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Etiqueta: sindicato

Colectivo CEAAL apoya la huelga de trabajadores de la empresa Bella Vista S.A.

El 02 de noviembre de 2018 con motivo de la fundación de la seccional sindical en la empresa Bella Vista S.A. dedicada a la producción y a la exportación de piña, en el cantón de Los Chiles de Alajuela, no se pagó el aguinaldo y se ordenó el despido de las trabajadoras y los trabajadores organizados en el sindicato SITRASEP.

Debido a lo anterior, desde el pasado 16 de enero de 2019, dio inicio un movimiento de Huelga de parte de esta seccional para exigir el pago de los aguinaldos y la reincorporación al trabajo de las personas despedidas.

En la siguiente imagen podrá leer el comunicado completo:

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado por Fabiola Bernal.

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Comunicado de Ingenio Taboga en relación con la huelga de su personal

Comunicado de prensa

Ingenio Taboga y sindicatos llegan a acuerdo satisfactorio

 

Luego de las  negociaciones sostenidas el día de hoy,  Ingenio Taboga y el Sindicato de empleados de la empresa, comunican que se ha llegado a un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas.

Durante toda la  negociación, que se llevó a cabo en las instalaciones del ingenio en Bebedero de Cañas, estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Trabajo, quienes fungieron como mediadores de los acuerdos.

De esta manera se da por terminado el movimiento laboral efectuado el día de hoy.

Ingenio Taboga mantendrá el diálogo constante con los representantes laborales, como empresa responsable del bienestar económico y social de sus colaboradores.

 

Enviado por Yessenia Garita.

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Maniobra patronal en la piñera Finca Once para desaparecer a la UNT

Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT)

Comunicado de Prensa

 

Como es común en todas las piñeras y plantaciones en general, los patronos realizan todo tipo de acciones, amenazas, ofrecimientos, asignación de los peores trabajos y hasta el despido, para impedir que las personas trabajadoras ejerzan libremente el derecho humano fundamental de organizarse en sindicato.

Estas prácticas anti sindicales y violatorias de la legislación laboral costarricense, así como la pasividad y hasta complacencia de las instituciones del Estado para con estos empresarios, han sido denunciadas en los mercados europeos por OXFAM Internacional y gracias a esta acción, las empresas piñeras han tendido que corregir algunas prácticas anti laborales muy evidentes, como la subcontratación de personal por medio de contratistas sin el pago de salario mínimo y mucho menos la cotización con la seguridad social; disponer de equipos con dotación de agua potable, letrinas y lugar más o menos aptos para la ingesta de alimentos.

Esto ha generado el enojo de los empresarios contra el sindicato y la gente organizada, y están echando mano de la figura de Comité Permanente como herramienta patronal para evitar el surgimiento y empoderamiento del sindicato, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para defender sus derechos.

Particularmente en FINCA ONCE, hoy martes 8 de noviembre, se convocó a todos los trabajadores para imponerles la conformación de un Comité Permanente, cuyos representantes son propuestos por el patrono y elegidos con su estricta vigilancia, por aquello de que algún trabajador se vaya a oponer a la matráfula. Valga decir que para curarse en salud y quitarse obstáculos del camino, la patronal envió a vacaciones a la dirigencia de la UNT, con el objetivo de evitar cualquier oposición a la constitución de este instrumento patronal.

No está de más recordar que esta herramienta que le facilita el Código de Trabajo a los patronos para desaparecer y proscribir al sindicato, que ha motivado infinidad de denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT; lamentablemente se mantiene incólume a pesar de la Reforma Procesal Laboral, lo que seguirá impidiendo el desarrollo de sindicatos en la empresa privada.

Como UNT preparamos una denuncia contra el representante legal de Finca Once por prácticas laborales desleales, esperando que los tribunales de trabajo hagan valer el derecho laboral costarricense.

 

Susan Quirós Díaz

Secretaria General

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por Unión Nacional Trabajadoras y Trabajadores.

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SITRAA: logramos el pago de horas extras al personal alcantarillado sanitario Puntarenas

Incumplimiento se daba desde el 2011

Comunicado SITRAA

 

Nuestra Organización Sindical desde el pasado 20 de Enero del 2016, señalo mediante el oficio SITRAA 2016-06, el incumplimiento de la jornada laboral, al personal de Alcantarillado Sanitario de diferentes Regiones, pues no se les pagó tiempo extraordinario laborado.

Gracias a nuestra intervención logramos que la Administración realizará las gestiones necesarias, para cumplir con la legislación nacional en este tema, pagando a los trabajadores los dineros dejado de percibir con el no pago de tiempo extraordinario, situación que se daba desde el 2011.

Hoy con nuestras gestiones, 14 funcionarios de la región Pacífico Central ven plasmado su justo pago.

Además hemos llamado a la Administración para el efectivo cumplimiento a futuro de las leyes nacionales en materia laboral y realizar las gestiones necesarias, para abrir los procedimientos disciplinarios a los responsables de este incumplimiento cual data desde el 2011.

 

Respeto de las normas nacionales en materia laboral, nuestro mayor trabajo como organización sindical.

¡Sanciones disciplinarias para jefaturas que incumplieron estos pagos!!!!

¡SITRAA somos todos…!!!

 

Informes: Mauricio Valverde: 85-28-92-40 / Mario Rodríguez Bonilla 71-05-25-87 / Oficina SITRAA: 2543-6537 ext. 6537

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de http://www.ameliarueda.com/

Enviado a SURCOS Digital por Central General de Trabajadores.

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Absuelto Orlando Barrantes, dirigente campesino

Absuelto Orlando Barrantes
Grupo de dirigentes campesinos este viernes 26 de agosto en Guápiles celebraron la absolutoria del dirigente Orlando Barrantes.

El dirigente Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.

Puede leer antecedentes en el siguiente vínculo:

https://surcosdigital.com/orlando-barrantes-con-mi-acusacion-pretenden-amedrentarnos/

Absuelto Orlando Barrantes2

Información generada desde SURCOS Digital.

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Ministerio de Hacienda: SITRAHSAN y Frente Sindical fijan posición ante política de rotación de puestos

Frente Sindical

SINDHAC – SECCIONAL ANEP – SITRAHSAN – SiDGH

Posición oficial respecto a la “Política de rotación para funcionarios que laboran en el Ministerio de Hacienda”

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda (SITRAHSAN) hizo llegar a SURCOS Digital un comunicado emitido sobre la política de rotación implementada en el Servicio Aduanero y en todo al personal hacendario. Éste se dio por la negativa de las autoridades hacendarias a entablar un diálogo y negociación en forma justa y seria con las organizaciones sindicales que representan al personal hacendario, pues, según la información suministrada, imponen sus criterios y cancelan las reuniones que venían realizando con el señor vice ministro de Trabajo y Seguridad Social.

 

Falta de criterio técnico

Respecto al criterio técnico, la Administración hace llegar un Proyecto Directriz denominado “Políticas de Rotación para funcionarios que laboran en el Ministerio de Hacienda”, a los Sindicatos de este Ministerio, sin embargo, no se adjunta ningún estudio o criterio técnico que justifique esta política o la necesidad institucional de la rotación de los funcionarios.

Lo anterior, crea ambigüedad e incerteza jurídica, la cual atenta contra la estabilidad laboral de los funcionarios, debido a que hay una actitud antojadiza por parte de la Administración, sin que medie ningún respaldo.

Aunado a lo anterior, la necesidad de que la Directriz que solicita la rotación de funcionarios deba contener una profusa motivación técnica multiprofesional, implica que la carencia de este requisito atenta contra el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública, que disponen la adecuada motivación de los actos administrativos en cumplimiento del principio de legalidad, al cual está sometida la actuación de la Administración Pública. De obviarse esta motivación y acudir por lo tanto a vías de hecho, este Frente Sindical, no dudará en exigir la responsabilidad civil, administrativa y penal para los funcionarios involucrados en dichas actuaciones.

También, el Reglamento Autónomo de Servicios de este Ministerio, es claro al indicar:

…”El Ministerio, previo cumplimiento del debido proceso, con la debida justificación y con fundamento en los principios que inspiran este reglamento, podrá cambiar en forma temporal conforme lo establece el Estatuto y el Reglamento de Servicio Civil, el horario, el lugar de trabajo y otros aspectos de la prestación de servicio, siempre que no cause un perjuicio grave al trabajador(a). Podrá también temporalmente trasladar al servidor(a) a otras dependencias del Ministerio según criterios técnicos de rotación. Podrá reubicar a los funcionarios (as) dentro de sus diferentes dependencias, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y de este reglamento.*Tratándose de puestos del Régimen Policial, el Ministerio podrá variar el horario, el lugar de trabajo y otros aspectos de la prestación de servicio, previo cumplimiento del debido proceso. (El resaltado no es del original)…”

Adicionalmente, si se aboga y se fundamenta la necesidad de una rotación periódica de funcionarios, atendiendo a cuestiones de control interno junto con el Informe Técnico, debería establecerse una tabla de rotación de todos los funcionarios y no de algunos, como suele suceder, incluyendo a los Directores y Sub Directores, de lo contrario este proceso estaría viciado de subjetividad, persecución y obedecería a intereses personales y no a un verdadero interés público.

Asumimos, que al no existir estudios técnicos sobre el proyecto de rotación de funcionarios del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, dentro de su competencia, desconoce las acciones y decisiones que pretende tomar esta Administración.

Zonaje

Respecto a este punto, el señor Ministro de Hacienda, suspendió la autorización para la asignación de nuevas tareas a puestos, debido a la necesidad de contener el gasto y la disminución del contenido económico, por lo que valoramos contradictorio, este proyecto, debido a que ¿Se encuentran previstos los gastos presupuestarios que generarán estas rotaciones, tales como zonajes y alojamiento? (capacidad habitacional).

El significado de “Perjuicio grave” en el Estatuto de Servicio Civil, la Administración lo ve únicamente como un perjuicio económico subsanable con el pago de “Zonaje”, donde en realidad dicho monto es una falacia de la Administración para conceptualizar un supuesto beneficio económico.

El “Zonaje” pasa ser parte del salario y como tal es sujeto de rebajas, al final, dependiendo del lugar donde al funcionario lo “reubiquen”, por ejemplo en la Aduana Peñas Blancas, el funcionario debe buscar un lugar donde vivir, pagar transporte, alimentación (la cual en zonas rurales es sumamente cara) entre otros, además de los gastos paralelos de su familia.

Según la misma propuesta de Política de Rotación, en el apartado número XI. Indica que:

…”el Departamento de Gestión de Potencial Humano verificará que la dependencia cuente con su presupuesto con el contenido económico para la emisión de este pago, aparte de otros requisitos establecidos para que el funcionario pueda hacerse acreedor al beneficio. Si no existe contenido económico el Departamento de Gestión de Potencial Humano, lo pondrá en conocimiento del Director de la Dependencia [sic] para que se proceda con los ajustes presupuestarios necesarios, de previo a realizar el movimiento de personal que requiera el pago de este beneficio”.

Teniendo en cuenta la transcripción anterior, la Política de Rotación de Personal, estaría generando gastos innecesarios y fomentando una hipertrofia de trámites burocráticos para que al final de cuentas el funcionario termine asumiendo los gastos ya mencionados, dado que el monto de zonaje no cubre la totalidad de nuevas erogaciones que el funcionario debe incurrir producto de su traslado.

Violaciones legales de la directriz

Esta directriz violenta el artículo 191 la Constitución Política (en cuanto atenta contra la eficiencia de la gestión que debe buscar la Administración Pública) porque la rotación forzosa que se pretende instaurar implica la pérdida de conocimientos especializados en cada área que es fundamental para la recaudación, además se ha demostrado que una institución en la que exista un alto nivel de rotación de personal se desgasta en aspectos como nuevos requerimientos de capacitación y reorganización aumentando sus costos operacionales.

De conformidad con el “Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización”, M-1-2002-CO-DDI, con respecto a lo que indica el Capítulo II “Normas Generales Relativas al Ambiente de Control”, en el punto 2.4. “Administración eficaz del potencial humano”, en su declaración interpretativa manifiesta:

“…La importancia del elemento humano radica en que el funcionamiento eficaz de los sistemas de control interno dependen de cuán adecuadamente desempeñe su función cada uno de los miembros de la organización y de cuán claramente comprendan su papel para el cumplimiento de los objetivos…”

Lo anterior, rescata la importancia del recurso humano de este Ministerio, y consideramos que con esta Política de Rotación se contradice la norma transcrita puesto que afecta de manera negativa la estabilidad laboral y emocional del funcionario, así como también lo perjudica a nivel familiar, creando personal desmotivado y sin sentido de pertenencia en un ambiente de incertidumbre.

La Directriz crea un amplio margen de discrecionalidad y subjetividad en los directores de programas que va en contra de los principios de objetividad, probidad y legalidad consagrados en la Ley General de la Administración Pública.

Esta misma subjetividad creada en la directriz de rotación se ve reflejada en lo que se entiende como “perjuicio grave”, ya que no existe un criterio objetivo que lo defina y deja en manos de la Administración la aplicación antojadiza de este concepto.

La directriz analizada no deja clara cuál es la definición de director de dependencia y el director de programa presupuestario, lo cual lleva a una contradicción en lo establecido por el resultando número cinco y los puntos ocho y nueve del apartado de las políticas de rotación, haciendo necesaria una aclaración sobre cuales directores tienen la facultad de promover, coordinar y aprobar las resoluciones de rotación y reubicación de personal.

Los apartados cinco y seis de las políticas de rotación establecen dos temas preocupantes: el primero de ellos que deja como una facultad exclusiva del director de cada dependencia la decisión de rotar al personal, esto a nuestro criterio aumenta su poder de actuación discrecional y contradice lo establecido en la Normativa de Control Interno. Un segundo punto que genera preocupación es el hecho de que se establece una anualidad en la rotación del personal, sin tomar en cuenta los costes económicos y la saturación de funciones de las oficinas involucradas en el proceso, generando un desgaste innecesario para la Administración, así como un despilfarro de recursos en épocas en las cuáles se exige austeridad a los funcionarios públicos.

Perjuicio a la administración

La falta de experiencia en el desempeño de los puestos, somete a la Administración a un alto nivel de vulnerabilidad frente al error humano con afectación de los objetivos, misión y visión Institucionales, y su consecuente perjuicio económico por eventuales demandas y daños al administrado.

En el documento bajo análisis no se toma en cuenta la capacitación al funcionario trasladado, ya que la curva de aprendizaje debe actualizarse a las nuevas funciones de su puesto. Asimismo, la capacitación adquirida en su momento, prácticamente se desecha para el nuevo puesto, por lo tanto, incide en un costo para la Administración.

La Política de Rotación, perjudica la misión del plan estratégico del Gobierno 2015-2018, puesto que somete a la Administración a un desgaste económico y administrativo innecesario con pocos o nulos resultados positivos que a la fecha no hay un documento o informe oficial que los demuestre.

La directriz es ambigua y provoca ¿Cuánta será la cuota mínima de estos cambios?, ¿Se encuentra la Administración preparada para actuar en caso que un funcionario “gane” los recursos, entonces cómo se cubrirá esa plaza a la que se tuvo que haber trasladado, quedando con menos personal uno de los lugares de trabajo?

Perjuicio al funcionario

Esta política de rotación de personal atenta contra la estabilidad del empleo público consagrada en la Constitución Política y regulada por Estatuto de Servicio Civil, permitiendo la incidencia política en el nombramiento y remoción de puestos, lo cual va perjudicar al funcionario eficiente, para beneficiar a otros que muy probablemente no tengan la cantidad de conocimientos y competencias del funcionario removido.

Un enorme perjuicio para el funcionario es el desarraigo familiar, de un traslado sin justificación técnica, simplemente por antojo de un funcionario que ocupa un puesto político por 4 años, donde a la Administración le importa lo más mínimo su situación familiar, su entorno social, el hecho que muchos funcionarios tengan casa propia y personas que dependan de ellos, tratamientos médicos en centros de salud específicos, en donde un movimiento de este tipo afecta directamente al funcionario en su salud física y psicológica.

El daño moral causado a los funcionarios que son trasladados ya que este cambio los estigmatiza y marca como funcionarios corruptos o problemáticos, siendo esto un grave atentado contra sus derechos de personalidad e imagen.

Perjuicio al Administrado

La constante rotación de personal colocándolos es puestos para los cuales no ha sido capacitado afecta negativamente al usuario de los servicios que presta el Ministerio. Este usuario será víctima de funcionarios con poco conocimiento técnico sobre el servicio que presta y además muchas veces funcionarios que se encuentren sumamente desmotivados y a disgusto con su traslado.

Crea un administrado confundido y desmotivados con grandes consecuencias económicas para las finanzas públicas.

Petitoria

  1. Dejar sin efecto las rotaciones efectuadas y futuras, hasta tanto no se cuente con un estudio técnico que las justifique y que además se establezca una política de rotación de personal que sea transparente, ética y objetiva que no atente contra el funcionario y las finanzas públicas. Y además que se participe a este Frente Sindical sobre las reuniones o mesas de trabajo que discutan la política de rotación de personal.
  2. Consideramos que el señor Fabricio Chavarría no tiene la autoridad ética, legal y moral para estar presente en esta mesa de trabajo, debido a las actuaciones pasadas, específicamente lo relacionado con las licencias por antigüedad y además por su condición de simple asesor del ministro carente de la investidura necesaria para la toma de decisiones.
  3. Solicitamos la destitución del Director de Aduanas, Benito Coghi por haber implementado una política de rotación que transgrede los derechos de los trabajadores, y que además atenta contra las finanzas del Estado, por no haber realizado ningún informe de resultados que compruebe el cumplimiento de los objetivos de la rotación de personal. No se ha demostrado aumento en la recaudación producto de los traslados, ni mucho menos una reducción de los índices de corrupción en el Sistema Aduanero Nacional.

*La Defensoría de los Habitantes está investigando el tema. Si desea conocer el documento de indagación de este organismo puede solicitarlo a nuestro correo:

Periodico.SURCOS@surcosdigital.com

 

*Imagen: Lic. Víctor Rojas Morales, secretario general, SITRAHSAN.

Enviado a SURCOS por Miguel Ureña Cascante, de SITRAHSAN.

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Orlando Barrantes “Con mi acusación pretenden amedrentarnos”

Barrantes siempre sostuvo que el suyo es un caso de criminalización de la protesta social

Orlando Barrantes
«Mi caso es un montaje que busca asustar a la gente».

El día de hoy el dirigente sindicalista Orlando Barrantes fue sentenciado a doce años de prisión por el supuesto secuestro de unos policías, durante unas manifestaciones y enfrentamientos que se presentaron en Guápiles en el año 2000.

A continuación se reproduce una entrevista que Barrantes concedió a UNIVERSIDAD en mayo del 2006, en la que detalló los pormenores de su caso. Por entonces, Barrantes era Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB) y sostuvo que el detonante de toda la violencia fue la intervención de los policías antimotines.

¿Cómo se dieron los hechos del 2000, por los cuales ahora es enjuiciado?

– El 12 de diciembre del 2000 se manifestó la población en la provincia de Limón. Hubo movimientos de protesta en Guápiles, Siquirres, Limón y Talamanca, en los que diferentes sectores denunciaban la incapacidad de las instituciones gubernamentales por cumplir los acuerdos firmados.

En Siquirres, Guácimo y Pococí los grupos manifestantes fueron básicamente los pequeños agricultores y trabajadores bananeros expuestos al agroquímico nemagón.

En todos hubo enfrentamientos con la policía, pero en Guápiles, donde yo estaba, fue donde se produjeron los hechos más violentos. La versión que yo puedo dar de lo sucedido esa mañana, la reconstruyo a partir de videos que ya mostraron la fiscalía, informes de prensa y testimonios.

A las 8 a.m. se da una concentración de casi dos mil personas en el Parque de Guápiles, donde hasta las 8:45 intervenimos entre 15 y 20 dirigentes en el uso de la palabra. Allí, espontáneamente se tomó la decisión de hacer una marcha pacífica hacia Guácimo. La idea era que el gobierno, al ver una marcha de gran cantidad de gente, retomara las negociaciones. Una delegación de dirigentes fuimos a la casa de Jesús Calderón, quien estaba en contacto con el Ministro de Agricultura, a esperar que el gobierno se comunicara, mientras la gente empezó a caminar.

Nunca hubo bloqueo. Según el testimonio de los mismos policías antimotines, alrededor de 200 de ellos recibieron la orden de “ir a chocar” con los manifestantes, lo cual sucedió en medio de una cuadra muy larga, entre el Parque de Guápiles y la carretera a Limón.

A los policías se les acabaron los gases y entonces recibieron la orden de retirada, la cual ejecutaron de manera desordenada, se dispersaron y cuatro de ellos se tiraron debajo de unos furgones. Este grupo fue retenido por los manifestantes para exigir la liberación de cerca de 30 personas que habían sido detenidas sin ser pasadas al Ministerio Público. Yo no participé en esas negociaciones porque no podía, ni había control de nada. Nunca hubo bloqueo en la carretera a Limón y el enfrentamiento tampoco se dio en la vía.

Alrededor de las 5 o 6 de la tarde los manifestantes liberaron a los policías y el gobierno soltó a los manifestantes.

¿Mientras todo eso pasa usted se mantuvo en la casa de Calderón?

– Sí, claro. Allí también estuvo el periodista Marvin Barquero de La Nación.

¿Qué sucedió después, cuando fueron a Casa Presidencial?

– El gobierno nos convocó a negociar a las 8 a.m. del 13 de diciembre. Fuimos a Casa Presidencial y un periodista me preguntó si sabía que había orden de captura en mi contra y una acusación por secuestro extorsivo. Se le pidió al gobierno que aclarara la situación, anularon la orden de captura pero manifestaron que si había una demanda judicial, el Poder Ejecutivo no podía intervenir. El Ministerio de Seguridad Pública presentó una demanda que fue acogida por el fiscal, en la que sostiene que yo planeé, organicé y ejecuté un secuestro extorsivo y que todo lo que sucedió el día anterior había sido planeado por mí. Esa es la acusación. La causa acarrea una pena de 15 a 20 años por persona, y como fueron cuatro, la sentencia mínima sería de 60 años.

Esta acusación de secuestro extorsivo no solamente es absurda y ridícula, sino que con ella pretenden amedrentarnos.

¿Cómo han sustentado la acusación?

– La única prueba que presentan es un video donde salgo hablando en el parque. También incluyen el testimonio del entonces jefe de los antimotines, Orvil Ruiz, quien me ubica en el sitio del enfrentamiento desde las 10 a.m.

¿Cuál cree es el trasfondo de la acusación?

– Además de dirigente social, soy presidente del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), un partido legalmente inscrito, nuevo y de izquierda, que nació el año pasado.

Cualquiera que lea la acusación del Ministerio Público se da cuenta que no demuestra ningún hecho participativo mío, sino que me llama “agitador”; dice que organizo a la gente para que se movilice contra los gobiernos, que encabezo movimientos de protesta. Es decir, es una acusación estrictamente política.

Cuando Orvil Ruiz declaró en el primer juicio anulado en julio, repitió exactamente lo mismo que está escrito en la acusación.

¿Cómo siguió el trámite de su juicio?

– Inició en julio del año pasado, pero fue anulado porque mi abogado se incapacitó por más de diez días. Mi primera defensa no estuvo bien, pues subestimamos la causa. Cambiamos de abogado y hemos planteado tres acciones de nulidad, que han sido rechazadas.

Hace un mes nos notificaron que el juicio fue convocado para el 20 y 21 de abril de este año, pero cuando llegamos el 20 se nos dijo que está suspendido, pues la fiscal a cargo quiere que vuelva a declarar el exdirector de la Fuerza Pública Walter Navarro, quien está en Estados Unidos.

¿Cómo explica que se trata de un juicio político?

– Aquí lo que están enjuiciando es la forma de pensar que uno tiene, no tienen ninguna prueba y eso es un juicio político.

La condena de Célimo Guido, más el caso mío, nos lleva a los sectores sociales a hacer un llamado a fortalecer instancias como la Comisión de Derechos Humanos.

Estos son intentos de sectores poderosos económicamente y ligados a las transnacionales, que buscan amedrentar a los dirigentes y sentar precedentes ejemplarizantes para que la gente no proteste.

Como dirigentes y ciudadanos costarricenses, nuestro papel es participar en todos los procesos y no se nos va a prohibir opinar sobre la realidad nacional. Sostendremos nuestra oposición tajante al TLC.

Mi caso es un montaje, que busca asustar a la gente. Yo no tengo ningún problema en ir a la cárcel, si tengo que ir por defender a los pobres, gustoso voy. La cárcel para un dirigente representa un ataque muy duro a las libertades democráticas de este país y al resto del movimiento popular.

 

Información e imagen tomada de http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/con-mi-acusacion-pretenden-amedrentarnos/

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SINTRACOBAL firma nuevo Convenio Colectivo

Asegurando y afianzando el respeto de los derechos adquiridos

SINTRACOBAL firma nuevo Convenio Colectivo
El pasado 9 de septiembre, el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricense del Banano y Afines Libre (Sintracobal) y Compañía Bananera Atlántica Ltda (Cobal), subsidiaria de Chiquita Brands en Costa Rica, firmaron la 5º convención colectiva de trabajo que regirá para los próximos 3 años (2015-2018).

Maikol Hernández, secretario general del Sintracobal, dijo a La Rel que el proceso de negociación colectiva no fue fácil, y que tanto las capacidades organizativas del Sindicato como la unidad entre trabajadores fueron determinantes para conseguir un resultado positivo y satisfactorio.

“Al momento de denunciar la convención colectiva, la empresa, de manera malintencionada, solicitó la eliminación de 25 cláusulas entre las más sensibles e importantes para las y los trabajadores”, explicó Hernández.

“Cobal pretendía cercenar derechos adquiridos, desmejorando las condiciones laborales y sociales de los compañeros y debilitando al Sindicato. Eso generó la reacción inmediata de todos nuestros afiliados”, agregó.

Sintracobal convocó a una asamblea extraordinaria el 20 de julio, durante la cual se elaboró una estrategia en defensa del derecho a la negociación colectiva, y se aprobó el lanzamiento de la campaña “Mi convención colectiva la defiendo”.

“Preparamos afiches, calcomanías, banner y aprovechamos todos los medios tecnológicos disponibles para involucrar a la mayor cantidad de trabajadores. Desarrollamos diferentes acciones y creamos una línea telefónica para poder estar en comunicación a través de un servicio de chat”, recordó el directivo sindical.

“La participación fue masiva y le demostramos a Chiquita que estábamos dispuestos a defender nuestra convención colectiva a cualquier costo. Eso hizo recapacitar a la transnacional bananera”, indicó Hernández.

SINTRACOBAL firma nuevo Convenio Colectivo2

Afianzando derechos

Chiquita dio un paso atrás

La negociación comenzó la primera semana de agosto y duró tres semanas, finalizando la última semana de este mismo mes.

“Discutimos todos los artículos del pliego de peticiones y el cambio de actitud de la empresa fue evidente. Chiquita tuvo olfato para no entrar a una confrontación y finalmente llegamos a un acuerdo que nos satisface”, expresó el secretario general del Sintracobal.

Entre los principales logros, Hernández señaló la extensión de diferentes beneficios sociales a todos los trabajadores, la mejora del presupuesto para los temas sociales y la delegación al Sindicato de su administración y ejecución.

Asimismo, la empresa aceptó incrementar considerablemente el valor de algunos beneficios, introdujo un subsidio para el proceso de rehabilitación del trabajador que ha sufrido un accidente laboral, y extendió la protección del fuero sindical a los delegados de los diferentes centros de trabajo a nivel nacional.

En cuanto a las cláusulas económicas, se confirmó el uso de un mecanismo que facilita el reajuste periódico de los salarios que, de esta manera, se mantienen bien por encima del mínimo de ley.

 

Estabilidad laboral asegurada

La Junta de Relaciones Laborales

Otro elemento a destacar es el afianzamiento de la estabilidad laboral en Cobal.

“Logramos defender el derecho a mantener una Junta de Relaciones Laborales, una herramienta que nos permite abordar cualquier conflicto o problemática de manera bipartita, garantizando así la estabilidad laboral”, dijo Hernández.

El Sintracobal consiguió también mantener las cláusulas que reconocen el Acuerdo Marco sobre libertad sindical firmado entre Chiquita, Colsiba y la UITA, al tiempo que logró introducir un nuevo párrafo sobre el procedimiento especial a adoptar por la empresa en caso de reestructuración.

“No fue fácil, pero gracias a la unidad entre trabajadores y trabajadoras y a una estrategia bien diseñada logramos salir airosos de esta negociación”, concluyó el directivo sindical.

 

*Imágenes de Sintracobal.

Información tomada de http://www.rel-uita.org/index.php/es/sindicatos/item/6867-sintracobal-firma-nuevo-convenio-colectivo

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Apoyo a la institucionalidad y gobernabilidad de Guatemala

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) ha manifestado su total apoyo a la institucionalidad y la gobernabilidad en Guatemala. No apoyamos golpes de estado contra gobiernos democráticamente electos sean del signo que sean.

 

En Guatemala culmina un nuevo proceso electoral en donde la población tiene en sus manos las posibilidades de cambiar el rumbo del país. Al mismo tiempo, el clima de corrupción, desestabilización y turbulencia se apropia de la opinión pública nacional e internacional.

Cuando asumió el actual presidente Otto Pérez Molina el STEG advirtió: nosotros no votamos por él, nosotros no lo pusimos en la silla presidencial, fueron otros. Fue la clase empresarial y oligarca de Guatemala quien apoyó a Pérez Molina por defender sus tesis elitistas y de beneficio para unos pocos.

A poco tiempo de acabar su mandato esa misma oligarquía le quita al presidente el apoyo porque Pérez Molina no se plegó a sus demandas.

Acusado de corrupción, en los tribunales se determinará su responsabilidad, le quedó fácil a ese pequeño grupo empresarial quitarle el apoyo y lograr la simpatía y unión de sectores tan disímiles de la sociedad como una parte del movimiento social y partidos de todo el espectro, el sector mediático y otros.

Ahora todos critican la presunta participación de Otto Pérez Molina en actos de corrupción, repudian los actos aparentemente demostrados de Roxana Baldetti hasta hace poco vicepresidenta, pero nadie menciona ni critica a los corruptores. ¿Quiénes son los que están del otro lado de la línea gozando de los beneficios de esos actos de corrupción? ¿por qué nadie los denuncia ni pregunta por ellos?

En 2005 el STEG denunció con nombres y apellidos a una serie de empresarios evasores y corruptos. En aquel momento los grandes medios no se hicieron eco de estas denuncias, más bien nos llovieron amenazas e insultos.

En la actual coyuntura no hemos salido a manifestarnos por la renuncia del presidente de la República. Tampoco defenderemos un presidente al que no votamos ni apoyamos, y del que advertimos de su pasado genocida y de que no contaba con un programa político de beneficio para las mayorías ni de fortalecimiento de la educación pública. Pero sí salimos a manifestarnos en defensa de la institucionalidad y la gobernabilidad y en repudio a los golpes de Estado.

La coyuntura actual fue aprovechada por una parte de la derecha para enfrentarse a otras piezas de la derecha, aprovechándose de sectores universitarios, sociales y de organizaciones no gubernamentales que le siguen el juego a las embajadas de Estados Unidos y países de la Unión Europea.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) insiste en defender la institucionalidad y la gobernabilidad. No a los golpes de Estado. No podemos sumarnos al descontento de la oligarquía con sus hasta hace poco aliados en contra del pueblo.

Exigimos se investigue quiénes están detrás del intento de golpe de Estado contra el actual gobierno, que se investigue quiénes son los corruptores y que el pueblo sepa qué parte del pacto tácito entre las derechas de este país se quebró para que la oligarquía empresarial y mediática le quitara el apoyo a Otto Pérez Molina.

Apoyaremos el proceso democrático. Como maestros y maestras apoyaremos la realización de las elecciones en los centros educativos y esperamos que el pueblo sepa elegir entre tanta farsa mediática que maquilla de ovejas a lobos desalmados que quieren continuar desangrando al valiente pueblo guatemalteco.

No podemos permitir que el intento de golpe de Estado o de forzar a la renuncia de un mandatario sea puesto como antecedente en Guatemala o en países de la región en donde las oligarquías nacionales no estén de acuerdo con el gobierno democráticamente electo.

Hacemos un llamado para que el próximo domingo 6 de septiembre el pueblo soberano asista a las mesas de votación a elegir a alcaldes, diputados, diputadas, presidente o presidenta de acuerdo a sus buenas intenciones.

El STEG vela por una agenda histórica que el Estado de Guatemala y la oligarquía tradicional no han cumplido, y que está pendiente en favor de las grandes mayorías desposeídas y discriminadas que se debaten en la pobreza. Millones de ellos son nuestros alumnos y alumnas que cada uno de nuestros afiliados atiende en las escuelas públicas de nuestro país.

Por la democracia, la institucionalidad y la gobernabilidad; no a los golpes de Estado; no a la corrupción ni a los pactos de silencio entre evasores fiscales. No nos sumamos a las exigencias de la derecha oligárquica. No nos dejamos manejar por embajadas extranjeras.

*Imagen con fines ilustrativos tomada de la página de Facebook de STEG.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Gabriel Castro.

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Premio Libre Expresión Social

Convocatoria Premio Libre Expresión Social

Sindicato Nacional de Periodistas

Sindicato Nacional de Periodistas de CR

El Sindicato Nacional de Periodistas invita a participar en el Premio “Libre Expresión Social”: Luis Castro Rodríguez 2015 con una dotación de ¢300.000.00 colones.

El Sindicato Nacional de Periodistas brinda un incentivo y reconocimiento a la trayectoria, al servicio, a la pluralidad informativa, a la defensa de los derechos fundamentales, la equidad de género, y la expresión de los diferentes grupos sociales que luchan por sus derechos y la defensa del movimiento sindical.

Las personas interesadas tendrán tiempo de postular sus trabajos en la oficina del Sindicato Nacional de Periodistas, ubicada en el segundo piso del Colegio de Periodistas, diagonal al Gimnasio Nacional, de 8 a.m. a 4 p.m., hasta el 17 de setiembre del 2015,con la señora Patricia Freer, dirección electrónica: sindicato@colper.or.cr y teléfono (506) 2222-7589.

Deben de presentar un original y 3 copias debidamente sellado.

El fallo del Jurado será anunciado en la Noche Sindical el martes 22 de setiembre del 2015.

“La libre asociación sindical es un derecho de los trabajadores y trabajadoras para mejorar sus condiciones de vida, reconocida por convenciones y tratados internacionales”

 

Información enviada a SURCOS Digital por Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica.

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