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• Dejarían a centros educativos sin comedores

• ¢6.400 millones menos para el 2022

El proyecto de Ley de presupuesto presentado por el Gobierno, el pasado 1 de setiembre, a la Asamblea Legislativa incluye un recorte al programa de comedores escolares por ¢6.400 millones de colones, lo cual implica castigar a la población más vulnerable, según lo informó Ivannia Briceño Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras Escolares de Comedores Escolares (SITRACOME). De acuerdo con Briceño, parece mentira que el mismo Gobierno que promovió declarar a los comedores escolares como servicio esencial para efectos de prohibir las protestas contra políticas públicas, es el mismo que deja sin recursos para el 2022 a un programa tan sensible como es la alimentación de los estudiantes del Ministerio de Educación Pública (MEP). El Programa de Alimentación y Nutrición Escolar y del Adolescente (PANEA) cuenta con una cobertura del 95% de los centros educativos públicos del país y beneficia a 850 mil estudiantes de 4.500 escuelas y colegios en todas sus modalidades y ciclos explicó la representante de SITRACOME, quien pidió a los diputados no abandonar a las trabajadoras que son contratadas por las Juntas de Educación y que sufren constantemente violaciones a sus derechos laborales porque se les atrasa el pago de su salario, aguinaldo, vacaciones y el seguro social. “Creemos que si se aplica la reducción de los ¢6.400 millones planteado en el proyecto de presupuesto, es como hacer desaparecer a las cocineras de los comedores estudiantiles, porque las Juntas de Educación deberán ver cómo hacen para gastar menos en compras de alimentos, como en la contratación de las servidoras, que suman más de 7 mil”, apuntó la representante de SITRACOME. 

Por lo anterior, SITRACOME hace un llamado a los diputados para que analicen bien el panorama que implica la disminución de los recursos y tomen la decisión de equiparar los derechos de estas trabajadoras con el resto de las que laboran directamente con el MEP y autorice la contratación directa para que ellas no dependan de las Juntas Administrativas y de Educación que son nombradas por las Municipalidades. En la actualidad, las trabajadoras de los comedores son contratadas de dos formas: por el Ministerio de Educación Pública por medio del Servicio Civil (trabajadoras públicas) y las contratadas por las Juntas de Educación y Administrativas (trabajadoras privadas). De acuerdo con el MEP, las trabajadoras privadas contratadas por las Juntas de Educación y Administrativas a octubre del 2020, conformaban un total de 4.233 a tiempo completo y 1.168 en jornada de medio tiempo. El total de cocineras que actualmente colaboran en el PANEA asciende a 7.730. “Nosotros tenemos compañeras, que, a raíz, de la pandemia, fueron obligadas a ir a los centros educativos a hacer de guardas, conserjes, y muchas, sin recibir su salario. Lo que pedimos a los diputados es ponerse la mano en el corazón y eviten que cada tres años estas trabajadores, muchas jefas de hogar sean sometidas a cambios que generan trastornos en su vida familiar por irregularidades en sus nombramientos, despidos injustificados, inestabilidad laboral”, destacó Briceño Hernández de SITRACOME. Según la representante de SITRACOME, la Ley N° 9435, “Ley para Fortalecer el Programa de Comedores Escolares y Nutrición Escolar y Adolescente”, del 5 de abril de 2017, establece la obligación del Estado de garantizar la apertura de los comedores en tiempo lectivo y fuera del tiempo lectivo en los centros educativos públicos, ubicados en la zona rural y urbana, en cuyos distritos exista mayor incidencia y concentración de la pobreza. Lo anterior confirma, agrega la representante de las trabajadoras, la necesidad de que las cocineras de ese servicio cuenten con estabilidad laboral, como las que trabajan directamente con el MEP, porque de lo contrario, se está ante una odiosa discriminación. Briceño Hernández recordó que los comedores escolares son un servicio público que, según el Código de Trabajo, no está permitida la huelga. El Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), del total de personas cocineras nombradas por las juntas, un 6,2% se encuentran en pobreza extrema, un 20,1% en pobreza básica, un 16,6% se encuentran en situación de vulnerabilidad, 48,5 son no pobres y un 10,7% no se tiene conocimiento de su condición de pobreza. La estabilidad laboral les brindaría acceso a opciones de crédito, mayor tranquilidad en su entorno familiar, entre otros beneficios para su dignidad como personas trabajadoras.

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Compartido con SURCOS por Auxiliadora Zúñiga.