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Etiqueta: sistema de salud

La reforma al sistema de salud en Colombia y la oposición obtusa que la objeta

Carlos Meneses Reyes

La Corte Constitucional tiene una función de defensa integral de la Constitución Política (CP91). La mediática golpista le da un carácter de órgano de control, lo cual no tiene, como también es falso que influya en lo de control y «equilibrio de poderes».

Las acciones contra las leyes aprobadas se llaman de control de constitucionalidad. No aplica sobre proyectos de ley en trámite en el congreso. Se detienen – esos especuladores, que no intérpretes – en el trámite que se está dando a la ley que reforma el sistema de salud. Dicen que es una ley estatutaria y el gobierno la adelanta como una ley ordinaria.

La obtusa oposición prepara el terreno anticipado que la ley será objetada cuando sea aprobada. Sabemos que independiente del trámite dado la mafia blanca la objetará. Se trata de una ley de reforma y no de creación de un sistema de salud, pues el trámite es de una ley ordinaria. Si se tratare de una ley que crea en Colombia un sistema de salud, como cuando se concibió la fatídica ley 100 de 1993, allí si nos encontramos con el trámite de una ley estatutaria o ley marco, como se conoce en el derecho comparado.

De otro lado, la alaraca sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional de admitir medidas cautelares de suspensión de efectos, en acciones de control de constitucionalidad de una ley, ya lo venía aplicando el Consejo de Estado para acciones contra actos administrativos o decretos.

Así que la suerte de la necesaria ley de reforma a la salud en Colombia está echada y otra cosa es que la enredadera jurídica la enmarañe, y la respuesta popular obvio que se saldrá de mi análisis jurídico.

¿Quién es el lobo?

Freddy Pacheco León

Mientras por un lado los carajos de la OCDE, anotan lo siguiente: «Mucho hay que alabar del sistema de salud de Costa Rica: su estabilidad institucional respecto al financiamiento y la planificación; un brazo proveedor cercanamente integrado pero claramente diferenciado, con una atención primaria fuerte en su base; un impresionante grado de coordinación intersectorial a nivel nacional y un diálogo efectivo entre los usuarios y los administradores de servicios de salud a nivel local, impulsando el mejoramiento del servicio. La innovación alrededor de los roles profesionales y el uso ambicioso de expedientes electrónicos de salud también son logros de los que otros sistemas de salud podrían aprender. Todo esto lleva a unos resultados de salud que están al nivel de varias economías de la OCDE: la esperanza de vida es de 79.9 años, comparada con los 80.6 que muestra el promedio de la OCDE, y menos del 1% de la población reporta no usar los servicios de salud debido a razones financieras».

Por otro, abogan por «Permitir al paciente la elección de su proveedor, incluidos los proveedores del sector privado (pagados con fondos públicos) cuando esto sea lo apropiado».

Ello mueve a preguntarnos, si lo que quieren es un sistema de seguridad social costarricense, fortalecido y más eficiente, o uno más cercano al que impera, por ejemplo, en los Estados Unidos y otras naciones, donde no existen sistemas de seguridad social universales y solidarios.

Algo preocupante, y hasta diríamos amenazante, pues permite vislumbrar, cual lobo de La Caperucita, un personaje esperando en un recodo del bosque, dispuesto a privatizar, el sistema de salud público costarricense.

Importancia de la medicina en la sociedad – papel del médico en los servicios nacionales

El pasado mes de junio se realizó la conferencia llamada “Importancia de la medicina en la sociedad y el papel del médico en los servicios nacionales”, impartida por el Dr. Juan Jaramillo Antillón. 

La charla abordó temas sobre la importancia del médico y sobre los problemas que presentan los médicos dentro del sistema de salud para dar excelentes servicios. Asimismo, se habló sobre los desafíos que tienen los pacientes del sistema de salud para recibir dichos servicios esenciales. 

Esta conferencia planteó la idea de la importancia de la empatía por parte de los médicos para poder construir en la sociedad un sistema de salud donde las relaciones entre pacientes y médicos sean saludables, estables y movilizadoras del mismo sistema de salud en sí para el bienestar de todos y todas. 

Compartimos la conferencia:

¿ COMUNIDAD? ¿IMAGINADA?

Por Memo Acuña ( Sociólogo y escritor costarricense)

Las primeras reacciones al decreto presidencial en Costa Rica que elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla y lo establece solo para personal de salud en la primera línea de atención, brindan de sobra elementos para seguir analizando la reestructuración sociocultural de una experiencia colectiva en declive.

En otro momento, la determinación presidencial habría dado paso a un estado de confianza mutua, basada en evidencias de que el comportamiento societal ha sido desde un inicio el de un grupo que ha sabido cuidarse en la solidaridad, el reconocimiento y el afecto. Las evidencias no existen, ni mucho menos las pruebas de que eso haya sido así durante los más de dos años que ha tomado esta contingencia sanitaria global.

Lo cierto es que en toda batalla cultural, los símbolos suelen aquilatarse más que los hechos. Y en este caso, la imagen de la mascarilla como fuerza simbólica que una vez más ha polarizado a este país, que es a su vez muchos países desde hace mucho tiempo, ha colocado en perspectiva una conducta, una actitud que debiera entenderse como bien común, pero que no lo es.

La batalla cultural que mencionamos tiene que ver en cómo ser comunidad a pesar de las violencias, la desigualdad, la fragmentación territorial, el despojo y la acumulación, el desdén de las élites por el resto del pueblo, la descalificación ad portas de la ciencia y el conocimiento, la ausencia de solidaridad y empatía por el otro, la otra. En estas circunstancias es difícil erigir una experiencia común.

La apelación al cuido, dicta el manual básico de atención en esta contingencia sanitaria, implica varias acciones sencillas pero que requieren una individualidad consciente de su entorno, del resto de la sociedad. Son tres reglas básicas repetidas hasta la saciedad: lavado de manos correcto y constante, distanciamiento físico y uso correcto de la mascarilla.

También dicta el manual que la mascarilla no solo lo protege a usted sino a quienes están a su alrededor en caso de que usted sea portador del virus. Esto, tan fácil de comprender, ha sido llevado al extremo de la defensa de las libertades individuales, como saldo quizá de lo que la acción del mercado le ha hecho a la psiquis de las personas: anteponer el bien individual al bien común.

No dudamos que existan personas que por su trabajo han debido usar el dispositivo por tiempos prolongados. Se justifica su fatiga. Pero son las menos. Bien lo han planteado algunos especialistas: este tema se ha politizado y su contenido médico ha sido sustituido por opiniones y argumentos poco calificados.

La hora nuestra es compleja y difícil. Ante el relajamiento de acciones tanto de política pública como personales, nos aprestamos a recorrer una quinta ola pandémica que incidirá no solo en aumento de casos y fallecimientos sino que impactará sobre un extenuado sistema hospitalario que una vez más deberá llevar el peso de la atención que provocará esta batalla cultural en marcha.

Lo ha dicho con tino el epidemiólogo costarricense Juan José Romero: se dejaron de atender enfermedades crónicas en este periodo de tiempo y esto incidirá a la larga en la salud pública de nuestras poblaciones.

El resultado de fondo es la constatación de que el proyecto de sociedad imaginada ha sido pulverizado. Esa experiencia de iguales fue sustituida por varias diferencias, notables que se recrean en el orden de lo sociopolítico y cultural. Lo hemos mencionado ya muchas veces: ante este resultado, la refundación se impone, el repensarnos como país es urgente.

Oscuras Perspectivas para el final de este 2021

German Masís M.

Con el propósito de adelantar un ejercicio prospectivo sobre lo que nos dejará la pandemia del COVID-19 y la Administración Alvarado en el año 2021 y siguientes, es posible visualizar un panorama de recuperación sanitaria y económica, lento y con grandes desafíos sociales e institucionales para los próximos dos años.

A nivel sanitario, la pandemia nos podría dejar un sistema de salud reforzado y mejor preparado, pero con un elevado déficit financiero de la Caja del Seguro Social y un déficit presupuestario del sector salud, que requerirá recursos extraordinarios.

En relación con la situación social y económica, la pandemia dejará secuelas muy profundas, toda vez que la emergencia lo que ha hecho es agudizar los problemas preexistentes como el déficit fiscal, la deuda pública, el desempleo, la pobreza y las desigualdades regionales, cuyas medidas de solución por parte de la Administración Alvarado resultarán insuficientes.

Las circunstancias económicas y políticas actuales indican que se mantendrá un déficit fiscal cercano al 7% de la producción y una deuda pública en constante crecimiento mayor al 70% de la misma, que junto a cifras de crecimiento económico del 2.5% según la OCDE (menos optimistas que las del Banco Central), no auguran una recuperación satisfactoria.

Parece claro que las medidas de la agenda del FMI permitirán gestionar a lo sumo una débil estabilidad económica, dado que las posibilidades de aprobación de los proyectos en la Asamblea Legislativa en esta coyuntura política preelectoral serán limitadas, siendo probable que los únicos proyectos que se aprueben en los próximos 6 meses sean los del crédito del FMI por 1,700 millones de dólares y a duras penas el de empleo público cuyas repercusiones económicas en todo caso no serán inmediatas.

Para los demás proyectos como el de renta global, rentas de capital y eliminación de exoneraciones, aporte solidario de empresas estatales e impuesto a los premios de lotería, las perspectivas son poco favorables, ya que existe una fuerte oposición de sectores e instituciones que ven afectados sus intereses generando presión sobre las fracciones legislativas opositoras.

La pandemia dejará secuelas socioeconómicas, como la vulnerabilidad y desaparición de muchas Pymes (3 mil en un año según el Ministerio de Economía), el crecimiento del empleo informal (más de 900 mil personas lo componen) y la constatación de la brecha digital en la educación (425 mil estudiantes no cuentan con conexión a internet según estudio reciente del MEP).

La Administración Alvarado, dejará unas finanzas públicas apenas estables, resultado de los primeros desembolsos del FMI, de los préstamos del BID y BCIE, de la venta bonos de deuda (en parte adquirida por los mismos bancos y empresas públicas), el leve crecimiento de las exportaciones y una mayor recaudación tributaria, también dejará avances cuestionados en infraestructura vial y un inviable proyecto de tren eléctrico para la GAM.

No obstante, su mayor falencia será en el aumento de las brechas socioeconómicas, tecnológicas, y territoriales y en la restricción de los derechos de los trabajadores y pensionados, en definitiva, nos dejará un país más desigual.

La política económica de esta Administración antes y después de la pandemia, ha estado más orientada a los grupos empresariales y sus actividades y ha favorecido un modelo de desarrollo que concentra riqueza, genera desempleo y que está creando pobreza.

Ese será el país del Bicentenario, con finanzas precarias, con un alto endeudamiento, carente de una reactivación económica y con grandes brechas sociales, lamentablemente frente a este oscuro panorama tampoco se escuchan propuestas serias y transformadoras de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones.

 

Imagen: UCR.

CONARE aboga por equilibrio ante la situación sanitaria y económica del país

17 de mayo del 2021. El creciente aumento de casos de COVID-19 y la saturación de los servicios de salud que atraviesa el país, provoca un dilema entre la salud y la economía, y una población desgastada ante las medidas sanitarias del último año y ante una percepción de falta de claridad de las decisiones del gobierno. Esta disyuntiva motivó al Consejo Nacional de Rectores (Conare), a elaborar un criterio ético sobre la distribución de recursos y procesos de vacunación durante la pandemia del Sars-Cov-2 en Costa Rica en el 2021.

El análisis fue realizado por profesionales de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, máster Sara Mora Ugalde y el doctor Allan González Estrada. Mediante este criterio ético pretende ser una guía que permita un respiro al sistema de salud y a la recuperación económica.

Según los especialistas un primer criterio ético es el mayor beneficio para el mayor número de personas, en el sentido de proveer las condiciones para satisfacer las necesidades del mayor número de personas posibles, con la premisa de que debe hacerse en el menor tiempo posible. Una justicia distributiva adecuada debería permitir el uso de vacunas de más casas farmacéuticas -aprobadas por los entes reguladores competentes a nivel nacional e internacional. Considerando el hecho de que, de acuerdo a Pfizer, es posible que se requiera una tercera dosis de la vacuna. De igual manera, una justicia de distribución adecuada debería facilitar centros como farmacias y otros lugares a gran escala la posibilidad de ofrecer la vacuna, para acelerar el proceso.

La división por grupos puede ser una opción, pero para efectos de un principio de beneficencia y justicia debería pensarse en el grupo de los profesionales de la salud, un grupo de personas de 58+, y un tercer grupo que sea la población identificada con una mayor vulnerabilidad en este momento, son las personas que constituyen la fuerza laboral que no puede elegir trabajar virtualmente, y que por su condición, puede transmitir el virus más fácilmente; este grupo ahora debería ser considerado como prioritario.

Equilibrio entre las necesidades económicas y la salud

Previendo el peligro que supone a la vida de las personas, se sugiere evitar el contagio como medida primaria ante el brote de Covid-19 por medio de medidas restrictivas de movilidad y actividad económica, sin embargo, una alternativa que sea más beneficiosa y más justa es apelar a una justicia distributiva interpretando los datos que contamos en este momento en la pandemia, pero esos datos deben interpretarse a partir de criterios de dignidad humana, beneficio y justicia, ya que sin salud y sin economía el ciudadano ve comprometidas sus herramientas de subsistencia, de ahí la responsabilidad del Estado de asegurar por medio de políticas claras un nivel de tranquilidad tanto en la población como en los sectores económicos que son motores importantes del desarrollo social y económico del país.

Esto requiere un compromiso de las partes formadoras de un contrato social, lo que implica actuar por deber, y hay un deber de responsabilidad de parte de las personas de informarse adecuadamente y de actuar para minimizar el daño hacia los otros, pero también de que esta información se transmita de manera adecuada, solo con esta colaboración, se puede lograr un éxito para minimizar los impactos de la Covid-19 a corto plazo, pero a largo plazo las medidas se tendrán que tomar bajo una adecuada justicia distributiva, en otras palabras, en una sociedad injusta, sin instituciones redistributivas adecuadas, los costos individuales del encierro serán mucho más altos para los más desfavorecidos, por eso es necesario una justa distribución de las cargas y protección a los más vulnerables ya que están más limitados a protegerse de los riesgos.

Se requiere mayor transparencia en el uso de recursos, porque existe desconocimiento en cuanto a los acuerdos para las compras de las vacunas, cantidades por entregar, lo que imposibilita un cálculo acertado del momento en el que la población costarricense podría alcanzar la inmunidad de rebaño o un porcentaje que comience a minimizar la cantidad de contagios y por consiguiente la presión al sistema de salud. Esta incertidumbre tiene un impacto sobre el planeamiento de las actividades institucionales, pero también personales, teniendo como resultado una afectación sobre la salud mental, por lo que es imperativo un llamado a las instituciones relevantes a aumentar la velocidad de vacunación, a corto plazo, y velar por la transparencia en el proceso.

Riesgo del sistema sanitario

Una de las recomendaciones más importantes para hacer frente a la pandemia, era no poner en riesgo el sistema sanitario. Por lo que la protección y el cuidado de la salud mental y física del personal, así como la toma de decisiones anticipada para evitar la saturación, era necesaria desde las primeras fases. Sin embargo, el agotamiento del personal de salud y la sobrecarga en el sistema, reflejan que las decisiones de los últimos meses, no han tenido el efecto deseado, se recomienda realizar un estudio de los cambios que se han producido a partir de la aparición del COVID-19 en el país, con el fin de generar políticas públicas que fortalezcan el sistema de salud público, así como las herramientas legales necesarias para hacer frente a este tipo de emergencias, incluyendo desde protocolos de migración y consulares, hasta modificaciones normativas para situaciones extraordinarias, en concordancia con los principios de beneficencia y justicia.

Se propone la necesidad imperativa de hacer una revisión transparente de la capacidad del sistema sanitario, no en términos de espacios totales existentes, sino en capacidad real, generar proyecciones reales de la cantidad de personal y las posibilidades de atender a la población en diferentes horarios sin llegar al desgaste de los colaboradores, quienes son claves para la respuesta de la emergencia. Se recomienda, el análisis de medidas alternativa, tendientes a fortalecer la capacidad, por ejemplo: alquiler de estructuras existentes y acondicionarlas para cumplir con la función hospitalaria (como hoteles que actualmente presentan baja o nula ocupación), identificar las industrias nacionales que podrían proveer de insumos nacionales para la salud, incluir personal sanitario que no haya sido previamente considerado, como por ejemplo estudiantes de último año.

Documento completo: https://www.conare.ac.cr/noticias/276-criterio-etico-de-distribucion-de-recursos-y-procesos-de-vacunacion-durante-la-pandemia-del-sars-cov-2-en-costa-rica-en-el-2021

***Mayor Información con: Maribelle Quirós J, directora de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, (8720-4908).

 

UNAComunica
Oficina Comunicación UNA

*Imagen ilustrativa, UCR.

El fracaso del gobierno

Marcos Chinchilla Montes

Si algo ha caracterizado a este gobierno, es su falta de voluntad para escuchar y tomar en cuenta los intereses de la población y de los movimientos sociales -y más recientemente a la ciencia; o pongámoslo en otros términos, suele solo sentarse a conversar y negociar con el empresariado que le resulta afín, porque el gobierno mismo es el empresariado.

El manejo público de la pandemia lamentablemente ha estado determinado por la imposición de los intereses empresariales, y cónsono con ello, las medidas han sido y siguen siendo reacias a restricciones a la movilidad que afecten los negocios – argumentando que se hace para proteger el empleo.

Arribamos entonces al temido momento de la pesadilla: la incapacidad del sistema de salud para atender los casos más graves de los nuevos miles de contagiados diarios. Se impuso a la postre, el “bolsonatrumpismo”, miles de inesperadas personas muertas gracias a la desidia del gobierno de Carlos Alvarado en complicidad con un sector del empresariado que antepone sus intereses ante la vida misma de la población costarricense.

La carta que le remitió hoy la Unión Médica Nacional al presidente Alvarado plantea 10 medidas concretas para incidir de manera contundente en el crecimiento de contagios, pero tengo la sospecha que el gobierno tomará nota de su recepción y la archivará; quizás con cuatro o seis mil nuevos casos de contagios diarios, y una economía naufragando en muertos, finalmente el gobierno termine reconociendo que fracasó en la atención de lo que podríamos denominar su mandato más relevante: el derecho a la vida misma de la población costarricense.

CARTA ABIERTA A LA HUMANIDAD

SURCOS comparte el siguiente manifiesto:

«Vivimos en tiempos oscuros, donde las peores personas han perdido el miedo y las mejores han perdido la esperanza». Hannah Arendt

Brasil pide ayuda a gritos.

Brasileños y brasileñas comprometidos con la vida son rehenes del genocida Jair Bolsonaro, que ostenta la presidencia de Brasil, junto con una banda de fanáticos impulsados por la irracionalidad fascista.

Este hombre sin humanidad niega la ciencia, la vida, la protección del medio ambiente y la compasión. El odio al otro es su razón para ejercer el poder.

Brasil sufre hoy el colapso provocado del sistema de salud. El descuido de la vacunación y las medidas preventivas básicas, el fomento de la aglomeración y la ruptura del confinamiento, sumado a la ausencia total de una política de salud, crean el ambiente ideal para nuevas mutaciones del virus, y ponen en peligro a los países vecinos y a toda la población. Vemos con horror el exterminio sistemático de nuestra población, especialmente de los pobres, quilombolas e indígenas.

Brasil se ha convertido en una “cámara de gas” a cielo abierto.

El monstruoso gobierno genocida de Bolsonaro ha pasado de ser sólo una amenaza para Brasil, a convertirse en una amenaza global.

Apelamos a los organismos nacionales – STF, OAB, Congreso Nacional, CNBB – ya la OSM y las Naciones Unidas. Instamos a la Corte Penal Internacional (CPI) a condenar urgentemente la política genocida de ese gobierno que amenaza a la civilización.

La vida por encima de todo

Para firmar:
https://forms.gle/H8Y8pQMe3WhYjQrZA

 

Imagen ilustrativa tomada del Blog de Salmon.

Agenda setting y pánico moral: 25 años de discurso y prácticas contra el sector público en Costa Rica

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En la segunda mitad de los años noventa un medio de comunicación hegemónico realizó un programa especial televisivo sobre el déficit fiscal en Costa Rica. Llamó a los invitados de su panel “Comisión de alto nivel” y desde ese espacio, en una especie de “consejo de mayores”, decretaron sin reparo y sin contrapeso, que el problema que enfrentaba Costa Rica tenía que ver con el tamaño del Estado, la ineficiencia de sus instituciones, el mal desempeño de los funcionarios públicos, lo que había convertido el déficit fiscal un problema inmanejable. Esa noche acordaron que para reducir ese déficit había que hacer reingenieria, reducción, desmantelamiento del sector público.

La construcción del discurso, de la agenda mediática, caló en la opinión pública. La idea del elefante público empezó a cristalizar sobre la base de una muy bien cimentada estrategia de comunicación. A lo mejor el discurso no se apegaba tanto a la realidad. Pero era efectivo. Al decir de personas académicas de la calidad de la economista costarricense María Eugenia Trejos, lo del déficit fiscal era «un problema inventado».

Se abría así una agenda permanente y sistemática que cumple ya 25 años de haber sido instalada en la discusión pública.

En este periodo han transitado distintas administraciones que palabras más palabras menos adhieren las tesis de esa agenda mediática feroz y disolvente. Sin embargo el escenario actual no tiene comparación: llegamos a un momento histórico en el cual intereses privados, medios de comunicación empresariales y un conjunto de tecnócratas mal preparados o mal intencionados y políticamente torpes ubicados en esferas gubernamentales, han empezado a asestar un golpe letal a esa comunidad imaginada, horizontal y abarcadora, llamada sociedad costarricense.

También hay que decirlo: la estocada no solo proviene desde una recomposición aglutinadora de la hegemonía neoliberal que ha encontrado por primera vez en mucho tiempo una caja de resonancia en amplios sectores de la población, dado el trabajo incansable de los medios de comunicación y los formadores de opinión que un día sí y otro también posicionan sin reparo la idea que el sector público, sus instituciones, sus empleados, son cuasi delincuentes que deben ser alineados estandarizando y precarizando sus condiciones laborales a la baja, tal y como sucede en muchas actividades del sector privado.

El ejemplo de las condiciones infrahumanas de las personas trabajadoras en el sector piñero que saltó a la vista en los primeros meses de pandemia es una muestra de hacia donde quieren estandarizar los derechos laborales de todos y todas quienes suscriben la tesis del desmantelamiento del sector público, o como han dicho de forma elegante, «poner en cintura ese elefante». Ahora, con la negociación de un nuevo préstamo con organismos financieros como el FMI, las tesis monetaristas y reduccionistas han ganado espacio, junto a esa construcción permanente de descrédito a las instituciones públicas y sus personas trabajadoras.

La estocada es efectiva no solo por un periodo prolongado de agenda mediática, empresarial y política o por el poder desestabilizador e inmovilizador de la pandemia y sus efectos en las subjetividades políticas; también se recrea por una debilidad estructural y estratégica notable en sectores sociales, gremios, organizaciones de las personas trabajadoras que se ha venido acrecentando durante los últimos años en materia de respuesta, estrategia y comunicación hacia la ciudadanía. Años de despolitización, amedrentamiento y producción del miedo a la acción colectiva han dado finalmente resultados.

Es incuestionable la necesidad de apuntalar procesos de revisión internos en muchas instituciones públicas, que equilibren algunas distorsiones creadas en el pasado en materia de distribución, atinencia, remuneración. Pero el punto es que la opinión pública ha sido orientada a una sola dimensión (la del tema salarial) sin reparar abiertamente en otros procesos relacionados con los aportes de la institucionalidad al desarrollo costarricense.

La idea sistemática, por ejemplo, sobre las universidades públicas como «territorios libres» que deben ser corregidos por esos tecnócratas mal preparados y mal intencionados, es quizá una de las mayores nociones instaladas en el imaginario colectivo, que se ha volcado cual vocero de los sectores privados a pedir cuentas y poner el dedo acusador sobre dichas instituciones.

La guerra está declarada. Una polarización mas profunda que la política electoral se ha instalado en la sociedad costarricense y pareciera no tener retorno. La hegemonía neoliberal ha encontrado sustancia en el encono de unos contra otros y a partir de allí todo le ha resultado más sencillo, empezando por el desmantelamiento del pensamiento crítico y cuestionador, que es la base de toda acción universitaria autónoma.

25 años de agenda continua han dado sus frutos. Stanley Cohen (1972) introdujo por primera vez el término «pánico moral» que luego encontraría polisemias y varios significados. Para el autor, este concepto refiere a un episodio que surge y se convierte en amenaza latente para los intereses de grupos o valores sociales y pueden ser sostenidos en el tiempo.

El discurso desestructurador de lo público en Costa Rica tiene hoy su corolario porque ha generado incertidumbre, ha construido miedos del tipo «sino se cierran instituciones estatales y se regulan los salarios de todas las personas funcionarias del sector público, Costa Rica se enrumba a una crisis irreversible». De nuevo, la responsabilidad recae en los sectores trabajadores pero nada se menciona sobre el comportamiento rapaz, acumulador y extractivo de las elites que se amparan bajo un sistema tributario desigual y castigador para los grupos bajos y medios. Al mismo tiempo la idea de la amenaza para el sistema democrático e institucional costarricense se ha fortalecido proponiendo una responsabilidad unívoca, de nuevo, en el tamaño del estado, sus instituciones y las condiciones sociolaborales persistentes.

El trabajo simbólico, ideológico y discursivo ha sido ejecutado a la perfección.

En una época de notables aportes desde lo público, tales como la salud y seguridad social, el trabajo serio de las universidades en la investigación científica para abordar la pandemia desde diversas aristas entre las cuales el acompañamiento a las poblaciones y comunidades continua siendo impulsado, corresponde anteponer nuevas formas colectivas y ciudadanas de respuesta a la hegemonía neoliberal conjuntada en gobierno, medios de comunicación y sectores empresariales deslocalízados y articulados hacia afuera.

Es urgente y necesario.

 

Foto: Semanario Universidad.

Honduras en llamas

Marlin Oscar Ávila

Cuando al menos la mitad de la institucionalidad catracha ha sido destruida y corrompida, todo el país se desploma y cae en pedazos. Nada funciona adecuadamente.

Los servicios básicos al público, incluyendo los privatizados, son sumamente ineficientes. Hospitales y clínicas privadas están cobrando hasta diez veces los precios, porque el gobierno no les controla, al contrario, funcionarios públicos se asocian a ellos. Frecuentemente la energía eléctrica, privatizada, no funciona, por ende, el internet, los celulares, todo esto privatizado, mantiene un deficiente servicio. En mucho, la industria y comercio apenas funciona horas si tienen instalada plantas generadoras privadas. El sistema educativo, ahora más dependiente (a distancia) de la energía eléctrica, consecuentemente, tampoco funciona casi en un 50 por ciento.

El sistema de salud, como el peor del continente, termina en un mar de lágrimas y un funeral inagotable, sin dejar un minuto de respiro. No se logra un manejo confiable del Coronavirus, aunque esta población de 9 millones acepte casa por cárcel para el resto del año y más allá. Se dan instrucciones desde comisiones políticas, más que técnicas, pero no se dice por cuánto tiempo, dada la inexistencia de una estrategia viable, apegada a la realidad. El gremio médico, quien a través de su colegio ha hecho propuestas adecuadas a las circunstancias, no ha sido escuchado por los políticos en el poder, aun cuando sigue luchando contra decisiones descabelladas, siendo otra víctima al frente de esa guerra global contra el Covid-19, pero sin herramientas de combate. Honduras dispone de escasa investigación científica, su recurso humano intelectual ha carecido de apoyo oficial en toda la historia y menos ahora.

Los partidos políticos, están entusiasmados haciendo campañas políticas para tomar el poder, pero sí lo ganan no sabrían qué hacer, pues su objetivo llega hasta allí: tomar el poder. Que Dios nos guarde, después, con los pleitos que se darán por beneficios a la clase política que gane.

La sabiduría popular no está lejos de saber esto. Sí lo deseado por más del 80 por ciento de la población en cuanto a que desde EUA saquen, extraditen, expulsen, les corten las ayudas externas, a la cúpula gobernante, sencillamente es porque no creen que la oposición nacional lo haga. Por eso, un significativo porcentaje de trabajadores y juventud emigra, aun sabiendo los altos riesgos que conlleva irse hacia el norte. Sí la oposición ha tenido 11 años sin lograr hacer un cambio estructural, ahora que han visto que Bolivia lo hizo en 11 meses, saben que ha habido más que un error o desinterés en la dirigencia de la oposición local para concretar el cambio a fondo exigido.

Decir esto, molesta a los que dicen ser de izquierda, pero el cuestionamiento lo dan los hechos y no las palabras. Desde luego, hay escasas excepciones en este asunto. Quién se atreve a levantar su voz crítica dentro de la oposición, se arriesga a ser linchado por sus correligionarios.

La gran pena es ese pueblo trabajador, marginado del sistema de salud pública, al cual le siguen robando hasta lo más elemental para su salud. Cuando fallece un ciudadano humilde, simplemente lo entierran en una fosa común.

Ya no podemos hablar de un «sistema de educación» puesto que hasta esto se le ha sobrecargado a los padres y madres de familia. A adultos con un promedio de educación formal de cuarto grado de primaria, sino es menor, con los efectos del año 2020. Sin acceso a medios electrónicos y sin internet, no digamos a una computadora que les cuesta más de un año de salario. La señal electrónica cubre un tercio de la zona rural, si hay fluido eléctrico. Una proporción elevada de municipios de tercera categoría viven a oscuras la mayoría del tiempo.

No existe duda alguna que este gobierno está manejado por una mafia de narcos, que el poder fáctico se ha beneficiado a lo grande, por lo que un cambio de poder a manos de una izquierda democrática popular (quien ganó las dos últimas elecciones, pero perdió por fraude), será muy difícil que obtenga el beneplácito del nuevo gobierno de EUA y de la banca, comercio e industria nacional con mayor influencia política actualmente.

Muchos analistas ven nuevamente la preparación de un nuevo fraude para noviembre del presente año.

Así que el futuro inmediato es incierto, tanto para los partidos progresistas. Irónicamente, el mismo gobernante, quien ahora solamente parece sostenerse en el poder de la cúpula militar y financiera nacional tiene seguro su futuro inmediato. Algunos analistas piensan que, al solo concluir su mandato, será extraditado por la Corte Suprema estadounidense.

 Este pueblo quiere ver, ansiosamente, lo que Joe Biden hará con el presidente Juan Orlando Hernández, líder de un cartel de drogas, según datos de la Corte de Nueva York.

Este pueblo ha resistido más de lo imaginable y aunque le sigan cerrando rutas de salida, seguirá tratando de escaparse, pues su barco está en llamas.