El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR destaca: Las recientes actuaciones de la Municipalidad de Talamanca muestran un patrón preocupante: las clausuras y operativos en la zona costera no buscan frenar el daño ambiental, sino regularizar permisos y garantizar pagos. Esto confirma que la recaudación fiscal se ha convertido en el verdadero motor de la gestión municipal.
Casos como los ocurridos en Flor de China y Beach Break evidencian que, aun en terrenos públicos o con órdenes de demolición, basta con tener permisos al día para continuar construcciones que afectan playas, quebradas y humedales. En ninguno de los casos el enfoque estuvo en la conservación, sino en la formalidad del trámite.
El resultado es un modelo territorial que legitima construcciones ilegales y rellenos en ecosistemas frágiles, mientras se incrementa la presión inmobiliaria y turística. En la práctica, la naturaleza queda reducida a un requisito burocrático, relegada frente a los intereses económicos.
Comunidades indígenas de Talamanca profundizan en el debate sobre los mecanismos de compensación de emisiones de carbono y sus impactos en la autonomía territorial. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) ha publicado un artículo que recoge el conversatorio realizado a petición de la comunidad de Alto Cohen.
En el conversatorio se analizaron en colectivo el Plan Ambiental Forestal Territorial (PAFT) y el Contrato de Reducción de Emisiones Forestales (CREF), destacando los cuestionamientos sobre consulta previa, soberanía y las condiciones impuestas por estos instrumentos.
La actividad reunió a personas líderes, mayores y vecinas de Alto Cohen, Barrio Escalante y del territorio bribri, con el fin de desmenuzar de manera colectiva los aspectos técnicos, legales y culturales de estos instrumentos, así como sus impactos en la autonomía comunitaria.
El PAFT es un requisito para que los territorios indígenas accedan a fondos internacionales destinados a la conservación de bosques bajo la iniciativa REDD+. Una vez aprobado, abre la posibilidad de suscribir un CREF, que formaliza la venta de servicios ambientales como la captura de carbono a cambio de financiamiento.
En Costa Rica, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), adscrito al MINAE, administra estos contratos y canaliza los recursos. Sin embargo, las cláusulas del CREF establecen restricciones estrictas sobre los usos del bosque y obligan a las comunidades a vigilar y sancionar actividades contrarias a lo pactado.
Durante el conversatorio se cuestionó la validez de los procesos de consulta que dieron origen a estos instrumentos. Voces comunitarias señalaron que la participación fue limitada, sin acceso pleno a información clara ni condiciones de traducción y contextualización cultural.
Esto ha generado conflictos internos y tensiones con las asociaciones de desarrollo que firmaron los contratos, en detrimento del derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Las personas participantes coincidieron en que el financiamiento condicionado puede restringir usos tradicionales como la cacería, la agricultura y el aprovechamiento de madera, debilitando las formas históricas de gestión territorial de los pueblos bribríes y cabécares.
Para las comunidades, la conservación no puede desligarse de la soberanía sobre el territorio, ni reducir los bosques a meros “servicios ambientales” mercantilizados.
Otro punto de debate fue el rol de las asociaciones de desarrollo indígena, señaladas por tomar decisiones sin un mandato comunitario claro y por no garantizar transparencia en el manejo de los recursos. Se planteó la urgencia de democratizar la información y asegurar procesos amplios de socialización antes de suscribir cualquier acuerdo que afecte a los territorios.
Finalmente, se alertó sobre la incorporación de los PAFT y CREF en lo que se denomina falsas soluciones climáticas: mecanismos que permiten a empresas y países contaminantes comprar compensaciones, en lugar de reducir sus emisiones, mientras trasladan los costos y riesgos a las comunidades indígenas.
El Caribe Sur se prepara para la onceava edición del Wolaba Parade, que este año celebra el lema “Big Parade: Back to the Roots”. Durante tres días, 21, 22 y 23 de agosto, Puerto Viejo de Talamanca vivirá una fiesta de música, gastronomía, memoria afro y comunidad. El corazón del encuentro será el Parque de Puerto Viejo y la tarima central del campo ferial.
Programa
Jueves 21 de agosto – Desde las 12 m.d., actividades para niños y niñas.
Glenda Brown
Puerta Vieja
Rumba y Son
Sabor y Más
Mezzopiano
Mezzopiano & Jan Felix
EleNa Umaña
DJ Acon
Viernes 22 de agosto – Desde las 12 m.d., actividades para niños y niñas.
Sage Monroe
Luna May Fashion Show
Limón National Band & Kawe Calypso
Plan B
Elite Band con invitados:
Mike Joseph
A Roar Talawa
Shell Dixon
La Solución (plato fuerte de la noche)
Sábado 23 de agosto – Conciertos a partir de las 6 p.m., después del desfile.
Zamok
Chacra y su Calypso Caliente
Shani & The Dance Tribe
Elite Band con invitados:
Ras Zacharri
Jahricio
Ghettox
Un Rojo Reggae Band (cierre oficial del festival).
El Wolaba Parade se realiza en el Mes Histórico de la Afrodescendencia y es un esfuerzo hecho por y para la comunidad de Puerto Viejo, con actividades familiares que reivindican raíces, memoria y cultura viva.
Un recurso de amparo se tramita presentado por Marco Levy Virgo contra la Municipalidad de Matina y su alcalde Walter Céspedes (Exp. No. 25-020575-0007-CO). La solicitud busca obtener copia oficial del mapa del denominado pueblo tribal del cantón, así como información sobre las acciones municipales para garantizar el respeto a los derechos territoriales de la población afrocostarricense.
Este pueblo fue reconocido formalmente mediante el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP y cuenta con protección internacional bajo el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La gestión se desarrolla en un contexto en el que persisten denuncias y temores sobre la usurpación de tierras ancestrales afrodescendientes y presunto tráfico de influencias para apropiarse de esos territorios.
Posibles efectos de una eventual jurisprudencia
De llegar a emitirse una sentencia vinculante, esta podría derivar en la elaboración de un plano oficial del pueblo tribal que excluya los 200 metros de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), las áreas declaradas como Parques Nacionales y equivalentes (PNE) y los humedales protegidos.
Si bien una delimitación así representaría un precedente para la protección ambiental, también podría ser utilizada para acelerar la implementación de Planes Reguladores Costeros (PRC) en otros cantones, incluido Talamanca, con consecuencias graves para las comunidades costeras: desalojos y demoliciones en la franja pública de 50 metros de la ZMT, y concesionamiento de los 150 metros restantes sin reconocimiento efectivo de posesiones históricas y ancestrales.
Un delicado equilibrio
Este caso pone en evidencia la tensión entre la defensa de los derechos de pueblos tribales y la aplicación de normativas de ordenamiento territorial que podrían afectar la permanencia de comunidades históricas, como las del distrito de Cahuita.
Ante este panorama, Bernardo Archer Moore, presidente de ACUDHECA hace un llamado a un análisis prudente y consciente de que una resolución en favor del recurso podría atender varios asuntos de interés público, pero también generar efectos adversos sobre la continuidad histórica y cultural de las comunidades costeras afrodescendientes.
Desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología se hizo llegar una carta al señor alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, y al Concejo Municipal, en la que se expone una grave situación jurídica que enfrenta el cantón, producto de errores, inconsistencias e irregularidades administrativas atribuibles al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El documento, firmado por el ciudadano Marco Levy Virgo, solicita que la Municipalidad actúe de forma inmediata y contundente ante las consecuencias legales que afectan al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, particularmente el sitio Ramsar 783, y el humedal del Río Carbón en Playa Negra, los cuales han sido objeto de urbanización, invasiones y fraccionamiento sin control, en parte por la omisión de autoridades ambientales.
Además, se exige la identificación de los funcionarios responsables, incluyendo al exdirector del ACLAC, Edwin Cyrus Cyrus, y al actual ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra. También se insta a coordinar con MINAE y SINAC un mapa integral del ecosistema afectado, con información sobre construcciones legales e ilegales, carreteras, caminos y presencia de personas físicas o jurídicas en áreas protegidas.
La misiva advierte sobre el riesgo económico que estas irregularidades podrían generar para el presupuesto municipal, en caso de demandas legales por derechos otorgados sin fundamento técnico o legal.
Finalmente, la carta fue remitida también a autoridades nacionales como la Defensora de los Habitantes, la Contralora General y el Procurador General, así como a asociaciones comunales, cámaras de turismo y organizaciones del Caribe Sur.
“La Municipalidad debe proteger los intereses de sus ciudadanos y no puede seguir siendo víctima de la negligencia de funcionarios del MINAE y SINAC”, señala el documento.
Esta nota se elabora a partir de una producción institucional basada en el informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la Municipalidad de Talamanca.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-LOC-IAD-00007-2025, donde se analizan las debilidades en la gestión del otorgamiento de licencias de construcción y el ordenamiento territorial en la zona urbana del cantón de Talamanca.
El informe revela graves deficiencias en los procesos municipales, que comprometen el desarrollo ordenado, la protección del patrimonio natural del Estado, la calidad de las construcciones y la seguridad jurídica de la población.
Falta de planificación territorial
Talamanca no cuenta con un Plan Regulador ni con acciones claras que orienten el crecimiento urbano de forma equilibrada con la protección ambiental. Esta omisión favorece el desorden y la ocupación irregular del suelo.
Permisos sin verificación de requisitos legales
La Municipalidad autorizó licencias de construcción sin comprobar aspectos legales esenciales como:
Certificado de uso de suelo.
Disponibilidad de agua potable.
Plano catastrado visado por la Municipalidad.
Plano constructivo sellado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
Supervisión deficiente y evasión tributaria
No existe un control sistemático ni oportuno de las obras autorizadas. Esta falta de fiscalización ha permitido la proliferación de construcciones ilegales y ha generado evasión de impuestos.
Datos del informe
1 426 permisos de construcción se otorgaron sin contar con Plan Regulador.
405 permisos fueron tramitados posterior a clausuras de obras iniciadas sin autorización.
En el año 2024 se construyeron 27 obras sin permiso ni planos, con una pérdida fiscal estimada en ₡11,4 millones por concepto de impuestos no percibidos.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.
Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).
En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.
La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.
La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.
Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:
La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.
El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.
Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.
Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.
La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.
Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).
Marco Levy Virgo, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, denunció que el SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) ha incumplido una sentencia de la Sala Constitucional que ordena incorporar nuevos humedales del cantón de Talamanca al Inventario Nacional. En particular, cuestiona la omisión del humedal de Punta Uva, invadido y presuntamente rellenado por un desarrollo inmobiliario, pese a que un informe pericial del Poder Judicial confirma su existencia previa.
Levy señala que el humedal forma parte del sitio Ramsar 783, protegido internacionalmente, y que su exclusión viola tanto normas nacionales como acuerdos internacionales de conservación.
Por su parte, el SINAC sostiene que el estudio técnico de 2021 utilizado como base no ha sido oficializado y que, en el caso de Punta Uva, el relleno impide realizar una pericia actual. Además, indican que ya se emitió una certificación actualizada del Patrimonio Natural en 2024, en cumplimiento con lo ordenado por la Sala, aunque no han entregado los documentos de respaldo solicitados.
Levy exige mayor transparencia y acciones concretas de protección ambiental, ante lo que califica como una inacción administrativa que favorece intereses privados sobre ecosistemas legalmente protegidos.
Esta nota comparte una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, a partir del trabajo del Colectivo Antonio Saldaña.
El pasado 5 de julio, en una jornada cargada de memoria y lucha, el Colectivo Antonio Saldaña conmemoró el legado de Pablo Presbere y Antonio Saldaña, figuras centrales de la resistencia indígena en Costa Rica. La actividad no fue solo un acto simbólico: fue un ejercicio político y comunitario de afirmación cultural y territorial. Desde la región Bribri-Cabécar de Talamanca, la memoria viva se convirtió en acción colectiva.
El artículo disponible en el sitio del Observatorio explora cómo estos referentes históricos continúan inspirando luchas por la autonomía de los pueblos originarios, el derecho a la tierra y la descolonización del pensamiento. A través de textos, imágenes y participación comunitaria, la conmemoración permitió revitalizar preguntas fundamentales: ¿Qué significa hoy defender el territorio? ¿Cómo se ejerce la soberanía cultural frente a las amenazas del olvido institucional?
Presbere, símbolo de la resistencia contra la colonización en el siglo XVIII, y Saldaña, defensor de los pueblos indígenas en las primeras décadas del siglo XX, encarnan un legado que continúa vigente. El texto hace un recorrido por sus vidas, sus luchas, y la forma en que sus nombres abren camino para nuevas generaciones que exigen justicia histórica, memoria digna y defensa de la vida colectiva.
Desde el presente, las comunidades reafirman que sin autonomía no hay justicia, sin memoria no hay futuro y sin territorio no hay vida.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una denuncia formal ante la Coordinación Nacional de Humedales del MINAE el 29 de junio de 2025, por la ocupación ilegal del Humedal Carbón, ubicado en Playa Negra, cantón de Talamanca.
Durante una visita realizada el 28 de junio, se constató la intervención del área mediante drenajes, rellenos y construcciones con maquinaria pesada, caminos abiertos y presencia de materiales de obra. Todo esto dentro de un ecosistema clasificado como humedal protegido, lo que representa una posible violación de la legislación ambiental vigente.
El humedal, parte del Patrimonio Natural del Estado, se encuentra bajo protección de normas nacionales e internacionales, como la ley orgánica del Ambiente (N.º 7554), la ley forestal (N.º 7575) y el convenio Ramsar sobre humedales. Ante estos hechos, la asociación solicita la intervención urgente del MINAE y de otras instituciones competentes.
Entre las medidas solicitadas, el documento exige:
Un informe técnico detallado, con análisis de imágenes y ortofotos desde 1996 hasta la fecha.
La identificación de propiedades dentro del humedal, con información catastral y registral.
Coordinación interinstitucional con SETENA, la fiscalía ambiental, la Municipalidad de Talamanca, el registro nacional y otras instancias para determinar responsabilidades.
Que la gestión sea liderada directamente por la Coordinación Nacional de Humedales, sin delegaciones locales o regionales.
La denuncia fue firmada por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, y copiada a autoridades de la fiscalía general, fiscalía ambiental y fiscalía agraria, entre otras.
El documento completo forma parte del expediente AEL-00263-2025.
Terreno rellenado parte de la Zona Marítimo Terrestre en Playa Negra. (Foto: Philippe Vangoidsenhoven)
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