Etiqueta: tala ilegal

«La protección de la naturaleza no se decreta desde la comodidad de los escritorios oficiales; se defiende en el territorio cuando los ciudadanos asumen el coraje de denunciar el desprecio y la destrucción».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado UNED y UCR
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

A propósito de las denuncias ambientales en la península de Nicoya y el reciente reconocimiento otorgado a la activista; una mirada crítica sobre el impacto de la gentrificación, el inmovilismo institucional y la urgencia de la fiscalización ciudadana.

Hay luchas socioambientales que nacen de la estricta necesidad material, pero hay otras, más profundas, que brotan de la coherencia ética y el arraigo territorial. La defensa de la cascada y el río Montezuma, en el distrito de Cóbano de Puntarenas, personifica este segundo escenario.

Las alarmantes intervenciones en una zona ambientalmente tan sensible, marcadas por la tala ilegal de hileras de árboles y movimientos de tierra, han encontrado un dique de contención definitivo en el coraje de la vecina Rebeca Montero Castro.

Su voz se ha levantado con firmeza para plantear una interrogante incómoda que exige respuestas inmediatas del Estado: «¿Quién se va a hacer responsable de este maltrato a la naturaleza?».

En un video difundido de forma directa por la propia comunidad, Rebeca señaló con indignación la tala indiscriminada de árboles y la apertura arbitraria de un claro justo al frente de la cascada de Montezuma.

A través de este registro de denuncia audiovisual, la activista cuestionó con severidad que este tipo de acciones destructivas puedan ejecutarse de manera impune en una zona ambientalmente tan sensible y con una alta densidad de flora y fauna nativas, donde los pobladores locales poseen una -de verdad- arraigada conciencia ecológica de protección.

El origen de este ecocidio en la península de Nicoya responde a una lógica mercantil de exclusión agresiva. Bajo el amparo de la gentrificación y la búsqueda de un lucrativo «ocean view» impulsado por el poderoso caballero don dinero, se introdujeron tractores y se provocó la caída de rocas hacia el cauce del río y el sendero turístico.

Esta preocupante destrucción no solo arruina el paisaje. También compromete la estabilidad del terreno, altera la flora y fauna de la zona y amenaza directamente la seguridad de las personas que visitan uno de los patrimonios naturales más emblemáticos del país.

Atentar contra este ecosistema es destruir la gallina de los huevos de oro que sostiene buena parte de la actividad turística y la vida comunitaria.

La parálisis del SINAC y la respuesta comunal

El verdadero rostro de la crisis ambiental costarricense es la impunidad propiciada por el inmovilismo institucional. A pesar de que los vecinos informaron oportunamente a las autoridades sobre la construcción de gaviones y traslados de material pesado ocurridos entre agosto y noviembre de 2025, el Estado hizo la vista gorda, tal como consta en la pormenorizada reseña publicada por el diario SURCOS Digital («Comunidad de Montezuma denuncia daños al río y la cascada…») y el Semanario Universidad («SINAC confirma afectación de patrimonio natural por intervenciones en catarata de Montezuma»).

La parálisis del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) obligó a la comunidad organizada y al Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENA Cabo Blanco – Ario) a interponer la denuncia N.º 37.797 ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) para frenar la destrucción de la cobertura forestal dentro del margen de protección hídrica.

Frente a la pasividad estatal, la respuesta civil se ha consolidado a través de una masiva petición ciudadana en línea respaldada por las asociaciones de desarrollo de Santa Teresa, Mal País y Montezuma. El río Montezuma forma parte del Programa Bandera Azul Ecológica, un galardón conquistado colectivamente por el pueblo durante años de esfuerzo comunitario que hoy se encuentra en grave riesgo por la desregulación, según detalla el informe de prensa.

Por ello, las exigencias de Rebeca superan la simple protesta. La ciudadanía reclama acceso público a los estudios de impacto ambiental y demanda una inspección de campo urgente acompañada por los vecinos para garantizar la restauración del ecosistema agredido.

El reconocimiento al coraje ecologista

La valentía de defender la vida invisible no pasa desapercibida para el movimiento social del país. En un emotivo acto público, el movimiento ecologista Bloque Verde otorgó un merecido reconocimiento y homenaje a Rebeca por haber tenido el valor civil de registrar con su celular los destrozos, levantar la alerta y avivar el fuego de la organización.

Su testimonio constituye una profunda lección de dignidad para una sociedad adulta habituada al desapego: «Siento como que hice caso a mi corazón y eso era lo correcto. Actué desde el amor, porque todo lo que sea una lucha desde la conciencia, desde el amor, desde el respeto a la naturaleza, es algo de todos».

El Gobierno actual no puede permitir que el capricho del dinero pase por encima de las leyes de protección forestal. Nuestra patria se hace más fuerte cuando defiende sus bienes comunes y protege la integridad de sus agroecosistemas.

Es hora de que los inquilinos transitorios de los despachos públicos dejen la estridencia, salgan a los territorios periféricos y asuman con responsabilidad el mandato de proteger la trinchera fundamental de nuestra biodiversidad.

Tal como lo demostró de forma valiente Rebeca Montero Castro, si vemos que algo destructivo está ocurriendo, nuestro deber es gritar ayuda y organizarnos para que nadie quede atrás.