Los miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Sindicales de Guatemala -FENOSGUA- a sus integrantes y público en general manifiesta:
Nuestra indignación, consternación y repudio ante los actos llevados a cabo en contra del abogado Domingo Montejo, quien fue asesinado el día de ayer mientras realizaba una visita de campo en el departamento de Escuintla, como parte de su trabajo dentro del Comité de Unidad Campesina CUC, en el cual buscan hacer valer los derechos humanos en defensa de campesinos, organizaciones sociales y sindicales.
Su cruel y cobarde asesinato fue llevado a cabo mientras eran realizados desalojos violentos e ilegales en la comunidad de San José el Tesoro en Cobán Alta Verapaz, una comunidad que era acompañada por CUC y a la cual fueron violentados sus derechos.
Exigimos al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Procurador de los Derechos Humanos la investigación de este violento y despiadado asesinato, exigimos justicia para el abogado Montejo y así como también para Marcelo Yaxón Pablo y Gustavo Yaxón, quienes trabajaban y acompañaban a Montejo y resultaron gravemente heridos.
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) denuncia que, iniciándose la 112 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, el Grupo de Empleadores coaccionó y utilizó el chantaje para evitar que la Comisión de Aplicación de Normas de dicha Conferencia, incluyera a Costa Rica en la lista corta de 24 países que deben rendir cuentas por incumplimiento de los Convenios Internacionales del Trabajo.
Este año Costa Rica entró por segundo año consecutivo en la lista larga de los 40 países del mundo que violentan los Convenios Internacionales del Trabajo, esta vez por el C98 Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de la cual sale la lista de los 24 casos que se analizan en la Comisión de Aplicación de Normas.
De acuerdo con Fanny Sequeira, Secretaria General de la CTRN quien participa en dicha Conferencia Internacional como delegada titular de los trabajadores, la inclusión de Costa Rica en la lista de los 24 países era una prioridad por violación al Convenio 98, sin embargo el Grupo de Empleadores condicionó la negociación de la lista de casos, a que se excluyeran cinco países del mundo, entre ellos Costa Rica, amenazando con sabotear y no consensuar ninguna lista y entonces no se analizaría ningún caso en la Comisión.
Esto fue expresado por Marc Leman, Portavoz del Grupo de Trabajadores en la Comisión de Aplicación de Normas, quien además indicó que era una gran decepción que Costa Rica no ingresara a la lista, pues era una prioridad para los trabajadores por ser un caso grave de incumplimiento.
“Hubo una fuerte presión por parte de los empresarios costarricenses a través de la UCCAEP, quienes buscaron el apoyo de los empleadores a nivel internacional, para evitar que se discutieran y visibilizaran los graves y reiterados incumplimientos de Costa Rica en materia de libertad sindical y negociación colectiva”, indicó Sequeira.
De hecho, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha realizado reiteradas observaciones al país por incumplir el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, para que se permita y respete en el sector privado la organización sindical y se practique la verdadera negociación colectiva y no mediante arreglos directos con trabajadores no sindicalizados, y para eliminar las restricciones que sufren los trabajadores del sector público, para lo cual la Comisión ha pedido al gobierno “que, en consulta con los interlocutores sociales, tome las medidas necesarias para revisar la Ley Marco de Empleo Público, núm. 10159 y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas núm. 9635, de manera que los empleados del sector público que no trabajan en la administración del Estado puedan ejercer su derecho de negociar colectivamente temas económicos y salariales de conformidad con el Convenio… la Comisión recuerda una vez más la importancia de tomar medidas tendientes a reforzar el derecho de negociación colectiva en el sector público…”. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso hasta ahora.
Rafael Freire, Secretario General de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas CSA, manifestó su inconformidad con la exclusión de Costa Rica de la lista de los 24 casos, ya que según dijo Costa Rica era la prioridad máxima del continente americano para ser examinada en esta Conferencia por las constantes violaciones de la libertad sindical y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, tanto en las empresas privadas como en las instituciones públicas.
“La negativa deliberada y la omisión impuesta por los empleadores para que se pueda examinar a Costa Rica por las graves y reiteradas afectaciones a Derechos Fundamentales como son la libertad sindical y la negociación colectiva, es un problema muy serio, que menoscaba la función esencial de la Comisión de Aplicación de Normas y conduce a la impunidad mediante la amenaza de no habilitar la lista corta de casos para examen en esta Conferencia. Esta estrategia empresarial es consistente con las arraigadas políticas antisindicales promovidas y apoyadas por las élites neoliberales de la Región y por sus gobiernos afines como el de Costa Rica”, concluyó Sequeira.
Declaración de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum ante la exclusión de Costa Rica de la lista de países violadores de la normativa laboral internacional:
Rafael Freire Neto, sociólogo, es secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) dice que Costa Rica es una prioridad para la solidaridad sindical internacional.
Este sábado vimos en las pantallas al equipo Borussia Dormond jugando contra el Real Madrid.
90 mil personas llenaron el estadio. El Real Madrid ganó el «Champions League» por décimo quinta vez
Mientras tanto la industria de las armas para las guerras en medio Oriente y en Ucrania no se da abasto en satisfacer la demanda comercial, aun cuando es la juventud de varios países la convertida en carne de cañón por los políticos de Kiev, Washington, París, Londres, y Moscú, en actitud defensiva, con un occidente hartado de ruso/fobia.
Nosotros, gozamos del partido, comiendo pizza de la buena.
Es bueno saber que nuestra región, donde hubo guerras y mucha juventud muerta, en los ochenta, ahora podemos vivir en una relativa paz.
Nuestra población trabajadora, aun cuando obtiene raquíticos ingresos, pues no llegan al mínimo establecido para obtener los 30 productos de la canasta básica, la clase trabajadora tiene libertad de organizarse, sin embargo, no lo hace como debiera. Es evidente que está paralizada sin exigir que se cumpla con lo establecido en las leyes y convenios internacionales.
Un factor que puede ser neutralizante es la evidente alianza entre las sindicales y el partido político gobernante Libre. Lo cual parece positivo para lograr un buen gobierno. Sin embargo, puede ocurrir una desventaja para el pueblo trabajador, cuando y si este trabajador organizado da prioridad a su partido e ignora los intereses de clase social a la que representa.
Todo gobierno debe lograr el beneficio de los diversos sectores sociales y económicos. Así es casi imposible que Libre satisfaga a la patronal sin afectar al empleado y viceversa.
Por eso es por lo que, para lograr los balances exigidos, mucho está en la capacidad de diálogo y negociación.
Sobre la mesa, siempre debe considerarse que hay actores externos muy poderosos. Particularmente las corporaciones internacionales del empresariado. Lógicamente, están aliadas a grandes potencias mundiales donde el mercado es un actor de primer orden.
El sindicalismo actual tiene nuevas exigencias. Así que su actuar debe estar a la altura de las nuevas circunstancias.
Por ejemplo, ahora se debe insertar en el conocimiento y manejo de los medios electrónicos. Solamente referirse a las comunicaciones, esenciales para la información y análisis actualizado, debe manejar bastante de los medios electrónicos. Ahora le es imprescindible, el manejo de la inteligencia artificial y la robótica.
Si no lo hace, las organizaciones patronales van a jugar con los obreros y campesinos. No solamente se burlarán, pero agudizarán su explotación al trabajador. Esto se vuelve esencial ahora, aunque no lo fuera hace una década.
Desde luego, el descanso y la diversión, por ejemplo, viendo un partido de fútbol clásico, no solamente es un derecho humano, es una necesidad para su salud, pero sin dejar la movilización y la reivindicación socio económica.
Así es que abogamos por el desarrollo integral de la sociedad en un ambiente de paz y armonía, defendiendo y luchando por los derechos de cada sector.
El pasado sábado 4 de mayo organizaciones sociales, sindicatos y grupos organizados de comunidades participaron del Foro por el Agua y Acciones, llevado a cabo por las Centrales Sindicales CGT, CUT, CCTD, dicha actividad contó con panelistas de importante conocimiento sobre el AyA, el agua, las comunidades y la contaminación, problemáticas que está viviendo con emergencia el país. Entre los y las panelistas estuvieron: la diputada Sofía Guillén, el biólogo Freddy Pacheco, Guido Barrientos del Programa Estado de la Nación y Mario Rodríguez del sindicato del AyA.
En esta actividad se destacó información relevante sobre los proyectos de AyA, como la poca o nula acción para proteger zonas de captación de agua, la problemática del cambio climático y las no acciones para resolver la crisis de abastecimiento de comunidades como: Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las provincias y cantones de la periferia como el cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, faldas del Volcán Irazú, cantones de Siquirres, Guápiles y Cariari.
Asimismo, criticaron las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA Juan Manuel Quesada al decir que «No es posible dar agua a las comunidades» incumpliendo así su función como funcionario público, mismo que gana casi los 4 millones de colones al mes.
Al problema del agua se le suma el posible tráfico de influencias y presiones por tener nuevos servicios, afirmación denunciada por el sindicato del AyA. En esto se dice que está involucrado un ex presidente ejecutivo de AyA que participa abiertamente en las solicitudes para servicios de agua del Condominio Terra Verbena en Alajuelita y Diamante Verde en Montes de Oca.
Todos los presentes reconocieron la urgencia de brindar agua e infraestructura a las comunidades. También reconocieron las pocas acciones realizadas por el Gobierno en la búsqueda de soluciones reales para brindar agua y resguardar las zonas donde se capta el líquido vital para la población.
Tras la realización de este foro se creó un documento solicitando el decreto de emergencia hídrica y ambiental al Presidente de la República, el Sr. Rodrigo Chaves Robles. Este decreto se basó en una serie de argumentos, 9 en total, entre ellos los siguientes:
Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales— en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27).
Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32).
Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Para mayor información sobre esta temática puede dirigirse a los documentos adjuntos.
La unidad legal del ANEP ayudó a Luis Ángel Solís Cordero, -quien era el presidente de la seccional del gobierno local de Cañas-, a recibir el pago por 12 años de indemnización.
Iniciaron un proceso legal en 2020 para asegurarse de que recibiera los 4 años adicionales que le correspondían pues se pretendía reconocer solo 8 años. Después de perder inicialmente el caso, apelaron a un tribunal superior y finalmente ganaron, asegurando que Luis recibiera la indemnización completa de 12 años.
Ahora están alentando a todos los trabajadores en situaciones similares a buscar ayuda de su organización para asegurarse de recibir la cantidad correcta de indemnización a la que tienen derecho.
El Frente Nacional de Lucha (FNL) llama a movilización nacional para el 24 de abril a las 9:00 horas, en el marco de la conmemoración del 54 aniversario del triunfo popular contra el contrato con ALCOA.
El llamado es por la defensa del Estado Social de Derecho y de las instituciones democráticas; por la NO venta del Banco de Costa Rica (BCR) y NO más desmantelamiento institucional; por la necesidad de garantizar de manera absoluta el derecho constitucional al acceso al agua potable; por la defensa de la salud pública y el pago de la deuda BILLONARIA que el Estado sostiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y por el rechazo a los recortes de la educación, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la vivienda, a la cultura y a los demás programas de bien social.
La movilización además busca exigir soberanía alimentaria y tierra para quien la trabaja; también el respeto a la defensa de los derechos y las conquistas de las mujeres trabajadoras.
El Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, por medio de un video, hace un llamado a la acción, enfatizando el valor que tiene la Caja Costarricense del Seguro Social, y la capacidad de los egresados de la UCR que laboran dentro de la Caja. Con este mensaje, recalca la importancia de tener salarios competitivos dentro de la institución, que el gobierno cancele su deuda con la Caja, que se continúe con la construcción del hospital de Cartago y la reapertura del programa de servicio social obligatorio.
Grupos como: Mujeres por Costa Rica piden ¡Por la seguridad social, pública y universal! Centrales sindicales (Central General de Trabajadores, Confederación Unitaria de Trabajadores y Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos) piden marchar por la institucionalidad pública y constitucional, Agua para las comunidades y los servicios de la CCSS. La Unión Sindical de la CCSS marchan en busca de la defensa de la CCSS y la institucionalidad pública, además piden la salida de la jerarca Marta Esquivel.
Dania Obando Castilla, secretaria General de SITRAPA, señala que efectivamente la organización sindical SDTG (Sindicato Democrático de los Trabajadores de Golfito) brindó información imprecisa a los trabajadores de Industrial Aceitera Coto 54, como mecanismo para retrasar y limitar la mesa de negociación solicitada por SITRAPA, para la fecha 27 de agosto de 2022.
Esta negociación era una convención colectiva, que se discutía con la Industria Aceitera Coto 54. Habían ofrecido a los trabajadores 100 mil colones en préstamos, para que se afiliaron a SDTG y a su vez que completaran solo nombre y firmas para boletas de inscripción de SDTG con una fecha previa del 27 de agosto del 2022; con estas acciones se obstaculiza la labor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señala la dirigente.
Este engaño a los trabajadores añade Dania Obando, también implica que el MTSS ya dio una resolución, que Johnny Steven Pérez Mena y otros dirigentes alteraron información y utilizaron bienes económicos para que escribieran el nombre, con fecha en blanco donde SDTG escribían una fecha previa al 27 de agosto cuando esto no era así.
¿Cómo se caracteriza el trabajo en las plantaciones de banano y piña? Conversamos con Didier Alexander Leitón Valverde del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas sobre las condiciones laborales que enfrentan las personas trabajadores de los agrocultivos de banano y piña, especialmente en el caso del Caribe costarricense.
En esta ocasión conversamos con Dania Obando, Secretaria General Sindicato Industrial de Trabajadores de la Palma Africana y Afines para conocer desde su experiencia que está pasando en las plantaciones de palma ¿Qué tensiones enfrentan para la defensa de los derechos? ¿Cómo se vive el liderazgo de una mujer en el sindicato?
El Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) de Costa Rica, se suma a una extensa lista de afiliadas y organizaciones fraternas que manifiestan su mayor respaldo al movimiento obrero argentino y sus acciones contra el gobierno de Milei.
La masa obrera costarricense lucha también contra un gobierno neoliberal que actúa flagrantemente para el beneficio exclusivo de las transnacionales agroexportadoras y las corporaciones financieras.
