Advertencia al pueblo tribal de Cahuita
Bernardo Archer Moore
Adulto Mayor de Cahuita
Presidente de ACUDHECA
En días recientes se informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el análisis preliminar de una petición presentada por el señor Marco Vinicio Levy Virgo en representación del denominado «Pueblo Tribal Afrodescendiente de Limón».
Más allá de quiénes estén siendo representados en dicha gestión, es importante que los habitantes de Cahuita comprendan las posibles implicaciones de algunas de las pretensiones divulgadas públicamente, especialmente aquellas relacionadas con los llamados «derechos territoriales colectivos» y el denominado «saneamiento territorial».
Según la información difundida, la propuesta persigue el reconocimiento de un territorio colectivo afrodescendiente, acompañado de procesos de delimitación, demarcación y titulación.
En este modelo, la propiedad dejaría de estar inscrita a nombre de personas individuales para pasar a formar parte de una figura jurídica colectiva que representaría a la comunidad.
Esto implica que las tierras quedarían sujetas a un régimen especial donde no podrían venderse, hipotecarse ni transmitirse libremente mediante los mecanismos tradicionales de propiedad privada.
La principal interrogante es cómo afectaría este modelo a los actuales propietarios afrodescendientes que poseen escrituras debidamente inscritas en el Registro Nacional y cuyos derechos han sido ejercidos durante generaciones.
La experiencia costarricense demuestra que los procesos de saneamiento territorial no siempre se desarrollan sin conflictos.
Desde el año 2010, diversos territorios indígenas del país han enfrentado disputas por la tierra, enfrentamientos sociales, desplazamientos y hechos de violencia derivados de reclamaciones territoriales superpuestas.
Casos como Salitre, Térraba, Cabagra, Ujarrás, Boruca, China Kichá y, más recientemente, Keköldi-Cocles, evidencian la complejidad de estos procesos.
Por ello, antes de respaldar cualquier propuesta territorial colectiva, resulta indispensable analizar cuidadosamente sus consecuencias jurídicas, económicas y sociales. Y asegurarse que sean congruentes con nuestra cultura, costumbres y ética de convivencia comunitaria.
Tengamos presentes siempre: Que no todo lo que suena bien necesariamente beneficia a todos por igual.
Los peores actos de injusticia siempre han venido ocultados detrás de una fina retórica de engaño.
Cuando se trata de asuntos legales, es importante buscar el significado jurídico de cada palabra sofisticada o «rimbombante» como, por ejemplo:
… «saneamiento territorial y derecho colectivo de las tierras de un territorio tribal«.
De esta manera, reducimos el riesgo de ser engañados, como lamentablemente lo fueron nuestros ancestros.
Los habitantes de Cahuita deben informarse, participar y exigir transparencia sobre cualquier iniciativa que pueda afectar sus derechos de propiedad, el patrimonio heredado de sus antepasados y la capacidad de transmitir esos bienes a las futuras generaciones.
La defensa de nuestros derechos históricos exige reflexión, información y participación consciente.