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Óscar Madrigal

La foto recuerda al presidente Chaves fuertemente custodiado por guardaespaldas con armas de grueso calibre, una foto indigna para nuestro país. Ante la crítica, el presidente Chaves contestó que se debía a que estaba tocando los grandes intereses del narcotráfico: “vean estamos poniendo escáner tocando los grandes intereses de los carteles, que impedirá que un solo gramo de droga salga de nuestros puertos, ¿cómo no debo cuidarme?”.

Independientemente de valorar que el escáner no sirvió de mucho, unos días atrás el ministro Nogui informó al país que no había plata para la instalación de los otros dos escáneres y que su manteniendo costaba mucho dinero (esta noticia se lee el 22 marzo en La Nación). El presidente Chaves renunciaba a tocar los poderosos intereses del narco, para usar sus palabras.

Sin embargo, la generala Laura Richardson jefa del Comando Sur del Ejército de los EEUU ya había ofrecido que su país y su ejército otorgarían 4 escáneres al país, los cuales regalaría junto con su instalación y mantenimiento. En otras palabras, que el control directo de la exportación e importación de cocaína estaría en manos del Army. El país solo pondría y tal vez, la electricidad. Todo quedaría en manos del ejército gringo con la contribución de la DEA.

La generala Richardson como buena militar imperial no se anda con pelos en la lengua; su interés -dice- es asegurar los intereses de EEUU en la América Latina, especialmente en dos campos: los recursos naturales y la eliminación de la influencia china. Por supuesto, todo en beneficio de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos.

El contexto de esta política es la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, combatir la inseguridad. Ya en el pasado la lucha contra el narco y la inseguridad, como ahora, sirve para militarizar a los países y afianzar los intereses de la potencia norteamericana. En este ambiente las políticas que limitan y anulan la soberanía nacional, son bienvenidas por la ciudadanía sin que noten cuáles son los verdaderos intereses de fondo.

En la Asamblea Legislativa además de los proyectos para aumentar penas y disminuir derechos de los ciudadanos, también se proponen facilitar y ampliar todo lo referente a escuchas telefónicas, geoubicación, visualización de mensajes y cosas tan graves como el intercambio de información de este tipo entre policías de diferentes países. Ya sabemos que actualmente la Embajada de Estados Unidos tiene datos en tiempo real de toda la información y el monitoreo que hace el Centro dedicado a esta actividad en el OIJ. En otras palabras, sin que un juez lo ordene y sin que el cuerpo policial extranjero lo solicite. Y ¿cuál es la razón de ello? En primer lugar, la complicidad de los jueces y funcionarios encargados del Centro, así como de las autoridades judiciales. En segundo lugar, la amenaza de las policías estadounidenses de retirar el software de escuchas que regaló o prestó los EEUU a Costa Rica.

Un proyecto de ley en la AL quiere legalizar esta entrega.

En México el presidente López Obrador continuó la colaboración con la DEA y otras policías, pero no de manera como ocurría en el pasado que disponían por la libre de todo, sino ordenando y poniendo bajo la soberanía del país la información que se les entrega. Así debería ser en nuestro país.

Sin embargo, la generala Laura Richardson y demás autoridades estadounidenses se han encontrado con un presidente, Rodrigo Chaves, absolutamente convencido de entregar este país no solo a los bancos internacionales y al capital financiero, sino que también la soberanía política y judicial a otras instituciones y cuerpos del extranjero.

Estamos en presencia de un presidente, Rodrigo Chaves, tal vez el más entreguista de los últimos años.