Persisten daños ambientales en la cuenca alta del río Durazno pese a denuncia interpuesta desde 2025
Un nuevo correo de seguimiento enviado a instancias judiciales y ambientales da cuenta de que continúan los daños ambientales en la cuenca alta del río Durazno, en el sector de Coronado, a pesar de que desde el año 2025 existe una denuncia formal abierta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El mensaje, fechado el 4 de febrero de 2026, corresponde al Expediente N.º 25-007231-0042-PE, relacionado con tala y otras acciones que afectan la cuenca alta del río Durazno, una fuente hídrica que abastece a diversas comunidades del Gran Área Metropolitana y cuya administración corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Según lo indicado en el seguimiento, las acciones que afectan la cuenca no solo no han cesado, sino que se han intensificado. Vecinos de la comunidad de Rancho Redondo, quienes tienen una vista directa hacia la zona afectada, señalan que en la propiedad denunciada se han realizado quemas constantes, aplicación de herbicidas, cambio de uso del suelo y presunta introducción de ganado, prácticas que contravienen la legislación ambiental vigente para zonas de protección de cuencas hidrográficas.
Las fotografías que acompañan el nuevo escrito —tomadas el 29 de enero de 2026— documentan lo que se describe como una destrucción sistemática que se ha venido dando durante más de un año, sin que hasta el momento exista una resolución efectiva del caso. El seguimiento subraya que esta situación genera un impacto directo no solo en la zona intervenida, sino también en comunidades aguas abajo, como Rancho Redondo, que forman parte de la misma cuenca hidrográfica.
En el correo se plantea una pregunta central dirigida a las autoridades competentes: qué debe hacerse para que la legislación ambiental sea efectivamente aplicada y para que la persona responsable comprenda que existen límites legales a su actuar. El documento insiste en que la protección de las cuencas hidrográficas es una obligación colectiva y una responsabilidad del Estado, particularmente cuando se trata de fuentes de agua para consumo humano.
Este nuevo envío constituye un seguimiento formal a una denuncia que, según se señala, permanece sin resolución desde hace más de un año, y vuelve a poner en evidencia la preocupación de comunidades y organizaciones ambientalistas por la lentitud institucional frente a daños ambientales que tienen consecuencias directas sobre el derecho humano al agua y la protección de los ecosistemas.
SURCOS dará seguimiento a este caso conforme se produzcan respuestas o acciones por parte de las autoridades judiciales y ambientales competentes.




