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Etiqueta: SUPEN

Como coyotes en luna nueva

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Una de las ciencias que más me impresiona es la Biología. Indican los expertos que en el mundo de los mamíferos, en esa dicotomía de lucha entre la vida y la muerte, en las noches más oscuras en mi país y que son las de marzo, algunas especies silvestres menores como tepezcuintes, armadillos, roedores y otros evitan salir en la noche para no ser presa fácil de sangrientos y hambrientos depredadores como felinos, lobos y coyotes, cuyas dentaduras afiladas, parten músculo, hueso y piel con una habilidad asombrosa.

En marzo, la luna nueva ha sido el 21 de marzo y esa misma semana se ha presentado en la Asamblea Legislativa un peligrosísimo proyecto que podría significar la muerte de dos regímenes especiales de pensiones: el del magisterio nacional y el del Poder Judicial.

La amenaza que se cierne sobre ambos regímenes es real, y su vida puede ser segada de un solo zarpazo. Cual mordedura a la yugular y carótida en el cuello de las ingenuas víctimas.

Este proyecto presentado por Rodrigo Arias y aplaudido desde la SUPEN por Rocío Aguilar M., la única funcionaria pública que habiendo sido sancionada por la Contraloría General de la República de la cual fue jerarca, nunca cumplió dicho castigo. De ministra de Hacienda, luego fue premiada por el presidente Alvarado al designarla en una de las Superintendencias, hasta la fecha. Este proyecto denominado LEY DE CREACION DE PENSION BASICA UNIVERSAL (Expediente 23625) es recomendado por la OCDE, que junto al FMI, parecieran ser quienes nos gobiernan.

Si bien es cierto, el texto parece noble y altruista, el propósito de bridar pensión absolutamente a toda la población en estado de vejez, entiéndase, desde quienes religiosamente hemos cotizado mes a mes desde tiempos inmemoriales; los que han cotizado poco o parcialmente para tener derecho a una pensión; y quienes del todo por razones de pobreza extrema y otras razones no han cotizado en absoluto. La preocupación por estos últimos ha estado a cargo del CCSS y de FODESAF. Ruta costarricense que se ha forjado con atino por varias décadas, pero que ahora los gobernantes de turno pretenden modificar radicalmente dicho panorama.

Pretender que importantes sectores de la población que si hemos cotizado, en montos razonables sean educadores o empleados del poder judicial, debamos también aportar para financiar las pensiones de estos otros grupos, es inaudito, inadmisible e injusto. Y no es porque no haya solidaridad ente miles de trabajadores honestos en Costa Rica, sino porque en el caso del sector públicos, los salarios están congelados desde hace 5 años y han perdido según el INEC el 18% de su der adquisitivo, de manera que estamos ante un escenario donde miles de familias apenas tienen ingresos para sobrevivir y cubrir necesidades básicas, caga sobre sus hombros dicha carga repercute directamente en su calidad de vida y resta oportunidades de superación y mayor bienestar. Pretender reformar automáticamente los regímenes de pensiones de magisterio y de poder judicial, sin alimentarlos con nuevos cotizantes, es su golpe de gracia.

A ver si de una vez por todas bases y dirigencias magisteriales reaccionan y dejan esa pose de modorra de buey viejo, solo masticando hojas verdes, como aparecen en icónicas alegorías nacionales, despreocupados absolutamente de lo que ocurre en su entorno.

Dicho proyecto constituye la mayor amenaza al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, que posee dos ámbitos: reparto y capitalización. Ambos, ampliamente sanos después de las reformas experimentadas tras las reformas a las leyes 2248, 7268, 7302 y 7531. El Magisterio Nacional y el Poder Judicial disponen hoy en días de regímenes especiales de jubilaciones y pensiones, y para ello las cuotas de los trabajadores son altas, evidentemente mayores a las que los demás trabajadores aportan al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la CCSS. La Sala Constitucional en Costa Rica una y otra vez ha dicho que no hay ningún inconveniente en que coexistan diversos regímenes de pensiones, siempre y cuando el perfil de beneficios sea acorde a la proporción de los aportes en las cuotas del trabajador, el patrono y el Estado como tal.

Este proyecto sobre otorgar pensión básica universal a personas en condición de pobreza no puede partir de la premisa de que la pobreza es una condición permanente y natural de las personas. Que quienes son pobres están eternamente condenados a dicha condición. Condición, cual pecador condenado a caer en las llamas del infierno. Ocuparnos de la población bajo la línea de pobreza, sea que no cotizó suficiente durante su vida productiva, o ha sido objeto de calamidades, enfermedades incapacitantes u otros; requiere de medidas más ingeniosas que complementen los actuales regímenes, sobre todo el del IVM, no sustituirlo.

La Costa Rica moderna y contemporánea ha hecho descansar su modelo de Bienestar Social en tres pilares, después de la Reforma Social de los cuarenta y la Constitución Política vigente. Estos residen en la creación y existencia de regímenes de seguridad social financiados en tres partes: trabajadores, patronos y el Estado. Dicho orden establecido se ve seriamente amenazado con este proyecto, que tiende a echar la mayor responsabilidad en los trabajadores, desmejorando el perfil de beneficios y convirtiendo la pensión en algo casi inalcanzable; ya no como un beneficio justo, seguro y tangible sino como una aspiración de ángeles cuya extra-corporeidad no requiere de agua, ni alimento, ni vestido.

Esta generación –la nuestra-, será recodada por su pasividad, inmovilismo, conformismo; o como aquella que una vez más desde su criticidad, y animosidad, levantó la bandera de la dignidad para luchar y reclamar por lo mes es justo y enfrentar todo tipo de menoscabo a nuestra dignidad personal y profesional.

Este infame proyecto plantea como una de sus fuentes de financiamiento, los aportes señalados en el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador. Donde se establece para financiamiento del IVM, el aporte de hasta el 15% de las utilidades de las empresas del Estado, entiéndase: RECOPE, INS, ICE, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, y otras pequeñas como SINART, Editorial Costa Rica, Correos de CR. Así está establecido desde el año 2000 y no ha dejado de ser tan sólo una bella idea, pues aquí las entidades más fuertes (bancos, ICE, INS) han establecido sendos procesos contra la Caja para librarse de tener que hacer dichos aportes. El proyecto no plantea enérgicamente una solución para tan poca solidaria situación; de modo que el régimen No Contributivo y las pensiones por Vejez otorgadas por el Estado, seguirán desfinanciadas y no se otorgarán más.

Somos un país donde por nuestra singular demografía, la población crece poco y la relación entre trabajadores activos y personas mayores a 65 años, hace que el segundo grupo crece más rápido que el primero. Es válido preocuparnos por los trabajadores del sector informal que no poseen ingresos suficientes para cotizar para una futura pensión. Claro, debemos buscar para solución para este grupo de costarricenses, ello va directamente relacionado con el crecimiento de nuestra economía y la reactivación económica. Allí queremos ver a los políticos ocupados verdaderamente y no buscando fáciles soluciones para acometer dicho problema. NO es justo que los mismos de siempre, asalariados sobre todo maestros, policías y empleados judiciales carguen sobre sus hombros, el echarse obligaciones para que estos trabajadores también tengan pensión digna y justa, durante su vejez. Aquí se requiere mayor justicia social y creatividad para buscar soluciones a este tipo de problemas.

Este proyecto de ley, muy corto, tan sólo de 10 artículos, pero en extremo letal y venenoso para los regímenes del Magisterio y del Poder Judicial, cambiaría las reglas radicalmente para esta y las nuevas generaciones. El artículo 3 tácitamente establece que el importe de las contribuciones ordinarias y solidarias de las pensiones con cargo al presupuesto nacional, establecidos en leyes como la Ley 2248 de 1958 y sus reformas, entiéndase Ley 7248, 7302 y 7531 (pensiones el Magisterio) que crea el régimen de reparto y el de capitalización, haría que al momento de aprobación de esta ley, los aportes de los educadores pasarían a la pensión Básica Universal y el régimen del magisterio moriría al mediano plazo por inanición. Solamente velaría por las jubilaciones y pensiones ya otorgadas.

Las reservas que poseen el régimen del Magisterio, así como el del poder judicial es solventes y aseguran la sostenibilidad de ambos regímenes, dados los ajustes sufridos en años recientes. Manosear dichos fondos es absolutamente infame.

No sólo eso, sino que en ese mismo artículo 3 se reduce el aporte patronal al Banco Popular, con lo cual se promovería la descapitalización de este, a corto plazo.

De ninguna manera este proyecto constituye una buena noticia por más maquillaje que políticos y SUPEN hagan. Rodrigo Arias Sánchez y Rocío Aguilar Montoya, deben recibir un fuerte mensaje por parte de los trabajadores de la educación y otros; ya basta de tanto manoseo, no escamoteen dichos fondos como si no pertenecieran a nadie. Sí tiene dueños y son reflejo del ahorro nacional y del esfuerzo y sudor de años de muchos trabajadores dignos del magisterio nacional.

En mi caso, saldré a la calle a protestar por lo que creo justo, defender la institucionalidad nacional y denunciar este camuflado robo de los ahorros de miles y miles de educadores a lo largo y ancho del país.

Deseo una fuerte reacción del sector educación, pero sobre todo de las organizaciones que ocupan asientos en la Junta de Pensiones; es el momento oportuno para emprender una lucha justa y digna, que son las condiciones en el mejoramiento de las condiciones con que se otorga una jubilación justa y digna para las mujeres. Su perfil de beneficio debiera estar basado en optar por una pensión ordinaria con dos años menos de cotización. Estoy convencido que los estudios actuariales y finanzas lo soportan y de esa manera honraremos a miles y miles de mujeres educadores cuyas condiciones laborales y de vida se han visto desmejoradas severamente en los últimos años. No nos llénenos la boca con frases huecas e organizando hipócritas actos, de que como sociedad protegemos y dignificamos a las mujeres. Reto a las personas diputadas de la república, al magisterio nacional y a la Junta Directiva de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional para que más ben sean disruptivos y planteemos una reforma a la Ley 7531, régimen de capitalización, que permita que el disfrute a pensión, se alcance con 24 cuotas menos. Más acciones y menos palaras. Esta iniciativa si apuntaría en la dirección correcta y haría gran justicia al grueso de magisterio, tras percibir sólo malas noticias durante las últimas décadas.

¡A lo mejor logramos transformar la amenaza en oportunidad!

Frente de Lucha Ciudadana solicita apertura de debido proceso con miras a la destitución de Rocío Aguilar Montoya

Escrito en . Publicado en Derechos.

COMUNICADO DE PRENSA

El Frente de Lucha Ciudadana, mediante carta abierta de fecha 31 de enero del año 2023, se dirigió a la Junta Directiva del Banco Central y al CONASSIF, solicitando la apertura de un órgano del debido proceso con miras a la destitución de la señora Rocío Aguilar Montoya, actual superintendente de SUPEN y con recargo de la SUGEF.

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Dicha petición se fundamenta en los siguientes hechos:

La señora Aguilar Montoya fue suspendida de su cargo como ministra de Hacienda para investigación por parte de la Contraloría General de la República. Al renunciar al cargo, al parecer también logró eludir la continuación de la misma y la sanción correspondiente al procedimiento administrativo CGR-PA-2019002299 que está protegido con archivos encriptados, de los que exigimos su apertura y se concluya la investigación con relación a lo que eufemísticamente llamaron el Hueco Fiscal, cuya sanción posiblemente la inhabilitaría de ejercer cargos públicos como le sucedió a su antecesor.

No solo quedó inconclusa dicha investigación, sino que sorpresivamente fue nombrada en un cargo con mayor remuneración y responsabilidad, que ha ejercido de manera negligente, causando una gran afectación a la mayoría de trabajadores y trabajadoras que nos encontramos en sometimiento, dado que mediante una ley de supuesta Protección al Trabajador, se nos obliga a cotizar parte de nuestro salario para un fondo de “supuesto interés público”, pero que se encuentra secuestrado alevosamente por el capital financiero. Mes a mes recibimos unos “estados de cuenta”, que demuestran que nuestros fondos fueron apostados en diferentes espacios especulativos y que por ello hemos perdido una suma significativa de nuestros ahorros.

Ningún funcionario público es ajeno a lo que dicta la Constitución Política de la República de Costa Rica, por tanto, la Junta Directiva del Banco Central y el CONASSIF están en la obligación de cumplir con el artículo 11, ya que siendo simples depositarios de la autoridad, no pueden eludir esta petición ciudadana que responde a un clamor nacional.

Puede ver el video en este enlace.

La buchaca de las pensiones complementarias y los cuarenta ladrones

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

Lic. Javier Francisco Cambronero Arguedas

Sobre lo que ocurre en el  mundo y en nuestro país durante la primera mitad de 2022, podríamos citar muchas cosas. Pero pocas de ellas con una incidencia tan directa y temible para los trabajadores asalariados como el desfogue y asalto que estamos viendo/siendo con nuestros aportes a los regímenes de pensiones complementarios, donde operadoras, de naturaleza privada y pública, en sí mismas se han transformado en poco tiempo en aliadas de los personas trabajadoras a ser de sus mayores enemigos cual pócima venenosa con que se “embadurnó una hermosa y sabrosa manzana roja”

La Ley de Protección del Trabajador que da origen al surgimiento de fondos de ahorro de parte del salario de las personas trabajadoras, del aporte nuestro y sus patronos, cuando existe empleo formal. Surge a raíz de la transformación el auxilio de cesantía –consagrado en nuestro Código de Trabajo- y del aporte del 0,5% de nuestro salario, convertido en ahorro obligatorio destinado en eses entonces para la capitalización del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Ley que recién cumple 20 años y dentro de los loables y nobles fines con que fue creada, destaca la justa universalización del derecho a la pensión. Cómo se logra esto? con una “renuncia” que en el presente hacen los trabajadores de algo que es de su propiedad, parte de su salario; con miras a tener ahorros suficientes a asegurar una vejez digna, cuales bellos abuelitos icónicamente vemos en cuentos como Caperucita Roja y Geppetto.  A ver, estos ahorros que hacemos en el presente, que hacen que nos limitemos en la posibilidad de vivir bien ya, de viajar, adquirir algún bien mueble o inmueble o emprender alguna actividad económica que complemente mis ingresos, es pospuesta.

Dichos ahorros de millones de personas trabajadoras, producidos con su esfuerzo, dedicación y sudor se han transformado en impresionantes masas de dinero -10 mil millones de dólares-, de manera que tientan a más de uno. Han dado origen a la participación de diversas operadoras, la mayoría de ellas del sector financiero nacional y transnacional, pues aquí la banca privada disfraza en gran medida a la gran banca internacional. Estas a su vez han creado una robusta, frondosa y depredadora burocracia que se confunde también con la SUPEN, que aun no entiendo a quién defiende, si a las operadoras, que no ocupan que nadie las defienda, o a nosotros como trabajadores y ahorrantes. Es decir, alguien podría decirme que somos tan tonticos que como no sabemos administrar nuestros cinquitos requerimos de otros que los manejen, inviertan y decidan qué hacer con mi plata, sí mi  plata. Y no es sino, que para ello se requiera la creación de una superintendencia conformada por profesionales que sabrán hacer las del rey Midas, transformar lo nuestro en mayor riqueza, al hacer que nuestro aportes produzcan generosos rendimientos, con lo cual mi retiro este asegurad y pueda dormir a pierna suelta.

Pero ese sueño puede ser interrumpido por una terrible pesadilla y en vez de salir de los brazos de Morfeo para ser arrullado por ángeles, arcángeles, querubines  y otras divinidades, sea violentamente pellizcado y atormentado por harpías, gárgolas y otros demonios, y que también mordisquean nuestros fondos.

Patrióticamente desde mediados de junio sólo un medio informativo ha intentado alertar a la población costarricense lo que silenciosamente ha venido ocurriendo con los millonarios fondos de ahorros de millones de personas trabajadoras. Me refiero al Semanario Universidad.

Dichos fondos a la fecha representan el equivalente a 10 mil millones de dólares (SUPEN, Bco. Ctl. Operadoras han perdidos 162 mil millones de colones último trimestre –Pág. 10 Semanario Universidad cita CONASSIF y SUPEN) ese valor sumado a otras cuentas permite colegir que ROP es más pequeño en mayo 2022 que mayo 2021, pues 284 mil millones de colones que habían, ya no están.

Estos temas pueden verse lejanos como la guerra entre Ucrania y Rusia, sin embargo al igual que ella nos impacta directamente. En mi caso particular como ahorrante y perteneciente a una de las operadoras desde hace 20 años, les comparto el último estado financiero que ha enviado la operadora. S situación debe ser similar la aparición de números rojos porque los inútiles que administran mis ahorros han tomado pésimas decisiones, desde sus cómodos sillones, de las cuales nunca dan cuentas y pareciera no importarles mis cinquitos, pues a mí sí, y a lo mejor si me dejasen tomar decisiones sobre el uso de esos recursos podría obtener mayor rentabilidad mayor ganancia, ahora en edad productiva, no quizás cuando me aceche la vejez –que es seguro llegará a menos que pasemos a mejor vida -y dicho dinero engordará a clínicas y médicos que probablemente atienda mis dolencia por lo que la CCSS no pueda velar para una mayor calidad de vida. La pregunta es si esos fondos estarán allí cuando mi familia y yo verdaderamente los necesitemos. La SUPEN y CONASSIF, pesadas cargas sobre los hombros de los costarricenses, que parecieran no servir para nada y no ejercer adecuada vigilancia, parecen ser parte del problema y por muy lejos de ser parte de la solución. Menos aún con la llegada de la siniestra figura de Rocío Aguilar. Personaje de ingrata y triste memoria, quien antes de llegar a estos entes del sector financiero –tras concesión graciosa de Carlos Alvarado Q.- fue contralora y ministra de Hacienda. En este último puesto fue acreedora de una sanción con una suspensión de un mes que nunca ejecutó. O sea, se convierte impunemente en la única funcionaria pública que se acredita una sanción disciplinaria, que nunca cumplió; fue protegida y posteriormente aparece tan campante en un puesto, donde se ha caracterizado por hacer daño a la economía de los hogares costarricenses. Desde su llegada a los órganos regulatorios del sector financiero ha propiciado el deslizamiento de fondos de operadoras de pensiones hacia mercados internacionales, mismo que en diversas áreas se comporta como una ruleta rusa y generando una mayor presión en la compra de divisas en el país que se traduce en sendos aumentos en el costo de vida y mayor inflación. De los últimos avisos que tenemos de los barones y las damas que regulan el sector financiero es impulsar reformas para que entes como CAJANDE y la SSVMN no puedan ser manejadas por maestros como histórica y centenariamente lo hemos hecho con gran suceso y transparencia. Desean que sean sólo sean especialistas en bancas, finanzas y otros embrujos, que son los mismo que nos tiene en esta situación. No veo a la misma SUPEN promoviendo alguna reforma para que parte de dichos recursos puedan ser devueltos a sus verdaderos dueños en este momento de crisis salarial, dado el estado de congelamiento que experimentan desde años  atrás. Y mucho menos modificar la forma en que se calcula el beneficio una vez que el trabajador se acoja a la jubilación que es la devolución de sus ahorros, hecho con gran sacrificio, calculando una edad de 115 años…sí leyó bien, 115 años, como si eso es lo que fuéramos a vivir. Ofensa más grande a la inteligencia no he visto cuando nuestra esperanza de vida según el INEC (2022) es de 83, 5 años para las mujeres y de 78,3 para los varones.

En mi caso para este periodo (2022) acumulo pérdidas superiores a 1 355 000 colones y les aseguro que aún así estos desengarzados religiosamente sí cobraron su comisión sobre el manejo de mi cuenta, al igual que a ustedes.

Generemos suficiente presión ante estas entidades y el organismo que nos representan, dejemos la pasividad y modorra, a un lado. Directamente podemos incidir en directivas de Vida Plena y del Banco Popular, para que sus operadoras se torna más humanas, sensibles y solidarias. NO ES CARIDAD, no es la historia bíblica de Lázaro y el rico Epulón, es que deseamos no que quede algo al final de nuestra vida laboral, sino que haya lo que merecidamente hemos ahorrado, y no una condición cercana a la indigencia donde debamos tender la mano para pedir limosna, sobre lo que realmente nos pertenece. Presión a dichos entes, a los partidos políticos, a la Defensoría de los Habitantes, a los organismos que nos representan. Hemos iniciado una carrera contra el tiempo  y contra los tentáculos y espíritu depredador de algunos desamados, nos arrebatan lo que por derecho propio nos pertenece.

Parafraseando la frase que le dijese su madre al sultán Boabdil ante la caída de Granada durante la Reconquista Española “No llores como niño, lo que no supiste defender como un hombre” invito en esta mes de la patria a inflamar nuestro espíritu de una llama de rabia transformada en propuesta, en construcción en garantizar nuestra capacidad de incidir para que haya cambio, resultados en los próximos meses. ¡La democracia nos lo garantiza¡

11-IX-22

Pronunciamiento del SIFUPCR sobre el nombramiento del superintendente de pensiones

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado jueves 25 de agosto del año en curso (2022), el señor Óscar Gerardo Cruz Morales, en su condición de secretario general del Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), remitió a la Contraloría General de la República una nota en la que exponía la posición del SIFUPCR en relación con el nombramiento del señor Adrián Pacheco como nuevo jerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

En dicha nota, el señor Cruz Morales expone que el nombramiento se realizó sin mediar algún concurso para su contratación, ni tampoco se efectuó algún análisis costo-beneficio del cambio de jerarca en esta institución. A ello se le suma la inexperiencia en puestos relacionados al sistema nacional de pensiones, de manera que “fue un puesto entregado a dedo sin justificación técnica o financiera” destaca la nota dirigida a la Contraloría General de la República.

Asimismo, en el año 2021, el señor Adrián Pacheco, en periodo menor a los tres meses posteriores a su nombramiento en la SUPEN, tuvo que renunciar por causa de que su escogencia no siguió la legalidad que exigen los procesos institucionales, de ahí que, se considera desde el SIFUPCR al cuestionado señor Pacheco como la persona menor idónea a los intereses de los costarricenses para ocupar un puesto tan importante.

Finalmente, concluye el comunicado dirigido a la Contraloría General de la República que, en caso de darse el nombramiento de dicha persona en la SUPEN, se atentaría contra las finanzas públicas y la transparencia en la gestión pública.

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Compartido con SURCOS por Juan Carlos Durán Castro.

Fondos de pensiones: Los entretelones de una pérdida anunciada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dr. Luis Paulino Vargas, Economista / Investigador CICDE-UNED

Las voluminosas pérdidas que los regímenes de pensiones complementarias han registrado en los últimos meses, surgieron, no exclusivamente, pero sí principalmente, de las inversiones realizadas en los casinos de la especulación global, o sea, en las grandes bolsas de valores del mundo. Eso es algo que ha quedado claramente demostrado en los reportajes de la excelente periodista Natalia Díaz, que el Semanario Universidad han venido publicando.

Al respecto, comparto con ustedes algunas breves consideraciones:

  • El problema tiene facetas diversas e interconectadas: éticas e ideológicos, normativas e institucionales.
  • Lo ético se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, en el grave conflicto de intereses que plantea la “puerta giratoria”: hoy vemos a una persona que es gerente o tiene una importante posición en alguna poderosa empresa financiera, y mañana esa misma persona tiene a su cargo importantes responsabilidades en alguna de las entidades a cargo de la vigilancia y regulación de esas empresas financieras. El claramente el caso de Rocío Aguilar Montoya, quien en el pasado estuvo vinculada al Banco Banex, la Corporación ALDESA y la Asociación Bancaria Costarricense, y hoy preside tanto la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). También plantea una seria interpelación ética, el que nuestros fondos de pensiones se inviertan en empresas vinculadas a actividades muy cuestionables, como es el caso de la industria bélica y de armamentos.
  • Lo ideológico se hace manifiesto en la ligereza con que se cede al embrujo de la especulación financiera, aparentando sofisticación y modernidad donde solo hay impericia y ligereza. El caso es que estos sistemas de pensiones fueron diseñados bajo el influjo cultural del neoliberalismo, y ello inevitablemente se refleja y reproduce en la forma tan desprolija como se les gestiona. Téngase en cuenta que, en la práctica, son regímenes privados, centrados en cuentas de capitalización individual y extraños a cualquier criterio de solidaridad.
  • La normativa y la institucionalidad vigentes, no solo reflejan muy bien esa laxitud ética y esa torpeza ideológica, sino que las propician y facilitan, e incluso las premian, puesto que ni siquiera contemplan ninguna penalización para casos como los actuales, donde la imprudencia ha traído graves perjuicios. La ligereza con que se ha propiciado que una parte creciente de nuestros ahorros, se destinen a inversiones especulativas fuera de Costa Rica, y la evidente desidia con que las entidades regulatorias miran todo esto, no solo es producto del sesgo ideológico desde el cual actúan y trabajan, sino que es algo que la ley y la institucionalidad activamente promueven.
  • Las pérdidas sufridas no se recuperarán jamás. Usted y yo, debíamos haber tenido durante estos meses una ganancia, así fuera pequeñita, y en su lugar tuvimos grandes pérdidas. Esa diferencia negativa inevitablemente pesará en nuestra futura pensión.
  • Siendo cierto que entre 2010 y 2020 las bolsas de valores del mundo tuvieron un comportamiento expansivo bastante sostenido, y que ello pudo tentar a nuestras operadoras de pensiones y alimentar sus fantasías ideológicas y la ligereza de sus decisiones, también debe entenderse que las condiciones están cambiando: las bajísimas tasas de interés y las políticas monetarias súper expansivas, que alimentaron esos auges bursátiles, se fueron y, al menos por unos años más, no volverán. Estamos entrando en una fase de tasas de interés más altas y políticas monetarias más contenidas, lo que significa que los grandes bancos centrales del mundo dejarán de poner a disposición de los bancos, las enormes reservas excedentarias que alimentaron los auges especulativos de las bolsas de valores.
  • Tengamos claro que este problema sobrepasa por muchos las personas, individualmente consideradas. Podría forzarse que renuncien, en pleno, todas las autoridades que, de una u otra manera, por desinterés, ineptitud o venalidad, han propiciado que ocurra este desastre. Pero ello no evitará que luego venga otra gente que actúe de forma similar. El problema es estructural: está enraizada y circula en la ideología desde la que esto se gestiona, y se cristaliza en normas, instituciones y organizaciones. Solo si estas últimas cambian, podremos lograr que aquella ideología deje de ejercer su dañino influjo, y que otras personas, técnica y profesionalmente solventes, aporten nuevas formas de hacer las cosas, desde valores comprometidos con el bien de la gente y el beneficio de Costa Rica.
  • En conclusión: necesitamos cambios de fondo en la normativa y en la institucionalidad vigentes: hay portillos que deben cerrarse, obligaciones que deben quedar claras y objetivos que hay que replantear. Urge que el sistema financiero se ponga a trabajar en serio para diversificar, sobre bases sólidas y confiables, las posibilidades de inversión. Es absolutamente descabellado que nuestras operadoras de pensiones saquen del país cantidades enormes de capitales, mientras múltiples y urgentes necesidades de inversión pública, que podrían ser inversiones seguras y rentables, permanecen desfinanciadas. Como también es un grosero pleonasmo, aducir que el mercado financiero costarricense es “pequeño”, y que por ello el gobierno debe financiarse con deuda externa ¿Cómo que es “pequeño” mientras los fondos de pensiones lanzan tales correntadas de dinero hacia las ruletas de la especulación global? Hay en todo esto, serias anomalías y múltiples contradicciones y falacias, todo lo cual convoca obligatoriamente a profundas reformas.

En adelante, los intereses nacionales, y, a su lado, los intereses de las personas cotizantes, deben primar sobre los intereses del negocio financiero y lo de las burocracias a cargo de la regulación.

Fuente:

Fondos de pensiones: Los entretelones de una pérdida anunciada

Compartido con SURCOS por el autor.

SITRAHSAN propone salida de Rocío Aguilar de la SUPEN

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud, Trabajo.

En la propuesta Sindical Social, SITRAHSAN promoverá la tesis de: FUERA ROCIO AGUILAR DE LA SUPEN (ROP)

SITRAHSAN considera es una bofetada al sector laboral sea público o privado la dirección ejecutada por esta señora, con su actuar; ha demostrado que “le valen” las necesidades del Trabajador, en tiempos de pandemia y previo a tiempos de pandemia, con el impuesto a la canasta básica y a los servicios esenciales. Por eso pediremos su salida de la SUPEN

Gravar el consumo de agua, de internet en tiempos de teletrabajo, la luz, los alimentos esenciales, tiene un tinte muy fuerte de “empobrecimiento social” y hasta el transporte privado, que por cierto cada día que pasa UBER se lo puede “embuchar” a la espera del reglamento ya hoy retrasado por la administración tributaria.

Y mientras; los grandes empresarios, blindados en corporaciones, unas con grandes utilidades trasladan sus ganancias para asumir las pérdidas de su conglomerado y con ello logran declarar “CERO UTILIDADES”.

Le invitamos a ser parte de esta organización de trabajadores y con ello sumar más personas representadas; antes de que la pandemia nos deje sin un cinco y se lo justifiquen como perdidas las operadoras.

Personas jubiladas plantean recurso de amparo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Comunicado de prensa

“Ley 9796 es defectuosa, contradictoria y regresiva”

Un grupo de más de 190 jubilados y jubiladas plantearon un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Ley 9796, dado que dicha legislación es una amenaza al marco jurídico nacional, al Estado Social de Derecho*, contiene graves errores, contradicciones internas y la aberración de pretender rebajar más a las pensiones más bajas.

De acuerdo con las y los jubilados, la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria N° 9796, es regresiva porque basta aplicar una fórmula para darse cuenta que las personas más afectadas son quienes reciben pensiones brutas (aún sin rebajos de ley) más bajas –menores a ¢5 millones—Esto sucede porque esta ley plantea una tabla de rebajos que en lugar de propiciar progresividad, subiendo la cotización conforme aumenta la pensión, hace lo contrario, y así, terminan contribuyendo más las pensiones más bajas.

Además, esta ley genera superposición de rebajos, cuando se trata de pensiones entre ¢2,2 y 4 millones. La razón de este grave error es porque al modificar el artículo 71 de la ley 2248, se traslapa con el artículo 70, que establece un porcentaje escalonado de cotización al régimen.

De acuerdo con el economista Francisco Esquivel, uno de los firmantes, “estas situaciones se dan, en parte, porque el proyecto no tuvo un estudio actuarial, tal como exige la ley. Tampoco se aplicó un test de impacto para saber cómo afectaría la ley a cada una de las pensiones. El resultado fue una ley con errores graves que afectan desproporcionadamente a las pensiones menores a 4 millones. La Comisión de Asuntos Sociales solo contó con un cálculo –remitido por la Superintendencia de Pensiones en setiembre de 2019–, de lo que sería el gasto en pensiones por parte del Régimen Transitorio de Reparto y de las pensiones otorgadas por la Dirección Nacional de Pensiones. Y eso es absolutamente insuficiente para tomar una decisión tan importante como la modificación de miles de pensiones”.

Por otra parte, el historiador José Salas, otro firmante del recurso, mencionó que “contrario a lo que se ha dicho hartamente por parte de medios y políticos costarricenses, nosotros sí aportamos a nuestra pensión, no solo cuando estábamos activos (entre 10-16% de nuestro salario, hasta cuatro veces más que los del IVM), sino que seguimos aportando como pensionados en una proporción mayor”. El RTR a diferencia de otros regímenes continúan rebajando cotizaciones a la pensión.

Además, según expresaron, lejos de ser un grupo de pensionados de lujo como falazmente se les llama con fines políticos, más del 80% de los jubilados de este régimen recibe una pensión bruta menor a ¢1,500.000, menos que el tope establecido por el IVM de la CCSS. Solo 0,41% de los 43,500 pensionados de ese régimen reciben una pensión bruta (sin tener los rebajos aún) mayor a 6 millones (datos de JUPEMA, 2019).

Para este grupo, el carácter discriminatorio de esta ley, que se aplica solo a un grupo de contribuyentes, resulta violatorio de un estado de derecho social como se dice del costarricense, e irrespeta la Constitución Política (artículo 34 – A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas).

Las personas jubiladas firmantes esperan que la Sala Constitucional analice las consecuencias de dar curso a una ley que plantea tales defectos, descuidos y contradicciones, y por ende, atenta contra el bienestar de numerosas familias costarricenses, que lejos de “enriquecerse”, como dice el Presidente de la República, viven con pensiones menores a la de la Caja, lo cual está muy lejos de ser enriquecimiento.

* Organización estatal basada en el respeto en las normas jurídicas establecidas, y el respeto por las personas de la sociedad.

Para mayor información comunicarse con los pensionados José Antonio Salas, tel. 8810-0104 o Jorge García 8380-0799.

Acerca del Régimen Transitorio de Reparto (RTR)

En 1958 se promulgó la Ley 2248, Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, que unificó las pensiones de la educación. El régimen era tripartito, con cargo al fondo de pensión que se creara al efecto, y sus trabajadores, aún pensionados, seguirían cotizando al seguro de enfermedad y maternidad de la CCSS. El Estado no creó el fondo con su parte –patrono y Estado—pero sí recogía las cuotas de los trabajadores, y ese dinero se destinó a gasto corriente. Luego se dan cambios en el sistema –los más importantes de 1991 y el de 1995 con la ley 7531–. Este última dividió el régimen en el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) administrado por JUPEMA y el Régimen Transitorio de Reparto, que se acaba con el último pensionado que ingresara a trabajar antes de 1992 (esto lo hace cerrado, finito, transitorio y sustitutivo del IVM). El RTR se cargó entonces al presupuesto nacional (pues el Estado no creó el fondo que le correspondía –como lo establece incluso el art. 73 de la Constitución Política–y debió hacerse garante hasta el último adscrito o descendiente).

Información enviada a SURCOS por Ricardo Carballo.