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Etiqueta: soberanía

La AEDIDH condena la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Luarca (Asturias), 8 de enero de 2026

El 3 de enero de 2026 Estados Unidos consumó una agresión militar contra la R.B. de Venezuela, meticulosamente ejecutada por las fuerzas armadas de EEUU. Fue precedida por un despliegue naval y aéreo sin precedentes frente a las costas de Venezuela, el bombardeo de buques civiles venezolanos, la ejecución sumaria de sus tripulantes y el secuestro de al menos dos petroleros que habían salido de puertos venezolanos.

En la noche del 2 al 3 de enero de 2026 un centenar de aviones militares de los EEUU bombardeó varios objetivos estratégicos y militares de Caracas, causando más de 50 fallecidos, un número indeterminado de heridos y sumiendo en la oscuridad a la capital. Simultáneamente, un comando de helicópteros transportando unos 200 militares estadounidenses, aterrizó en las proximidades del palacio presidencial y secuestró por la fuerza al presidente de la nación y su esposa. Ambos fueron conducidos por sus secuestradores hasta Nueva York y acusados ante un tribunal local de narcotráfico y terrorismo.

Estos hechos constituyen una agresión militar directamente ordenada por el presidente de los EEUU, igualmente culpable de un crimen contra la paz, pues suponen la violación flagrante de los propósitos y principios que se proclaman en la Carta de las Naciones Unidas de 1945, particularmente los principios de prohibición de la amenaza y uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política (art. 2.4) de Venezuela; de no intervención en los asuntos de la jurisdicción interna (art. 2.7) de Venezuela; y de arreglo pacífico de las controversias, de conformidad con el derecho internacional (art. 2.3). También se han violado las inmunidades e inviolabilidades que el derecho internacional reconoce a los jefes de Estado y de Gobierno en activo.

El derecho internacional de los derechos humanos ha resultado igualmente violado, en particular el art. 1 (común) de los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. El indisimulado propósito de los EEUU de adueñarse de los inmensos recursos petroleros y otras riquezas naturales del país, agravará aún más la penosa situación de los derechos humanos en la R.B. de Venezuela, tal y como ha sido descrita por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La Misión ha llamado a mantener la atención en las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, tales como ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas, la detención arbitraria de más de 900 presos políticos o el exilio de más de siete millones de venezolanos. Las autoridades venezolanas deberán responder de tales violaciones a los derechos humanos, incluso ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad cometidos.

El derecho humano a la paz, que la AEDIDH defiende a través del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, de 30 de enero de 2023, (https://aedidh.org/wp-content/uploads/2023/02/DHP-30.1.2023-final.pdf) ha sido también seriamente violado, pues las personas y pueblos que sufren agresión, colonialismo, neocolonialismo y otros crímenes internacionales, “merecen una atención especial como víctimas de violaciones del derecho humano a la paz” (art. 2.3). La Declaración llama también a los Estados a obedecer “la obligación legal de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales» (art. 3.4); a abstenerse de “imponer sanciones unilaterales” (art. 3.5); y respetar “el derecho de todos los pueblos a la libre determinación” (art. 3.8). Por su parte, las víctimas de violaciones a los derechos humanos “tienen el derecho a la verdad, a una compensación, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición” (art. 7.7).

Denunciamos la agresión militar del 3 de enero de 2026 porque precipita aún más a la comunidad internacional en un abismo de incertidumbre, conflicto y desestabilización regional y mundial, un desorden internacional sin reglas que responde a la ley del más fuerte y a las pretensiones imperiales de los EEUU, que ya ha amenazado a otros países de la región como Colombia, Panamá, Cuba, México, incluso Groenlandia. Es un precedente peligrosísimo que nos devuelve a la guerra fría y al pasado intervencionista de los EEUU, alejándonos aún más de la paz en el mundo. Nos interpela a reclamar a nuestros gobiernos una reacción coordinada en defensa del multilateralismo y del derecho internacional, del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos sin distinciones, incluido el derecho humano a la paz.

En cuanto a Venezuela, reiteramos junto a la Misión internacional independiente de determinación de los hechos que las autoridades deben liberar inmediatamente a todos los presos políticos, así como respetar los derechos humanos y libertades fundamentales internacionalmente reconocidos y aceptados por Venezuela. En particular, las autoridades venezolanas deben restablecer el Estado de derecho, asegurar la independencia del poder judicial y respetar las libertades públicas, incluida la libertad de prensa, que permitan la celebración de elecciones libres y democráticas bajo supervisión de las Naciones Unidas, de modo que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho de libre determinación, eligiendo en libertad a sus representantes políticos en el más breve plazo posible.

Cuba reitera su disposición a un diálogo soberano y respetuoso con Estados Unidos

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El Gobierno de Cuba afirmó que no existen conversaciones políticas con el Gobierno de Estados Unidos, más allá de contactos técnicos limitados al ámbito migratorio, y reiteró que siempre ha mantenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos estadounidenses, incluido el actual, sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo y los principios del Derecho Internacional.

Según se indicó, cualquier intercambio entre ambos países debe darse sin injerencia en los asuntos internos de Cuba, con pleno respeto a su independencia y con beneficio recíproco, rechazando prácticas de hostilidad, amenaza o coerción económica.

El pronunciamiento subraya que el origen y el extremo endurecimiento del bloqueo contra Cuba no guardan relación con los cubanos residentes en Estados Unidos, muchos de los cuales fueron empujados a emigrar como consecuencia directa de esa política y de los privilegios establecidos por la Ley de Ajuste Cubano. Actualmente, se señala, estas personas son víctimas tanto del cambio en las políticas migratorias estadounidenses como de lo que se califica como la traición de políticos radicados en Miami.

Cuba recordó además que existen Acuerdos Migratorios bilaterales vigentes, los cuales el país cumple de manera escrupulosa, reafirmando su compromiso con una gestión migratoria ordenada y basada en compromisos internacionales.

El mensaje enfatiza que, como demuestra la historia, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos solo pueden avanzar si se fundamentan en el respeto al Derecho Internacional, y no en la confrontación, la amenaza ni la coerción económica.

Estas declaraciones corresponden a un mensaje del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, emitido en respuesta a nuevas amenazas y ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba y su soberanía.

Cinco puntos, desde el contexto costarricense, sobre el ataque de Trump a Venezuela

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Por César López Dávila

1- Responsabilidad ante el privilegio de la paz: Costa Rica es reconocido a nivel global como un país de paz, destacando por su abolición del ejército hace décadas y su enfoque en la diplomacia. Quienes habitamos la República, somos privilegiados de tener setenta y ocho años de no sufrir las consecuencias de un conflicto bélico a lo interno nuestras fronteras.

Ese privilegio implica la responsabilidad de no tomar posturas ligeras (ni exaltar pasiones como si se tratara de un partido de fútbol), ante una acción bélica militar, en ningún lugar del mundo; pero muy especialmente en nuestra región latinoamericana.

Recordemos que los misiles no tienen bando, sacuden la tierra, dejan dolor y destrucción a su paso.

El privilegio que tenemos los costarricenses, implica la gran responsabilidad de no legitimar actos de guerra. Los habitantes de un país orgulloso de no tener ejército, no podemos alegrarnos que un país con ejército destroce a bombazos, en parte o entera, a otra nación soberana. Lo contrario implicaría una doble moral ante nuestra idiosincracia, como país de paz.

2- Pensamiento crítico para indagar más allá de las apariencias: Ya desde la antigua Grecia, el dramaturgo Esquilo (525 – 456 a.C.), con la frase “la verdad es la primera víctima de la guerra”, condensa la idea de que, en tiempos de guerra, la información se manipula y la realidad se oscurece, haciendo de la verdad una de las principales bajas.

La responsabilidad ante el privilegio de la paz requiere de ser crítico ante la propaganda de guerra, entendida como aquella difusión masiva de información (a menudo sesgada) para influir en la opinión pública, buscando justificar el conflicto, movilizar apoyo, mediante el uso de emociones, y narrativas que presentan una visión favorable de quien impulsa la agresión bélica. Este tipo de propaganda, nunca se presenta como tal, sino a través de noticias que resultan falsas, chotas, notas parciales; y demás iniciativas tanto en medios tradicionales, como en las nuevas y no tan nuevas redes sociales y sus distintos formatos.

El llamado “influjo mediático” aparece entonces en escena, en tanto empuje de los medios de comunicación, para moldear opiniones, sentimientos y comportamientos de la sociedad, influyendo en la construcción de percepciones, a través del posicionamiento de cierta narrativa. Con frecuencia a través del «condicionamiento operante», se busca que tengamos afinidad o simpatía, con mensajes convenientemente preparados para producir una respuesta que sea favorable a intereses particulares.

En tales contextos, el pensamiento crítico, esa capacidad del ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema, intentando esclarecer la veracidad; debe ser puesta en práctica para leer entre líneas, y ver más allá de las apariencias de la narrativa que domina la escena.

Sobre este mismo punto, y volviendo a Latinoamérica, el destacado escritor y periodista Uruguayo Eduardo Galeano, ya igualmente apuntaba décadas atrás: “Las guerras mienten. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: ‘yo mato para robar’. Siempre alegan nobles causas, como progreso y democracia.”

Sin embargo, las guerras que, en nombre de la democracia, justifican la agresión armada bajo la bandera de expandir o defender la libertad, la justicia y los derechos humanos, a menudo; encubren complejidades políticas, intereses estratégicos por recursos naturales o posiciones geográficas.

En este caso particular, necesario es recordar, que Donald Trump (quien hoy escuda sus actos bélicos en el ideal democrático), ha sido acusado en tribunales de su propio país, de atentar contra la democracia de EEUU por la toma del Capitolio. La comisión bipartidista a cargo de la investigación de la toma del Capitolio describió un plan de siete pasos ejecutado por Donald Trump para anular una elección democrática, libre y justa, en Estados Unidos. De acuerdo con los testimonios recogidos durante la investigación -el hoy de nuevo presidente- sabía que no había ocurrido un fraude generalizado pues su propio entorno se lo dijo y, aun así, convocó a una turba para que detuviera la entrega del poder a Joe Biden y, cuando el ataque comenzó, se quedó cruzado de brazos (The new York Times, 12/06/2022).

No nos llamemos a engaños, a Trump no le interesa la democracia de su país, menos la democracia de América Latina, a la que considera sus colonias o patio trasero. Su pose de paladín de la democracia es solo una fugaz puesta en escena, un eslogan de su marca de guerra, para distraer el pensamiento crítico, e ir tras su interés.

3- No perder de vista enseñanzas de la historia, ni los movimientos del tablero geopolítico: La historia y la geopolítica están intrínsecamente conectadas: la primera vislumbra el contexto y las causas profundas de los conflictos y alianzas; la segunda analiza cómo factores geográficos (ubicación, recursos, clima) influyen en las decisiones políticas y las relaciones de poder entre naciones.

El uso del pensamiento crítico implica indagar hechos históricos y nociones de geopolítica. Un vistazo a ambas disciplinas, evidencian la pérdida de hegemonía de los intereses del gobierno de Trump, y el resurgimiento de la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto en su política exterior.

Los gobiernos de Estados Unidos han intentado durante mucho tiempo inclinar la balanza en América Latina. La historia no miente, revela como han apoyado golpes militares, llevado a cabo operaciones encubiertas, invadido naciones soberanas (y respaldando dictadores militares en América Latina durante la guerra fría).

El origen de este tipo de accionar que considera a Latinoamérica su patio trasero se encuentra en la Doctrina Monroe (1823) que como política exterior de EE.UU, buscó sentar las bases para lograr hegemonía regional en América Latina. También en el Destino Manifiesto (1845), ideología que creía que EE.UU. tenía un derecho divino y deber de expandirse por Norteamérica, Centroamérica y el continente entero, para gobernar la América a su antojo.

Esto justificó la anexión de territorios como Texas y Oregón, la incursión de William Walker a Centroamérica, y demás invasiones durante décadas, en busca de consolidar su poder a través de la expansión territorial. Ambas ideologías (Doctrina Monroe y Destino Manifiesto), aunque distintas, se entrelazaron para impulsar el expansionismo estadounidense en el continente, a menudo ignorando los derechos de otros pueblos.

Aunque esta etapa se creía superada ante el derecho internacional y sus instituciones, lo cierto es que nuevamente están siendo retomadas. Si posterior a la Segunda Guerra Mundial, y al finalizar la guerra fría, EEUU posicionó su influencia mundial, esa influencia va lentamente en declive. Pese a serias alarmas su economía aún es fuerte, pero tecnológicamente están siendo superados. En resumen, el ascenso de China y la expansión de los BRICS como bloque económico anuncian una nueva etapa multipolar en la geopolítica.

Ante esta situación, Trump impregna en su política exterior la prioridad del control del hemisferio occidental, controlar el continente americano como retaguardia estratégica (materias primas, vías de comunicación, energía). Así consta en texto oficial del documento titulado “Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos” (NSS2025; The White House, 2025), anunciado a inicios de diciembre anterior, en lo que autodenominan como “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, y mediante el cual, se reedita a su manera la Doctrina Monroe de intervencionismo en Latinoamérica. Para Trump la doctrina Monroe es: hacemos lo que queremos en el hemisferio, porque pertenece a EE.UU. Esto al mejor estilo de la visión del filibustero William Walker y su incursión a Centroamérica (1855), siendo ahora más bien, un nuevo Pirata del Caribe.

Quizá por ello, Donald Trump comenzó el año pasado con promesas de apoderarse del canal de Panamá, tomar el control de Groenlandia y renombrar el golfo de México como golfo de América. Con la diferencia que el presente 2026, pasó de la retórica a las primeras bombas en territorios de Estados soberanos.

Desde meses más atrás, su objetivo real lo evidencian altos funcionarios de su gobierno, que han sido explícitos declarando. “Este es el barrio en el que vivimos”, dijo Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina hasta junio, quien sigue asesorando a la Casa Blanca. “Y no puedes ser la potencia global preeminente si no eres la potencia regional preeminente” (The New York Times en español, 17/11/2025).

Volviendo al tema que nos ocupa, es bueno tenerlo claro (así se evidenció en la conferencia de prensa de Trump luego de su agresión militar a Venezuela), el interés, no es la democracia sino la reserva de petróleo más grande del mundo. Venezuela cuenta con 303 000 millones de barriles de petróleo y 5.5 billones de metros cúbicos de gas (Forbes, 2026), además de gran riqueza mineral necesaria para la tecnología. Tal es el interés real, adueñarse por la fuerza del control de la riqueza de una nación soberana.

Lo anterior debe resultar inaceptable para quienes creemos en democracia y soberanía. La soberanía de los Estados, no es principio negociable (nada importa su tamaño, recursos, o ubicación en el mapa), esta resulta un principio inviolable. Hacerse de la vista gorda en cuanto a su flagrante violación de hoy en otras latitudes, implica el riesgo de legitimar la cuerda que nos cerque la garganta mañana, cuando lo que esté en apropiación, sea nuevamente, la estrategia de la geografía (la diversidad, o el recurso hídrico) de la región centroamericana.

EEUU no tiene derecho, como Trump ha dicho, de dirigir Venezuela. Menos aún de gestionar sus riquezas naturales. Por el contrario, la agresión militar impulsada por Trump no es solo violatoria del derecho internacional, sino que carece de legalidad ante el ordenamiento jurídico estadounidense, siendo inconstitucional. Así lo han iniciado a denunciar senadores como Bernie Sanders, y figuras políticas como Zohran Mamdani, actual alcalde de Nueva York (entre otros). De esto último también es menester llevar pulso e informarnos, más allá de las omisiones editoriales, las tendencias en los algoritmos, o los cercos mediáticos.

4- Abogar por la vigencia del derecho internacional, como alternativa a la ley de la selva: La ley de la selva, donde el más fuerte impone su voluntad dejando muerte a su paso, no puede ser la norma entre el concierto de las naciones.

Para evitar lo anterior, se ha establecido el derecho internacional, que sirve para regular las relaciones entre Estados, soberanos, organizaciones e instituciones internacionales y, a veces, individuos; estableciendo normas, tratados, principios y reglas, para evitar conflictos, promover la estabilidad global y mantener la paz.

No hay norma en el derecho internacional público que faculte la agresión militar impulsada por Trump hacia un país soberano. A las acciones hay que llamarlas por lo que son, el ataque militar del pasado tres de enero de Estados Unidos a Venezuela, se trata de una agresión armada que viola abiertamente el derecho internacional; vulnerando tanto el principio de la soberanía de los Estados, y a su vez, la prohibición del uso unilateral de la fuerza, establecida en la Carta de las Naciones Unidas (artículo y su inciso 4), así como la Carta de la Organización de Estados Americanos (artículo 3, acápites a, b, e, g, i; e igualmente los artículos del 19 al 22), entre otras resoluciones de instancias internacionales.

Tal violación del Derecho Internacional no debe ser noticia que alegre, sino que preocupe; sobre todo para un país como Costa Rica, sin ejército, y cuya seguridad global y respeto a su soberanía, se resguarda por completo, en el derecho internacional, los instrumentos jurídicos multilaterales, y sus instituciones hemisféricas y globales.

Ante toda agresión militar que desvirtúe lo anterior, nuestra prioridad como costarricenses debe ser la condena enérgica a la agresión militar del más fuerte (asentando responsabilidades), el llamado a la vuelta de la razón, la diplomacia, la desescalada del conflicto, y el retorno de la paz, etc.

5- El anhelo que América Latina y el Caribe sean un corredor de paz: En un mundo agitado por conflictos bélicos, en el cual repetidas veces, las agresiones militares se disfrazan de acciones altruistas, escondiendo intereses económicos, o geopolíticos que las impulsan en realidad; debemos tener claro las lecciones de la historia, comprendiendo que el aumento de agresiones y tensiones, perfectamente pueden derivar en graves conflictos regionales, o incluso en enfrentamientos globales.

La agresión bélica ordenada por Donald Trump a Venezuela no hace del mundo un lugar más seguro. Por el contrario, sienta un precedente para futuras agresiones militares a otros países de América Latina y el Caribe (o en otras partes del mundo). Legitima una lógica para que cualquier otro país ataque a otra nación para apoderarse de sus riquezas o cambiar sus gobiernos. Deja el mundo a la deriva de la fuerza bruta para dirimir diferencias. Tensa más el ambiente geopolítico hacia un desastroso conflicto global, que algunos intereses de industrias militares parecen irresponsablemente desear. De las guerras se sabe cómo inician, no cómo terminan.

Abogar siempre por el derecho universal a vivir sin violencia, conflictos armados ni amenazas, se hace hoy, como siempre necesario. Mantener lejos el doloroso monstruo de la guerra, resulta un ideal esencial, para lo cual, mantener América Latina y el Caribe como corredor de paz resulta ser una prioridad de gran importancia para la humanidad entera. Como habitantes de un país de paz, inmerso en la región latinoamericana, ese debe ser nuestro más legitimo anhelo.

Iglesia Presbiteriana de Venezuela condena la violencia, llama a la paz y defiende la soberanía

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Desde su identidad cristiana y su compromiso histórico con la dignidad humana, la vida, la justicia y la paz, la Iglesia Presbiteriana de Venezuela (IPV) emitió un comunicado oficial en el que rechaza de forma contundente la violencia y la intervención militar contra el territorio venezolano, y expresa su solidaridad con el pueblo ante los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026.

En el documento, la Iglesia señala que toda acción que genere muerte es contraria al Evangelio y a la práctica cristiana, por lo que manifiesta su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y destrucción del territorio nacional.

Asimismo, declara inaceptable la intervención militar y el bombardeo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, calificando estos hechos como una tragedia que ha vulnerado la dignidad del pueblo venezolano, su soberanía y su derecho a la autodeterminación.

La Iglesia Presbiteriana de Venezuela expresa su profundo dolor por las numerosas víctimas civiles y militares producto de esta acción, manifestando acompañamiento espiritual a sus familias y reconociendo el sufrimiento que hoy recae sobre el país.

El comunicado advierte que se trata de una situación grave que trasciende las fronteras nacionales, ya que afecta a la región y al mundo, al revertir principios fundamentales del derecho internacional y atentar contra la dignidad de los pueblos.

En un llamado amplio, la Iglesia dirige sus oraciones y su disposición de servicio al pueblo de Venezuela, al pueblo de los Estados Unidos y a los pueblos del mundo, así como a las iglesias y al gobierno venezolano, con el fin de contribuir al restablecimiento de la paz, la soberanía, la unidad y el amor cristiano.

De igual forma, invita a todas las comunidades de fe a mantener una práctica constante y consciente de oración, clamando con esperanza al Dios de la vida y de la historia, y a desarrollar acciones pastorales de apoyo a la salud emocional, física y a las necesidades básicas de la población, según las posibilidades de cada comunidad. También llama a participar activamente en todo esfuerzo que defienda la soberanía nacional dentro de un marco de diálogo, justicia y paz.

Como Iglesia cristiana, la IPV hace un llamado a mantener la calma y la confianza en Dios, recordando que la paz verdadera proviene de la justicia y del respeto a la vida.

Finalmente, expresa su agradecimiento a las personas, organizaciones religiosas, organizaciones civiles e instancias internacionales que han manifestado su solidaridad, ánimo y apoyo incondicional al pueblo venezolano y a la Iglesia Presbiteriana de Venezuela frente a los acontecimientos recientes.

El comunicado es suscrito por la Junta Coordinadora de la Iglesia Presbiteriana de Venezuela.

Venezuela convertida en teatro para una obra nueva, de un viejo libreto: geopolítica antes que democracia, Washington, Trump y la utilidad de Maduro

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JoseSo (José Solano-Saborío)

Yo y muchos latinoamericanos de verdad (el burro por delante), pasamos por todas las etapas del duelo, por la nueva afrenta a la soberanía de una república latinoamericana. En la noche lo discutía con un buen amigo, que me terminó acomodando mis ideas y pensamientos, por eso ¡gracias Jiddu!

Lo que acaba de ocurrir en Venezuela no parece un episodio aislado ni un arrebato tropical. Huele a libreto, a ensayo general de una obra donde los actores principales ya saben cómo termina la función, mientras el público —nosotros— vuelve a salir del teatro con la sensación de que pasó “algo grande”, pero sin entender realmente qué.

Cuando uno junta las piezas, la pregunta deja de ser si fue un show, y pasa a ser: ¿para quién fue el show?

El “dictador narco” armado hasta los dientes y que no disparó un tiro. La narrativa oficial occidental sobre Maduro es ya un cliché: “dictador narco, violento, sostenido por el Tren de Aragua, con el ejército mejor armado de la región, respaldado por la inteligencia rusa y la tecnología china, protegido por las mejores baterías antiaéreas del mundo”.

Si uno se traga completo ese relato, debería esperar que cualquier amenaza externa termine en:

– cierre del espacio aéreo,

– cadenas nacionales histéricas,

– movilización militar real,

– y una escalada al borde de la guerra.

Pero lo que vimos fue otra cosa: cero disparos, cero confrontación real, Maduro apareciendo relajado, casi burlón, con frases en inglés para la audiencia internacional, como si acabara de salir de un late night show, no de un intento desestabilizador serio.

Esa disonancia es importante: o la amenaza nunca fue tan grave como se nos vendió, o la respuesta fue deliberadamente moderada porque ya había acuerdos previos. En ambos escenarios, la idea del “dictador impredecible” pierde fuerza. Lo que aparece, más bien, es un régimen que sabe exactamente hasta dónde puede llegar sin incomodar a los verdaderos poderes con los que negocia.

Otro dato que no encaja con la narrativa épica de la confrontación total: las figuras clave del régimen permanecen intactas. La vicepresidenta, ya es una pieza central en los puentes con Washington, no es tocada.

Pero, sobre todo, Diosdado Cabello, verdadero poder militar y operador interno, sigue donde mismo, sin ruido, sin sanciones nuevas de alto impacto, sin intentos serios por aislarlo.

Si la prioridad real fuera “derrocar la dictadura” o “desarticular un narcoestado”, uno esperaría acciones directas sobre quienes sostienen el aparato de poder. Pero no. Lo que vemos es una especie de respeto tácito por la estructura básica del régimen.

Esto se parece menos a una cruzada por la democracia y más a una administración de equilibrios: que el régimen se mantenga suficiente para garantizar control territorial, contención migratoria y flujo estable de petróleo; pero lo bastante presionado como para seguir sentado en la mesa de negociación.

Aquí entra Estados Unidos en escena. El detalle importante no es si aparece Trump, Biden o cualquier otro. Es que, para Washington, Venezuela no es ante todo un drama democrático: es una pieza geopolítica.

Venezuela sirve como: primero, una válvula de ajuste energético por el petróleo disponible cuando conviene, presionable con sanciones cuando es útil.

Además, es un muro migratorio indirecto: un régimen que controla su población, aunque sea a costa de represión, puede ser un aliado incómodo pero funcional.

Ficha en la mesa con Rusia, China e Irán: Caracas es un recordatorio permanente de que, si estos actores se acercan demasiado, Washington todavía tiene herramientas para subir o bajar la temperatura.

En ese contexto, un show de tensión controlada con Maduro es útil para todos los que juegan “arriba”:

A Trump le permite alimentar su ego y su discurso de fuerza, de “poner en su lugar” a los enemigos de Estados Unidos.

A los demócratas les permite mostrarse duros sin comprometerse con una intervención real ni un cambio que podría desestabilizar la región. Siguen pensando en las elecciones de medio período de noviembre.

A Maduro le permite reafirmar su rol de “enemigo funcional”: imprescindible para justificar sanciones, negociaciones y presencia geopolítica, pero nunca lo bastante peligroso como para obligar a Washington a ir hasta el final.

El silencio sobre Epstein y otros silencios útiles:

Mientras tanto, algo llama la atención: el tema Venezuela ocupa titulares, paneles, discursos inflamados… mientras otros asuntos se desvanecen del foco mediático. El caso Epstein es el ejemplo más obvio: una trama que toca a élites financieras, políticas y mediáticas de alto nivel, y que de pronto desaparece o queda encapsulada en piezas aisladas, sin consecuencias proporcionales.

No es conspiración barata decir que la agenda pública es limitada. Solo caben pocos grandes temas a la vez. Y cuando uno de esos espacios se llena con “crisis en Venezuela”, automáticamente se desplaza el resto. Lo importante no es afirmar que “Venezuela se inventa para tapar Epstein”, sino entender que el sistema mediático es perfecto para administrar prioridades: amplificar lo que conviene, silenciar lo que incomoda.

En ese sentido, la sobreactuación en torno a Maduro cumple una función clara: organiza la conversación mundial en torno a un conflicto manejable, con villanos identificables y relatos fáciles de digerir, lejos de escándalos que cuestionan estructuras enteras de poder en Occidente.

Los grandes ausentes: ¿Y la oposición?

Mientras se negocia entre bastidores, la oposición democrática venezolana queda fuera de cuadro. María Corina Machado y el supuesto presidente legítimo apenas aparecen como notas al pie. No son actores centrales del libreto; son utilería.

Esto es brutal, pero necesario de decir: Para buena parte de las potencias, la oposición democrática es un recurso retórico, no un socio estratégico.

Sirve para justificar sanciones, para llenarse la boca con la palabra “democracia” y para apuntalar discursos de campaña. Pero cuando llegan las decisiones duras —¿Quién controla el territorio? ¿Quién garantiza que el petróleo fluya? ¿Quién mantiene el orden interno? — las potencias no miran a los demócratas, miran al régimen.

Por eso la sensación de ninguneo: porque es real. La lucha democrática venezolana existe, resiste, sufre, pero no es quien define el tablero. El régimen, con todos sus crímenes, sigue siendo el interlocutor útil.

Al final, la escena se repite:

Se construye un relato de confrontación total… Se amplifica el miedo, el drama, la urgencia…. Se habla de dictaduras, narcos, terror, guerra inminente…

Y cuando se baja el volumen, lo que queda es exactamente lo mismo: el régimen en el poder, los verdaderos jefes intocados, las potencias jugando a dos bandas, y la ciudadanía —dentro y fuera de Venezuela— reducida a espectadora.

La pregunta ya no es si “esto fue solo un show”.

La pregunta es: ¿cuántas veces más vamos a aceptar la entrada al teatro sin exigir ver el contrato de los actores?

Porque mientras sigamos consumiendo el conflicto como espectáculo, seguirán escribiendo libretos donde el costo lo pagan los pueblos y la ganancia se la reparten los mismos de siempre. Y ahí sí, una vez más, nos habrán vuelto a tomar por pollos.

La crisis en Venezuela exige una salida democrática, civil y conforme al derecho internacional

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

IDDECO

Desde IDDECO Internacional y sus sedes regionales, observamos con profunda preocupación los acontecimientos recientes en Venezuela derivados del bombardeo de su territorio y la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas militares de los Estados Unidos. Este hecho, de carácter extraordinario, no solo impacta el escenario político venezolano, sino que plantea interrogantes de alto calado sobre el respeto a la soberanía de Estado, los límites del uso de la fuerza y la vigencia del orden jurídico internacional.

Si bien durante años se ha documentado el deterioro democrático, la ausencia de elecciones libres, la falta de respeto a los derechos humanos y la erosión institucional en Venezuela, reiteramos que la remoción de un gobierno por medios militares externos no constituye, por sí misma, una transición democrática ni garantiza la restitución del Estado de derecho. Por el contrario, configura un contexto de profunda inestabilidad política y de elevados riesgos para los derechos humanos, que debe ser abordado con responsabilidad, apego a la legalidad y una visión de largo plazo. Sienta un precedente que pone en peligro el sistema de relaciones internacionales instaurado por la Carta de Naciones Unidas, cada vez más cuestionada, y permite la justificación de acciones similares en otras partes del planeta.

Desde esta perspectiva, IDDECO Internacional considera indispensable reencauzar la discusión hacia una salida política, civil y constitucional, que permita evitar la normalización de la violencia como mecanismo de resolución de crisis. Entendemos que el sistema democrático es el más adecuado para el mejor funcionamiento de una sociedad. La separación de poderes, con un legislativo elegido en sufragio universal con control y garantía de la limpieza del proceso electoral, con un ejecutivo que actúa de acuerdo con el marco legal y un poder judicial independiente que supervisa la acción ejecutiva. Eso no ha sido posible en Venezuela y su recuperación debe depender únicamente de la voluntad del pueblo venezolano expresada libremente.

Paralelamente, advertimos que el uso de la fuerza militar extranjera en territorio venezolano tensiona principios esenciales del derecho internacional contemporáneo. La estabilidad regional y global no puede sostenerse sobre decisiones unilaterales que debilitan los marcos multilaterales construidos precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

La captura de un jefe de Estado, sin autorización del Consejo de Seguridad, no puede leerse como un hecho aislado. Introduce una lógica de excepcionalidad permanente que debilita las normas diseñadas precisamente para contener el uso arbitrario de la fuerza.

El respeto a la soberanía, a los tratados internacionales y a los mecanismos multilaterales no es un obstáculo para la defensa de la democracia y los derechos humanos; por el contrario, constituye su principal garantía de coherencia, legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

Cuando el derecho se subordina a la oportunidad política, lo que se resiente no es solo un país concreto, sino el sistema de garantías que protege a todos los Estados, especialmente a aquellos con menor capacidad de influencia.

Consideramos, que el impacto de esta operación debe analizarse en clave regional. América Latina, con una historia marcada por intervenciones externas, se enfrenta al riesgo de que se normalice el uso de la fuerza como instrumento de gestión de crisis políticas, con efectos previsibles sobre la confianza entre Estados, la estabilidad institucional y la calidad democrática. Por lo que hacemos un llamado a los Estados a que se exija el respeto a los Tratados, Acuerdos y marcos del Derecho Internacional que vigilan el cumplimiento de garantías y con ello el resguardo de la democracia de la Región.

Desde IDDECO subrayamos que la defensa de la democracia y de los derechos humanos no puede desligarse del respeto al derecho internacional, sin vaciar de contenido a ambos. La fortaleza de esos valores depende, en última instancia, de que se apliquen de forma coherente y no selectiva.

Concluimos señalando la necesidad de reafirmar el papel de las Naciones Unidas y del multilateralismo como espacios centrales para la gestión de conflictos y la rendición de cuentas, en un momento en el que el equilibrio entre poder y derecho vuelve a situarse en el centro del debate internacional.

IDDECO Internacional
Compromiso con la Integridad

Con la música por dentro

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Es una fresca tarde de julio en Caracas. Corre un viento calmo, una suave brisa que nos abraza y arrulla. Todo en el Barrio San Agustín es una aceitada maquinaria de color, olor y sabores.

Todo mezclado, diría Nicolás Guillén, quien también diría “Adivinanza de la esperanza, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, toda la sangre formando un río” …es inevitable leer estas letras del Son Número Seis y al mismo tiempo garabatear algunos pasos en el pavimento.

Es inevitable no hacerlo al entrar a uno de los lugares más icónicos del Barrio San Agustín del Sur, en Caracas: El Rincón del Pichón. En todas sus paredes se destila historia de la salsa latinoamericana más dura y clásica. Todo ese sitio es una poesía que lleva la música por dentro.

Pero es que todo San Agustín es eso: resistencia, pulsión, color. Un espacio urbano absolutamente coloreado con los más hermosos tatuajes en sus paredes. En uno de esos murales se lee “la pelea es bailando” y entonces entiendo el concepto de resistencia muy ligado a los sonidos y ritmos caribeños de esta Latinoamérica ancha y diversa que somos.

En tiempos en que hemos sido lastimados como región por este “ nuevo reacomodo” de las fuerzas hegemónicas que creen posible entrar a un país, violar su soberanía y ejecutar  «acciones exitosamente quirúrgicas” al precio de una lista que ya suma 50 personas fallecidas, vuelvo a recordar ese lugar de sonidos claros y resistentes; recuerdo el calor de ese barcito histórico en el que nació el grupo Madera, emblema del folclor afro venezolano, las voces de Leonardo Ruiz ( Venezuela), Carlos Aldazábal ( Argentina) y Giselle Lucía Navarro ( Cuba) que junto con la mía llenaron de palabras ese barrio y todas sus marcas de colores. Eran los tiempos del XIX Festival Mundial de Poesía de Venezuela “lugar de permanencia” …y vaya si permanece en el corazón.

Retengo esas memorias a esta hora.

Me devuelvo al mural “la pelea es bailando” y no puedo evitar pensar en toda esa región que somos y que debemos defender desde nuestras trincheras todas. Alguna vez Chavela Vargas dijo “que el fin del mundo nos pille bailando” …yo digo que la resistencia nos encuentre “con la música por dentro”.

El ataque de Estados Unidos a Venezuela del 3 de enero del 2026: a propósito de las reacciones oficiales de Estados de América Latina

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)
Contacto: nboeglin@gmail.com

Ante la operación militar perpetrada por Estados Unidos contra Venezuela en la noche del 2 al 3 de enero del 2026, incluyendo fuerzas especiales, comandos lanzados desde helicópteros, 150 aviones en tareas de apoyo y embarcaciones frente a las costas venezolanas, son varios los Estados de América Latina que han considerado oportuno manifestarse con respecto a esta acción militar unilateral contra Venezuela y contra su máxima autoridad.

A nivel de Naciones Unidas, las reacciones no se hicieron esperar, sea desde la Secretaría General de Naciones Unidas, sea desde la Presidencia de la Asamblea General (véase comunicado oficial de Naciones Unidas).

Se puede prever que un primer ejercicio en el Consejo de Seguridad contará con el veto de Estados Unidos y que el asunto se examinará luego con una votación de los 193 Estados Miembros en la Asamblea General en próximos días, tal y como lo solicitó Sudáfrica en su comunicado oficial condenando a Estados Unidos (véase texto). Tuvimos la oportunidad de analizar un ejercicio muy similar (Consejo de Seguridad – veto ruso – Asamblea General – abrumadora mayoría) en febrero-marzo del 2022, luego de la agresión militar sufrida por Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero del mismo año (Nota 1). Es de notar que por América Latina fungen como Estados Miembros no Permanentes del Consejo de Seguridad, Colombia y Panamá a partir del 1ero de enero del 2026.

Los primeros días de enero no deberían sorprender a observadores internacionales: Estados Unidos ya había planificado en esos primeros días ataques militares sumamente cuestionables y cuestionados en años recientes, como por ejemplo el perpetrado en Irak el 2 de enero del 2020 contra un alto funcionario iraní, contando para ello con información de inteligencia proporcionada por Israel (Nota 2).

Las reglas internacionales vigentes en breve

El uso de la fuerza de un Estado contra otro Estado es expresamente prohibido en la Carta de Naciones Unidas desde 1945, así como en la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1948, y su prohibición ha sido invocada una y otra vez por un Estado víctima y reafirmada una y otra vez por instancias de Naciones Unidas; así como por jurisdicciones internacionales desde 1945 que han conocido de acciones militares de un Estado contra otro Estado.

Cuando un Estado ha infringido esta regla en el pasado reciente, se ha esmerado en invocar figuras legales inexistentes en derecho internacional público tales como la «legítima defensa preventiva» invocada por Estados Unidos en Irak en el 2003, o por Colombia en Ecuador en marzo del 2008 (operación Fénix) y … de manera pionera por Israel en 1981en Irak (Nota 3); o bien invocando la noción de «guerra contra el terrorismo» para justificar bombardeos en Pakistán y en Afganistán luego del 11 de septiembre del 2001 ideada por la administración norteamericana; o bien refiriendo a la noción de «combatientes ilegales» para enviar a la base norteamericana de Guantánamo en Cuba a personas oriundas de Oriente Medio capturadas de manera ilegal por Estados Unidos y enviadas en vuelos clandestinos a Guantánamo. Más recientemente, Rusia por su parte invocó una «intervención humanitaria» en Ucrania so pretexto de un genocidio cometido contra poblaciones rusas en Ucrania en el 2022. Esta creatividad sin límites obedece al hecho que todos los Estados buscan siempre la manera de maquillar de presunta legalidad la violación a la regla de prohibición del uso de la fuerza.

En efecto, esta regla constituye la piedra angular de todo el edificio normativo construido desde 1945, así como el principio de no intervención de un Estado en asuntos internos de otro Estado. La acción unilateral de Estados Unidos registrada este 3 de enero del 2026 viene a desestabilizar un poco más a la región, confirmándose de paso que para el actual mandatario de Estados Unidos y los integrantes de su gabinete, las reglas vigentes en el ordenamiento jurídico internacional sobre la prohibición del uso de la fuerza …son para otros Estados.

Cabe precisar que desde el 21 de enero del 2025, sea en materia de reglas comerciales, sea en materia migratoria, sea en materia de derechos humanos, sea en materia de respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de otro Estado, o bien sea en materia de respeto al principio de prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, sea más recientemente en materia de normas internacionales relativas a la captura e incautamiento de cargamentos de droga en alta mar, el actual ocupante de la Casa Blanca se ha esmerado en violar de manera sistemática y desvergonzada algunas reglas internacionales existentes en estas y muchas otras materias.

En América Latina, la última intervención militar realizada por Estados Unidos en Panamá, iniciada el 20 de diciembre de 1989 y concluida con la captura del general Noriega el 3 de enero del 1990, viene a recordarnos la tentación que cada cierto tiempo tienen las máximas autoridades norteamericanas de «resolver» a su manera problemas políticos sin lograrlo mayormente (véase enlace a diversos informes realizados en Panamá sobre esta invasión de 1989). Esta nota de prensa del 2024 señala que aún continúan las investigaciones en Panamá sobre la identificación de las víctimas panameñas, cuya cifra exacta a la fecha se desconoce.

Una acción militar unilateral de Estados Unidos ante una situación interna ya explosiva: ¿hacia dónde se dirige Venezuela?

No está de más señalar que al precisar la máxima autoridad en Estados Unidos en conferencia de prensa este mismo 3 de enero del 2026 que Estados Unidos pretende asegurar una «transición pacífica» y «comercializar el petróleo de Venezuela» mientras esta transición se confirma, el irrespeto absoluto a diversos sectores en Venezuela se ve confirmado, incluyendo a sectores de la oposición política.

Un editorial del New York Times del mismo 3 de enero detalla los riesgos que implica para Estados Unidos y para su imagen en Venezuela, en América Latina (y en el mundo), esta acción unilateral en Venezuela (véase texto).

El documental «De Macedonia, con amor«, realizado por activistas en derechos humanos a raíz de las protestas multitudinarias observadas el 29 de julio del 2025 en Venezuela, retrata de manera bastante completa el descontento de muchos sectores populares con las autoridades venezolanas, luego de anunciarse los resultados oficiales de las elecciones en julio del 2025. Ahora bien, ¿será que todos estos sectores apoyan esta intervención ilegal de Estados Unidos que atenta contra la soberanía de Venezuela?

Ello sin mencionar el hecho que la experiencia ha demostrado que cambios de regímenes políticos mediante una intervención externa militar han agravado la crisis en vez de resolverla, como se ha podido constatar en Irak a partir del 2003, Afganistán a partir del 2002, o bien Libia y Siria a partir del 2011 así como en Yemen a partir del 2014.

Al respecto merece una pequeña mención el regocijo de algunos sectores políticos en Costa Rica y en otras partes de América Latina y del mundo anunciando el fin del régimen actual en Venezuela: en efecto, si bien la captura de la máxima autoridad en Venezuela y de su esposa por parte de Estados Unidos puede debilitar por unos días la cadena de mando dentro del Estado venezolano, es muy probable que el sistema político existente encuentre la manera de suplir esta ausencia y se mantenga, en particular si la oposición política venezolana no encuentra manera de articular un frente común, con lo cual el precitado regocijo resulta algo aventurado. Los ejemplos de regímenes políticos que se han mantenido por muchos años luego de la desaparición de su «líder» histórico, pese a la férrea oposición política de Estados Unidos, son numerosos.

Una primera advertencia hecha en… el 2017 y repudiada de forma casi generalizada en América Latina

Cabe señalar que el 11 de agosto del 2017, el mismo presidente de Estados Unidos había señalado en declaraciones ante la prensa, que:

«No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo«

En aquel año del 2017, fueron varias las reacciones oficiales de Estados en América Latina repudiando mediante comunicados oficiales la «opción militar«, y que tuvimos la ocasión de analizar en su momento, haciendo ver que Costa Rica no consideró oportuno manifestarse al respecto como sí lo hicieron muchos otros Estados (Nota 4).

Reacciones oficiales registradas en América Latina de condena al accionar de Estados Unidos de este 2 de enero del 2026

Más allá de la gran incertidumbre que pesa sobre la crisis interna aguda que vive Venezuela desde varios años, y que posiblemente podría verse agravada significativamente con esta intervención militar norteamericana, entre las diversas reacciones oficiales ante lo ocurrido este 3 de enero del 2026, se puede mencionar la de Brasil, que señala de manera enfática (véase comunicado oficial) que:

«Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.

Atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo.

A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões.

A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz«.

Se puede también referir a la vehemente reacción del aparato diplomático de Chile (véase comunicado oficial) que señala entre varios puntos, en un extenso comunicado de lectura sugerida (Nota 5), que:

«Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región».

Por su parte, en su comunicado oficial, Colombia indicó que:

«Colombia reafirma su compromiso permanente con la paz y la seguridad regional, la soberanía de los Estados y el respeto irrestricto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza y la solución pacífica de las controversias. La experiencia histórica de la región, proclamada como Zona de Paz, demuestra que ninguna controversia puede resolverse legítimamente mediante acciones unilaterales».

En su comunicado oficial, el aparato diplomático de México por su parte precisó que:

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional».

En el caso de Uruguay, su aparato diplomático difundió desde su sitio oficial (véase comunicado oficial) un texto en el que se lee que:

«Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, en particular el principio básico de que los Estados se deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.

Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región«.

Reafirmar el principio contenido en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas cuando es violado de manera tan flagrante constituye una obligación para un Estado que cree y defiende este y otros principios fundamentales contenidos en la Carta desde 1945.

Es de notar que mucho antes del 3 de enero del 2025, expertos en derechos humanos de Naciones Unidas habían condenado el bloqueo impuesto a Venezuela y la intercepción de naves sospechosas de dedicarse al narcotráfico con disparos para destruirlas con sus tripulantes a bordo realizados por el ejército de Estados Unidos (véase comunicado de prensa del 24 de diciembre del 2025 y comunicado del 4 de noviembre).

Reacciones oficiales mucho más reservadas e incluso de … apoyo a la acción militar de Estados Unidos

Estas reacciones oficiales del 3 de enero del 2026, y posiblemente otras que se den a conocer en América Latina, pueden ser comparadas al comunicado oficial de España, que se abstiene de referir al principio de prohibición del uso de la fuerza en sus respectivos textos. En el caso del comunicado oficial de Noruega, sí se hace ver que la acción militar de Estados Unidos violenta las reglas existentes en derecho internacional público, cosa que evita indicar la Representante de la Unión Europea (UE) en materia de política exterior en su «tweet» (véase enlace). En cuanto al Reino Unido (véase comunicado) y a Canadá (véase comunicado), las evasivas resultan notables y más que notorias. De igual forma se puede citar este comunicado oficial adoptado en el marco del CARICOM (véase declaración conjunta de su «Bureau«).

Volviendo a América Latina, el escueto comunicado oficial de Costa Rica de tres frases (véase enlace) es totalmente omiso (Nota 6) si se compara con los de Brasil, Chile, Colombia, México o de Uruguay. Al respecto, un error gramatical en la primera frase con un «ha» en vez de un «han» evidencia que fue redactado con cierta premura, pese a ser divulgado a una hora bastante avanzada de la tarde en Costa Rica (4:19 pm). Esta misma omisión de Costa Rica ante violaciones a principios y reglas básicas del ordenamiento jurídico internacional se ha observado en otro caso reciente: las reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel en Gaza (Nota 7).

Mientras que el comunicado oficial de Bolivia y el comunicado oficial de Perú evitan mencionar a Estados Unidos, así como el de Nicaragua (véase texto), al igual que el de Panamá (véase texto), el comunicado oficial de Argentina (véase enlace) se congratula de la acción llevada por Estados Unidos, reproduciendo prácticamente el lenguaje y las valoraciones de Estados Unidos de una manera bastante notoria. De igual manera se pronuncia el aparato diplomático de Paraguay (véase comunicado oficial). Llama la atención que para estos últimos Estados, el objetivo de la lucha contra el narcotráfico pareciera justificar acciones como la observada este 3 de enero del 2026 en Venezuela. Se les sugiere revisar y evaluar en qué medida la captura del general Noriega en 1990 por parte de Estados Unidos en Panamá redujo sensiblemente los flujos de droga en dirección del mercado norteamericano. En cuanto a Panamá, objeto de la última intervención militar del mismo tipo realizada en diciembre de 1989 por parte de Estados Unidos, en violación a su integridad territorial y a su soberanía, al parecer sus actuales autoridades se conformaron con omitir toda condena y repudio a esta acción y consideraron oportuno evitar toda referencia a lo vivido en diciembre de 1989 por Panamá.

No está de más señalar que en abril del 2018, la demanda interpuesta por Guyana contra Venezuela ante la justicia internacional de La Haya dejó entrever apetitos norteamericanos por los hidrocarburos en Venezuela, con una diplomacia de Estados Unidos en aquel momento dirigida por una persona cuya única experiencia internacional era la de haber fungido como CEO de una compañía petrolera norteamericana como Exxon Mobile (Nota 8). Estos mismos intereses por el control de los hidrocarburos de Venezuela se dejaron entrever durante la conferencia de prensa ofrecida el mismo 3 de enero del 2026 por el actual ocupante de la Casa Blanca.


Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia y volverán a hacerlo de volver a perpetrarse nuevamente: la última intervención militar norteamericana registrada antes de la del 3 de enero del 2026, fue la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua: véase el texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica expresamente la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria (Nota 9).

Pese a la importancia fundamental de la regla violada en caso de intervención militar de un Estado contra otro, en América Latina se ha a veces repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos expresamente: es así como, en el 2016, una resolución de la Asamblea General de la OEA de «desagravio» a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refirió a los «acontecimientos de abril de 1965» (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada).

A modo de conclusión

La diversidad de tono y de vocabulario en las reacciones oficiales ante una violación grave a un regla básica del derecho internacional público como la es la prohibición absoluta del uso de la fuerza evidencian que para algunos (pocos) Estados de América Latina, la acción de Estados Unidos de este 3 de enero del 2026 no sienta ningún precedente peligroso … y que es válida desde el punto de vista jurídico (o que, por lo menos, no requiere condena o manifestación de repudio alguno expresada en un comunicado oficial). Este artículo publicado en el Reino Unido por un renombrado jurista, indica desde su mismo título que no existe ninguna base legal para justificar semejante acción en Venezuela.

Autoridades que son consideradas ilegítimas por otros Estados se observan cada vez que un proceso electoral se realiza en condiciones poco transparentes y en las que no puede participar la oposición política en condiciones de perfecta igualdad. No obstante, pensar que la solución consiste en intervenir militarmente desde el exterior resulta más que ilusorio y abundan los ejemplos recientes y menos recientes, tanto en América Latina como fuera de ella, de intervenciones militares extranjeras que no han hecho sin agravar la situación política interna que pretendían «resolver«. En cuanto al argumento de la lucha contra el narcotráfico (que al parecer tiene muy convencido a varios círculos políticos en América Latina), no está de más recordar que:

– hace justo un mes, el actual ocupante de la Casa Blanca indultó al ex presidente de Honduras condenado en Estados Unidos a 40 años de cárcel por narcotráfico (véase nota de la BBC del 3 de diciembre del 2025) y que;

– muchos expertos han cuestionado el hecho de considerar a Venezuela como un eje mayor en el narcotráfico en dirección de Estados Unidos.

En materia de violación a los derechos humanos, que califican como crímenes de lesa humanidad en el caso de varias de ellas en Venezuela, no está de más indicar que hay dos investigaciones abiertas pendientes ante la justicia penal internacional de La Haya desde el 2018 (véanse detalles en este enlace y en este otro); además de numerosos informes y reiterados llamados hechos desde diversos órganos de Naciones Unidas sobre la situación imperante en Venezuela en materia de derechos humanos. El informe A/HRC/51/43 del 2022 realizado por una comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, disponible en este enlace, merece una lectura integral, a complementar con el informe A/HRC/59/58 del mes de agosto del 2025, disponible en este enlace.

Más allá de los errores de apreciación de unos y de otros, y de un mandatario norteamericano tan imprevisible como errático desde que entró en funciones en enero del 2025 (con un nivel de descontento creciente dentro de Estados Unidos a muy pocas semanas de cumplir su primer año en función), resulta de sumo interés comparar la reacción de estos mismos Estados de América Latina ante la agresión militar de Rusia a Ucrania ocurrida el 24 de febrero del 2022 (Nota 10): claramente la consistencia de unos en la defensa de los principios de respeto a la integridad territorial de un Estado y de prohibición absoluta del uso de la fuerza no es tal, sino que se ha ido transformando para varios de ellos, en una incoherencia total entre el 24 de febrero del 2022 y el 3 de enero del 2026.

Desde el punto de vista jurídico, tanto lo observado el 24 de febrero del 2022 como el 3 de enero del 2026 (o el 20 de marzo del 2003 en Irak) constituyen violaciones flagrantes de una regla fundacional inscrita en la Carta de Naciones Unidas desde 1945. El hecho que en ambas acciones militares unilaterales tanto en el 2022 como en el 2026, sus autores sean Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, debería de interpelar a todos los demás Estados miembros de Naciones Unidas y llevarlos a condenar ambas acciones con la misma vehemencia: en efecto, sustituir progresivamente el derecho a la fuerza por la fuerza del derecho en las relaciones entre Estados ha sido una dura y larga batalla, que inició con la consagración desde 1945 de la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados en la Carta de Naciones Unidas.

Notas:

Nota 1: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: abrumador voto en la Asamblea General de Naciones Unidas«, 2 de marzo del 2022. Texto integral disponible aqui.

Nota 2: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El asesinato de Ghassem Soleimani por parte de Estados Unidos en Irak: breves apuntes desde la perspectiva jurídica«, 4 de enero del 2020. Texto integral disponible aqui.

Nota 3; Cabe recordar que Israel fue el primer Estado que se refirió oficialmente a la noción de «legítima defensa preventiva«, en 1981, cuando la aviación israelí decidió bombardear el reactor nuclear de Osirak, en Irak, construido mediante una convenio de cooperación entre Francia e Irak. Véase a este respecto FISCHER G., «Le bombardement par Israël d’un réacteur nucléaire irakien», Vol. 27 AFDI (1981), pp. 147-167, disponible en este enlace.

Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N. «El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela» 12 de agosto del 2017. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: El texto completo del comunicado oficial de Chile se lee de la siguiente manera:

«Como gobierno de Chile manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y, en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y, eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global.

Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia, y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad, es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial, y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte?

Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante, en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar.

La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujo migratorio desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela.

Chile va a actuar como siempre lo ha hecho, con responsabilidad, con coherencia y con firmeza, defendiendo principios que consideramos irrenunciables: la no violencia, la soberanía de los estados, la prohibición del uso de las fuerzas o amenaza, la solución pacífica de las controversias y la plena vigencia del derecho internacional».

Nota 6: El texto completo del comunicado oficial difundido por el aparato diplomático de Costa Rica se lee como sigue:

«POLÍTICA EXTERIOR

ENERO 03, 2026 04:19 PM

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del Gobierno de Costa Rica sobre la situación en Venezuela.

San José, 3 de enero de 2026. El Gobierno de la República de Costa Rica sigue con atención las acciones desplegadas por los Estados Unidos en territorio venezolano este 3 de enero de 2026, que ha resultado en la detención de Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, y su traslado hacia los Estados Unidos, donde serían enjuiciados.

El Gobierno costarricense hace un llamado hacia una transición democrática y pacífica en Venezuela, que restaure la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Costa Rica reafirma su disposición a contribuir a una solución pacífica, sostenible basada en el Derecho Internacional y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Democrática de la OEA, que promuevan la estabilidad regional, el respeto a los derechos humanos, un pleno compromiso regional en la lucha contra el narcotráfico, y el crimen organizado transnacional.

Comunicación Institucional 001-2026 Comunicado sobre situación en Venezuela Sábado 3 de enero de 2026″

Nota 7: Véase BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas», 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Véase BOEGLIN N., «La demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ): breve puesta en contexto«, 6 de abril del 2018. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: Cabe señalar que en este caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua optó por retirar la demanda presentada para la segunda etapa procesal (indemnizatoria) para obtener una compensación por los daños ocasionados, dando así por concluido este largo proceso (véase comunicado de prensa de la CIJ del 27 de setiembre de 1991). Una primera estimación de los daños ocasionados por Estados Unidos a Nicaragua se encuentra en este documento presentado por Nicaragua a la CIJ en 1988. En el párrafo 372. se lee que: «Therefore, the Court is requested to award Nicaragua a lump-sum of US$2,000 million as appropriate compensation for the enormous social losses it has suffered due to the wrongful acts of the United States«.

Nota 10: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Agresión de Rusia a Ucrania: a propósito de las reacciones oficiales en América Latina«, 24 de febrero del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Venezuela y el retorno descarnado del imperialismo

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Por Juan Carlos Cruz Barrientos para Surcos

Los acontecimientos recientes en Venezuela no pueden ser leídos como un hecho aislado ni como una simple excentricidad de la política exterior estadounidense. Diversos analistas críticos, tanto latinoamericanos como europeos, coinciden en que estamos ante una nueva fase del imperialismo en América Latina, más explícita, más agresiva y menos preocupada por las formas del derecho internacional.

La agresión militar, el secuestro del presidente venezolano, el bloqueo naval y la presión política ejercida por Estados Unidos constituyen violaciones flagrantes de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Sin embargo, lo más relevante no es solo la ilegalidad del acto, sino el hecho de que esta ya no se disimula. El mensaje es claro: la potencia hegemónica se arroga el derecho de intervenir directamente cuando considera amenazados sus intereses estratégicos.

Existe un amplio consenso entre analistas críticos en que no se trata de una operación humanitaria ni de una defensa de la democracia. Tampoco de una lucha efectiva contra el narcotráfico. El objetivo central es el control de recursos estratégicos, comenzando por el petróleo, pero incorporando hoy un elemento decisivo del siglo XXI: las tierras raras y minerales críticos, fundamentales para la industria tecnológica, militar y energética global. En un contexto de competencia creciente con China y Rusia, Venezuela aparece como un enclave geopolítico clave.

Esta ofensiva se inscribe en una actualización de la Doctrina Monroe, ahora presentada bajo el lenguaje de la seguridad nacional y la estabilidad hemisférica. América Latina vuelve a ser concebida como “zona de influencia exclusiva”, al margen del sistema multilateral y del derecho internacional. No es un retroceso coyuntural, sino una redefinición estratégica del orden mundial, donde la fuerza prima sobre las normas.

Otro punto de coincidencia es que el cambio de régimen ya no adopta necesariamente la forma clásica del golpe de Estado. La estrategia actual combina presión militar, judicialización, control informativo, operaciones encubiertas y negociaciones bajo amenaza. El objetivo no es el caos, sino una transición tutelada que garantice orden interno, control territorial y continuidad de las infraestructuras clave, especialmente las energéticas.

En este escenario, la situación interna venezolana aparece profundamente erosionada. El régimen de Nicolás Maduro atraviesa una crisis de legitimidad y de representación, y ha demostrado ser incapaz de defender efectivamente la soberanía nacional frente a la agresión externa. Al mismo tiempo, sectores de la oposición han apostado abiertamente a la intervención extranjera, subordinando la autodeterminación del país a intereses externos. El resultado es un vacío político, donde las Fuerzas Armadas se consolidan como actor central no por legitimidad democrática, sino por su monopolio de la fuerza y su capacidad de negociación.

Los analistas coinciden también en que Venezuela no es el único objetivo. La agresión funciona como advertencia para toda la región. Si se normaliza una intervención de este tipo sin consecuencias políticas, ningún país latinoamericano con márgenes de autonomía está a salvo. Cuba, Nicaragua y otros procesos incómodos para Washington aparecen claramente en el horizonte.

Frente a este panorama, hay una conclusión compartida que incomoda tanto a gobiernos como a oposiciones tradicionales: no existe una salida progresiva sin una recomposición autónoma de las clases trabajadoras y populares. Ni el respaldo acrítico a regímenes debilitados ni la confianza en soluciones diplomáticas tuteladas por las grandes potencias garantizan soberanía, democracia ni justicia social. La resistencia al imperialismo debe ir de la mano de la defensa de las libertades democráticas y de los derechos sociales dentro de cada país.

Lo que ocurre en Venezuela confirma, además, una tendencia global más amplia: la crisis del multilateralismo y la sustitución del derecho internacional por la ley del más fuerte. Gaza, Ucrania, Sudán, Irán y ahora Venezuela forman parte de un mismo proceso de descomposición del orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Defender hoy el derecho internacional, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no es una consigna abstracta. Es una condición mínima para cualquier proyecto emancipador en América Latina. En ese marco, la solidaridad con el pueblo venezolano no es solo un gesto ético: es una necesidad política urgente frente al retorno descarnado del imperialismo.

Cronología de la guerra de Estados Unidos contra Venezuela (2001–2026)

– 2001

– Inicio de la campaña de presión tras la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez.

– Financiación de grupos sociales y políticos antibolivarianos vía NED y USAID.

– 2002

– Participación en el intento de golpe de Estado.

– Creación del programa de la Oficina de Iniciativas de Transición de USAID para Venezuela.

– 2003–2004

– Apoyo financiero y político a Súmate (María Corina Machado) para impulsar un referéndum contra Chávez.

– 2004

– Estrategia de cinco puntos: penetrar la base chavista, dividir el movimiento, aislar a Chávez, crear grupos opositores y proteger intereses comerciales de EE. UU.

– 2015

– Barack Obama firma orden ejecutiva declarando a Venezuela “amenaza extraordinaria”, base legal para sanciones posteriores.

– 2017

– Prohibición de acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses.

– 2018

– Presión a bancos y navieras para cumplir sanciones.

– Banco de Inglaterra confisca reservas de oro del Banco Central de Venezuela.

– 2019

– Reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente provisional” por EE. UU.

– Intento de levantamiento fallido.

– Congelación de activos petroleros venezolanos en el extranjero.

– 2020

– Operación Gideon: intento de secuestro de Maduro y recompensa por su captura.

– Campaña de “máxima presión” durante la pandemia.

– FMI niega acceso a reservas de Venezuela.

– 2025

– María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz.

– Comité Nobel declara que Maduro debería abandonar el cargo.

– 2025–2026

– Ataques a embarcaciones venezolanas.

– Armada estadounidense aplica embargo marítimo y confisca petroleros.

– 3 de enero de 2026

– Ataque aéreo de EE. UU. contra Caracas y otras zonas.

– Captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

– Confirmación de su traslado a EE. UU. bajo acusación de “complot narcoterrorista”.

Esta cronología muestra cómo la presión comenzó con sanciones y financiamiento en 2001 y escaló hasta un ataque militar directo en 2026.

Comunicado urgente de Buen Vivir ante situación de Venezuela

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

Recibida con indignación y tristeza la noticia de los ataques militares llevados a cabo por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela, nos manifestamos de la siguiente manera:

1.
Nos unimos al repudio y a la indignación que expresan numerosas personas ante la violencia ocurrida como resultado de una guerra promovida por los Estados Unidos de América; nada justifica la agresión, y mucho menos los intereses imperialistas de posicionamiento geopolítico ni la sed insaciable por el petróleo.

2.
¿Dónde queda el discurso de un país que se ha jactado de abanderar la libertad cuando pisotea el derecho de autodeterminación de otro pueblo?

Solo permanece el residuo de un relato que evidencia que dicho discurso no ha sido más que un engaño, mediante el cual se introducen intereses económicos profundamente corruptos, utilizados para someter a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.

3.
Desde el Buen Vivir Costa Rica, repudiamos el ataque a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, que viola los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y los principios fundamentales de respeto entre los países existentes en el ordenamiento jurídico internacional.

4.
Un ataque a un país de Abya Yala representa un ataque a toda América Latina y el Caribe, de manera que se hace necesaria una respuesta continental a lo acontecido.

5.
Insistimos en nuestro llamado a la paz. Solicitamos al gobierno de Costa Rica que lleve a cabo sus respectivos reclamos en concordancia con este principio de la paz que representa a nuestra nación y otros del Derecho Internacional, suscritos por el país.

6.
Exigimos el cese inmediato de hostilidades en contra de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo.

7.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, partidos políticos, personas, etc., a alzar la voz dentro de nuestro país y a exigir el respeto a la soberanía de los pueblos de nuestro continente.

¡La Madre Tierra merece vivir en paz! Sus hijas e hijos exigimos que se respete este derecho.

Consejo Nacional del Buen Vivir Costa Rica, firman,

Ronulfo Morera Vargas
Edison Valverde Araya
Ericka Cascante Jiménez
Cristian Marrero Solano
Carlos Manuel Muñoz Jiménez