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Etiqueta: Talamanca

Denuncia señala destrucción sistemática del Humedal Río Carbón en Playa Negra y cuestiona omisión institucional

El ambientalista limonense Marco Levy Virgo presentó una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial y el Concejo Municipal de Talamanca, en la que acusa una “destrucción sistemática, deliberada, acelerada e irreversible” del Humedal Río Carbón, ubicado en Playa Negra de Puerto Viejo, en el Caribe Sur.

La denuncia, identificada como MLV-00164-2026 y fechada el 9 de mayo de 2026, sostiene que desde el año 2005 existe un expediente penal abierto por presuntas afectaciones al humedal, sin que hasta la fecha se haya emitido resolución alguna. Según el documento, durante más de dos décadas se habría consolidado una urbanización progresiva del ecosistema mediante rellenos, tala, drenajes y construcciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios.

Levy Virgo afirma que en los últimos años la situación se ha intensificado y denuncia el ingreso cotidiano de camiones con escombros y materiales de relleno al humedal, así como la utilización de maquinaria para modificar el ecosistema. También cuestiona la actuación de instituciones públicas, particularmente del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y de la Municipalidad de Talamanca.

Uno de los principales señalamientos del denunciante es que el informe técnico oficial “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, elaborado por el SINAC en junio de 2021, habría permanecido fuera del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT) mientras continuaban otorgándose permisos de construcción dentro del ecosistema.

El estudio técnico citado, elaborado por el Área de Conservación Central del SINAC, concluye que en la Zona Marítimo Terrestre del litoral de Talamanca existen 13 polígonos identificados como humedales palustrinos, que abarcan aproximadamente 165 hectáreas, equivalentes al 34% de la superficie total de la ZMT analizada.

En particular, el informe describe la llanura costera Río Carbón–Puerto Viejo como un sector de humedales con más de 42 hectáreas distribuidas en varios polígonos. El documento señala la presencia de suelos hidromórficos, drenaje lento o nulo, riesgo severo de inundación y vegetación hidrófila característica de ecosistemas de humedal.

La investigación técnica también documenta observaciones de campo relacionadas con construcciones, lotificaciones, caminos y rellenos en sectores identificados como humedal. Entre las anotaciones se mencionan “construcción ilegal”, “camino en construcción”, “relleno”, “lotificación” y “construcciones y lotificación en humedal”.

Según el informe del SINAC, estos ecosistemas cumplen funciones ecológicas esenciales relacionadas con el control de inundaciones, filtración y retención de agua, estabilidad costera y conservación de biodiversidad. El documento destaca además la importancia del área para especies de flora y fauna propias de humedales del Caribe Sur, incluyendo yolillo, sangrillo, cativo, aves acuáticas, reptiles y mamíferos.

En respuesta a una denuncia anterior presentada por Levy Virgo, el Programa Nacional de Humedales del SINAC confirmó mediante la carta oficial CARTA-SINAC-SE-DE-PNH-0017-2026 que existe una causa penal abierta desde 2005 por presuntas afectaciones al Humedal Río Carbón, expediente que se tramita bajo el número 05-001155-0597-PE.

En dicha respuesta, el SINAC indicó que continuará colaborando con la Fiscalía Ambiental y otras autoridades judiciales mediante peritajes técnicos, inspecciones y aportes de información institucional cuando sean requeridos formalmente. Asimismo, señaló que la información disponible sobre el humedal puede consultarse en el Registro Nacional de Humedales y el visor del SNIT.

En su más reciente denuncia, Levy Virgo solicita medidas cautelares inmediatas para detener toda actividad dentro del humedal, así como la realización de una pericia ambiental integral y georreferenciada por parte del Departamento de Biología Forense del OIJ. También pide investigar eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y coordinar acciones para la recuperación ecológica del ecosistema.

Caribe Sur impulsa taller comunitario para conocer y monitorear arrecifes de coral

Iniciativa combinará formación virtual y trabajo práctico en el mar para fortalecer la ciencia ciudadana y la protección del arrecife El Chino y otros ecosistemas coralinos de Talamanca.

El Caribe Sur de Costa Rica será escenario de un nuevo proceso comunitario de formación y sensibilización en la protección de los arrecifes de coral. Se trata de un taller abierto a personas de todo el país que combinará sesiones virtuales con salidas prácticas al mar, priorizando la participación de comunidades locales de Talamanca.

Las actividades virtuales se desarrollarán durante el mes de mayo, mientras que las jornadas prácticas de monitoreo y trabajo en arrecifes se realizarán entre finales de mayo y durante junio en distintos puntos del Caribe Sur. Estas actividades incluirán recorridos y ejercicios de observación en ecosistemas coralinos de la zona.

Arrecife El Chino

Participación. Se han matriculado más de 150 personas de distintas regiones del país, pero en las sesiones prácticas tendrán prioridad las personas del Caribe Sur, buscando fortalecer una red comunitaria de observadores ambientales que pueda dar seguimiento permanente a la situación crítica de los arrecifes de la región.

El cupo inicialmente previsto para el taller ya fue ampliamente rebasado debido al alto interés generado desde distintas regiones del país. Sin embargo, la modalidad virtual ha permitido ampliar la participación e incorporar a más personas de las previstas originalmente. Además, las actividades no tienen ningún costo para las personas participantes.

Contenidos. La iniciativa busca fortalecer la ciencia ciudadana y brindar herramientas para que vecinos, organizaciones y personas interesadas puedan involucrarse activamente en el monitoreo y conservación de ecosistemas marinos amenazados por el cambio climático, el blanqueamiento coralino y distintos proyectos de infraestructura costera, entre otros factores.

El taller abordará temas como ecología de arrecifes, identificación de especies emblemáticas del Caribe Sur -entre ellas Acropora palmata, Montastraea y Porites spp.-, así como protocolos comunitarios para monitorear la salud coralina, registrar procesos de blanqueamiento y documentar amenazas ambientales.

Las personas participantes también conocerán herramientas prácticas de ciencia ciudadana para generar información útil en procesos locales de conservación y toma de decisiones ambientales.

Además del componente científico, el proceso busca reforzar la relación entre conservación marina, territorio y comunidades locales, reconociendo el enorme valor ecológico, cultural y económico que tienen estos ecosistemas para la región.

“El objetivo es que la protección de los arrecifes no quede solo en manos de especialistas o instituciones, sino que las propias comunidades puedan participar activamente en su monitoreo y defensa”, señalaron las personas organizadoras.

Arrecife Punta Uva

Organización. La actividad está siendo organizada por el colectivo Costa Rica por el Océano, junto con los proyectos de acción social Programa Voces y Política de la Escuela de Ciencias Políticas y Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía, ambos vinculados al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica.

Las organizaciones impulsoras también están valorando abrir una nueva promoción del proceso formativo, especialmente orientada a facilitar la participación de más personas de Talamanca interesadas en involucrarse en el monitoreo y protección de arrecifes coralinos

Ana María Arenas, instructora de buceo, integrante de Costa Rica por el Océano, cumple su cuarto año impartiendo talleres de monitoreo de corales y gestión comunitaria en ciencia ciudadana. Con experiencia en conservación marina, arqueología subacuática comunitaria y procesos de formación comunitaria, actualmente trabaja en proyectos como Reflejos del Mar, junto a Diego Miranda y Gloriana Turcios, enfocado en fotografía comunitaria subacuática, y Arrecife Sonoro, junto a Claudia Campos y Anja Ludewig, una iniciativa que explora el sonido de los arrecifes de coral y su importancia para los ecosistemas marinos.

Contexto. La actividad se inserta en una trayectoria más amplia de organización y defensa ambiental impulsada por comunidades y organizaciones del Caribe Sur en torno a la protección de los arrecifes coralinos y ecosistemas costeros.

En años recientes se han desarrollado diagnósticos comunitarios sobre blanqueamiento de corales, campañas de sensibilización y procesos de monitoreo participativo, entre ellos la defensa del arrecife. Uno de los antecedentes más relevantes fue la evaluación comunitaria de salud ambiental realizada junto al Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica, así como un pronunciamiento conjunto de organizaciones locales frente al proyecto de atracadero en Puerto Viejo, el cual generó preocupación por posibles impactos sobre el arrecife.

Fotos:
Arrecife El Chino -Ana-Arenas
Arrecife Punta Uva-Marco-Salazar

Cahuita no se divide: se defiende unido

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Mensaje para toda la comunidad de Cahuita.

La carrera por el protagonismo siempre es de corto plazo:

Mucho ruido hoy, grandes consecuencias mañana.

Sobre la ZMT, el PRC y la Declaratoria Tribal de Cahuita, mi posición es pública desde hace más de 13 años, y todos los actores del tema la conocen.

Y lo repito: Ya ganamos la parte legal.

La Sentencia 25-029985 de la Sala IV ordenó a la Municipalidad de Talamanca realizar la Consulta Previa del PRC al Pueblo Tribal de Cahuita en 3 meses.

Ahora el reto no es discutir…

Es cumplir.

Y eso le toca a:

  • La Municipalidad
  • El Foro Tribal Afrocostarricense
  • La ADIC
  • Y especialmente a nosotros como comunidad.

 No repitamos la tragedia de Buenos Aires, Puntarenas.

En Buenos Aires, un cantón indígena, el divisionismo étnico se prestó para desvirtuar el derecho de consulta indígena, dejando como benefactor al Estado que hizo lo que le vino en gana, y a los indígenas con un saldo de:

  • dos muertos
  • decenas de heridos
  • manipulación política
  • comunidades enfrentadas

Todo comenzó igual que aquí:

Reuniones excluyentes, “sólo para ciertas etnias” (Bribri o Cabécar) y cada uno por separado “para mantener la pureza étnica”, usando así la identidad como arma.

Ese camino siempre termina mal.

El racismo disfrazado de “orgullo étnico” sigue siendo racismo.

Lo que pasó en Cahuita —negar entrada a vecinos por color de piel o por su ascendencia—

No es orgullo tribal.

No es cultura.

No es protección.

Es racismo, y Cahuita nunca ha sido un pueblo racista.

Aquí hemos convivido por generaciones:

Afrodescendientes, chinos, judíos, árabes, indígenas, mestizos y quienes llegaron con respeto y se integraron con amor.

Esa mezcla es nuestra verdadera fuerza.

La declaratoria tribal no es licencia para excluir:

La Declaratoria Tribal se creó para defender derechos, no para atacar a los vecinos.

Para consultar al Estado, no para pelear entre nosotros.

Para proteger la identidad afrodescendiente, no para expulsar a quienes han hecho de Cahuita su hogar durante décadas.

Nuestra guía debe ser esta: No hacerle al prójimo lo que no queremos que nos hagan.

Con esa simple verdad,

Cahuita seguirá avanzando unido, fuerte y digno.

No dejemos que el fanatismo nos robe lo que tanto nos ha costado ganar.

ACUDHECA vigila cumplimiento de la orden de consulta tribal afrocostarricense del Plan Regulador Costero de Cahuita

Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

La Asociación para la Promoción de la Cultura y los Derechos Humanos de la Población de Cahuita y Afines (ACUDHECA) informó que ha remitido una carta formal a la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC) con el propósito de garantizar la representación legítima del Pueblo Tribal Afrodescendiente de Cahuita en el proceso de consulta ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

El pronunciamiento de ACUDHECA se realiza en el marco del cumplimiento de la Resolución N.º 2025-029985, emitida el 19 de septiembre de 2025 por la Sala Constitucional en el expediente N.º 23-027898-0007-CO (Recurso de amparo), que ordena a la Municipalidad de Talamanca realizar una consulta previa, libre e informada con la comunidad tribal afrocostarricense sobre el Plan Regulador Costero (PRC) del distrito de Cahuita.

Garantizar legitimidad y autodeterminación

La carta enviada por Bernardo Archer Moore, en su condición de presidente de ACUDHECA y afiliado a la ADIC, solicita verificar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP, del 5 de mayo de 2022, que reconoce el autorreconocimiento del pueblo afrodescendiente como pueblo tribal y establece la obligación del Estado de realizar procesos de consulta conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento recuerda que, según la resolución constitucional, la ADIC tiene la responsabilidad legal de integrar la representación tribal de la comunidad de Cahuita y garantizar elecciones legítimas de sus representantes. Además, subraya que ninguna autoridad, institución o persona puede arrogarse la representación del pueblo tribal sin haber sido elegida conforme a sus tradiciones y principios de autodeterminación.

Defensa de los derechos históricos

ACUDHECA enfatiza que la consulta previa, libre e informada debe realizarse dentro del plazo de tres meses, con carácter vinculante para las autoridades municipales, y en respeto al principio de participación efectiva de la comunidad afrodescendiente.

La organización reitera que el reconocimiento del territorio tribal afrodescendiente no constituye una concesión del Estado, sino la continuidad jurídica de un derecho preexistente, conforme a los artículos 33 y 45 de la Constitución Política y los compromisos internacionales de Costa Rica en materia de igualdad y no discriminación racial.

“A Dios rezando y con el mazo dando — un pueblo que no se rinde ni se vende”, expresó Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA.

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Grupos ambientalistas y comunitarios rechazan el proyecto de atracadero en Puerto Viejo

  • Falta de información y transparencia

  • Tercer intento en la misma zona arrecifal

  • La prioridad debe ser la educación y la inversión social

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) anunció la aprobación de un nuevo proyecto de atracadero vecinal en Puerto Viejo de Talamanca, con una inversión de ₡950 millones. Sin embargo, grupos de mujeres, ambientalistas y comunitarios expresamos nuestra profunda preocupación ante los antecedentes de proyectos fallidos y los riesgos que esta obra representa para el ecosistema marino.

Ver más información y fotos: https://docs.google.com/document/d/1Swk_PpKfmGK702J7RkbuzfPiu5D_lUaz/edit#heading=h.d842bh3pzfel

Talamanca: Municipalidad cobra permisos mientras la naturaleza se derrumba

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.

Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.

El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.

Puede leer la nota completa en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/municipalidad-cobra-permisos-mientras-la-naturaleza-se-derrumba/

Conversatorio en Talamanca: Mecanismos de compensación de emisiones de carbono bajo la lupa comunitaria

Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.

En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.

La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.

El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.

En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.

Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.

Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.

Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.

Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.

Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.

Para acceder a la información completa diríjase al siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/conversatorio-en-talamanca-mecanismos-de-compensacion-de-emisiones-de-carbono-bajo-la-lupa-comunitaria/

Wolaba Parade 2025: “Back to the Roots” vuelve a Puerto Viejo del 21 al 23 de agosto

El Caribe Sur se prepara para la onceava edición del Wolaba Parade, que este año celebra el lema “Big Parade: Back to the Roots”. Durante tres días, 21, 22 y 23 de agosto, Puerto Viejo de Talamanca vivirá una fiesta de música, gastronomía, memoria afro y comunidad. El corazón del encuentro será el Parque de Puerto Viejo y la tarima central del campo ferial.

Programa

Jueves 21 de agosto – Desde las 12 m.d., actividades para niños y niñas.

  • Glenda Brown
  • Puerta Vieja
  • Rumba y Son
  • Sabor y Más
  • Mezzopiano
  • Mezzopiano & Jan Felix
  • EleNa Umaña
  • DJ Acon

Viernes 22 de agosto – Desde las 12 m.d., actividades para niños y niñas.

  • Sage Monroe
  • Luna May Fashion Show
  • Limón National Band & Kawe Calypso
  • Plan B
  • Elite Band con invitados:
  • Mike Joseph
  • A Roar Talawa
  • Shell Dixon
  • La Solución (plato fuerte de la noche)

Sábado 23 de agosto – Conciertos a partir de las 6 p.m., después del desfile.

  • Zamok
  • Chacra y su Calypso Caliente
  • Shani & The Dance Tribe
  • Elite Band con invitados:
  • Ras Zacharri
  • Jahricio
  • Ghettox
  • Un Rojo Reggae Band (cierre oficial del festival).

El Wolaba Parade se realiza en el Mes Histórico de la Afrodescendencia y es un esfuerzo hecho por y para la comunidad de Puerto Viejo, con actividades familiares que reivindican raíces, memoria y cultura viva.

Posibles riesgos para derechos tribales y comunidades costeras en caso de recurso de amparo en Matina

Un recurso de amparo se tramita presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Matina y su alcalde Walter Céspedes (Exp. No. 25-020575-0007-CO). La solicitud busca obtener copia oficial del mapa del denominado pueblo tribal del cantón, así como información sobre las acciones municipales para garantizar el respeto a los derechos territoriales de la población afrocostarricense.

Este pueblo fue reconocido formalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y cuenta con protección internacional bajo el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La gestión se desarrolla en un contexto en el que persisten denuncias y temores sobre la usurpación de tierras ancestrales afrodescendientes y presunto tráfico de influencias para apropiarse de esos territorios.

Posibles efectos de una eventual jurisprudencia

De llegar a emitirse una sentencia vinculante, esta podría derivar en la elaboración de un plano oficial del pueblo tribal que excluya los 200 metros de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), las áreas declaradas como Parques Nacionales y equivalentes (PNE) y los humedales protegidos.

Si bien una delimitación así representaría un precedente para la protección ambiental, también podría ser utilizada para acelerar la implementación de Planes Reguladores Costeros (PRC) en otros cantones, incluido Talamanca, con consecuencias graves para las comunidades costeras: desalojos y demoliciones en la franja pública de 50 metros de la ZMT, y concesionamiento de los 150 metros restantes sin reconocimiento efectivo de posesiones históricas y ancestrales.

Un delicado equilibrio

Este caso pone en evidencia la tensión entre la defensa de los derechos de pueblos tribales y la aplicación de normativas de ordenamiento territorial que podrían afectar la permanencia de comunidades históricas, como las del distrito de Cahuita.

Ante este panorama, Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA hace un llamado a un análisis prudente y consciente de que una resolución en favor del recurso podría atender varios asuntos de interés público, pero también generar efectos adversos sobre la continuidad histórica y cultural de las comunidades costeras afrodescendientes.