A pesar del conocimiento cultural ancestral que existe en cada uno de los 24 territorios de los pueblos milenarios de Costa Rica, muchos líderes no han tenido la oportunidad de visitar y aprender de los miembros de otros pueblos. Como parte del proyecto ReAL (Repensando futuras agrarias desde la acción local), se organizó un intercambio entre representantes del Territorio Bribri de Talamanca y del Territorio Huetar de Quitirrisí, con el propósito de compartir conocimientos, prácticas y experiencias relacionadas con el agua y la soberanía alimentaria.
El objetivo de este intercambio fue promover el diálogo y el aprendizaje mutuo sobre las formas de trabajo que se desarrollan en ambos territorios en temas de agricultura indígena y gestión del agua. En este contexto, las personas jóvenes bribris Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales, de Alto Talamanca, viajaron a Quitirrisí para compartir los resultados de su investigación sobre una práctica tradicional conocida como Di’katö̀k. Esta investigación fue desarrollada con la orientación y el acompañamiento de las personas mayores de su comunidad y se plasmó en un cortometraje documental que recoge conocimientos, experiencias y reflexiones sobre esta importante práctica cultural.
Dulytimi García Corrales y Félix Díaz Morales cuando exponían su cortometraje documental.
Di’katö̀k es una práctica bribri cuyo significado podría traducirse literalmente como «comer agua» o «comer el río», aunque también suele interpretarse como «seca del río». Sin embargo, estas traducciones simplifican considerablemente la profundidad y complejidad de esta práctica cultural. Se trata de una tradición que se realiza una vez al año; no obstante, por diversas razones, entre ellas las prohibiciones estatales, actualmente ya no se practica de forma generalizada. En el documental, que puede verse aquí, se aprecia que el Di’katö̀k no es solo una práctica relacionada con el río y los recursos que este provee, sino también un mecanismo autónomo bribri para la resolución de conflictos y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria
Los jóvenes bribris presentaron su documental al grupo Mujeres Huetares de Quitirrisí para compartir esta práctica y su significado cultural. Las integrantes del grupo de mujeres huetares también compartieron sus experiencias dentro del proyecto ReAL, específicamente en temas relacionados con la agricultura huetar y la soberanía alimentaria.
Siembra de maíz y vainica en terrazas.
En este intercambio, se explicó cómo las terrazas son importantes dentro del territorio para el cuido y cultivo de plantas alimenticias y medicinales, especialmente en una zona quebrada y con pendientes, donde estas estructuras son necesarias para prevenir la erosión del suelo. Asimismo, las mujeres compartieron la importancia del intercambio de plantas y semillas dentro del propio territorio para fortalecer la soberanía alimentaria.
En un contexto en el que el Estado no ha cumplido con su obligación de respetar los derechos de los pueblos indígenas, incluido el acceso a la tierra, y donde persiste la ocupación ilegal de terrenos importantes para el cultivo dentro del territorio (Sylvester & Clark, 2025), cada vez resulta más difícil para muchas mujeres cultivar sus alimentos tradicionales y contar con espacios adecuados para conservar semillas locales. Por esta razón, dentro del proyecto ReAL, las mujeres huetares priorizaron la obtención de semillas y plantas fundamentales para su soberanía alimentaria, así como el intercambio de estos recursos entre familias.
En este intercambio y diálogo intercultural, las personas jóvenes y mayores de ambos territorios comenzaron a compartir similitudes y diferencias sobre sus respectivas realidades. Por ejemplo, en Quitirrisí, las mujeres expusieron los retos relacionados con el acceso al agua desde que el Estado asumió el control de los acueductos que habían sido creados por las propias personas mayores huetares, quienes lucharon por construir un sistema local de gestión del agua (Sylvester et al., 2023). Esta situación no solo afecta la gobernanza autónoma local del pueblo huetar, cuyo respeto constituye una obligación del Estado según el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica, sino que también ha generado cobros de agua excesivos y erróneos en los hogares huetares. Aunque las comunidades han presentado reclamos, no han recibido una respuesta adecuada por parte de las instituciones estatales.
Los jóvenes bribris compartieron que, en Talamanca, la situación de los cobros elevados por el servicio de agua no se presenta de la misma manera; sin embargo, el proceso mediante el cual se ha asumido el control de la gestión del agua sin un consentimiento previo, libre e informado adecuado presenta similitudes. Las personas participantes de ambos territorios recalcaron la importancia de las semillas locales y el intercambio concluyó con un trueque de semillas, cultivos y comidas tradicionales.
Aunque los sabores son distintos, en Quitirrisí tuvimos la oportunidad de probar el chicasquil, una planta que no forma parte de la alimentación habitual en Talamanca. Sin embargo, Félix Díaz Morales señaló que encuentra cierta similitud con el ár, término que se utiliza para referirse a diversas plantas y hojas silvestres que se consumen en Alto Talamanca.
Es importante subrayar que compartir entre territorios es de suma importancia para unir fuerzas en las luchas de los pueblos frente una opresión estatal sistémica a las culturas milenarias. Se les agradece a todas las personas quienes nos enseñaron sobre sus prácticas culturales en este intercambio.
Referencias
Sylvester, O. & Clark, A. (2025). Pura Vida for Who?
Slow Violence Against Indigenous Land Defenders in Costa Rica. Local Environment. DOI: 10.1080/13549839.2025.2596712
Sylvester, O., Ramin, C., Serrano González, B., Hernández Mena, Z., Pérez Hernández, y Schuster-Wallace, C. (2023). Acceso y Gestión del Agua en los Pueblos Indígenas de Costa Rica: El Caso del pueblo Huetar de Quitirrisí de Mora. Ambientico, 288(7), 48-54.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AEL), a través de su presidente Marco Levy Virgo, presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, para que ejerzan de manera urgente sus potestades de inspección, control, fiscalización, protección e investigación administrativa sobre el estado actual del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA), sitio de importancia internacional bajo la categoría Ramsar.
La gestión, identificada con el oficio AEL-00154-2026 y dirigida a la contralora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, el procurador Iván Vinicio Vincenti Rojas y la defensora Angie Cruickshank Lambert, se presenta en ejercicio del derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política.
El planteamiento central de la solicitud es que, desde 2014, la Sala Constitucional ha dictado resoluciones que ordenan la verificación, protección y eventual reintegración al patrimonio natural del Estado de áreas de humedal y bosque dentro del Refugio, sin que —según la organización— estas hayan sido ejecutadas de manera plena. La AEL señala que, por el contrario, se ha dado una masificación de permisos e invasiones en la zona, y solicita que cualquier investigación se oriente de manera prioritaria a identificar a quiénes se asignaron los terrenos de humedal que fueron excluidos del documento de caracterización elaborado por el SINAC.
La solicitud hace referencia al proyecto inmobiliario conocido como Puket, señalando que continúa vigente pese al informe técnico TAA-DT-0048-011 del Tribunal Ambiental Administrativo, elaborado en mayo de 2011 a solicitud de la Contraloría General de la República. Ese informe de inspección, realizado en una propiedad de Inversiones Puket S.A. en Cocles, Sixaola, Talamanca, concluyó que el terreno se ubica dentro de los límites del REGAMA, que corresponde a Patrimonio Natural del Estado por su condición de bosque, humedal y Área Silvestre Protegida, y documentó actividades de corta de árboles y de sotobosque en un área de afectación de 9,1 hectáreas.
En su solicitud, la AEL menciona también un contexto de amenazas y hostigamiento que, según indica, ha enfrentado el denunciante en relación con su labor de defensa del Refugio, incluyendo actos documentados públicamente por el Semanario Universidad (edición del 29 de julio de 2024), como amenazas telefónicas y una incursión en su vivienda en Limón en octubre de 2023, hecho que fue objeto de denuncia formal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La organización solicita, en concreto, que las tres instituciones acudan directamente ante el director del OIJ para que instruya al Departamento de Ciencias Forenses la realización de un peritaje científico, integral e independiente sobre el estado actual del Refugio, con especial atención a las áreas de humedal excluidas del documento del SINAC.
Antecedentes documentados
La solicitud se enmarca en un historial de seguimiento institucional sobre el caso. En junio de 2025, la Defensoría de los Habitantes remitió a la Sala Constitucional un informe de seguimiento (oficio DH-0657-2025) sobre el cumplimiento de las resoluciones N.° 26300-2024 y N.° 12745-2019, relacionadas con la delimitación de 188 hectáreas de bosque cercanas al Refugio. En ese informe, la Defensoría concordó con observaciones de la Procuraduría General de la República señalando inconsistencias en la metodología del MINAE para delimitar las áreas boscosas, en particular la exclusión de referencias a humedales documentados en un estudio técnico de 2021 («Caracterización y Delimitación de Humedales en Zona Marítimo Terrestre del Cantón de Talamanca»), cuya validez fue cuestionada por la propia jerarquía del MINAE. La Defensoría sugirió entonces a la Sala Constitucional valorar solicitar la colaboración del OIJ para validar la metodología utilizada.
Asimismo, un informe de investigación preliminar del SINAC de 2019 (oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019), elaborado a partir de denuncias previas del propio Marco Levy Virgo sobre irregularidades en el informe técnico que dio origen a la Ley N.° 9223 (que redujo los límites del REGAMA), concluyó que existió una «situación irregular» que ameritaba mayor investigación formal, y recomendó la apertura de procedimientos administrativos contra tres funcionarios del SINAC por presunto incumplimiento de deberes en el manejo del expediente técnico.
Imponer las reglas del Estado contra la voluntad de un Pueblo Indígena no es nada nuevo en Costa Rica. Esto es lo que está ocurriendo con las acciones de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) en favor de Hiden Mayorga Escalante de la Asociación de Desarrollo Integral de Talamanca, ADITIBRI. Mayorga Escalante fue destituida e inhabilitada como presidenta en Asamblea de ADITIBRI tras habérsele probado su responsabilidad en la firma de multimillonarios contratos privados sobre “créditos de carbono” para explotar comercialmente los bosques del territorio Bribri de Talamanca, en contra de lo definido en la Asamblea de ADITIBRI. Las normas básicas de autonomía dictan que es la gente indígena la que debe decidir, pero DINADECO alega faltas en el “debido proceso”, con lo cual favorece a la presidenta destituida de ADITIBRI violentando acuerdos de la Asamblea indígena.
Para comprender la acción de DINADECO debemos partir de que las ADI son una imposición del Estado sobre las estructuras propias de los Pueblos Originarios. Así lo han reconocido Naciones Unidas y sentencias de la Sala Constitucional de Costa Rica. Las ADIs fueron creadas por el Estado y en muchos casos representan los intereses de la institucionalidad que sigue violentando derechos fundamentales de los Pueblos Originarios como el derecho a la Tierra y a organizarse según sus propias estructuras y definiciones culturales. El desconocimiento de esos derechos es parte del racismo en Costa Rica que conduce a la destrucción de la identidad cultural indígena y la desaparición forzada de muchas estructuras propias de organización social en los territorios indígenas.
En muchos casos, la imposición de las ADIs no sólo rompió los sistemas de vida y organización social propios los territorios indígenas, ya de por si debilitados, reducidos y hasta desaparecidos tras siglos de borramiento cultural, sino que vulneró y socavó espacios más pequeños y sensibles de la vida cotidiana dando origen a rupturas entre personas, familias, clanes y a divergencias irresolubles en cuanto a cómo relacionarse con el Estado y el mundo externo. Muchas rivalidades hoy día siguen llegando a tribunales ordinarios del Estado en los cuales los antiguos y nuevos conflictos se juzgan, pero no se resuelven, con las leyes “sikuas”/no indígenas que no coinciden con las normas y el derecho propio o consuetudinario y las culturas de las personas indígenas.
ADIs contra las estructuras culturales de los Pueblos Originarios
En las últimas décadas ha subido el tono sobre las contradicciones jurídicas y culturales entre ADIs y las estructuras propias de los Pueblos Originarios en Costa Rica. La Sala Constitucional mediante la Sentencia 10224-2010 reiteró que la Ley Indígena No. 6172 de 1977 reconoce “que las comunidades indígenas tienen plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda clase y que no son entidades estatales”. También señala que el artículo 4 de esa ley, “establece que las Reservas Indígenas serán regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales” lo cual legitimaría diversas instancias culturales propias de los Pueblos Originarios, pero agrega “o de las leyes de las República que los rijan”. Esta última frase es letal y clave pues abre todas las posibilidades de sustitución del andamiaje cultural propio y autónomo porque, como indicamos, la colonización llevó al borramiento o desaparición de las estructuras sociales tradicionales.
Esa y otras sentencias generan discrepancias sobre la aplicación de la Ley Indígena No. 6172 del 29 de noviembre de 1977, su Reglamento del 26 de abril de 1978 y todavía más del Decreto Ejecutivo No. 13568-C-G del 30 de abril de 1982: «Representación legal de las Comunidades Indígenas por las Asociaciones Desarrollo y como Gobierno Local», porque delega en las ADIs indígenas, por medio de DINADECO, la gobernación de los territorios indígenas. En su artículo 1 ese Decreto establece que “Las Asociaciones de Desarrollo Integral tienen la representación legal de las Comunidades Indígenas y actúan como gobierno local de éstas”, con lo cual se les da supremacía sobre las estructuras de organización propias de las personas indígenas. Además, el artículo 3 involucra directamente a DINADECO estableciendo que “las Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley No. 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento». Es a partir de esas definiciones que organizaciones como el Consejo de Derecho Propio de Talamanca Bribri, el Consejo de Mayores y Mayoras Bröran del territorio de Térraba, los Consejos Salitre y Yama bi di Kata/Cabagra, o el Consejo cultural conformado por la gente Ngäbe de Abrojo Montezuma, entre otros, son desconocidos y quedan en total desventaja.
La sentencia del 2010 que mencionamos repetía lo indicado antes en la sentencia #2002-2623 del 13 de marzo del 2002 en la cual la Sala IV había establecido que la ADI no es la única forma de representación indígena, que es una alternativa cuando no hay estructuras propias de organización indígenas y que son la organización “que más se asemeja a la naturaleza comunitaria de la organización tradicional Indígena”. Sin embargo, la misma Sala IV descalifica o al menos resta valor práctico a las estructuras propias indígenas pues agrega que “adicionalmente, este tipo de estructura jurídica (las ADIs) le permite disfrutar a este sector de la población de especiales beneficios de los que no disfrutarían con otro tipo de estructuración jurídica”, y especifica que tales beneficios incluyen “servicios, donaciones, subvenciones, y transferencias anuales de dinero, tanto del Estado como de sus instituciones”. No hace falta conocer los estados de cuenta de algunas ADIs para saber que juegan en un espectro financiero, administrativo y político muy amplio, y que en esas canchas las alianzas adecuadas resultan tan indispensables como gratificantes.
No resulta necio reiterar que la imposición de las ADIs a los Pueblos Originarios ha sido expuesta en múltiples informes especiales de Naciones Unidas, como el del 30 de mayo de 2011 en el que el Relator Especial James Anaya explica que “los pueblos indígenas perciben la presencia de las ADI en sus territorios como una negación de sus derechos al autogobierno y sus derechos de tomar decisiones respecto a sus tierras y comunidades”. En otro Informe del 11 de julio de 2011, el mismo relator habla directamente de suplantación cuando señala que “…el Reglamento a la Ley Indígena, Decreto Ejecutivo 8487 de 1978, efectivamente suplantó el reconocimiento de la autoridad de las instituciones tradicionales de los pueblos indígenas para representar a las comunidades en cuestiones de desarrollo sostenible, estableciendo en su lugar a las Asociaciones de Desarrollo Integral para tal fin” (subrayado ODC).
Otro Informe del año 2010 del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, titulado “La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud para Consideración bajo el Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación”, señala que “los pueblos indígenas…han cuestionado la imposición y operación de las ADIs en sus territorios argumentando una negación de su derecho al autogobierno a través de sus propias instituciones y a la gobernanza de sus tierras y comunidades”.
Algunos estudios académicos se han salido del canasto y se han animado a reconocer que las ADIs no son la única y legítima representación indígena. Un buen ejemplo es la tesis de licenciatura en derecho de la Universidad de Costa Rica “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas de Costa Rica: análisis de caso”, de Jazmín Granados Torres, que apunta en la dirección que hemos explicado: “La forma de organización jurídica impuesta por el Estado a los territorios indígenas han sido las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI), las cuales tienen la representación jurídica y extrajudicial de las comunidades, pero dicha concepción fue una imposición del Estado que no responde necesariamente la realidad cotidiana de la vida indígena…”.
En conclusión, las ADIs han agudizado las contradicciones entre las personas y dentro las comunidades indígenas pues establecen la contradicción entre aliarse e incluso supeditarse a la institucionalidad oficial o mantener autonomía y determinación.
Las ADIs que ejercen el poder de manera impositiva exacerban la mutilación cultural y asumen prácticas racistas de desmantelamiento, deslegitimación, desconocimiento e irrespeto de las estructuras culturales propias de la gente indígena. Tiene toda la razón Gabriella Habtom, secretaria del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, al señalar que “las ADIs son gobiernos locales que reportan y son parte del Gobierno Central”. Eso explica que la relación entre los Pueblos indígenas y el Estado-DINADECO, genere sospechas sobre desconocer y vilentar derechos culturales, imposición de organizaciones foráneas, control político, manipulación, colusión de intereses, defensa y acuerdos con dirigencias afines, desconocimiento de autonomía, e incluso “premios” y “compra” de voluntades con dinero.
Personas Bribri de Salitre, China Kichá, Térraba/Brorän, Yäbamï Dí Kàtá (Cabagra), Ngäbe de Abrojo Montezuma, Bajo Los indios, Cabécar de China Kichá y otras comunidades, en diálogo sobre las contradicciones entre ADIs y estructuras propias de los Pueblos Originarios.
Pensar, crear y transformar con una delegación multiétnica, pluricultural y transdisciplinaria de mujeres de Talamanca y sus aliadas
Una nutrida delegación de mujeres de Talamanca y sus aliadas participará en el I Congreso de Cultura y Patrimonio: Pensar, crear y transformar, organizado por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica los días 4 a 6 de agosto de 2026.
Estarán exponiendo sus acciones, proyectos y estrategias comunitarias en el Caribe Sur, en los territorios y comunidades indígenas de la zona y en otros lugares de Costa Rica. La exposición de sus acciones y proyectos comprenderá temas, experiencias e investigaciones en marcha relacionadas con la diversidad patrimonial, así como su protección, enriquecimiento y abordaje.
Conversatorio Guardianas de Tradición en el Festival del Calypso- Fotos María Suárez Toro, 11/07/26
Sus experiencias y proyectos comunitarios se caracterizan por seguir y crear una epistemología y metodología específicas que comprende el entramado de diversas rutas de abordaje y reflexión, en especial: Ciencia Ciudadana, Metodología Feminista con Conocimiento Situado, Investigación Acción, Miradas Múltiples (transdisciplinariedad, invitación a personas expertas que aportan instruyen sus capacidades a la comunidad), Enfoque a los derechos culturales, políticos, a la tierra y demás relacionados, Arraigo Comunitario (los Procesos y resultados pertenecen al grupo comunitario que gesta la iniciativa, aporte de las propias capacidades de la comunidad), Defensa de la propiedad cultural, intelectual comunitaria, Respeto al lugar de procedencia de los artefactos y cultura estudiados.
Esta aproximación al patrimonio está presente en todas sus iniciativas enfocadas en la promoción del ejercicio de un liderazgo activo de mujeres, que abarcan patrimonio cultural marino, el patrimonio cultural indígena ancestral y pre Colombino, patrimonio cultural en la danza, en la música y en el buceo con propósito enfocado al cuidado de los mares desde la niñez y la juventud.
La Delegación la conforman mujeres que impulsan proyectos de investigación académica y comunitaria actualmente en marcha y proyectos activistas referidos al manejo, preservación y gestión participativa de comunidades herederas de los legados culturales en el fondo del mar, legados culturales que permanecen enterrados en las tierras habitadas por pueblos originarios o en museos regionales y nacionales en el país e iniciativas juveniles e infantiles de cuido de los mares y los ecosistemas costeros.
Investigaciones en marcha: Patrimonio Cultural
Cuatro investigadoras estarán en el I Congreso, dos de las cuales desarrollan sus tesis de maestría centradas en un proceso innovador para integrar el patrimonio cultural en la gestión comunitaria y gubernamental actual del Parque Nacional Cahuita, una tercera trabaja el Plan de Manejo de esos recursos patrimoniales subacuáticos y una cuarta, enfoca la danza ancestral como patrimonio cultural desde los cuerpos y su aporte al desmantelamiento de estructuras y dinámicas opresoras.
Expedición Galeones y Otras Embarcaciones del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe
Maraya Jiménez Taysigue, presidenta de CCBEEM y originaria de la región caribeña de Costa Rica, desarrolla su proyecto de graduación en Arqueología Marina y Subacuática de la Universidad de Cádiz (España) sobre la «Expedición Galeones y Otras Embarcaciones» del Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEEM) en el Caribe, que observa las expediciones anuales en arqueología comunitaria desplegadas a lo largo de una década (2016-2026).
El proyecto, gestionado por la propia comunidad, contó con los permisos de las autoridades locales y comunitarias de la Co gobernanza de Cahuita y su Parque Nacional, y con los aportes de numerosas personas profesionales en arqueología subacuática de diversos países e instituciones, tales como la East Carolina University (ECU) y el Museo Nacional de Dinamarca (NDM), además de arqueólogos independientes de Japón, Croacia, Estados Unidos, Jamaica y del Museo Nacional de Costa Rica, además del el apoyo de la sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica. Esta labor comunitaria condujo a la identificación científica en el 2025 de dos naufragios de barcos esclavistas en Cahuita que llegaron por equivocación en 1710. Cientos de africanos y africanas arribaron a Costa Rica en los navíos daneses Fredericus IV y Christianus V, desembarcando libres luego de un amotinamiento. ¡Están entre nos!
El hallazgo y otros logros han sido posibles mediante la aplicación de la Ciencia Ciudadana que combina el método científico de la arqueología marina con el conocimiento ancestral aportado por la comunidad y las juventudes buceadoras locales descendientes.
Maraya en Cadiz, España cursando su Maestría. Foto por Agueda Sànchez, 3/07/26
Incorporando el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional
Mariah Smith, estadounidense con raíces afrocaribeñas de las Bahamas, es estudiante de la Maestría en Gestión de Recursos Marinos de Oregon State University (EE. UU.), y permanecerá los meses de julio y agosto en Cahuita realizando su proyecto de tesis. Su formación académica en lengua y literatura españolas, junto con su experiencia como instructora de buceo, le aporta una perspectiva multidisciplinaria a esta investigación.
El área temática de su investigación en Costa Rica se sitúa en la intersección de la antropología, la arqueología subacuática y la política de gestión marina; le interesa comprender la forma en que se integra el patrimonio cultural subacuático (PCS) al plan de Manejo actualizado en Cahuita y su Parque Nacional. Busca enriquecer la comprensión del papel de la comunidad local en este proceso, así como de los componentes históricos, políticos e institucionales que han dado forma a la incorporación del patrimonio cultural subacuático en la gestión del Parque. Asimismo, pretende identificar rutas que estimulen tanto la proyección internacional de este trabajo, como su posicionamiento como modelo para otras áreas marinas protegidas interesadas en integrar el patrimonio cultural marino en la planificación y gestión de la conservación.
Mariah en British Columbia, Canadá, presentando proyecto investigación para desarrollar en Cahuita entre el 17 de julio a agosto, 2026.
Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático
María Suarez Toro del CCBEEM coordina el proyecto de investigación cultural comunitaria “Aportes Técnicos para el Plan de Gestión del Parque Nacional Cahuita en relación con los recursos de patrimonio subacuático”, cuyo objetivo es generar un diagnóstico y una propuesta integral para la gestión, protección y memoria de los seis sitios de patrimonio cultural o histórico subacuático de Cahuita y su Parque Nacional Cahuita.
Los resultados servirán de base para el Plan de Manejo de la Co gobernanza del PNC 2027-2035, integrando una mayor participación comunitaria en la conservación biológica junto con la protección cultural y la memoria histórica. Se busca con ello garantizar que la historia se preserve y sea accesible para la comunidad, reforzando la identidad colectiva y creando recursos educativos desde y para la comunidad, al tiempo que se promueven visitas con fines educativos y de memoria, así como la preservación del patrimonio cultural en su contexto de biodiversidad.
Por primera vez, el Plan incluye un “elemento focal cultural”, reconociendo formalmente la historia de la participación comunitaria desde la creación del Parque en la década de 1970. Hoy en día, es el primer Parque de Costa Rica gestionado bajo un modelo de cogobierno, en el que la comunidad y el gobierno comparten responsabilidades y recursos.
El Comité Local de Co gobernanza (CL), junto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) con el apoyo técnico de la Consultora Agathos y la orientación del Museo Nacional de Costa Rica, ha adoptado la propuesta específica del proyecto CCBEEM sobre el patrimonio cultural subacuático. Estos sitios requerirán protección y gestión formal como patrimonio cultural subacuático, en virtud de la Ley 9500 y la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. Esto genera tanto una oportunidad como la responsabilidad de establecer marcos de gobernanza culturalmente sensibles y fundamentados en la participación comunitaria.
Visita interinstitucional y comunitaria a los sitios de Patrimonio Cultural Subacuático en Cahuita y su Parque Nacional como parte del Proyecto del CCBEEM. Foto Julio Barquero, junio, 2026.
Patricia Oliva dirige un cuarto proyecto de investigación en curso llamado ¿Cómo te atreves? inicia como una propuesta feminista de escritura creativa surgida de una puesta en escena que se extiende y se transforma en la publicación de dos artículos (en coautoría con Luchi Pérez). Patricia es practicante de danza, Aliada de INMAR Caribe Costa Rica e investigadora del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo CICDE- UNED Costa Rica en Feminismos, Arte y Corporalidades. Ha investigado y publicado sobre el área temática de visibilización de mujeres en las artes, análisis feministas a partir de obras de arte sobre la expropiación del cuerpo de las mujeres, archivos de arte diverso, danza y cuerpos feminizados.
Lleva al Congreso la propuesta de escritura creativa feminista y colectiva “Para El Patriarcado, de La Madre Muerte y sus Ancestras”, que viene hilvanándose desde hace algunos años con un enfoque transdisciplinar. Nace como un reclamo interior profundo, siguiendo la invitación de Silvia Rivera Cusicanqui “hay que pensar, escribir y conocer con el chuyma”, que en la epistemología Aimara significa integrar el conocimiento corporal con el intelectual. Toman esta invitación dos mujeres feministas proveniente una de las artes escénicas y otra de la práctica del douleo. En diálogo con Deleuze y Guattari “seguí el agua de lluvia” con la rabia aún latente que ahora se encauza rebuscando en los saberes de nuestras lideresas de pueblos originarios. Pretende Patricia acercar nuestros saberes sobre vida y muerte, considerando las concepciones originarias que puede sugerirnos caminos a su abordaje, y a la vez reconocer la urgencia de evidenciar el patrimonio intangible subyacente en el conocimiento encarnado: “El atrevimiento patriarcal contra nuestras vidas; nuestras muertes y nuestros cuerpos sólo podemos enfrentarlo desde los saberes originarios. Las ancestras lo saben.
Grupo de la iniciativa “Revitalizando Saberes Ancestrales”, que integra mujeres indígenas, académicas, consultoras y activistas. Patricia Oliva es la segunda de derecha a izquierda. Foto de fuente no recordada. 10/12/24.
Investigaciones en gestación: Proyectos sobre el Patrimonio Cultural en Caribe y otros lares
Tres iniciativas en gestación se suman a la delegación de mujeres, en plena marcha inicial para enraizarse en su aporte al patrimonio cultural: la primera se denomina “Son Semillas” y es la experiencia vivida de conectar desde el instrumento africano ancestral, el quijongo en la música de Guanacaste y la del Caribe. La segundaRevitalizando y Regenerando Nuestras Raíces Ancestrales en Costa Ricabusca la participación de mujeres indígenas tanto en la investigación, presentación y preservación de su patrimonio cultural ancestral precolombino, como en la construcción de aportes a las interpretaciones de las figuras femeninas que continúan apareciendo en las excavaciones arqueológicas en Costa Rica. La tercera enfoca la organización de la niñez de Manzanillo como Guardianes del mar y de la cultura marino-costera.
Son Semillas y De Mar a Mar
Iniciativa de patrimonio cultural en la música, como una experiencia cultural e intercomunitaria impulsada por esta agrupación musical costarricense-colombiana conformada por mujeres artistas. Su proyecto Mar a Mar está forjando un puente con y entre los patrimonios culturales vivos de Guanacaste y el Caribe costarricense mediante procesos de creación colectiva, intercambio de saberes y producción musical. El recorrido inició en Guanacaste con un concierto abierto a la comunidad, seguido por un encuentro de saberes y músicas junto a mujeres portadoras de tradición y músicos locales.
A partir del diálogo con el quijongo y la marimba, así como de las voces de mujeres que compartieron cantos inspirados en sus memorias, vivencias y territorios, se abrió un laboratorio creativo donde la música se tornó en un espacio para reconocer y revitalizar el patrimonio cultural vivo desde la experiencia comunitaria.
La siguiente etapa se desarrolló en el Caribe Sur, en alianza con el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar e INMAR Caribe, en el marco del Festival Internacional de Calypso en Cahuita del 10 al 12 de julio de 2026.
Alli Mar a Mar desplegó un nuevo proceso de intercambio junto a la portadora de tradición Zoraida Bonilla, poniendo en diálogo las sonoridades del Caribe costarricense, las historias locales y los saberes populares en Taller, un Conversatorio de UNED con mujeres de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica y un Concierto en el Festival
De Mar a Mar contribuye a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial al propiciar espacios de encuentro entre comunidades, reconocer el papel de las mujeres como portadoras y creadoras de conocimiento, y favorecer la transmisión intergeneracional de memorias, músicas y prácticas culturales. El proyecto cuenta con el respaldo del Programa Becas Taller del Ministerio de Cultura y Juventud, así como con el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita y la Cátedra Abierta Walter Ferguson Byfield, fortaleciendo una red de colaboración que apuesta por la creación artística como herramienta para el cuidado del patrimonio cultural vivo.
Afiches de Son Semillas (izq.) y de Afro Tribal Beats UNED (der.) en el Festival del Calypso, 2026. Fotos 12/07/26
Nació en diciembre de 2024 en el Caribe Sur de Costa desarrollándose a manos de un grupo no formal -intergeneracional, inter-étnico e interinstitucional- de activistas líderes indígenas y académicas de las áreas de investigación de dos universidades de Costa Rica, así como por investigadoras independientes. Fue inspirado como continuidad del Seminario “Honrando Nuestras Raíces Culturales: Arqueomitología y ciencia Ciudadana” realizado del 3 al 6 de junio de 2024 en Cahuita, Talamanca, Limón, Costa Rica. Fue organizado por el Centro Comunitario de Buceo Embajadores del Mar, el Instituto de Ciencias Ciudadanas del Mar (INMAR CARIBE), el Festival del Mar, la Sede Caribe de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Internacional Instituto de Arqueomitología (IAM) con sede en California, EUA.
Memoria del Seminario, 2024
El evento incluyó ricos diálogos sobre nuestras formas de vida tradicionales en Talamanca y en otras regiones culturales nacionales e internacionales relevantes para las expresiones culturales de vida ancestrales y actuales en las experiencias de las mujeres y sus comunidades en sus contextos actuales.
Ha desarrollado conferencias en la web, ha participado en encuentros nacionales e internacionales en Mexico y en Holanda con mujeres y hombres de diversas culturas, ha hecho visitas a los museos nacionales en Costa Rica, en México y en museos descolonizados en Francia y en Holanda, promueve actualmente varias investigaciones académicas y comunitarias en epistemologías feministas del saber y tiene varios libros pendientes para su publicación.
Su más reciente actividad fue la visita el pasado 17 de junio a Agua Caliente en Cartago, una memorable experiencia de encuentro dialógico entre el conocimiento ancestral y la ciencia académica cuando mujeres indígenas bribri, cabécar y ngäbe visitaron e interactuaron con arqueólogos y arqueólogas que realizan una excavación en un asentamiento precolombino y otros sitio de cacicazgo sin escarbar todavía. En su diálogo ente el conocimiento ancestral en Costa Rica (accesible solo solicitando acceso), ellas y otras investigadoras académicas y consultoras independientes concretaron el encuentro de la ciencia académica con el conocido ancestral en el terreno; un terreno precolombino que se convirtió por unas horas en una escuela de saberes compartidos entre ambas formas de conocimiento.
Ngabe Eulalia Thoms y Bribri Mauricia Vargas, parte de delegación indígena, académicas, consultoras y activistas que visitaron excavación precolombina en Agua Caliente, Cartago. Fotos de Marcelo Gómez, 17/07/2026
Jóvenes Guardianes del Océano de Gandoca-Manzanillo: Empoderando a una nueva generación de custodios ambientales, culturales y marinos
La afrodescendiente Karla Taylor organiza un proyecto piloto en Gandoca-Manzanillo, región de extraordinario valor natural, cultural e histórico. Sus ecosistemas marinos, bosques, paisajes costeros y patrimonio comunitario representan una oportunidad para crear un modelo de desarrollo sostenible en el que la conservación, la educación y el empoderamiento local trabajen en conjunto. Aunque los niños y jóvenes crecen rodeados de este entorno increíble, carecen de amplias oportunidades para explorar, comprender y desarrollar un vínculo personal y colectivo con el océano, el bosque y la historia cultural de su propia comunidad.
Esta iniciativa busca transformar dicha relación contribuyendo a conformar una nueva generación de jóvenes custodios: niños y jóvenes que se conviertan en «Guardianes del Océano, el Bosque y el Patrimonio de Gandoca-Manzanillo» mediante una experiencia educativa transformadora basada en su conexión con la biodiversidad y la cultura costero-marina ancestral. Se desarrolla mediante la exploración marina, la educación ambiental, la preservación cultural, el desarrollo de liderazgo, la participación comunitaria, la recopilación de relatos orales de los mayores, la capacitación en turismo sostenible y la expresión artística para compartir sus conocimientos y vivencias en el proyecto; todo ello reconociendo que la conservación implica investigar, compartir y proteger las historias y los lugares que han dado forma al patrimonio cultural de la comunidad.
De izquierda a derecha Marianita Harvey Chavarria y Karla Taylor en el inicio del curso buceo scuba del CCBEEM. Foto Pete Stephens, 3/06/26
Contacto: Karla Taylor o Marianita Harvey Chavarria
Representantes del pueblo Bribri de Talamanca alertaron sobre el conflicto que ha generado dentro del territorio la negociación de un convenio relacionado con mercados de carbono y reiteraron que cualquier decisión sobre el uso y manejo de los bienes naturales debe respetar la libre determinación, la consulta y los mecanismos propios de gobierno indígena.
Las declaraciones fueron realizadas durante el programa Voces y Política de Radio Universidad, el pasado miércoles 8 de julio, dedicado a analizar la situación que vive actualmente el territorio indígena Bribri de Talamanca, a partir del debate sobre los mercados de carbono y los desafíos que enfrenta la autonomía indígena frente a nuevas presiones sobre el territorio.
Durante el programa, el educador y dirigente del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Emanuel Buitrago Páez, señaló que la discusión no gira únicamente alrededor de un conflicto o contrato específico, sino sobre el derecho de las comunidades a decidir el futuro de su territorio.
«Lo que nosotros hemos defendido históricamente es nuestro proyecto de vida. Ese proyecto de vida está constituido por la tierra, los bosques, los ecosistemas, los ríos, nuestras formas de producción, nuestra alimentación y nuestras expresiones culturales.»
Buitrago explicó que, históricamente, Talamanca ha enfrentado distintas presiones vinculadas a intereses petroleros, madereros, hidroeléctricos y, más recientemente, a mecanismos de mercado asociados al carbono. En ese contexto, cuestionó que continúen impulsándose iniciativas sin que exista información suficiente ni procesos adecuados de consulta con las comunidades.
Asimismo, recordó que la Asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena Bribri de Talamanca (ADITIBRI) había eliminado en 2025 la posibilidad de negociar nuevos contratos relacionados con mercados de carbono y que, tras reabrirse la discusión este año, la Asamblea acordó la destitución de la Presidencia de la Asociación.
«La posición que han sostenido las comunidades ha sido muy clara: cualquier decisión de esta naturaleza debe ser informada, consultada y respetar plenamente el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.»
Por su parte, la lideresa indígena Faustina Torres destacó que el pueblo Bribri mantiene estructuras propias de organización y autoridades tradicionales que continúan orientando la vida comunitaria y la defensa del territorio.
«La comunidad es la que decide; la comunidad vela por los principios de la colectividad y por los derechos propios», afirmó, al explicar que la representación jurídica no sustituye las decisiones colectivas que corresponden al pueblo.
Torres también manifestó su preocupación por los efectos que estas disputas generan dentro del territorio y advirtió sobre las consecuencias sociales y culturales de las campañas de desinformación.
«Actualmente es muy triste ver a mi pueblo dividido, defendiendo intereses alejados de la verdad. Como indígenas tenemos que fortalecer nuestra forma de vivir, de pensar y de sentir esta realidad.»
La lideresa recordó que las amenazas sobre Talamanca no son nuevas y forman parte de una larga historia de defensa territorial frente a intereses externos.
«Así como nuestros mayores y nuestros ancestros lucharon para mantener este territorio y nuestra cultura, también nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo.»
Las personas participantes coincidieron en que el debate actual trasciende el tema de los mercados de carbono y plantea preguntas fundamentales sobre la autonomía indígena, la representación, el derecho a la consulta y la defensa del proyecto de vida del pueblo Bribri.
El Programa Voces y Políticaes una producción conjunta de la Escuela de Ciencias Políticas, el Observatorio de la Política Internacional, la Escuela de Estudios Generales y el Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Para conocer las entrevistas completas y el contexto del debate puede consultarse la edición correspondiente del programa Voces y Política: https://www.youtube.com/watch?v=0ROQEsLmXY8
Programa Kioscos Socioambientales Universidad de Costa Rica
Imelda Fernández Reyes es una gestora local originaria del territorio indígena Cabécar de Talamanca. En 2022, se graduó del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios, impartido por el Programa de Gestión Local de la UNED. Madre y abuela, Imelda se ha destacado como una líder ejemplar, caracterizada por su mística de trabajo, disciplina y constancia.
Desde la fundación de la Asociación de Mujeres Kábata Könana en 2016, ha sido una persona fundamental en la organización, y actualmente se desempeña como presidenta de su junta directiva. La misión esencial de Kábata Könana es impulsar el empoderamiento femenino como una condición indispensable para consolidar sociedades igualitarias, fundadas en la justicia social y los valores democráticos.
Actualmente, la asociación agrupa a 247 mujeres de las 9 comunidades del territorio Cabécar en Talamanca. Este espacio nació con el propósito de promover el desarrollo económico, social y ambiental con una profunda pertinencia cultural. Es precisamente en este entorno donde Imelda ha puesto en práctica todos los conocimientos y experiencias adquiridos durante su formación técnica.
A lo largo de su trayectoria, ha liderado y colaborado en la organización de múltiples ferias, talleres, encuentros y conversatorios comunitarios enfocados en la soberanía alimentaria, la protección de los bienes naturales, el ecoturismo, el rescate de las tradiciones, la cosmovisión, la agronomía sostenible y la gastronomía milenaria. Entre sus iniciativas destacan la coordinación de los juegos y deportes ancestrales indígenas anuales, su participación en el estanco indígena de trueque virtual productivo y el impulso al programa de energía solar.
Gracias a este esfuerzo colectivo, en 2021 la asociación fue galardonada con el prestigioso Premio Ecuatorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un reconocimiento otorgado por implementar soluciones locales e innovadoras que hacen frente a la pérdida de biodiversidad y al cambio climático en favor del desarrollo local.
El ciudadano y activista ambiental Marco Vinicio Levy Virgo presentó un requerimiento formal ante diversas instituciones públicas para que adopten medidas inmediatas en relación con el denominado Proyecto Puket, ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y para que se declare la nulidad absoluta de cualquier acto administrativo que haya permitido intervenciones en el área desde el año 2011.
La gestión, dirigida al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Municipalidad de Talamanca y a la Contraloría General de la República, se fundamenta en un informe técnico elaborado por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) tras una inspección realizada en abril de 2011.
Según el documento presentado por Levy Virgo, el informe técnico TAA-DT-0048-011 constituye una prueba oficial del propio Estado que determinó hace más de una década que la propiedad inspeccionada se encuentra dentro de los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, que parte de los terrenos corresponden al Patrimonio Natural del Estado y a zona restringida de la zona marítimo-terrestre, y que en el sitio existían condiciones de bosque y humedal.
El informe también documentó alteraciones ambientales significativas, entre ellas la corta de sotobosque, la construcción de canales de drenaje, la introducción de pastos y especies exóticas y la preparación de terrenos para cambios de uso de suelo en aproximadamente 9,1 hectáreas.
De acuerdo con la exposición presentada, el informe técnico del Tribunal Ambiental Administrativo concluyó que el área afectada conserva características propias de bosque y humedal, pese a las intervenciones realizadas, y que parte de las acciones observadas respondían a prácticas recurrentes en la región para transformar ecosistemas naturales en terrenos aptos para otros usos.
Con base en estos hallazgos, Levy sostiene que las instituciones públicas contaban desde 2011 con información suficiente para actuar en defensa del área protegida y que la falta de acciones efectivas durante más de una década podría generar responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales para las autoridades competentes de distintas épocas.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la paralización inmediata de cualquier obra o actividad en el área objeto del informe, la adopción de medidas cautelares por parte del SINAC, la reactivación o continuación de procedimientos administrativos en el Tribunal Ambiental Administrativo, la revisión de eventuales servicios públicos brindados en la zona y una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre posibles omisiones institucionales.
Asimismo, el documento plantea la solicitud de declarar la nulidad absoluta de cualquier permiso, autorización, concesión o acto administrativo emitido con posterioridad al informe técnico de 2011 que haya permitido construcciones, cambios de uso del suelo, infraestructura u otras intervenciones en el área analizada.
La gestión forma parte de una serie de acciones ciudadanas relacionadas con la protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, donde distintos sectores han venido cuestionando actuaciones estatales y decisiones administrativas vinculadas con el manejo de territorios protegidos, humedales y zonas de patrimonio natural.
En su escrito, Levy Virgo solicita respuestas institucionales dentro de plazos específicos y advierte que, de no obtenerlas, se reserva el derecho de acudir a distintas vías legales y administrativas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de protección ambiental establecidas en el ordenamiento jurídico costarricense.
SURCOS ha dado seguimiento durante los últimos meses a diversas gestiones, denuncias y resoluciones relacionadas con la protección ambiental en Gandoca-Manzanillo, un territorio que continúa generando debate nacional por la conservación de sus ecosistemas, humedales y áreas protegidas.
Marco Levy Virgo presentó ante la Sala Constitucional un nuevo documento probatorio dentro del expediente 14-019174-0007-CO, mediante el cual solicita que se incorpore al proceso una certificación oficial de la Municipalidad de Talamanca que registra la aprobación de 209 permisos de uso de suelo en la zona marítimo-terrestre comprendida entre Cocles y Manzanillo entre los años 2014 y 2019.
Según el escrito remitido al magistrado instructor Fernando Cruz Castro, la certificación municipal detalla los nombres de las personas físicas y jurídicas beneficiarias, las fechas de aprobación y la ubicación de cada uno de los permisos otorgados dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y del Sitio Ramsar 783.
El documento sostiene que la mayoría de los permisos fueron otorgados a sociedades mercantiles y desarrollos vinculados a actividades turísticas e inmobiliarias, mientras que una proporción menor corresponde a personas físicas. A juicio del recurrente, ello contradice el propósito de las normas que buscaban proteger a las comunidades tradicionales del Caribe Sur.
En su gestión ante la Sala Constitucional, Levy argumenta que la existencia de estos permisos ha favorecido procesos de urbanización que han generado impactos ambientales significativos dentro de un área protegida de importancia nacional e internacional.
Entre las afectaciones señaladas se mencionan la contaminación lumínica que afecta los sitios de anidación de tortugas marinas, la presencia de animales domésticos que depredan fauna silvestre, la desaparición de humedales y bosques costeros por procesos de urbanización, así como la ausencia de estudios de impacto ambiental previos para muchas de las intervenciones realizadas.
El escrito incorpora además un análisis técnico-ambiental que advierte sobre los efectos de la eliminación de vegetación nativa, el relleno de humedales para habilitar accesos vehiculares y la fragmentación de ecosistemas dentro del Refugio Gandoca-Manzanillo.
Asimismo, cuestiona la actuación de las instituciones responsables de la protección ambiental, señalando una supuesta omisión en las labores de vigilancia y fiscalización frente a actividades que habrían afectado ecosistemas protegidos.
Con base en estos elementos, el recurrente solicita a la Sala Constitucional admitir la certificación municipal como prueba documental relevante, analizar la legalidad de los permisos otorgados, adoptar medidas cautelares preventivas y valorar acciones orientadas a la protección y restauración de los ecosistemas afectados.
La certificación aportada fue emitida por la Secretaría del Concejo Municipal de Talamanca el 25 de enero de 2019 y registra 209 expedientes de permisos de uso de suelo aprobados por el gobierno local entre marzo de 2014 y enero de 2019 en distintas localidades de la zona comprendida entre Cocles, Playa Chiquita, Punta Uva y Manzanillo.
El ambientalista limonense Marco Levy Virgo presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y el Concejo Municipal de Talamanca, en la que acusa una “destrucción sistemática, deliberada, acelerada e irreversible” del Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra de Puerto Viejo, en el Caribe Sur.
La denuncia, identificada como MLV-00164-2026 y fechada el 9 de mayo de 2026, sostiene que desde el año 2005 existe un expediente penal abierto por presuntas afectaciones al humedal, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna. Según el documento, durante más de dos décadas se habría consolidado una urbanización progresiva del ecosistema mediante rellenos, tala, drenajes y construcciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios.
Levy Virgo afirma que en los últimos años la situación se ha intensificado y denuncia el ingreso cotidiano de camiones con escombros y materiales de relleno al humedal, así como la utilización de maquinaria para modificar el ecosistema. También cuestiona la actuación de instituciones públicas, particularmente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la Municipalidad de Talamanca.
Uno de los principales señalamientos del denunciante es que el informe técnico oficial “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, elaborado por el SINAC en junio de 2021, habría permanecido fuera del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) mientras continuaban otorgándose permisos de construcción dentro del ecosistema.
El estudio técnico citado, elaborado por el Área de Conservación Central del SINAC, concluye que en la Zona Marítimo Terrestre del litoral de Talamanca existen 13 polígonos identificados como humedales palustrinos, que abarcan aproximadamente 165 hectáreas, equivalentes al 34% de la superficie total de la ZMT analizada.
En particular, el informe describe la llanura costera Río Carbón–Puerto Viejo como un sector de humedales con más de 42 hectáreas distribuidas en varios polígonos. El documento señala la presencia de suelos hidromórficos, drenaje lento o nulo, riesgo severo de inundación y vegetación hidrófila característica de ecosistemas de humedal.
La investigación técnica también documenta observaciones de campo relacionadas con construcciones, lotificaciones, caminos y rellenos en sectores identificados como humedal. Entre las anotaciones se mencionan “construcción ilegal”, “camino en construcción”, “relleno”, “lotificación” y “construcciones y lotificación en humedal”.
Según el informe del SINAC, estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas esenciales relacionadas con el control de inundaciones, filtración y retención de agua, estabilidad costera y conservación de biodiversidad. El documento destaca además la importancia del área para especies de flora y fauna propias de humedales del Caribe Sur, incluyendo yolillo, sangrillo, cativo, aves acuáticas, reptiles y mamíferos.
En respuesta a una denuncia anterior presentada por Levy Virgo, el Programa Nacional de Humedales del SINAC confirmó mediante la carta oficial CARTA-SINAC-SE-DE-PNH-0017-2026 que existe una causa penal abierta desde 2005 por presuntas afectaciones al Humedal Río Carbón, expediente que se tramita bajo el número 05-001155-0597-PE.
En dicha respuesta, el SINAC indicó que continuará colaborando con la Fiscalía Ambiental y otras autoridades judiciales mediante peritajes técnicos, inspecciones y aportes de información institucional cuando sean requeridos formalmente. Asimismo, señaló que la información disponible sobre el humedal puede consultarse en el Registro Nacional de Humedales y el visor del SNIT.
En su más reciente denuncia, Levy Virgo solicita medidas cautelares inmediatas para detener toda actividad dentro del humedal, así como la realización de una pericia ambiental integral y georreferenciada por parte del Departamento de Biología Forense del OIJ. También pide investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y coordinar acciones para la recuperación ecológica del ecosistema.
Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.
El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.
Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.
Arrecife El Chino
Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.
El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.
Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.
El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.
Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.
Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.
“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.
Arrecife Punta Uva
Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.
Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos
Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.
Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.
En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.
Fotos: Arrecife El Chino -Ana-Arenas Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar
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