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Caminata por San José centro EXIGIENDO JUSTICIA Y CERO IMPUNIDAD PARA EL ASESINATO DE SERGIO ROJAS ORTIZ el día sábado 18 de mayo.
El pasado 13 de mayo se realizó una concentración frente a Casa Presidencial por la justician la dignidad y contra la impunidad en el caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.
La Comisión Gubernamental de Medidas Cautelares y Saneamiento Territorial recibió el documento «Demandas y propuestas por la justicia para Sergio Rojas y los pueblos originarios» presentada ese mismo día por las organizaciones firmantes, en el Salón Municipal del cantón de Buenos Aires de Puntarenas, al Sur de Costa Rica.
La política del Estado costarricense de no cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 y las reiteradas excusas para justificar el retraso en la efectiva y oportuna ejecución de los desalojos ya aprobados por parte de las instancias gubernamentales competentes, muestra la negligencia del Estado/Gobierno y la ausencia de la voluntad política para la observancia activa de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Hasta el momento el Estado de Costa Rica no ha proporcionado un mecanismo que procure justicia pronta y cumplida para la reivindicación de los derechos de los Pueblos Indígenas, ni en los términos de las normas internacionales ni en los términos concretos de las Medidas Cautelares 321-12 dictadas por el CIDH a favor de nuestras/os hermanas/os Bribris y Terrabas.
«Condenamos el acto cobarde del asesinato de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, miembro fundador del FRENAPI y miembro del Consejo de Autoridades Propias Ditsö Iriria Ajkonük Wakpa (CDIAW) /Defensores/as de la Madre Tierra (…)»
El pasado viernes 26 de abril se vivió una jornada de movilización en el Parque de Buenos Aires de Puntarenas donde se dieron a conocer las demandas y propuestas para que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz no quede impune.
El Servicio Paz y Justicia – Costa Rica (SERPAJ-CR) dio a conocer las gestiones que realizan integrantes del Parlamento Europeo para esclarecer el asesinato del dirigente indígena de Salitre, Sergio Rojas Ortiz. Asimismo, el trámite busca el pronunciamiento del órgano legislativo en torno al grave hecho.
“La violencia en la zona (de Salitre), difícilmente, puede detenerse si no se elimina el factor que genera esa atmósfera de violencia: el conflicto por la tierra. El Estado debe actuar con rapidez, según el ordenamiento jurídico nacional e internacional que lo faculta para generar un proceso, el cual permita una resolución pacífica a este conflicto, mediante una propuesta del Gobierno a la Asamblea Legislativa o por iniciativa de su diputación”.