucional reconozca la validez de una autorización legislativa general.
Y otra es que esa interpretación pueda sustituir, sin justificación constitucional suficiente, una aprobación contractual concreta que sostenemos exigida por la propia Constitución.
La ley de 1998 existió. El contrato de 2012 existe. Lo que no existió fue una aprobación legislativa individual de ese contrato.
Nuestra acción exige que se determine si la Constitución permitía prescindir de ella.
Y, si no lo permitía, que se restablezca la competencia omitida y se corrijan los efectos constitucionalmente incompatibles del régimen que continúa ejecutándose.
Porque la Constitución no debe escoger entre la legalidad y el funcionamiento del puerto.
El puerto debe funcionar dentro de la Constitución.
XV. ¿Pudimos ser trinqueteados?
Volvamos a la pregunta que encabeza este artículo.
La palabra trinqueteados tiene una carga política deliberada.
Sugiere la posibilidad de que una construcción jurídica haya permitido presentar como constitucionalmente cumplida una competencia cuyo ejercicio concreto no ocurrió.
Pero debemos utilizarla con responsabilidad.
No estamos afirmando que exista prueba de una maniobra fraudulenta deliberada.
No estamos atribuyendo conductas dolosas a magistrados, diputados, funcionarios o empresarios.
Estamos señalando una controversia constitucional que puede investigarse a partir de sus fundamentos y consecuencias.
La Ley N.º 7762 fue aprobada como ley.
Las resoluciones constitucionales reconocieron la suficiencia de una autorización general para determinadas concesiones.
El contrato de la Terminal de Contenedores de Moín fue celebrado en 2012.
Y ese contrato no recibió aprobación legislativa individual.
Estos hechos deben distinguirse de la conclusión jurídica que se pretende extraer de ellos.
Nuestra tesis es que la aprobación de la ley general no podía sustituir la aprobación parlamentaria particular exigible para un contrato de esa naturaleza.
La jurisprudencia constitucional ha sostenido una interpretación diferente.
Pero esa discrepancia no elimina nuestra obligación de examinar el problema.
Al contrario.
La convierte en una controversia que merece una explicación pública especialmente rigurosa.
Porque si una interpretación permite considerar cumplida una competencia constitucional sin que se haya producido el acto individual que, según nuestra tesis, debía realizarse, debemos preguntarnos si estamos ante una autorización legítima o ante una ficción de aprobación.
Y una ficción jurídica no se convierte en realidad constitucional por haber sido repetida durante veintiocho años.
XVI. El pueblo costarricense merece una explicación constitucional, no una fórmula
El problema no se resuelve afirmando que la Ley N.º 7762 fue aprobada por la Asamblea Legislativa.
Eso nadie lo discute.
Tampoco se resuelve recordando que la Sala Constitucional admitió la autorización legislativa general.
Eso también es conocido.
La controversia consiste en determinar si esa autorización podía sustituir válidamente una competencia parlamentaria particular.
Y si podía hacerlo respecto de un contrato de concesión portuaria de la naturaleza y trascendencia del celebrado en Moín.
La respuesta debe construirse desde la Constitución.
Debe explicar la reforma de 1975.
Debe confrontar los artículos 121, 124 y 140.
Debe analizar los efectos de las opiniones consultivas conforme al artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Debe examinar el cambio jurisprudencial entre 1992 y 1993.
Debe explicar la doctrina consolidada en 1998 y su reiteración posterior.
Y debe confrontar todo ello con la realidad contractual iniciada en 2012.
No basta invocar la autoridad de una sentencia.
Es necesario explicar por qué su interpretación preserva las competencias constitucionales que afirma respetar.
Tampoco basta afirmar que una ley general produjo una aprobación general.
Debe demostrarse qué significa jurídicamente esa aprobación y por qué puede considerarse suficiente cuando se cuestiona la falta de aprobación particular.
La aprobación de una ley es un hecho legislativo. La suficiencia de ese hecho para sustituir una aprobación contractual es una conclusión constitucional que exige demostración.
Confundir ambos planos es precisamente lo que denunciamos.
XVII. Veintiocho años después, la pregunta sigue abierta para la democracia
Costa Rica no puede construir su futuro sobre la idea de que las interpretaciones del pasado son incuestionables.
La seguridad jurídica es un valor fundamental.
Pero también lo son la supremacía constitucional, la separación de poderes y el control democrático sobre los bienes públicos.
Ninguno de esos principios debe desaparecer detrás de la conveniencia administrativa.
La modernización de la infraestructura es necesaria.
La inversión puede ser legítima.
La participación privada en determinadas actividades públicas puede encontrarse autorizada por el ordenamiento jurídico.
Pero ninguna de esas circunstancias sustituye la obligación de respetar las competencias constitucionales.
La experiencia de Moín nos obliga a examinar cómo se adoptaron decisiones que transformaron la actividad portuaria nacional y afectaron profundamente el escenario institucional de JAPDEVA.
También nos obliga a preguntarnos si la Asamblea Legislativa ejerció todas las competencias que constitucionalmente le correspondían.
Porque el problema no es únicamente jurídico.
Es democrático.
Y sus consecuencias no se quedaron encerradas en los expedientes judiciales.
Llegaron a los puertos, a las instituciones públicas, a los trabajadores, a las empresas y a la vida económica de Limón.
Por eso, veintiocho años después de la aprobación de la Ley N.º 7762, debemos exigir una explicación que no descanse exclusivamente en la reiteración de una doctrina.
Una explicación que demuestre, desde la Constitución, cómo se justificó considerar suficiente una autorización general para prescindir de la aprobación individual del contrato de la Terminal de Contenedores de Moín.
No estamos preguntando únicamente si en 1998 se interpretó equivocadamente una ley.
Estamos preguntando si aquella interpretación terminó atribuyendo a la Asamblea Legislativa una aprobación contractual que nunca realizó individualmente.
Estamos preguntando si el ejercicio de una potestad normativa general fue considerado equivalente al ejercicio de una competencia constitucional diferente.
Estamos preguntando si esa equiparación permitió que, desde 2012, se ejecutara una concesión portuaria de extraordinaria trascendencia sin aprobación parlamentaria particular.
Y estamos preguntando si las consecuencias de esa interpretación continúan afectando la organización de los servicios públicos, el patrimonio nacional y las posibilidades de desarrollo de Limón.
Tal vez no podamos demostrar que alguien quiso trinquetear al pueblo costarricense.
Pero sí podemos demostrar que la Asamblea Legislativa aprobó una ley en 1998 y que el contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín, celebrado catorce años después, no fue sometido a su aprobación individual.
Y podemos exigir que se justifique constitucionalmente por qué aquella primera decisión fue considerada suficiente para prescindir de la segunda.
Porque una interpretación judicial puede sostener que una autorización general satisface determinada exigencia constitucional.
Lo que no puede hacer es convertir en un acontecimiento histórico una aprobación parlamentaria individual que nunca ocurrió.
Y si la Constitución exigía esa aprobación particular, ninguna ficción interpretativa podía sustituirla legítimamente.
Esa es la controversia que hemos planteado.
Esa es la responsabilidad institucional que reclamamos esclarecer.
Y esa es la pregunta que, veintiocho años después, sigue esperando una respuesta capaz de convencer no solamente por la autoridad de quienes la pronuncian, sino por la fuerza constitucional de sus fundamentos.
Porque el derecho de la Constitución no puede descansar sobre la ficción de que el pueblo, por medio de sus representantes, aprobó un contrato que jamás tuvo oportunidad de examinar.
Y cuando esa ficción se proyecta durante años sobre bienes públicos estratégicos, instituciones nacionales y el destino económico de una provincia entera, el problema deja de pertenecer exclusivamente a los tribunales.
Se convierte en una cuestión de responsabilidad histórica ante toda Costa Rica.
El debate político actual en Costa Rica suele presentarse como una confrontación radical entre el oficialismo (Rodrigo Chaves y Laura Fernández) y los partidos tradicionales. Sin embargo, detrás de la retórica de ruptura se esconde una profunda continuidad del régimen neoliberal. Las dinámicas fiscales, el desmantelamiento institucional y las tensiones democráticas que vive el país no son un fenómeno aislado de los últimos años, sino la profundización de un modelo económico y político de corte neoliberal implantado desde 1986: la III República Neoliberal de Óscar Arias. En esta segunda parte damos continuidad a la numeración de las secciones que desarrollé en la primera parte, la cual, puede verse en este enlace.
7. El discurso de la culpa y la estrategia de atomización política
Uno de los pilares de los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández ha sido la construcción de una narrativa fundamentada en responsabilizar de manera exclusiva a las administraciones del pasado —particularmente al Partido Liberación Nacional (PLN), al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Partido Acción Ciudadana (PAC)— por los males estructurales del país.
Si bien es innegable el desgaste y los cuestionamientos éticos que debilitaron a estas agrupaciones, el uso político de este resentimiento o cólera popular ha servido para justificar un estilo de gobierno autoritario y de confrontación.
Esta estrategia no busca transformar las bases del sistema ni cambiar el régimen económico, sino debilitar y fragmentar a la oposición tradicional. Lo hizo cuando logró absorber y neutralizar a partidos como el PUSC o Nueva República (PNR) mediante alianzas coyunturales o la oferta de puestos estratégicos dentro del Estado, mermando así su capacidad de contrapeso en la Asamblea Legislativa y favoreciendo el voto negativo al levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves siendo presidente.
8. La complicidad histórica y la «Tercera República Neoliberal»
Contrario a la tesis de una separación absoluta, la administración de Rodrigo Chaves Robles opera, en la práctica, como continuadora y heredera de las políticas de apertura, desregulación y contención del gasto público consolidadas a partir de 1986, un proceso fuertemente impulsado en su momento por Óscar Arias Sánchez.
Bajo esta perspectiva, las tensiones actuales no representan una disputa ideológica de fondo sobre el modelo económico de desarrollo (el «capitalismo salvaje» neoliberal), sino que constituyen más bien una pugna por el control del relato y del poder político; o el poder total sobre el Estado y sus tres poderes: el Poder Judicial (incluyendo la Sala IV), el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo, además de la Contraloría General de la República (CGR). Chaves lo quiere todo y no lo oculta.
El discurso oficialista contra el establishment encubre la aplicación de una agenda económica compartida con los sectores patronales: los grandes empresarios y las empresas extranjeras transnacionales.
Así lo demuestran los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEC, que reflejan una pobreza total estancada en el 15,2 % y un coeficiente de Gini de 0,488 (desigualdad de ingresos o riqueza de la población nacional), confirmando que la riqueza sigue concentrándose en pocas manos. Además, la brecha territorial del 39 % en el ingreso promedio entre hogares urbanos y rurales evidencia el abandono crónico de las provincias costeras del país bajo este modelo de capitalismo salvaje. Aunque la presidenta Fernández afirma que quiere revertir esta situación, sus propuestas no pasan de ser paliativos y medidas manipulables que benefician a empresarios mientras debilitan la educación pública y la seguridad social. En breves líneas podemos fundamentar esta afirmación analizando el Presupuesto Nacional.
9. El debilitamiento del Estado Social de Derecho y las libertades republicanas
La verdadera crisis de este modelo radica en el impacto directo sobre la institucionalidad pública y las garantías sociales consagradas en la Constitución Política. El ataque a la educación pública es uno de los síntomas más graves: el presupuesto nacional para el sector educativo cayó drásticamente a un 5,68 % del PIB, con proyecciones a desplomarse al 4,9 %, violando flagrantemente el mandato constitucional del 8 %. A esto se suma el congelamiento y el recorte de 8.048 millones de colones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), asfixiando la operación, las becas y las sedes regionales de las universidades públicas.
Asimismo, los repetidos intentos del Ejecutivo por debilitar el control preventivo del gasto mediante las distintas versiones de la denominada «Ley Jaguar» evidencian el desplante autoritario que amenaza con alterar la vida democrática y constitucional de la República.
Los fallos de la Sala Constitucional, que declararon inconstitucionales las reformas propuestas a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), confirmaron que el proyecto pretendía restar competencias de fiscalización a los fondos públicos, intentando vulnerar el sistema de frenos y contrapesos esencial para las libertades republicanas.
Los recortes presupuestarios exprimiendo los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como si fuera la caja chica de un Estado que acumula una deuda de 4,46 billones de colones (aproximadamente el 9 % del Producto Interno Bruto [PIB]). Extraen de los fondos para la Caja 250.000 millones de colones que corresponden a las siguientes entidades del sector social:
Del programa de atención a personas en condición de calle (alrededor de ¢159.000 millones).
Aproximadamente ¢56.000 millones de los CEN-CINAI.
Rebajas al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Banhvi).
Reducciones menores en programas alimentarios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
¿Hacia dónde se dirigen? Si bien todo este dinero se redirige supuestamente a programas de asistencia e inclusión social para asegurar su sostenibilidad, está claro —como han señalado algunos diputados— que se trata de «desvestir a un santo para vestir a otro». Todo parece indicar que este tipo de maniobras responden a un populismo autoritario, inconsecuente y demagógico para confrontar a la oposición y engañar a la población pobre del país.
El tema de fondo es la desfinanciación de la CCSS mientras la deuda del Estado sigue aumentando, desprotegiendo la salud de la ciudadanía, sobre todo de los más pobres y la educación pública.
El hecho es evidente, debilitan la Caja y los controles adecuados, pero dicen que las contabilidades de la Caja están debidamente conciliadas en más del 92%; decir lo contrario según el discurso del Gobierno es mentir y que la Junta Directiva no trabaje con normalidad por la negativa de Zapote a juramentar a Rocío Alfaro como representante del sector sindical, lo que se acusa como desacato, asimismo, la Presidencia de la República continúa rompiendo el orden constitucional, lo que es motivo de alarma. Esto convoca a la ciudadanía a salir a las calles a recuperar la democracia, el orden constitucional y la justicia.
10. ¡La democracia de la calle es la alternativa y un deber patriótico!
A enfrentar la demagogia de la Presidencia cuando afirman que “es aliada de la educación superior” y no descansa de atacarla y promover recortes presupuestarios y critican el sistema de becas en la educación superior, mientras apoyan el sistema de becas en universidades privadas recurriendo a los fondos de CONAPE que son fondos públicos con intereses al 4,5% y 14 años para pagar. Los estudiantes de universidades públicas tienen derecho a un justo sistema de becas.
Y la presidenta sigue cuestionando el uso de fondos públicos por parte de las universidades. Como he señalado según la Constitución el 8% del PIB es para el Presupuesto de la Educación, y este año 2027 Laura Fernández presupuestó el 4,9% del PIB el nivel más bajo de los últimos años.
El reto: una oposición coordinada y estructurada en todo el país.
El debilitamiento del Estado Social de Derecho y la mutilación de las conquistas sociales históricas continuarán avanzando en la medida en que la oposición política, parlamentaria y popular permanezca fragmentada o carente de una propuesta alternativa robusta.
Para frenar la consolidación del régimen neoliberal autoritario y recuperar la democracia institucional y social, así como el respeto al Poder Judicial, se vuelve indispensable la articulación de un movimiento civil, político y popular capaz de superar los cálculos electorales inmediatos y los prejuicios políticos. Es necesario emprender con más fuerza una plataforma enfocada en el fortalecimiento institucional democrático, la educación, la salud pública y la soberanía social y alimentaria. Se requiere fortalecer la conciencia democrática, patriótica y de compromiso con el bienestar y el progreso social del pueblo costarricense.
Una oposición fuerte en todo el país construyendo comités democráticos o comités patrióticos.
NOTA: «El capitalismo salvaje» es el calificativo al periodo neoliberal utilizado y comentado desde Roma por los últimos papas. Lo consideran así:
«Un capitalismo salvaje ha enseñado la lógica de las ganancias a cualquier costo… sin pensar en la explotación de las personas… se ven los resultados en la crisis que estamos viviendo». El papa Francisco consideró que el capitalismo salvaje quiere esclavos …
«El capitalismo salvaje y su culto al beneficio a toda costa han provocado crisis, desigualdad y miseria, situaciones capaces de convertir al ser humano en esclavo». Papa Benedicto XVI.
«El capitalismo en algunos países del mundo aún pervive en su estado salvaje. Lo que la Iglesia critica es el espíritu contra el que el capitalismo ha alentado al utilizar el capital para someter y oprimir al hombre en una vida donde los hombres buscan su propio bien y no el bien común». Juan Pablo II..
Ante la pronta elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los movimientos de mujeres, feministas y aliadas solicitamos que se nombre una mujer en dicho cargo.
En toda la historia de la Corte Suprema, de 11 presidencias, solo una mujer ha presidido este órgano (Zarela Villanueva). Tal panorama no es acorde con el principio de igualdad y no discriminación que está presente en la Constitución Política y en los numerosos tratados internacionales vinculantes para Costa Rica.
Recordamos que es obligación de las autoridades remover las barreras históricas que han limitado la participación de las mujeres en los espacios de máxima autoridad pública. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad histórica de dar el ejemplo en el cumplimiento de esta obligación jurídica.
La Presidencia del Poder Judicial no puede seguir siendo un espacio vedado a las mujeres. Es tiempo de romper esa barrera histórica. Es tiempo de una mujer al frente del Poder Judicial.
Las abajo firmantes reconocemos que la defensa de la independencia judicial, la supremacía constitucional, la separación de poderes, la garantía y protección efectiva de los derechos humanos requieren un liderazgo con solvencia moral y jurídica, integridad, experiencia y compromiso inequívoco con la democracia y el Estado de Derecho. En el contexto actual, es indispensable que se elija a una persona que dé garantía de autonomía e independencia frente a las presiones políticas e injerencias indebidas.
Creemos firmemente que existen mujeres magistradas que reúnen estas condiciones y que podrán ejercer dicho cargo con responsabilidad y dignidad.
Por estas razones, demandamos a todos los y las magistradas que asuman su deber democrático y elijan una mujer mediante un proceso transparente, basado en méritos, idoneidad, ética, integridad, independencia y compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
¡Por una justicia independiente, democrática y comprometida con la igualdad!
¡Por una mujer en la Presidencia del Poder Judicial!
Organizaciones, colectivos y personas firmantes:
Asociación Ciudadana Acceder
Asociación Feminista La Corriente
Asociación IXACAVAA de Desarrollo e Información Indígena
Colectiva Acción Feminista
Colectiva por el Derecho a Decidir
Colectiva Profesionales para Ciudadanía
Colectivo Mujeres por Costa Rica
Costa Rica Solidaria
FECON
Feministas en Resistencia
Fundación Justicia y Género
Junta de Salud de Hospital Nacional de Geriatría
MMUCR
Movimiento de Mujeres y Feministas
Movimiento de Mujeres Universitarias
Mujeres Por Costa Rica
Observatorio de medios de comunicación y género GEMA
Picos Rojos
Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres
Para lo que juzgará la Historia ya todo está escrito: la propuesta del continuismo Chaves-Fernández admira, venera, imita y añora ser como Bukele, concentrar todo el poder político, borrar la separación de poderes, eliminar los controles republicanos y, además, gobernar mediante decretos en medio de la suspensión de garantías constitucionales. Estas no son acusaciones de adversarios malévolos, son confesiones explícitas de quienes por desgracia nos gobiernan.
El “gran logro” del tiranillo tropical ha sido crear un enorme campo de concentración-exterminio, reduciendo ciertamente la tasa de homicidios y otros delitos, pero a cambio de encerrar a 120 mil personas (más del 2% de la población), de manera atolondrada, sin las mínimas garantías del debido proceso, sin importar su inocencia o culpabilidad, con denuncias de tratos crueles, torturas y 500 personas fallecidas (¿asesinadas?) a lo interno del sistema carcelario.
El modelito resulta insostenible desde el punto de vista moral y jurídico, pero también desde una perspectiva económica y política, tanto para el pueblo salvadoreño como para la comunidad internacional que observa estupefacta semejante experimento neonazi. De ahí que la manifestación de Bukele en el sentido de que está considerando –por supuesto él como consumado autócrata- la liberación de al menos el 50% de los encarcelados, deba ser analizada con lupa.
Recurro como fuente al medio salvadoreño El Independiente en artículo firmado por Walter Raudales: “El ´MODELO´ se desinfla. ¿Qué hay realmente detrás del anuncio confuso de liberar ´postes´?”:[1]
La manifestación del mandatario salvadoreño es una confesión de fracaso. La férrea mano dura muestra sus fisuras y está buscando una desesperada salida a la trampa en que se ha metido. Es insostenible seguir alimentando la mentira y al fin de cuentas la verdad termina por imponerse.
La propuesta bukeliana, para variar, resulta truculenta. Propone liberar a miles de presos arbitrariamente detenidos obligándolos a reconocer al menos su “colaboración” con las pandillas o el crimen organizado. En el fondo, para recuperar su libertad, los afectados han de manchar sus antecedentes penales y el régimen podrá alegar siempre que nunca fueron inocentes.
A la hipócrita proclama de que “ningún inocente debe permanecer preso”, en el mismo acto, el tiranuelo advierte sobre la necesidad de prorrogar el Estado de Excepción, que ya dura más de 55 meses, como mecanismo para mantener la guerra contra las pandillas.
Quedan sin explicarse las consignas originales que proclamaban el deber de detener a todo sospechoso en barrios y pueblos empobrecidos, porque todos eran potenciales terroristas.
El tiempo ha dado la razón a defensores de derechos humanos y asociaciones de víctimas: combatir a los pandilleros no justifica las detenciones arbitrarias y la eliminación de garantías procesales. Tampoco es válido tachar a estos defensores como cómplices de los delincuentes.
Ahora Bukele empieza a hablar de liberar inocentes, reparar en los distintos “grados de participación”, establecer quiénes han cometido delitos leves, estudiar cada expediente y determinar quiénes han sido “colaboradores involuntarios” para aplicarles la figura de la “libertad asistida”. Pero precisamente esa es labor de fiscales y jueces en un Estado de derecho. Bukele no puede seguir arrogándose facultades que no le corresponden.
En este repentino ataque de empatía con los prisioneros sin debido proceso, pueden estar gravitando los siguientes factores: 7.1. El próximo proceso electoral en El Salvador donde Bukele busca perpetuarse en el poder de conformidad con las reformas constitucionales hechas a su medida. Pacificar las calles no es suficiente si la pobreza y la extrema pobreza crecen, si la educación y la salud públicas se deterioran, si no hay fuentes de empleo, si no hay una Fiscalía independiente que investigue las denuncias de corrupción público/privada, si el mayor terrateniente es la familia presidencial, etc, etc. 7.2. En ese contexto pre-electoral se puede estar negociando otro acuerdo territorial entre gobierno y estructuras criminales para asegurarse el voto en zonas rurales y periurbanas. 7.3. Puede que la liberación precipitada y en desorden de prisioneros busque provocar, a corto plazo, un “rebrote delictivo” que justifique de nuevo la perpetuación del Régimen de Excepción. 7.4. Los eventuales cambios en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos en las próximas elecciones, pueden provocar cuestionamientos al modelo bukeliano, así como investigaciones y denuncias por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
En definitiva, el articulista Raudales recomienda en todo caso aceptar la oferta de Bukele, liberar de inmediato a los inocentes, garantizar debido proceso a quienes tienen elementos de prueba en su contra, liberar también a presos políticos y, dado que el argumento principal para sostener un Estado de Excepción se ha resquebrajado –eliminación de derechos a cambio de orden y seguridad-, terminar de una vez con esa situación de excepcionalidad y recuperar el orden democrático.
Lo que resulta vergonzoso y patético del continuismo Chaves-Fernández, es verlos alabando y copiando un modelo que se desinfla y hace aguas por todas partes. No es casualidad que ni Bukele ni De la Espriella se hayan ausentado de la famosa inauguración de nuestra caricatura de mega-cárcel. Tampoco es casual que la reciente visita de Fernández a El Salvador haya sido inmediatamente seguida por la salida de Bukele a Washington, donde muy probablemente tenga oficios que diligenciar ante el incendio que lo amenaza.
[1] Los “postes” son colaboradores involuntarios, coaccionados por mareros militantes, pero que el régimen igual encierra indiscriminadamente.
Las Cortes Supremas de Justicia, en casi todo el mundo, son organismos en esencia conservadores, estrechamente vinculados y determinados por el poder político-partidario del que deriva su propia legitimidad, independientemente de si se trata de regímenes democrático-liberales o autoritarismos de todo signo ideológico. De ellas no es dable esperar grandes movimientos de cambio generales y, a lo sumo, cuando se apartan de sólo mantener el statu quo, nos pueden brindar algunas sentencias que afirmen el bien común, defiendan derechos fundamentales o condenen los más grandes crímenes.
En épocas de estabilidad democrática, el Poder Judicial puede fortalecerse y la interpretación jurisprudencial de la Constitución y las leyes puede contener destellos de progresismo en dirección al reconocimiento y ampliación de derechos. Eso fue precisamente lo que pasó en Costa Rica a partir de la Constitución del 49 y hasta el umbral del siglo XXI. Entre otros hitos de este proceso positivo podemos mencionar la incorporación de un buen número de juristas de alto perfil a la Corte, el aseguramiento de un mínimo del 6% del presupuesto anual, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, la creación de nuevas jurisdicciones (contenciosa, familia, agraria, constitucional), y de nuevas instituciones auxiliares a la materia penal (Ministerio Público, Policía Judicial, Defensa Pública).
En otro orden de consideraciones, se puede decir en síntesis que en una Corte Suprema se reflejan, con relativa claridad, la influencia y dominio coyunturales de las principales fuerzas políticas e ideológicas de una determinada época. En el marco de un Estado Social de Derecho la designación de los más altos jueces y juezas, aunque mediada por la afinidad ideológica o partidaria de quienes nombran o son nombrados, hay mucho mayor margen de asegurarse la independencia funcional de la justicia, afianzando su identidad contralora sobre los otros poderes; en tanto que en los regímenes totalitarios, los tribunales de justicia, comenzando por los de mayor rango, son entidades incondicionales al régimen político imperante, quedando desdibujado o desnaturalizado su rol contralor y su independencia.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se ha visto afectada por las transformaciones de carácter sociológico experimentadas en los últimos 50 años. En la Corte de hace medio siglo el peso interno de la Sala Primera (derecho privado, derecho público y contencioso-administrativo) era evidente. De ella salieron sus presidentes (Baudrit Solera, Odio Santos, Coto Albán, Blanco Quirós y Cervantes Villalta), así como también salieron de aquí las principales políticas públicas en materia de justicia. Con la relevancia de la refundación de la jurisdicción constitucional, un largo período presidencial recayó en don Luis Paulino Mora, de origen penal y consolidado constitucionalista. Hasta ahí la época de gran solidez del Poder Judicial costarricense. A los siguientes presidentes no se les ha dado la oportunidad de reelegirse, e incluso uno de ellos –devenido presidente cabalgando el corcel del punitivismo más rancio-, se jubiló anticipadamente después de haber recibido una sanción disciplinaria. Hasta esas profundidades hemos descendido, ya que, coincidiendo con un clima nacional general de decadencia en tema de liderazgos, cualquiera –tenga o no objetivamente méritos- se siente hoy con derecho a presidir un poder de la República. Priva aquel devastador principio que dice: “si Fulano ha sido Presidente, Magistrado, Ministro, Diputado… ¿por qué yo no?”. De ahí, por ejemplo, los 29 candidatos y candidatas a la Presidencia de la República en las últimas elecciones.
Pero ante todo me interesa llamar la atención en punto a que el peso específico del poder a lo interno de la Corte en Costa Rica ha virado de la Sala Primera a la Sala Constitucional (en cuanto a determinación de derechos fundamentales) y, en especial medida, a la Sala Tercera (Penal) en punto a la llamada seguridad ciudadana y sus respuestas represivas. No es de extrañar entonces que tres de los cuatro aspirantes a presidir hoy este poder de la República pertenezcan a esta última cámara, sobre todo porque para un magistrado constitucional resulta, en las actuales circunstancias, inviable, por no decir irresponsable, asumir la presidencia de la Corte dadas las dificultades generadas por la falta de suplencias.
Esta realidad social está marcada, entonces, por lo que podríamos llamar la justicia en los tiempos del narco. Me refiero a que la renuncia al Estado Social de Derecho o Estado Benefactor (hijo del social cristianismo y la social democracia tradicionales), sobrevino en el peor momento. Con la adhesión de Costa Rica al modelo neoliberal, -impuesto desde los centros de poder económico mundiales- coincidió la irrupción del narcotráfico y el crimen organizado (con una guerra declarada por el presidente Nixon como mecanismo de control geopolítico, más que como sincera preocupación por la producción y consumo de drogas). A esto se unió la corrupción público-privada en la gestión gubernativa (que golpeó fuerte al bipartidismo PLUSC), y el creciente protagonismo de la inseguridad ciudadana, que tuvo como única respuesta la reforma y ampliación de lo penal: más figuras penales y mayores penas, restricciones procesales y penitenciarias, fortalecimiento de la Fuerza Pública y organismos auxiliares penales del Poder Judicial. De manera que al día de hoy, la cárcel colma toda estrategia e imaginación programática de nuestras clases dirigentes. Si el modelo económico-político no puede resolver las grandes carencias de la población, entonces se ha inventado un enemigo (el delincuente) y una “solución”: la cárcel, la mega-cárcel, la agresión y la tortura dentro de las prisiones, el escarnio, la venganza, la exhibición pública del tormento, la quema simbólica de los chivos expiatorios. El retroceso es hasta la Edad Media y más allá. La Revolución Francesa ha sido borrada de la Historia. Todo para solaz de un pueblo anestesiado, con el propósito inconfesable de los gobernantes de tapar su incapacidad para resolver los problemas que apremian a la gente y encubrir también los actos de corrupción que mantienen plena vigencia.
En ese contexto, y para el tópico que nos interesa, a saber, cuán independientes son nuestros máximos jueces, la actual integración de la Corte Suprema costarricense contiene tres categorías de magistrados o magistradas: (a) quienes al margen de los apoyos políticos con los que llegaron o han sido reelectos, se toman en serio su independencia y no obedecen a consignas partidarias; (b) quienes profesan creencias religiosas cristianas, ya neo-pentecostales, ya católicas ultraconservadoras, que tienden a subordinar sus decisiones a su credo y no estrictamente a la Constitución Política; y (c) quienes están al servicio del poder político dominante de turno, cualquiera que éste sea, y cuyo objetivo es asegurarse su futuro dentro del más alto tribunal de la República mostrando toda su reverencia y servilismo. Las dos segundas categorías se develaron con claridad en el tema de enviar -o no- las causas penales contra Rodrigo Chaves a la Asamblea Legislativa. No son una clara mayoría, pero entre ellos están los hoy dos aspirantes a la Presidencia, doña Damaris Vargas Vázquez y don Gerardo Alfaro Vargas. Tal vez algún otro espera agazapado que el fraccionamiento termine desgastando las candidaturas actuales. En todo caso, confiar la cabeza de la Corte en alguna de estas personas sería una entrega, desde dentro, a las aspiraciones del chavismo de controlar al último bastión que le falta para liquidar nuestra democracia republicana. Ya el último movimiento del Sub-contralor General, señor Aragón, nos advierte que no toda toma institucional tiene que venir desde fuera.
Es hora de instar con respeto a una mayoría de Corte a que en última instancia se depongan aspiraciones personales, se respeten pequeñas mayorías que al final puedan sumar, y se logre colocar en la Presidencia a quien esté dispuesto a defender la independencia e integridad del Poder Judicial. En esto se nos va la Democracia misma.
La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.
En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.
«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».
Un impacto que recae en la ciudadanía
La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».
Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».
Seis acciones
Ante esta situación, RENASES:
Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.
Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.
Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.
Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.
Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.
Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.
«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.
Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra
En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida
La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.
Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.
1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental
La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.
El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.
Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.
2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse
Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.
La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.
Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.
3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder
La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.
Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.
Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.
Fiscalizar no significa subordinar.
El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.
4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional
Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.
Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.
Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.
5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo
Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.
Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.
Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.
Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.
6. La ciudadanía es la principal afectada
Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.
Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.
Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.
7. Más democracia significa también más controles al poder
Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.
La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.
Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.
Defender las instituciones no significa impedir las reformas.
Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.
Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.
Nuestra posición La Organización Cívica Madre Tierra:
1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.
2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.
3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.
4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.
5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.
6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.
7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.
Una democracia que limita el poder
Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.
La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.
Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.
Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.
Organización Cívica Madre Tierra
En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.
La Red Nacional por la Democracia envió a SURCOS un manifiesto, fechado el 29 de setiembre de 2026 en San José, en el que se pronuncia sobre lo ocurrido ese día en la Asamblea Legislativa en torno a la elección de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.
Según la Red, lo que correspondía a la Asamblea Legislativa era escoger a las personas candidatas de la nómina de magistraturas suplentes elaborada por la Corte Plena, «dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución, a tenor de lo acordado ayer entre todas las fracciones».
En lugar de eso, señala el manifiesto, la fracción del Partido Pueblo Soberano presentó y aprobó una moción de orden para enviar esa nómina a la Comisión de Nombramientos.
A juicio de la Red, con esa conducta la fracción oficialista y la presidencia de la Asamblea actuaron en contra de su Reglamento Interior y de la orden de la Sala Constitucional que dispuso efectuar esos nombramientos.
La organización considera que, sumado a lo que califica como reiterados incumplimientos de funciones, ilegalidades y faltas al decoro constitucional, tanto de esa fracción como de otros altos cargos públicos, el episodio evidencia una tendencia del grupo gobernante que pone en grave riesgo el orden constitucional del Estado. Advierte que actuar en esa dirección podría acarrear las más serias responsabilidades.
«Costa Rica es un Estado de derecho», recuerda la Red. En ese sentido, señala que quienes, desde la función legislativa, desatiendan deliberadamente una orden judicial podrían incurrir en el delito de desobediencia. Recuerda además que los artículos 148 y 149 de la Constitución Política establecen la responsabilidad de la presidenta de la República y sus ministros por los actos ilícitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.
«Vista la gravedad de la situación», la Red Nacional por la Democracia convoca a la ciudadanía costarricense «para que se manifieste de manera contundente repudiando las actitudes ilegítimas e indecorosas de la fracción legislativa oficial, respaldada por la presidenta y sus ministros».
Cuando escuchamos al expresidente Rodrigo Chaves en las conferencias de prensa de casa presidencial, es casi inevitable asociar sus palabras con los discursos del viejo filósofo nazi Carl Schmitt, considerado “el enemigo del liberalismo más brillante del siglo XX” (*).
Su discurso se caracterizaba por un gran desprecio hacia las democracias parlamentarias y sus simpatías eran muy claras por la existencia de un líder autoritario en las sociedades modernas de su época.
Además, Carl Schmitt sentía gran desprecio por conceptos como la “separación de poderes” y los “derechos humanos universales”, bases de la democracia moderna. Al referirse a la vida política alemana durante el gobierno de Adolfo Hitter, lo avalaba diciendo: “dime quien es tu enemigo y te diré quién eres”.
Esta frase, por cierto, nos parece que encaja bastante bien con el discurso radical, irrespetuoso y neofascista del presidente de facto, Chaves Robles.
No nos llamemos a engaño, como ocurre en muchos otros lugares del mundo, hoy estamos en las puertas de una era neofascista en nuestro país, arrastrados por un monstruo bicéfalo, de un lado la presidenta en ejercicio y “asistenta” y, del otro, un ministro de la Presidencia que se desempeña como un presidente de facto, ambos torciendo a su antojo los destinos de la democracia costarricense. Y lo peor, empujados por algunos sectores de nuestro país, especialmente por un sector de la clase trabajadora débil y empobrecida, cuyo desencanto por la ausencia de soluciones verdaderas a sus problemas de sobrevivencia, avalan ese discurso de odio de “los presidentes”, quienes parecen fantasear, un día sí y otro también, con las ideas del pensador nazi Carl Schmitt.
La ciudadanía costarricense debe de avocarse ya a construir alternativas que nos alejen de semejante despeñadero. ¡Cómo decían nuestros abuelos, para mañana es tarde!
(*). Rachman, Gideon(s.f.) La era de los líderes autoritarios. Editorial Crítica. (pp. 294 y siguientes)
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