Pronunciamiento del Consejo Universitario de la UNA solicita a los poderes de la República y a instituciones del Estado tomar acciones para garantizar la paz en territorio indígena de Salitre
“La violencia en la zona (de Salitre), difícilmente, puede detenerse si no se elimina el factor que genera esa atmósfera de violencia: el conflicto por la tierra. El Estado debe actuar con rapidez, según el ordenamiento jurídico nacional e internacional que lo faculta para generar un proceso, el cual permita una resolución pacífica a este conflicto, mediante una propuesta del Gobierno a la Asamblea Legislativa o por iniciativa de su diputación”, señala el pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad Nacional sobre la situación en territorio indígena salitre, emitida en sesión ordinaria celebrada el pasado 28 de marzo de 2019.
Suscrito por el presidente de este órgano José Carlos Chinchilla, el pronunciamiento del Consejo Universitario solicita a los poderes de la República, así como a instituciones del Estado las siguientes acciones para garantizar la paz en este territorio indígena:
A la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República acciones concretas para crear condiciones normativas que permitan una salida pacífica al conflicto por las tierras del territorio indígena de Salitre.
Al Gobierno de la República el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional y las disposiciones internacionales que permitan la solución al conflicto.
Al Sistema de Justicia costarricense, particularmente al Organismo de Investigación Judicial y al Ministerio Público, gestionar los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos ocurridos en la comunidad de Salitre en Buenos Aires.
Al Ministerio de Seguridad y a la Fuerza Pública incrementar su presencia y capacidad de intervención, con el propósito de garantizar la paz y la estabilidad social en el territorio de Salitre.
Este pronunciamiento del máximo órgano universitario destaca que desde agosto de 2014, la Universidad Nacional manifestó públicamente su preocupación sobre la problemática de las tierras indígenas alienadas e indicó la necesidad de que el Estado costarricense evitara la violencia social y física que acontecía en la zona indígena de Buenos Aires de Osa.
En aquel momento, en el pronunciamiento “Sobre la recuperación de tierras y los hechos ocurridos en el territorio indígena Salitre”, la UNA manifestó, entre otros, que la Ley Indígena número 6172 de 1977 establece inalienable e intransferible los territorios indígenas.
Igualmente, se indicó en aquella oportunidad que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas reafirman la posesión y el uso de la tierra por los pueblos originarios.
Hoy, casi cinco años después de lo manifestado, el Consejo Universitario de la UNA, en este nuevo pronunciamiento sobre el tema, indica que el Estado, sus instituciones y el Gobierno actual han quedado en una situación de irresolución sobre sus capacidades para poder gestionar la extinción del problema de tenencia de tierras en conflicto que pertenecen -para su disfrute y construcción cultural- a los pueblos originarios. Ciertamente, es una situación que tiene raíces atávicas; pero se ha exacerbado desde los años cuarenta y setenta del siglo XX, así como en este siglo, dice la declaratoria de la UNA.
Añade que la violencia propia del despojo y del derecho a la recuperación de tierras se ha visto acrecentada por intereses ajenos a las culturas de las naciones originarias de América, lo cual agrava la disposición plena de sus tierras y de un clima de paz, justo y merecido para quienes por más de quinientos años han padecido la arbitrariedad y la anulación de sus derechos y de la libertad plena para desarrollar sus culturas sin la amenaza externa.
Subraya que los esfuerzos realizados por el Estado costarricense han sido insuficientes para garantizar la vida, la integridad y la hacienda de quienes habitan en las zonas de conflicto; al punto que se han irrespetado e incumplido las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2015. Lo acontecido ha generado violencia, conflictos y asesinatos por la disputa de las tierras; junto a ello se destaca que en zonas como Zapatón y Térraba hasta un 85% de las tierras inalienables están en manos de personas ajenas a las comunidades originarias. A lo anterior se le agrega que en ocasiones el conflicto se complica con personas indígenas que por línea materna no son Bribri y, por tanto, no son reconocidas como parte de la nación Bribri Salitre.
Para los miembros del Consejo Universitario, este problema merece la atención del Estado y la solución del conflicto no puede basarse, exclusivamente, en el uso de la fuerza para desalojar a quienes han usurpado la tierra por décadas y, por consiguiente, también han hecho sus vidas en la zona ante la indiferencia del Estado y la sociedad. No obstante, no pueden seguir ahí y se debe generar un proceso, el cual permita la salida pacífica de estas personas y así los pueblos originarios puedan recuperen sus tierras.
Lo anterior –señala el documento- implica la generación de leyes que posibiliten la recuperación de cerca de 11.700 hectáreas; aunado a los estudios necesarios para determinar distintos niveles de compensación para quienes deban desalojar, luego de décadas de uso.
***Mayores detalles con José Carlos Chinchilla, presidente Consejo Universitario UNA 8395-3971 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Enviado por Oficina Comunicación, UNA.
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