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Etiqueta: soberanía energética

La soberanía energética y Liberación Nacional

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Los países que realmente quieren sobrevivir en este mundo se preocupan por adquirir soberanía energética. Conscientes que deben trabajar en ello, porque las potencias internacionales tienen una llave muy poderosa en sus manos para chantajear y dominarlos, los gobiernos, partiendo de una estrategia definida, procuran conservar —hasta donde les sea posible— la independencia energética. Por regla de principios, la energía en sus diferentes manifestaciones debe estar bajo el control del Estado.

Como uno de los ejemplos más recientes, el presidente Trump en días pasados amenazó con prohibir la exportación de diésel de Estados Unidos. Si esa medida no hubiera sido paliada por el acuerdo con la Rusia de Putin, el mundo se hubiese enfrentado a un caos internacional. Pensemos en Costa Rica, que importa de EUA la mayor parte de sus combustibles: sin diésel se paralizaría el transporte, habría desabastecimiento de alimentos, se afectaría la movilidad de las personas y se produciría un caos total. Es claro que nosotros no tenemos petróleo y siempre seremos un juguetito del gobierno norteamericano.

Sin embargo, podemos hacer mucho para lograr cierta soberanía energética. Costa Rica es ejemplo mundial en la producción de energía limpia, hidroeléctrica, eólica, geotérmica, solar; más del 95% de la electricidad es producida por fuentes renovables, todo un ejemplo mundial. Este éxito ha sido producto del ICE.

En el campo de la electricidad hemos logrado ser soberanos, no dependemos del exterior, aunque últimamente en este gobierno de Chaves se han dado ciertos retrocesos.

La soberanía eléctrica puede ayudarnos a mitigar la dependencia de los carburantes, gasolina y diésel principalmente. Es en el transporte donde se da el mayor consumo de petróleo y, por tanto, la mayor dependencia del exterior.

Pero este gobierno chavista en vez de avanzar en la electrificación de la movilidad del transporte ha eliminado los estímulos a los vehículos eléctricos, cuando lo importante es avanzar hacia la movilidad eléctrica de autobuses, camiones y otros medios, para ir adquiriendo soberanía energética. Eso es lo que haría un estadista, un gobernante que piensa y planea a largo plazo, que tiene presentes los peligros que ocurren actualmente y en el futuro en el planeta. Pero Chaves no tiene ninguna de esas cualidades y más bien elimina los estímulos a la movilidad eléctrica.

El proyecto llamado de Armonización Eléctrica, que actualmente discute la Asamblea Legislativa, camina en el mismo sentido, renunciar a la soberanía en ese campo.

La propuesta puede resumirse así:

1-. Apertura del mercado: el que quiera puede competir y elimina al ICE como la institución directora del sistema eléctrico nacional. En otras palabras, el Estado pierde o se minimiza su papel de control estratégico de una rama esencial y fundamental del desarrollo económico y social del país.

2-. Creación del ECOSEN, es decir, una institución que controlará, regulará y orientará el desarrollo del sistema eléctrico, dentro del cual tendrán un papel importante los productores de energía particulares. Es un esquema parecido al Consejo de Transporte, donde los autobuseros y particulares definen las reglas del juego. Sabemos el desastre del transporte público nacional, porque los actores son al mismo tiempo jueces. En la electricidad ocurrirá lo mismo: los generadores particulares en ECOSEN serán parte y juez al mismo tiempo. Nuevamente, el Estado pierde capacidad de dirección estratégica sobre la electricidad.

3-. El Mercado Eléctrico Regulado es una instancia donde se puja y subasta por precios, dejando zonas desprotegidas, probablemente las más pobres. El Estado es reducido a un simple productor.

Este proyecto se enmarca dentro del dominio privado, interno y externo, de uno de los centros neurálgicos, estratégicos, del desarrollo nacional. No se trata de que la empresa privada no participe del mercado, ya que actualmente lo hace; lo trascendente es que el Estado a través del ICE conserve el control de la producción y distribución de electricidad, como un elemento fundamental de la soberanía energética.

Un sector de diputados de Liberación Nacional se ha plegado a las posiciones antipatrióticas y entreguistas del chavismo y serán cómplices de la desnacionalización eléctrica, una de las conquistas más importantes, precisamente de ese partido.

Este ha sido un proyecto viejo de un sector importante de Liberación Nacional, se dice que especialmente de los hermanos Arias Sánchez y de un grupo de empresarios, que ahora asume la fracción legislativa del chavismo, precisamente por tratarse de una causa de entrega del patrimonio nacional y de la soberanía nacional.

En todas las causas antipatrióticas encontraremos siempre matriculado al chavismo que contará con la ayuda de cipayos que también siempre existirán.

Si este proyecto es aprobado con la ayuda de Liberación Nacional, volverán a la sala de cuidados intensivos de la política.

Llaman a enviar cartas a las diputaciones para pedir el archivo del expediente 23.414 que es una amenaza para el modelo eléctrico solidario

Escrito en . Publicado en Derechos.

Las organizaciones del movimiento que defiende el modelo solidario del servicio de electricidad hacen un llamado urgente a la ciudadanía y a las organizaciones sociales. Piden enviar de nuevo cartas a las personas diputadas para solicitar el rechazo y el archivo definitivo del expediente legislativo n.º 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

Para facilitar el envío, el movimiento preparó dos propuestas de carta, cada uno con sus listas de correos y recomendaciones. SURCOS comparte esta información con los textos originales que el movimiento envió a nuestra redacción. Este es el material propuesto para esta campaña:

  1. Carta de oposición dirigida a las 57 diputaciones, para solicitar que voten en contra del proyecto y apoyen su archivo definitivo.

  2. Carta específica dirigida a las 17 diputaciones del Partido Liberación Nacional (PLN). Según el movimiento, “parece que algunas diputaciones se están torciendo a favor del proyecto”.

Las preocupaciones del movimiento

En la carta dirigida a todas las diputaciones, el movimiento sostiene que el proyecto amenaza el modelo eléctrico solidario construido durante décadas. Ese modelo ha permitido una cobertura eléctrica superior al 99 %, estabilidad, acceso universal y una matriz predominantemente renovable. El movimiento advierte que la iniciativa debilitaría las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y daría más participación a intereses privados en decisiones fundamentales del sistema. También trasladaría mayores costos y riesgos a las personas usuarias.

Entre los principales señalamientos están los siguientes:

  • Nueva institucionalidad: la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al que se trasladarían funciones de operación y planificación que hoy dependen de capacidades técnicas acumuladas por el país.

  • Planificación: el paso de una planificación directiva y vinculante a una planificación indicativa, en la que las señales del mercado tendrían un papel determinante en las decisiones de inversión.

  • Tarifas: la posibilidad de que los grandes consumidores compren electricidad directamente a empresas generadoras privadas. Según el movimiento, eso podría trasladar una mayor carga tarifaria a las personas usuarias residenciales, a los pequeños comercios y a los sectores empobrecidos.

  • Beneficios del mercado regional: la pérdida de los beneficios que hoy recibe la población por las operaciones del ICE en el Mercado Eléctrico Regional.

  • Estabilidad del sistema: riesgos para la estabilidad y la confiabilidad, como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y más necesidad de infraestructura de respaldo.

  • Ambiente y soberanía: riesgos ambientales y territoriales por mayores incentivos para proyectos privados en ríos y cuencas, y riesgos para la soberanía energética.

  • Dirección de Planificación del ICE: según han denunciado organizaciones del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver la Dirección de Planificación y Sostenibilidad de la Gerencia de Electricidad el 22 de setiembre de 2026. Las organizaciones lo consideran una posible implementación anticipada del proyecto mientras este sigue en discusión legislativa.

La carta recuerda también que en mayo de 2026 una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales y comunitarias logró que el proyecto no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.

La carta dirigida a la fracción del PLN expresa preocupación por la información de que algunas de sus diputaciones habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del proyecto en segundo debate. Les recuerda el compromiso que asumieron como bloque legislativo en defensa del Estado social de derecho.

Cómo enviar las cartas

En los dos casos, cada organización o persona puede elegir entre dos opciones:

  • Opción 1: enviar un solo correo-e a todas las personas diputadas de la lista correspondiente, con el asunto sugerido y la carta.

  • Opción 2: enviar una carta individual a cada persona diputada, con un encabezado personalizado. Las cartas individuales ya están preparadas en los documentos que pueden descargarse al final de esta nota. Cada carta empieza en una página nueva.

En la carta dirigida a las 57 diputaciones se puede agregar, de forma opcional, un considerando décimo sobre la posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. El movimiento aclara que ese punto es solo por si desean añadirlo: “en estos momentos lo urgente es el envío de la carta a las personas diputadas”. Si no se usa, debe borrarse completo.

 

Acción 1. Carta de oposición a las 57 diputaciones

Asunto sugerido:
Solicitud de rechazo y archivo definitivo del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”

Direcciones de correo-e (57):

claudia.dobles@asamblea.go.cr; alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr; abril.gordienko@asamblea.go.cr; nogui.acosta@asamblea.go.cr; kattya.mora@asamblea.go.cr; stephan.brunner@asamblea.go.cr; mayuli.ortega@asamblea.go.cr; gonzalo.ramirez@asamblea.go.cr; anna.muller@asamblea.go.cr; antonio.barzuna@asamblea.go.cr; esmeralda.britton@asamblea.go.cr; jose.villalobos@asamblea.go.cr; zaira.murillo@asamblea.go.cr; gerald.bogantes@asamblea.go.cr; grethel.avila@asamblea.go.cr; wilson.jimenez@asamblea.go.cr; kattia.ulate@asamblea.go.cr; fernando.obaldia@asamblea.go.cr; cindy.blanco@asamblea.go.cr; roberth.barrantes@asamblea.go.cr; yara.jimenez@asamblea.go.cr; marta.esquivel@asamblea.go.cr; juan.quesada@asamblea.go.cr; nayuribe.guadamuz@asamblea.go.cr; daniel.siezar@asamblea.go.cr; cindy.murillo@asamblea.go.cr; royner.mora@asamblea.go.cr; mariaisabel.camareno@asamblea.go.cr; ariel.mora@asamblea.go.cr; anaruth.esquivel@asamblea.go.cr; osvaldo.artavia@asamblea.go.cr; kristel.ward@asamblea.go.cr; reynaldo.arias@asamblea.go.cr; kattia.calvo@asamblea.go.cr; josemaria.villalta@asamblea.go.cr; vianey.mora@asamblea.go.cr; antonio.trejos@asamblea.go.cr; edgardo.arayaa@asamblea.go.cr; sigrid.segura@asamblea.go.cr; joselyn.saenz@asamblea.go.cr; meroman@asamblea.go.cr

Carta sugerida:

Señoras Diputadas y Señores Diputados
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Estimables señoras diputadas y señores diputados:

Reciban un cordial saludo.

Por medio de la presente, nos dirigimos respetuosamente para manifestar nuestra firme oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y solicitarle que vote en contra de esta iniciativa, así como que apoye su archivo definitivo.

Consideramos que este proyecto representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que Costa Rica ha construido durante décadas y que ha permitido garantizar una amplia cobertura, estabilidad, acceso universal y una matriz eléctrica predominantemente renovable.

Asimismo, advertimos que la iniciativa debilitará las capacidades estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), favorece una mayor participación de intereses privados en decisiones fundamentales del sistema eléctrico y trasladará mayores costos y riesgos a las personas usuarias.

Por estas razones, exponemos lo siguiente:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La electricidad como servicio público esencial y derecho de la población.

Que la electricidad constituye un servicio esencial para la vida cotidiana, la educación, el trabajo, la producción nacional y el bienestar de la población, por lo que las decisiones relativas a su generación, transmisión, distribución, planificación y comercialización deben responder prioritariamente al interés público y no a criterios de rentabilidad privada.

Que Costa Rica ha alcanzado una cobertura eléctrica superior al 99% y una elevada participación de fuentes renovables en su matriz eléctrica, los cuales son logros que constituyen un patrimonio colectivo construido en décadas de inversión pública, planificación y desarrollo de capacidades técnicas e institucionales.

Que este modelo ha permitido democratizar el acceso a la electricidad y garantizar que comunidades rurales, costeras, fronterizas y alejadas también formen parte del sistema eléctrico nacional, lo que contribuye a reducir desigualdades territoriales y sociales.

SEGUNDO: La defensa del modelo eléctrico solidario y del papel estratégico del ICE.

Que el modelo eléctrico costarricense ha sido desarrollado sobre principios de solidaridad, planificación pública y articulación institucional, con el ICE como actor fundamental en la conducción y expansión del Sistema Eléctrico Nacional.

Que el expediente N.° 23.414 pretende modificar sustancialmente este modelo, debilitará las funciones históricas del ICE y trasladará competencias estratégicas hacia nuevas estructuras y mecanismos de mercado.

Que la propuesta contempla la creación del denominado Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), al cual se pretenden trasladar funciones fundamentales relacionadas con la operación, planificación y funcionamiento del sistema eléctrico, e introduce una nueva estructura institucional en un ámbito donde el país ha acumulado durante décadas capacidades técnicas y experiencia especializada.

Que una transformación de esta naturaleza no constituye una simple modernización administrativa, sino un cambio profundo en la forma de organizar, planificar y gobernar uno de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional.

TERCERO: El riesgo de fragmentación y debilitamiento de la planificación pública del sistema eléctrico.

Que el proyecto sustituye el esquema de planificación directiva y vinculante que históricamente ha permitido al país ordenar el desarrollo de su matriz eléctrica por un modelo de planificación indicativa, en el cual las señales del mercado adquieren un papel determinante en las decisiones sobre las nuevas inversiones y fuentes de generación.

Que la planificación eléctrica requiere considerar de manera integrada la seguridad energética, la disponibilidad de recursos, las necesidades futuras de demanda, la confiabilidad del sistema, los tiempos de construcción de infraestructura y el equilibrio entre fuentes de energía firme y variable.

Que trasladar estas decisiones fundamentales a una lógica predominantemente de mercado generará fragmentación, sobreinstalación de capacidad, mayores necesidades de infraestructura de respaldo, volatilidad de precios y dificultades para garantizar oportunamente la expansión y confiabilidad del sistema.

Que, por tanto, la defensa de la planificación pública y de las capacidades técnicas acumuladas por el ICE constituye una condición fundamental para preservar la seguridad energética y el interés público.

CUARTO: El riesgo de aumento de las tarifas eléctricas y de mayores costos para la población.

Que el expediente N.° 23.414 establece mecanismos que permitirían a grandes consumidores adquirir electricidad directamente de empresas generadoras privadas, modificando el actual esquema solidario mediante el cual los distintos sectores participan de un sistema integrado.

Que esta fragmentación puede reducir los ingresos con los cuales actualmente se financian costos comunes, inversiones y expansión del sistema eléctrico, y traslada una mayor carga relativa de las tarifas hacia las personas usuarias residenciales, pequeños comercios y, en general, a los sectores más empobrecidos del país.

Que, además, la creación de nuevas estructuras institucionales y mecanismos de mercado supone costos adicionales de operación, regulación y administración que, en última instancia, se trasladarán a la ciudadanía.

Que el actual modelo también permite que los ingresos obtenidos por el ICE mediante sus operaciones en el Mercado Eléctrico Regional contribuyan a beneficiar a la población costarricense mediante los mecanismos tarifarios establecidos por la regulación vigente; por lo que una mayor participación privada en dichas operaciones significará la pérdida de estos beneficios colectivos.

Que, en consecuencia, no resulta aceptable que bajo el discurso de la modernización se impulse una transformación cuyos costos y riesgos terminarán siendo asumidos por las familias, las personas trabajadoras, los pequeños comercios y los sectores sociales con menor capacidad económica.

QUINTO: Las amenazas para la seguridad, estabilidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Que Costa Rica ha construido un sistema eléctrico caracterizado por altos niveles de cobertura, estabilidad y participación de fuentes renovables, lo cual resulta de una planificación integrada y de las capacidades técnicas desarrolladas por el ICE y las demás instituciones que conforman el sistema.

Que la generación eléctrica no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la competencia y el precio de corto plazo, pues requiere garantizar en todo momento el equilibrio entre generación y demanda, así como contar con suficiente energía firme y capacidad de respaldo.

Que los cambios hacia mercados eléctricos liberalizados pueden generar fenómenos como volatilidad de precios, sobreinstalación de generación y necesidad de nuevas inversiones en infraestructura de respaldo, con consecuencias tanto económicas como operativas.

Que la experiencia internacional sustenta esta posición y evidencia los riesgos que pueden surgir cuando la expansión de la generación y la infraestructura eléctrica no se articula mediante una planificación conjunta de largo plazo.

SEXTO: Los riesgos ambientales, territoriales y para la soberanía energética.

Que una apertura mayor del mercado de generación puede incrementar los incentivos para desarrollar proyectos privados de generación eléctrica en ríos, cuencas y territorios, sin que necesariamente prevalezcan las necesidades sociales, ambientales y territoriales del país.

Que los recursos naturales utilizados para producir electricidad constituyen bienes estratégicos del país y deben ser gestionados bajo criterios de interés público, sostenibilidad ambiental, soberanía y protección de las comunidades.

Que Costa Rica ha construido su liderazgo internacional en materia de transición energética sobre la base de una planificación pública de sus recursos y de una matriz predominantemente renovable, por lo que cualquier modificación del modelo eléctrico debe preservar y fortalecer, y no poner en riesgo, estos logros.

Que la electricidad y los recursos naturales que permiten producirla no deben convertirse en simples mercancías subordinadas a la lógica de maximización del lucro privado.

SÉTIMO: La preocupante disolución de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad del ICE.

Que la Dirección de Planificación y Sostenibilidad (DPS) de la Gerencia de Electricidad del ICE ha desempeñado históricamente un papel fundamental en la elaboración del Plan de Expansión de la Generación y en la planificación del desarrollo eléctrico nacional.

Que, según ha sido denunciado públicamente por organizaciones integrantes del Movimiento por el Derecho a la Electricidad, el Consejo Directivo del ICE acordó disolver dicha Dirección el 22 de setiembre de 2026.

Que resulta particularmente preocupante que esta decisión institucional se produzca mientras el expediente N.° 23.414 continúa pendiente de discusión legislativa, pues podría significar, en la práctica, la implementación anticipada de transformaciones institucionales asociadas con un proyecto que todavía no ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa.

Que la reciente reactivación de la discusión legislativa obliga a las personas diputadas a ejercer una especial vigilancia sobre cualquier modificación institucional que pueda comprometer las capacidades del ICE.

OCTAVO: La necesidad de preservar un modelo eléctrico al servicio del interés público.

Que el expediente N.° 23.414 no debe ser valorado únicamente como una reforma técnica o administrativa, pues modifica la relación entre el Estado, el ICE, las empresas privadas, las familias costarricenses y los recursos energéticos del país.

Que se encuentra en discusión quién planificará el desarrollo eléctrico nacional, bajo qué criterios se toman las decisiones estratégicas, quién controla los recursos energéticos y quién recibe los beneficios derivados de su explotación.

Que la electricidad debe continuar siendo entendida como un servicio público esencial y como un componente fundamental de las condiciones materiales para una vida digna, y no como una mercancía subordinada a los intereses de los grandes actores económicos.

NOVENO: La responsabilidad de la Asamblea Legislativa ante una reforma de esta trascendencia.

Que corresponde a la Asamblea Legislativa proteger el interés público, la institucionalidad nacional y los derechos de la población, particularmente cuando se encuentran en juego servicios públicos estratégicos y bienes naturales de importancia nacional.

Que el propio proceso legislativo relacionado con el expediente N.° 23.414 ha sido objeto de señalamientos técnicos y jurídicos, incluyendo advertencias sobre problemas de legalidad y constitucionalidad y sobre la necesidad de realizar ajustes al texto.

Que, en mayo de 2026, una amplia movilización de organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, ambientales, comunitarias y de diversos sectores de la sociedad costarricense expresó públicamente su repudio y oposición al proyecto, con lo que se logró que este no alcanzara los 38 votos requeridos para su aprobación.

[DÉCIMO (opcional): Posición específica de la organización, movimiento, colectivo o persona firmante. Si no desea agregarlo, borre todo este punto.]

POR TANTO:

Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos respetuosamente a usted, en su condición de persona diputada de la República, que vote en contra del expediente legislativo N.° 23.414, “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, y que apoye su archivo definitivo.

Asimismo, le solicitamos que, en el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales y políticas, contribuya a preservar el modelo eléctrico solidario costarricense, el carácter estratégico del ICE, la planificación pública del Sistema Eléctrico Nacional, el acceso universal a la electricidad y la protección de los recursos naturales y de los intereses de la población.

Consideramos que Costa Rica no necesita desmontar un modelo que ha permitido alcanzar elevados niveles de cobertura, estabilidad y generación renovable.

Por el contrario, el país requiere fortalecer las capacidades del ICE y garantizar que la política energética responda al interés colectivo y a las necesidades de las actuales y futuras generaciones.

Defender el modelo eléctrico solidario significa también defender la soberanía nacional, la justicia social, los bienes comunes, la protección ambiental y el derecho de toda la población a acceder a servicios públicos esenciales bajo condiciones de calidad, estabilidad y equidad.

Saludos cordiales.

 

Acción 2. Carta a las 17 diputaciones del PLN

Asunto sugerido:
Preocupante información sobre la posición de personas diputadas del PLN frente al Proyecto de “Armonización” del Sistema Eléctrico Nacional

Direcciones de correo-e (17):

alvaro.ramirez@asamblea.go.cr; andrea.valverde@asamblea.go.cr; eder.hernandez@asamblea.go.cr; diana.murillo@asamblea.go.cr; angela.aguilar@asamblea.go.cr; karol.matamoros@asamblea.go.cr; karen.alfaro@asamblea.go.cr; jesus.calderon@asamblea.go.cr; janice.sandi@asamblea.go.cr; iztaru.alfaro@asamblea.go.cr; victor.hidalgo@asamblea.go.cr; salvador.padilla@asamblea.go.cr; ronald.campos@asamblea.go.cr; rafael.vargasb@asamblea.go.cr; norjelens.lobo@asamblea.go.cr; marco.badilla@asamblea.go.cr; mangell.mclean@asamblea.go.cr

Carta sugerida:

Señoras Diputadas y Señores Diputados del Partido Liberación Nacional (PLN)
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Estimables señoras diputadas y señores diputados:

Reciban un cordial saludo.

Durante los últimos días ha circulado un rumor de que algunas personas diputadas del PLN habrían cambiado de posición y estarían votando a favor del mal llamado proyecto de Ley de Armonización Eléctrica en el segundo debate legislativo. Esta posibilidad ha encendido todas las alarmas en el movimiento social y en el pueblo de Costa Rica en general, pues, como ya se ha discutido ampliamente, este proyecto de ley es básicamente un nuevo intento de privatización y desmantelamiento del exitoso modelo eléctrico costarricense.

Este proyecto de ley no tiene nada de novedoso; representa un caso más de la vieja receta privatizadora de los años 1990, que alrededor del mundo ha tenido consecuencias nefastas sobre la gestión de los sistemas eléctricos. Amplia evidencia y datos dan cuenta de los resultados desastrosos de este tipo de políticas, por ejemplo, fuertes aumentos en tarifas eléctricas residenciales y de pequeños comercios, deterioro en la calidad de los sistemas eléctricos (que se expresa en apagones, fluctuaciones y mayor inestabilidad de la corriente) y una captura corporativa de los espacios de toma de decisión en el sector eléctrico, dominados por puertas giratorias y conflictos de intereses. En fin, se trata de un proyecto de ley intencionado para que grandes actores económicos se apropien de un patrimonio socialmente construido durante décadas y monten un millonario negocio privado, del cual el pueblo de Costa Rica no recibiría beneficio alguno.

La posibilidad de que algunas personas diputadas del PLN apoyen este proyecto de ley también preocupa mucho por lo que esto significa en la actual coyuntura política nacional. Estamos atravesando uno de los momentos más críticos en la historia reciente del país, con un gobierno –y su respectiva fracción legislativa– que han dado claras señales de autoritarismo y total falta de respeto por los principios democráticos más básicos, como lo es la división de poderes. Ni hablar de las evidencias cada vez mayores que vinculan a este partido político con estructuras del crimen organizado y grandes esquemas de corrupción e impunidad. Apoyar el proyecto de ley de “armonización” eléctrica es apoyar un proyecto político de mayor alcance, el cual amenaza con destruir la democracia costarricense y los principios básicos de convivencia social.

Mientras en otros países del mundo se está discutiendo seriamente la necesidad de re-estatizar los sistemas eléctricos debido a los pésimos resultados de las privatizaciones, en Costa Rica se está impulsando el proyecto de ley de “armonización”, ignorando toda la evidencia disponible a partir de las experiencias internacionales. Inclusive, Costa Rica es reconocida a nivel mundial por poseer un modelo eléctrico altamente exitoso y ejemplar, con altos estándares de calidad, servicio al costo, acceso universal y soberanía energética. Desde luego que hay aspectos por mejorar, pero este proyecto de ley no atiende dichos aspectos sino que más bien vendría a destruir lo que sí funciona bien e imitar lo peor que se ha hecho en otros países.

Como ciudadanía organizada, crítica y preocupada por el bienestar de nuestro país, les recordamos la enorme responsabilidad que tienen en sus manos. Una mala decisión puede provocar un daño enorme a la sociedad costarricense, el ambiente y las futuras generaciones, el cual luego resultaría muy difícil de revertir. Les recordamos también el compromiso que ustedes han asumido como bloque democrático legislativo en defensa del Estado Social de Derecho, el cual se encuentra más amenazado que nunca. Esperamos que cumplan con su palabra y que no traicionen al pueblo de Costa Rica, que ya tiene suficientes problemas como para meterse en uno más. Estaremos vigilantes y, si fuera el caso, listos/as para convocar grandes movilizaciones.

Atentamente.

 

Documentos originales con las cartas individualizadas y recomendaciones (cada carta con el encabezado y el correo-e de la persona diputada):

Desmantelamiento sistemático del ICE

Escrito en . Publicado en Derechos.

Gerardo Fumero Paniagua

El Instituto Costarricense de Electricidad fue creado en 1949 como un baluarte del desarrollo socioeconómico, y en pocas décadas sacó al país de la oscuridad y la incomunicación en que lo mantenía la transnacional Electric Bond and Share Company, lo que podría considerarse una de las experiencias empresariales estatales más exitosas de Latinoamérica.

Pero precisamente sus dos servicios, públicos y esenciales para los costarricenses, sumamente lucrativos en manos privadas, serían también su perdición, pues pronto provocarían de nuevo la codicia de los privados. El sector de Energía sufrió un primer embate 41 años después, con la ley No. 7200 en 1990, mediante la cual se le cedió a Cogeneradores un 30% del negocio rentable (la generación) y se creó el mecanismo para exigirle al ICE que adquiriera esa energía a “precios de oro”, aunque no la ocupara.

El tristemente célebre “Combo del ICE”, 51 años después, en el año 2000 intentó arrebatarle la totalidad de las partes rentables de su operación, pero la reacción popular fue mayor que la codicia de los privados. Después del Combo se hicieron otros intentos de abrir completamente la generación eléctrica, proyectos que de nuevo fueron rechazados por la resistencia popular y algunos legisladores con alma, por ejemplo, los expedientes 17.812 y 18.093.

En 2008, 45 años después de la creación de Telecomunicaciones, un Tratado de Libre Comercio aprobado a punta de propaganda, mentiras, chantajes y amenazas, abrió finalmente la parte rentable de ese mercado, Ley No. 8642, y se le dejó al ICE en exclusiva, lo que podría considerarse servicios sociales: la telefonía fija y la pública.

Desde principios de la presente década, el ICE pudo haber brindado servicios móviles 5G, actualizando sus equipos Huawei 4G, aprovechando la inversión que había hecho en ellos, valorada hasta en $1.500 millones, según estimó el mismo presidente ejecutivo del ICE, el Ing. Marco Acuña Mora, el 23/01/23, en Nuestra Voz. El 21/11/24 también declaró allí mismo que el ICE perdería $289 millones en los próximos 5 años si no implementaba 5G.

Pero cuando precisamente se negociaba con Huawei esa actualización tecnológica, en agosto del 2023, Laura Richardson, jefa del Comando Sur de EE. UU., anunció una donación de $10 millones para “ciberseguridad”, ante la preocupación de Estados Unidos por la participación de China en nuestros servicios 5G.

 

El 29/08/23, el presidente Rodrigo Chaves se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden para discutir … y “seguridad digital”. El 31/08/23, Chaves firmó el Decreto de “Ciberseguridad”, No. 44196-MSP-MICITT, publicado el 04/09/23, que de “ciberseguridad” nada tiene, pero en cambio prohíbe al ICE (a nadie más) la compra de equipos chinos.

Entonces, sin poder aprovechar su red instalada, el ICE viene siendo obligado a hacer inversiones por cientos de millones de dólares para sustituir la red Huawei y sin un norte claro y con interferencias políticas directas desde el MICIT y la Casa Presidencial, transita un calvario sin rumbo, mientras la competencia contabilizaba en abril del 2026, 1,6 millones de líneas celulares 5G.

Pero no basta con cercenarle los mercados; hay que ir también contra su organización. El 22/04/2026, el presidente ejecutivo (en funciones de gerente general interino) ordenó la reorganización de la Gerencia de Electricidad, trasladando la planificación de la expansión del sistema de transmisión de la Dirección de Planificación y Sostenibilidad, DPS, a la División de Transmisión, DT.

Fragmentar o diluir las funciones de una planificación técnica, hasta hoy la piedra angular que garantizó la soberanía energética y una matriz eléctrica renovable desde mediados del siglo XX, propicia decisiones coyunturales o políticas en lugar de aquellas de carácter técnico, sustentadas en profundos estudios y modelos hidrológicos, financieros y de demanda real. En un contexto de cambio climático (fenómeno de El Niño más severo) y de mayor demanda por la electromovilidad, la ausencia de un ente planificador, eminentemente técnico, con experiencia y nacional, compromete la seguridad energética del país y la capacidad técnica, legal y operativa del ICE.

No contentos todavía, decidieron también destruir hasta lo que representa al ICE, su propia sede central, el edificio del ICE – Sabana, (un símbolo de la Segunda República, el Estado Social de Derecho y el Estado de Bienestar, junto con la CCSS), pues en junio de 2026 todavía el P. E. sostenía que no tenía sentido construir una nueva sede y prefería invertir los recursos en generación eléctrica; pero apenas dos meses después anunció la demolición de dicho edificio y la construcción de uno nuevo.

Para profundizar la desarticulación interna, entre el 23 y el 29 de junio de 2026, la Gerencia de Electricidad trasladó el personal y las competencias para la elaboración del Plan de Expansión de la Distribución hacia la División de Distribución y Comercialización (DDC), así como los estudios de conexión a la red.

El 27 de agosto, el Consejo Directivo del ICE acordó finalmente demoler el edificio actual y construir una nueva torre de 40.000 metros cuadrados, edificio que aseguró costaría $100 millones, mientras que rehabilitar el actual costaría $120 millones.

Solo para mencionar algunas otras coincidencias, el 18 de setiembre, el subcontralor (fungiendo como contralor interino) se reunió con Rodrigo Chaves para tratar varios asuntos de gobierno y el 21 de setiembre, la Contraloría General de la República entregó el informe de auditoría DFOE-SOS-IAD-00005-2026 sobre la Red de Transmisión Eléctrica, en el que señaló problemas de gestión asignados a la ejecución de proyectos y de preinversión.

El 22 de setiembre el Consejo Directivo aprobó la disolución definitiva de la DPS, violando la Ley No. 10.159, el Decreto No. 43864-PLAN y todos los procedimientos internos (Estatuto de Personal y Convención Colectiva), por lo que tales acuerdos, a mi juicio, son absolutamente ilegales.

La cereza en el pastel sería la aprobación del proyecto de ley de Armonización Eléctrica, Expediente No. 23.414 que pretende cercenarle al ICE el Centro Nacional de Control Eléctrico, crear unos 100 nuevos agentes de mercado (intermediarios), abrir completamente la generación eléctrica, permitir la exportación de los privados al mercado centroamericano y quitarle toda potestad de planificación para pasarla a manos políticas, bajo el MINAE, y finalmente, para presionar la aprobación de dicho proyecto de ley, el 24 de setiembre la UCCAEP orquestó todo un show con cobertura nacional.

Me desvela pensar: ¿cómo pueden, apenas tres o cuatro generaciones después, pensar y actuar de forma tan contradictoria? Por ejemplo, algunos de nuestros bisabuelos, que en marzo de 1890 producían café, propusieron al presidente José Joaquín Rodríguez la creación de un impuesto a la exportación del grano, para construir un Teatro Nacional, el cual fue inaugurado en 1897. Apenas 80 años después, el lucro, la ambición y la avaricia desmedidas han socavado el Estado, transformando servicios públicos esenciales en lucrativos negocios privados, aunque muchos pobres ya no puedan tenerlos; tal es el caso de la educación, la salud, la seguridad, la electricidad y las telecomunicaciones, vaciando de contenido los principios sociales y de solidaridad recogidos en nuestra Constitución de 1949, artículos 50 y 74.

Lo único que está clarísimo es el contubernio de fuerzas políticas y económicas para destruir la institucionalidad y la democracia, y el servilismo y el amor al poder de la mayoría de los jerarcas, dispuestos a decir (como marionetas) cualquier cosa un día y lo contrario al siguiente, no sin antes dejar en el canasto de la basura sus propios criterios y sus principios, si los tenían.

Venezuela, petróleo sin cuentos

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

José A. Amesty Rivera

Hay momentos en la historia en los que toca pensar con cabeza fría y Venezuela vive uno de ellos.

El 2 de septiembre de 2026, en el Palacio de Miraflores, el Gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez firmó acuerdos energéticos con empresas de EEUU, Italia y Venezuela, en presencia del secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Los acuerdos abarcan petróleo, gas, electricidad, inversión, tecnología, empleo e infraestructura.

Es importante distinguir este momento del anuncio realizado el 28 de agosto, que planteó un marco general de cooperación petrolera entre Venezuela y EEUU. Los acuerdos del 2 de septiembre representan, en cambio, instrumentos concretos con empresas como Chevron, ENI, General Electric Vernova, Aspect Holdings y Primavera. La diferencia importa, los anuncios políticos expresan una orientación, los contratos concretos permiten evaluar qué se está negociando realmente.

Tanto los anuncios políticos como los contratos específicos, ya se ubican en extremos, para unos, Venezuela está entregando su soberanía, para otros, comienza simplemente su recuperación económica, ambas posiciones son simplistas, ya que Venezuela necesita inversión, tecnología, mercados y capital para reconstruir una industria petrolera e infraestructura profundamente deterioradas. Pero la inversión extranjera no garantiza por sí misma desarrollo; la verdadera pregunta es cómo se negocia y cuánto beneficio queda en Venezuela.

Chevron, ENI y las demás empresas no llegan por caridad. Buscan rentabilidad, mercados y oportunidades y esto es normal. El problema no es que estas empresas ganen dinero; el problema sería que ganen ellas mientras Venezuela pierde. Por esto deben evaluarse los contratos, las regalías, los impuestos, la participación estatal, los empleos, los proveedores nacionales, la formación profesional, la protección ambiental y el destino de los ingresos.

La soberanía tampoco consiste únicamente en afirmar que el petróleo pertenece al Estado; la soberanía real significa tener capacidad para decidir qué se produce, con quién, bajo qué condiciones, cuánto recibe el país y cómo utiliza esos recursos.

El acuerdo con General Electric Vernova resulta especialmente importante porque la recuperación petrolera no puede sostenerse sobre un sistema eléctrico deteriorado. Recuperar generación, transmisión y distribución, junto con capacitar trabajadores venezolanos, podría tener un impacto tan importante como aumentar la producción de crudo.

Del mismo modo, la participación de empresas como Primavera y Aspect Holdings plantea la necesidad de fortalecer el talento nacional y reincorporar a profesionales venezolanos que emigraron.

EEUU tampoco actúa por desinterés. Necesita energía, mercados y oportunidades para sus empresas, además de fortalecer su posición geopolítica. Venezuela, por su parte, necesita inversión, tecnología y mercados. Aquí existe un espacio legítimo de negociación. No se trata de escoger entre Washington y Caracas, sino de lograr que Caracas pueda negociar con Washington defendiendo sus propios intereses.

Por otro lado, una izquierda seria no debería rechazar automáticamente la inversión extranjera. Debe preocuparse por evitar la subordinación económica y garantizar que la renta nacional sea distribuida justamente. La consigna no debería ser «fuera las transnacionales«, sino, transnacionales, pero negociando desde el interés nacional.

El desafío mayor es no repetir el viejo modelo rentista. Venezuela no necesita simplemente volver a producir millones de barriles para volver a depender del petróleo. Debe utilizar la riqueza petrolera para desarrollar agricultura, industria, tecnología, infraestructura, educación, salud y empleo. Paradójicamente, el objetivo de una política petrolera soberana debería ser utilizar el petróleo, para que Venezuela dependa cada vez menos del petróleo.

Por esto el éxito de estos acuerdos no debe medirse únicamente en barriles producidos o miles de millones invertidos. Deben medirse también en empleos dignos, salarios, electricidad estable, hospitales, escuelas, empresas nacionales, formación profesional, recuperación de comunidades y diversificación económica.

El Gobierno de Delcy Rodríguez tiene ahora una enorme responsabilidad; si promete más producción, habrá que medirla; si promete inversión, habrá que comprobarla; si promete empleo, habrá que verificarlo; si promete recuperación eléctrica, habrá que verla; y si habla de soberanía, habrá que examinar los contratos. Esto no es oposición, es ciudadanía, soberanía y fiscalización.

Venezuela puede y debe negociar con EEUU, China, India, Rusia, Europa, América Latina o cualquier otro país, ya que la independencia no significa aislarse del mundo, sino poder relacionarse con todos sin quedar subordinada a ninguno.

Los acuerdos de Miraflores pueden representar una oportunidad, pero todavía no constituyen una victoria; tampoco son, por sí mismos, una rendición. Las firmas son apenas el comienzo; la verdadera evaluación llegará con los contratos, la producción, la inversión, los ingresos fiscales, la electricidad, los empleos y, sobre todo, con aquello que finalmente quede en Venezuela.

La disyuntiva no es Chevron contra Venezuela, ni Washington contra Caracas, la verdadera cuestión es si Venezuela puede hacer prevalecer sus intereses dentro de esta nueva relación. Si lo logra, habrá negociación, si no, habrá otra forma de dependencia.

Por esto hoy no corresponde ni cantar victoria ni anunciar una rendición. Corresponde observar, exigir transparencia, medir resultados y defender el interés nacional. Ni rendidos, ni suicidas, soberanos.

Parlamento Cívico Ambiental: “La descarbonización no es una estafa, es una oportunidad de desarrollo”

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Comunicado

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado al país y a los medios de comunicación nacionales para abrir un debate serio, informado y basado en evidencia sobre el futuro de la descarbonización, la movilidad eléctrica y la política energética de Costa Rica.

Las recientes declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, calificando la descarbonización como una “estafa intelectual”, no pueden reducirse a una diferencia de opinión política. Se refieren a una política pública que tiene implicaciones directas sobre la economía nacional, la salud de la población, el transporte, la dependencia de los combustibles importados y la seguridad energética del país.

Costa Rica merece discutir estos temas con datos y no mediante descalificaciones.

El Parlamento Cívico Ambiental recuerda, en primer lugar, que el cambio tributario actualmente aplicable a los vehículos eléctricos no corresponde a la creación repentina de un nuevo impuesto del 30 %. Se trata de la reducción gradual de exoneraciones contemplada desde 2022 en la legislación de promoción del transporte eléctrico. Por esta razón, resulta indispensable que el Ministerio de Hacienda explique con absoluta claridad a la ciudadanía cuáles disposiciones son nuevas y cuáles forman parte de un calendario tributario previamente establecido.

La discusión tampoco puede limitarse al argumento de que Costa Rica representa una proporción pequeña de las emisiones globales.

Costa Rica no necesita ser uno de los mayores contaminantes del planeta para beneficiarse de ciudades menos congestionadas, aire más limpio, transporte público moderno y una economía menos dependiente del petróleo.

La descarbonización representa una oportunidad económica concreta para un país que cuenta con una matriz eléctrica mayoritariamente renovable. Sustituir progresivamente combustibles fósiles importados por electricidad producida en Costa Rica significa fortalecer nuestra soberanía energética y mantener una mayor proporción de los recursos económicos dentro del país.

La evidencia disponible también contradice la idea de que la descarbonización constituye únicamente un costo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo han estimado que la implementación del Plan Nacional de Descarbonización podría generar alrededor de US$41.000 millones en beneficios económicos netos entre 2020 y 2050, como resultado del ahorro energético, menores tiempos de congestión, reducción de accidentes, mejoras productivas y protección de servicios ecosistémicos.

A esto debe agregarse una realidad que millones de costarricenses experimentan todos los días: las presas también tienen un costo.

El congestionamiento vial significa combustible desperdiciado, pérdida de productividad, deterioro de la calidad del aire, accidentes y horas que las personas dejan de dedicar a sus familias, al descanso, al estudio y al trabajo. Diversas estimaciones han situado el costo económico de la congestión vial en varios puntos porcentuales del producto interno bruto.

Ese costo existe, aunque no aparezca identificado como un impuesto en una factura.

Por ello, el Parlamento Cívico Ambiental considera que Costa Rica necesita avanzar simultáneamente en adaptación climática y reducción de emisiones. Proteger comunidades e infraestructura frente a inundaciones, sequías y eventos extremos no es incompatible con transformar un sistema de transporte caro, contaminante e ineficiente.

El país requiere una política integral que incluya movilidad eléctrica, pero que vaya mucho más allá del automóvil particular.

Debe priorizarse la electrificación de autobuses, taxis, vehículos institucionales, transporte de carga y otras flotas de uso intensivo, acompañada por inversión sostenida en transporte público integrado, trenes, ciclovías, infraestructura peatonal, seguridad vial y redes de recarga eléctrica.

Asimismo, resulta fundamental preservar el papel del Instituto Costarricense de Electricidad, la planificación energética pública y la generación renovable como instrumentos estratégicos para reducir la dependencia nacional de los combustibles fósiles.

El Parlamento Cívico Ambiental no sostiene que los incentivos fiscales deban mantenerse indefinidamente ni que las políticas públicas no puedan revisarse. Por el contrario, toda política debe ser evaluada y mejorada conforme evolucionan las condiciones económicas y tecnológicas.

Pero esas decisiones deben sustentarse en estudios públicos, evidencia técnica y análisis de sus consecuencias fiscales, ambientales, sociales y energéticas.

Por esta razón, hacemos un llamado a los medios de comunicación nacionales para divulgar y analizar el Manifiesto “La descarbonización no es una estafa: es una política de desarrollo, salud pública y soberanía energética”, mediante el cual el Parlamento Cívico Ambiental presenta argumentos y evidencia para contribuir a este debate nacional.

Cuando el debate público se aleja de los hechos y de la evidencia, pierde Costa Rica.

La democracia requiere información, contraste de posiciones y rendición de cuentas. El país merece decidir el rumbo de su política energética, ambiental y de movilidad con base en evidencia y pensando en sus propios intereses de largo plazo.

La descarbonización no es un lujo. No es una estafa. Es una oportunidad para construir una Costa Rica más eficiente, saludable, soberana y justa.

Ya son doce las municipalidades que rechazan el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Municipalidades de La Unión y San José se suman a los gobiernos locales que han manifestado su oposición al expediente legislativo N.° 23.414

Las municipalidades de La Unión y San José se sumaron recientemente a los gobiernos locales que han expresado su oposición al proyecto de ley expediente N.° 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, una iniciativa que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa y que ha generado preocupación en diversos sectores sociales, académicos, sindicales y comunitarios.

Con estos pronunciamientos ya son doce las municipalidades del país que han manifestado su rechazo al proyecto o han solicitado que no sea aprobado en su forma actual, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario que históricamente ha garantizado el acceso universal a la electricidad en Costa Rica.

En el caso de la Municipalidad de La Unión, el Concejo Municipal aprobó el acuerdo N.° 3888, mediante el cual manifestó expresamente que no apoya el proyecto de ley por considerar que afecta el sistema solidario brindado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), promueve la apertura y control del mercado eléctrico y pone en riesgo la soberanía energética construida durante décadas en beneficio de toda la población costarricense.

Por su parte, el Concejo Municipal de San José aprobó una moción en la que se manifiesta oposición al expediente legislativo N.° 23.414 y se insta respetuosamente a la Asamblea Legislativa a no aprobar la iniciativa en su forma actual. La moción señala que existen advertencias formuladas por instituciones académicas, organizaciones sindicales, entidades técnicas y órganos especializados sobre los posibles impactos que tendría el proyecto en el acceso equitativo a la electricidad, la planificación energética nacional y el modelo solidario que caracteriza al sistema eléctrico costarricense.

Entre los argumentos incluidos en la moción aprobada por el Concejo Municipal de San José se citan pronunciamientos del Consejo Asesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, criterios técnicos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, observaciones de la Procuraduría General de la República y posiciones institucionales del Grupo ICE, las cuales advierten sobre cambios sustanciales en la estructura y funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional.

Estos nuevos acuerdos se suman a los pronunciamientos previamente emitidos por otros gobiernos locales de distintas regiones del país, reflejando una creciente preocupación municipal ante una propuesta legislativa que podría transformar profundamente el modelo eléctrico nacional.

Las organizaciones y personas que impulsan la defensa del modelo eléctrico solidario consideran que estos acuerdos evidencian que la discusión sobre el expediente 23.414 trasciende el ámbito técnico y constituye un tema de interés público relacionado con el acceso a servicios esenciales, la soberanía energética, la planificación nacional y el desarrollo equilibrado de las comunidades.

Las organizaciones firmantes reiteran su llamado a las diputadas y diputados de la República para que escuchen las preocupaciones expresadas por gobiernos locales, instituciones académicas, organizaciones sociales y sectores técnicos antes de avanzar en la aprobación de una iniciativa que podría modificar de manera sustancial uno de los pilares históricos del desarrollo costarricense.

La campaña es promovida por la Red de Mujeres Costeras, Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica, Costa Rica por el Océano, Movimiento Ríos Vivos, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), el Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, la Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y Causa Sur, organizaciones que han hecho un llamado a fortalecer el debate público sobre el futuro del sistema eléctrico nacional y a ampliar la participación de los gobiernos locales y las comunidades en esta discusión.

Municipalidad de Bagaces se suma al rechazo del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional

Escrito en . Publicado en Derechos.

Municipalidad número 10 en contra del proyecto

La Municipalidad de Bagaces se convirtió en una de la Municipalidad más reciente del país en manifestar formalmente su oposición al expediente legislativo N.° 23.414, denominado «Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional».

Mediante el acuerdo N.° 05-160-2024-2028, aprobado de forma unánime en la sesión ordinaria celebrada el 2 de junio de 2026, el Concejo Municipal de Bagaces acordó respaldar el acuerdo N.° 1114-2026 de la Municipalidad de Goicoechea, en el cual se reitera la oposición a dicha iniciativa legislativa.

La votación contó con el apoyo de la totalidad de los regidores presentes, quienes aprobaron el acuerdo con cinco votos a favor y ninguno en contra, otorgándole además carácter de acuerdo firme.

Con esta decisión, Bagaces se suma a otras municipalidades que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, entre ellas Goicoechea, Belén, Pérez Zeledón, Montes de Oca, León Cortés, Turrialba, San Rafael de Heredia y San Isidro de Heredia.

El pronunciamiento refleja la creciente preocupación de diversos gobiernos locales respecto a los posibles impactos que esta propuesta legislativa podría tener sobre el modelo eléctrico nacional y la gestión de un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país.

La adhesión de Bagaces fortalece la posición de los gobiernos municipales que han solicitado a la Asamblea Legislativa reconsiderar el avance de este proyecto y abrir espacios de discusión más amplios sobre el futuro del sistema eléctrico costarricense.

Diversas organizaciones ecologistas y comunitarias han venido impulsando una campaña para que más gobiernos locales analicen y se pronuncien sobre el expediente legislativo N.° 23.414. La iniciativa busca que las comunidades se acerquen a sus municipalidades y promuevan acuerdos en base a la autonomía municipal, incentivando la participación ciudadana y el derecho de los gobiernos locales a ser escuchados en decisiones que podrían tener implicaciones para sus territorios.

Esta estrategia retoma experiencias exitosas desarrolladas en años anteriores, cuando decenas de municipalidades se declararon territorios libres de cultivos transgénicos y libres del uso de determinados herbicidas, logrando que más del 90% del territorio nacional adoptara este tipo de pronunciamientos en el caso del maíz transgénicos.

Bloque Verde
Bloque Azul
COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR
Costa Rica por el Océano
Movimientos Ríos Vivos
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Eco Cipreses
Oilwatch Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Talamanca Siempre Verde
Red de Mujeres Costeras

Más allá de la técnica: racionalidad, historicidad y disputa por el modelo eléctrico costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.

Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.

Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?

La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.

No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.

Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.

Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.

Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.

Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.

Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.

Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.

Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:

eficiencia económica,
flexibilidad del mercado,
descentralización funcional,
competencia regulada,
incentivos de inversión,
optimización de costos.

Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:

universalidad,
cohesión territorial,
planificación estatal,
seguridad estratégica,
electrificación rural,
solidaridad distributiva,
soberanía energética.

Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.

La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.

Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.

Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.

Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.

Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.

¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.

En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.

Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.

Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.

Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.

En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.

Referencias

Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.

Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.

Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.

Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.

Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.

Concejo Municipal de Montes de Oca reitera oposición al proyecto de apertura del mercado eléctrico

Escrito en . Publicado en Derechos.

El pasado lunes 25 de mayo del 2026, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó la reiteración de un acuerdo adoptado originalmente en el año 2024, mediante el cual manifiesta nuevamente su oposición al proyecto de ley de apertura y “armonización” del mercado eléctrico nacional actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa y reafirma su apoyo al modelo eléctrico solidario de Costa Rica.

Mediante este acuerdo, el Concejo Municipal solicita respetuosamente a las señoras diputadas y señores diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica archivar dicha iniciativa legislativa, al considerar que representa una amenaza para el modelo eléctrico solidario, público y ambientalmente sostenible que históricamente ha caracterizado a Costa Rica.

El acuerdo reafirma el respaldo del gobierno local de Montes de Oca al sistema eléctrico nacional construido sobre principios de solidaridad, universalidad, planificación pública y acceso equitativo a la energía, modelo que ha permitido al país alcanzar altos niveles de cobertura eléctrica y una matriz predominantemente renovable.

Asimismo, el Concejo Municipal expresa su preocupación por los posibles impactos sociales, ambientales y económicos derivados de la fragmentación y liberalización del sistema eléctrico nacional, incluyendo riesgos para la protección de los recursos hídricos, el aumento de desigualdades territoriales y el debilitamiento del papel estratégico de las instituciones públicas del sector.

El gobierno local de Montes de Oca hace un llamado a fortalecer, modernizar y defender el sistema eléctrico costarricense desde una visión de interés público, sostenibilidad ambiental y justicia social, y no desde esquemas de mercantilización que puedan comprometer la soberanía energética del país.

Finalmente, el Concejo Municipal reitera su compromiso con la defensa de los servicios públicos esenciales, la transición energética justa y la protección del patrimonio ambiental y social de Costa Rica.

Información para SURCOS de M.Sc. Jorge Mora Portuguez, regidor, Municipalidad de Montes de Oca.

Parlamento Cívico Ambiental alerta sobre riesgos del proyecto de “Armonización Eléctrica” y llama a rechazar expediente 23.414

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Foro ciudadano advierte riesgos para el ICE, el modelo solidario y los ecosistemas del país.

San José, Costa Rica. — El Parlamento Cívico Ambiental, foro adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa de Costa Rica e integrado actualmente por 41 organizaciones sociales, ambientales, académicas y ciudadanas, aprobó por decisión unánime un pronunciamiento de oposición al texto sustitutivo del proyecto de ley expediente 23.414, denominado “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”.

El Parlamento, espacio cívico ambiental activo más amplio del país, advirtió que la iniciativa legislativa representa “uno de los cambios estructurales más importantes de las últimas décadas” para el sistema energético costarricense.

Las organizaciones señalaron que el proyecto debilita el papel histórico del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de la planificación pública del sistema eléctrico nacional, favoreciendo procesos de fragmentación, mercantilización y apertura del mercado energético.

“El modelo eléctrico costarricense ha sido fundamental para garantizar electrificación rural, acceso universal y una matriz renovable reconocida internacionalmente. Este proyecto amenaza con sustituir una visión de interés público por una lógica crecientemente mercantil”, señala el acuerdo aprobado.

Su pronunciamiento advierte además que una apertura desregulada del mercado eléctrico podría generar mayores presiones sobre ríos, cuencas hidrográficas y ecosistemas estratégicos del país, promoviendo proyectos guiados principalmente por criterios de rentabilidad económica.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, afirmó Alejandro Muñoz Villalobos presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Las organizaciones insistieron en que Costa Rica sí requiere avanzar hacia una transición energética, pero señalaron que esta debe ser “justa, democrática y ambientalmente responsable”, fortaleciendo la institucionalidad pública y garantizando protección ambiental y equidad territorial.

El Parlamento Cívico Ambiental hizo un llamado directo a las diputadas y diputados de la República para rechazar el expediente 23.414 y abrir un proceso amplio de diálogo nacional sobre el futuro energético del país.

“El futuro energético de Costa Rica no puede definirse únicamente desde criterios de mercado. La energía debe seguir siendo entendida como un bien público esencial para el desarrollo humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental”, indicaron representantes del foro.

“Defender el modelo eléctrico público y solidario es defender la soberanía energética, la justicia social y los ecosistemas estratégicos de Costa Rica” señaló Victoria Rudín Vega, vicepresidenta de la organización.

“El país necesita una discusión seria, participativa y transparente sobre el futuro energético nacional, no una reforma acelerada que podría debilitar la planificación pública y aumentar las presiones ambientales sobre nuestros territorios”, señaló Bernado Aguilar González, presidente del Parlamento.

El pronunciamiento también anuncia la disposición de múltiples sectores sociales, sindicales, comunales y ambientales para articular acciones conjuntas en defensa del modelo eléctrico solidario costarricense y de los bienes comunes nacionales.

Temas clave señalados por el acuerdo del Parlamento Cívico Ambiental:

  • Riesgo de debilitamiento del ICE y de la planificación pública.

  • Posible avance de procesos de privatización y mercantilización eléctrica.

  • Amenazas sobre ríos, cuencas y ecosistemas estratégicos.

  • Riesgos para la electrificación rural y la equidad territorial.

  • Defensa de una transición energética justa y democrática.

  • Protección de la soberanía energética y de los bienes comunes nacionales.

Puede descargar desde SURCOS el manifiesto del Parlamento Cívico Ambiental, así como el acuerdo completo.

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Acuerdo-2026-018-Exp.-23414-Ley-Armonizacion-del-Sistema-Electrico-Nacional.pdf

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/05/Manifiesto-sobre-el-proyecto-23414-Ley-de-Armonizacion-del-Sistema-Electrico.pdf