Desde la Alianza Campesina denunciamos que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante la Resolución N 005-05-2022, notificó a varias familias del Asentamiento La Guaria, ubicado en El Parque de Los Chiles que serán desalojados. A su vez, existe una posibilidad de que se ejecute otra orden de desalojo, en este caso contra las familias del asentamiento Monteverde.
En el caso del desalojo de La GUARIA, la finca está inscrita a nombre del terrateniente holandés Roderick Gustav Boer Westra. Allí viven unas 170 familias desde finales de 2019, y en general no han sido inquietadas por la posesión y cultivo de las tierras desde hace más de 1 año.
La finca que estuvo abandonada por años, ha servido de refugio, fuente de trabajo, alimento y vivienda a centenares de personas de todas las edades, quienes han logrado sobrellevar la crisis económica que ha provocado la pandemia, el desempleo y la miseria que golpea con especial fuerza a las mujeres.
Desde la Alianza Campesina denunciamos este atropello policial a las familias, y a la inoperancia del INDER que más de dos años después de la existencia de ese conflicto campesino no ha hecho absolutamente nada para poner en práctica las obligaciones que tiene como institución en ese tipo de casos, donde debe tutelar el derecho de las familias a tener tierra para vivir y trabajar.
Ya se están tramitando las defensas legales posibles ante la inminente destrucción de los cultivos y viviendas.
Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones del movimiento social y popular costarricense, a reproducir y a sumarse a nuestra denuncia, y a brindar toda la solidaridad posible esas comunidades organizadas.
Tierras recuperadas, limpiándose y produciendo alimentos sanos, aportando a las economías familiares de los Pueblos Originarios que han decidido recuperar lo que les pertenece y sembrar dignidad.
Imágenes de Kono Jú, primer tierra recuperada después del asesinato del hermano Sergio Rojas Úniwak, ubicada en el Territorio Cabécar de China Kichá, al Sur de Costa Rica.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
15 de mayo Día nacional de las Personas Agricultoras.
En esta publicación del 2021, de los autores Fernando Frank y Marcos Filardi, se tratan los temas alimenticios como problema político en Argentina. Relatan cómo el sector agronómico funciona en dos sistemas antagónicos que se disputan: las cadenas agroindustriales de los agronegocios y los sistemas alimentarios de campesinos e indígenas; acerca de sus conflictos por la tierra y la extranjerización de ésta. Escrita con el objetivo de darle a los lectores toda la información necesaria para observar las implicaciones e impactos que conllevan todas las políticas, acciones y medidas de estos sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos. También abre la conversación a los granos transgénicos (alimento para corporaciones), comestibles ultraprocesados, enfermedades (zoonosis), resistencia bacteriana, problemas medioambientales por la producción agraria, y los bienes comunes naturales para y por el pueblo (soberanía alimentaria).
Le invitamos a leer la publicación en el archivo adjunto.
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
La historia moderna de Chile está jalonada de sorpresas. En 1970, una coalición de fuerzas de izquierda denominada la Unidad Popular, llevó a la presidencia a Salvador Allende Gossens, primer presidente marxista electo por voto popular en el mundo. Un hito sin duda en la política del país austral y en el mundo. Después del cruento golpe de estado de setiembre de 1973, una oposición democrática y popular se agrupó nuevamente para derrotar al dictador Pinochet, en el plebiscito que fue convocado el día 5 de octubre de 1988. No sin cierta sorpresa, una marejada popular, a pesar de la intimidación por parte del dictador, derrotó la aspiración de Pinochet a perpetuarse en el poder. La participación fue de un 97.53% de los inscritos para votar, de los cuales, los partidarios de la no continuidad del dictador, desafiándolo, sumaron 3.967.569 votos, un porcentaje del 55.99%; contra 3.119.110 votos, un 44,01% que emitieron su voto por el “sí”. Una gran mayoría popular había derrotado una sangrienta dictadura.
Después de estos acontecimientos, se sucedieron una serie de gobiernos coaligados en lo que se denominó “la Concertación Democrática”, una suerte de transición de la dictadura hacia la democracia. Estos gobiernos se extendieron de 1990 hasta el 2010. Ese año queda electo por primera vez Sebastián Piñera, para reintroducir a plenitud el neoliberalismo en Chile, contando con la legitimidad de haber resultado electo con el 51% de los votos. Piñera se reelige el 11 de marzo del 2018, periodo durante el cual pretendió reemprender un crecimiento económico sin atender la creciente desigualdad y pobreza que generó el mismo modelo. Fue en estas condiciones que un pueblo exhausto se lanzó a la calle en octubre del 2019. Se produjo un auténtico estallido social, en gran parte dirigido por Gabriel Boric y todas las personas dirigentes que le acompañaban en aquella empresa social tan significativa. El movimiento social obligó al gobierno de Sebastián Piñera a sentarse a negociar. La hora final de este capítulo de un gobierno neoliberal que le dio continuidad al de Pinochet, estaba tocando la puerta.
No dejó de sorprender semejante estallido social con violencia incluida. Puede que ayude a entenderlo, un estudio sobre el llamado período de “transición democrática” desde la dictadura de Pinochet, que comenzó en la década de los 90 con los gobiernos de la “Convergencia”. Se suponía que en el 2010 habían quedado saldadas las cuentas con la imposición neoliberal por parte de Pinochet. Manuel Antonio y Roberto Garretón, en un estudio publicado en el 2010, en la Revista de Ciencia Política de la Universidad de Chile, desmenuzan ese período anterior a los dos gobiernos de Piñera y postulan lo siguiente:
“Nuestra hipótesis central es que estamos frente a una democracia incompleta, como resultado de la transición desde la dictadura de Pinochet ocurrida a finales de los ochenta.3 No es que no se haya terminado la transición, como sostienen algunos, o que hubiera terminado, ya sea en el gobierno de Lagos o de Bachelet, sino que si bien ella terminó con la inauguración del gobierno del Presidente Aylwin, lo que quedó después de esa transición, e incluso pese a ciertas reformas políticas implantadas por los gobiernos democráticos, fue esta democracia incompleta en las tres dimensiones: electoral, constitucional y ciudadana. Lo que explicaría tal caracterización es que la institucionalidad de la democracia chilena fue en gran parte impuesta por la dictadura, por lo que estaríamos frente a gobiernos elegidos de manera legítima, vigencia de libertades públicas, es decir, lo que podríamos llamar una «situación» democrática,4pero difícilmente el régimen institucional en cuanto tal pasaría el test democrático […] el caso chileno -prosiguen los autores- presenta enclaves autoritarios heredados tanto de la dictadura como de los amarres o acuerdos de transición, que limitan el carácter democrático […] esta hipótesis u orientación básica -continúan argumentando- entra en contradicción con el sentido común generalizado en la opinión pública de la región y difundido por múltiples informes y rankings internacionales que ubican en un lugar privilegiado de los índices democráticos a Chile. […] estamos frente a una paradoja básica, -concluyen- esto es, existe una contradicción entre esta democracia incompleta y el desempeño de los gobiernos con respecto al crecimiento económico, la superación de la pobreza y la inserción en la economía global, por nombrar sólo algunas variables (aunque los niveles de desigualdad se mantienen relativamente constantes, con muy leve mejoramiento en los últimos años gracias a la focalización de subsidios y gasto social).” (Cfr. Garretón, Manuel A. y Roberto, “La Democracia Incompleta en Chile. La realidad tras los Ranking Internacionales.” Scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-090×2010000100007)
A lo dicho hay que sumarle, la aceleración de las desigualdades y de la pobreza, a pesar del crecimiento económico, sobre todo en los dos siguientes gobiernos de Piñera (2010-2014 y 2018-2022), que tuvieron un interregno”, el gobierno Bachelet (2014-2018), que tampoco fue muy auspicioso en reformas democráticas. Ello explica el estallido social que, no obstante, sorprendió a muchos.
Todo ello constituye el contexto del triunfo de Gabriel Boric en las más recientes elecciones celebradas este año.
El nuevo gobierno que acaba de iniciar en Chile posee algunas características peculiares respecto de todo lo anterior, que permiten preconizar que se tratará de una inédita experiencia político social. Para comenzar diremos que el gabinete recién integrado posee, por primera vez también en la historia de Chile, más mujeres que hombres. No esta una característica meramente cuantitativa, responde a un formidable repunte de los movimientos feministas que han sido protagonistas de primer orden, tanto durante el estallido social y en las negociaciones con el gobierno de Piñera, como en el proceso electoral que llevó al poder a esta nobel coalición. Esto quiere decir que el gabinete resulta en una medida muy importante de las lideresas y los líderes que encabezaron las luchas del 2019 contra el modelo neoliberal.
El programa enarbolado contiene las reformas educativas largamente planteadas por el movimiento estudiantil universitario, en el centro de la propuesta. Además de esto el Plan de Gobierno del movimiento “Apruebo Dignidad”, se estructuró sobre cuatro perspectivas transversales que integran cada una de las propuestas que buscan justicia social, descentralización del poder y garantía del trabajo decente, así como feminismo y transición ecológica justa. El programa contiene además 53 cambios concretos para Chile, entre los que destacan: recuperar 500 mil empleos femeninos, reducción de la jornada laboral a 40 horas, reparar la deuda histórica con el profesorado chileno, generar el sistema universal de salud y reducción de las listas de espera, relevar la importancia de la salud mental integral, duplicando el presupuesto y creación de al menos 15 nuevos “Centros Comunitarios de Salud Mental”, reactivar la economía con las Mipymes, fortalecer el Ministerio de la Mujer y la equidad de Género, generar un plan nacional de derechos sociales LGBTIAQ+, protección de la infancia, creación del sistema nacional de cuidados, un plan para disminuir el precio de la vivienda, firma del acuerdo de Escazú, impulso a la mediana y pequeña agricultura, creación de un Banco Nacional de Desarrollo, avanzar en seguridad y soberanía alimentaria, creación de una empresa estatal del litio, un fondo estatal para financiar pensiones alimenticias adeudadas. (Cfr, reseña biográfica de Gabriel Boric Font. Bcn.cl).
El presidente Boric ha enfatizado que el desafío que se tiene como gobierno, es el de generar un nuevo orden, ya que el contrato social ha sido roto por las élites, desde su punto de vista.
Es en verdad el triunfo de una nueva idea, una nueva generación, una nueva sociedad opuesta a la que representó el gobierno anterior. Se busca un mejor camino de renovación, no en función de las élites sino de los grupos subalternos de la sociedad, en el que se consagren los derechos sociales universales, el pleno respeto a los derechos humanos, la descentralización del poder, que se haga cargo de los enormes desafíos ambientales generados por la crisis climática, en lo que a Chile concierne. La ruta está planteada, el reto es enorme.
CULTURA es uno de los términos que más acepciones tiene. Es un concepto polisémico y dinámico. Sus abordajes han sido diversos y complementarios a través de la historia, por esa razón debería considerársele desde la interdisciplinariedad, para así lograr una integralidad semántica.
En general, podría definírsele como “el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social”. En todo caso, cuando hablamos de cultura, nos referimos a creencias, normas, valores, lenguaje, símbolos, tecnología, patrimonio, identidad. En otras palabras, hablamos de la actividad humana en su conjunto y de sus relaciones con la naturaleza y el cosmos, sobre todo de la producción simbólica a través del tiempo en espacios geográficos y socioeconómicos diferenciados.
En nuestro país la visión estatal de la cultura ha sido excluyente y elitista. Desde el “Olimpo” de los liberales, hasta el nacimiento del Ministerio de Cultura (PLN), se le concibe como la promoción de las “Bellas Artes”, las cuales deberían extenderse al pueblo para “culturalizarlo”, “cultivarlo”. Los liberales la concebían mancomunada con el sistema educativo, cual actividad “civilizatoria” que pretendía homogenizar su visión de mundo, es decir, privilegiaban su intención ideológica.
El dispositivo creado por el PLN en los años setenta del siglo pasado, ha sido vallecentrista y eurocéntrico, léase, colonial, salvo esfuerzos aislados y fallidos de regionalización con débiles discursos antropológicos sobre las culturas populares o “vivas”. Esa visón paternalista todavía subsiste. De allí la gran confusión en muchos artistas, quienes confunden el amplio concepto etnográfico con el de “arte” o “gestión cultural”. Por ello, se habla de un “sector cultura” difuso y asimétrico, el cual no sabemos si se define por su producción, su gremialismo o su filiación con el estado y su políticas, mejor dicho, la ausencia de ellas.
El neoliberalismo que lidera la contrarreforma con el afán del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, erigido desde los años cuarenta del siglo pasado, le ha entregado esas tareas a las industrias culturales. Los últimos gobiernos del PLUSPAC así lo han venido haciendo y, el Ministerio de Cultura y Juventud (vaya híbrido), a pesar de su ingente labor en sus instituciones adscritas y en el apoyo a algunos productores artísticos, ha devenido en un cascarón desfinanciado y en una suerte de gran agencia de producción festivalera.
Las declaraciones de un candidato ultra conservador y de su escudera (diputada electa) han puesto el dedo en la llaga al gritar a los cuatro vientos, sin inmutarse, lo que otros quieren pero callan desde hace rato: cancelar el MCJ por ineficiente y burocrático (tiene menos del 1% del presupuesto nacional). Es decir, privatizar sus órganos desconcentrados y asignarle a las industrias culturales el resto. De allí a un Hollywood o Disney ticos no estaríamos tan lejos. Quizás ello quiso decir la señora escudera del enviado de los organismos financieros internacionales, quien bien podría convertirse en presidente de esta res ya no tan pública.
El día en que la CULTURA se convierta en el centro de una propuesta política al interior de un robusto proyecto país, tal y como corresponde, estaríamos hablando de inclusión, equidad, justicia social, defensa de los patrimonios tangibles e intangibles, de soberanía tecnológica y alimentaria y de las diversas identidades y expresiones simbólicas de quienes ocupamos este pequeño y bendito territorio. Es decir, estaríamos ante una auténtica acción sociocultural, corazón de toda actividad política.
Sin embargo, por ahora, sepamos que la CULTURA, desde la contrarreforma neoliberal, está clausurada. Aunque sigue viva y resistiendo en nuestras comunidades, en nuestros quehaceres, en nuestros sueños, en nuestras memorias.
Nuestro Planeta, Hogar Común para la Humanidad, hoy como nunca antes, enfrenta una destrucción sin límites de sus Recursos Naturales, y por ende, el imperio de la potencias industriales que establecen medidas para proteger y ahorrar los propios, mientras explotan los de nuestros países en su favor. El Cambio Climático; es decir, la muerte de nuestro planeta, nos incumbe a todos. Esto exige nuestro compromiso, y la obligación que Ustedes como Políticos aspirantes a la Primera Magistratura, adquieren para garantizarnos un país ejemplar ambientalmente que nos permita, no en el papel sino en los hechos, el BUEN VIVIR.
La Comunidad “Buen Vivir Costa Rica”, presente y activa en todo el territorio nacional, interpela respetuosa y públicamente, a todas las personas aspirantes a ocupar la presidencia del país a partir de las próximas elecciones.
Con preocupación notamos un vacío de temas ambientales en sus discursos, entrevistas, mesas redondas, publicaciones firmadas por ustedes y apariciones públicas. Por esta razón llamamos su atención y los conminamos a incluir y opinar acerca de los asuntos relacionados con el deterioro y el maltrato de la Madre Tierra; maltrato que incide directamente en la calidad de vida de nuestro Pueblo. La población de Costa Rica tiene el legítimo derecho de conocer sus posiciones y propuestas al respecto.
Estos asuntos son iguales, o incluso, más relevantes que los ejes económicos y sociales. Hoy está en juego la vida humana, la vida de muchas especies y la vida del planeta Tierra en su conjunto.
El sistema económico acumulativo, la industria de sobreproducción y el uso abusivo e indiscriminado de los recursos naturales, va en contra de la armonía con la Madre Tierra.
En Costa Rica, una vez llegado al Poder, durante años se ha incumplido con la ejecución de las propuestas programáticas planteadas en los planes de gobierno; supuestamente en favor de la Madre Tierra. Por ejemplo, en la administración 1994-1998, se derogan 18 artículos del Reglamento a la Ley de hidrocarburos; y en la administración 2006-2010 se declaró «de interés nacional» la destrucción del ecosistema en Crucitas; además del dragado del Río San Juan, que siendo una Cuenca Binacional debió contar con el aval de Costa Rica por su impacto ambiental en nuestro territorio.
Entre los temas prioritarios planteamos:
*La protección del agua como Bien Demanial del Estado y derecho humano.
*El calentamiento global y la crisis climática.
*La exploración y explotación de gas y la minería a cielo abierto.
*El uso de transgénicos y la protección de las semillas criollas.
*El uso de agrovenenos que afectan la salud humana, del agua y de los suelos. *Los monocultivos de piña, banano, palma africana, cítricos, café, melón y sandía, entre otros.
*La ganadería extensiva.
*La generación de Energía Geotérmica en Parques Nacionales.
*La soberanía alimentaria y el uso diversificado de la tierra.
*Las regulaciones para el transporte con hidrocarburos, público y privado.
*La protección de los Parques Nacionales y la asignación de su presupuesto.
*Las zonas protegidas, amenazadas por las embotelladoras de agua.
*La ausencia de Planes Reguladores que produce un desarrollo inmobiliario descontrolado.
*La industria y el consumo excesivo de plástico.
*La ausencia de la Educación Ambiental en nuestro Sistema Educativo.
Todos los temas mencionados están entrelazados de muchas maneras.
Es indispensable conocer la trayectoria y la posición de las candidaturas sobre estos temas, más allá de lo consignado en los programas de su partido.
Agradecemos su atención.
*Carlos Manuel Muñoz (Naranjo)
*Claudio Enrique Monge (San Isidro de Heredia) *Edison Valverde (Pasoancho)
FECON plantea que el Gobierno de Costa Rica debe enfocar recursos en apoyar a la pequeña producción campesina y costera para superar esta crisis, realizando un examen serio del modelo agrario actual, pues a pesar de que tenemos enormes extensiones del campo ocupadas por agroindustria y ganadería, las zonas rurales viven un ciclo constante de pobreza y explotación.
La base de la recuperación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de los pueblos ancestrales. La propuesta además, plantea abandonar la economía de crecimiento que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas.
Para este fin aportan también los mecanismos extraoficiales como las redes de trueque e intercambio de bienes y servicios que se están construyendo en el país. Sobre la base de estos bienes, están los alimentos que son producidos de forma sustentable en las comunidades.
Es reprochable la persecución sistemática y de decomiso que los organismos del Estado realizan contra la producción campesina ya marginada, cuando, por el contrario, debiera estarse facilitando el acceso democrático a los mercados. Ante semejantes contradicciones, la lucha organizada desde abajo, es el medio para retomar los medios de producción.
Aspirar a una reforma agraria integral a futuro, también debe alentar a los pueblos a desarrollar todo su potencial productivo en condiciones sustentables. Mientras el Estado protege a las grandes corporaciones que dependen de la producción industrializada en la era del libre comercio, mantiene irresuelta la economía de las zonas costeras y campesinas, así como la violencia contra los pueblos indígenas.
El contenido se fortalece con las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en julio de 2021 sobre la temática, con participación de Yasi Morales del programa de Economía Social Solidaria de la UCR, Juan Arriaga de Sol de Vida y Pedro Salguero de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
El pasado 30 de octubre, el Programa Kioscos Socioambientales y MetooFest, realizaron un cine foro con enfoque de soberanía alimentaria, titulado: «El agua como mercancía«, con una conversación moderada por Carlos E. Núñez y personas invitadas nacionales e internacionales.
A partir del próximo jueves 21 de octubre del 2021, hasta el viernes 23 de octubre se llevará a cabo Foro Social Panamá II, el cual será desarrollado bajo la modalidad virtual.
El foro se desarrollará en tres fechas. Para el jueves 21 a las 5:00 p.m. se desarrollarán conferencias internacionales que vinculen a los participantes a la experiencia latinoamericana; los temas a desarrollar son:
Desarrollo Social, con la participación de Jaime Borda, (República del Perú), Secretario Ejecutivo de la Red Muquí
Agua y la minería metálica a cielo abierto, con Rodolfo Calles, de la República de El Salvador, Miembro del Foro Nacional de Salud de El Salvador
Las afectaciones por contaminación, con la participación de Karen Luque de la República del Perú, Bióloga con especialidad en microbiología y laboratorio clínico
La transmisión será vía streaming: por medio del canal de YouTube https://youtu.be/cHt08NaM9hg o por Facebook Live en: Bayano digital / bayanodigital.com
El viernes 22 a las 5:00 p.m., se desarrollarán conferencias nacionales que fijarían posiciones desde lo económico político y ambiental, con los temas:
El agua como fuente de vida, con la participación de Alfonso Waterman
Carácter de la sociedad y del Estado en relación con la explotación minera en Panamá, con la participación de Guillermo Castro Herrera
Afectaciones Ambientales, con la participación de Evidelio Adames
Impacto de la minería metálica en la Salud Pública, con la participación de Carlos Gálvez
Véalos en streaming: por medio de la plataforma de YouTube: https://youtu.be/cHt08NaM9hg o por Facebook live en Rayano digital / bayanodigital.com
El sábado 23, a partir de las 8:30, se desarrollará el tema de la minería metálica y Desarrollo Humano Sostenible, con la participación de Juan Antonio Jované. Se llevarán a cabo 4 mesas temáticas:
Mesa 1: Ambiente y extractivismo de minería metálica
Subtemas:
Biodiversidad
Agua
Cambio Climático
Seguridad y Soberanía Alimentaria
Mesa 2: Economía y extractivismo de minería metálica.
Subtemas:
Desarrollo Económico
Control Soberano de Recursos Económicos
Tecnología Limpia
Energía
Mesa 3: Desarrollo Social. Cultural y extractivismo de minería metálica
Subtemas:
Salud
Educación
Desarrollo Sociocultural
Empleos Dignos
Mesa 4: Política y extractivismo de minería metálica
Subtemas.
Refundación de la República.
Democracia participativa
Movimientos sociales.
Gobiernos y comunidades locales
Para realizar las inscripciones a las mesas, contactar a los correos:
