Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414
Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.
Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.
En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.
Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.
Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.
Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.
Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.
Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.
La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.
La Municipalidad de Bagaces se convirtió en una de la Municipalidad más reciente del país en manifestar formalmente su oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».
Mediante el acuerdo N.° 05-160-2024-2028, aprobado de forma unánime en la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Bagaces acordó respaldar el acuerdo N.° 1114-2026 de la Municipalidad de Goicoechea, en el cual se reitera la oposición a dicha iniciativa legislativa.
La votación contó con el apoyo de la totalidad de los regidores presentes, quienes aprobaron el acuerdo con cinco votos a favor y ninguno en contra, otorgándole además carácter de acuerdo firme.
Con esta decisión, Bagaces se suma a otras municipalidades que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas Goicoechea, Belén, Pérez Zeledón, Montes de Oca, León Cortés, Turrialba, San Rafael de Heredia y San Isidro de Heredia.
El pronunciamiento refleja la creciente preocupación de diversos gobiernos locales respecto a los posibles impactos que esta propuesta legislativa podría tener sobre el modelo eléctrico nacional y la gestión de un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país.
La adhesión de Bagaces fortalece la posición de los gobiernos municipales que han solicitado a la Asamblea Legislativa reconsiderar el avance de este proyecto y abrir espacios de discusión más amplios sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense.
Diversas organizaciones ecologistas y comunitarias han venido impulsando una campaña para que más gobiernos locales analicen y se pronuncien sobre el expediente legislativo N.° 23.414. La iniciativa busca que las comunidades se acerquen a sus municipalidades y promuevan acuerdos en base a la autonomía municipal, incentivando la participación ciudadana y el derecho de los gobiernos locales a ser escuchados en decisiones que podrían tener implicaciones para sus territorios.
Esta estrategia retoma experiencias exitosas desarrolladas en años anteriores, cuando decenas de municipalidades se declararon territorios libres de cultivos transgénicos y libres del uso de determinados herbicidas, logrando que más del 90% del territorio nacional adoptara este tipo de pronunciamientos en el caso del maíz transgénicos.
Bloque Verde Bloque Azul COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR Costa Rica por el Océano Movimientos Ríos Vivos Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) Frente Eco Cipreses Oilwatch Costa Rica Red de Coordinación en Biodiversidad Talamanca Siempre Verde Red de Mujeres Costeras
El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.
Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.
Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?
La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.
No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.
Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.
Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.
Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.
Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.
Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.
Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.
Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:
eficiencia económica, flexibilidad del mercado, descentralización funcional, competencia regulada, incentivos de inversión, optimización de costos.
Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:
Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.
La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.
Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.
Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.
Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.
Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.
¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.
En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.
Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.
Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.
Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.
En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.
Referencias
Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.
Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.
Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.
Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.
Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.
Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.
Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.
Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.
Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.
El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.
Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.
El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.
Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.
El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.
Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.
Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.
Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.
San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.
El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.
Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.
“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.
Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.
“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.
Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.
El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.
“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.
“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.
“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.
El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.
Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:
Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.
Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.
Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.
Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.
Defensa de una transición energética justa y democrática.
Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.
Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.
La Universidad de Costa Rica manifestó oficialmente su oposición al proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, al considerar que la iniciativa implicaba una transformación estructural del modelo eléctrico costarricense y generaba riesgos para el carácter público, solidario y planificado del sistema eléctrico nacional.
La posición institucional fue acordada por el Consejo Universitario en la sesión ordinaria n.° 6809 del 6 de junio de 2024, cuando la Universidad comunicó a la Asamblea Legislativa su recomendación de no aprobar el proyecto de ley. El criterio se sustentó en análisis técnicos y académicos elaborados por distintas unidades de la UCR, entre ellas la Escuela de Ingeniería Eléctrica, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Trabajo Social.
Según el acuerdo universitario, el proyecto, aunque presentado bajo el concepto de “armonización”, proponía una reorganización profunda del sistema eléctrico nacional orientada hacia esquemas de mercado, competencia y apertura comercial, incluyendo una mayor integración al Mercado Eléctrico Regional (MER).
Entre las principales observaciones planteadas por la Universidad de Costa Rica se encontraban:
• La fragmentación del modelo eléctrico integrado históricamente alrededor del ICE, mediante la separación de funciones estratégicas de planificación, operación y control del sistema eléctrico nacional.
• La falta de claridad sobre las razones técnicas para trasladar el Centro Nacional de Control de Energía (CENSE) fuera del ICE. La Universidad advirtió que no existía un análisis integral sobre las consecuencias institucionales, operativas y económicas de dejar al ICE sin un centro de control propio, ni sobre los eventuales costos que esto podría trasladar a las personas usuarias.
• La concentración de funciones en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que asumiría simultáneamente tareas de rectoría, planificación y evaluación ambiental, lo que, según el criterio universitario, convertiría al ministerio en juez y parte, debilitando los contrapesos institucionales históricamente existentes en el sector eléctrico.
• El fortalecimiento de mecanismos de competencia y participación privada en generación y comercialización eléctrica sin estudios concluyentes que demostraran beneficios concretos para las tarifas o para la población consumidora.
• La valoración de que el proyecto no necesariamente modernizaba el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), sino que lo reorganizaba en función del mercado y en beneficio de grandes consumidores y generadores privados, sin garantizar condiciones equitativas para el ICE, las cooperativas, las empresas municipales y las personas usuarias medianas y pequeñas.
• La creación de nuevas estructuras y figuras institucionales, como el ECOSEN, que podrían introducir costos adicionales al sistema eléctrico mediante cánones, servicios auxiliares y nuevas cargas operativas que eventualmente terminarían reflejándose en las tarifas eléctricas.
• La apertura del mercado eléctrico nacional mediante la creación de “agentes de mercado”, lo que implicaría un cambio profundo en el modelo eléctrico solidario costarricense. La Universidad consideró que una transformación de esta magnitud debía ser discutida de manera amplia, transparente y participativa.
• La preocupación por el aumento de exportaciones eléctricas hacia el Mercado Eléctrico Regional (MER), al considerar que esto podría comprometer cuencas hidrográficas y bienes estratégicos vinculados con la soberanía energética futura del país, en un contexto de creciente presión sobre el agua y los territorios.
• La advertencia de que la eventual derogatoria de la Ley 7200 eliminaría límites históricos a la participación privada en generación eléctrica, abriendo mayores espacios a grandes empresas y capitales transnacionales dentro del sector energético nacional.
• La ausencia de mecanismos robustos de participación social en la toma de decisiones del sistema eléctrico, dejando con poca representación a comunidades, personas consumidoras, organizaciones sociales, sindicatos, grupos ambientalistas y otros sectores ciudadanos interesados en el futuro energético del país.
Asimismo, la Universidad señaló que el proyecto carecía de estudios técnicos suficientes sobre excedentes eléctricos, necesidades futuras de demanda, costos de implementación, impactos tarifarios y consecuencias ambientales y sociales derivadas de una mayor mercantilización del sistema eléctrico.
El acuerdo del Consejo Universitario concluyó recomendando a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley expediente 23.414 y manifestó la disposición de la Universidad de Costa Rica de colaborar técnicamente mediante el aporte de personas expertas y criterios académicos especializados para la discusión del futuro del sistema eléctrico nacional.
Cabe señalar que algunos elementos del proyecto pudieron haber variado durante el proceso legislativo y las discusiones posteriores al acuerdo universitario; sin embargo, este pronunciamiento recoge la posición institucional expresada oficialmente por la Universidad de Costa Rica respecto al texto dictaminado consultado en ese momento.
El Sindicato Unitario de la Universidad Estatal a Distancia (SIUNED) manifiesta su firme oposición al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, expediente legislativo 23.414, y llama a la movilización de la comunidad universitaria por considerar que representa un grave retroceso para el modelo eléctrico solidario construido por el pueblo costarricense durante décadas y una amenaza directa contra el bienestar del país. Este proyecto solo busca el desmantelamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para favorecer a las élites económicas y al gran capital.
Defensa de la educación pública y de las poblaciones rurales vinculadas a la UNED
Desde el SIUNED afirmamos que la defensa del modelo eléctrico solidario también constituye una defensa de la educación pública y del derecho humano a la educación superior.
La Universidad Estatal a Distancia (UNED) tiene una extensa presencia en territorios rurales, costeros, fronterizos y en muchísimas comunidades alejadas, donde miles de estudiantes dependen de servicios eléctricos estables y accesibles para sostener sus procesos educativos.
Cualquier aumento tarifario, deterioro del servicio o abandono del servicio eléctrico en las zonas menos rentables por su lejanía y dificultad de acceso, afectará directamente a las poblaciones históricamente excluidas que la UNED atiende y acompaña.
Debilitar el modelo eléctrico solidario implica aumentar las desigualdades territoriales y sociales que afectan a las poblaciones que la UNED históricamente ha buscado incluir.
Por esta razón, el SIUNED considera indispensable defender un sistema que garantiza igualdad territorial, inclusión social y acceso a servicios esenciales.
El acceso a la electricidad es un servicio público que no puede depender de criterios de rentabilidad privada ni del interés comercial de grandes empresas.
Debilitamiento del ICE y fragmentación del sistema eléctrico nacional
El proyecto de ley usa los disfraces de la armonía y la modernización del sistema eléctrico nacional, pero es todo lo contrario.
La iniciativa arrebata al ICE su función de planificación, ejecutada actualmente por la División de Operación y Control del Sistema Eléctrico (DOCSE), cuyas potestades pasarían a manos de una nueva entidad llamada Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), en cuya Junta Directiva estarían sentados los propios generadores privados.
Esta estructura permitiría que las grandes empresas actúen como juez y parte, y que influyan directamente en las decisiones energéticas del país y del sistema eléctrico nacional.
Así, la propuesta reduce las tareas históricas del ICE y traslada sus funciones estratégicas hacia un esquema de mercado que solo favorece intereses privados nacionales y transnacionales.
Con ello, el proyecto debilita las capacidades técnicas, operativas y de planificación del ICE y desconoce la capacidad institucional acumulada durante décadas. Además, pone en riesgo la estabilidad y la confiabilidad del sistema eléctrico, así como la seguridad energética del país.
El ICE ha sido pieza fundamental en la construcción de un sistema eléctrico público, solidario y con cobertura casi universal. Debilitarlo significa poner en riesgo uno de los principales pilares del desarrollo costarricense.
Alza inminente de las tarifas eléctricas
Este proyecto es sinónimo de tarifazos y apagones constantes. El expediente 23.414 impone un modelo de mercado de subastas entre grandes empresarios que, según múltiples experiencias internacionales, provoca el aumento de las tarifas para la población, la especulación financiera y la concentración del mercado, todo ello por la colusión entre generadores privados para inflar los precios de la electricidad.
De esta forma, la electricidad dejaría de concebirse como un servicio público y un derecho social, para pasar a tratarse como una mercancía sujeta a intereses lucrativos.
Además, el proyecto permite que actores privados participen en la exportación de electricidad, lo que reduciría los ingresos que actualmente utiliza el ICE para aplicar rebajas tarifarias.
Nos preocupa profundamente que las ganancias derivadas de la exportación de electricidad producida con nuestros ríos, ingresos que actualmente contribuyen a reducir las tarifas para la población costarricense, queden en manos privadas.
Esta situación afectaría directamente a las familias trabajadoras, a los sectores populares y a las comunidades más vulnerables del país. Con esta reforma, los beneficios quedarían en cuentas privadas y las pérdidas las asumiría el pueblo.
Amenazas a la estabilidad y seguridad energética del país
Costa Rica ha logrado construir uno de los sistemas eléctricos más estables de América Latina, donde gozamos de precios altamente competitivos y cuya matriz se fundamenta en fuentes renovables, todo esto gracias a la planificación pública centralizada y a la experiencia técnica del ICE.
El proyecto 23.414 debilita esa planificación y sustituye criterios técnicos por dinámicas de mercado. Esta transformación genera riesgos de inestabilidad, problemas de abastecimiento y deterioro en la calidad del servicio eléctrico.
La seguridad energética del país debe responder al interés público y no a intereses comerciales particulares. El proyecto de ley es sinónimo de tarifazos y apagones eléctricos.
Privatización encubierta y beneficio para los grandes grupos económicos
El proyecto favorece la participación de grandes empresas privadas nacionales, regionales y transnacionales en un mercado eléctrico altamente rentable que, desde hace décadas, distintos grupos empresariales buscan saquear.
Bajo el discurso de la “armonización y modernización”, se impulsa una privatización progresiva del sistema eléctrico costarricense.
Mientras el país enfrenta dificultades económicas y sociales, esta iniciativa traslada recursos estratégicos hacia grupos empresariales que buscan convertir el servicio público de electricidad en una fuente leonina de ganancias privadas.
La energía eléctrica debe mantenerse como un bien público y no como una mercancía controlada por élites económicas.
Riesgos ambientales y pérdida de soberanía energética
La apertura indiscriminada del mercado eléctrico puede incentivar nuevos proyectos extractivistas en ríos y territorios rurales, sin responder necesariamente a las verdaderas necesidades energéticas del país.
Lo anterior porque el proyecto permite que empresas privadas instalen represas en nuestros ríos con la única finalidad de exportar electricidad a otros países.
Costa Rica ha alcanzado reconocimiento internacional por su matriz eléctrica renovable y por la planificación pública de sus recursos energéticos. El debilitamiento del modelo solidario amenaza esa soberanía energética y puede incrementar conflictos socioambientales en distintas comunidades.
Posicionarse en contra de este proyecto también significa defender los bienes comunes y el patrimonio natural del país.
Llamado a la movilización y a la defensa del modelo eléctrico nacional y solidario
El SIUNED hace un llamado a la comunidad universitaria, a los movimientos sociales, a las organizaciones sindicales y al pueblo costarricense a defender el carácter público, solidario y estratégico del sistema eléctrico nacional.
Costa Rica necesita fortalecer al ICE, proteger la soberanía energética y garantizar que la electricidad continúe al servicio del bienestar común y no del lucro privado.
La defensa del ICE no puede limitarse únicamente al debate parlamentario. La historia del país demuestra que los grandes derechos sociales y las instituciones públicas se han defendido mediante la organización popular y la movilización social.
Así ocurrió hace más de dos décadas en la lucha contra el Combo del ICE, cuando el pueblo costarricense logró frenar los intentos de privatización mediante la participación activa de comunidades, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales.
Por esta razón, el SIUNED hace un llamado a fortalecer la articulación social y la movilización en defensa del ICE y de todos los servicios públicos estratégicos que hoy enfrentan amenazas de debilitamiento y privatización.
La defensa de nuestros bienes comunes exige organización, conciencia crítica y participación activa. No podemos permitir que sectores económicos privilegiados y los políticos de turno conviertan derechos fundamentales en mercancías al servicio de intereses privados.
Defender el modelo eléctrico solidario también significa levantar la lucha contra quienes pretenden vender nuestros bienes comunes al mejor postor y avanzar hacia la privatización de servicios esenciales para la vida, la igualdad y el desarrollo del país.
¡No a la privatización encubierta de nuestra electricidad! ¡La electricidad es un derecho del pueblo costarricense! ¡Defender el sistema eléctrico solidario es también defender la educación pública! ¡El ICE no se vende, el ICE se defiende!
ForoEncuentro Democrático A la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional
Sobre el Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional
Encuentro Democrático se dirige respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional ante la próxima votación del Expediente 23.414, Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Nos dirigimos a ustedes con preocupación y con sentido de responsabilidad democrática. El país necesita discutir con seriedad el futuro de su sistema eléctrico y avanzar en su modernización con criterios técnicos, institucionales y de interés público.
Precisamente por la importancia estratégica de este tema, consideramos que una reforma de esta magnitud no debe aprobarse sin atender de forma suficiente las observaciones técnicas, jurídicas, institucionales y políticas señaladas por distintos sectores. Entre ellas destacan las advertencias planteadas por la Juventud Liberacionista en su análisis sobre el Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad.
Nuestra posición no parte de una negativa al cambio. Parte de una convicción distinta: el sistema eléctrico costarricense debe actualizarse sin perder su sentido público, su vocación solidaria ni la función histórica que ha tenido en la construcción del desarrollo nacional.
I. Aspectos que preocupan del Expediente 23.414
A partir de los criterios conocidos y de los argumentos expuestos por la Juventud Liberacionista, Encuentro Democrático considera necesario llamar la atención sobre varios puntos de fondo.
En primer lugar, preocupa que el proyecto pueda debilitar la planificación integrada del Sistema Eléctrico Nacional. La electricidad no es un asunto menor ni un simple bien de intercambio. Es una condición básica para la vida cotidiana, para la producción, para la educación, para la salud y para la cohesión territorial del país. Por eso, cualquier transformación del modelo debe asegurar que el Estado conserve una capacidad real de conducción estratégica.
También genera inquietud el posible impacto tarifario para los hogares y para las pequeñas y medianas empresas. Se ha advertido que una apertura mal diseñada podría permitir que grandes consumidores se aparten de ciertos costos comunes del sistema, trasladando esa carga a los usuarios que no tienen la misma capacidad de negociación. Este no es un detalle técnico: toca directamente la economía familiar y la estabilidad de miles de emprendimientos nacionales.
Otro elemento que requiere especial cuidado es la relación entre el ICE y los generadores privados. Los datos citados por la Juventud Liberacionista muestran diferencias importantes en los costos de generación. Por ello, antes de avanzar hacia un esquema de mayor apertura, el país necesita tener certeza de que esa reforma producirá beneficios reales para la ciudadanía, y no únicamente mejores condiciones para determinados actores del mercado.
Preocupa, además, la posible fragmentación institucional. La creación de nuevas instancias y la redistribución de funciones en un sistema tan sensible como el eléctrico no pueden hacerse de manera apresurada. Costa Rica ha construido, durante décadas, una institucionalidad que ha permitido cobertura, continuidad y capacidad de respuesta. Cualquier modificación debe demostrar que mejora esa arquitectura y no que la vuelve más débil, más costosa o incierta.
Resulta igualmente delicado que algunas disposiciones del proyecto puedan reducir el alcance de la electricidad como servicio público, sobre todo en lo relativo a la generación y a la comercialización mayorista. Para Costa Rica, la electricidad ha sido mucho más que una mercancía. Ha sido una herramienta de integración nacional, de justicia territorial y de desarrollo social.
A ello se suman las observaciones jurídicas y constitucionales que han sido planteadas por instancias especializadas. Una reforma estructural de este tipo debe nacer con plena solidez legal. De lo contrario, podría abrir un periodo de incertidumbre que afectaría al Estado, a las instituciones, a los usuarios y al propio sistema eléctrico.
Finalmente, preocupa el efecto que el proyecto pueda tener sobre la capacidad futura de inversión del ICE. El Instituto Costarricense de Electricidad ha sido una pieza decisiva del modelo costarricense. Limitar su posibilidad de planificar, invertir y desarrollar proyectos de largo plazo podría afectar no solo a la institución, sino al país entero.
II. Modernizar sin desmantelar
Encuentro Democrático considera que esta discusión no debe plantearse como una falsa oposición entre pasado y futuro. Costa Rica no tiene que escoger entre inmovilismo y apertura indiscriminada. Hay otro camino: modernizar con prudencia, fortalecer con inteligencia, corregir lo que deba corregirse y preservar aquello que ha sido esencial para el bien común.
El ICE puede y debe mejorar. El sistema eléctrico nacional puede y debe actualizarse. Pero ese proceso no debería hacerse debilitando la planificación pública, reduciendo la capacidad estratégica del Estado ni convirtiendo un bien esencial en un espacio sujeto prioritariamente a la lógica del mercado.
En este punto, la historia del Partido Liberación Nacional tiene un peso particular. La creación del ICE no fue un accidente administrativo. Formó parte de una visión de país. Una visión que entendió que la electricidad debía llegar a todos los territorios, que el desarrollo no podía quedar concentrado en unos pocos sectores y que ciertas áreas estratégicas debían permanecer vinculadas al interés nacional.
Por eso apelamos, respetuosamente, a esa memoria. No para impedir el debate ni para cerrar la puerta a las reformas, sino para recordar que la modernización solo tiene sentido si conserva el horizonte de justicia social que dio origen a nuestras mejores instituciones.
III. Una decisión con consecuencias políticas
La votación del Expediente 23.414 no será leída únicamente como una decisión técnica. Tendrá también una dimensión política e histórica. En ella se juega una señal sobre el papel que tendrá la oposición legislativa en la defensa de la institucionalidad pública, del Estado Social de Derecho y de los equilibrios democráticos que el país necesita.
La ciudadanía ha pedido contrapesos, responsabilidad y defensa de las instituciones. Esa demanda no debe entenderse como una consigna partidaria, sino como una preocupación profunda por el rumbo del país. En ese contexto, la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de actuar con prudencia, escuchar las distintas advertencias y evitar una decisión que pueda resultar irreversible.
También consideramos importante que las voces jóvenes del liberacionismo sean tomadas en cuenta. La Juventud Liberacionista ha hecho un planteamiento serio, fundamentado y coherente con una tradición partidaria que históricamente defendió el papel social del Estado. Escuchar esa voz no debilita al partido; al contrario, honra su tradición deliberativa.
Llamado final
Por las razones expuestas, Encuentro Democrático solicita respetuosamente a la Fracción Legislativa del Partido Liberación Nacional votar en contra del Expediente 23.414.
Formulamos esta solicitud con firmeza y respeto, desde la preocupación legítima por el futuro del sistema eléctrico nacional y desde la convicción de que aún es posible abrir una discusión más amplia, transparente y segura para el país.
Costa Rica necesita modernizar su sistema eléctrico, pero no a costa de debilitar al ICE. Necesita eficiencia, pero no al precio de perder soberanía energética. Necesita reformas, sí, pero reformas que fortalezcan el interés público y no que generen incertidumbre sobre uno de los pilares de nuestro desarrollo nacional.
En un asunto de esta trascendencia, la prudencia es una expresión de responsabilidad histórica.
A continuación, presentamos una síntesis puntual de algunos de los principales cuestionamientos técnicos, institucionales y jurídicos asociados al Expediente 23.414:
Perjuicios al país del Expediente 23.414
Síntesis elaborada a partir del documento de la Juventud Liberacionista: “El Expediente 23.414 y la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad”.
Debilita la soberanía energética y rompe la planificación estatal. El proyecto fragmenta el Sistema Eléctrico Nacional, sustituye funciones del ICE y crea un mercado mayorista que “compromete la soberanía energética del país” y convierte la electricidad en un commodity sujeto a especulación.
Aumentará las tarifas para familias y PYMES. La propia CEDET advirtió que la apertura permitiría que grandes consumidores evadan los costos fijos del sistema, trasladándolos al resto de usuarios:
“Los costos se tendrán que trasladar al resto de los usuarios con graves aumentos a las tarifas de las familias y PYMES”.
3. Favorece estructuralmente a grandes generadores privados. El ICE genera energía más barata que los privados:
Según los datos citados, el ICE generó energía a 42,65 colones por kWh en 2023, mientras que los generadores privados bajo la Ley 7200 lo hicieron a 52,90 colones por kWh y los de la Ley 7508 a 69,38 colones por kWh. En ese contexto, el proyecto fortalecería a actores cuyos costos de generación serían entre un 24% y un 63% superiores.
4. Riesgos técnicos severos por fragmentación del control del sistema. La creación del ECOSEN implica duplicidad de funciones, pérdida de economías de escala y debilitamiento del despacho unificado. El documento advierte que esto “destruiría la capacidad de respuesta integrada del sistema eléctrico nacional”.
5. Elimina la naturaleza de servicio público en la generación. El Artículo 3 inciso v) excluye la generación y comercialización mayorista del concepto de servicio público, debilitando la capacidad regulatoria del Estado y priorizando la rentabilidad privada.
6. Riesgos jurídicos y constitucionales. La Procuraduría General y Servicios Técnicos de la Asamblea han advertido vicios de razonabilidad, legalidad y posibles afectaciones a competencias constitucionales del ICE.
7. Desfinancia y limita la inversión futura del ICE. Nuevas plantas del ICE deberán competir en subastas, eliminando certeza regulatoria y afectando su capacidad de planificar proyectos de largo plazo.
Más allá de las objeciones técnicas y jurídicas señaladas, este expediente también plantea una definición política de fondo sobre la defensa del Estado Social de Derecho, el modelo de desarrollo, la institucionalidad pública y la responsabilidad histórica de quienes hoy deben votar.
Autoría: José Solano-Saborío , Tatiana Herrera Ávila
Defender el modelo eléctrico es defender a Costa Rica
Hay cosas que un pueblo construye con dinero. Otras con trabajo. Otras con sacrificio. Y hay unas pocas que se construyen con generaciones enteras creyendo en un mismo sueño. El sistema eléctrico costarricense pertenece a esa última categoría.
No nació de la casualidad ni apareció por la mano invisible de un mercado. No fue un regalo de inversionistas extranjeros ni una oportunidad de negocios para unos pocos. Fue una obra colectiva levantada durante décadas por miles de costarricenses que entendieron algo profundamente simple: hay servicios tan esenciales para una nación que no pueden quedar sujetos únicamente a la lógica de la ganancia.
Mientras otros países preguntaban cuánto dinero se podía ganar llevando electricidad a una comunidad, Costa Rica se hizo otra pregunta: ¿cómo hacemos para que la electricidad llegue a todos? Y esa diferencia cambió nuestra historia.
Gracias a esa visión hoy Costa Rica posee algo extraordinario: prácticamente el 100% del territorio nacional cuenta con acceso a electricidad. La luz llega a barrios, montañas, comunidades indígenas, zonas rurales y costas alejadas. Llega a lugares donde un modelo guiado solo por la rentabilidad probablemente nunca habría llegado.
Porque una empresa puede ver una zona aislada y pensar: “no es rentable”. Pero una nación verdadera ve personas, ve familias, ve ciudadanos. Esa es la diferencia entre un negocio y un proyecto país.
Nuestro modelo eléctrico fue diseñado para servir a la población y no para extraer la máxima rentabilidad posible. Por eso existen subsidios cruzados. Por eso una familia en Guanacaste paga lo mismo que paga una familia en San José. Por eso quienes consumen más aportan más. Porque Costa Rica entendió algo que algunas sociedades olvidaron: la solidaridad no es una debilidad económica; es una fortaleza nacional.
Los datos hablan por sí solos. Costa Rica produce más del 98% de su electricidad con fuentes renovables. Tenemos cobertura prácticamente universal. Mantenemos altos niveles de calidad y confiabilidad. Y nuestras tarifas residenciales compiten favorablemente con muchos países desarrollados cuyos ingresos per cápita duplican o triplican el nuestro.
La siguiente tabla ilustra cómo se compara nuestro modelo con el de algunos países de la OCDE, considerando modelo de distribución, precio al consumidor residencial, cobertura y equidad territorial:
País
Modelo eléctrico
Precio hogar (USD/kWh)
Cobertura
Tarifa rural = urbana
Costa Rica
Estatal + cooperativas + ARESEP
~US$0.20–0.21
~100%
Sí (subsidio cruzado)
España
Privadas reguladas
~US$0.28–0.32
~100%
Sí
Alemania
Mixto privado-regulado
~US$0.44–0.48
~100%
No completamente
Francia
Predominio estatal
~US$0.30–0.32
~100%
Sí
Irlanda
Privado regulado
~US$0.69
~100%
Parcialmente
Italia
Privado regulado
~US$0.66
~100%
Parcialmente
California EE.UU.
Privadas concesionadas
~US$0.30–0.33
100%
No
Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), ARESEP. Precios convertidos a USD (tipo de cambio 2025).
Mientras países europeos con ingresos cercanos a los US$60 000 o US$70 000 por habitante pagan electricidad mucho más costosa, Costa Rica, con un ingreso cercano a US$20 000 por persona, ha construido un modelo eficiente, limpio y profundamente humano.
La tabla siguiente permite apreciar con mayor detalle la diferencia de precios residenciales e industriales, así como la relación entre el costo de la electricidad y el nivel de desarrollo económico de cada nación:
País
Residencial (USD/kWh)
Industrial (USD/kWh)
Veces más caro que CR
PIB per cápita (USD)
Irlanda
~0.69
~0.30–0.35
3.3x
130 000
Italia
~0.66
~0.26–0.32
3.1x
43 000
Bélgica
~0.61
~0.24–0.29
2.9x
61 000
Alemania
~0.44–0.48
~0.27–0.28
2.0x
60 000
Dinamarca
~0.39–0.41
~0.22–0.26
1.9x
77 000
California EE.UU.
~0.30–0.33
~0.20–0.24
1.5x
90 000
España
~0.28–0.32
~0.18–0.21
1.3x
38 000
Costa Rica
~0.20–0.21
~0.12–0.15
referencia
20 000
Fuentes: Eurostat, Agencia Internacional de Energía (AIE), FMI, 2025.
Eso no ocurrió por accidente. Fue producto de planificación pública, instituciones fuertes, visión de largo plazo y una decisión histórica: poner el interés nacional por encima del interés particular.
Y precisamente porque funciona, algunos quieren cambiarlo.
Debemos decirlo con claridad. Cada cierto tiempo reaparecen discursos que hablan de modernización, apertura, eficiencia y competencia. Las palabras cambian. El libreto casi nunca.
Se presenta la privatización como una receta inevitable, como si la historia empezara hoy y como si Costa Rica no hubiera demostrado ya que otro camino era posible.
Pero el país tiene memoria.
Recordamos épocas donde ciertos generadores privados vendían electricidad en condiciones extraordinariamente favorables, con contratos que garantizaron ganancias desproporcionadas. Recordamos privilegios construidos alrededor de un mercado cautivo. Recordamos cómo algunos pocos ganaron mucho mientras el país asumía costos que nunca fueron realmente discutidos.
Y hoy esos intereses vuelven a tocar la puerta. No llegan diciendo que quieren un negocio. Llegan hablando de eficiencia. No llegan diciendo que quieren rentas privilegiadas. Llegan hablando de competencia. No llegan diciendo que quieren capturar un mercado construido con inversión pública. Llegan diciendo que vienen a modernizar.
Pero Costa Rica tiene derecho a hacer una pregunta sencilla:
¿Modernizar para beneficiar a quién?
Porque cuando un sistema funciona, la carga de la prueba corresponde a quien quiere cambiarlo.
Y nuestro sistema funciona. Funciona porque fue construido con una lógica distinta. La lógica de país. El ICE, las cooperativas, la regulación y los mecanismos solidarios no son obstáculos para el desarrollo. Son precisamente las herramientas que permitieron construir uno de los sistemas eléctricos más exitosos del planeta.
Muchos países ricos todavía intentan resolver problemas que Costa Rica resolvió hace décadas: cómo electrificar zonas rurales, cómo universalizar el servicio, cómo impulsar energías limpias y cómo evitar que vivir lejos de las ciudades signifique pagar más.
Nosotros ya lo hicimos. Y lo hicimos juntos.
Por eso esta discusión no trata únicamente de kilovatios, tarifas o modelos regulatorios. Habla de algo mucho más profundo. Habla del tipo de país que queremos ser.
La electricidad costarricense no es solamente infraestructura. Es una decisión moral. Es la expresión de una idea profundamente democrática: que el progreso de una nación debe llegar hasta el último hogar, hasta la última familia y hasta la última comunidad.
Y hay cosas que una generación recibe no para venderlas, sino para protegerlas. Porque hubo costarricenses antes que nosotros que construyeron esta obra pensando en personas que nunca conocerían.
Nos toca hacer lo mismo. Porque la luz que hoy ilumina nuestras casas no nació en los mercados. Nació en una visión de país. Y los pueblos que olvidan el valor de lo que heredaron terminan pagando dos veces: primero con indiferencia y después con arrepentimiento.
La electricidad de Costa Rica no es un privilegio. No es una mercancía. No es una oportunidad de negocios. Es una conquista nacional.
Y las conquistas nacionales no se negocian: se defienden.
Porque la luz que llega a cada hogar costarricense no pertenece a unos pocos: pertenece a generaciones enteras. Y lo que un pueblo construyó unido, ningún interés particular debe arrebatárselo.
Movimiento Costarricense por la Defensa de la Electricidad
Esto es precisamente lo que hace el proyecto de ley N°23.414 que Rodrigo Chaves presentó en el 2022 para privatizar el mercado de electricidad en Costa Rica. Este mismo proyecto es que el que Laura Fernández está convocando y pide aprobar con urgencia en los próximos días.
Un proyecto que hará más ricos a familias dueñas de generadores privados de electricidad como los Arias. ¿Increíble no? Nos prometen combatir a las élites y a los ticos con corona, mientras al mismo tiempo nos clavan proyectos que los benefician.
El proyecto hace 3 cosas:
1- Desarma el cerebro eléctrico que el ICE usa para despachar electricidad a todo el país (el DOCSE) y se lo pasa a una nueva institución pública que crea con el fin de que los generadores privados puedan estar en su Junta Directiva (el ECOSEN). Esto le quita al ICE la autoridad para dirigir el sistema eléctrico nacional y eleva los costos que pagamos todos los ticos porque ahora hay que pagar el presupuesto de la nueva institución pública que hacen. Sin ese cerebro eléctrico del ICE, se nos vienen apagones y peor calidad del servicio eléctrico.
2- Crea un mercado de subastas en el que el ICE deberá supuestamente competir por los contratos de electricidad (¡después de haberle desarmado su cerebro eléctrico y boicotearle su capacidad!). Sobre esto habría que decir que los mercados de subasta de electricidad en el mundo casi siempre acaban en sobreprecios y alzas tarifarias porque los pocos agentes que participan se ponen de acuerdo para inflar los precios de la subasta, como en España. Con los ricachones dueños de generación privada de electricidad poniéndose de acuerdo, se nos vienen aumentazos en los recibos de la luz.
3- Habilita la exportación de electricidad por parte de los generadores privados. Esto parece inofensivo y lo sería, de no ser porque la mayor transnacional de la región dedicada a la generación privada de electricidad ya anunció que le interesa venir al a país a generar electricidad para exportar. Lo hará construyendo centrales a filo de agua en nuestros ríos, con poquísimos empleados y a costa de las comunidades que usan esos ríos. Pero, además, hay un detalle adicional: cada vez que el ICE exporta electricidad, la ARESEP aplica un rebajo en los recibos de la luz a los ticos, pero si el ICE exporta menos y la transnacional le roba el mandado, no ocurren esos rebajos. Con el ICE siendo desplazado en exportaciones, se nos vienen recibos de luz sin rebajos.
Esto lo quieren aprobar YA
¿Te gustaría pagar más por la luz o vivir con apagones?
¡No dejemos que nos metan gato por liebre, que no nos roben nuestra electricidad!
Le invitamos a ver la conferencia de prensa:
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