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Etiqueta: SINAC

Fraccionamientos en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo originan solicitud de investigación

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL) solicitó formalmente a las auditorías de la Municipalidad de Talamanca y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) una investigación coordinada sobre presuntos fraccionamientos ilegales en áreas boscosas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Según el oficio AEL-0097-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, estas acciones contravienen la sentencia N.º 2019-012745 de la Sala Constitucional, que en julio de 2019 declaró parcialmente inconstitucional la Ley N.º 9223 y ordenó al SINAC reincorporar al Refugio 188 hectáreas de bosque que habían sido desafectadas.

«Lejos de garantizar la conservación de estas áreas, el viceministro de Ambiente y Energía, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga, no niega la existencia de fraccionamientos dentro del Refugio, sino que traslada la responsabilidad al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo», denunció Levy Virgo.

La AEL señala una contradicción en los argumentos oficiales, pues mediante el oficio DU-040-02-2025, el INVU certificó que no autorizó dichos fraccionamientos, responsabilizando al Área de Conservación La Amistad Caribe del SINAC y a la Municipalidad de Talamanca.

La denuncia fue remitida también a la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General, la Fiscalía Ambiental y autoridades municipales, solicitando se investiguen los oficios emitidos por el viceministro de Ambiente y se determinen responsabilidades por la autorización de desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas.

SURCOS comparte los siguientes documentos de referencia:

AEL-0050-2025

DVA-026-2025

DU-040-02-2025

AEL-0040-2025

DVA-006-2025

Agrónomo Jaime García denuncia desprotección de patrimonio en Reserva Natural Wessberg

El agrónomo y ambientalista Dr. Jaime Enrique García González presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Dirección del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por la desprotección del patrimonio arqueológico ubicado en la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, en Montezuma de Cóbano, Puntarenas.

El recurso surge luego de que el Museo Nacional de Costa Rica confirmara la presencia de restos arqueológicos de culturas prehispánicas en dicha reserva, según consta en un informe técnico elaborado por los arqueólogos Felipe Solís Del Vecchio e Iván Alfaro Gálvez del Departamento de Antropología e Historia.

«El hallazgo incluye fragmentos de metates, cerámica y otros vestigios culturales con una antigüedad estimada entre los años 300 y 800 d.C., correspondientes al período Bagaces», detalla el informe INF MNCR-DAH-104-2024 del Museo Nacional, fechado el 1 de noviembre de 2024.

García denunció que, a pesar de la importancia del descubrimiento, el SINAC no ha tomado medidas adecuadas para proteger este patrimonio arqueológico ubicado en la reserva de 62 hectáreas.

«En el Plan General de Manejo de la RNANW realizado en 2013, ni siquiera se menciona el componente arqueológico, a pesar de que existen evidencias de que los fundadores de la reserva, Nicolás Wessberg y Karen Mogensen, conocían de la existencia de estos restos culturales», explicó García a SURCOS.

Según consta en la denuncia, el monumento arqueológico, ahora registrado oficialmente como «Nicolas Wessberg (P-1768 NW)», se encuentra disperso en un área aproximada de 3,000 metros cuadrados y está dividido en dos sectores con diferente concentración de materiales.

El arqueólogo Felipe Solís, uno de los autores del informe del Museo Nacional, señaló que «es posible que en tiempos prehispánicos el terreno se empleara como un área funeraria, aunque no se puede descartar que también existieran algunas casas en la zona».

Actualmente, la reserva carece de personal designado por el SINAC y es custodiada únicamente por voluntarios extranjeros. Esta situación preocupa a García, quien también presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por presuntos actos de vandalismo ocurridos recientemente en la reserva. En imágenes se aprecia parte del deterioro de la edificación producto del descuido del ente responsable del cuido. Asimismo, algunas piezas arqueológicas.

El recurso de amparo busca que se ordene al SINAC implementar medidas efectivas para la conservación tanto del patrimonio natural como arqueológico de la reserva, creada mediante Decreto Ejecutivo N° 23701-MIRENEM del 10 de octubre de 1994.

Sala Constitucional ordena provisionalmente no cortar árboles en Punta Pelencho, Brasilito

Comunicado de la Asociación de Desarrollo Integral de Brasilito, Comité Punta Pelencho, Bandera Azul Ecológica Brasilito
Brasilito, Santa Cruz. 11 de marzo del 2025

En relación con la tala de árboles en Punta Pelencho, la cual responde a un acuerdo entre el desarrollador Cantomar y la Municipalidad de Santa Cruz, y en respuesta a un recurso de amparo, la Sala Constitucional ha emitido el día de hoy, martes 11 de marzo, una respuesta inicial mientras se analiza el fondo del asunto.

La Sala Constitucional ha ordenado, como medida cautelar, que no se realice ninguna tala y que se aclare si los árboles en cuestión se encuentran dentro de la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) o un corredor biológico, así como confirmar si se trata de especies nativas o autóctonas del lugar.

La Sala ha notificado a la Municipalidad de Santa Cruz, SETENA, SINAC y el Área de Conservación Tempisque (ACT), otorgándoles un plazo de tres días para responder a los requerimientos y presentar la información solicitada.

La imposición de esta medida cautelar representa un avance significativo en la protección de estos árboles, los monos congo (especie en peligro de extinción que depende de ellos), así como de la biodiversidad de Punta Pelencho y el patrimonio cultural que representa este lugar para el disfrute de las generaciones presentes y futuras de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación y en defensa y disfrute de los bienes públicos.

Ahora corresponde a las instituciones públicas entregar la información solicitada por la Sala Constitucional, la cual procederá con el análisis de la situación para emitir una resolución. Esperamos que el proceso avance con transparencia y que se brinde claridad sobre los términos del convenio en cuestión.

Seguiremos atentos a los próximos pronunciamientos oficiales y reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente, la participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales y el acceso a información pública.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Defensoría solicitó medida cautelar en caso Gandoca-Manzanillo

Ante reiterados incumplimientos a órdenes de la Sala Constitucional la petición se sustenta en un estudio jurídico de 86 páginas

La Defensoría de los Habitantes, como contralor de legalidad y garante de protección de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado a nivel constitucional e internacional, acudió esta semana a la Sala Constitucional a presentar una solicitud de medida cautelar con ocasión de la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745, mediante la que se declaró inconstitucional la Ley número 9223 que afectaba de manera significativa los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

La petición contiene un análisis técnico-jurídico de 86 páginas que incluye todos los elementos probatorios que se requieren para la presentación del caso y la solicitud de la medida cautelar.

En esa sentencia del año 2019, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley número 9223. Esto sucedió cinco años después de haberse interpuesto la acción para su declaratoria, pues dicha acción fue presentada para su estudio desde el año 2014. Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Sala Constitucional y las órdenes expresamente giradas a distintos órganos del Poder Ejecutivo en la referida sentencia, al día de hoy se ha hecho caso omiso y no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala, según se constata en la sentencia número 26300-2024 dictada el 10 de setiembre de 2024, emitida en el marco de una gestión de desobediencia presentada ante el Tribunal Constitucional.

Han transcurrido 11 años aproximadamente desde que se inició con este tortuoso proceso sin obtener resultados tangibles y positivos. A partir de lo anterior, es que esta Defensoría, con sustento en la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 que está conduciendo la Sala Constitucional, interpone una solicitud de medida cautelar dentro de esta etapa de ejecución, para que la decisión tomada por ese Tribunal no se quede en el papel, sino que tenga eficacia, en lo que aún se pueda conservar y proteger, pese a los daños que puedan haberse generado y se resguarde así el patrimonio natural de los y las habitantes”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.

A la fecha, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo no se encuentra debidamente delimitado y durante todo este tiempo han existido procesos de construcción en la zona, lo que ha ocasionado tala de árboles y el otorgamiento de al menos 952 permisos de aprovechamiento forestal entre los años 2014 a 2024, período marcado por la falta de certeza técnica y jurídica sobre la delimitación oficial de las zonas boscosas y los humedales de la zona.

Lo anterior sumado a la entrada en vigencia del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, mismo que entre sus bases contempla el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y que además no consideró todos los humedales enlistados en el documento denominado «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de julio de 2021. Estos humedales habrían sido omitidos en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017, correspondiente a la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en Zona Marítima Terrestre del cantón de Talamanca, con lo que la delimitación establecida resulta inexacta y por ende, a la fecha, no se tiene certeza que se hayan considerado todas las zonas de bosque -Patrimonio Natural del Estado- que la Sala Constitucional ordenó proteger mediante la referida sentencia 2019-012745. Lo anterior se traduce en el otorgamiento de concesiones y la administración municipal, de zonas que podrían ser parte de ese patrimonio natural del Estado no susceptible de explotación e indebidamente intervenidas.

La medida cautelar se solicita pese a contar con el antecedente de intentos fallidos de otorgamiento por parte de este Tribunal de dichas medidas, que, con ocasión de distintos expedientes, han sido denegadas o incluso ignoradas por parte de esta Sala. A modo de ejemplo, se cita la resolución de las 13:37 horas del 22 de febrero de 2024 que da curso a la acción de inconstitucionalidad contra el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el Plan Regulador Costero Talamanca Distrito-Cahuita y la Directriz número 09-2023. donde pese a haberse requerido la suspensión de los efectos de las normas impugnadas, la Sala optó por justificar técnicamente el por qué, la interposición de una acción de inconstitucionalidad, no suspende la eficacia y la aplicabilidad en general de las normas y denegar por ende lo solicitado; sin considerar, que aún de oficio, y como máximo garante de la tutela constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, valorando el daño ambiental concreto y potencial existente, puede y debe otorgar las medidas cautelares requeridas en una zona rica en recursos naturales, incluso en vías de extinción, como lo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

No obstante, con ocasión de las medidas cautelares que fueron noticia la semana anterior otorgadas por la Sala Constitucional en la zona de El Tirol, en Heredia, y valorando lo señalado en la sentencia número 26300-2024 -donde se acredita el incumplimiento de la sentencia 2019-012745- por la Magistrada Alvarado Paniagua, quien destacó que al no haberse realizado la delimitación ni recuperación de las tierras del REGAMA, se deben tomar medidas para cumplir con la sentencia 2019-012745, esta Defensoría mira con esperanza la interposición de la presente solicitud y siguiendo el criterio de la Magistrada de cita, considera que lo urgente e impostergable, es que, mientras se realiza la delimitación mencionada, se deben evitar daños graves al ambiente y a los recursos de flora y fauna del Refugio. En virtud de lo anterior, la Defensoría solicitó:

a) Que la Municipalidad de Talamanca se abstenga de otorgar concesiones en la zona marítimo terrestre o permisos de construcción en la zona REGAMA y aledaños. Respecto a las concesiones y permisos ya otorgados, que se suspenda la ejecución en cabeza de sus titulares, de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea la suspensión de cualquier construcción o explotación que esté en curso, hasta tanto no se definan de las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque las que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del RNVS Gandoca-Manzanillo y/o que se encuentran indebidamente contempladas en el Plan Regulador Costero con fines distintos al ambiental, tal y como ya lo ordenó esa Sala en Sentencia N° 2019-012745;

b) Que se suspenda la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en Ley número 9223 –expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional desde 2019 por esa Sala-, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”;

c) Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) suspenda el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal en las áreas de los siete bloques de bosque y sus aledaños que deben ser retornadas formal, material y normativamente al RNVS Gandoca-Manzanillo. Respecto a los permisos ya otorgados, que se suspenda de inmediato la ejecución en cabeza de sus titulares de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea, la suspensión de cualquier aprovechamiento forestal o corta que se esté ejecutando.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Diputada Vanessa Castro impulsa ley para la conservación de arboretos en Costa Rica

La diputada socialcristiana Vanessa Castro presentó a la corriente legislativa el expediente 24.804, titulado “Ley de conservación de arboretos para la biodiversidad y educación ambiental”. Esta iniciativa tiene como propósito principal la protección de especies arbóreas amenazadas en el país, con el fin de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de Costa Rica. Además, busca desarrollar espacios educativos y de sensibilización ambiental a través de los arboretos, los cuales estarán abiertos a ciudadanos de todas las edades y niveles educativos, promoviendo así una mayor conciencia sobre la importancia de la biodiversidad.

Otro de los objetivos fundamentales de la propuesta es fomentar el turismo científico y educativo, lo que a su vez contribuiría al desarrollo económico sostenible de diversas comunidades del país. Para garantizar la adecuada administración y mantenimiento de los arboretos, la responsabilidad recaerá en las municipalidades y en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Para ello, se creará un Fondo Verde, cuya función será financiar exclusivamente la creación, administración y mantenimiento de estos espacios. Dicho fondo será gestionado por el SINAC y recibirá aportes del Estado, donaciones nacionales e internacionales, así como contribuciones provenientes de alianzas público-privadas.

Asimismo, el proyecto de ley plantea la implementación de incentivos fiscales dirigidos a empresas que colaboren con la creación y mantenimiento de los arboretos mediante donaciones, patrocinios o convenios de cooperación. Estos beneficios incluirán deducciones tributarias sobre el impuesto sobre la renta y exenciones parciales del impuesto de bienes inmuebles, con el propósito de incentivar la participación del sector privado en la conservación ambiental.

La propuesta legislativa contó con el aporte de expertos en la materia, como el profesor Franklin Sandí Murillo, docente de biología en la Universidad de Costa Rica (UCR); la doctora Magda Cecilia Sandí, coordinadora de la Comisión de Memoria del Mundo de la UNESCO; y el consultor peruano en ecología y conservación Héctor Alexis Luque Machaca. Con este proyecto, Costa Rica reafirma su compromiso con la conservación ambiental y la educación, apostando por la integración de la ciencia, la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible.

Información compartida con SURCOS por el despacho de la diputada Vanessa Castro.

No toquen el Cerro Chompipe

CONCEVERDE

Ante la intención del alcalde de San Rafael de Heredia, Jorge Arias Santamaría, de llevar a cabo construcciones de diversa índole en el Cerro Chompipe, cobijadas  bajo la figura de un “MOMUMENTO NATURAL RECREATIVO”, para lo cual deberá eliminar árboles nativos que son parte de un bosque; además estando ese cerro dentro de áreas de protección, como es el Parque Braulio Carrillo y la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888, el colectivo ciudadano CONCEVERDE DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, queremos expresar nuestra profunda preocupación y denunciar estos actos que ponen en grave riesgo el recurso hídrico, el medio ambiente y la biodiversidad que en él habita.

Es inadmisible que se esté pensando en realizar obras en una zona que es de alta recarga acuífera, de muy alta vulnerabilidad hidrogeológica y ambiental. De llevarse a cabo las pretensiones del alcalde de San Rafael de Heredia, consideramos, no solo se estaría violentando la normativa vigente, sino que, también deteriorando ecosistemas vitales que cumplen funciones esenciales para el equilibrio natural, como la regulación del ciclo del agua, la conservación de la fauna y flora silvestre, y la mitigación del cambio climático.

En particular, nos preocupan que se lleven a cabo construcciones, en áreas como el Parque Nacional Braulio Carrillo, la Zona Inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Estas acciones son especialmente perjudiciales en zonas que además son de recarga de los acuíferos donde se abastecen más del 60% de habitantes del Valle Central, donde la impermeabilización del suelo compromete la disponibilidad de agua potable para las comunidades y afecta la calidad de los recursos hídricos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y los gobiernos locales, para que no cedan ante las intenciones del alcalde, y por el contrario intensifiquen la vigilancia y el control en las zonas que ya cuentan jurídicamente con protección absoluta. Es crucial que se abstengan de proyectar acciones que pongan en riesgo los pocos recursos naturales que aún tenemos en el Valle Central y, en particular, en San Rafael de Heredia.

Asimismo, exhortamos a la ciudadanía rafaeleña y en general del Valle Central a mantenerse alerta, denunciar y manifestarse ante cualquier actividad que atente contra nuestros bosques y áreas de protección. La participación de todos es crucial para la conservación de nuestro patrimonio natural. Debemos recordar que la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y que cada acción cuenta para garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones.

Reafirmamos en CONCEVERDE nuestro compromiso con la defensa del medio ambiente y seguimos trabajando para asegurar que nuestras áreas protegidas se mantengan libres de intervenciones que comprometan su integridad. Unamos esfuerzos para salvaguardar nuestros recursos naturales y promover un desarrollo que respete y valore la riqueza ecológica de nuestro país.

Nuestro profundo agradecimiento al Centro de Investigación Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional de Costa Rica

Imagen: UNA

Maritza Rodríguez Soto

A través de este escrito deseo compartir una vivencia que deja muchas enseñanzas y agradecimiento. En días recientes se formó un enjambre de abejas en un árbol pequeño que tenemos en el patio de la casa. Ante la visita inesperada y nuestro temor por ser alérgica a las picaduras de estos maravillosos insectos, acudí al Benemérito Cuerpo de Bomberos a solicitar su ayuda para retirar el enjambre y ubicar el mismo en un lugar adecuado, no obstante, me indican que ya no realizan esa labor y que, por ley, le corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, SINAC, atender este tipo de eventos.

Por lo anterior, procedo a comunicarme con funcionarios del SINAC donde me señalan que carecen del equipo necesario para retirar las abejas, respuesta que me sorprende y preocupa por ser una instancia a cargo de brindar auxilio ante este tipo de situaciones. Además, me remiten al Servicio Nacional de Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería con la esperanza de contar con su ayuda profesional. Mientras tanto, el enjambre se hace cada vez más grande, parece que las visitas están muy cómodas en el lugar seleccionado para su recarga de energía.

Ante la dificultad de encontrar una institución que nos permita resolver el inconveniente, sumado al desgaste de encontrarme como una abeja volando de institución en institución, viene a mi memoria que nuestra querida Universidad Nacional (UNA) cuenta con el valioso Centro de Investigación Apícolas Tropicales (CINAT-UNA) por lo que solicito al señor Eduardo Umaña, Director del Centro de Investigación, el importante apoyo de esta instancia.

El señor Umaña atiende mi petición con toda amabilidad y el día de hoy el señor Luis Guillermo Ramírez, funcionario del CINAT, procedió a trasladar el grupo de abejas a este lugar de estudios, donde contribuirán con la significativa labor de investigación, docencia, extensión, vinculación externa, entre otras, que realiza este destacado Centro de la Universidad Nacional.

Apreciamos mucho el significativo apoyo brindado por el Centro de Investigación Apícolas Tropicales (CINAT-UNA), así como la valiosa escucha y acompañamiento de su Director el señor Eduardo Umaña y del señor Luis Guillermo Ramírez.

Estas vivencias permiten, una vez más, destacar y agradecer la importante labor que realizan las universidades públicas, en esta ocasión la Universidad Nacional, en pro del bienestar ambiental y sanidad apícola, así como ante las diferentes necesidades que enfrentan las comunidades nacionales. De igual manera, es fundamental y necesario el respaldo al quehacer de las instituciones de educación superior públicas al defender un presupuesto digno que les permita seguir fortaleciendo su labor en los diferentes ámbitos del quehacer académico.

Nuestro profundo agradecimiento al Centro de Investigación Apícolas Tropicales de la Universidad Nacional por atender la situación acontecida con las abejas que nos visitaron y nuestros sinceros deseos por muchos años más de éxitos en su destacada labor.

28 de octubre 2024

Contaminación de aguas en Cartago: SINAC a Sala Constitucional por incumplimiento en protección de nacientes

  • La lucha por la defensa de las nacientes de agua del Frente Ecologista de Cipreses continúa

  • Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ante la Sala Constitucional con objetivo de resolver de manera definitiva

  • De ganar esta acción legal el Frente Eco-Cipreses cambiaría lo que históricamente ha venido dejando de hacer el SINAC.  Debido a que el SINAC insiste que ellos no les compete la protección ambiental dictada por la Ley de Aguas (200 metros de protección) y solo deben hacer cumplir la Ley Forestal (100 metros de protección)

  •  Ecologistas insisten en solicitar demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua para consumo humano que siguen estando desprotegidas y fumigadas.

La Sala Constitucional acogió y ha dado su debido trámite una reciente diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Resolución N° 20-021797-0007 de la Sala Constitucional de las 9:15 horas del 15 de enero del 2021, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago el 28 de julio de 2020 ante el SINAC. La organización ecologista insiste en que se debe demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua utilizadas para consumo humano. Dicha agrupación señala que el SINAC ha generado un retraso excesivo en la resolución de dicha denuncia y en la protección efectiva de las nacientes.

En la diligencia de inejecución se señala textualmente: “Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la Resolución N.° 2021-000679 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se le ordenó al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente el 28 de julio de 2020 ante el SINAC, y  demarcar el área de protección de 200 metros que rodea la naciente, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575, superando los plazos establecidos”.

Activistas del Frente Ecocipreses aseguran que: “a pesar de que hemos ganado tres recursos de amparo que nos dan la razón y exigen a las instituciones involucradas actuar y resolver, actualmente se sigue desarrollando actividad agrícola con uso de agroquímicos, en los alrededores del naciente Platón, afectando el recurso hídrico que abastece a muchas personas en diferentes comunidades de la Zona Norte de Cartago, y continuando con la desprotección ambiental de dichas nacientes”.

El agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco-Cipreses señala que: “La Administración Pública está cometiendo una violación EVIDENTE y FLAGRANTE a los derechos de las personas pobladoras de la zona de Cipreses de Oreamuno al no garantizar acceso a un derecho humano básico como lo es el agua potable”.

Dentro de la petitoria de la diligencia por inejecución la organización solicita:

  • Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucionalen la sentencia No. 20-021797-0007, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
  • Se ordene al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en un plazo de dos meses, hacer respetar y delimitar expresamente las áreas de protección de 200 metros que rodean las naciente Plantón y Carlos Calvo, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575; como parte de la solicitud inicial realizada por los amparados, y ordenada por la Sala Constitucional, al declarar con lugar dicho amparo y que, a la fecha de esta gestión, no ha sido ejecutada por parte del SINAC.

Esta gestión de desobediencia contra el SINAC se presenta a las vísperas de los resultados del monitoreo  e investigación ante la contaminación agrotóxica con degradados de clorotalonil y otros pesticidas de 69 tomas de agua en la Zona Norte de Cartago. Dicho monitoreo que se realiza con la coordinación interinstitucional del AyA, MINSA y MAG (https://websolutionss.aya.go.cr/WebNoticiasAYA/TNotNoticias/DetalleTitulo/354).

Ecologistas insisten en que lo encontrado en Cipreses es la punta del iceberg y señalan que el SINAC debe hacer cumplir la Ley de Aguas en materia de protección ambiental del recurso hídrico a pesar de que el SINAC se ha pronunciado por escrito que a ellos no les compete velar por el cumplimiento de Lay de Aguas. “si ganamos este proceso ante la Sala Cuarta pondremos a trabajar a los del SINAC ya que se han capeado su responsabilidad todos estos años y esto sería un gane histórico para ponerlos a trabajar como se debe” Indicó Ana María Montenegro del Frente Ecologista de Cipreses.

Kioscos Ambientales UCR

Capacitaciones buscan minimizar conflicto entre cocodrilos y comunidades

Durante los días 8 y 9 de agosto se realizó el II Taller de Capacitación para el Manejo de Cocodrilos, dirigido a funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

El objetivo fue el desarrollo de habilidades para atender interacciones con cocodrilos bajo las bases éticas del manejo y manipulación de animales. A pesar del riesgo potencial y la percepción negativa que a menudo les rodea, estos reptiles juegan un rol crucial en las redes tróficas de los ecosistemas tropicales, siendo uno de los depredadores más importantes.

Con 20 participantes de cinco distintas áreas de conservación, se desarrolló el contenido teórico, para luego dar espacio a la práctica de elaboración de nudos, captura y manipulación de cocodrilos. También hubo espacio para compartir experiencias de su trabajo de campo. 

Al finalizar el taller, se entregaron paquetes con materiales educativos impresos sobre prevención de accidentes y kits básicos de captura, que incluían mecates de diversos diámetros para mejorar la respuesta ante emergencias.

Esta capacitación, realizada en las instalaciones del Instituto Tecnológico en San Carlos, es parte de las actividades que realiza el Proyecto de cooperación ICD-XIII-2023- “Gestión de interacciones entre humanos y cocodrilianos en Costa Rica, el caso de la región Nicoya”, que ejecuta la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional y la FUNDAUNA con el apoyo del Área de Conservación Tempisque, en el marco del I Canje de Deuda Costa Rica – EEUU y la Asociación Costa Rica por Siempre

En la actividad participaron los investigadores Iván Sandoval y Lilliana María Piedra Castro de la Escuela de Ciencias Biológicas; Juan Bolaños Montero especialista en cocodrilos; Mauricio Méndez, enlace entre el proyecto y el área de Conservación Tempisque y Adolfo Artavia, representante de la Asociación Costa Rica por Siempre.

Este esfuerzo conjunto busca atender las necesidades de la comunidad para reducir los conflictos entre cocodrilos y poblaciones humanas, promoviendo una convivencia más segura y respetuosa.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga y Fuchilanga le arrió a Burundanga

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Cuando en junio del 61 nacía el presidente Chaves, ya la afamada rumba interpretada magistralmente por Celia Cruz se extendía como pólvora no sólo por el Caribe nuestro, sino además por el resto de América Latina y parte de Estados Unidos.

El título de esta sabrosa y cálida melodía, del músico cubano Oscar Muñoz, nos pone en presencia de un desorden, de un gran desorden sin ton ni son. Digamos, una confusión inútil que distrae de lo verdaderamente importante. Donde Borondongo con pellizcos, empujones y pescozones, carente de ideas y liderazgo, no hace por donde poner orden. De modo que, ante un escenario de semejante naturaleza, ni nuestra energía ni atención se posa sobre lo urgente y lo importante. De manera que una contagiosa y sonora canción caribeña, de orígenes africanos, en su letra nos traslada a un escenario, que resulta hasta violento e irrespetuoso, pues se reparten culpas entre unos y otros sin que nadie sea capaz de reconocer sus propios errores. Esa imagen de empujones, golpes, majonazos, ofensas e infidelidades, se parece mucho a la forma en que quieren conducir mi país.

Todos desearíamos que la patria se pareciera más a una hermosa historia inacabada de éxito y bienestar, que a un baile como el planteado por Celia Cruz, donde los invitados sean Borondongo y sus compinches. No es arriándonos unos a otros como vamos a salir avante. El tiempo continúa su marcha inexorable y no es un bien infinito con el cual siempre podamos contar. Los problemas nacionales se agravan y en el horizonte no se avizoran soluciones a los mismos. Al contrario, quienes fueron llamados a construir soluciones y buscar salidas, pierden el tiempo, se distraen con nimiedades y andan siempre buscando culpables por los yerros cometidos. O peor aun pensando en la campaña electoral que se avecina, sin haber comenzado siquiera a gobernar. Nunca ha sido más necesario que ahora, un liderazgo visionario, producto de sana y adecuada mezcla de conocimiento, experiencia y humildad.

Faltan poco más de 400 días para que el Tribunal Supremo de Elecciones llame a elecciones. Por eso me detengo para compartirles algunas reflexiones en torno a algunos de esos problemas que empiezan a tornarse agobiantes y que desencadenan intensas frustraciones en la ciudadanía nacional, sobre los cuales hay una ausencia mayúscula de lucidez, iniciativa y de humildad para buscar y escuchar consejo. Me refiero: al desorden propiciado en materia ambiental, la indescifrable ruta de la educación semejante a un monumental laberinto y la sangrienta inseguridad convertida en terreno fértil para el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Desorden en materia ambiental… es deliberado? La gestión del MINAE en estos dos años ha sido errática, desenfocada y criminalmente omisa. Las últimas semanas hemos sido testigos como arrecian las denuncias ante talas ilegales en áreas de conservación y se movilizan las comunidades defendiendo lo propio. Sobre todo, en el litoral del Caribe sur costarricense, donde el actuar de la municipalidad de Talamanca y el SINAC quedan debiendo mucho y levantando sospechas. Lo cual podría ser la punta del iceberg de la involución que experimentamos en materia ambiental.

Un país que se precia de ser verde, de venderse en el mundo por tantos aciertos acumulados por esta generación y las que nos antecedieron, para convertir al país en un abanderado mundial de la protección ambiental y de la biodiversidad, con un 25% de cobertura boscosa en el territorio nacional, lideres en la búsqueda del carbono neutralidad, generación eléctrica limpia, protección de los mares y océanos, protagonista mundial contra el cambio climático, legislación robusta y existencia de órganos para garantizar una adecuada gobernanza; enfrenta ahora varios peligros, pues instancias de control han sido debilitadas adrede. El SINAC, con las actuales autoridades ha perdido capacidad para salvaguardar la rica biodiversidad que nos ha sido heredada y nos corresponde resguardar. Su debilitamiento y el del tribunal ambiental, constituyen el caldo de cultivo perfecto para que retrocedamos mucho en lo que hemos logrado en los últimos 50 años. Desde mayo de 2022 se han girado nuevas normas, directrices y lineamientos que desregulan al sector y propician una conducta cada vez más desregulatoria en contra del medio ambiente. Controles que se diluyen, mientras sierras, hachas y tractores destruyen manglares, áreas protegidas y quebradas en nombre de un progreso y desarrollo mal entendidos. Guacamayas, lapas, monos y perezosos parecieran estorbar a una nueva ola de turismo invasivo dentro de zonas costeras y bosques protegidos. Grandes camiones con hermosos y robustos troncos circulan ahora por nuestras vías, ahora con mayor libertad, sobre todo en las madrugadas y fines de semana. Valientemente la comunidad del Caribe sur limonense decidió alzar la voz y exigir a las autoridades judiciales, detener la barbarie de investigar a profundidad el otorgamiento de permisos de uso del suelo, otorgados siniestramente por la Municipalidad de Talamanca y autoridades del SINAC. Esta justa y cívica lucha que emprenden las comunidades en contra de odiosos y espurios intereses de empresarios y testaferros locales en la zona, deben servirnos de norte en la protección de nuestros recursos naturales. Un afán desmedido de riqueza que transforma el bosque y la natura para ubicar cientos de casas de descanso, chalet y desarrollos inmobiliarios turísticos para unos pocos, a costa de sacrificar lo que la naturaleza tardó cientos de años para regalarnos una belleza escénica inigualable y hogar de cientos de especies, no debe ser propiciado desde los órganos llamados a ejercer gobernanza y desarrollo de políticas ambientales. Nuestro bosque y fauna silvestre, necesita de aliados y buenos costarricenses que detengan esta barbarie. Estas conductas depredadoras del ambiente que vemos en Gandoca Manzanillo, Cahuita y áreas cercanas, deben ser detenida y no aceleradas como pareciera ocurrir en Talamanca. En el caso de zonas boscosas cercanas a la costa, planes de manejo amañados, permisos municipales fraudulentos y burlas a la legislación ambiental, han dado al traste con la conservación del bosque y la protección del hábitat de cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles. El infame debilitamiento de SETENA y el desmantelamiento del tribunal ambiental al cercenarle recursos humanos y materiales hacen que dichas dependencias se atasquen, fallen más de una vez y se tornen torpes y lentas. Ante la comisión de hechos irregulares, indiferencia y desidia de las autoridades competentes, entiéndase ministro, viceministros, directores de áreas de conservación; ha sido el Ministerio Público y la misma Sala Constitucional, quienes nos devuelven la esperanza al frenar ese tipo de atropellos y felonías, al dictar un alto a la tala y destrucción de recursos bióticos. La inacción de SINAC y desacato ante lo que la Sala ha ordenado desde hace 5 años para delimitar correctamente las áreas sujetas a protección y deslindar las que corresponden al ámbito privado y que requieren de algún grado de manejo mínimo, nos hace sospechar, del por qué las autoridades de turno no han actuado apegados a la ley y más bien parecieran plegarse a intereses espurios de jerarcas y empresarios deseosos de vender terrenos con esa naturaleza exuberante, al mejor postor. Ante la codicia y ambición desmedida de algunos y la presencia de funcionarios públicos inescrupulosos, insisto, han sido los tribunales, el ministerio público y parte de la misma Asamblea Legislativa quienes han alertado sobre semejantes despropósitos.

La riqueza natural de nuestro país es para el disfrute de sus hijos, proteger la belleza escénica y conservar nuestra biodiversidad. Nuestra institucionalidad ha actuado para frenar semejantes desmanes y excesos contra la naturaleza e infames formas de enriquecimiento de algunos, que, escondidos taimadamente, pretenden llenar sus bolsillos, sabiendo que les queda poco tiempo. Aquí no hemos visto que esta bronca se la coma nadie en Zapote, donde más bien ha habido un silencio sepulcral. Impulsar nuevos reglamentos en SETENA, flexibilizar normas y proteger intereses del sector constructor agronegocios e inmobiliario, como lo han evidenciado las investigaciones llevadas adelante por parte del Ministerio Público, OIJ y auditorías internas en SINAC y SETENA en el sonado caso COMEJEN, sacan a la luz pública la pudrición y ruindad de algunos pocos a quine pudieron comprar, pero no así hacer mella en el alma del pueblo costarricense que aún resiste y combate la corrupción. Ya hemos visto cómo funcionarios sinvergüenzas, haciéndose de la vista gorda y siguiendo órdenes de quien sabe quién, dejan atrás un estudio elaborado desde 2017 y permiten que arrasen con el 40% del área de humedales, desapareciendo en este lapso 92 hectáreas de humedales en Talamanca. Todo ello ocurre cuando el ministro impulsa una reforma para que desaparezcan órganos del sector y concentrar en su figura, mayor poder y celeridad en los trámites, donde el criterio técnico pasaría a un segundo o tercer plano, y prevalecería el político. Ojo, nos miran nuestros niños y jóvenes de cómo estamos jugando y decidiendo hoy ¡sobre su futuro!

Siempre en materia ambiental y en la forma en que gestionamos el recurso hídrico, hemos sido testigos de la absoluta incapacidad de los jerarcas de turno para lidiar con los problemas de abastecimiento de agua potable para importantes sectores de la población costarricense, que recurren cada vez más a la protesta pacífica al enfrentar severos racionamientos del preciado líquido. La descoordinación a lo interno del AyA y de ésta con Asadas y acueductos municipales, es monumental. Desde noviembre de 2020 quedó listo un empréstito con el BCIE por 399 millones de dólares, que respondia a satisfacer las necesidades y problemas de abastecimiento de aguas en la GAM, Liberia, Limón, Guácimo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Alajuela y San Ramón, tras un estudio bien cimentado. Desde finales de 2021, no hay ningún avance en este tema. Miles y miles de costarricenses seguirán padeciendo racionamiento y brutales cortes en el suministro de agua. Allí hay una solución técnica y presupuestaria, solo se requiere de alguien que tome la decisión más acertada y no nos distraiga con tristes y descolorido espectáculo semanales de alaridos, gemidos y ronroneos guturales.

Si hay dos cosas de las cuales los ticos nos jactamos por su impacto en nuestro nivel de vida y valor primordial que le damos, lo son la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación. No hay nada más que el costarricense lo sienta como suyo, como propio. Es por ello por lo que en lo educativo la administración Chaves Robles tiene una oportunidad única e inigualable de constituirse en el gobierno que salvó la educación pública o el que dilapidó tan importante e histórica oportunidad. Por lo hecho hasta ahora, el presidente Chaves y su equipo serán recordados por destinar 56 mil millones de colones menos en el presupuesto 2024 para educación. Este presupuesto y el del año anterior está cada vez más lejos del 8% del PIB constitucional. En esta oportunidad el presupuesto para este año equivale a un 5,2% del PIB. Lo cual dramáticamente se traduce en agudizar los ya severos problemas de infraestructura existentes, equipamiento insuficiente, menos contratación de docentes, sobre todo en educación especial, y menos recursos para comedores escolares y transporte estudiantil y escuálidos presupuestos para Juntas de Educación y Administrativas. Durante el periodo 2015-2020 el presupuesto MEP fue en promedio un 25% del presupuesto nacional. Este año equivale a 20,6%, lo cual constituye verdaderamente una tragedia nacional. No atender los graves y acuciantes problemas que enfrenta la educación pública nos lleva al borde del despeñadero y sobre todo segar la posibilidad de formación para miles y miles de niños y jóvenes sobre todo provenientes de zonas costeras y fronterizas. El presupuesto cercenado debe ser restituido en el corto plazo. La brecha digital debe ser atendida satisfactoriamente, hay que limpiar el calendario escolar de tanta actividad pues hay más de 100 y que de alguna manera impacta el desarrollo normal de lecciones. Hay que cuidar la salud mental de profesores y estudiantes, y generar una amplia discusión sobre el currículo y la importancia de la educación cívica en primaria y secundaria. Esta es la mayor empresa que ha de acometer la próxima administración.

En cuanto a la inseguridad -otro de los graves problemas que no ha sido atendido con la diligencia que amerita- hemos sido testigos desafortunadamente estos dos últimos años, han sido los de mayor cantidad de muertes violentas en el país, asociadas al uso de armas de fuego, sicariato y crimen organizado. Curiosamente hay un descenso en robos, hurtos y delitos contra la propiedad, pero en muertes violentas por armas de fuego y femicidios, las cifras son alarmantes. El año pasado más de 900 homicidios y este año las cifras no ceden. Y ahí penosamente se ha dejado de hacer mucho, una omisión casi cómplice y criminal. Ante la inexplicable decisión política de retirar la Policía de Control de Drogas (PCD) desde setiembre del pasado a la fecha, de puertos y fronteras; los decomisos de cocaína han caído en un 55%, o sea 47 toneladas menos, y no es que haya menos drogas trasegadas, sino hemos perdido capacidad operativa para enfrentar el fenómeno droga. La mayoría de las últimas capturas ha sido gracias a operativos del OIJ. Durante este año los decomisos de cocaína, marihuana y sobrevuelos en áreas conflictivas, como Talamanca han disminuido drásticamente, pues no posee además colaboración del Servicio de Vigilancia Aérea, pues allí no disponen de aeronaves suficientes y tan sólo hay un avión activo y 20 pilotos desocupados. Entiendan costarricenses, ¿cuál país en el mundo se da el lujo de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico con una de sus dos manos atadas? ¿Por qué esa decisión irracional de retirar la PCD de zonas fronterizas? El ministro Zamora y subalternos nos deben varias explicaciones. Este cuerpo policial, vital para enfrentar el narcotráfico y sus escuelas, requiere al menos de 100 plazas más, que no las vemos aún por ningún lado. ¿Cuántas vidas más, de víctimas colaterales o de jóvenes y niños serán necesarias ofrendar más para que las autoridades del ejecutivo reaccionen?

Ante este listado de problemas que nos roban la paz y la esperanza, no debemos ceder. El espíritu costarricense de superación y de luchar por un futuro mejor, nos ha marcado por más de 200 años. Ante los desmanes y politiquería con que desde Zapote pretenden gobernar, mintiendo un día y otro también, los órganos que nos representan y sobre los cuales descansa nuestro horizonte democrático, han respondido. Órganos de control como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional y el Poder Judicial, imponen el imperio de la ley, aunque al presidente no le guste. Gobernar no es asunto de gustos, es ser consciente de un mandato popular que se delega con un plazo perentorio para la búsqueda del bien y la felicidad de los demás. Desgastarse atacando a la institucionalidad es como emprender una batalla contra molinos de viento. Peor aún cuando se hacen berrinches cual amante despechado.

No es dividiendo al país, pues a nadie conviene esa ruta. El arte de gobernar demanda nuestro mayor esfuerzo y sobre todo ocuparnos de quienes menos tienen. Una persona que guía orienta a toda una nación hace del derecho, el sentido común y su sano juicio, las mejores armas para conducirnos a buen puerto.

A pesar de ser electo en abril de 2022, el presidente Chaves obtuvo menos votos, que Carlos Alvarado (1 200 000 en abril de 2018) y el mismo Luis Guillermo Solís (1 400 000 abril 2014). Sin embargo, gobierna no sólo para el millón de costarricenses que votó por él. Es el presidente de todos, hasta el 30 de abril de 2026.

Presidente, no somos sólo una sociedad que genera pocas oportunidades de empleo, en especial para las mujeres, sino somos una sociedad además donde hay cada vez más violencia. Usted y ambos expresidentes tuvieron que gobernar sin poseer mayoría en el Legislativo. Sin embargo, ellos fueron capaces de encontrar las vías del diálogo y la negociación para sacar avante la tarea.

El tiempo transcurre y es momento oportuno para seguir el sabio consejo de Abambelé “porque entre hermanos se vive mejor”.

14-VII-24