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Etiqueta: soberanía nacional

El Escudo de las Américas, la lucha contra las drogas y la entronización del militarismo en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Queda cada vez más claro el camino militarista, autoritario, despótico que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves Robles. Preguntado el presidente por un periodista mexicano sobre su deseo de volver a ser presidente, contestó de manera directa que no tenía interés de ser presidente, pero sí tenía interés de ser Gobernante.

Tal vez parezca que no hay diferencia en los conceptos presidente y Gobernante, porque usualmente se usan como sinónimos de la persona que ejerce la presidencia del Poder Ejecutivo.

Un presidente es un funcionario público, que en la tradición política y democrática costarricense es electo por un período de cuatro años.

El presidente tiene la máxima autoridad del Estado y del gobierno nacional. En términos generales representa la unidad nacional. Es en cierta forma un símbolo nacional. Preside las sesiones o reuniones del Consejo de Gobierno, que se integra con todos los ministros del gobierno escogidos por el presidente, una función que es única y propia de él.

El presidente cumple las funciones constitucionales, legales, administrativas y políticas, que le están señaladas para el desarrollo de sus funciones y para la toma de decisiones estratégicas sobre el desarrollo nacional. El presidente es el dirigente político nacional de mayor relevancia en el país.

En la Costa Rica de la Segunda República, 1948-2026, el presidente puede reelegirse dejando pasar ocho años después de que ha ejercido ese alto cargo político.

El actual presidente desearía poder reelegirse indefinidamente, o al menos dejando pasar un plazo de cuatro años. Es decir, aspira volver a ser presidente en el 2030, para lo cual tendría que modificarse la Constitución Política, para poder reelegirse a los cuatro años de haber dejado la presidencia, y no a los ocho años. Esto lo intentará en el gobierno de Laura Fernández, que inicia el 8 de mayo, con la nueva Asamblea Legislativa, que le da una mayoría holgada de 31 diputados, que le facilita, con las alianzas y acuerdos legislativos adecuados, las posibilidades de reformar la Constitución Política en este sentido.

Un Gobernante es quien manda con su autoridad. Manda quien ordena, quien delega, quien dispone y dirige de conformidad a su real entender y saber. Manda quien considera súbditos a los receptores de sus órdenes. Manda quien impone con su autoridad su voluntad. Manda quien domina y quien es obedecido, quien impone sus normas, órdenes, directrices, indicaciones obligando a la sumisión y disciplina de acatamiento de lo dictado, como sucedió cuando la Ministra de Ciencia y Tecnología, frente al Presidente, manifestó que respetaba un fallo judicial, y el presidente la interrumpió e increpó de inmediato, en vivo, a todo color, frente a las cámaras de televisión, diciéndole que él no respetaba a la Corte, ni los fallos judiciales, aunque tuviera que acatarlos. Además, le dijo a la ministra que ella tenía que proceder igual que él…y la ministra quedó ni chus ni mus, sin decir palabra o, ni oste ni moste, es decir callada en todo…popularmente, calladita más bonita, mejor en silencio que dar una opinión que nadie le pidió.

Al gobernante se le considera el líder o la máxima autoridad o cabeza de un Estado, que de manera soberana ejerce las funciones de representación del Estado y del Gobierno. El gobernante es el jefe, es quien gobierna de manera tiránica, con poder absoluto. Esto fue lo que quiso decir el presidente Rodrigo Chaves al periodista mexicano. Que le interesaba gobernar con poder absoluto, no sometido a límites y controles establecidos por la Constitución Política o por las Leyes nacionales que controlan y limitan el ejercicio administrativo del gobierno y de las acciones públicas. La presidenta Laura Fernández también se ha quejado de que tiene que acatar lo que la legislación nacional le permite hacer, enfatizando que ese es el problema para gobernar, señalando que quisiera gobernar sin esas limitaciones.

Es claro que la próxima presidenta, Laura Fernández, quien asumirá el 8 de mayo la Jefatura del Poder Ejecutivo, está totalmente identificada, por lo menos hasta ahora, con los deseos y aspiraciones del Presidente Rodrigo Chaves, y que procurará impulsar las reformas de ley para facilitar la reelección de Chaves en el 2030, lo que podría alterarse si la reforma constitucional llegare a aprobarse, facilitando la reelección consecutiva, donde la misma Laura podría verse ella misma en la posibilidad de reelegirse en el 2030.

Por ahora este tema es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale. Son arenas movedizas las que se están tratando de caminar.

El gobierno autoritario, despótico, tiránico, requiere, necesita un aparato de seguridad militar fuerte, tenebroso, temible, como decía Maquiavelo, “mejor temido que amado”. Por ello el actual gobierno ha venido en estos cuatro años preparando toda la estructura institucional es esa dirección. Ha impuesto, desde su tribuna de los miércoles, el terror reverencial del presidente. Ha hecho cambios importantes en los mandos de la Seguridad Pública, fortaleciendo las lealtades hacia el presidente Rodrigo Chaves, ha creado unidades policial militares, que solo le reportan a él.

El ministro de Seguridad y su viceministro más importante han desarrollado unidades militares especiales en este sentido, como los cuerpos de la SS y SA que tenía Hitler, en este caso para la investigación y control ciudadano. Fortalecen la actuación militarista de la policía, lo que se observa en el trato público que tiene ese cuerpo institucional al abordar huelgas o protestas, al actuar contra ciudadanos, y al desarrollar prácticas de maltratos y quizá torturas que se dan con detenidos, como se han hecho públicos algunos sucesos de este tipo, que pareciera que son para ir acostumbrando a la población a ese tipo de detenciones y actuaciones.

Igualmente, han debilitado las instancias militares y policiales existentes en el país encargadas de la persecución del narco tráfico y sus redes organizativas, aunque tengan un discurso de fortalecimiento y de persecución del narco tráfico. Han debilitado los controles administrativos del Estado encargados de vigilar el tráfico de drogas, su negocio y sus actividades comerciales en general. Costa Rica se ha convertido en la bodega más importante de receptación y movimiento de drogas del Caribe. De aquí se envían constantemente, sin importantes controles nacionales, las drogas a los principales puertos de Europa, de Medio Oriente, sin descuidar otras regiones o países receptores de estos envíos. En Europa, y esos países, constantemente las policías especializadas en esas aduanas de esos países capturan, y dan testimonio de los envíos que les llegan de Costa Rica.

No casualmente al Estado costarricense se le considera un narco estado. Esto significa que las instituciones públicas legítimas, el gobierno, la policía o la Fuerza Pública, en sus diversos componentes, el sistema judicial están influidos, y en algunas situaciones contralados por narco organizaciones, lo que permite actuar a sus actores con bastante impunidad, convirtiéndose de esta manera el Estado, en su órgano más importante, el Gobierno, en facilitador del narcotráfico, como sucede en el país con el narco comercio y narco tráfico internacional y nacional.

El narco estado también se da cuando el tráfico de drogas influye para determinar funciones del propio estado, para alimentar los mecanismos de alta corrupción en la administración pública y la violencia en la vida ciudadana, el control de regiones urbanas y rurales por parte de pandillas, grupos o clanes narco delincuentes y grupos criminales, que imponen controles de coerción y de violencia sobre las personas, cobros de peajes en calles de barrios, la violencia generada por préstamos gota a gota que amenaza la seguridad ciudadana.

El narco estado se manifiesta en la flexibilidad o facilidad para el lavado de dinero y la inversión de dineros movidos por la narco actividad en áreas importantes de las de la vida económica nacional, así como en el tráfico de armas. En algunos países el narco estado produce la inestabilidad política, lo que todavía no se da en Costa Rica.

Costa Rica se ha convertido en el país que, en términos absolutos de gasto al consumidor, es el de mayor nivel de consumo de los hogares de toda Centroamérica, que fue de $56 millones en el año 2024 y que ronda los $60 millones de dólares en el año 2025.

Estados Unidos se lleva el récord mundial de país consumidor, de uso y abuso de drogas, de mayor mortalidad por estas drogas. Es el país con el mayor tráfico de cocaína y marihuana o cannabis, así como de la sustancia sintética conocida como fentanilo o metanfetaminas.

Las drogas sintéticas son hoy más baratas, más potentes, con mayor efecto devastador. En Estados Unidos muchos Estados de la Unión América permiten el cultivo de la marihuana, además de que se ha establecido una autorización para su uso personal recreativo. En Costa Rica hace tiempo se dispuso ese uso y la cantidad de droga que puede portar un ciudadano si es para su uso personal, como es el caso de la marihuana, que no cae del cielo como si fuera maná.

El narcotráfico ha sido utilizado por países, como Estados Unidos para financiar grupos armados organizados, por sus agencias policiales y militares, como la CIA o la DEA, de acuerdo a sus intereses geopolíticos o estratégicos, para desestabilizar, ofrecer resistencia y lucha militar a Estados y Gobiernos legítimamente constituidos, que Estados Unidos rechaza especialmente por su definición política o ideológica o por sus vínculos internacionales.

Actualmente así actúa y presiona contra aquellos países de América Latina que tienen relaciones políticas fuertes o comerciales con Rusia, China, Irán y Cuba, dentro de su perspectiva hegemónica de control mundial que impulsa el presidente Donald Trump. En Costa Rica el actual gobierno y el presidente se han comportado como felpudos de estas políticas y decisiones que le han sido impuestas por Estados Unidos de manera directa, clara y pública, especialmente en lo que corresponde a las relaciones con la República Popular China.

En la década de 1980 fue pública, notoria y escandalosa la actividad en este sentido, en aquellos años, con el llamado escándalo Irán Contras, con el cual Estados Unidos suministraba droga a los grupos contra revolucionarios de Nicaragua y en Centroamérica para que la comercializaran, y con ello, financiaran sus actividades contra el gobierno sandinista de aquellos años.

En 1985 Embajador estadounidense se reunió, por separado, con los candidatos presidenciales más importantes del momento, Oscar Arias y Rafael Ángel Calderón para negociar el mantenimiento de las bases militares que tenían funcionando de hecho en la región fronteriza con Nicaragua, asociadas a las luchas contra revolucionarias y del tráfico de drogas. Oscar Arias fue contundente. Le manifestó que si él ganaba las elecciones de febrero de 1986, como resultó ganador, el 8 de mayo esas bases debían estar fuera de Costa Rica, como también sucedió. El presidente Arias, hay que reconocérselo se le plantó a Ronald Reagan con altivez, decoro y dignidad nacional. No casualmente pudo impulsar su plan y negociaciones para poner fin a las guerras en Centroamérica, que merecidamente, como el mismo Fidel Castro se lo reconoció, por ello le dieron el Premio Nobel.

La lucha contra las drogas, hoy, le ha permitido a Estados Unidos elaborar una narrativa contra gobiernos que no son de su simpatía, en una perspectiva de replanteamiento de su vieja Doctrina Monroe, de 1823, puesta en el escenario actual como un control total de los países que se identifiquen o identifican con la política exterior de los Estados Unidos. Esa narrativa es la de calificar a los grupos narcotraficantes y narco productores como organizaciones terroristas, y como tal objeto de lucha del Ejército de los Estados Unidos, dándose la libertad de actuar unilateralmente. Contra gobiernos, presidentes y gobernantes que así también los califique y actuar contra ellos, como hizo contra el presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, desatando una acción militar, una pequeña guerra, contra ese país y secuestrando al presidente Maduro, pocos días después de estar haciendo prácticas de tiro al blanco, con misiles, y ajusticiamientos y ejecuciones contra pescadores, sin que hubiera podido demostrar públicamente que en sus lanchas traficaban drogas. Sencillamente los eliminaban, no los detenían para capturarles la droga e imponer, de esa manera, el terror de sus actuaciones.

En este sentido los Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas y tácticas de actuación en el plano internacional, como la Junta de la Paz, o en el continente, como lo ha hecho el pasado 4 y 5 de febrero, el presidente Donald Trump con las reuniones, de esos días, en Miami, de los Ejércitos de 17 de los 34 países de América Latina, con este propósito, de poder actuar con el Ejército de los Estados Unidos allí donde al presidente Trump se le ocurra y justifique en su lucha contra las drogas, o en su lucha contra la presencia de Irán, Rusia, China y Cuba en el continente.

Curiosamente a esa mini reunión de representantes de mini ejércitos, en las cabezas de los ministros de Defensa, no invitaron a participar a los grandes países de América Latina, México, Colombia y Brasil, que ellos solos constituyen casi el 70 % de toda la población de América Latina, además de ser países conocidos por vivir situaciones de narcotráfico, narco delincuencias, narco producción y de organizaciones altamente desarrolladas en esos negocios. Sencillamente no lo invitaron a participar, porque a Trump no le interesa esa lucha con ellos presentes en ese organismo que ha creado, donde el gobierna y manda, y los ministros y presidentes de esas pequeñas naciones obedecen. La DEA, la CIA y otras dependencias militares actúan en todos los países de América Latina, donde hay casi 30 bases militares, que no llevan a cabo luchas de ninguna clase contra ese crimen organizado.

Sencillamente Trump ha creado círculo de pequeños países alrededor de Cuba, Nicaragua, México, Colombia donde quiere actuar como lo hizo con Venezuela. Por eso no invitaron a Venezuela, qué la tienen intervenida como si fuera un Protectorado neocolonial, a Nicaragua que la tienen marcada y especialmente a Cuba, que le llevan ganas. Pero, Cuba no es Venezuela, ni La Habana es Caracas. México le acaba de dar una lección de control de la lucha contra las drogas a Trump. Y, Costa Rica representada en esa Junta de Trump, de militarotes de los ministros de Defensa, reunidos y jefeados por el secretario de Guerra, como ahora se llama el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Óigase y léase bien: Departamento de Guerra, para hacer guerras, no para negociar la paz ni buscar la paz. El negocio es la guerra y el control de territorios que esas guerras produzcan.

Desde hace muchos años los Estados Unidos ha firmado pactos y tratados, incluso con Costa Rida, para el patrullaje marítimo de ambas costas, para el control de drogas. El control marítimo de Costa Rida se hace con el de Centroamérica. En la práctica no ha servido casi para nada en ese propósito.

La reunión de los militarotes en Miami, entre ellos el flamante ministro de Seguridad de Costa Rica, con Trump, fue solo la pantalla. Por la Declaración firmada por todos esos representantes militares, pareciera que la reunión fue pura lámpara. Las firmas no se recogieron en la sesión final, sino que hicieron en días separados, como si ya estuvieran cocinadas. Así, unas son firmadas el 4-3 (suponemos el 4 de marzo), otras el 3-4 (podría ser 3 de abril).

Pero, la que destaca más es la del ministro de Seguridad de Costa Rica, que con mucha seguridad estampó su firma el “4-6-26” (queda claro que es el 4 de junio del 2026, no podría interpretarse que es el 6 de abril del 2026, ni podría ser pieza testimonial de que los días 4 y 5 de marzo estaba atendido por Trump, en Mar a Lago y no en Doral, ¿o es lo mismo?

En la interpretación extrema de ambas fechas no calza con la realización de la reunión de Miami los días 4 y 5 de marzo. ¿Dónde estaba volando Mario Zamora? ¿Estaba en su sano juicio, proyectado, volado, extasiado en el 6 de junio, como si Laura Fernández lo hubiese nombrado ministro y en esa fecha hubiera rubricado ese documentazo para “Promover la Paz a través de la Fortaleza, para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos” y “unirnos a una coalición para combatir el narco terrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”?

Como el emblemático ministro de Seguridad firmó el 6 de junio, es claro que esa firma no tiene ningún valor real, formal, institucional. Si acaso tendrá valor sentimental. Oficial ninguna. No tiene validez. No puede comprometernos como país. Sería horroroso que le alteren la fecha, para hacerla calzar con la reunión del 4 y 5 de marzo, o que lo lleven a pasear de nuevo a Doral, Mar a Lago o al Pentágono para que refirme el documento o le ponga un “otro sí”.

Está claro, por lo demás, que Costa Rica por su disposición constitucional, Artículo 12, abolió el ejército no puede participar activamente en organismos militares, constituidos por ejércitos para por la “Fuerza” “promover la Paz”.

De la Declaración firmada por esos militares pareciera que enterraron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tiene la Fuerza Interamericana de Paz, que es el organismo político militar de la Organización de Estados Americanos, que usó 42000 soldados estadounidenses y 25 guardias civiles de Costa Rica en la invasión de República Dominicana en 1965, que no se puso del lado de Argentina en la Guerra de las Malvinas, en 1982, cuando los Estados Unidos se prestó de aliado con Inglaterra para la ocupación inglesa de esas islas, ni hizo nada contra Estados Unidos cuando invadió la pequeña isla de Granada en el Caribe sur, en 1983

La Declaración del Escudo de las Américas, como también se le llama a esa coalición militar, también deja sin efecto al Consejo de Defensa Centroamericano, CONDECA, que ya es un organismo bastante inoperante, del que Costa Rica es miembro observador.

Lo que no se puede tirar por la borda el flamante ministro, de Inseguridad Nacional, es la Sentencia de la Sala IV del 2004 cuando obligó al presidente Abel Pacheco a retirar la firma que había puesto de apoyo y solidaridad con Estados Unidos para la guerra que desarrolló en Irak. Fue clara la Sala IV al manifestar que Costa Rica por haber abolido el ejército de manera permanente no podemos participar en organismos ni coaliciones de carácter militar, que participen en guerras.

Para ello, Trump ha desarrollado un nuevo concepto de hacer guerras justificadas por razones políticas y geopolíticas guardando sus intereses. Ha modificado su lucha contra el narcotráfico bajo la perspectiva de la lucha contra las organizaciones narcoterroristas como las llama, y las coloca en la órbita de la lucha militar, de los ejércitos sin fronteras. La lucha contra las drogas para él es una tarea del ejército. En ninguna parte del mundo esa es una tarea militar, del ejército de los países. Esa es una tarea encomendada a cuerpos policiales altamente especializados.

La incorporación de Costa Rica en la Coalición militar de Trump, en la perspectiva de hacer guerras por doquier, con el impulso que trata de darle a su nueva Organización Mundial, sustitutiva de la ONU, nos lleva a la militarización del país, a la ocupación militar de Costa Rica, a la posibilidad de entregar el territorio nacional para construir emplazamientos militares y bases militares que no contribuirán en nada al desarrollo económico, social, político y democrático del país. Solo facilitará el desarrollo de tendencias militaristas en el país, la posibilidad de desarrollar de nuevo el ejército y de disminuir más los gastos públicos en educación, salud, vivienda, cultura, ciencia y tecnología.

La “firmita” del ministro Zamora es un compromiso de muerte para el país, para la democracia nacional y para la paz social que se ha construido y vivido en Costa Rica, prácticamente desde el siglo XIX, desde 1869 cuando empezó a fortalecerse más la educación y la salud pública.

La firmita del ministro Zamora, de ahora o de junio, es el camino al autoritarismo, al militarismo y al gorilismo rampante en el país.

El verdadero rostro del imperialismo

Escrito en . Publicado en Derechos.

Martín Rodríguez Espinoza

Cuando el imperialismo norteamericano afirma abiertamente que su objetivo es apoderarse del uranio enriquecido de Irán, más de 400 kilogramos, queda claro que no estamos, una vez más, frente al viejo y conocido rostro del imperialismo, la codicia por los recursos estratégicos del planeta, al costo que sea necesario, la guerra, la muerte o la destrucción de países enteros.

A lo largo de la historia reciente, Estados Unidos ha invadido, bombardeado o desestabilizado países enteros bajo distintos pretextos, la “democracia”, la “seguridad”, la “lucha contra el terrorismo”, la libertad, el narcotráfico (que ellos mismos manejan en todo el mundo), pero detrás de esos discursos siempre aparece el mismo objetivo, el control de las riquezas naturales. Petróleo, gas, minerales estratégicos, rutas comerciales y ahora también materiales energéticos como el uranio.

No se trata solamente de Irán. La misma lógica depredadora ha marcado la intervención en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, en África, en América Latina y en el Caribe. Donde hay recursos estratégicos, aparece la presión política, las sanciones económicas, las bases militares o, en el peor de los casos, las bombas.

El imperialismo no negocia desde la igualdad entre pueblos; negocia desde la amenaza, el bloqueo y la guerra. Su objetivo no es la paz entre naciones soberanas, sino la subordinación económica y política de los países que poseen riquezas que las grandes corporaciones desean controlar, para ello cuenta con serviles encada rincón.

Por eso cada vez resulta más evidente para los pueblos del mundo que las guerras que promueve el imperialismo no se libran por valores ni principios. Se libran por el dominio de los recursos y por la perpetuación de un sistema que necesita apropiarse de la riqueza ajena para sostener su poder.

Frente a esa realidad, la defensa de la soberanía de los pueblos y de sus recursos naturales se convierte en una causa común de la humanidad. Porque cada pueblo que resiste al saqueo imperialista defiende no solo su territorio, sino el derecho de todos los pueblos del mundo a existir con dignidad, independencia y paz. Cuba es un ejemplo de esa dignidad, pese al criminal bloqueo económico, comercial y financiero, igual Venezuela, Palestina, y todos aquellos que no renuncian pese a las calamidades que los criminales fascistas provocan en su tierra.

Impactos ambientales de las bases militares: elementos de experiencias latinoamericanas

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Históricamente las bases militares en América Latina han dejado caos y destrucción en todas las fases de instalación, operación y cierre.

  • El aparato militar de Estados Unidos prioriza instalarse en lugares estratégicos que muchas veces coinciden con ecosistemas frágiles.

Costa Rica. 17 de marzo de 2026. El debate que ha abierto la desafortunada ocurrencia de Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa, sobre las bases militares estadounidenses en Costa Rica merece advertir que dicho proyecto no está exento de gravísimos impactos ambientales para ecosistemas frágiles.

Vale la pena señalar que el historial de las bases militares en América Latina tiene como saldo de vastas áreas contaminadas; miles de hectáreas usadas como depósitos de escombros y municiones sin detonar; ensayos navales y militares que han acabado con ecosistemas enteros; campos de experimentación de armas químicas y biológicas en la absoluta impunidad, inclusive desechos nucleares abandonados. Así lo dejó claro la doctora en biología Elizabeth Bravo una conferencia el pasado 12 de marzo en la Universidad Andina en Quito, Ecuador.

Experiencias como el archipiélago de Hawái han sido denunciadas por “una larga historia en la producción de daños ambientales permanentes contra el pueblo hawaiano y contra las islas al verter sistemáticamente sustancias tóxicas, detonar municiones y filtrar productos petroquímicos” puntualizó la Dr. Bravo.

Por otro lado, nuestro país vecino Panamá también tiene una larga historia de lidiar con bases militares imperiales, donde 17 mil hectáreas fueron ocupadas por Estados Unidos para destinarlas en polígonos de tiro y bases militares estadounidenses. Se reporta que al menos 7.300 hectáreas estaban contaminadas por explosivos no detonados y otros contaminantes propios de las actividades bélicas.

Por su puesto Puerto Rico, es otro de los sitios donde se han instalado complejos militares trayendo graves impactos en la calidad del agua debido a la infiltración de sustancias tóxicas en la Isla de Vieques donde en su lecho marino permanecen miles de bombas sin detonar. Además, en la Isla de Vieques se reportan innumerables maniobras militares con explosiones con municiones reales, en donde viven cerca de 9000 personas que han sido desplazadas por el ejército que ocupa el 75% del territorio.

Recientemente el gobierno de Daniel Noboa intentó instalar bases militares en las Islas Galápagos. Afortunadamente, en un referéndum el año 2025 el pueblo ecuatoriano rechazó la propuesta de Noboa. Pero cabe preguntarse sí la intención en Costa Rica es instalar bases militares sobre islas con ecosistemas frágiles como la Isla del Coco, la Isla del Caño o alguna otra similar. Tomando en cuenta la cercanía ideológica del gobierno de Noboa y el de Chavez-Fernadez; pero además la cercanía geográfica de las Galápagos y la Isla del Coco.

Costa Rica se convertiría en objetivo militar. Estaríamos en la misma condición que hizo al archipiélago de Hawái objeto de ataque en la militar en la Segunda Guerra Mundial el 7 de diciembre de 1941 cuando una de sus islas fue atacada: Pearl Harbor. Esto sin duda, es importante en medio de un clima de guerra como el actual, instalar bases militares estadounidense en territorio nacional convertiría a Costa Rica en un objetivo militar. Por lo que, la propuesta del Fabian Silvia no solo es temeraria sino además compromete la seguridad de Costa Rica.

Para terminar, hay que mencionar que las emisiones de gases de efecto invernadero militares de la OTAN representan un 5,5% de las emisiones de gases invernadero del mundo. La Dr. Bravo también puntualizó que: “En los primeros 20 años de este siglo, el ejército de Estados Unidos fue responsable de 1.200 millones de toneladas métricas de emisiones de gases de efecto invernadero; emitiendo más gases tóxicos que la mayoría de los países del mundo.”

En conclusión, la desafortunada apuesta por militarizar el país no solo traerá consecuencias sociales y económicas irreversibles sino abriría una etapa de destrucción ambiental en Costa Rica aún sin precedentes.

Comunidad de Zapote celebrará el Día de la Batalla de Santa Rosa y el 170 aniversario de la Guerra Patria

Escrito en . Publicado en Comunidad.

La Asociación Cívica y Cultural de Zapote invita a la comunidad a participar en la celebración del Día de la Batalla de Santa Rosa, en el marco del 170 aniversario de la Guerra Patria de 1856, una de las fechas más significativas de la historia nacional costarricense.

La actividad conmemorativa se realizará el 20 de marzo de 2026 a las 5:30 p.m., en el salón de actos de la Escuela Napoleón Quesada Salazar, en Zapote, y está abierta a la participación de personas vecinas y público interesado en recordar este episodio fundamental de la defensa de la soberanía nacional.

La Batalla de Santa Rosa, ocurrida el 20 de marzo de 1856, marcó uno de los primeros enfrentamientos de la Campaña Nacional contra las fuerzas filibusteras encabezadas por William Walker. En esta acción militar, el ejército costarricense logró expulsar a las tropas invasoras de la Hacienda Santa Rosa, en Guanacaste, en una operación decisiva que reafirmó el compromiso del país con la defensa de su independencia y su integridad territorial.

La conmemoración de esta fecha constituye una oportunidad para fortalecer la memoria histórica y el reconocimiento del legado de quienes participaron en la Guerra Patria, un proceso que unió a la sociedad costarricense en la defensa de la soberanía nacional frente a la amenaza filibustera en Centroamérica.

La Asociación Cívica y Cultural de Zapote extiende la invitación a la comunidad para participar en este espacio de encuentro cívico y cultural, orientado a recordar la importancia histórica de la Batalla de Santa Rosa y su significado para la identidad y la democracia costarricense.

Una alianza militar contra Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Oscar Madrigal

Óscar Madrigal

Hay que ser un ingenuo, un lacayo o un ignorante para creer que la alianza militar de Trump está dirigida contra el narcotráfico.

El reciente ejemplo de Venezuela y el conocido caso Irán-Contras cuando la CIA y la DEA intercambiaron cocaína por armas para la contrarrevolución nica, prueban que los principales promotores del negocio de las drogas son los gobiernos de EEUU. La guerra contra las drogas ha sido una mampara para buscar propósitos tan distintos como financiar a la contrarrevolución nicaragüense o apoderarse del petróleo venezolano. Está más que demostrado en múltiples documentos y una extensa bibliografía que esa llamada guerra contra las drogas de EEUU, desde Nixon que la inició hasta Trump, nunca ha tenido mayor interés en combatir el narcotráfico.

Trump acusa que los carteles mexicanos son más fuertes que el ejército de México, aunque los propios informes norteamericanos manifiestan que el 80% de las armas que los narcos poseen provienen de EEUU, incluso armamento propio de ejército estadounidense. ¿Qué hace USA para detener ese tráfico de armas? Prácticamente nada. Y las armas con las cuales los narcos ticos se matan y nos matan de dónde vienen, ¿de China o de Rusia?

Además, ¿qué hace EEUU para detener el consumo de drogas en su país (si no hay demanda, no hay oferta), o perseguir a los carteles de distribución y de lavado de dinero sucio? Prácticamente nada. ¿Entonces, a qué se debe esa exigencia con los países latinoamericanos cuando ellos no contribuyen en nada para controlar los otros componentes del narcotráfico?

Los objetivos de la Alianza Militar de Trump, a la cual se ha adherido entusiastamente el presidente Chaves y la nueva presidenta, son básicamente los siguientes: controlar con la amenaza militar a los gobiernos latinoamericanos, apoderarse de las riquezas naturales e impedir que otras potencias, especialmente China, haga negocios e inversiones en América Latina.

Sin ningún tapujo, Trump, Rubio y sus monaguillos, proclaman a los cuatro vientos que América (el continente) es para los americanos (EEUU) y solo para ellos. Y 12 presidentes, siervos del imperio, asienten obedientemente, compitiendo entre ellos a cuál más de lacayo.

Esta Alianza Militar de Trump a la cual se ha sumado este Gobierno es un ataque no al narcotráfico sino a nuestra democracia, a nuestra Constitución, al ser costarricense.

Este sábado Chaves y su sucesora tiraron al cajón de la basura la lucha en 1856 contra los filibusteros, nuestra tradición civilista, nuestro prestigio internacional de Nación pacífica y la dignidad soberana del país.

Lo que quedó en evidencia este fin de semana es que estos gobernantes están muy lejos de nuestra idiosincrasia y de nuestros más profundos valores patrióticos.

Fahrenheit 911…OTRA VEZ

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

En una producción de 2004 dirigida por el cineasta Michael Moore se explicaban las razones subyacentes de los ataques a las torres gemelas tres años antes, las relaciones entre los entornos familiares de Osama Bin Laden y George Bush, así como las verdaderas intenciones comerciales y financieras tras las guerras de Estados Unidos contra Afganistán e Irak.

En la introducción del documental Moore habla con ironía sobre los países “aliados” de Estados Unidos, entre ellos Costa Rica, a la que le dedica carcajadas de humor al ridiculizarla como una de las grandes potencias en la industria de la guerra, mostrando de fondo una carreta típica.

Eran los inicios de un intenso, extraño y contingente siglo XXI. Un siglo en el que el país ha ido perdiendo proyecto, visión de futuro, fuelle diplomático. Esto último sin lugar a dudas ha convertido a Costa Rica en un simple e insignificante punto en el mapa en la distribución de poder desarrollado por Donald Trump y el emporio económico y simbólico que lo acompaña a escala planetaria, incluido el más terrorífico de los encuentros de los fascismos y autoritarismos del presente.

Como si no estuviera devaluada ya la imagen del país a escala internacional, la teatralización de los vínculos Washington-Zapote nos ha dejado en la perplejidad, esperando por la nueva edición de un documentalista que venga a reírse de nuevo en nuestras caras.

Hace pocos días Costa Rica fue uno de los 16 países firmantes junto a Estados Unidos del principio de “paz mediante la fuerza” para el hemisferio occidental. Se queda uno pensando en la paradoja más que en la contradicción y el por qué aparecemos en esa vergonzosa foto de familia.

Como si no bastara el gancho semiótico con que Trump ha “rejuntado” a sus amigos y les ha tirado del brazo para que le apoyen en medio de una escalada de violencia global propiciada por su gobierno y otros gobiernos ahí sí que aliados, mientras escribo estas notas los medios digitales informan sobre la presencia del presidente y su ministra de la Presidencia en la lacónica “Cumbre escudo de las Américas” convocada por Trump, en la que se “analizarán estrategias conjuntas de lucha contra el narcotráfico y la inseguridad”.

No tengo más palabras que agregar. El chiste se cuenta solo.

El porqué de la invasión de los Estados Unidos e Israel a Irán

Escrito en . Publicado en Análisis.

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Primera parte: El medio Oriente un hervidero explosivo

El origen de la confrontación: el ascenso de la República Islámica de Irán

Para comprender las causas que impulsaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente en Irán, es necesario retroceder al menos, al establecimiento del régimen de los Ayatolás, el cual se instauró formalmente con la victoria de la revolución Islámica en febrero de 1979. Este proceso de transformación se consolidó mediante el referéndum de abril del mismo año, que dio origen oficial a la República Islámica. El líder fundamental de este cambio fue el Ayatola Ruhollah Jomeini, quien logró derrocar al Shah Mohammad Reza Pahlavi y reemplazar la monarquía por un gobierno de carácter teocrático.

La revolución de 1979 significó el final de un régimen monárquico que había contado durante décadas con el respaldo de potencias extranjeras como Gran Bretaña y Estados Unidos. En su lugar, surgió un movimiento revolucionario liderado por los Ayatolás, basado en el islamismo y apoyado tanto por organizaciones de izquierda como por agrupaciones islamistas y también fueron fundamentales los sectores estudiantiles.

Tras la caída del Shah, éste se vio obligado a exiliarse y, antes de abandonar el país, dejó instaurada una junta provisional encabezada por un líder opositor para intentar mantener la gobernabilidad. Sin embargo, la situación interna se tornó cada vez más inestable, ya que rápidamente emergieron movimientos guerrilleros compuestos por grupos seculares y también religiosos, los cuales desempeñaron un papel decisivo en la eliminación final de los restos del antiguo sistema monárquico.

Durante los primeros años posteriores a la revolución, la política internacional respecto a Irán fue compleja. Al estallar la guerra entre Irán e Irak en 1980, la administración estadounidense dirigida por Jimmy Carter osciló entre apoyar a uno u otro bando, motivada por el hecho de que la Unión Soviética apoyaba al dictador iraquí Sadam Hussein. Finalmente, Carter optó por establecer un acuerdo con Hussein, suministrándole equipos militares e incluso autorizando el uso de armas químicas contra las fuerzas revolucionarias iraníes, con el objetivo de debilitar al nuevo régimen islámico.

Posteriormente, la orientación antioccidental de Hussein dio al traste con la relación que acababa de forjar con los Estados Unidos y Gran Bretaña, de manera que, cuando acabó la guerra entre los países árabes vecinos, se consolidó en Irak un curso de radicalización hacia la izquierda.

Por su parte, el gobierno estadounidense que sucedió al de Carter fue liderado por Ronald Reagan; un republicano que venció al mismo Carter en las elecciones de 1980 impidiéndole a este ejercer un segundo mandato. Ronald Reagan fue percibido por diversos sectores como un «outsider» en el ámbito político; sin embargo, a partir de 1967 había asumido ya el cargo de gobernador del estado de California. Con el advenimiento de Ronald Reagan a la presidencia se radicaliza la posición política del gobierno estadounidense en contra del gobierno revolucionario y teocrático de los ayatolas. Pero, de la misma forma se adversó a la República de Irak bajo el mandato de Hussein. Ronald Reagan en todo el período en el que ejerció la presidencia de los Estados Unidos, representó una línea política neoconservadora de gran presencia en el mundo entero, máxime que se asoció con la primera ministra del Reino Unido de entonces (1979-1990), de semejante signo ideológico neoconservador, Margaret Thatcher.

A pesar de que Irán e Irak compartieron un enemigo común en el imperio estadounidense, de momento no lograban reconstruir completamente las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Durante el conflicto, estos países enfrentaron enormes desafíos y tensiones, las cuales dificultaron la reconciliación plena una vez finalizada la guerra. Sin embargo, después de casi diez años de enfrentamientos y una profunda conflagración, Irán e Irak consiguieron establecer un acuerdo, si bien precario en 1988 para poner fin a la guerra. Este acuerdo marcó el fin de la guerra, permitiendo a ambos países poner término a la hostilidad directa, aunque sin haber alcanzado un restablecimiento total de sus vínculos políticos y sociales.

Evolución de las relaciones entre Irán e Irak desde la revolución Islámica hasta la actualidad

-La influencia del partido Baas y el estallido de la guerra Irán-Irak

El partido Baas tomó el control político en Irak en la década de 1960, adoptando una actitud cada vez más combativa respecto a los conflictos fronterizos con Irán. Tras el triunfo de la revolución islámica iraní en 1979, Saddam Hussein, entonces líder iraquí, decidió invadir Irán ese mismo año, motivado tanto por disputas territoriales como por el interés en apoderarse de las zonas petroleras estratégicas ubicadas en territorio iraní. Sin embargo, la situación en el campo de batalla cambió a partir de junio de 1982, cuando el ejército iraní empezó a ganar terreno y logró recuperar todas las áreas que había perdido frente a las fuerzas iraquíes.

-El estancamiento del conflicto y el inicio de una nueva etapa. La normalización de relaciones tras la caída de Saddam Hussein

La guerra entre Irán e Irak se prolongó durante más de ocho años, finalizando en un empate sin un claro vencedor. Posteriormente, las tensiones no cesaron: Irán se opuso abiertamente a la coalición internacional encabezada por Estados Unidos en la guerra del Golfo de 1991 contra Irak, lo que marcó el inicio de una nueva fase en la relación bilateral.

Con la caída de Saddam Hussein en 2003 y el ascenso de facciones chiitas favorables a Irán en el gobierno iraquí, se inició un proceso de normalización en los lazos entre ambos países. A partir de ese momento, Irak permitió la entrada de peregrinos chiitas iraníes a los santuarios sagrados ubicados en territorio iraquí. Un hecho significativo ocurrió en marzo de 2008, cuando el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad realizó la primera visita oficial de un jefe de Estado iraní a Irak desde la revolución islámica de 1979. A su vez, el ex primer ministro iraquí Nouri al-Maliki realizó varias visitas a Irán a partir de 2006, mostrando simpatía por su programa nuclear.

Desde entonces, Irán se ha convertido en el principal socio comercial de Irak y ambos países han establecido una alianza sólida, colaborando estrechamente, especialmente en la lucha contra el Estado Islámico. Este acercamiento se ha visto facilitado por la afinidad religiosa, ya que ambos gobiernos están liderados ahora por musulmanes chiitas. Sin embargo, la creciente injerencia de Teherán en los asuntos internos de Irak ha generado malestar social, desembocando en protestas ciudadanas contra la intervención extranjera y la presencia de milicias respaldadas por Irán, que han llegado incluso a hostigar y atacar a la población civil.

Las causas de la invasión de Estados Unidos e Israel a Irán

Estados Unidos es la potencia militar más poderosa del Planeta. A la vez ha sido una de las naciones económicamente más fuertes y todavía, aunque a duras penas, mantiene esa primacía. Si bien, muchos críticos y analistas cuestionan que lo siga siendo, dado el portentoso desarrollo alcanzado por la República Popular China especialmente en este siglo XXI.

Por otra parte, el desarrollo no significa pura y simplemente crecimiento de la producción apoyada por la tecnología. Está visto que tales indicadores son insuficientes para reflejar el desarrollo de una nación. Ya que una nación puede haber alcanzado un alto crecimiento de su producto nacional bruto (PNB), pero tener sumido en el atraso y la pobreza a una gran parte de su población. Suele ocurrir este fenómeno en los países consumistas y capitalistas que no distribuyen la riqueza que producen. Bien se ha dicho que el mercado, el capitalismo puede tener crecimiento, pero distribuir muy mal la riqueza. Es lo común en el modo capitalista de producción, el mercado crea riqueza, incluso puede estimular la riqueza excesiva, pero se muestra incompetente para distribuir el producto socialmente creado.

El economista André Gunder Frank fue uno de los que insistió más en que el capitalismo es un sistema concentrador del producto social y por lo tanto, generador de una vasta desigualdad y también va dejando como sucedáneo pobreza y pobreza extrema. “El desarrollo del subdesarrollo” bautizó Gunder Frank al capitalismo de los países más pobres y atrasados del planeta.

Por otra parte, el capitalismo, como se sabe desde los estudios del teórico marxista alemán Rudolf Hilferding (léase su obra Das Finazkapital, publicada por vez primera en Viena en 1910), después de alcanzar una fase muy elevada de producción a base de capital industrial, pasa a una nueva fase en virtud de la cual se produce la fusión del capital bancario con el capital industrial, que da como resultado la creación de un nuevo tipo de capital: el capital financiero. Quiere esto decir que, los grandes jefes de las industrias fusionadas entre sí se convierten al mismo tiempo en los mandamases de los grandes bancos y viceversa.

Tal fusión deriva en la creación de este nuevo tipo de Capital, propio del capitalismo maduro que se conoce como capital financiero. De esta manera, del capitalismo liberal, competitivo y pluralista, se pasa al capital monopolista, superconcentrador de las ganancias y los capitales que, para continuar creciendo y desarrollarse, no le basta con mantenerse en los linderos del país donde se originó, sino que su destino es migrar constantemente allende sus fronteras para así explotar los recursos y materias primas de todas las naciones, hasta en los últimos confines de la tierra. Para seguir incrementando la cuota de plusvalía o ganancia, no respeta fronteras, ni legislación, ni cultura nacional alguna. Se transforma en un tipo de capitalismo avasallador y destructivo de la soberanía de las naciones. Es en esas condiciones en donde los dueños de los grandes bancos, que son los mismos dueños de empresas monopolísticas, se alían a la vez con los dueños de la industria armamentística, la cual aparece por todas partes, provocando invasiones por doquier y creando guerras, cada vez que lo considere necesario para explotar los recursos ajenos. Esta es una nueva dinámica, la dinámica del capitalismo monopolista.

Trump es uno de los exponentes más genuinos de un gobernante al servicio de este tipo de capital monopólico, como lo fue Hitler, motor de la segunda guerra mundial en el siglo pasado. En general, los gobernantes estadounidenses y de otros países representantes del capitalismo avanzado -ora en competencia despiadada, ora en alianzas siniestras- han venido denotando ese tipo de comportamiento colonial primero, neocolonial después. En términos generales, esto es lo que ocurre hoy en el medio oriente, en cuyos lares los gobernantes de los Estados Unidos se aliaron con su socio Israel, para amparar la supremacía creada y mantener la hegemonía regional. Tal es la lógica del capital monopolista de Estado, representada muy bien por Donald Trump y su vasallo Netanyahu, quienes han puesto todos los enormes recursos de sus países al servicio de los grandes monopolios y la supremacía belicista.

Hoy uno de sus verdugos no es otro que Irán, el tercer país con mayor existencia de recursos petrolíferos del mundo, apetecido por las grandes potencias, la principal de ellas hoy por hoy son los Estados Unidos.

¿Es necesaria una base militar estadounidense?

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Vladimir de la Cruz

Estados Unidos tiene oficialmente en el mundo más de 800 bases militares, emplazamientos e instalaciones militares de diverso uso. De esas tiene 22 bases militares en Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En Latinoamérica hay 20 países considerados independientes, 10 en Suramérica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela; 7 en Centroamérica, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá; 1 en Norteamérica, México y 2 en el Caribe, Cuba y República Dominicana.

A Puerto Rico no se le considera un país independiente, ya que es un Estado Asociado de los Estados Unidos.

En el conjunto de países de la Organización de Estados Americanos, OEA, participan especialmente las naciones angloparlantes y francoparlantes del Caribe, como son Haití, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, Santa Lucía, Granada, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Saint Kitts, Dominica, San Cristóbal, Guyana, Surinam.

En la OEA hay 34 países miembros y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, participan 33. Estados Unidos no es miembro de CELAC, como sí lo es de la OEA, siendo su país más importante.

Estados Unidos tiene oficialmente registradas y públicamente reconocidas, entre bases militares e instalaciones militares, llamadas de seguridad, un total de 76 en todos los países de América Latina y el Caribe.

La proyección militar estadounidense se produjo con la existencia de la Unión Soviética, desde 1921, cuando Estados Unidos trató de detener la influencia soviética mediante la presencia militar en diversos países, que le permitían establecer sus bases, instalaciones y emplazamientos militares.

La desaparición de la Unión Soviética y de los países socialistas europeos, especialmente, no debilitó la presencia militar estadounidense en otros países. Al contrario la fortaleció, dentro de su expansionismo hegemonista que tuvo a partir de ese momento, y todavía trata de expandirla y robustecerla, hoy bajo el pretexto de la seguridad internacional, de los nuevos problemas internacionales y globales, como son el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Esto le ha permitido fortalecer su presencia bélica a nivel mundial, en una nueva situación geopolítica internacional donde han surgido otras potencias políticas, económicas, financieras y militares, que se mueven dentro de una estrategia multilateralista y antimonohegemonista, rompiendo de esa manera el mundo unipolar de los Estados Unidos para construir un mundo multipolar, que se expresa en otros bloques de países no comandados por los Estados Unidos.

En su estructura político militar, Estados Unidos organiza su operaciones militares en 6 grandes Comandos, el del Norte, NORTHCOM, el del Sur, SOUTHCOM, el de Africa, AFRICOM, el de Europa, EUCOM, el Indo Pacífico, INDOPACOM y el Comando Central, CENTCOM. Junto a estos Comandos ha desarrollado los Comandos Espacial, el Cibernético, el de Operaciones Especiales, el Estratégico y el de Transporte.

El Comando Sur, que atiende a toda la América Latina, en administración y vigilancia de las actividades militares, es el que atiende a las 76 instalaciones o bases, divididas en tres categorías, la Base de Operaciones, que trabaja directamente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, las Bases Militares pequeñas, también llamadas “Lily Pad”, que desarrollan operaciones avanzadas, de seguridad cooperativa, con el Ejército de los Estados Unidos y las llamadas Bases Financiadas, que son las que pertenecen a los países anfitriones o receptores de estas bases, que las utilizan mucho para el entrenamiento y adiestramiento militar. Organizaciones Civiles encargadas de la vigilancia de estas bases y emplazamientos militares, señalan la existencia de las “Bases Operacionales no confirmadas”, que son bases existentes, reales, no reconocidas oficialmente por los gobiernos afectados.

Es claro que la presencia de las bases militares en el continente ha tenido un papel injerencista determinante en la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños afectados por dictaduras, golpes de estado, tiranías, gobiernos autoritarios, represiones políticas, prácticas de torturas a detenidos políticos y civiles. En el gobierno de Barak Obama se autorizó el último Manual de Torturas, empleado por el ejército de los Estados Unidos. Especialmente se empezó a utilizar en los detenidos en la Base Militar de Guantánamo, que tienen desde 1901 en Cuba.

Muchos ejércitos latinoamericanos y organismos policiales se entrenan en estas bases, en sus diversos cursos de capacitación y de tortura. Cuando había guerrillas en el continente las bases militares, como las que estaban en Panamá, se usaban para capacitar en la lucha contrainsurgente y antiguerrillera.

En sus diversos tamaños todos los países de América Latina y el Caribe tienen bases, instalaciones o emplazamientos militares estadounidenses.

Así, en la información oficial de los Estados Unidos, en este campo de bases militares, aparece Costa Rica con emplazamientos o instalaciones militares estadounidenses en Liberia, Caldera, Colorado.

México y Venezuela aparecen sin ninguna presencia militar extranjera. Nicaragua aparece con tres instalaciones o emplazamientos militares. En Colombia, recientemente el presidente Petro ha señalado que desde hace más de 40 años Estados Unidos tiene allí siete bases.

Las bases militares extranjeras, sean de Estados Unidos o de otra nación, presentan el problema de si violan o no la soberanía del país receptor donde se establecen. Su establecimiento tiene que aceptarse por disposición legislativa, y no solo por decisión ejecutiva.

El establecimiento de una base militar extranjera produce el dilema de si la presencia de efectivos militares, de manera estable en el territorio nacional, fuera del territorio de donde son nacionales los militares, sean estadounidenses o no, constituye una violación a la soberanía de los países receptores o si se trata de un “beneficio mutuo” en torno a la seguridad nacional de ambos, que es como generalmente las tratan de justificar.

Una base militar extranjera se conceptúa como un territorio extranjero correspondiente a país que pertenece esa base. Es igual en este concepto que una Embajada representativa de un país en otro país. El edificio, propio o alquilado, la residencia del Embajador, propia o alquilada es considerado territorio de la Bandera Nacional que se representa con esa sede diplomática.

En los países se autoriza la compra de esos terrenos a los representantes diplomáticos, que los hace inviolables en todos los sentidos. Por ello, es que pueden asilarse personas en las Embajadas o Residencias de los Embajadores, sin que el gobierno del país, que las persigue, pueda intervenir en ellas.

De esta manera autorizar el establecimiento de una base militar es en la práctica entregar una parte, por pequeña que sea, del territorio nacional que queda bajo la administración del país ocupante de esa Base Militar, con todos los problemas que ello pueda conllevar u ocasionar. No son territorios libres. Son territorios ocupados militarmente por el ejército o fuerza armada que allí se instale.

Generalmente, su instalación obliga al país receptor a dar una serie de privilegios a los miembros y habitantes de esos emplazamientos militares, desde apoyos logísticos, de seguridad exterior, migracionales, hasta aduanales, tributarios y hacendarios.

Su sola presencia conduce a que el país ocupante, dueño de la base militar, ejerza mayor influencia en las estructuras políticas del gobierno nacional. Lo hemos visto estos días, cuando España le dijo a los Estados Unidos, en el conflicto que tiene con Irán, que desde las bases militares que tienen autorizadas en ese país, no se podían hacer vuelos ni acciones militares o de guerra contra Irán. España prohibió el uso de su territorio para esas actividades militares, lo que ocasionó que el presidente Trump amenazara a España con apretarle sus políticas financieras, sus aranceles y sus actividades comerciales. Y no contento con esto, dijo, además, que ellos y qué él, Trump, harían lo que quisieran desde sus bases y emplazamientos militares, sin que España se lo pueda impedir. Ese es el problema de facilitar el establecimiento de una base militar en un país. El matonismo con que puede actuar el dueño o país de esa base militar con el país sede de esa base.

Un próximo diputado entrante en mayo, ha señalado la necesidad de establecer una base militar estadounidense en el país, para luchar contra el narcotráfico y el narco terrorismo, concepto de modo en esta actividad.

No sabemos si fue una ocurrencia, una estupidez, una falta notable de comprensión de las cosas, o una falta de inteligencia, una forma irracional de actuación.

Tampoco sabemos si fue un acto consciente representando a grupos nacionales o extranjeros interesados en someter más a Costa Rica a la órbita de los intereses geopolíticos, militaristas y guerreristas estadounidenses.

O, si fue un acto de quienes, en Costa Rica, añoran o sueñan con el establecimiento de un ejército como institución permanente de nuestra vida política, y lo ven reflejado en el establecimiento de una horda militar extranjera en el territorio nacional.

En Costa Rica tuvimos Ejército Nacional. Su etapa heroica sin lugar a dudas la tuvo cuando se unió el Ejército al pueblo, en la gran epopeya nacional libertadora, cuando se movilizó a Nicaragua en 1856, hace 170 años, para expulsar la horda filibustera que se había establecido en ese país, para sacarlos de Centroamérica, por el peligro que significaba para la Independencia, Soberanía y Libertad de nuestros países y pueblos, a los cuales William Walker, el jefe filibustero, quería convertir en Estados sureños de los Estados Unidos y en pueblos sometidos a la esclavitud.

Dichosamente todos nuestros gobernantes desde el siglo XIX fueron y han sido principalmente educadores, abogados, médicos, periodistas. De excepción tuvimos algunos militares gobernando por breves períodos. La visión de ellos condujo a fortalecer la educación como el medio más importante de superación, de movilidad social y de oportunidades para la vida.

Después de la Guerra Nacional contra los filibusteros la enseñanza se fue fortaleciendo y se fue debilitando la estructura militar existente. Desde principios del siglo XX se eliminó del Escudo Nacional lo que todavía representaba el elemento militar de la vida nacional.

La dictadura de los hermanos Tinoco, 1917-1919, fortaleció la institucionalidad militar y el ejército. Con la caída de la dictadura cayó también ese impulso militarista.

El Ejército estaba debilitado en la década de 1940. En los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948 no tuvo ningún papel destacado. Evidenció su ineficacia y su necesaria inexistencia.

Desde 1946 en el Congreso de la República se empezó a plantear la necesidad de su extinción, de su eliminación como parte de la institucionalidad y de la vida nacional.

José Figueres Ferrer, su ministro de Seguridad, Edgar Cardona, asumieron ese impulso en 1948 y en diciembre, bajo el Gobierno Fundador de la Segunda República, como llamaron el ejercicio político de esos dos años, 1948-1949, acordaron disolver el Ejército Nacional como institución permanente. Así lo acordaron también en la Asamblea Nacional Constituyente que elevó a norma constitucional su abolición.

Desde 1948 hasta hoy no ha habido necesidad alguna de acudir a la excepcionalidad de establecer o convocar al ejército para alguna situación, que de emergencia hubiera sido necesaria su constitución pasajera. No fue necesario en diciembre de 1948 ni a principios de 1955 cuando el país se vio amenazado de incursiones militares desde Nicaragua, por costarricenses interesados en derrocar a Figueres que gobernaba en esos años.

Costa Rica había firmado su ingreso a la Organización de Estados Americanos, y había rubricado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, con el cual se consideraba que se tenía un escudo protector frente a amenazas militares como la de 1948 y 1955, cuando dicho Tratado se invocó, sin necesidad de su presencia militar.

Ni en los días difíciles y complejos de la lucha triunfadora anti somocista, y de reacción contra el establecimiento del Gobierno Sandinista, en el período 1979-1990, hubo necesidad de invocar el TIAR.

Ni posteriormente, en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, 2010-2014, hubo necesidad de acudir al llamado de un ejército de excepción para los problemas que tuvimos fronterizos con el gobierno de Daniel Ortega. Acudimos a la Corte Internacional a resolver nuestro problema, como fue atendido.

En el gobierno de Abel Pacheco, 2002-2006, cuando se plegó “solidariamente” al pronunciamiento público de los Estados Unidos justificando su guerra contra Irak, la Sala Constitucional de la República, le ordenó retirar el nombre de Costa Rica de esa adhesión, porque la Constitución Política de Costa Rica, al haber abolido el ejército, de manera permanente, no permite realizar actos de esa naturaleza ni comprometer al país en acciones militares de ese tipo. El gobierno de Estados Unidos se negó a quitar la firma del apoyo que Abel Pacheco había puesto.

Por este motivo, no es viable pretender impulsar el establecimiento de una base estadounidense en el país. Constitucionalmente no se puede.

No hay justificación alguna para una situación como ésa. La lucha contra el narcotráfico no es una lucha que se libra con ejércitos.

La experiencia en América Latina, especialmente en Colombia, ha demostrado con 7 bases militares estadounidenses, por casi 50 años, luchando contra guerrillas, que se aprovecharon del negocio de la producción drogas para financiarse, que ese negocio o esa narcoactividad no se detuvo ni se acabó.

Las guerrillas que se acabaron en Colombia y en la región centroamericana fue por decisiones políticas, por acuerdos políticos.

Cuando la contra sandinista estaba en su apogeo se produjo el escándalo Irán-Contras, que descubrió cómo organismos militares, y de lucha contra la droga de los Estados Unidos, financiaban a esos grupos contra revolucionarios facilitándoles droga, para ayudarles de esa manera, permitiéndoles vender la droga, y financiarse así para sus actividades político-militares.

No se puede confiar en los Estados Unidos, en su ejército, en sus autoridades militares y políticas, de que una base militar, como la que se ha insinuado se pueda establecer en Costa Rica, va a contribuir en la lucha contra las estructuras del narcotráfico que operan en el país.

La presencia de una base de esa naturaleza va a contribuir a ese negocio. La existencia de las 76 bases e instalaciones militares que Estados Unidos tiene en toda Latinoamérica y el Caribe ha demostrado que el negocio con ellas ha crecido, porque es un gran negocio también para la economía de los Estados Unidos, donde llega la droga. Con las 800 bases militares en el mundo Estados Unidos no ha detenido el negocio de las narco organizaciones. Sigue creciendo.

Los anuncios internacionales de detección y captura de envíos de droga se da en los países europeos, no en los Estados Unidos.

El tratado militar policial que se tiene con Estados Unidos para la vigilancia de las aguas marítimas poco resultado produce en la captura de la droga que se trafica por mar. Pareciera que esas naves protegen a los barcos que nos roban las riqueza atuneras, sobre las cuales Costa Rica poco control ejerce.

La base militar que los intereses militaristas y guerreristas quieren establecer en el país hay que combatirla, hay que detenerla. Es más peligroso para la seguridad e institucionalidad nacional el establecimiento de esa base, que no tenerla.

Es igualmente peligroso permitir que empresas extranjeras de seguridad, o inversionistas extranjeros, como se está discutiendo en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tengan la posibilidad de organizar empresas de seguridad, en manos de esos extranjeros. De hecho, será también como desarrollar la posibilidad de constituir pequeños, medianos o grandes ejércitos disfrazados de organizaciones de seguridad privada. O lo que sería peor, que grupos narco criminales se disfracen con este ropaje de seguridad para desarrollar y ampliar sus espacios delictivos. Ese tema en esa Comisión también hay que detenerlo. No vaya a ser que quienes constituyan esa Comisión, como ya se menciona para la nueva Asamblea Legislativa, sean diputados muy afines a estas actividades de la criminalidad y de las narco estructuras y narco delincuencia.

Costa Rica: las elecciones y la instauración política autocrática

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Juan Huaylupo

El orgullo costarricense por la democracia nacional permitió la conquista de nuevos derechos y la conservación de los derechos adquiridos, que construyeron una sociedad pacífica, sin necesidad de recurrir a posiciones y acciones políticas radicales. La desaparición del ejercito fue una consecuencia de una sociedad donde la violencia fue el recurso extremo y en un momento en su pasado, pero lo fue contra un invasor que atentaba contra la libertad y la soberanía nacional y la consolidación de la nación costarricense y también la centroamericana. Un pasado que está cotidianamente presente y en disputa permanente en la política, la economía y en la concepción del poder en la sociedad.

El dinamismo histórico de Costa Rica, como en todas las sociedades del mundo, ha modificado sus relaciones sociales que han incidido en su devenir. Son muchos los intentos económicos y políticos por radicalizar las prácticas liberales conservadoras, como intentos de convertirnos en objeto del poder colonial del imperio. Sin embargo, la capacidad negociadora y el respeto de nuestra soberanía conformaron un definido Estado Nación en sus relaciones internas como en sus vínculos y negociaciones con otros países y entes internacionales, cualidades que constituyeron barreras que limitaron intencionalidades ajenas, como también lo fueron la cultura y la inteligencia nacional. No obstante, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las tendencias liberales externas y de potencias económicas internacionales, coludidas con los partidos políticos tradicionales, en ese entonces mayoritarios, fueron los pioneros en la privatización de la función pública, así como apoyaron las imposiciones colonialistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que propiciaron la liquidación de la democracia y del Estado Social en Costa Rica.

Han pasado décadas del conservadurismo liberal, que no concluye, por el contrario, se profundiza y contamina el espíritu y práctica política, economía y la conciencia social costarricense. Hoy, a diferencia del pasado, se ha elegido a una candidata que se declara continuadora de un gobierno que denigra la institucionalidad pública, que desprecia nuestra educación y se burla y antagoniza contra la democracia nacional, así como se ha impuesto con grotescos gritos, insultos y difamaciones contra todos sus críticos y que internacionalmente apoya el genocidio de pueblos y el dominio imperial, que provocan e incentivan una tercera conflagración mundial, de trágicas e imprevisibles consecuencias contra la humanidad. La paz y neutralidad que aspirábamos en el pasado, no muy lejano, se ha transformado en la actualidad en un gobierno que promueve la belicosidad y el enfrentamiento social, así como la parcialidad y la unilateralidad imperialista.

El reciente resultado electoral ha revelado que el actual gobierno no está terminando, dado que ha sido elegida su continuadora que, sin rubor ni moralidad, manifiesta ser seguidora de la política y orientaciones del actual presidente, su próximo ministro de la Presidencia. Una reelección de facto. que relativiza una expresa prohibición constitucional.

El triunfo electoral de un partido que tiene como dueño al actual mandatario, no es una organización democrática, es autoritaria, no existe una pluralidad de ideas y posiciones que orienten decisiones y actuaciones de partido, pues esta conducido por un vulgar autócrata.

Las personas en igualdad real de derechos, la ciudadanía, es el medio formal establecido nacional e internacionalmente ante la desigualdad existente en la sociedad mundial, siendo la democracia la expresión libre e igualitaria en la pluralidad societal. En democracia se construye lo común a todos, lo público, en una sociedad interdependiente socialmente.

La democracia regularmente es interpretada como una relación pacifica entre los actores sociales, no obstante, no se suprimen las contradicciones imperantes de desigualdad, inequidad ni los antagonismos de clase, por el contrario, la democracia lucha, se opone y actúa permanentemente contra todas las formas que violentan y transgreden los derechos en la explotación del trabajo, en la facultad ciudadana de decidir y actuar por la libertad y defender sus derechos y la igualdad social. Asimismo, la democracia es una creación y construcción colectiva que reproduce la propia sociedad, así como el progreso y una vida digna para todos.

Creer que la designación electoral del poder político es el otorgamiento de una facultad absoluta de actuación clasista, parcial y parcializada, en la heterogeneidad social, es una falsedad, ningún proceso electoral en la historia nacional ha sido una imposición tiránica, ni ha sustituido las facultades ciudadanas. En democracia los poseedores del capital y riquezas no son quienes determinan el destino de la nación, tampoco quienes poseen transitoria y electoralmente el poder político. La violación de la institucionalidad pública y la imposición de leyes indignas que transgreden las conquistas históricas, son acciones de tiranos, nunca de procesos democráticos.

La afirmación de la presidenta electa de suprimir las garantías individuales, plasmadas en la Constitución de la República, es una amenaza nacional, efectuada sin haber asumido el poder, así como es su anuencia a permitir la instalación de bases militares de EE. UU. Estas intencionalidades son tempranas evidencias que son antagónicas a nuestro pasado y presente. Es democrático protestar, cuestionar y actuar contra las transgresiones a los derechos e intereses ciudadanos. Amenazar sin motivo e imponer criterios unilaterales es un explicito anuncio de un gobierno que atenta contra nuestro pasado y presente, como también lo expresa su lamento de no haber obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para despreciar y desoír las necesidades sociales de la mayoría nacional, negando de este modo, el dialogo, el debate o la concertación en una sociedad democrática.

Asimismo, es contrario al espíritu nacional costarricense el manifestar su compromiso político e ideológico con un personaje que incendia el planeta en su crítico afán hegemónico mundial, así como expresa su compromiso con proyectos genocidas en el espacio internacional.

Costa Rica nunca ha requerido la supresión de nuestras constitucionales garantías ciudadanas por protestar y demandar atención a las necesidades sociales, las cuales son manifestaciones que crearon instituciones públicas y políticas en favor de la calidad de vida y bienestar social. Tampoco ha requerido el uso de la fuerza bruta, porque respetamos el orden legitimo constituido ni somos agresores con naciones hermanas ni hemos requerido de la violencia para dirimir nuestras discrepancias y menos aún hemos comprometido nuestra soberanía con el establecimiento de bases militares imperiales.

De Venezuela a Davos. La línea roja del presidente Trump que altera las relaciones internacionales

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Vladimir de la Cruz

¿Era previsible el ataque de Trump a Venezuela para sustraer al presidente Nicolás Maduro? La movilización militar que hizo Trump al Caribe sur, al frente de Venezuela, suponía una acción militar altamente planificada de mayor envergadura. Varios meses de planificación detallada al frente de las costas venezolanas para precisar lo que finalmente hicieron, una acción precisa para “extraer”, para “secuestrar”, para “sacar” a la fuerza al presidente Maduro.

Era una acción sumamente costosa para los Estados Unidos. No era un simple ensayo o práctica de los cuerpos militares que se organizaron para esa operación. Aparte de los medios de guerra movilizados supuso casi 15.000 efectivos también llevados y preparados para haber actuado en un posible desembarco, si les hubiera sido necesario, por empantanamiento de la acción de la “sustracción” del presidente Maduro.

Su salida no ha significado “descabezar” el Poder Ejecutivo de Venezuela. Ha quedado intacto debido a la estructura institucional y constitucional de su sustitución como presidente. De los miembros del Poder Ejecutivo ninguno hasta ahora ha cambiado. Tan solo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, que en su condición, ha sustituido al presidente, como presidenta encargada, cargo que puede ejercer mientras Maduro del todo quede incapacitado de ejercer la presidencia. En este sentido a Maduro en Venezuela se le sigue considerando el presidente y a Delcy como la presidente Encargada, con todas las funciones de presidir el Poder Ejecutivo.

Un alto militar estadounidense lo había declarado ante una pregunta que le hicieron, sobre si los venezolanos se darían cuenta de cuando iniciaban sus acciones militares. De manera simple lo dijo: se darán cuenta cuando en ese momento no puedan comunicarse, porque interrumpirían todo tipo de comunicaciones en el territorio venezolano.

¿Era creíble ese ataque? Parecía dudoso. Parecía más una acción de amedrantamiento, orientada a provocar una “renuncia” del presidente Maduro. Parecía una operación de presión y amenaza para provocar el cambio en la dirección del Poder Ejecutivo venezolano, lo que no se produjo, y no se iba a producir.

¿Nocturna o diurna esa acción militar? Obviamente nocturna. Ventaja total para los atacantes, no solo por la tecnología usada, por los medios de guerra empleados, por las ventajas que da la nocturnabilidad en el ataque, sobre la base de que los atacados están en ese momento más a la “defensiva”, en cierta forma “desarmados” por estar descansando o durmiendo, por la sorpresa que puede producir el ataque nocturno difícil de localizar, si se han inutilizado redes eléctricas, radares y medios de detección de aeronaves, especialmente, sean helicópteros y aviones de apoyo.

Ventaja también para los atacantes en cuanto en las acciones de guerra. La iniciativa la tiene la aviación, en todas sus formas, por la capacidad de destruir infraestructura, de provocar incendios y demolición de edificios, que obliga a distraer fuerzas locales en atender esas emergencias. A esta capacidad se sumaba la del alcance en disparo que tenían los buques de guerra que tenían al frente de Venezuela, en posibilidad de apoyar una acción terrestre que no fue necesaria realizar.

¿Esperaba Trump algún apoyo local efectivo y público a su acción militar en Venezuela? Probablemente esperaban algo de apoyo, al menos en la “captura”, “secuestro”, “rapto”, “sustracción” que hicieron de Maduro. La realidad inmediata no tuvo ningún apoyo. Nadie en Venezuela, por más que no quisieran a Maduro, iba a movilizarse a favor de esa acción militar estadounidense.

La oposición política a Maduro, hasta ese momento, era en el escenario político y electoral. Con bajos y altos. Los altos para la oposición cuando ganaron algunos procesos electorales fundamentales, como fue la elección de la Asamblea Nacional, en manos mayoritaria de la oposición, sin que eso significara nada desde el punto de vista del poder real, efectivo. Los otros poderes del Estado y la totalidad de las instituciones estatales seguían en manos de Maduro y el madurismo. Más lograron cuando en paralelo convocaron a la Asamblea Constituyente que en la práctica se convirtió en una Asamblea Nacional Bis, debilitando la original, que fue de nuevo retomada por el Madurismo.

No ha habido durante todo el período de la V República, desde 1999 hasta hoy un solo evento de resistencia militar a los gobiernos de Hugo Chavez, desde 1999 hasta el 2013, ni al de Maduro desde el 2013 hasta el 2025.

Durante el período del presidente Chavez era fuerte la vida política y electoral, sostenida especialmente por las reformas y grandes proyectos sociales importantes que él impulsó, y por las condiciones del presidente Chavez que lo destacaba como el líder y político más importante de toda Venezuela, sobre la oposición política y sobre sus propios seguidores. En mi opinión, en ese período, no había un líder político como él.

Durante el período del presidente Maduro se debilitó su presencia como líder nacional. Las últimas dos elecciones principalmente mostraron esta debilidad, que implicó que se cuestionaran esos procesos electorales en su favor, provocando el desconocimiento de su investidura por gran cantidad de países, al mismo tiempo que otra igual cantidad de países le reconocieran como presidente.

En la realidad política nacional e internacional Nicolás Maduro era el presidente de Venezuela, para todos los efectos internacionales, como el venezolano. Lo sucedido el 3 de enero no le ha quitado ese reconocimiento de su investidura. Al contrario, se lo ha fortalecido. Lo que se produjo el 3 de enero fue un acto personalizado del presidente Trump contra el presidente Maduro, aprovechando la fuerza militar que el presidente estadounidense, en su fuero ejecutivo puede usar. No pudo declarar la guerra a Venezuela porque requería el apoyo legislativo de los diputados y congresistas que no se lo daban.

Trump, para detener a Maduro, y actuar en el plano internacional, con el matonismo con que lo está haciendo, acudió a una reformulación inicial de su política de seguridad nacional, estableciendo la lucha contra el narcotráfico como una lucha de carácter antiterrorista y, como lucha antiterrorista la puso en la mira de las acciones que se pueden realizar, bajo esta óptica, con el Ejército de los Estados Unidos. De esta manera, justificó su accionar en la movilización para ir a capturar, sin que hubiera una orden internacional puesta en INTERPOL, para capturar a Nicolás Maduro como líder del narco, del narco tráfico, o de una organización narcoterrorista, que la crearon bajo el nombre de Cartel de los Soles, organización que ha servido para involucrar a otros dirigentes políticos venezolanos, como Diosdado Cabello, que sigue siendo el dirigente político y militar más destacado en este momento en la Venezuela post maduro. Sobre Maduro y sobre Cabello el presidente Trump había puesto recompensas de 50 y 25 millones de dólares.

Aún con esa calificación estadounidense que hacía Trump de Maduro no le autorizaba internacionalmente para actuar como lo hizo. Por la legislación internacional los presidentes gozan de inmunidad en este sentido.

Cuando ha habido necesidad de extraditar narcotraficantes a Estados Unidos se ha hecho con base a tratados de extradición de Estados Unidos con esos países. Tratados que Estados Unidos aplica solo en su favor. Cuando Costa Rica trató de extraditar un agente de la CIA, John Hull, que había vivido en Costa Rica, y había cometido actos sujetos de ser juzgado en Costa Rica, John Hull huyó del país a los Estados Unidos y ningún proceso de extradición se pudo aplicar y ejecutar, por el amparo que recibió Hull en Estados Unidos, y por la debilidad, también, de los gobiernos de Costa Rica, que no mantuvieron la presión de la extradición. Por otra parte, Estados Unidos no se sujeta a organismos judiciales internacionales, ni ha aprobado Convenios y Tratados de Derechos Humanos.

El pretexto inicial de Maduro como la principal figura de la organización narcoterrorista, como la califica Estados Unidos, del Cartel de los Soles, se calló cuando en el Tribunal donde fue presentado Maduro, para sus trámites acusatorios y defensivos, se eliminó ese pretexto. Ahora invoca otros pretextos, que tampoco le corresponde aplicarlos en defensa de los venezolanos, como son el origen del nacimiento de Madura, si fue en Colombia o en Venezuela, y la demostración palmaria de las actas del proceso electoral último que no ha presentado oficialmente, justificando su triunfo electoral, mientras la oposición política ha exhibido copias de ellas demostrando su triunfo.

Ha quedado claro que lo que le interesa a Trump en Venezuela son los pozos petroleros, la diversa riqueza natural que tiene Venezuela. De manera más precisamente le interesa el control de las relaciones internacionales de Venezuela, especialmente las que tiene con Cuba, Rusia, la República Popular China e Irán, y en estas relaciones lo que corresponde a las exportaciones venezolanas de petróleo. En esto Trump ha sido claro.

Según él, ha recuperado el petróleo que se le ha robado a Estados Unidos. ¿Pero, dónde están los pozos petroleros para habérselos robado: en Venezuela o en Estados Unidos? En Venezuela, claro está. Y claro es que también las riquezas naturales de los países les pertenecen a esos países. Obvia Trump que desde la presidencia de Carlos Andrés Pérez se había producido la nacionalización del petróleo sujetando así a las empresas extranjeras a esa nacionalización, en su producción y comercialización. Por eso también Trump se interesa en Groenlandia.

En esta dimensión inserta los recursos minerales, de Groenlandia, de Ucrania y Venezuela, como parte de su concepto de seguridad nacional, así como el control de las rutas comerciales que le puede significar el control del Canal de Panamá, y el control del norte de Groenlandia por el movimiento internacional que tiene hoy, resultado del deshielo, como ruta comercial del Artico, que para Trump favorece a China y a Rusia. Son las líneas rojas estratégicas de su gobierno, control de rutas y de recursos naturales.

Tampoco Trump descuida México y Canadá. Insiste en territorios y riquezas de estos países.

En el caso de América Latina también queda claro que el continente en su conjunto es parte de esta visión geopolítica y de control estratégico de Trump. Ya no hay Política de Buena Vecindad. Hay política de agresividad y de intervencionismo donde sea necesario, y de establecimientos de Protectorados donde pueda hacerlo.

Trump no tiene problema de reconocer que su actuación corresponde a una nueva redefinición de la Doctrina Monroe, la cual está acompañada de las Políticas del Destino Manifiesto, del Gran Garrote, de la Diplomacia de las Cañonera, de la Doctrina Truman de la post guerra mundial, de la de los golpes de estado y establecimiento de dictaduras y tiranías en Latinoamérica.

Y si se trata de Derechos Humanos tampoco se puede confiar en Estados Unidos. No ha firmado las siguientes Convenciones: la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; para reprimir la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena; el de la protección y utilización de cursos de agua transfronterizos y lagos internacionales; el del derecho del mar; la de la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencias de minas antipersonal y sobre su destrucción, (a ésta se opone).

Además, la convención contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios; el de la represión y el castigo del crimen del Apartheid; el Protocolo de Kioto; los Estatutos del Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología; el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.

No ha ratificado los siguientes Convenios: el de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, para reducir o eliminar la liberación de sustancias químicas nocivas al ser humano y el medio ambiente; el de Basilea sobre control transfronterizo de desechos peligrosos; el de la diversidad biológica; el de los Derechos del Niño.

Asimismo, no ha firmado el de Libertad Sindical y de protección del derecho de sindicación; el de Derecho de sindicación y negociación colectiva; el de la edad mínima de admisión al empleo; contra la delincuencia organizada transnacional; contra la tortura; y el de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Tampoco ha ratificado el tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, que prohíbe todo ensayo de armas nucleares; los protocolos facultativos de las convenciones sobre los derechos del niño, relativos a la participación de niños en conflictos armados, y el de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía; ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales.

Estados Unidos declaró, en 1985, que se separaba de la jurisdicción y no acataría las decisiones de la Corte Internacional de Justicia, de La Haya, que ha servido para solucionar controversias entre Estados, al igual, en el 2002, del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, para enjuiciar criminales de guerra y genocidas.

Mientras los Estados Unidos no ratifique estos convenios y actúe bajo los lineamientos del gran garrote, de las cañoneras y de la nueva doctrina Monroe, no se puede creer en los buenos propósitos que pregona.

Con Venezuela Trump advirtió que su línea roja en las relaciones internacionales no tiene límites, más que lo que le indica su moral, como lo ha dicho.

Si se trata de presencia en organismos internacionales, Trump ha planteado el retiro de los Estados Unidos en más de 50 organismos, que afecta por sus repercusiones a muchos países, miembros de ellos, y por los alcances que tienen en el significado de las relaciones internacionales. Incluso ha cuestionado la existencia del organismo de las Naciones Unidas, promoviendo su Junta de la Paz o Consejo de la Paz, más como un organismo privado de potencias y 26 países “fundadores” que lo quieran integrar y someterse a las directrices que desde allí imponga Trump. Es parte del diseño estratégico y geopolítico de los Estados Unidos hoy.

La reunión de Davos, hace pocos días, ha puesto de relieve el inicio de un nuevo proceso de reordenamiento de las relaciones internacionales, donde la Unión Europea se fortalece o tiende a perecer. Tampoco era previsible el matonismo diplomático de Trump en Davos, ni creíble su desplante ante los principales políticos europeos, a quienes les tendió un felpudo y no una alfombra roja.