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Etiqueta: SUPEN

Convocatoria urgente: Organizaciones sociales alertan sobre riesgos en fondos de pensiones

Una convocatoria urgente ha sido emitida por distintas organizaciones, entre ellas la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo para este jueves 20 de marzo a partir de las 8:00 a.m. en el edificio del Banco Central en San José. La manifestación surge ante la inminente implementación de la reforma de Fondos Generacionales que, según advierten, pondría en riesgo los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Antonio Vargas, CONASSIF

Antonio Vargas Guillén, representante de los trabajadores en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), ha expresado serias preocupaciones sobre la reforma aprobada en diciembre de 2023. «Esta reforma tiene implicaciones macroeconómicas importantes, tiene implicaciones en los fondos de los trabajadores, especialmente de la gente mayor», señaló Vargas.

Según el representante, existen «discrepancias sustantivas» entre miembros del consejo y la Superintendencia de Pensiones, que considera que tanto la parte legal como técnica están bien encaminadas. Sin embargo, Vargas y otros miembros del consejo no comparten esta visión optimista.

La reforma, cuya implementación fue adelantada del 1 de abril al 21 de marzo, podría tener consecuencias irreversibles según Vargas: «Si llega ese 21 de marzo, que faltan pocas horas, y no hemos suspendido el arranque, podemos tener consecuencias que podemos llorar por el resto de las décadas».

De acuerdo con el material informativo compartido con SURCOS, el Conassif «pretende adelantar la colocación del dinero del ROP en el mercado bursátil, sin ningún tipo de control, sin un marco legal definido por una ley de la República y sin que ninguna persona trabajadora sepa de esto».

La convocatoria hace un llamado a la ciudadanía y organizaciones sociales bajo el lema «¡Mi plata del ROP no se toca!» y el hashtag #elropnosetoca, reflejando la preocupación por la protección de los fondos de pensiones de la población trabajadora costarricense.

Solicitan hacer pública la información recabada durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.

Le invitamos a leer el documento.

3 de febrero del 2025

Señores
Adrián Pacheco Umaña, Intendente
Mauricio Soto Rodríguez, Director de División
Superintendencia de Pensiones

Presente

Estimados señores:

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.

De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.

Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).

No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.

No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.

Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.

En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.

Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.

Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa

Marjorie Hernández D. Presidenta.

Gerardo Romero E. Vicepresidente.

Alexander Hernández L. Tesorero.

Anabelle Castillo L. Fiscal.

ACOJUPEMA realiza propuestas en tema de pensiones

ACOJUPEMA ha participado de manera activa en la mesa de diálogo promovida por SUPEN para la transformación del sistema nacional de pensiones.

ACOJUPEMA considera que las propuestas de SUPEN carecen de una visión de justicia social y de fundamento constitucional. Por este motivo ACOJUPEMA ha promovido las alternativas de solución con fundamento constitucional en la transformación del SNP. En este sentido, realizan la invitación a los y las trabajadoras de todo el país a apoyar esta propuesta.

Asimismo, adjudican que el principal problema radica en que no hay participación de los dueños del capital, es decir las personas trabajadoras, esta omisión del artículo 9 de la constitución política ha llevado así a la carencia de políticas públicas adecuadas. Por otro lado, existe una apropiación de los fondos de pensiones indebida que ha generado la deuda estatal en la CCSS, violentando el mismo artículo 73 de la constitución política sobre los fondos públicos.

En este sentido, ACOJUPEMA propone las siguientes tres alternativas de solución: 1) se debe respetar la independencia de los regímenes básicos, 2) generar nuevos recursos sin maltratar las pensiones del IVM, 3) renegociar el pago de los intereses de la deuda pública como elemento clave.

Para más información ver el siguiente enlace:

Posición de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional en la transformación del Sistema Nacional de Pensiones propuesta por SUPEN

Los fondos de pensiones son propiedad privada y un derecho humano inalienable. Los trabajadores son los únicos y legítimos dueños de ese capital. A las instituciones se les ha otorgado una autoridad especial de representación, pero no para tomar decisiones inconsultas.

El principio de la propiedad privada es el derecho a la riqueza y yo como persona ciudadana responsable debo custodiarla, para eso el Estado se compromete y pone todo a disposición.

La participación de los dueños de los fondos de pensiones en la toma de decisiones y el principio de propiedad privada tienen un fundamento constitucional: artículos 9, 45 y 50 de la Constitución Política. Así mismo, el artículo 11 de la Carta Magna establece el proceso de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.

Pero, hay un incumplimiento de ese mandato constitucional y por eso las personas trabajadoras están preocupadas por lo que esté pasando con las inversiones realizadas con su aporte de capital debido a que no tienen participación en la toma de decisiones.

¿Una vejez digna para los trabajadores costarricenses o una inyección de recursos al sistema financiero, qué propone SUPEN?

La ilusión del bienestar que había imperado por muchos años como el enfoque primordial de nuestro sistema de pensiones, se ha venido refugiando en las finanzas, pero el problema es que las finanzas se convirtieron en una dictadura que condiciona incluso a la democracia, donde solo mandan. las reglas del mercado que en definitiva no son más que las reglas de unos pocos y con ello, el resultado más preocupante es que la existencia del ser humano depende de esas reglas sobre las que no tiene ningún poder.

En otras palabras, este enfoque que la SUPEN propone, es terminar de entregar a la dictadura del mercado los recursos de los fondos de pensión, puesto que se aleja de toda visión solidaria para convertir el sistema de pensiones en un sistema de cuentas individuales, al mejor estilo chileno, que deja la vejez de los ahorrantes en manos del casino de las empresas del sistema financiero, dominado por fuerzas extranjeras, en el cual ni el país y ni los ahorrantes tienen ningún poder ni control.

Los chilenos abrazaron la idea de que les vendieron de ganar mayores réditos con cuentas individuales y hoy tienen los humillantes resultados perdedores, el fracaso de este sistema los está llevando a analizar la posibilidad de volver al IVM que tenían en el pasado.

Convierte la SUPEN al ser humano en un sujeto cuya existencia se reduce a trabajar para ahorrar cada vez más. Le piden pensión obligatoria, le dicen que también ahorre para una pensión complementaria, y le proponen otros ahorros, pero siempre el futuro será incierto. Podría enfrentar una vejez sin nada, porque todo depende del juego del mercado. Todo esto para alinearse a un sistema financiero, imperante, como si fuera un camino obligado y la única vía de organización.

Los miembros de la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional consideramos que eso no es otra cosa que un apagón de la sensibilidad y la razón. Ninguna de las propuestas impulsadas por SUPEN se dirige a asegurar una vejez digna puesto que no garantiza, ni mínimamente, cuánto recibiría después de toda una vida laboral. Ninguna de dichas propuestas muestra la menor preocupación por el futuro de esas inversiones, ni plantean los posibles escenarios peligrosos de las mismas y menos aún lo que pasaría con esos trabajadores en caso de un colapso financiero. Es decir, el ser humano como objeto al servicio de dicho sistema, siendo más importante la salud de una persona jurídica que de una persona física.

La SUPEN presenta una visión distorsionada de solidaridad. Dicha visión se muestra en la creación de un llamado pilar cero, en donde a los recursos de los pensionados con carga a presupuesto se le incluyen todos aquellos costarricenses por nacimiento o por naturalización, que no hayan cotizado en su vida para una pensión. Es efectivamente solidaria porque se incluyen las necesidades de estas personas, pero es la posición solidaria que exime a amplios sectores de contribuir para enfrentar esta problemática, que no es otra cosa que la amplia problemática de la pobreza. Se mezclan así dos condiciones muy diferentes, la pobreza y el sistema de pensiones, en donde se carga la primera a la segunda, producto de la falta de políticas públicas adecuadas.

Se pretende dar con ello una solución a la pobreza en adultos mayores, afectando las condiciones de vida de los pensionados sin recordar siquiera que la mayoría de esos pensionados que están con carga al presupuesto son aquellos para quienes el dinero de los ahorros de su pensión fue gastado o, en el mejor de los casos invertido, por sucesivos gobiernos.

Es así como la propuesta de SUPEN viene a atropellar la clase trabajadora sin dejar claro que la mayoría de esos, pensionados con cargo al presupuesto pertenecen al Magisterio Nacional y que son los que han aportado las mayores cotizaciones de todos los regímenes públicos.

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional ha investigado y analizado a fondo cuál es la problemática actual del SNP, por lo que concluye que el primer problema radica en la no participación de los dueños del capital, o sea la persona trabajadora en la toma de decisiones (art. 9 CP); en segundo lugar, la carencia de políticas públicas adecuadas y el irrespeto al mandato constitucional establecido en el artículo 73 de la Carta Magna, respecto a no emplear los fondos de pensiones para otra finalidad que no sea para la cual se crearon (deuda estatal), lo cual ha llevado al desfinanciamiento de la CCSS, y la crisis del IVM. También se puede señalar que actualmente está ocurriendo lo mismo con los fondos de pensiones que administra JUPEMA y desde ya esto está afectado el equilibrio actuarial de los mismos, con las graves consecuencias que sufren hoy los trabajadores que cotizan para el IVM. Por último, la mala administración y nula fiscalización en el manejo de los recursos ha traído como consecuencia pérdidas cuantiosas en los diferentes regímenes tanto básicos como complementarios ya sean obligatorios o voluntarios.

Así mismo, con el aporte y asesoría de especialistas en materia constitucional, sociología, economía y derecho, la Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional presenta las siguientes alternativas de solución:

  1. Mantener el esquema de los pilares con los regímenes básicos separados, ya que éstos no se pueden integrar por múltiples razones que se detallan en el documento subido a la matriz del diálogo social de SUPEN.
  2. Eliminar del SNP el cuarto pilar (régimen no contributivo) pues el concepto de pensión-cotización se contradice con el nombre de este cuarto pilar: no contributivo, siendo que no puede estar entre los regímenes de pensiones pues en esencia es una ayuda social y debe ser trasladado a la entidad creada para destinar las ayudas sociales, FODESAF. Para ello se requiere inyectarle capital a FODESAF de tal manera que logre reactivarse y adquiera la capacidad económica necesaria para brindar las transferencias sociales a los sectores más vulnerables de la población como los adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. ¿De dónde se obtendrán esos recursos? De la renegociación del pago de los intereses de la deuda pública interna (ver punto cuatro).
  3. Generar nuevos recursos. Esto implica crear un impuesto móvil del 0-1% a las exportaciones incluyendo las zonas francas, ya que éste sector económico es el más dinámico, pero no pagan impuestos. Aumentando este impuesto móvil de manera escalonada hasta un 0,7%, el cual se puede capitalizar al 3% anual se generaría 75 billones de colones en 99 años (proyección actuarial). Este es el monto del déficit actuarial de la CCSS por lo que se solucionaría la crisis de la misma, incluyendo el IVM. Fortalecer de esta manera la CCSS permitiría mejores servicios de salud a toda la población y mejores condiciones para los pensionados, sin necesidad de afectar los otros regímenes básicos.
  4. Renegociar la deuda pública interna. Bajar el porcentaje del pago de los intereses de esta deuda, que son los más altos del mundo, solventará la grave crisis económica que atraviesa el país pues actualmente y desde hace varias administraciones gubernamentales se le ha dado prioridad al pago de estos altos intereses a costa. del sacrificio de toda la población, siendo que se ha reducido el presupuesto en inversión social, como infraestructura pública, transferencias sociales a los sectores más vulnerables y el congelamiento de salarios y pensiones del sector público, entre otros, beneficiando a un grupo reducido de tenedores. de la deuda, lo cual violenta nuevamente el mandato constitucional en su artículo 50:

Artículo 50.- El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Esta propuesta se encuentra de forma amplia y completa en la matriz del diálogo social de SUPEN.

Información compartida con SURCOS.

ACOJUPEMA lanza campaña en defensa de los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha iniciado una campaña para defender los fondos de pensiones, no solo del magisterio, sino de todos los trabajadores costarricenses. Esta acción surge ante la aparente intención de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y otras entidades privadas de apropiarse de los ahorros acumulados por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

En el comunicado, ACOJUPEMA reafirma que los fondos de pensiones son propiedad privada de cada cotizante, activo, jubilado o pensionado, quien es el legítimo dueño de sus ahorros. La asociación denuncia los intereses oscuros y ajenos que buscan manipular o disponer de estos fondos en beneficio propio, asegurando que no representan a los ahorrantes y que estos actos son contrarios a los derechos de los trabajadores.

Con la etiqueta de «Alerta Roja», ACOJUPEMA busca concienciar a la población sobre la importancia de proteger estos fondos, enfatizando que nadie más que los ahorrantes deben tener control sobre el capital acumulado.

Esta campaña es respaldada y compartida por la vocera Marjorie Hernández, quien invita a todos los trabajadores a unirse en defensa de sus ahorros para la jubilación.

Posicionamiento de ACOJUPEMA sobre la participación ciudadana en el debate sobre los fondos de pensiones

La Asociación de Cotizantes Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional (ACOJUPEMA) ha hecho público su posicionamiento en relación con la participación ciudadana en el debate nacional sobre los fondos de pensiones, su sostenibilidad, solvencia y estabilidad.

Marjorie Hernández, presidenta de la asociación, destacó la importancia del rol de ACOJUPEMA, que representa a cotizantes, jubilados y pensionados, y su compromiso con la defensa de una pensión digna. Explicó que, desde la fundación de la asociación, se ha trabajado para asegurar los derechos constitucionales de sus miembros. Resaltó la preocupación ante los intentos de varias entidades, tanto públicas como privadas, de iniciar un debate sobre los fondos de pensiones, excluyendo a los principales afectados: los cotizantes activos, jubilados y pensionados.

Por su parte, Alexander Hernández, tesorero de ACOJUPEMA, señaló que, durante los últimos tres años, ACOJUPEMA ha buscado un diálogo con la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) y los sindicatos involucrados en la administración de los fondos de pensiones como ANDE (Asociación Nacional de Educadores y Educadoras), SEC (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense) y APSE (Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza), para exponer sus inquietudes. Sin embargo, lamentó que estos intentos no solo hayan sido ignorados, sino que se han enfrentado con procesos judiciales en su contra. Este tipo de acciones, afirmó, atentan contra los derechos fundamentales de libre asociación y libertad de expresión.

Gerardo Romero,  vicepresidente de la asociación,  subrayó la necesidad de que los proyectos de ley promovidos por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) sean debatidos de manera abierta y participativa. Afirmó que la exclusión de los cotizantes y jubilados en estas discusiones afecta gravemente la legitimidad de los debates y que existe una falta de confianza en la transparencia y fiscalización de los fondos de pensiones. El vicepresidente destacó que, según los artículos 9 y 11 de la Constitución, es fundamental la participación ciudadana en las decisiones públicas y la rendición de cuentas por parte de los funcionarios responsables.

ACOJUPEMA demanda una discusión verdaderamente inclusiva, en la que todos los actores tengan voz y voto. Además, rechaza las represalias contra quienes alzan la voz en defensa de sus derechos y la justicia social. La exclusión de los verdaderos dueños de los fondos de pensiones —los cotizantes, jubilados y pensionados— convierte estos debates en ilegítimos y en un ataque a los principios democráticos que deben regir la toma de decisiones sobre los fondos de pensiones.

Se invita a a ver el vídeo completo sobre el posicionamiento de ACOJUPEMAhttps://vm.tiktok.com/ZMh1WQjyx/ .

ANEP pide, la separación inmediata de Rocío Aguilar Montoya de sus altos cargos en SUGEF y SUPEN

En esta mañana del miércoles 10 de julio, en las afueras del Banco Central de Costa Rica, ANEP entregó una carta dirigida al presidente del Banco Central de Costa Rica, Don Roger Madrigal López, a la honorable Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica y a la señora Laura Suárez Zamora, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión de entidades del sistema financiero (CONASSIF).

En la carta ANEP pide que se separe inmediatamente a Rocío Aguilar Montoya de los cargos importantes que ostenta, esto por las grandes fallas que ha tenido y el gran dolor causado en su gestión de supervisión financiera, donde la intervención que ya tenía en casos tan notorios y divulgados como el caso de ALDESA y el caso Coopeservidores, donde el mismo Ministerio de Hacienda tuvo el hueco fiscal.

Por último, se mencionó que ya no genera o nunca ha generado la debida confianza en el sistema financiero de Costa Rica.

ANEP denuncia ante la Fiscalía de Probidad a Rocío Aguilar Montoya y solicita la separación cautelar de sus cargos

En una declaración de la ANEP se informa que se ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Probidad y Transparencia del Ministerio Público la suspensión de Rocío Aguilar Montoya de sus cargos de Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y Superintendente de Pensiones (SUPEN), y además, de su cargo en el  Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). Esto, debido a su implicación en varias controversias financieras de alto perfil.

Se destaca en la declaración la preocupación por las acciones de Aguilar Montoya en casos sensibles como el de Aldesa, los rendimientos del ROP transferidos al exterior, y más recientemente, los problemas relacionados con Coopeservidores. Estas situaciones, según se indica, ponen en riesgo la confianza pública en el sistema financiero, afectando directamente a pequeños ahorradores, trabajadores pensionados y empleados del sector público.

La declaración enfatiza la gravedad de las acusaciones contra Aguilar Montoya y su impacto potencialmente perjudicial en la estabilidad y credibilidad del sistema financiero nacional. Se invita a la comunidad a estar atenta para más detalles sobre la denuncia; se solicita también expresiones de apoyo en este proceso.

Esta petición de suspensión refleja un movimiento significativo necesario por parte de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción para abordar presuntas irregularidades dentro del sistema financiero. Se subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y privados.

FMI levanta serias dudas sobre la “Pensión Básica Universal” propuesta por la SUPEN

El texto que sigue es una traducción del resumen ejecutivo del último informe de asistencia técnica que el FMI realizó sobre la propuesta de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) de crear en Costa Rica una “Pensión Básica Universal”. El título original del informe es: “Costa Rica: Technical Assistance Report-Universal Basic Pension: Objectives and Constraints” y se puede obtener en la siguiente dirección: Costa Rica: Technical Assistance Report-Universal Basic Pension: Objectives and Constraints (imf.org).

SURCOS no pretende suscribir la posición del FMI, pero considera de gran importancia dar a conocer este informe, ya que levanta importantes críticas a la propuesta de la SUPEN, aunque esta entidad las haya minimizado. La traducción fue realizada por el Dr. Henry Mora Jiménez.

“Costa Rica: Informe de Asistencia Técnica: objetivos y limitaciones de la Pensión Básica Universal”.

17 de mayo, 2024.

Resumen

A solicitud del Ministerio de Hacienda, una misión del Fondo Monetario Internacional visitó San José. El objetivo de la misión fue evaluar la propuesta de una pensión básica universal y estimar su impacto fiscal y de bienestar en el presupuesto, en los planes de pensiones y en los ingresos de las personas adultas mayores en situación de pobreza. Costa Rica está entrando en una transición demográfica que hará que las tasas de dependencia de las personas mayores empeoren significativamente en los próximos 20 años.

La sostenibilidad financiera a largo plazo del régimen general de pensiones de la seguridad social (IVM) es motivo de preocupación, a pesar de las diversas reformas introducidas en las últimas tres décadas se espera que las reservas del régimen se agoten a mediados de la década de 2030. La propuesta del Gobierno [SUPEN] pretende abordar la sostenibilidad financiera, la adecuación de la cobertura y de los niveles de prestaciones, así como la equidad distributiva mediante la introducción de una pensión básica universal.

El equipo del FMI considera que es poco probable que la propuesta cumpla plenamente con los objetivos declarados. La propuesta empeorará la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones de la seguridad social y creará necesidades de financiación adicionales. Esto se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas de IVM y, una vez que se agoten las reservas, requerirá ajustes significativos en los parámetros de IVM o mayores transferencias gubernamentales. La seguridad de los ingresos en la vejez puede abordarse de manera más eficaz, con efectos secundarios fiscales menos pronunciados, mejorando la cobertura y el cumplimiento de la gestión del riesgo de jubilación y ampliando el alcance del plan de pensiones sociales.

Los principales instrumentos para alcanzar estos objetivos son: a) la modificación de las normas que socavan el cumplimiento del registro y la declaración de salarios en los regímenes contributivos, b) la mejora de la coordinación entre los organismos de recaudación de impuestos y de las cotizaciones, c) la modificación de las normas que rigen el derecho a las pensiones sociales no contributivas y d) la garantía de que la pensión social no contributiva [RNC] esté adecuadamente financiada.

Resumen Ejecutivo

Costa Rica está entrando en una transición demográfica que verá empeorar significativamente las tasas de dependencia de la vejez en los próximos 20 años. El gasto en pensiones públicas y otros gastos gubernamentales determinados por la demografía, incluida la atención médica, ejercerán una creciente presión sobre las finanzas públicas. La población en edad de trabajar, que disminuye tanto en proporción de la población total como en términos de su número, solo podrá mantener el crecimiento económico si la productividad laboral compensa los cambios demográficos.

Los Indicadores básicos del mercado laboral y del sistema de pensiones son favorables en la comparación regional. La tasa de participación de la fuerza laboral y la formalidad del empleo son relativamente altas, con un 60 y 72 por ciento, respectivamente. Los esquemas de pensiones públicas operan con reservas y tanto la estructura del sistema de pensiones como sus parámetros operativos están en gran medida en línea con las mejores prácticas.

Aunque la elegibilidad para la pensión está lejos de ser universal, la pobreza en los ancianos es baja. Entre los ancianos, el 27 por ciento cae por debajo de la línea de pobreza, y el 47 por ciento de ellos no recibe ninguna forma de pensión (ya sea social o contributiva), mientras que este porcentaje aumenta al 71 por ciento entre los ancianos no pobres. La brecha de cobertura de la pensión y la pobreza en la vejez son problemas diferentes que requieren soluciones distintas.

La sostenibilidad financiera a largo plazo del esquema general de seguridad social de pensiones (IVM) es motivo de preocupación. Como resultado de diversas reformas en las últimas tres décadas, la sostenibilidad financiera del IVM ha mejorado de manera tangible. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las reservas del esquema se agotarán a mediados de la década de 2030. Más allá de este punto, el esquema se financiará completamente mediante el sistema de reparto, lo que requerirá subsidios presupuestarios continuos o cambios paramétricos.

La propuesta [de la SUPEN] tiene la intención de abordar los problemas anteriores (sostenibilidad financiera, cobertura adecuada, equidad distributiva) a través de la introducción de una pensión básica universal (Pensión Básica Universal – PBU). La PBU sería un beneficio plano totalmente financiado (pre-financiado) condicionado por la edad y la residencia. La introducción muy gradual de la propuesta está impulsada por la intención del gobierno [la SUPEN] de hacer que la PBU esté completamente financiada y acumular suficientes reservas antes de la implementación completa del programa.

La propuesta de una PBU, en su forma actual, es poco probable que cumpla completamente con sus objetivos declarados. La propuesta empeorará la sostenibilidad financiera del esquema de pensiones de la seguridad social (Invalidez, Vejez y Muerte – IVM) y creará necesidades adicionales de financiamiento. Esto se traducirá en un agotamiento acelerado de las reservas del IVM y, después de que las reservas se agoten, requerirá ajustes significativos a los parámetros del IVM o transferencias gubernamentales más altas. Esto último implicará recortes en el gasto público en áreas distintas de las pensiones, impuestos más altos o deuda pública adicional. Además, la propuesta solo abordará la pobreza en la vejez y, debido a la universalidad de la PBU, lo hará a costa de transferencias a los deciles de ingresos superiores que serán aún más altas que hoy en día.

La seguridad del ingreso en la vejez podría abordarse de manera más efectiva, con efectos fiscales menos pronunciados, mediante la mejora de la cobertura y el cumplimiento en el IVM y la ampliación del alcance del esquema de la pensión de la seguridad social. La brecha de cobertura de la pensión está, en gran medida, impulsada por las reglas de elegibilidad, la financiación insuficiente de la pensión social [RNC] y las prácticas ineficaces de administración de ingresos. Las opciones para cerrar la brecha de cobertura incluyen mejorar la administración de ingresos aprovechando la excelente tecnología de la información y la infraestructura de la administración pública, revisar las reglas de elegibilidad para la pensión social y ajustar adecuadamente las asignaciones presupuestarias de los programas de transferencia social a los objetivos de política social, de modo que los solicitantes elegibles (incluidas las personas mayores sin pensión contributiva) no terminen en listas de espera.

Recomendaciones

Resumen de las principales recomendaciones de la misión

La misión recomienda abordar la cobertura y la pobreza en la vejez. Los principales instrumentos para lograr estos objetivos son: (a) modificar las reglas que socavan el cumplimiento de las normativas de registro y el reporte de salarios en los esquemas contributivos, (b) mejorar la coordinación y los esfuerzos de aplicación entre la autoridad tributaria y la Caja, (c) modificar las regulaciones que rigen la elegibilidad para las pensiones sociales no contributivas y (d) garantizar que la pensión social no contributiva esté adecuadamente financiada. Para cerrar la brecha de cobertura, en lugar de una pensión básica universal, considerar medidas destinadas a ampliar la cobertura en los esquemas existentes: IVM, el esquema de pensión social (Régimen de Pensiones No Contributivas – RNC) y los esquemas de segundo pilar:

  1. Ampliar la cobertura del RNC:

Modificar las reglas del RNC para que más de un anciano pueda ser elegible para una pensión social no contributiva por hogar.

Comprometerse a aumentar las asignaciones de recursos al RNC para eliminar la lista de espera entre las personas cuya elegibilidad ya ha sido establecida.

  1. Aumentar la cobertura en los esquemas contributivos:

Mejorar el intercambio de información entre el departamento de impuestos [Tributación] y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Considerar la recopilación de declaraciones de impuestos sobre salarios e ingresos de todos los empleados y trabajadores independientes, independientemente de los niveles de ingresos, e introducir una conciliación regular de los registros fiscales y de contribuciones.

Hacer obligatoria la participación en el segundo pilar para los trabajadores independientes o, como mínimo, considerar la inscripción automática.

Reducir aún más el pago retroactivo de las personas trabajadoras independientes que se registran en la CCSS después de inscribirse en el departamento de impuestos [Tributación].

  1. Mejorar la equidad del sistema de pensiones:

Revisar el historial de contribuciones mínimas en el IVM, pero mantenerlo como condición para ser elegible para una pensión mínima contributiva. El sistema actual va en contra del cumplimiento entre los trabajadores con perspectivas de empleo precarias e introduce una redistribución perversa tanto dentro del sistema de pensiones como entre los contribuyentes dentro y fuera del sistema.

Considerar la eliminación gradual de las contribuciones estatales a los esquemas del primer pilar y reemplazarlas con un subsidio igual al costo anual real del complemento de la pensión contributiva mínima. Confiar más en las contribuciones del empleador y del empleado para reducir la redistribución de ingresos desde las personas que no se benefician del sistema de pensiones a aquellas que sí lo hacen.

  1. En caso de que el gobierno desee seguir adelante con la propuesta de PBU, considerar lo siguiente:

Aumentar la edad de elegibilidad en relación con la edad normal de jubilación para las personas sin beneficios contributivos, a cambio de introducir el nuevo esquema más rápido o a un costo menor. Para diferenciar suficientemente entre las personas con pensiones contributivas basadas en bajos ingresos y las personas con historiales de contribución cortos o nulos, hacer que la edad de elegibilidad para PBU sea, por ejemplo, 5 años mayor que la edad de jubilación aplicable en el IVM.

Operar la PBU como un esquema financiado mediante impuestos sin pre-financiamiento. El pre-financiamiento de las futuras obligaciones de la PBU retrasa su aplicabilidad universal, mientras es poco probable que las reservas creen recursos adicionales en comparación con la financiación mediante impuestos para las obligaciones futuras.

  1. Aclarar el estado de los significativos atrasos en las contribuciones adeudadas a la CCSS. El compromiso del gobierno de financiar la PBU (o ampliar la cobertura del RNC) es cuestionable a la luz de sus atrasos de larga data con el IVM. Los atrasos también empeoran la posición financiera del IVM y aceleran el agotamiento de sus reservas.
  2. Considerar la reasignación de los poderes de formulación de políticas y regulación de la CCSS al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La actual división de los poderes regulatorios limita la capacidad del gobierno para perseguir sus objetivos de política y puede crear posibles problemas legales-constitucionales.

JUPEMA denuncia cobro excesivo de SUPEN por supervisión

JUPEMA denuncia públicamente que la nueva metodología de cobro por supervisión que aplicará a partir del próximo 2024 la SUPEN es excesiva, desproporcionada y dañina, afectando no solo la operatividad institucional, sino también el fondo del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).

La metodología de cálculo, con la que SUPEN obtiene su presupuesto, establece, conforme a la Ley 7732 del Mercado de Valores, que los entes supervisados contribuirán en un 50% y el restante lo da el Banco Central de Costa Rica. Anteriormente, la proporción de este era del 20% entre los administradores de pensiones y 80% el BCCR.

Una de las mayores preocupaciones es que el cobro se realizará considerando el total de activos administrados por el RCC, por lo que, al ser el fondo de pensiones más grande del país, el aporte será mayor e irá aumentando según el incremento en los saldos administrados. Antes, el financiamiento provenía de recursos provenientes de un máximo del 2% de sus ingresos brutos anuales.

De acuerdo con la escala gradual establecida, se pasaría de pagar C132 millones en este año a C369 millones en el 2024, lo que se traduce en un incremento del 178% solo en el primer año de aplicado el cambio en la metodología de cobro.

Para llegar al 50%, el transitorio de la Ley establece una gradualidad del 7.5% anual hasta el 2027, los cálculos realizados por JUPEMA proyectan una erogación que del 2023 al 2027 pasaría de C132 millones a C740.5 millones, es decir, un incremento del 359.3%, porcentaje que sería mayor conforme el crecimiento de los activos del fondo de RCC.

Ante esta situación, JUPEMA reafirma que defenderá el equilibrio y sostenibilidad del fondo del RCC, manifiesta su oposición a esta nueva metodología que además pretende un cobro por concepto de administración del RTR, e informa que se analizan las medidas legales correspondientes para impugnar esta metodología ante las instancias correspondientes.