Solicitud urgente para protección de derechos humanos en Nicaragua
Frente al contexto lamentable que vive Nicaragua, con un incremento de presas y presos políticos, hemos elaborado una solicitud expresa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga y se proteja la vida de las personas nicaragüenses. En el siguiente formulario encontrará la carta, le invitamos a leerla y adherirse como persona individual o como organización. Compartimos el documento:
Solicitud urgente
10 de diciembre del 2021
Señores y señoras
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.
Reciban un cordial y respetuoso saludo.
El objetivo de la presente es solicitar su apoyo a la campaña “Navidad en familia, libertad para las personas secuestradas políticas”, promovida por organizaciones sociales nicaragüenses y latinoamericanas que hemos elevado la voz por los más de 160 opositores encarcelados por enfrentarse al régimen que gobierna actualmente en Nicaragua.
Una nueva ola de terror y secuestro se registra antes y después de las elecciones del 7 de noviembre del 2021 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con las detenciones arbitrarias, hostigamiento policiales y paramilitares, persecución y allanamientos contra las voces críticas de su gobierno, que demandan un cambio en el país centroamericano, así como gran cantidad personas obligadas a exiliarse.
La defensora de derechos humanos y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, describió como una “cacería” las últimas acciones llevadas a cabo por el régimen contra opositores en Managua, la capital nicaragüense, y otras dentro del país centroamericano. “Hay una cacería en Managua, no solamente aquí en Managua (la capital), sino que también en los departamentos, nosotros tenemos casos que estamos siguiendo desde Chinandega, Estelí, Ocotal, Nueva Segovia, entonces esto es todo el país (…) Todos vivimos con la expectativa de que en cualquier momento a cualquiera pueden agarrar”, dijo Núñez en entrevista radial.
“La gente está manejando con temor (la situación), …con la expectativa de que si no denuncian… los pueden sacar… la denuncia pública es la única estrategia de defensa de derechos humanos que hay ahorita en Nicaragua, porque los recursos y los tribunales no funcionan, no hay a quién recurrir y si recurrís no te hacen caso”, reiteró la presidenta del CENIDH. El CENIDH registró 32 detenciones y allanamientos en las viviendas de opositores en el periodo del 5 al 8 de noviembre, algunos de ellos fueron liberados y otros tantos acusados en los tribunales del régimen donde se les abre “juicios revestidos de irregularidades”.
Según la presidenta del CENIDH se están desarrollando varios escenarios de represión en el país centroamericano, con relación a las personas presas políticas. Existe un grupo de presos políticos, detenidos a partir de la crisis sociopolítica de abril 2018, es decir antes del contexto electoral, que están en las cárceles del Sistema Penitenciario en condiciones que empeoran cada día debido a “limitaciones, obstáculos y humillaciones” a los que son sometidos, al igual que sus familiares.
Un segundo escenario lo conforman el grupo de personas presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, en Managua, donde son sometidos a métodos de “tortura”, están recluidos/as de manera absolutamente ilegal sin ningún proceso judicial y sin que se le permita acceso a sus familias o abogados y un tercer grupo están bajo arresto domiciliar. “La situación en la que se encuentran es grave y aberrante en cualquier sistema jurídico, están presos indefinidamente y se dieron el lujo de poner en su expediente que se suspendía el juicio por fuerza mayor declarando prácticamente la detención indefinida”, según la Sra. Vilma Núñez.
Entre las personas detenidas destacamos la situación de la comandante sandinista y exministra de salud Dora María Téllez, el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, la periodista Cristiana Chamorro, y el comandante guerrillero Hugo Torres. Varios integrantes de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco fueron detenidos de manera arbitraria, ilegal, violenta y sin una orden judicial que informe los motivos de sus detenciones, como ha sido los casos de Juan Sebastián Chamorro, Max Jerez Meza, Lesther Alemán Alfaro, Álvaro Vargas Duarte, José Adán Aguerri Chamorro y Michael Healy Lacayo, Alex Hernández, y Roger Reyes, Harry Chávez, Samantha Jirón entre otras. Han detenido personas con serios problemas de salud que no están siendo atendidos como es el caso de la defensora de derechos humanos Evelyn Pinto Centeno, detenida el pasado 6 de noviembre.
Los familiares de los y las presas políticas han denunciado que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y bajo tortura. Reciben pocos alimentos y de muy mala calidad, lo que ha generado que algunos de ellos hayan perdido hasta 40 libras de peso en un periodo de 3 meses. No se les permiten hablar, están sometidos a un aislamiento prolongado o permanente en celdas de castigo, sin exposición a luz solar y sin condiciones mínimas de higiene. Tampoco tienen acceso a sábanas, frazadas y objetos de cuido personal o material de lectura. Además, se les someten a múltiples interrogatorios diariamente, con los que se les tortura psicológicamente, se les humilla y les insinúan que están solos y han sido abandonados por sus familiares.
Esta situación ha deteriorado rápidamente la salud mental y física de los y las presas políticas, por lo que se teme que, de no tomarse medidas urgentes para cambiar estas condiciones, podrían sufrir secuelas físicas y emocionales permanentes, o morir en prisión.
En razón de lo anterior, nos dirigimos a ustedes para solicitar su intervención en esta grave situación y recurrir a todas las medidas y potestades con que cuenta la Comisión, para exigir respeto de los derechos humanos y la liberación efectiva de las personas detenidas, así como colocar en consideración una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno nicaragüense.
Sabemos de la sensibilidad social y compromiso de la Comisión y de la Corte Interamericana frente a estos abusos de poder y crímenes estatales y confiamos contar con su colaboración en este proceso.
La presente comunicación se la hacemos llegar personas y organizaciones de diferentes países latinoamericanos que nos encontramos angustiadas con esta situación y que sabemos que poco se puede hacer al interior de un gobierno ilegítimo e ilegal como el de Ortega.
En el enlace adjunto podrán firma la adhesión al comunicado: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel4F_JJkTCN0u2iL578BcnfTMNpn1WN8wZ0V-9GN6IGAlWEQ/viewform?usp=sf_link
