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Etiqueta: Térraba

Agenda comunitaria, ecologista y popular ante la expansión piñera

La expansión del agronegocio de la piña tiene características inesperadas para las poblaciones rurales de Costa Rica. El crecimiento de más del 500% en menos de tres quinquenios ha puesto en jaque los sistemas agrícolas campesinos, los sistemas comunitarios de agua potable, la estabilidad económica y las condiciones de salud humana y animal donde quiera que se instalen.

Sólo durante 2015, 2016 y lo que va del 2017, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó 29 Estudios de Impacto Ambiental, referentes a nuevos proyectos piñeros, los cuales suman 6.258 hectáreas convertidas en nuevos monocultivos de la fruta. Lo que demuestra que la expansión sigue sin ningún tipo de control, planificación, ni fiscalización real. A esto, se suma que muchas fincas piñeras operan sin siquiera tramitar el permiso ambiental.

Como si fuera poco, Costa Rica sigue siendo uno de los países con más consumo de agrotóxicos y solamente en materia de herbicidas, en la última década se han triplicado el volumen de herbicidas importados según datos de PROCOMER. Lo que agrava la contaminación de aguas superficiales muchas usadas para consumo humano que tiene costos en salud pública aún sin cuantificar, pero evidentes.

Gracias a las movilizaciones y a las denuncias del último mes en contra de la expansión piñera, el Gobierno ha tenido que romper el silencio en este tema y ofrecer a la ciudadanía alguna respuesta. Sin embargo ésta se ha sustentado en declaraciones apuradas, a partir de medidas que aún no se pueden poner en práctica y por tanto confunden a la población en general. Hablamos del anunciado decreto de prohibición del herbicida Bromacil, anunciado por el Poder Ejecutivo el mismo día de la movilización en defensa del Humedal Térraba Sierpe, el pasado 15 de mayo de 2017. Esta declaración apresurada no se ha materializado en la redacción ni en la firma del decreto, que se anunció a la prensa sin que fuera un hecho consumado y que sigue sin materializarse una semana después de dicho anuncio.

Por otra parte, el gobierno solicitó a la comisión plenaria de SETENA integrar una comisión que indague la viabilidad ambiental que dicha Secretaría ha otorgado a plantaciones piñeras durante el último año. En realidad lo que corresponde es una auditoría externa que evalúe el cumplimiento legal en cada expediente y corrobore el apego a la legalidad de todas las viabilidades ambientales emitidas por la SETENA para la producción de piña, durante todo el período de gobierno y no solamente durante el año anterior, ya que la medida está dejando por fuera la mayoría de los permisos otorgados por la actual administración. Asimismo esa indagatoria debería contar idealmente con participación comunitaria y de profesionales en auditoría, derecho y gestión ambiental: no avalamos la autorevisión interna de SETENA ni confiamos en que esa Secretaría ponga en evidencia los errores de procedimiento que ella misma ha cometido.

Otra de las medidas anunciadas es la suspensión del proyecto piñero de más de 500 hectáreas que amenaza el Humedal Térraba Sierpe declarado sitio Ramsar en 1995. Esta medida es un distractor ante la indignación que ha generado el caso, pues ya hay suficientes evidencias para permitir al MINAE anular la viabilidad ambiental y abrir el órgano correspondiente para sancionar a los funcionarios y consultores que participaron en la aprobación irregular de este proyecto. Además este no es el único proyecto que amenaza este ecosistema, sino que es parte de un conjunto de proyectos en el área de Potrero Grande cuenca arriba, que en total sumarían 3000 hectáreas sembradas de piña en la zona y que también coinciden con sitios de importancia arqueológica por la presencia de vestigios tan importantes como las esferas de piedra.

Adicionalmente, existe la preocupación de una nueva expansión piñera sustentado en la creación de un acuerdo comercial con China para la venta de piña fresca y enlatada. Esta negociación realizada por Alexander Mora, Ministro de Comercio Exterior, se hace de forma irresponsable ya que no toman en cuenta las advertencias que se han emitido desde Universidades públicas, organizaciones ecologistas y comunitarias sobre los serios impactos en agua, suelo, bosque y salud humana del monocultivo de la piña.

La exportación al país asiático se haría pasándole por encima a la legislación ambiental, a la evidencia de serias violaciones a los derechos laborales y sin ningún tipo de planificación.

Las organizaciones firmantes celebramos los acuerdos alcanzados en el marco de la heroica caminata de Jorge Castro y Mariana Paniagua desde Pavón de Los Chiles hasta San José, que apuntan a fortalecer la presencia y accionar del Estado en las comunidades afectadas por la expansión piñera, y consideramos que son un paso en la dirección correcta. Sin embargo la gravedad de esta situación no puede atenderse solamente garantizando la aplicación de la ley en casos específicos: ante un impacto extraordinario e irreversible es necesario valorar medidas extraordinarias.

Por estas razones las organizaciones abajo firmantes exigimos una moratoria nacional a la expansión del monocultivo de la piña, misma que está sustentada en la necesidad de contar con estudios e instrumentos técnicos y políticos de carácter nacional y regionales que aseguren una debida planificación territorial, donde se prevengan y se ataquen los impactos negativos de la siembra desordenada y a gran escala del monocultivo de piña. Una decisión de este tipo beneficiaría directamente la gestión local y nacional de los bienes comunes y respondería de manera directa a las demandas de las comunidades afectadas. Asimismo permitiría tener una lectura más objetiva de la situación de violación a los derechos laborales y la toma de acuerdos en la dirección de tutelar los derechos de trabajadores y trabajadoras de la industria piñera. Finalmente, esta medida permitiría la continuidad de la producción y exportación de piña por parte de las empresas que se encuentran a derecho y están cumpliendo con la legislación ambiental y laboral, por lo que no afecta intereses consolidados y sí previene el crecimiento de las problemáticas relacionadas con la poca planificación y fiscalización de la actividad.

Hacemos un llamado a seguir las movilizaciones por una moratoria nacional a la expansión piñera,

La próxima cita es el lunes 5 de junio en todo el territorio nacional.

 

Suscribimos:

Alianza de Redes Ambientales (ARA)

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA)

ASADA de Pavón de Los Chiles

ASADA La Gamba, Golfito

Asociación Agro-orgánica Guanacasteca

Asociación de Estudiantes de Sociología, Universidad Nacional

Asociación de Piangueros de la Purruja, Golfito (APIAPU)

Asociación de Productores y Consumidores Orgánicos de Costa RICA (APROCO) – Feria Orgánica El Trueque

Asociación de Protección, Gestión y Fomento de la Producción Agropecuaria de la Huetar Norte

Asociación Pro Cuenca Río Jabonal

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Bloque Verde

Campaña Piña sin Derechos

CoecoCeiba-AT

Colectivo Eco-artístico y de Economía Solidaria

Colectivo de Estudiantes Autónomos El Quilombo, Universidad Nacional

Colectivo Ipís Ecológico

Colectivo Machete

Colectivo Río Urbano

Coordinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Norte Tierra y Libertad

Ditsö Costa Rica

Diwo Ambientales

Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON)

Frente Ecologista Universitario (FECOU)

Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP)

Fundación para el Desarrollo Sostenible de OSA (FUNDAOSA)

Grupo Acción Golfito

GuanaRed

Huertos Urbanos de Costa Rica

Indignados CR

Molinos Verdes de Moringa

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica

Plataforma de Integración Ciudadana

PROAL-Pacuare

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red Costarricense de Agricultura Ecológica (Red CAE)

Red de Coordinación en Biodiversidad

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Red de Plantas Medicinales de Costa Rica

Red Internacional de Forestería Análoga

UNOVIDA

¡Ya Basta!

 

Enviado por Presidencia FECON.

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Piñera en Osa no es viable y proyecto debe rechazarse

  • SETENA, empresa y consultores cometieron errores, omisiones y negligencias
  • Piden nulidad a viabilidad ambiental, sanciones administrativas y penales a los responsables

Ecologistas solicitan establecer los procesos administrativos y penales correspondientes a los funcionarios de la SETENA que hayan incumplido con la ley al otorgar la viabilidad ambiental al polémico mega-proyecto de 500 hectáreas de cultivo intensivo de piña que ha desatado un conflicto socio-ambiental.

En un extenso recurso de nulidad los ecologistas evidencian un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes y que podrían provocar daños ambientales irreversibles.

El recurso fue interpuesto por representantes de diversos sectores entre ellos el ecologista, académico, campesino, mujeres rurales, estudiantes que consideran que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental mediante un puntaje, debió haberse reflejado que era necesario un estudio de impacto ambiental en el tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas protegidas por ley (art. 32, Ley orgánica del ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa.

Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.

Así la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:

  1.  Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
  2.  Bajo la finca existe un acuífero y el el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
  3.  A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
  4.  El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
  5.  El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad.

A solicitud de FECON el especialista en gestión ambiental Dr. Allan Astorga Gättgens realizó una sistemática y detallada revisión del expediente técnico y administrativo (18758 – 2016 SETENA), que consta de 534 folios y que sustenta la solicitud de nulidad firmada por personas asistentes a la manifestación del 15 de mayo pasado.

Informes: Allan Astorga tel. 8826 8551 o Mauricio Álvarez tel.887019165

Ver nulidad. http://www.bloqueverde.com/NulidadDelMonteOsa.pdf

Ver revisión del expediente técnico y administrativo:

http://www.bloqueverde.com/analisisAstorgapinaOsa.pdf

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.i-ambiente.es

Enviado a SURCOS por Presidencia FECON.

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No más piñeras en zona Sur: manifestación el lunes 15 de mayo a las 10 am frente al Museo Nacional

  • 3000 mil nuevas hectáreas de cultivo de piña afectarían patrimonio arqueológico y Humedal Térraba Sierpe
  • Sospechan que fincas se destinarían a la siembra de piña transgénica

No mas pineras en zona Sur

Personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas se manifestarán el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión piñera, frente al Museo Nacional y llegando a MINAE donde se presentará una solicitud de nulidad a la viabilidad ambiental otorgada por SETENA para la siembra de piña en Osa (FECON, 21-4-2017).

En la marcha participarán representantes de comunidades del Caribe, Zona Norte, Puntarenas y otras comunidades afectadas organizadas en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera (FRENASAP).

El detonante para esta manifestación ha sido el Proyecto Finca Palmar Sur de la multinacional piñera Del Monte – Pindeco al cual SETENA le dio viabilidad ambiental en menos de 20 días y recibió un trato semejante al que sigue cualquier familia costarricense cuando decide construir una casa. El monocultivo se desarrollaría a menos de 500 metros de la plaza de Palmar Sur, lo cual pone en riesgo la salud de la población por los niveles de tóxicos y agroquímicos que se utilizarían en este tipo de cultivo.

La Finca de Palmar se encuentra a menos de 5 kilómetros del núcleo del Humedal Térraba-Sierpe (HNTS) lo representa amenaza de contaminación por agroquímicos. Esta preocupación se fundamenta en un estudio de la UCR (2013-2016) que demostró la presencia en el Humedal de residuos de bromacil y ametrina, que se usan en la producción de piña y caña de azúcar. Lo que debe llamar la atención es que en los alrededores del Humedal no se siembra piña ni caña de azúcar, los investigadores concluyeron que las trazas de ambos herbicidas son transportadas muchos kilómetros arriba por los sedimentos y el agua del río Térraba desde Buenos Aires y Pérez Zeledón.

Además, dentro del área de la finca a sembrar hay 9 sitios arqueológicos y al menos uno considerado de importancia patrimonial. Esta área no puede ser evaluada independientemente de todo el conjunto del patrimonio del Delta del Diquís. El Estado costarricense desde 1995 sometió a protección esta zona como Sitio Ramsar, específicamente el Delta del Diquís, conocido como el Humedal Térraba – Sierpe. En junio del 2014, la declaratoria de esta área como Sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), esto significa que cualquier actividad que se desarrolle cerca del sitio debe considerar el amortiguamiento de actividades productivas en zonas aledañas al humedal, a los sitios arqueológicos y al paisaje para las futuras generaciones de costarricenses y la Humanidad.

Las organizaciones manifestantes presentarán ante la UNESCO una solicitud para que evalúe el impacto que este proyecto tendría en el sitio arqueológico. Además, personas ecologistas y campesinas aprovecharán la jornada presentar una acción de inconstitucionalidad contra uno de los decretos de reglamento de agroquímicos aprobado por el Gobierno a inicio de año.

No mas pineras en zona Sur2

Este proyecto está incluido dentro de la evaluación arqueológica realizada por PINDECO para otros dos proyectos en Potrero Grande de Buenos Aires, uno es la Finca Los Ángeles Superior de unas 1200 hectáreas donde PINDECO determinó la presencia al menos 12 yacimientos arqueológicos pero no se descarta la existencia de otros yacimientos. El otro proyecto es Finca Los Ángeles Inferior, de unas 1000 hectáreas y se determinó la presencia al menos de cinco yacimientos arqueológicos. (ver Licitación 02- 2017 GOP Servicios Profesionales Consultoría y Evaluación Arqueológica, Del Monte).

¿Piña transgénica? La Comisión Nacional de Bioseguridad (CTNB) del Servicio Fitosanitario del Estado discute en este momento la aprobación de un protocolo para la exportación de piña genéticamente alterada (transgénica) llamada «Piña Rose»(Red de Coordinación en Biodiversidad Costa Rica, 2-11-2011). Esta “investigación” fue aprobada por la CTNB para PINDECO en 2011 y ha implicado sembrar este tipo piña en Buenos Aires de Puntarenas bajo un permiso de “siembra semicomercial” y no para el consumo del producto, sin embargo ecologistas tienen fuertes sospechas que los proyectos en cuestión sean para el cultivo expansivo de este tipo de piña.

Quienes convocan a la marcha del 15 de mayo consideran que el MINAE y Museo Nacional deben accionar procesos legalmente establecidos para realizar una evaluación ambiental estratégica en la cuenca del Térraba-Sierpe y no facilitar la destrucción de sitios de importancia mundial, el cultivo estaría a menos de 2 kilómetros del sitio principal conocido como el Museo de las Esferas.

Henry Picado Cerdas, FRENASAPP. Tel: 87609800 o Mauricio Álvarez, FECON. Tel: 8870-9165

Licitacion 02-2017 Servicios y Consultoria Arqueologica (2)

 

Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS por FECON.

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Informe preliminar 14ta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)

  • Cabagra
  • Informe preliminar

Informe preliminar 14ta mision2

A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; asunto ya constatado en la 13ª Misión de este Observatorio. Se realizaron los días martes 27 y miércoles 28 de diciembre del 2016, la Décima Cuarta (14a.) Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, con la finalidad de conocer, documentar, verificar y dar seguimiento a la situación de violencia que se vive en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra; informar a la comunidad nacional e internacional y a las autoridades nacionales e internacionales sobre esta situación e incidir en favor del respeto al cumplimiento de los DDHH y la Autonomía Indígena, así como dar seguimiento y continuidad frente a las autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.

En esta ocasión, la Décima Cuarta (14ta.) Misión estuvo integrada por: Marcela Zamora Cruz – Centro de Amigos para la Paz (CAP); Víctor Madrigal Sánchez – Red Ecuménica; Mario Alb. Villalobos Arias, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Alonso Gamboa Alvarado – Movimiento Humanista Internacional (Sección Costa Rica); Gustavo E. Cabrera Vega – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Asociación Americana de Juristas – Capítulo CR (AAJ); Tatiana Otto Golovina – Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Ana Castillo Delgado – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Suy Wong Ugalde – Centro de Amigos para la Paz (CAP). En el apoyo logístico y de comunicación colaboraron como Base de la Misión: Suyen Vega Mena; Paulo Ramírez Otto y Nelson Ríos Castro.

En esta oportunidad la Jefatura de la Misión estuvo a cargo de Marcela Zamora Cruz y de Víctor Madrigal Sánchez.

Situación del conflicto tierra/territorio

Desde hace más de cinco años, en estas comunidades indígenas se ha reiniciado la lucha por la recuperación de su tierra/territorio ancestrales; Cabagra es una de las comunidades parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma de los Pueblos Indígenas del Sur, junto a Salitre y a Térraba, siendo que en las comunidades de Brazo de Oro y Nima Dikol (en Palmira), desde el 22 de febrero de 2016 se iniciaron dos recuperaciones de tierras por parte de familias Bribris de ese Territorio.

El ODHAIN accede a realizar la visita en vista de que en la zona sur, asumiendo que el conflicto por tierra/territorio, no solo se enmarca en los territorios indígenas, sino que además se ha extendido a campesinos/as en lucha por la tierra.

Un hecho importante que coincidió con estas recuperaciones de Cabagra, es la quema del Úsure (casa de uso especial – espiritualidad Bribri – ceremonias y rituales Bribris), ubicada en San Rafael de Cabagra, que fue construida por iniciativa de uno de los Consejos de Mayores y Mayoras de Cabagra, con el apoyo de Universidades y otras organizaciones sociales y profesionales costarricenses.

Informe preliminar 14ta mision

Sobre la 13ª misión de ODHAIN

A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y de Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; se realizó los días sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2016 la Décima Tercera (13ª.) Misión del Observatorio, con la finalidad de documentar e informar a la Comunidad Nacional e Internacional los hechos suscitados en los últimos días del mes de febrero del 2016, así como dar seguimiento y continuidad frente a las Autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.

En el Informe de esta 13ª Misión se recomendó que:

  • El Gobierno costarricense es el responsable del cumplimiento de las leyes y convenios internacionales que protegen los derechos de estos pueblos. La indiferencia e inacción es la causa principal que produce esta espiral de violencia, que ha evolucionado a niveles cada vez más graves; el Estado es el responsable de la integridad territorial y de la vida de las comunidades indígenas tomando las debidas acciones para resolver definitivamente estos conflictos, restableciendo la paz y la armonía entre las partes.
  • Establecer de inmediato un protocolo específico, elaborado conjuntamente con las comunidades interesadas, para la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
  • Que el Gobierno atienda con prontitud el conflicto de Cabagra que se torna violento a efecto de prevenir una espiral de peores consecuencias.
  • Que abra un espacio de negociación incluyendo a los afectados por el proceso de recuperación de tierras y las autoridades locales del territorio, garantizando el saneamiento territorial, protegiendo la integridad y la vida de los bribris de Cabagra e impidiendo el ingreso y la agresión de los NO indígenas involucrados en las agresiones.
  • Que la Policía se mantenga de manera permanente en las dos comunidades donde se desarrollan las recuperaciones de tierras, pues se ha demostrado que la ausencia de esta Policía en parte ha contribuido a la actividad delictiva de los agresores contra los indígenas.
  • Al Poder Judicial por medio del OIJ (policía técnica) realizar las investigaciones necesarias y suficientes para esclarecer la responsabilidad de los actos vandálicos y las agresiones contra la humanidad y los derechos de las personas indígenas recuperantes.

Hallazgos de la 14ª misión ODHAIN

  • Entre los/as indígenas de ambas Comunidades, existe mucha (total) desinformación sobre los casos Judiciales – penales – agrarios – y administrativos relacionados con su situación.
  • Los/as afectadas indígenas perciben que sus Denuncias presentadas, incluyendo agresiones y daños, no avanzan, no se tramitan o se archivan.
  • Los dos ataques violentos que han recibido en los últimos 10 meses, incluso con heridos de bala que fueron hospitalizados y algunos quedaron con lesiones permanentes, fueron denunciados por ellos/as (afectados) y nunca se detuvo a los/as responsables, a pesar de haberlos identificados por las víctimas del ataque y por los/as testigos de esas agresiones; estos actores delictivos siguen libres dentro del Territorio de Cabagra, usurpando tierras y promoviendo amenazas y violencia.
  • Manifestaron desaliento, impotencia e indignación por la poca o nula actuación de las autoridades del Gobierno y de los Tribunales ante las permanentes agresiones, amenazas y arrebato de sus tierras.
  • Nos transmitieron el sentimiento de temor, e incertidumbre que les quedó, después de las últimas agresiones, en ambas Comunidades, para vivir y transitar libremente, trabajar en el campo o ir a la montaña; por las amenazas directas e intimidación con disparos de armas de fuego – de manera constante- entre otras formas de violencia por parte de NO indígenas y/o sus empleados.
  • No hay una atención e intervención del Estado/ Gobierno, para atender la situación del Conflicto, ni de la situación socio-económica y cultural de las familias en los Campamentos de las Recuperaciones de Tierras. Relataron los/as indígenas no tener visitas ni atención del IMAS – INAMU – Oficinas de Servicio Social del Ministerio de Salud u otras instituciones; sólo les ha visitado una funcionaria del PANI, con la Policía, amenazándoles con quitarles los/as hijos/as menores, por estar ahí en esos Campamentos con sus padres/madres, por ser una situación de riesgo.
  • Consideran que existe inoperancia, desinterés, indiferencia y complicidad del Estado/Gobierno –Policía y del Poder Judicial, frente a las usurpaciones, despojo y las agresiones por no indígenas, que eso ocurre al no actuar ni intervenir en todas estas situaciones de denuncia, siendo claras las leyes en protección de los derechos indígenas y por los delitos cometidos por estas personas denunciadas.
  • Denunciaron el daño ambiental, producido por los No indígenas, implicados en la usurpación de sus tierras recuperadas ahora por ellos/as.
  • Informaron que el Gobierno inició negociaciones y propuso Plazos para recuperar las Tierras y resolver estos Conflictos; pero no se avanzó en la negociación ni se cumplieron los plazos; por lo que siguen esperando una solución. Mientras tanto, sucedieron las nuevas agresiones con heridos de bala y lesionados que relataron anteriormente.
  • Según manifestaron, la Asociación Indígena de Cabagra (ADI, ente estatal a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal), como Gobierno Local Indígena, no les ha dado ningún respaldo, ni ha intervenido para resolver este Conflicto; más bien los/as recuperantes de ambas Comunidades, sienten que la ADI está en su contra o protege intereses de los no indígenas usurpadores del Territorio Bribri de Cabagra.
  • Afirmaron que en las Asambleas de ADI, e incluso en algunas estructuras internas, hay personas afiliadas y dirigentes que no son bribris de Cabagra.
  • Los/as mayores/as denunciaron la barrera cultural idiomática como uno de los más graves (y antiguos) problemas que sufren los Pueblos Indígenas, tanto en las comunicaciones con los No Indígenas (tratos desiguales, arrebato, amenazas, etc.) como con las Instituciones del Estado; pues nunca o casi nunca se trabaja con traductores, no hay consultas para ningún tema o servicio público, se les impone todo y se hacen reuniones muy rápidas, donde hablan los/as funcionarios/as, que al final asumen que todos/as los/as participantes de esas reuniones, están de acuerdo con lo que plantearon, lo escriben y luego dicen que hubo acuerdos.
  • Perciben que las Reuniones sobre la creación de un Mecanismo de Consulta, son de interés del Gobierno, para aprobar sus proyectos como el PH Diquís; y, que a esas Reuniones (Asambleas), asisten muchos No indígenas, que opinan y no hay control de la asistencia, lo que intimida y provoca el silencio de muchos/as indígenas de Cabagra.
  • Recibieron información de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) está haciendo un Censo de fincas usurpadas por no indígenas, para realizar un estudio con el que se pueda iniciar un Plan de Saneamiento del Territorio Bribri de Cabagra, pero ellos/as desconocen ese trabajo del INDER, los detalles, objetivos y los procedimientos del mismo; además de que no se les ha tomado en cuenta para nada en este proceso, siendo ellos/as afectados directos. Denunciaron que en una de esas reuniones –les contaron– asistieron muchos No indígenas, quiénes fueron informados y asesorados por los funcionarios del INDER, no entienden por qué y para qué.
  • Aunque hicimos intentos para entrevistarnos con los/as personeros de la ADI Cabagra no fue posible en los días en que se realizó la 14ta. Misión.
  • Están pendientes algunas entrevistas con funcionarios de Estado para conocer su versión acerca de la situación.

Informe preliminar 14ta mision4

La Décimo Cuarta Misión recomienda:

  • Al Poder Judicial, Magistrados/as, Jueces/zas, Fiscales/as y Defensores/as, que actúen respetando y fortaleciendo las normas jurídicas y protocolos nacionales e internacionales, en materia sobre Pueblos Indígenas. Atender especialmente las necesidades de información oportuna y veraz, con traductores y acompañamiento de personas de confianza de los/as afectadas/os indígenas para estos procesos judiciales y administrativos. Que se agilicen las Causas de las denuncias por agresión contra los/as indígenas, a efecto de que no continúe el clima de violencia amparado en la impunidad, que se ha convertido en una práctica en esta zona afectada por la violencia y los conflictos por tierra Territorio. En ese mismo sentido deben agilizarse las causas en temas agrarios y administrativos, que mantienen confrontación y son a su vez raíz de muchos de los actos violentos y delitos cometidos.
  • Al Gobierno, Poder Ejecutivo, que cumpla con sus deberes de protección de los territorios indígenas, la integridad y la vida, es decir, con todos los Derechos Humanos de estos Pueblos, frente a las usurpaciones y conflictos de tierras; que asuma el Proceso de Negociación (en condiciones paritarias e igualdad entre las partes) cumpliendo los plazos a los que se compromete.
  • A la Presidencia de la República, que se reforme y mejore el Protocolo de Aplicación y Cumplimiento de las Medidas Cautelares de la CIDH, para Salitre y Térraba, y que -debido a la Gravedad de la situación en Cabagra- se amplíe el Protocolo a este Territorio, a efecto de informar, capacitar y responsabilizar funcionarios y autoridades de todos los servicios públicos relacionados con estos Territorios indígenas; como una política pública de contención y prevención de la violencia, en especial la surgida y promovida por No indígenas con posesión de tierras dentro de los mismos territorios.
  • Al MINAE, que respete y haga cumplir las Leyes Nacionales e Internacionales, los Reglamentos y otras normativas específicas ambientales, vinculadas a los Territorios Indígenas, en especial NO otorgar permisos a NO indígenas, de tala de árboles, pesca u otros actividades, que dañan la naturaleza (agua, bosques, fauna,…) dentro de los Territorios, con el fin de generar un espacio disuasivo que fortalezca alternativas de no violencia en Cabagra.
  • A la ADI de Cabagra, al Gobierno y a la Contraloría General de la República (Poder Legislativo), no aceptar indemnizaciones a favor de los No indígenas, respetando y haciendo valer la Ley Indígena y las más recientes Resoluciones de los Tribunales Agrarios y Contenciosos Administrativos; que claramente han resuelto que dichas indemnizaciones por posesión de tierras de “Buena fe” en Territorios Indígenas, en los casos de Salitre, Cabagra, Térraba, Ujarrás, por ejemplo, sólo proceden para los que hayan poseído antes de 1956, fecha de los Decretos de Reconocimiento de esos Territorios; todo esto, a efecto de no hacer pagos indebidos, produciendo enriquecimiento ilícito en favor de pocas personas que se beneficiarían de manera ilegal e injusta, con los recursos de todos/as los y las costarricenses, que más pueden servirles a estas comunidades indígenas en obras de bienestar y buen vivir para ellas.

El Informe Final y sus Anexos de esta Misión serían presentados el 24 de enero de 2017, en una conferencia de prensa.

 

Marcela Zamora Cruz

Víctor Madrigal Sánchez

Jefes de Misión

 

Notas:

Fotos del Informe Preliminar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6mJIOXOtX_hNkJiQWZxMElhY3M?usp=sharing

El Informe de la 13a. Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena se puede encontrar en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/0B6mJIOXOtX_hMUNUTURVWHo1WUk?usp=sharing

 

Enviado a SURCOS por Diego Molina.

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Alto a la violencia contra los pueblos indígenas

Alto a la violencia contra lospueblos indigenas

El movimiento de Solidaridad con los Pueblos Indígenas convoca a manifestarse en contra de la violencia hacia los pueblos indígenas (Salitre, Térraba y Cabagra), el próximo martes 12 del presente mes, en la Plaza 24 de abril, UCR.

Se recolectarán víveres.

 

Información tomada para SURCOS Digital de Facebook.

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Liceo de Térraba logra un 100% de promoción en sus estudiantes

Los jóvenes del Liceo de Térraba lograron una promoción del 100 % para el examen de Bachillerato, lo cual da una gran esperanza a dicha institución.

También uno de éstos jóvenes ostenta la mayor calificación de admisión para la Universidad Nacional (UNA), en colegios de zonas indígenas a nivel del país.

 

Tomado de la página de Facebook de Elides Rivera Navas.

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FRENAPI rechaza Estrategia REDD+ y respalda manifestación pública indígena

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)

Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena

 

Mediante un comunicado, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) en la Asamblea del 04, 05, 06 de setiembre de 2015 ratificó su posición de rechazar la Estrategia REDD+ impulsada por el Estado/Gobierno de Costa Rica y respaldar la manifestación pública del pasado 15 de octubre frente a Casa Presidencial, promovida por los compañeros/as Bribrís y Cabécares de Talamanca.

El FRENAPI, consideró que no han existido procesos de información amplia y clara sobre la Estrategia REDD+, por parte de las instancias del Gobierno y promotores de esta Estrategia; no se tiene conocimiento exacto de los alcances de este plan, ni se sabe a qué se comprometen nuestros pueblos indígenas, al ceder sus bosques por el pago de dinero, ni los plazos, ni las condiciones, ni el control o supervisión a que se les obligaría.

Se tiene conocimiento de que se han convocado reuniones en distintos territorios y comunidades, incluso a través de “mediadores culturales” (indígenas) con el fin de convencer e imponer de esta manera la Estrategia REDD+ difundiendo luego que esas reuniones son “consultas” a dichos pueblos,“ lo que rechazamos y desconocemos ya que tal maniobra niega la buena fe del Estado/Gobierno, pero además desconoce las leyes, los protocolos especiales, el Convenio 169 de la OIT y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas” se manifestó en el comunicado.

El FRENAPI, reafirmó su lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas en especial el impulso del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma, desarrollado en varios territorios indígenas, como Salitre, Térraba, Maleku, entre otros. Denunció la violencia que se ejerce contra los líderes y comunidades que han emprendido esta lucha, que se profundiza con la creciente impunidad de los agresores y responsables de los actos delictivos, tolerada y permitida por el Estado/Gobierno (Poder Judicial, Poder Ejecutivo y otras instituciones e instancias).

“Nuestra lucha está basada en los derechos que nos garantizan las leyes, los convenios internacionales y las resoluciones de los tribunales de justicia nacionales e internacionales.

El Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena, sigue junto al FRENAPI en la justa lucha de los pueblos indígenas; nos unimos al reclamo de los compañeros/as de Talamanca contra la Estrategia REDD+; respaldamos sus demandas y la posición del FRENAPI” se dio a conocer mediante el comunicado.

 

¡LOS DERECHOS NO SE NEGOCIAN, SE DEFIENDEN!

¡AUTONOMIA SI! … ¡REDD+ NO!

¡LA LUCHA SIGUE!

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por SERPAJ.

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Conversatorio Derecho Indígena: Tierra – Territorio y Autonomía

Este 19 de octubre se realizará en el Auditorio de Educación Continua en la Ciudad de la Investigación, UCR el Conversatorio “Derecho Indígena: Tierra – Territorio y Autonomía”, en el que se analizarán los casos sobre:

  • Proceso de Recuperación de Tierras en el Territorio Bribri de Salitre
  • Recuperación finca San Andrés y el PH-Diquis en el Territorio de Térraba

Expositores:

  • Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sivar Sivar, representantes de la Coordinación del Frente Nacional de Pueblo Indígenas (FRENAPI)
  • Gustavo Cabrera, representante del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena

Invitan:

  • Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
  • Cómite de Apoyo a la Autonomía Indígena
  • FECON
  • Asociación Proal
  • COECOCEIBA

 

Información enviada a SURCOS Digital por Alejandra Porras Rozas.

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Denuncian que ICE vulnera derechos del pueblo de Térraba

Organizaciones indígenas; dirigentes comunitarios; y habitantes indígenas del Territorio Brӧrán de Térraba

 

Hacemos del conocimiento que la empresa gubernamental Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está vulnerando y violentando los derechos humanos que nos atañen como pueblo indígena de Térraba, maniobrando procesos y utilizando tácticas con la finalidad de no ajustarse a lo establecido en las leyes nacionales y normas internacionales en cuanto a los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente en relación procesos de consulta que establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Los procesos internos que el pueblo indígena de Térraba viene construyendo con la única finalidad de buscar una gobernanza de la colectividad a mediano y largo plazo para las futuras generaciones se han visto interrumpidos por la injerencia del ICE en los últimos años.

Siguiendo con la injerencia citada, sorpresivamente se circula una nota de fecha del 03 de abril donde se invita a una reunión con un equipo técnico del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PH El Diquís), propiedad del ICE, sobre el tema de consulta y recomendaciones del Relator Especial de ONU. Por otro lado debemos de hacer énfasis en que, el territorio no cuenta con un plan o una hoja de ruta, ni un acuerdo con el ICE para el establecimiento de relaciones con el ICE y menos para tratar asuntos relacionados al PH El Diquís. Esta es una acción para aparentar la aplicación del derecho indígena a la consulta y realizar un procedimiento exclusivo y que se ajuste únicamente a los intereses del ICE.

Sobre procedimientos de consulta así como condiciones y garantías el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT expresa. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los Gobiernos deberán: Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Afirma el Convenio 169 de la OIT que es el gobierno de Costa Rica quien debe consultar a los pueblos indígenas. Sin embargo, hasta la fecha no existe un procedimiento de consulta, ni de consentimiento Libre, Previo e Informado, así como las condiciones y garantías necesarias, concertado entre el territorio brörán y el gobierno.

Llamamos la atención al Gobierno del señor Luis Guillermo Solís Rivera, para que vele por el desarrollo y garantice la aplicación de los derechos del pueblo de Térraba, con estricta observancia al derecho indígena y la normativa nacional e internacional sobre los derechos indígenas. Destacamos que la normativa internacional por ser derechos en materia de derechos humanos tiene estatus de supra constitucional, tal como lo reconoce la Constitución Política del país, y lo ratifica la Sala de Constitucionalidad (Sala IV) de la Corte Suprema de Justicia.

 

Territorio Indígena Brӧrán de Térraba, Costa Rica 16 de mayo de 2015

 

Responsables:

Geini Gutiérrez Navas

Pablo Sivas Sibar

Cindy Vargas Ortíz

Marlon Carrera Ortíz

Juan Félix Rivera Gómez

Rosa Cabrera Delgado

Jeffrey Villanueva Villanueva

 

Enviado a SURCOS Digital por Mesa Nacional Indígena MNICR.

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