A un año del brutal genocidio contra Palestina levantemos nuestra voz de solidaridad desde Costa Rica con ese pueblo en resistencia.
Internacional Antifascista capítulo Costa Rica
Red de Solidaridad con Palestina
Roberto Salom E.
Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.
Una reflexión inicial sobre la crisis política
Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.
Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.
Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.
A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.
Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.
La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.
Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.
En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.
Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.
Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.
En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas
Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.
Hacia una convergencia democrática
Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.
Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.
Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.
Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.
Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.
También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.
Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.
Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.
Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.
Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.
Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.
Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.
De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.
Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.
En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.
Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.
Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.
Ayer fue la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General las que recibieron amenazas de muerte.
Hoy fue la Universidad de Costa Rica la que sufrió una amenaza de bomba cargada de tal violencia, que ya por sí sola, constituye una brutal agresión; no solo contra la comunidad universitaria y contra miles de estudiantes cuyo único delito ha sido el intentar forjarse un futuro mejor; sino también contra toda la sociedad costarricense.
Estas expresiones de violencia, que deben ser repudiadas por toda la población; no son aisladas, sino la consecuencia de un discurso de odio que nace desde Casa Presidencial, contra toda la institucionalidad democrática de nuestro país.
¡Ya es suficiente señor Presidente! Ya es hora de que se dedique a gobernar y deje de llamar a la violencia, antes de que sea demasiado tarde.
Toda nuestra solidaridad con la Universidad de Costa Rica, con su población estudiantil, con su personal administrativo y su cuerpo de docentes.
Toda nuestra solidaridad también; con la Contraloría General de la República, con el Fiscal General, con los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, con los magistrados y magistradas del Poder Judicial, con los medios de comunicación independientes; hoy todos bajo ataque del chavismo.
Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.
La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.
En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.
De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.
La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:
A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.
A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.
Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.
Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.
Se invita a todas las personas a ver el programa Mi solidaridad con Palestina 2024, estrenado este lunes 23 de septiembre de 2024, a las 9:00 am. Para más información, le invitamos a observar este video.
EPISODIO 44 Mi solidaridad con Palestina 2024
Imagina que un ejército invasor
Te quita el agua, destruye tus siembras, encarcela a tus hijos.
Llega a tu pueblo, te saca con tu familia de tu casa,
te la quita y la destruye, te obliga a migrar a otro sitio.
Imagina que mientras migras con tu familia te bombardean y tienes que huir a otro sitio.
Imagina que mientras tienes que huir de la represión,
te bombardean y mueren tus hijos o tu esposa.
Ahora imagina que tienes que recoger, si tienes suerte,
el cuerpo de tus hijos de entre los escombros.
Imagina que al final el que muera sos vos,
¿Te gustaría, verdad que no?
El pueblo de Palestina no lo imagina, lo vive.
Un ejército fascista, igual al de Hitler,
invadió, asesinó y obligó a millones de palestinos
a salir de sus casas, de su tierra, de su Patria.
Un ejército genocida quiere asesinarlos a todos,
y el mundo calla, cierra lo ojos, miente y tergiversa la historia.
Eso es inhumano, inmoral y cruel.
Yo no soy de esos que callan.
Yo estoy con Palestina, por justicia y libertad para Palestina.
Que se detenga el genocidio, el terrorismo y la muerte.
Por eso me manifiesto, como costarricense, contra la complicidad política y militar de nuestros gobiernos, politiqueros y corruptos, que violentan nuestros principios de país de paz, y que por servidumbre buscan la guerra y la muerte para otros pueblos, que desde EEUU e Israel, ejecutan contra Palestina y también contra otros pueblos del mundo que no se arrodillan ante el imperio.
Palestina nos necesita, nos llama a la solidaridad, grita por auxilio, por paz y libertad.
NO calles, une tu voz a la de millones que exigen que se detenga este criminal genocidio.
En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.
Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.
La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.
Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:
A la comunidad costarricense:
En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá.
En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy! ¡Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman
Organizaciones:
Costa Rica
Alianza Escazú
Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica
Bloque de Vivienda
Casa del Migrante
Centro de Amigos para la Paz (CAP)
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera
Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811
Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios Iríria Tsöchok
Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT
Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra
Coordinadora por la Liberación Animal
Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS)
Ediciones Libres, Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra
Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica
Fundación Nuestramérica
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Jornadas Solidarias, Costa Rica
Micro-santuario el Rinconcito Animal
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope
Movimiento yo no voy al zoo
Red de Mujeres Rurales
Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo)
PATRULLAJE, Costa Rica.
Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica.
Proyecto Jirondai, Costa Rica.
Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista
Orgullo Disidente, Costa Rica
Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG)
Unidos por el Agua, Costa Rica.
Argentina
Asociación Cultural América Nativa (ACAN)
Ecuador
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro
Unión Nacional de Educadores-UNE
España
Confederación Intersindical Solidaria, España
Ensenyants Solidaris, ONG
Ribaborza SOS Ribarboza
Honduras
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras
Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz
Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-participa)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) Garifuna, Honduras.
México
Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Consciencia Crítica(CDPCC),Guanajuato
Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca
CLETA-UNAM, México.
Comité Leonés de Solidaridad con Palestina (COLSOPAL), Guanajuato, México
Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, México
Museo Comunitario Alfredo Almeida, México
Red Académica de Solidaridad con Palestina, México
Internacional
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, México.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Personas físicas:
Alejandra Davis, Estados Unidos.
Alex Ramos, Costa Rica.
Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica.
Allen Cordero, Costa Rica.
Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica
Ana Mena Morelli, Costa Rica.
Aren Vindas Álvarez, Costa Rica
Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica.
Ashley Padilla, Costa Rica.
Bruno Coto Barboza, Costa Rica.
Carol Davis, Estados Unidos.
Carolina Rivera, Estados Unidos.
Cecilia Castillo Nanjarí, Chile.
Celeste Rivera, Estados Unidos.
Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica.
Daniel Ramírez, Estados Unidos.
Daniela María Salas Monge, Costa Rica.
Danilo Alizaga, Costa Rica.
Denis Cálix, Costa Rica.
Edgar Atencio, Costa Rica.
Edwin Buezo, Estados Unidos.
Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica.
Elidies Rivera Navas, Costa Rica.
Emily Quirós Víctor, Costa Rica.
Estela Ceballos, Argentina.
Fátima Gómez Campos, Costa Rica.
Felipe Benítez, indígena Lenca, Honduras.
Félix López Zambrana, Costa Rica.
Héctor Ferlini-Salazar, Costa Rica
Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica.
Johan Davis, Estados Unidos.
José Amesty, Costa Rica.
José Luis Reyes, Estados Unidos.
Josué Fernández Baldizón, Costa Rica.
Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica.
Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica.
Leslie Andino, Estados Unidos.
Luis Fernando González Marín, Costa Rica.
Luis Salas Sarkis, Costa Rica.
Madeline Kiser, Estados Unidos.
Magda Solís Alpízar, Costa Rica.
Marbella Martin Fragachan, Costa Rica.
Marco Antonio Hernández Moreno, México.
María Julia López, Honduras.
María Trejos Montero, Costa Rica.
Marielos Muñoz, Costa Rica.
Marshall Valverde Chacón, Costa Rica.
Miguel Barrios Gutiérrez.
Miriam Miranda, Honduras.
Nidia Fonseca, Costa Rica.
Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica.
Pilar Bravo Pemjean, Chile.
Roberto Gavarrete, Costa Rica.
Sara Rodas, Estados Unidos.
Sara Unda, UNAM, México.
Sisa Pacari, Ecuador.
Sofía Becerra, Estados Unidos.
Suy Wong, Costa Rica.
Tiryth Vindas Campos, Costa Rica.
Zaida Docouto, Estados Unidos
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Félix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
Colectivo de Apoyo a doña Digna
El Estado es cómplice del homicidio por inacción y fomentar la impunidad cuando se trata de agresiones a los pueblos indígenas.
Si el Estado costarricense hubiera cumplido con las medidas cautelares “MC 321-12” del 2015, en las que se definió que debía garantizar y resguardar la vida e integridad física de los Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre, los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera no se hubieran dado.
¡Es hora de que el Estado garantice justicia y paz en los territorios indígenas!
El juicio contra el asesino confeso Juan Eduardo Varela Rojas continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón.
Les invitamos a ver el breve video con el testimonio de Jerhy Rivera Rivera:
¡URGE NUESTRA PRESENCIA Y SOLIDARIDAD!
La organización Casa Rara, dedicada al apoyo de personas diversas (específicamente juventudes de identidad y orientación sexual diversa) cierra sus puertas. En una nota, describen el trabajo de la última década durante la cual ha sido uno de los pocos espacios de esta naturaleza en nuestro país.
En el comunicado se le agradece a todas las personas que tuvieron relación con el proyecto y se resalta el carácter de cuidado alternativo: tan necesario en una sociedad llena de prejuicios.
Casa Rara fue un espacio seguro para diversas personas, donde no solo existía la posibilidad de recibir recursos materiales sino también acompañamiento y ayuda ante la violencia que podían experimentar sus asistentes. Esta labor se desprende de la cruda realidad de la vida, en un esfuerzo por hacer sentir el calor de familia y para que cada persona se pueda sentir protagonista de su propia historia.
Ver el comunicado completo.
Las cooperativas forman parte importante de la economía del pueblo costarricense y además, del ecosistema social a nivel nacional. Las cooperativas buscan dinamizar la economía para lograr el bienestar integral y equitativo de las personas asociadas y las comunidades en general. También, buscan cumplir metas, crecimiento social, económico y ambiental de las regiones que impactan.
Es importante mencionar que el cooperativismo se crea con un sentido social y económico para que de esta manera se logre combatir la pobreza y la desigualdad social. Las cooperativas cuentan con una serie de valores que los caracterizan tales como: solidaridad, equidad e igualdad.
Se les hace una invitación a ver el video y escuchar sobre el importante trabajo que realizan las personas asociadas a las cooperativas y la importancia que tienen a nivel nacional.
Nombres y cargos de las personas que hablan en el video: