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Etiqueta: servicios básicos

Yakye Axa: la Corte IDH realizó una visita de supervisión de cumplimiento de sentencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • A casi 20 años de la sentencia, la comunidad aún no cuenta con acceso al agua potable, a la salud y a una educación y alimentos de calidad.

  • En la audiencia privada que se llevó a cabo tras la visita se expresaron las principales preocupaciones y reclamos de la comunidad.

Asunción, Paraguay, 20 de septiembre de 2024. – Una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encabezada por su vicepresidente Rodrigo Mudrovitsch, visitó Paraguay para realizar una inspección en relación con las medidas de reparación del caso de la comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay. También participaron integrantes del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco paraguayo, organizaciones que actúan como representantes convencionales ante la Corte Interamericana, así como también una comitiva de más de 70 personas de distintos organismos del Estado quienes están a cargo de la ejecución de las medidas de reparación. Esta es la segunda vez que la Corte recorre el terreno de la comunidad desde que emitió su sentencia en el 2005.

En comparación a la primera visita realizada en 2017, se han visto algunos progresos en el cumplimiento de las medidas de reparación dictadas, sin embargo, aún queda mucho por hacer. A pesar del avance significativo en la construcción del camino, el mismo todavía presenta varios problemas, como la falta de mantenimiento de los primeros 10 kilómetros, de una correcta señalización, guardarraíl y de luminarias, haciéndolo peligroso para transitar. Asimismo, el camino no se encuentra asfaltado, por lo que el paso de vehículos y las condiciones climáticas pueden generar daños que requiere de un mantenimiento continuo.

Por otro lado, la comunidad no tiene garantizados bienes y servicios básicos como lo son el acceso a la salud, a la educación, a alimentos de calidad y al agua potable, generando obstáculos para su subsistencia. La comunidad no cuenta con independencia hídrica, por lo que depende del agua que proporciona el estado, la cual no es suficiente para toda la comunidad. Por este motivo se ven en la necesidad de recolectar agua de lluvia en tajamares que no tienen las medidas de salubridad correctas. Sobre las viviendas, se avanzó en su construcción, pero las mismas fueron realizadas con materiales de baja calidad y presentan fisuras en las paredes y goteras en el techo. Además, las construcciones fueron realizadas sin letrinas y bañaderos. Al mismo tiempo, el suministro de alimentos en cantidad, variedad y calidad suficientes sigue sin ser garantizado.

Con respecto al acceso a la salud y la educación, la construcción del consultorio médico todavía no se terminó y tampoco se conoce con qué equipo contará. Por otro lado, con relación a la educación, han pasado cinco años desde que la comunidad se encuentra en sus tierras y sin embargo el aula móvil que utilizaban continúa a un costado de la ruta. Los dos salones donde actualmente se dan clase fueron erigidos con un fondo de emergencia educativa facilitado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y no cuentan con baños disponibles para los 64 niños y niñas de la comunidad que asisten a clases.

Por último, destacamos que las obras para otorgar electricidad a la comunidad se encuentran paralizadas. A pesar de que las columnas ya fueron instaladas, aún no se ha colocado el cableado o los transformadores necesarios, por lo que la comunidad no cuenta con servicio eléctrico que llegue a todas las viviendas.

Tras la visita, se llevó a cabo una audiencia privada en la que se resaltó la falta de avances en la titulación de las tierras a nombre de la comunidad y en la adopción de medidas legislativas y de otra índole para garantizar el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas.

Durante esta visita en terreno y durante la audiencia, el vicepresidente y la Secretaría de la Corte tuvieron la oportunidad de escuchar directamente a los líderes de la comunidad Yakye Axa, escuchar sus reclamos y ver las condiciones en las que se encuentran. Esperamos que tras esta nueva visita finalmente el Estado adopte todas las medidas necesarias para dar cumplimiento total a la sentencia.

Antecedentes del caso

La comunidad, conformada por más de 300 personas del Pueblo Enxet, está ubicada en el Departamento de Presidente Hayes. Debido a la expansión de la agricultura y ganadería, una gran extensión de sus tierras fue vendidas por parte del Estado paraguayo, sin su consentimiento, obligando a la comunidad a desplazarse y perder el acceso a sus recursos naturales tradicionales. En 1993, la comunidad comenzó los trámites para la reivindicación de las tierras que consideran como su hábitat tradicional. Sin embargo, estos intentos no tuvieron resultados positivos.

El caso Yakye Axa fue litigado por el CEJIL y la organización Tierraviva, las cuales lograron obtener una sentencia en 2005. La Corte condenó al Estado paraguayo por la violación de los derechos a la propiedad colectiva de sus tierras, a la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial y ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas, la devolución de las tierras a la comunidad. Sin embargo, a casi 20 años de la sentencia, el Estado paraguayo aún no ha cumplido con la totalidad de estas medidas, demostrando una demora significativa en la atención estatal.

Distancia social: la paradoja de las fracturas en la Costa Rica del bicentenario

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Al ser 6 de marzo se cumplen 365 días exactos desde que fue anunciado el primer caso por Coronavirus en Costa Rica. En esos días, las informaciones resultaban escuetas pero llevaron a localizar los primeros incidentes en la provincia de Alajuela, concretamente en el Hospital de la ciudad.

Luego se conocería que entre los afectados de forma temprana por la enfermedad, se encontraba una pareja de turistas estadounidenses, cuyas identidades, proveniencia y estadía en el país fueron manejadas con absoluta discreción y privacidad. Semanas después, el aumento exponencial de casos fue relacionado con la presencia de población migrante, fundamentalmente proveniente de Nicaragua, en lo que hemos definido en varias oportunidades, como la constitución de las espacialidades de la sospecha: asentamientos urbanos, cuarterías, fincas de producción piñera ubicadas en la zona norte del país, quedaron subsumidos en una especie de lugares peligrosos y potencialmente mortales.

Tanto fue el discurso y la presión mediática sobre esta relación entre migración y enfermedad, que llevó a las autoridades costarricenses a definir por primera vez en años una estrategia interinstitucional de seguridad fronteriza denominada «Frontera segura», que básicamente consistía en clausurar y blindar las posibles entradas irregulares de personas provenientes de Nicaragua al país, garantizando con ello el resguardo de la higiene costarricense que ya empezaba a debilitarse. El manejo libertino de la pandemia por parte de las autoridades de aquel país hizo levantar aún más las consideraciones sobre el distanciamiento y el tratamiento de sospechoso sanitario a todo aquel proveniente de la geografía del norte.

La forma inédita mediante la cual varias comunidades se organizaron para rechazar albergues con personas enfermas, muchas de ellas migrantes, es un claro ejemplo del impacto de los discursos y las prácticas institucionales conjugadas con una agenda mediática volcada a responsabilizar a los extranjeros, a cierto tipo de extranjeros, sobre el aumento de los casos y la incontenibilidad de una posible masificación del virus.

Valga decir que, contrario a lo que ocurrió con la pareja de turistas estadounidenses, la exposición de muchos grupos de personas migrantes de origen nicaragüense a la opinión pública fue constante, agresiva, irrespetuosa. Para ellos no hubo protección de identidad ni cuido en hoteles: sus rostros y cuerpos fueron expuestos una y otra vez en medios de comunicación y redes sociales, socavando el principio de resguardo de imagen e identidad que debe privar en medio de situaciones extremas como las que se instalaron a nivel global durante el año 2020. Una fractura más en la convivencia se había instalado.

Esta situación fue fiel reflejo de la traducción colectiva y empírica de una serie de conceptos, antes desconocidos, que fueron introducidos por las autoridades de salud costarricenses como una forma de ajustar las indicaciones emanadas desde organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asi, se empezaron a escuchar con frecuencia nociones como confinamiento, testeo, burbujas sociales, curvas planas y levantadas y distancia social.

En este último concepto, no solo se implementaron las prácticas sugeridas de guardar una relación de cerca de dos metros con respecto a otras personas, sino que la noción fue llevada al campo macro social donde espacialidad, clase, nacionalidad y sector de empleo, terminaron por evidenciar el recorte profundo en una sociedad aboslutamente fragmentada como la costarricense.

Ya desde antes de la pandemia las distancias sociales y poblacionales eran evidentes, luego de las primeras implementaciones del plan de ajuste fiscal aprobado durante el año 2018 y que delineó una conjugación de intereses privados con las definiciones de enfoque neoliberal desarrolladas por los cuadros económicos y sus músculos politicos enquistados en la gestión gubernamental del país.

Según el Programa Estado de la Nación, la crisis estaba instalada antes que la coyuntura sanitaria fuera declarada con el primer caso: un 21% de hogares costarricenses se encontraban en condiciones de pobreza; 9% de los cerca de 1.600.000 hogares existentes en Costa Rica no tenían las condiciones para que la gente se «quedara en casa» y un 7% no contaba con acceso a servicios básicos como agua, luz y disposición de desechos sólidos[1].

Hoy en día la situación es más crítica. Hacia finales de 2020, de acuerdo con INEC, el porcentaje de hogares pobres había crecido hasta un 26%, siendo la cifra más alta registrada en el país en los últimos 30 años. Al iniciar el año de la pandemia ya se tenía una cifra de desempleo relevante del 12.5% que aumentó al 24% durante los meses más duros y que luego se estacionó en una todavía alta cifra de dos dígitos del 20%.

Habrá que esperar por los datos agregados del primer trimestre de este año para tener una verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, dados los escenarios mostrados, una verdadera distancia social real se ha instalado en el país. Ya no solo recoge la habitual eversión entre personas costarricenses y cierto tipo de migrantes como lo hemos expuesto en la primera parte de estas reflexiones; ahora suma las desigualdades crecientes, los altos niveles de exclusión social y los procesos de división y polarización que continúan confrontando a las mismas poblaciones, en un juego alimentado por cámaras, empresarios, medios y ciertas visiones tecnócratas y reduccionistas instaladas en las esferas gubernamentales.

En el año del bicentenario, las varias Costa Ricas que existen se han hecho evidentes. Algunas no celebrarán la fecha por obvias razones. Otras serán recordadas por su tristemente célebre papel de haber llevado al país a una fractura social sin retorno. Cuando esta columna está siendo terminada, se conocen nuevos actos de violencia en territorios indígenas de China Kichá, escenarios de recuperaciones y de usurpaciones contantes a manos de personas no indígenas. Allí se dibujan quizá en grado sumo las ditancias provocadas por décadas de desigualdad, racismo y exclusión

Con estas evidencias, la distancia social es quizá el mejor calificativo que podemos endosarle a las Costa Ricas del bicentenario. Y estamos claros que no tiene que ver solo con los 1,8 metros solicitados para resguardar el virus. Es una fractura mucho más profunda, aguda e irreversible cuya vacuna no aparece en el horizonte. Al menos por ahora.

[1] Programa Estado de la Nación. «Las desigualdades que enfrentan los hogares en cuarentena». 6 de abril de 2020. Consultado en https://estadonacion.or.cr/las-desigualdades-que-enfrentan-los-hogares-en-cuarentena/

Foto de cabecera: https://flacso.or.cr/noticias/la-otra-distancia-social-reflexiones-y-aproximaciones-a-lo-subnacional/

Honduras en llamas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Marlin Oscar Ávila

Cuando al menos la mitad de la institucionalidad catracha ha sido destruida y corrompida, todo el país se desploma y cae en pedazos. Nada funciona adecuadamente.

Los servicios básicos al público, incluyendo los privatizados, son sumamente ineficientes. Hospitales y clínicas privadas están cobrando hasta diez veces los precios, porque el gobierno no les controla, al contrario, funcionarios públicos se asocian a ellos. Frecuentemente la energía eléctrica, privatizada, no funciona, por ende, el internet, los celulares, todo esto privatizado, mantiene un deficiente servicio. En mucho, la industria y comercio apenas funciona horas si tienen instalada plantas generadoras privadas. El sistema educativo, ahora más dependiente (a distancia) de la energía eléctrica, consecuentemente, tampoco funciona casi en un 50 por ciento.

El sistema de salud, como el peor del continente, termina en un mar de lágrimas y un funeral inagotable, sin dejar un minuto de respiro. No se logra un manejo confiable del Coronavirus, aunque esta población de 9 millones acepte casa por cárcel para el resto del año y más allá. Se dan instrucciones desde comisiones políticas, más que técnicas, pero no se dice por cuánto tiempo, dada la inexistencia de una estrategia viable, apegada a la realidad. El gremio médico, quien a través de su colegio ha hecho propuestas adecuadas a las circunstancias, no ha sido escuchado por los políticos en el poder, aun cuando sigue luchando contra decisiones descabelladas, siendo otra víctima al frente de esa guerra global contra el Covid-19, pero sin herramientas de combate. Honduras dispone de escasa investigación científica, su recurso humano intelectual ha carecido de apoyo oficial en toda la historia y menos ahora.

Los partidos políticos, están entusiasmados haciendo campañas políticas para tomar el poder, pero sí lo ganan no sabrían qué hacer, pues su objetivo llega hasta allí: tomar el poder. Que Dios nos guarde, después, con los pleitos que se darán por beneficios a la clase política que gane.

La sabiduría popular no está lejos de saber esto. Sí lo deseado por más del 80 por ciento de la población en cuanto a que desde EUA saquen, extraditen, expulsen, les corten las ayudas externas, a la cúpula gobernante, sencillamente es porque no creen que la oposición nacional lo haga. Por eso, un significativo porcentaje de trabajadores y juventud emigra, aun sabiendo los altos riesgos que conlleva irse hacia el norte. Sí la oposición ha tenido 11 años sin lograr hacer un cambio estructural, ahora que han visto que Bolivia lo hizo en 11 meses, saben que ha habido más que un error o desinterés en la dirigencia de la oposición local para concretar el cambio a fondo exigido.

Decir esto, molesta a los que dicen ser de izquierda, pero el cuestionamiento lo dan los hechos y no las palabras. Desde luego, hay escasas excepciones en este asunto. Quién se atreve a levantar su voz crítica dentro de la oposición, se arriesga a ser linchado por sus correligionarios.

La gran pena es ese pueblo trabajador, marginado del sistema de salud pública, al cual le siguen robando hasta lo más elemental para su salud. Cuando fallece un ciudadano humilde, simplemente lo entierran en una fosa común.

Ya no podemos hablar de un «sistema de educación» puesto que hasta esto se le ha sobrecargado a los padres y madres de familia. A adultos con un promedio de educación formal de cuarto grado de primaria, sino es menor, con los efectos del año 2020. Sin acceso a medios electrónicos y sin internet, no digamos a una computadora que les cuesta más de un año de salario. La señal electrónica cubre un tercio de la zona rural, si hay fluido eléctrico. Una proporción elevada de municipios de tercera categoría viven a oscuras la mayoría del tiempo.

No existe duda alguna que este gobierno está manejado por una mafia de narcos, que el poder fáctico se ha beneficiado a lo grande, por lo que un cambio de poder a manos de una izquierda democrática popular (quien ganó las dos últimas elecciones, pero perdió por fraude), será muy difícil que obtenga el beneplácito del nuevo gobierno de EUA y de la banca, comercio e industria nacional con mayor influencia política actualmente.

Muchos analistas ven nuevamente la preparación de un nuevo fraude para noviembre del presente año.

Así que el futuro inmediato es incierto, tanto para los partidos progresistas. Irónicamente, el mismo gobernante, quien ahora solamente parece sostenerse en el poder de la cúpula militar y financiera nacional tiene seguro su futuro inmediato. Algunos analistas piensan que, al solo concluir su mandato, será extraditado por la Corte Suprema estadounidense.

 Este pueblo quiere ver, ansiosamente, lo que Joe Biden hará con el presidente Juan Orlando Hernández, líder de un cartel de drogas, según datos de la Corte de Nueva York.

Este pueblo ha resistido más de lo imaginable y aunque le sigan cerrando rutas de salida, seguirá tratando de escaparse, pues su barco está en llamas.

MUSADE llama la atención por solución urgente en asentamiento de San Ramón

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Con una carta enviada al Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia del cantón de San Ramón de Alajuela, la organización Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo llaman la atención acerca de la necesidad de atender con urgencia la situación en el asentamiento Los Jardines.

Esta es la carta que MUSADE compartió con SURCOS:

Señoras y señores: Subsistema Local de la Niñez y la Adolescencia, Cantón de San Ramón.

ASUNTO: LLAMADO A LA ATENCIÓN DE URGENCIA

Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación MUSADE, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, cedula jurídica número 3-002-100942, Asociación con estatus de bienestar social, declarada de utilidad pública según Decreto N° 3810-P.J, del 2 de octubre del 2013, con 34 años de trabajo continuo por una sociedad más justa e igualitaria.

Por la presente deseamos informarles que hemos recibido información de las demandas y gestiones realizadas por diferentes actores comunales e institucionales para un abordaje integral de las condiciones sociales de los y las niñas y adolescentes del asentamiento Los Jardines de este Cantón. Ante ello manifestamos;

  1. Solidaridad absoluta con las demandas de esos actores sociales, debido a las condiciones sociales de riesgo en las que se encuentran las y los habitantes del asentamiento Los Jardines, especialmente la población menor de edad, que requiere por mandato constitucional atención especial del Estado.
  2. Solicitud de intervención inmediata de ese subsistema como gestor para una intervención interinstitucional coordinada que priorice las necesidades de la población infantil y adolescente de dicho asentamiento con miras a garantizar las condiciones humanas mínimas de desarrollo en el marco de un enfoque de derechos y potencie acciones para dar una respuesta oportuna y eficaz.

Seguras que las voces y demandas de los y las habitantes del asentamiento Los Jardines serán escuchadas y atendidas lo antes posible, desde ese subsistema de niñez y adolescencia, quedamos atentas y ofrecemos nuestro apoyo, según nuestras competencias

Diana Marcela López Ruiz, Representante legal
Enid Cruz Ramírez, Coordinadora general

Instituciones educativas y representantes comunales se unen para atención integral – Los Jardines

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos, Educación, Salud.

En el asentamiento Los Jardines, de San Ramón de Alajuela, las instituciones educativas unen esfuerzos a representantes comunales para lograr una atención integral.

Información enviada a SURCOS indica: “Se procura hacer propuestas de atención integral y abordaje interinstitucional coordinado, ante riesgo social y problemas en comunidad del asentamiento sin servicios básico y derivaciones del estado de exclusión social por tenencia de tierras en litigio. Se propone activar respuesta del Subsistema Local de Niñez y Adolescencia para amparar derechos de las personas menores de edad residentes en dicha comunidad, esto en concordancia con lo establecido por Código de la Niñez y Adolescencia”.

En concordancia con ello, compartimos este comunicado:

COMUNICADO PÚBLICO

“El pura vida de los ticos, y el tierra de poetas del San Ramón nos llevan por sus remozadas calles, el boulevard y hermosos murales con pictóricos grafitis del Moncho actual, pero también nos remite a los estigmatizados lugares del Moncho olvidado, el de las brechas y exclusiones. Del Moncho que no todos saben que existe. El que algunos sí reconocen su existencia, pero que miran con las gafas del temor, del prejuicio y del estigma. Desde uno de esos sitios, conocido como «Precario los jardines», lanzamos nuestro comunicado público para intentar romper el cerco del estigma, del prejuicio y del olvido institucional. Si, dura tarea nos proponemos, puesto como lo dijera el científico Albert Einstein: ES MÁS FACIL DESINTEGRAR UN ATOMO QUE UN PREJUICIO. Y como de perseverancia está hecha nuestras vidas, que es lo mismo que una historia de lucha, empezaremos por presentarnos e invitarles a conocer esa realidad.

Constituimos un asentamiento de más de cincuenta familias, integrado por personas de diferente condición, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, y estamos buscando el desarrollo y bienestar de los habitantes. Es la precariedad y falta de servicios básicos la principal condición que afecta nuestras vidas, estamos viviendo sin lo básico, ni agua ni luz, pero si, un techo y piso de suelo que nos da seguridad y esperanza,

No obstante, de nuestra condición y del noble propósito de la lucha que estamos dando, es innegable que una serie de problemas sociales también han llegado junto con la voluntad y misión de una mayoría, es el caso de situaciones de inseguridad ciudadana, del zopilotaje de mejoras y la intermediación de personas oportunistas que lucran con la necesidad humana, de lo cual deberían las autoridades respectivas ocuparse oportunamente.

Ciertamente nuestras realidades abundan las limitaciones, las que sirven como retos, que han ido dándonos fortaleza mediante logros en un proceso de lucha de mediano y largo plazo. Avances que enumeramos y detallamos de la siguiente manera:

  1. Contamos con una estructura organizativa con nuestras capacidades y propia lucha, para la edificación de los objetivos que buscamos.
  2. En la búsqueda de dar soluciones integrales y mayor bienestar a las familias del asentamiento se inició la gestión de un proyecto de desarrollo por medio del INDER (Instituto de Desarrollo Rural).
  3. Se tienen gestiones orientadas a solucionar el problema de falta de agua potable, situación de enorme preocupación ante el riesgo por la pandemia del COVID19, esto mediante gestiones ante AyA, Comisión Cantonal de Emergencia, Sala Constitucional y Defensoría de los habitantes, según consta en el expediente N.20-006178-0007-CO.
  4. Nos adherimos a una gestión de carácter interinstitucional que busca una respuesta de atención integral, según lo que establece el CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley N 7739.
  5. Nos organizamos en un COMITÉ DE LUCHA Y BIENESTAR: En fecha 07-06-2020 mediante reunión general de las familias residentes en el asentamiento se decide conformar un Comité de lucha en pro de desarrollo y Bienestar del Asentamiento, este funciona con un cargo de coordinador@ que es rotativo entre las siguientes personas: Mirian Méndez Ulate, Andrés Rodríguez Gómez, Gilbert Flores Martínez, María Eugenia Palma Vargas, Ana Cecilia Araya Cuadra.
  6. Para fines de comunicación con este Comité, puede hacerse mediante los teléfonos 61234754-83013310 y el correo electrónico rodriguez182030@gmail.com

San Ramón, junio 18- 2020”

La propuesta institucional es la siguiente:

PROPUESTA PARA SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SAN RAMÓN, ALAJUELA.

Para:

SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, SAN RAMÓN DE a ALAJUELA

De:

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS MEP – COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, LOS JARDINES Y ALBERTO MANUEL BIENES Y COMITÉ DE LUCHA Y BIENESTAR Asentamiento Los Jardines

Con copia a:

Defensoría de los habitantes- Área de niñez y adolescencia LICEO NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES: Departamento de Orientación, Consejo de Profesores, Gobierno estudiantil

ASUNTO:                 Determinar el estado actual de la Niñez y Adolescencia en el asentamiento Los Jardines ubicado en Caserío Los jardines, Distrito Los Ángeles del Cantón de San Ramón, población en condiciones de exclusión social y mayor vulnerabilidad ante la pandemia Covid 19.

Fundamento Constitución política, artículos 21 y 50.

Resolución N. MS-DM-2592-2020 MEP00713-2020, que establece las orientaciones para el apoyo educativo a distancia.

Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739 en sus artículos 41,42,44,57, 168,169 y 171:

Considerando

1- Que se conoce la existencia de aproximadamente cuarenta y un Personas Menores de Edad que residen en dicha comunidad, según censo realizado por la organización comunitaria local y aportado en el expediente de Sala constitucional N.20-006178­0007-CO.

2- Que entre las personas de edad escolar, residentes en esta comunidad, algunas forman parte de la Comunidad Estudiantil de las suscritas instituciones educativas.

3- Que mediante reunión celebrada por autoridades Públicas de la Comisión Cantonal de Emergencia de San Ramón en fecha 17 de marzo 2020 acordaron que después de realizar los estudios correspondientes y la valoración del riesgo sanitario existente ante la pandemia del covid 19, se tomarían medidas alternativas.

Por lo tanto

En concordancia con el principio del interés superior de la persona menor de edad, se solicita al SUBSISTEMA LOCAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA, una Declaratoria de Estado de prioridad para determinar la condición del estado del cumplimiento de los derechos de las PME en el Asentamiento los Jardines y por consiguiente se le solicite a las diferentes instituciones, según sus competencias, se sirvan rendir informe de los estudios realizados y las acciones que han llevado a cabo para atender el riesgo adicional de esta población ante la situación de emergencia generada por el COVID 19 y para el cumplimiento de la normativa establecida en la ley N.7739 C.N.A, especialmente en detalle lo siguiente:

1- Que el Ministerio de salud indique el estado de las condiciones físico sanitarias, de las residencias de todo el asentamiento, del estado de la salud, nutrición y desarrollo de niños, niñas y adolescentes, así como del acceso y cobertura que todas estas personas tienen a los servicios públicos de atención de salud, nutrición y desarrollo.

2- Que DINADECO, informe sobre el apoyo o atención brindado a la población infantil y adolescente de este asentamiento, por parte de la Asociación de Desarrollo de Los Jardines, desde su Comité tutelar de los derechos de la Niñez y Adolescencia.

3- La Alcaldía municipal de San Ramón informe, si desde la Comisión cantonal de emergencia se está coordinando la realización de los estudios correspondientes indicados en el acta como acuerdos de la sesión del 17 de marzo de 2020.

4- A fuerza Pública de San Ramón, autoridades policiales y judiciales que intervinieron en los operativos de desalojo, informen si coordinaron la presencia de la representación del PANT, de modo que se garantizará el tutelaje de los derechos de las PME, propiamente durante el operativo ocurrido el 22 de mayo de 2020.

5- Que el área de Salud CCSS, informe la intervención que realiza para garantizar el derecho a la salud, de las PME de esta comunidad.

6- Que el AyA informe cual es la cobertura de esta población con agua de calidad potable.

7- Que el CEN CINAI informe de la cobertura que está dando a la población materno infantil de esta comunidad.

8- Que el M.E.P informe de la atención que brinda a las PME de esta comunidad, en edad escolar, para el primer, segundo o tercer ciclo, su condición de acceso y su condición de permanencia en los servicios públicos educativos.

9- Que el CONAPDIS informe del conocimiento que tiene y de las acciones realizadas en favor de las PME con discapacidad, residentes en este asentamiento.

10- Que el IMAS respecto del programa fonatel-ICE informe sobre la cobertura de los servicios de telefonía e internet mediante su «programa Hogares conectados» para facilitar los estudios de la población infantil y adolescente de este asentamiento.

11- Se solicite la mediación de La DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES, ÁREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA para atender el seguimiento del informe que brinde cada institución.

Para recibir notificaciones sírvase enviar: esc.albertomanuelbrenes@mep.go.cr, rodriguez182030@gmail.com

Atentamente suscriben

 

Información enviada a SURCOS por Luis Alberto Soto Ramírez.