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Etiqueta: servicios públicos

La democracia no pertenece al Estado-2

Juan Huaylupo

El Estado costarricense, a través de sucesivos gobiernos, es responsable de la inaceptable pérdida de logros y conquistas democráticas. Por ello estamos en las calles: para reconquistar lo arrebatado, de forma ilegítima, por estas sucesivas tiranías que se han apoderado del aparato estatal y se han autoidentificado como agresivas protagonistas de la liquidación de la institucionalidad pública, del desfinanciamiento de la educación y la salud, y del irrespeto a la normatividad pública, entre otras acciones que esta nefasta dictadura efectúa de manera abierta. A mi juicio, la actuación estatal se muestra como un declarado enemigo de la historia, la cultura y la democracia de la sociedad costarricense.

El Estado costarricense no es un grupúsculo de administradores ineptos, prepotentes jerarcas, ministros y una burocracia incondicional que se arrogan la facultad de decidir y disponer autónomamente el destino social, político y económico de las personas y de la sociedad. Actúan ajenos a las necesidades de la ciudadanía en alimentación, salud, educación, seguridad, vivienda social, trabajo remunerado y estabilidad laboral, y con ello afectan críticamente la situación y la vida de quienes menos posibilidades tienen de satisfacer sus propias necesidades básicas. Liquidar la institucionalidad pública, como lo hacen los autócratas, es negar la atención de los servicios públicos. Estos no son regalos: están pagados por las personas trabajadoras activas y jubiladas, y deben pagarlos también los empleadores morosos y las entidades públicas. Son obligaciones ineludibles que deben plasmarse en el presupuesto nacional y en su ejecución por parte de quienes ejercen la función pública. Restringir o impedir que las instituciones cumplan con sus obligaciones constitucionales es la privación y privatización de los recursos, que condena al empobrecimiento y sus secuelas a la inmensa mayoría de la población costarricense.

Un gobierno que privatiza lo público no es un Estado social, moderno, benefactor o nacional. Es un Estado atrasado, que puede corresponder a cualquier estadio del pasado, como el esclavista o el feudal, porque en esas épocas no existían políticas públicas, elecciones universales, gobierno de todos para todos, democracia ni soberanía. El monarca, el autócrata, el esclavista o el dueño de riquezas, tierras y vidas era el tirano absoluto, en un tiempo y un espacio sin más normas ni pautas que las propias. En el presente, es el autócrata fascista. Las nociones de gobernados y gobierno son inadecuadas para los regímenes totalitarios, y tampoco lo son para Costa Rica, pues las personas gobernadas no son esclavas ni carecen de derechos sociales y jurídicos. Son colectividades con pensamiento, decisiones y acciones propias, que tienen derechos, que eligen a quienes deben actuar en su beneficio, y que también luchan contra los gobiernos que las desprecian, explotan y empobrecen, y los destituyen por las vías que la democracia ofrece. Por tanto, ni los gobiernos ni quienes gobiernan son autónomos: dependen de la ciudadanía, a la que tienen la obligación incondicional de servir.

El Estado social de derecho es la concreción democrática de la sociedad y debe ser el garante del bien común y de los derechos igualitarios para la continuidad tanto de la sociedad como del propio Estado. Esto es, el Estado social no es un actor extraño ni ajeno a nuestra historia, ni un ente que representa solo a una clase; su función es para todas las personas, en medio de una desigualdad social sistémica. Un Estado que se parcializa, que usa el monopolio de la violencia con criterio de clase y custodia los intereses de los ricos de la sociedad, es un Estado atrasado: una regresión política a la lucha de todos contra todos, a la perpetuación del antagonismo entre clases y a las guerras, hasta la liquidación de la civilización y la humanidad.

«Divide y reinarás» es una vieja consigna que los autócratas y su entorno han empleado contra sus adversarios políticos para manipular, desprestigiar, confundir y engañar a la ciudadanía, y para controlar procesos políticos y electorales. Un ejemplo es el uso de las llamadas «granjas de bots» en elecciones de nuestra América, un fenómeno que, a mi juicio, también debería investigarse en Costa Rica.

La acción libre de la ciudadanía es de vital trascendencia para la creación y el fortalecimiento de la democracia en la política nacional. La degradación y liquidación de la política pública, las amenazas, el desprecio y el chantaje de la actual dictadura, así como el irrespeto al sistema jurídico y constitucional, son actos que tienden hacia el establecimiento de un poder político absoluto, incompatible con la democracia, el derecho y el progreso social.

Ante las condiciones impuestas por la dictadura costarricense, la población no ha permanecido pasiva ni observadora. Por el contrario, participa activamente en la reconstitución y recreación de la democracia con su pensamiento, su participación, sus protestas y sus manifestaciones sociales, como también ocurre actualmente en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal, Albania, Serbia, Turquía, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Argentina y Paraguay, porque las acciones del fascismo son globales.

La subordinación política a los adinerados y explotadores, así como la sumisión a potencias extranjeras, con prácticas que contribuyen a la polarización social mediante el incremento de la explotación, la miseria, las enfermedades y la desnutrición, son muestras de que esta dictadura no gobierna, sino que usurpa el poder social.

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

Municipalidad de Bagaces se suma al rechazo del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Municipalidad número 10 en contra del proyecto

La Municipalidad de Bagaces se convirtió en una de la Municipalidad más reciente del país en manifestar formalmente su oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

Mediante el acuerdo N.° 05-160-2024-2028, aprobado de forma unánime en la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Bagaces acordó respaldar el acuerdo N.° 1114-2026 de la Municipalidad de Goicoechea, en el cual se reitera la oposición a dicha iniciativa legislativa.

La votación contó con el apoyo de la totalidad de los regidores presentes, quienes aprobaron el acuerdo con cinco votos a favor y ninguno en contra, otorgándole además carácter de acuerdo firme.

Con esta decisión, Bagaces se suma a otras municipalidades que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas Goicoechea, Belén, Pérez Zeledón, Montes de Oca, León Cortés, Turrialba, San Rafael de Heredia y San Isidro de Heredia.

El pronunciamiento refleja la creciente preocupación de diversos gobiernos locales respecto a los posibles impactos que esta propuesta legislativa podría tener sobre el modelo eléctrico nacional y la gestión de un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país.

La adhesión de Bagaces fortalece la posición de los gobiernos municipales que han solicitado a la Asamblea Legislativa reconsiderar el avance de este proyecto y abrir espacios de discusión más amplios sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense.

Diversas organizaciones ecologistas y comunitarias han venido impulsando una campaña para que más gobiernos locales analicen y se pronuncien sobre el expediente legislativo N.° 23.414. La iniciativa busca que las comunidades se acerquen a sus municipalidades y promuevan acuerdos en base a la autonomía municipal, incentivando la participación ciudadana y el derecho de los gobiernos locales a ser escuchados en decisiones que podrían tener implicaciones para sus territorios.

Esta estrategia retoma experiencias exitosas desarrolladas en años anteriores, cuando decenas de municipalidades se declararon territorios libres de cultivos transgénicos y libres del uso de determinados herbicidas, logrando que más del 90% del territorio nacional adoptara este tipo de pronunciamientos en el caso del maíz transgénicos.

Bloque Verde
Bloque Azul
COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR
Costa Rica por el Océano
Movimientos Ríos Vivos
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Eco Cipreses
Oilwatch Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Talamanca Siempre Verde
Red de Mujeres Costeras

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

Defensoría advierte debilidades del sistema que atiende reclamos de usuarios dentro de entidades públicas

La Defensoría de los Habitantes alertó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), ente rector del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, respecto a las debilidades estructurales de este Sistema que afectan el abordaje en la atención de denuncias presentadas por las personas usuarias a lo interno de las instituciones públicas.

Entre las principales situaciones operativas que enfrentan las Contralorías de Servicio están el poco personal asignado, el escaso respaldo del ente rector y las respectivas jerarquías institucionales, la ambigüedad en la normativa, la insuficiente disposición de recursos tecnológicos y sistemas automatizados de gestión, la inexistencia de programas de formación y capacitación continua del personal, entre otros. Actualmente existen dentro del sistema 100 unidades institucionales, pero también existen oficinas institucionales que cumplen funciones similares y no están integradas (principalmente en municipalidades, bancos, etc).

Tras una investigación y un proceso de diálogo con representantes de dichas dependencias, la Defensoría emitió un informe con recomendaciones donde se hace notar la urgente necesidad de fortalecer las capacidades de estas dependencias, las cuales tienen como objetivo que haya una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen las instituciones públicas hacia los y las habitantes a través de una efectiva atención a sus reclamos.

Para la Defensoría, el Mideplan, presenta deficiencias en el desempeño de esta importante función, particularmente en lo relacionado con la emisión de políticas y lineamientos para procurar un servicio público de calidad y para orientar el trabajo de estas oficinas.

Un punto importante es que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio (SNCS) enfrenta un debilitamiento en los últimos años, debido a que solamente cuenta con dos funcionarias y no se ha nombrado su jefatura desde hace varios años, así como una débil vinculación entre la Secretaría Técnica y las contralorías de servicios institucionales. El escaso recurso humano incide en la imposibilidad de que dicha instancia cumpla plenamente con sus obligaciones legales, más allá de la verificación de emisión de los informes anuales por parte de las contralorías adscritas; ejemplo de ello, es que se carece de mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo de las contralorías, para identificar oportunidades de mejora, asegurar estándares de calidad y fortalecer su legitimidad institucional.

Por otro lado, se identificó un clamor entre contralorías y unidades afines, integradas o no al SNCS, para generar espacios de coordinación, intercambio, formación y colaboración entre tales dependencias. También varias contralorías o unidades afines que no integran el SNCS, desconocen la existencia de dicho Sistema, lo que revela su insuficiente divulgación y posicionamiento en la Administración Pública.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes recomendó al Mideplan diseñar e implementar una estrategia integral para fortalecer el Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, que incluya la emisión de lineamientos de política pública para mejorar los servicios públicos; así como un reforzamiento de los procesos de capacitación y formación continua al personal de las contralorías de servicios.

También diseñar un plan de fortalecimiento de la Secretaría Técnica para dotar del recurso humano y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento y cumplimiento de responsabilidades que le impone la ley; así como apercibir a 41 instituciones públicas que tienen contralorías unipersonales para que se ajusten al artículo 17 de la Ley y doten de más personal a tales dependencias.

El ICE, los comunistas y los marcianos

José Luis Amador.

Por José Luis Amador

No sé si lo han notado pero el chavismo está desesperado. Es evidente que en las últimas horas ha habido un clamor popular en defensa del ICE. Nada más revisen las redes. La respuesta de los chavistas ha sido llamar comunistas a todos aquellos que defiendan al ICE. Lo único que les falta es argumentar que el país está siendo víctima de una invasión de comunistas y marcianos.

DICHOSAMENTE los sectores populares, incluso en las bases chavistas, hay mucha gente que luchó y ha luchado por esta institución. Gente que sabe que el ICE siempre ha estado al servicio del pueblo. Electrificando al país, pero también poniendo la carne en el asador, poniendo el hombro y exponiendo a su gente, cuando la inclemencia de la naturaleza así lo ha exigido.

Esta ley que pretenden imponer solo beneficia a unos cuantos ricos. No le está rebajando el salario a los trabajadores del ICE. Pero está adulterando el espíritu fundamental con que fue creada la institución. De un plumazo el ICE deja de ser una institución centrada en las necesidades del usuario, para convertirse en una empresa regida por empresarios al servicio del lucro.

Sigamos dando la cara. Defendamos al ICE. Y que los diputados no aflojen. Que nos llamen como quieran. Y si los marcianos también vienen a apoyarnos en esta lucha, serán bienvenidos.

¡¡Esta lucha apenas empieza!!

¡¡No perdamos lo poquito que nos queda!!

SiUNED: En defensa del ICE y del modelo eléctrico solidario ¡la movilización es urgente!

El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.

Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED

Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.

Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.

Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.

Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.

El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.

Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional

El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.

La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.

Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.

Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.

Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.

El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.

Alza inminente de las tarifas eléctricas

Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.

De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.

Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.

Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.

Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.

Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país

Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.

El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.

La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.

Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos

El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.

Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.

Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.

La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.

Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética

La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.

Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.

Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.

Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.

Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario

El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.

Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.

La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.

Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.

Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.

La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.

Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.

¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!

Convocan a movilización contra proyecto 23.414 y alertan sobre privatización del sistema eléctrico

Diversas organizaciones agrupadas en el Movimiento por el Derecho a la Electricidad y la Liga Cívica Nacional convocaron a la ciudadanía a participar en acciones de presión y movilización frente a la Asamblea Legislativa para exigir el rechazo del expediente 23.414, iniciativa que consideran una amenaza para el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las tarifas eléctricas y el modelo solidario del sistema energético nacional.

Las actividades anunciadas incluyen presencia en barras legislativas los días 25 y 26 de mayo a las 3:00 p.m., así como una vigilia el 26 de mayo a las 6:00 p.m. en las afueras de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria se realiza bajo la consigna:

“No al expediente 23.414. ¡Ayer, hoy y siempre, el ICE se defiende!”

En los materiales divulgados por las organizaciones se sostiene que el proyecto abriría el camino a un proceso de privatización eléctrica mediante un mercado de subastas que beneficiaría a grandes generadores privados y empresas transnacionales.

El Movimiento por el Derecho a la Electricidad recordó que en mayo de 2024 el país estuvo “a punto de quedar a oscuras” debido a decisiones políticas relacionadas con el sistema eléctrico nacional. A partir de ese antecedente, advirtió que el expediente 23.414 debilitaría al ICE y aumentaría las tarifas eléctricas para la población.

Según el pronunciamiento, la propuesta permitiría que generadores privados y empresas transnacionales tomen decisiones estratégicas sobre el sistema eléctrico mediante un modelo de mercado diseñado “a su medida”.

Las organizaciones cuestionan especialmente la creación de una nueva entidad denominada ECOSEN, en cuya estructura podrían participar representantes de empresas privadas de generación eléctrica. A juicio del movimiento, esto generaría conflictos de interés y una situación de “juez y parte” en la regulación del sistema eléctrico nacional.

El pronunciamiento también afirma que actualmente los ingresos obtenidos por el ICE mediante exportación de electricidad hacia Centroamérica ayudan a reducir las tarifas eléctricas nacionales, mientras que con el nuevo modelo esos beneficios serían trasladados a empresas privadas.

“Eso es privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”, sostiene el documento del movimiento.

Por su parte, el dirigente César López Dávila, vocero de la Liga Cívica Nacional, criticó tanto al gobierno como a sectores políticos que —según indicó— mantienen respaldo a una agenda neoliberal en materia energética.

En particular, López Dávila interpeló al diputado Álvaro Ramírez Bogantes, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, señalando que organizaciones del movimiento enviaron consultas formales a su despacho sin haber recibido respuesta.

El dirigente calificó el proyecto como “un adefesio” y “un mamotreto” que podría causar “estragos en el sistema eléctrico nacional”.

Durante los últimos días, distintos sectores sociales y políticos han incrementado las críticas contra el expediente 23.414. Entre ellas destacan las advertencias formuladas por la exdiputada Sofía Guillén, quien señaló que el proyecto podría provocar aumentos tarifarios, debilitamiento institucional del ICE y mayor concentración del negocio eléctrico en manos privadas.

Las organizaciones invitaron además a la ciudadanía a observar y compartir dos videos: el de la conferencia de prensa relacionada con el tema, así como el que presenta una explicación sintética de la lucha por la defensa de la electricidad.

Sofía Guillén alerta sobre proyecto eléctrico y denuncia intento de privatización que elevaría tarifas y debilitaría al ICE

La exdiputada del Frente Amplio Sofía Guillén lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para movilizarse contra el proyecto de ley expediente 23.414, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual —según denunció— abriría el camino a la privatización del mercado eléctrico, aumentos en las tarifas y debilitamiento estructural del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En un audio difundido públicamente, Guillén afirmó que el proyecto podría ser votado en primer debate de forma inminente debido a que las mociones presentadas por la anterior fracción legislativa del Frente Amplio ya no pueden ser reiteradas. Según explicó, esto permitiría acelerar el trámite sin nuevos mecanismos de contención parlamentaria.

La exdiputada sostuvo que la iniciativa “desarma y destruye el modelo solidario eléctrico del ICE”, al sustituir el sistema de planificación estatal por un esquema de mercado de subastas eléctricas.

Guillén advirtió que este tipo de mercados ya ha generado aumentos tarifarios en países como España y Colombia, debido a que pocos grupos empresariales concentran la generación privada y terminan coordinando precios artificialmente elevados.

“Así funcionan los mercados de subasta de electricidad en la práctica, en nuestros países repletos de imperfecciones y de corrupción”, afirmó la exlegisladora, quien aseguró que el resultado sería un incremento en los recibos de electricidad para la población costarricense.

Otro de los principales cuestionamientos planteados por Guillén se refiere al traslado de la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), considerada el “cerebro eléctrico” del ICE, hacia una nueva entidad denominada ECOSEN. Según explicó, en esa nueva institución participarían representantes de generadores privados de electricidad dentro de la junta directiva.

La exdiputada afirmó que este cambio pondría en riesgo la capacidad operativa del sistema eléctrico nacional y podría provocar apagones y deterioro en la calidad del servicio. También sostuvo que la reforma responde al interés de “los mismos de siempre”, en referencia a grupos económicos vinculados a la generación privada.

Los planteamientos de Guillén coinciden con el pronunciamiento divulgado por el Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad, el cual sostiene que el proyecto “despedaza el ICE y los ríos” y beneficiaría a grandes grupos empresariales ligados a la generación privada.

El documento denuncia que el expediente 23.414 crea una nueva institucionalidad eléctrica que debilitaría la rectoría del ICE sobre el sistema nacional y trasladaría funciones estratégicas hacia un esquema con participación de actores privados.

Además, el movimiento advierte que la iniciativa habilitaría mayores posibilidades de exportación eléctrica privada, incentivando nuevos proyectos hidroeléctricos “a filo de agua” en ríos del país y generando impactos sobre comunidades y ecosistemas.

Según el pronunciamiento, una empresa transnacional dedicada a generación privada ya habría manifestado interés en instalarse en Costa Rica para exportar electricidad.

La organización sostiene también que cuando el ICE exporta electricidad, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aplica rebajos en las tarifas eléctricas nacionales, mientras que una reducción del papel exportador del ICE podría eliminar esos beneficios para las personas usuarias.

En su mensaje, Sofía Guillén llamó a la ciudadanía a organizarse, divulgar información, asistir a barras legislativas y participar en vigilias frente a la Asamblea Legislativa para intentar frenar la aprobación del proyecto.

“Lo poco que nos queda del Estado Social de Derecho, ¿cómo vamos a dejar que nos lo quiten?”, expresó la exdiputada al cierre de su intervención.

El Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad compartió además una conferencia de prensa pública sobre el tema y reiteró el llamado a impedir la aprobación del proyecto legislativo.

Contra el neoliberalismo: Una necesaria reorientación de la política opositora en Costa Rica

Gilberto Lopes
San José, 9 marzo de 2026

Parece que sobran divisas en Costa Rica. Hace ya más de dos años que el colón no para de valorizarse frente al dólar. Aunque el Banco Central atribuye la abundancia de moneda extranjera a la transformación productiva y al éxito del modelo exportador, destacados economistas sugieren una visión distinta.

Norberto Zúñiga, consultor de la firma Ecoanálisis, y Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA), citados por CRHoy, sostienen que la valorización del colón se debe principalmente al endeudamiento externo del gobierno en los últimos años.

No se trataría de grandes cambios en la inversión extranjera directa (IED), cuyos niveles fueron similares en 2024 y 2025. El incremento de las reservas monetarias internacionales –afirmó Zúñiga– se explica casi en su totalidad en esos años por el financiamiento externo neto obtenido por el Ministerio de Hacienda.

Naranjo coincide con la idea de que el aumento del endeudamiento externo ha sido uno de los principales responsables por la caída del tipo de cambio. En su opinión, las emisiones de tres mil millones de eurobonos en 2023 generaron un exceso de dólares en el mercado local, a lo que se sumaron dos emisiones más, por mil millones, en noviembre de 2025 y enero de 2006, con altas tasas de interés.

La mayor oferta de dólares no es resultado de un aumento de las exportaciones –las exportaciones del régimen definitivo crecieron solo entre del 1 % y 1,5 % el año pasado, dijo Naranjo–, ni de las inversiones extranjeras directas o del turismo, sino del endeudamiento.

El resultado es que la deuda del Gobierno alcanzó 60,4% del PIB en diciembre pasado, según los datos de Hacienda, lo que permite al gobierno congelar los salarios de empleados en 2027, aplicando la “regla fiscal” aprobada durante el gobierno del PAC, de Carlos Alvarado.

Las “reglas fiscales” de la Unión Europea son un engaño

No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits fiscales inferiores al 3% del PIB o del 60% en el caso de la deuda pública, implicará una reducción de la deuda o una reactivación de la actividad económica”. “Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada”, advirtió el economista español Juan Torres López.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de Attac España (una organización “opuesta a la dictadura de los mercados y la especulación financiera”), Torres vuelve sobre el tema, una y otra vez, en su página “Ganas de escribir”. Hace ya algunos años, antes de que se pensionara, lo fui a entrevistar a Sevilla y, desde entonces, vuelvo ocasionalmente a sus páginas.

Con el Tratado de Maastricht (de febrero de 1992) –dice Torres– se establecieron esas reglas fiscales en la Unión Europea (UE): los déficits públicos no debían superar el 3% del PIB, ni la deuda pública el 60%.

Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó. Se trataba, como dijo la entonces canciller alemana, la conservadora Angela Merkel, de ponerle un candado, de asegurarse de que “ningún Parlamento pudiera cambiarlas”.

La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits. La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal, en lugar de disminuir ha aumentado, en contra de lo que se aseguraba tras recortar el gasto público.

Carmen Reinhart, economista de origen cubano y profesora de Harvard sobre deuda soberana, y Kenneth Rogoff, también profesor de Harvard sobre deuda, habían publicado, en 2011, resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera, que los llevó a concluir que si la deuda superaba el 60% del PIB en los países emergentes y el 90% en los más avanzados el crecimiento económico se deterioraba.

Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se prometía reducir la deuda. Unos meses más tarde, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Polin publicaron, en el Cambridge Journal of Economics, en marzo del 2014, una crítica al trabajo de sus colegas de Harvard. La base de datos con la que trabajaron contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión a la que llegaron.

No tiene fundamento científico o empírico alguno limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB, afirma Torres. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100%, o cualquier otro.

¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo, de 100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134% en EEUU?, se pregunta.

Criterio similar expresan Philipp Heimberger y Anna Matzner, economistas del Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), quienes aseguran que la consolidación fiscal tiene efectos contractivos a lo largo del ciclo económico.

En un artículo publicado en febrero pasado –“Fiscal Consolidation Costs Europe Jobs and Deepens Inequality”– aseguran que los resultados de sus estudios muestran que el ajuste fiscal ralentiza mucho más la economía en etapas de recesión que en periodos de expansión.

La conclusión es que asegurar que más deuda pública implica menor crecimiento económico “ha sido un fiasco”, dice Torres.

No funciona allá, ¿funcionará aquí?

A estas alturas cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente, y que nadie puede negar, ha sido el contrario?

Naturalmente, debemos hacernos la misma pregunta aquí. La “regla fiscal”, que congela los salarios públicos cuando la deuda supere 60% del PIB, solo ha servido para un notable deterioro de los servicios públicos y para la fuga de profesionales calificados, del área de la salud y la educación superior, entre otras. Ha contribuido también al empobrecimiento de sectores de la población dependientes de los salarios públicos y provocado una creciente disparidad social, que alimenta el negocio de las drogas ilícitas y el narcotráfico, especialmente entre jóvenes y en las zonas marginales del país.

En Costa Rica, esas políticas –con las que soñaban los sectores neoliberales más radicales– fueron impulsadas por un partido surgido de lo que parecía el agotamiento de las medidas de privatización y ajuste fiscal, a la que, en su momento, se sumó una cierta izquierda. Pero que, una vez en el poder, se alió a los grupos más conservadores, que las impulsaron gobernando bajo una relativa sombra, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Alvarado.

Políticas que ha seguido profundizando el actual gobierno de Rodrigo Chaves –que concluye su período en mayo próximo–, habiendo logrado elegir a su candidata, Laura Fernández, con una amplia mayoría, para encabezar el gobierno el próximo cuatrienio. No hay razón alguna para pensar que su programa se orientará en una dirección distinta.

Uno de los resultados de esas políticas, como lo señaló Fernando Naranjo en artículo publicado el pasado 16 de diciembre –“De paso de jaguar a ritmo de tortuga”– es que la economía costarricense, en su parte doméstica, donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional, excluyendo las exportaciones de zonas francas, creció en años anteriores alrededor de 4,7%. El año pasado (2024), creció un 3,0% y en lo que llevamos del presente año (2025), “con dificultad llegará a un 2,3%”.

“No sólo la actividad económica ha bajado –agrega–, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de cincuenta mil personas”.

Más grave es a situación de desempleo juvenil. En noviembre del 2025 la tasa de desempleo del sector llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%.

“En el año 2010, de acuerdo con cifras oficiales, había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198, o sea 115.640 puestos de trabajo menos. En 15 años, el país no ha generado nuevos empleos para los jóvenes”, concluye Naranjo.

El fracaso de la oposición

Pese a esta realidad, la oposición insiste en su campaña contra los malos modales del presidente, contra sus desafíos a los otros poderes del Estado, contra sus ataques a los partidos tradicionales, sin que esa crítica logre permear una opinión pública harta de los engaños del pasado reciente y de los resultados de por lo menos 40 años de un neoliberalismo que ha ido demoliendo los cimientos del Estado Social, construido desde mediados del siglo pasado en Costa Rica, con especial éxito.

Parece cada vez más evidente que solo un redireccionamiento de la política opositora, hacia la crítica de las medidas más radicales del modelo neoliberal, permitirá reorganizar el escenario político y enfrentar la nueva ola que vendrá con el gobierno de Laura Fernández.

FIN