Ayer vi en un reportaje de Telenoticias de una señora que decía: Hemos llegado a un acuerdo con los indígenas, en la Asamblea Legislativa y el Gobierno, vamos a enviar el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas a plenaria y no se va a sacar a los finqueros no indígenas de las Tierras que ocupan hasta tanto no se tenga claro el proyecto.
Lo anterior me encolerizó y me dije: “Está equivocado el Gobierno y este medio de información amarillista. Los Pueblos Indígenas no estamos pidiendo, ni mucho menos negociando, o tomando acuerdos que limitan el ejercicio de nuestro derecho, los Bribris debemos continuar con el proceso de autonomía y recuperación de Tierra y Territorio”
La discusión del proyecto es un deber del Estado, que le corresponde por obligación a la Asamblea Legislativa y no han querido hacerlo, no es el tema de acuerdo con los Pueblos Indígenas, es tema de compromiso con la comunidad internacional y en beneficio a los Pueblos Indígenas, así como la readecuación del Sistema Jurídico, político y administrativo de estos pueblos en relación con el Estado.
Los derechos nuestros no se negocian
El hecho que publiquen que no van a salir los finqueros no indígenas de los Territorios Indígenas, demuestra la incapacidad, la desigualdad, la discriminación el genocidio a los Pueblos Indígenas por parte del Estado, al no cumplir, no aplicar la Ley Indígena 6172, la Declaración Americana sobre Derechos Humanos Indígenas.
Nos persiguen por defender nuestra tierra; pero protegen al invasor no indígena, que no tiene derecho alguno. Con ello, se declaran incapaces de aplicar las legislaciones indígenas.
No debemos permitir más burlas, no hay voluntad política de los Gobiernos para los Pueblos Indígenas. La tierra es nuestra y solo puede estar en manos de los Bribris y las personas que estos aceptan como parte de la comunidad bribri, no el Gobierno. El Pueblo tiene autonomía propia y se debe ejercer.
Por último, recordarle a los Bribris, “que nada teníamos que hacer en la Asamblea Legislativa”. La Autonomía se ejerce en la comunidad, los acuerdos es en la comunidad, que si el Gobierno quiere atender que vaya a la comunidad. Las prioridades de Pueblo Bribri de Salitre no se han atendido y no se ve interés del Gobierno por hacer algo.
Por eso: Somos los Bribris con ayuda solidaria de otros pueblos y organizaciones, los llamados a fortalecer nuestra autonomía.
Enviado a SURCOS Digital por Edison Valverde Araya.
Mediante el acuerdo tomado en el Consejo Universitario, sesión Nº 5867, artículo 5, del 16 de diciembre de 2014, relacionado con el pronunciamiento sobre la situación de violencia en contra del pueblo indígena de la comunidad de Salitre, se considera que:
1. La Universidad de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común, de acuerdo con el artículo 3 de su Estatuto Orgánico.
2. Uno de los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica es el respeto a la diversidad de etnias y culturas de la sociedad costarricense, de conformidad con el artículo 4 del Estatuto Orgánico.
3. La Ley Indígena de 1977, que regula la situación jurídica de los territorios indígenas, establece en sus artículos 3 y 5:
Artículo 3. Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. (…)
Artículo 5. (…) Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna1.
4. El conflicto histórico de ocupación en territorios indígenas por personas no indígenas en el país no ha encontrado una solución a pesar de extenderse por décadas.
5. Existe evidencia de que el conflicto por la tenencia de tierras en el territorio indígena de Salitre ha generado reiterados hechos de violencia desde hace tres años, los cuales no han llegado a instancias judiciales para ser debidamente investigados y sancionados. Entre estos hechos de violencia, se incluyen:
Quema de viviendas, golpizas, hostigamiento, agresiones y amenazas con armas de fuego, retención ilegal de personas, represión, amenazas de muerte y actos de tortura.
6. Estos actos de violencia, de persecución e intimidación cometidos, en Salitre en contra de la población indígena, evidencian una fuerte problemática de racismo y ponen en peligro no solo el derecho de estas personas sobre sus tierras, sino que también comprometen su integridad personal y su derecho a la vida.
7. El Gobierno no ha garantizado el pleno respeto de los derechos humanos y la seguridad de las personas indígenas que habitan en el territorio de Salitre, y ha incumplido los acuerdos alcanzados en el mes de julio de 2014, los cuales garantizarían una protección adecuada a esta población.
8. Especialistas en la materia, integrantes de las comunidades indígenas y organizaciones sociales, así como organismos internacionales, han expresado su profunda preocupación por el hecho de que, si el Gobierno no toma las medidas necesarias, la situación en Salitre podría desembocar en una escalada de violencia cuyas consecuencias serían difíciles de revertir.
ACUERDA
1. Condenar todos los ataques perpetrados en contra del pueblo bribri en el territorio indígena de Salitre.
2. Exigir al Gobierno de la República:
Una intervención inmediata que garantice el cese de los actos de violencia en el territorio indígena de Salitre, de manera que se restablezca la convivencia pacífica.
-El cumplimiento efectivo de la legislación vigente en la materia y de los acuerdos alcanzados en julio de 2014 para garantizar la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
-Tomar las medidas y las acciones para que se respeten y reconozcan los derechos que asisten a las personas indígenas y a aquellas no indígenas, según corresponda de conformidad con la ley.
3. Urgir a las autoridades judiciales a investigar estos hechos, con el fin de juzgar y sancionar a las personas responsables de estos, para evitar que queden en la impunidad.
4. Declarar que la Universidad de Costa Rica, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante respecto de la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
5. Publicar en diferentes medios de comunicación el presente acuerdo y darle la mayor difusión posible.
ACUERDO FIRME.
Atentamente,
Dr. Henning Jensen Pennington
Rector
Información proporcionada a SURCOS Digital por Rectoría UCR.
Comparecencia de la viceministra Ana Gabriel Zúñiga ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa
Conferencia de prensa de representantes indígenas de Salitre
En el marco de la visita de representantes del pueblo Bribri de Salitre al Poder Legislativo el día 3 de diciembre, la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó:
Llamar a comparecer a la Viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga ante esta Comisión el día 17 de diciembre a las 10:00 a.m. para conocer la posición del Gobierno con respecto a las situaciones de violencia y violación de derechos humanos que está sufriendo ese pueblo indígena y sobre el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos logrados en julio y agosto pasado con la comunidad.
Además acordó realizar una visita en pleno al pueblo Bribri de Salitre programada para el segundo o tercer fin de semana del mes de enero de 2015; con el fin de escuchar de viva voz del pueblo indígena de Salitre que es lo que está pasando en ese territorio indígena y conocer las demandas y planteamientos de esa comunidad.
A la 1 p.m del día 17 de diciembre a las 10:00 a.m. se realizará una conferencia de prensa por parte de los y las representantes indígenas para dar a conocer los alcances de esta comparecencia, la misma se realizará en Casa Rusa (costado este de la Asamblea).
La comunidad indígena exige en estos momentos al Ejecutivo y al gobierno en general:
– La ejecución de tres auxilios policiales que plantearon referidos a las recientes invasiones y que pretenden poner en posesión a las familias indígenas recuperadoras.
– Ejecutar 7 desalojos administrativos requeridos a ese despacho desde setiembre, sobre terrenos invadidos por terratenientes plenamente identificados.
– Brindar seguridad y garantizar la integridad física de las personas expulsadas de sus tierras en las últimas invasiones del mes de noviembre.
– Pronta intervención en la continuación de la revisión de los límites territoriales.
El 17 de diciembre se estaría llevando a cabo desde la 8 de la mañana una manifestación de Solidaridad con el Pueblo Bribri de Salitre en las afueras de la Asamblea Legislativa.
Para más informes comuníquese con Jeffery López, Ditsö. Teléfono 2280 4725
La comunidad indígena Bribri de Salitre comunica y denuncia:
Gobierno incumple acuerdos firmados en julio
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
Costa Rica. Miércoles 3 de diciembre de 2014.
Representantes de la comunidad indígena Bribri de Salitre denunciaron públicamente en conferencia de prensa que el Gobierno de Luis Guillermo Solís no ha cumplido con los acuerdos alcanzados con esta comunidad indígena en el mes de julio con ocasión de los hechos de violencia perpetrados en el territorio indígena por un grupo de terratenientes usurpadores y agresores.
Dentro de los acuerdos y con el fin de garantizar la integridad territorial y física de las y los habitantes indígenas de Salitre, el Gobierno se comprometió a establecer un puesto policial en la comunidad; compromiso que no ha sido cumplido hasta el día de hoy y que ha permitido nuevas agresiones a la comunidad, entrada de armas a la misma y nuevas invasiones por parte de estos terratenientes.
También se había acordado que no habría más recuperaciones por parte de los indígenas, compromiso que la comunidad Bribri ha cumplido; además los no indígenas tampoco realizarían más actos de intimidación en el territorio y que las fincas recuperadas debían mantenerse en manos de los beneficiarios indígenas recuperadores.
La comunidad denuncia que debido a la inacción e incumplimiento del gobierno; en estos 5 meses se han dado varios actos de intimidación, amenazas e invasiones en el territorio por parte de agresores y usurpadores no indígenas; como es el caso de las agresiones del 9 de setiembre en la comunidad de Rio Azul, donde William Arias, su hermano y otros intimidaron, dispararon armas de fuego y quemaron el rancho que la familia de Adelita Delgado había construido en la finca recuperada desde julio.
Nuevas invasiones por parte de supuestos usurpadores no indígenas
Representantes de la comunidad Bribri de Salitre denuncian que debido al incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos de julio se han dado tres nuevas invasiones en el territorio, acompañadas de actos de violencia, agresión, quema de ranchos y amenazas.
El miércoles 19 de noviembre de 2014 al ser las 8 a.m. el no indígena Carlos Humberto Gómez Villanueva y tres sujetos más invadieron la finca de la indígena Camelia Morales Ortiz sacando a su familia bajo una lluvia de balas obligándolos a refugiarse en la montaña y posteriormente quemando su rancho.
El día domingo 23 de noviembre al ser las 5 p.m. un grupo de 9 personas no indígenas invadieron la finca del indígena Santos Figueroa Vidal, amedrentándolo con armas de fuego y amenazas de muerte. El mismo domingo, un no indígena de nombre Oscar Solís Ruiz y tres hombres más invadieron la finca de la señora indígena María de los Ángeles Morales Figueroa, expulsando y obligando a la familia a dormir en la calle luego de verse amenazados de muerte con armas blancas.
Ante estas agresiones e invasiones debidamente denunciadas y comunicadas al Gobierno, hasta el día de hoy el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha dicho, ni hecho absolutamente nada, incumpliendo una vez más los acuerdos del mes de julio.
Comunidad exige que Ejecutivo cumpla con la ejecución de 7 desalojos solicitados desde setiembre
De acuerdo a un documento comunal de fecha 23 de noviembre de los corrientes dirigido a la Viceministra de presidencia Ana Gabriel Zúñiga, la comunidad indígena exige en estos momentos al Ejecutivo y al gobierno en general:
– La ejecución de tres auxilios policiales que plantearon referidos a las recientes invasiones y que pretenden poner en posesión a las familias indígenas recuperadoras
– Ejecutar 7 desalojos administrativos requeridos a ese despacho desde setiembre, sobre terrenos invadidos por terratenientes plenamente identificados.
– Brindar seguridad y garantizar la integridad física de las personas expulsadas de sus tierras en las últimas invasiones del mes de noviembre
– Pronta intervención en la continuación de la revisión de los límites territoriales.
Comunidad considera que encarcelación de Sergio Rojas es un abuso
La forma en el proceso que le siguen al compañero Sergio Rojas es totalmente contraria a los principios de aplicación de la justicia, es inconcebible que tanto la Fiscalía de Asuntos Indígenas como la Jueza se hayan ensañado con nuestro compañero admitiendo las acusaciones sin haber investigado lo suficiente como para dictarle tales medidas. Si hay una investigación estamos de acuerdo que investiguen, pero no logramos entender cómo la Fiscalía de Asuntos Indígenas autoriza y encabeza un operativo de tal magnitud, donde humillaron y maltrataron a nuestros hermanos, tengamos hoy un preso político y no cualquiera, sino un líder indígena que ha estado luchando por los derechos territoriales del pueblo indígena Bribri de Salitre.
Por otra parte según el convenio 169 en su artículo 10.2 “Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento” razón por la cual ni Sergio ni otro compañero indígena debe mantenerse encarcelado pues dichas medidas son violatorias a nuestros derechos.
Comunidad y organizaciones sociales lanzarán campaña nacional e internacional de presión contra Gobierno
Además, la comunidad anunció que en coordinación con diversas organizaciones sociales estarán realizando una campaña nacional e internacional informativa y de presión contra el Gobierno de la república por violación a los derechos humanos del pueblo Bribrí de Salitre, al no cumplir esta administración con diversos acuerdos con la comunidad.
Miércoles 3 de diciembre de 2014
Felipe Figueroa
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8409-9129
Marino Delgado Rojas
Comunidad Bribri de Salitre
Tel: 8581-9307
Comunidad Bribri de Salitre
Coordinadora de Lucha Sur-Sur
Ditsö
Enviado a SURCOS Digital por Fredy Vargas Chavarría.
Representantes del Territorio Indígena de Salitre, denuncian e informan a la comunidad nacional e internacional
• Los últimos hechos de violencia en contra del Pueblo Bribri de Salitre
• El no cumplimiento de los acuerdos entre el pueblo Salitre y el actual gobierno de Luis Guillermo Solís, firmados en julio del presente año
• Inicio de la campaña nacional e internacional de denuncia al estado costarricense y al actual gobierno de Luis Guillermo Solís, por violación de derechos al Pueblo Bribri.
El pueblo Bribri de Salitre y la Coordinadora de Lucha Sur Sur y Ditsö invitan a la conferencia de prensa, a realizarse este miércoles 3 de diciembre en las instalaciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, a la 1:30 p.m. (detrásdel comedor estudiantil).
El pueblo indígena de Salitre desde hace algunos años viene desarrollando procesos importantes de recuperación de tierras y de consolidación de mecanismos de gobierno propio, amparados en la legislación nacional y en una serie de convenios internacionales suscritos por el estado costarricense. Ante estos procesos, un grupo de personas no indígenas, completamente identificado, compuesto por terratenientes, personas no indígenas y políticos, han perpetrado una serie de actos de violencia contra el pueblo indígena.
Dentro de los actos perpetrados se encuentran; ataques con arma de fuego, machetes, atentados contra la vida, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de casas, amenazas, lesiones graves y otros actos violentos. Estos hechos están debidamente denunciados ante las instancias públicas correspondientes, y se remontan al menos al año 2012, sin que hasta el momento haya habido ni una sola acción en el sentido de garantizar la integridad territorial y personal indígena, por parte de la Fiscalía de la República.
En julio del presente año, como consecuencia de graves actos de violencia contra indígenas (quema de casas, amenazas de muerte, persecución armada de hombres y mujeres indígenas, interrupción de la electricidad, bloqueo del territorio y otros) el pueblo de Salitre firmó una serie de acuerdos con el gobierno actual de Luis Guillermo Solís, mismos que hasta el día de hoy no han sido cumplidos. Producto de este grave incumplimiento por parte del gobierno actual de los acuerdos, entre los días del 19 y 24 de noviembre del presente año, se han perpetrado nuevos hechos de violencia, donde agresores armados amenazaron familias e invadieron 3 fincas indígenas recuperadas legítimamente por la comunidad.
Ante esta grave situación de violación de derechos humanos y de impunidad y violencia, que vive hoy el Pueblo Bribri de Salitre; en la conferencia se hará un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que se acompañen las demandas y exigencias del Pueblo Bribri de Salitre. Así como se denunciarán los graves hechos de violencia recientes y se darán a conocer detalles de la campaña internacional de denuncia al estado y el actual gobierno costarricense por violación de derechos al Pueblo Bribri de Salitre.
Para mayor información, por favor contactar a:
Gustavo Oreamuno de Ditsö / correo: ditso.org@gmail.com
La Red de Mujeres Rurales, se solidariza con el pueblo Bribrí que lucha por sus tierras, y exige que el gobierno respete las mujeres indígenas del Territorio Indígena de Salitre y al pueblo en general, que ha sido violentado por hacer valer su derecho a la tierra.
Imagen con fines ilustrativos.
En solidaridad con nuestras compañeras indígenas de Salitre y con ocasión del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, una delegación de la Red de Mujeres Rurales de otras comunidades y territorios hemos visitado el territorio indígena de Salitre, hemos escuchado a las compañeras, compartido la hostilidad y las agresiones que viven, la usurpación de sus tierras y hemos visto y conocido los daños causados por los usurpadores.
Los días 26 y 27 de noviembre nosotras mujeres bribris de Salitre y junto con otras mujeres de la Red de Mujeres Rurales, indígenas de otros territorios indígenas y campesinas de comunidades vecinas, nos hemos informado y queremos informar a todas las personas respetuosas de los derechos humanos.
Por eso denunciamos los siguientes hechos:
-Que el 5 y 6 de julio, alrededor de 200 personas no indígenas, usurpadores de territorios indígenas llegaron a Salitre y en estado de ebriedad bloquearon la entrada principal del territorio y a las 8 pm quemaron la vivienda de María Otilia Figueroa Calderón del clan Tuariwak, luego quemaron el rancho de las hermanas Heylin y Roxana Figueroa, ubicado en la finca Pinto (usurpada por la transnacional piñera PINDECO), a las 4 am quemaron el rancho de Yoelis Villanueva y a las 8 am del 6 de julio quemaron el rancho de Ademar otro compañero indígena.
-Que el 7 de julio se procedió a hacer las denuncias por los actos de violencia y la agresión sufrida y la respuesta de la fiscalía y el OIJ fue que por no tener culpables directos no recogerían la denuncia aunque nos asesoramos que podíamos denunciar por sospechas directamente a alguien, no nos tomaron la declaración.
-Que en esa semana se hicieron acuerdos con la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zuñiga, entre los que se consideró que la parte no indígena detendrían sus agresiones y usurpaciones, y que los indígenas no haríamos recuperaciones mientras se iniciara el proceso de desalojar a los finqueros que ocupan tierras en el territorio y acordamos que se respetaran los acuerdos por las tres partes: gobierno, finqueros e indígenas. Entre los acuerdos a los que el gobierno se comprometió fue de sacar a Tais Vidal Navarro, así como otros usurpadores del territorio, también a hacer un censo sobre la tierra y sus ocupantes, para definir sus derechos sobre la tierra si había ocupantes desde antes de la Ley de 1977. Otro acuerdo fue que habría un reten policial a la entrada de Cebror, para asegurar que los agresores no entraran con armas o productos quemantes para salvaguardar la integridad de los indígenas.
-Que estos acuerdos no fueron cumplidos por el Gobierno, ni por los no indígenas.
-Que el miércoles 19 de noviembre, los sikuas finqueros armados invadieron la finca recuperada por Camelia Morales Ortiz, quemándole el rancho y sus pertenencias, disparando y además de aterrorizarla a ella y a sus niños.
-Que el sábado 22 de noviembre estos individuos violentaron nuevamente a Camelia quemándole el rancho de su hermana, donde se resguardaba con su familia.
-Que el domingo 23 de noviembre, los no indígenas ingresaron a la finca recuperada por Santos Morales armados y lo despojaron de la finca quemándole su rancho y pertenencias.
-Que el reporte que da la policía ante los hechos es que no hay dichas agresiones y quemas, y cuando las indígenas tratan de denunciar estos actos de violencia no les toman la declaración, haciendo que esto quede impune junto con las agresiones anteriores.
-Que responsabilizamos al Estado por estos hechos de violencia por no actuar y no hacer que se cumplan los acuerdos, la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, además de no velar por los Derechos Humanos del pueblo indígena de Salitre.
-Que Carlos Gómez, Oldemar Rojas Ortiz, Wilbert Díaz López han amenazado con armas de fuego y han atacado con perros a Camelia Morales Ortiz. También el 29 de junio Carlos Gómez amenazada con cortarle la cabeza por estar defendiendo su derecho a la tierra.
-Que las mujeres de Salitre y sus familias han sufrido agresiones físicas y también agresiones verbales y amenazas, además de que los sikuas las están atemorizando disparando en las noches y si andamos por la calle nos echan el vehículo, por eso no nos sentimos tranquilas en el territorio, y nos preguntamos ¿Por qué tenemos que vivir con miedo en nuestro propio territorio?
-Que el OIJ no quiere reconocer los documentos que tenemos de nuestra posesión de la tierra, otorgados por la Asociación de Desarrollo del Territorio, y nos intimidan sobre nuestro derecho a estar en nuestro territorio.
-Que La fiscalía de asuntos indígenas de Buenos Aires no ha sido consecuente (ha actuado mal), no toman las denuncias presentadas en varias ocasiones, argumentan que los sikuas (no indígenas que han usurpado) tienen el derecho. Esto pasa porque quienes trabajan en la fiscalía también son sikuas y además son familiares de los usurpadores agresores.
-Que Camelia fue a denunciar la violencia de la que fue víctima y más bien se le acusó de haberse robado un ganado y no le tomaron la denuncia.
-Que nosotras como mujeres indígenas consideramos que son violaciones a nuestros derechos humanos. Los blancos no tienen derecho al territorio como lo dice la Ley Indígena de 1977.
-Que la violencia a las familias y los traumas que quedan en los niños, niñas y adolescentes, porque después de los ataques quedan temerosos, cuando queman ranchos no les importa que hayan niños y niñas. ¿cómo se logra la protección a las familias si en la fiscalía no atienden las denuncias?
-Que en las instituciones como OIJ y Fiscalía tratan a las y los indígenas de mentirosos (as), los policías dicen que no les creen lo que denuncian, cuando ese no es su trabajo, entonces los indígenas quedamos sin derechos.
-Que los gobiernos anteriores y el actual no hacen nada y son responsables de lo que sucede por su indiferencia, hablan de hacer un diálogo, pero al tiempo de ellos y ya como pueblos indígenas estamos cansados de que hablen tanto y no hagan nada. De que no respeten ni sigan la Ley solo está en el papel.
-Que PINDECO en el territorio de Salitre y en otros territorios indígenas contaminan la tierra, los ríos, el aire y decimos que el dinero no es lo único necesario, si no que es necesario conocer y tener donde sembrar. Los indígenas de por vida hemos amado la semilla criolla y no queremos que se pierda, ni que se siga perdiendo, los proyectos de los gobiernos tienen las mismas metas de contratos con las transnacionales agrícolas que ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.
-Que el gobierno es cómplice de la situación de violencia que el pueblo bribri de Salitre está viviendo porque no ha hecho que se cumpla la ley indígena no. 6172 de 1977 , porque por ley los documentos que la ADI nos ha dado sobre la posesión de las tierras de nuestro territorio y de nuestros ancestros son legítimos pero la fuerza pública los pone en duda y si le dan valor a los documentos de los sikuas sobre la compra de los terrenos de nuestro territorio que son ilegales porque la Ley indígena dice que los terrenos de los territorios indígenas no se pueden vender, ni cambiar, ni arrendar, ni hipotecar.
-Que el gobierno está negando las formas de organización de los pueblos indígenas y exigimos que nos las respeten. Por eso es que los sikuas hicieron que Sergio Rojas esté en la cárcel y con eso creen que pueden hacer lo que quieran, además él le ha dado frente al gobierno y al proceso de recuperación de tierras y por eso “no cae bien ni al gobierno ni a los finqueros” . Por lo tanto se declaramos que el caso de Sergio Rojas es persecución política porque quieren obstaculizar nuestro proceso de reivindicación de nuestros derechos, las recuperaciones de tierra.
-Que el gobierno no ha hecho los estudios a los no indígenas para expropiarlos, ya que no son poseedores de antes de 1977.
-Que aunque los territorios demostraron buena fe con la mesa de diálogo, el gobierno no ha llevado a cabo acciones concretas.
-Que hay otras acciones de invasión a nuestros territorios como el proyecto Diquís y el programa REED +. Solo quieren quitar nuestros recursos y nuestros territorios.
Exigimos:
-Que nos escuchen y que se respeten los derechos de los indígenas dentro y fuera de los territorios.
-Que no hayan mas amenazas, atropellos contra nuestros hermanos indígenas y que todas las instancias poderosas intervengan para que no sigan sucediendo estas cosas.
-Que la Fiscalía de Asuntos Indígenas tome las demandas por parte de los indígenas de Salitre.
-Que las denuncias sean recibidas y se entiendan las necesidades de las personas de los territorios indígenas.
-Que se respeten los territorios indígenas y que el gobierno no ponga más trabas para la Ley de Autonomía Indígena, que ya tiene màs de 20 años de haberse presentado. Que se denuncie quién está detrás de estos intereses.
-Que se haga justicia con todas las pruebas, cuando hay mujeres con niños y niñas en la montaña, con hambre y frío. Escapando al monte por las amenazas de los finqueros y con todo lo que ha venido ocurriendo en Salitre se demuestra un accionar pacífico por parte de los indígenas bribrí de Salitre y llegará el momento en el que ya no se va a aguantar y se defenderán de una u otra manera. Se le exige al gobierno de Luis Guillermo Solís que actúe al respecto.
-Que se cumpla la ley indígena no. 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos Humanos.
-Que el gobierno respete los acuerdos tomados sobre Salitre, se cumplan y se avance para sacar a los no indígenas del territorio.
-Que las comunidades sean consultadas sobre proyectos en sus territorios porque es un derecho. Como en el caso del proyecto Diquís, para que no siga adelante, ni dentro del territorio indígena de Térraba ni fuera del territorio, queremos el río libre.
-Que REDD + no se implemente en los territorios indígenas, porque esto también es agresión y violencia contra nuestros derechos.
-Que se respeten los procesos de organización de los habitantes originarios, como el Consejo de Mayores de Cabagra Iriria Jetchö Wakpa
-Que se libere al presidente de la ADI de Salitre Sergio Rojas.
-Que el gobierno asegure la integridad física de los indígenas recuperantes del territorio.
Firman:
Rogelia Rojas Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Everilda Flores Beita, delegada del Territorio Indígena de Abrojo Montezuma
Heylin Morales Mayorga, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Zaida Ortiz Granda, delegada del Territorio Indígena de Cabagra
Luisa Bejarano M., delegada del Territorio Indígena de Conte Burica
Sary Rojas Leiva, delegada del Territorio Indígena de Curre
Fanny Reyes Ortiz, delegada del Territorio Indígena de Térraba
Floribeth Arguedas H., delegada de El Águila de Pérez Zeledón.
Berta Díaz M., delegada de Potrero Grande
Bellanira Navarro Jiménez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Carmen Gamboa Chinchilla, delegada de San Juan Bosco de Pérez Zeledón
Grace Lucía Navarro Pérez, delegada de Mollejones de Pérez Zeledón
Roxana Figueroa Calderón, Salitre
Camelia Morales Ortiz, Salitre
Paola Figueroa Calderón, Salitre
Yamileth Morales Figueroa, Salitre
Janoly Morales Rojas, Salitre
Alejandra Bonilla Leiva, Tinamaste
Sandra Monge Vásquez, Asociación de Estudiantes del IEM- UNA (ASEIEM)
Mariel Quesada Chacón, Asociación de Estudiantes de Ciencias Biológicas-UNA (ASECB)
Herminia M. C., Salitre
Jairo Figueroa Calderón, Salitre
Jairo A. Sanchez P., bribri de Talamanca
Ma. Otilia Figueroa C., Salitre
Ilustración tomada del Facebook del Red de Mujeres Rurales:
ONU llama al diálogo respetuoso y constructivo para poner fin a violencia en territorios indígenas del sur de Costa Rica
Comunicado de prensa
Imagen con fines ilustrativos.
Ante los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en el territorio indígena de Salitre, el Sistema de las Naciones Unidas hizo hoy un llamado a los diversos actores a poner fin a los actos de violencia e intimidación y acudir a la vía del diálogo respetuoso y constructivo que permita encontrar soluciones pacíficas y duraderas a las causas del conflicto, generado principalmente por la ocupación de los territorios indígenas por no indígenas.
Para ello, se hizo un llamado a las partes a contribuir en la preservación de un clima de serenidad que permita a las instituciones actuar en apego a lo que establece el ordenamiento jurídico, con pleno respeto al Estado de derecho, el sistema democrático y los derechos humanos.
La ONU instó al Estado a seguir avanzando en acciones que permitan a los pueblos indígenas el goce pleno y efectivo de sus derechos reconocidos en la legislación nacional, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos.
Para este fin, Naciones Unidas exhortó a seguir avanzando en la delimitación, amojonamiento y saneamiento en territorios indígenas de Costa Rica que busca garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras y territorio. Asimismo pidió al Estado tomar las acciones requeridas para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Naciones Unidas recordó que los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y desarrollar sus propios sistemas e instituciones políticas, económicas y sociales, y expresó su confianza en que este derecho se ejercerá con transparencia, respetando los principios de la democracia y los derechos humanos, y asegurando la participación de todos los miembros de las comunidades indígenas sin exclusión.
Información enviada a SURCOS Digital por Paulino Nájera.
El compañero indígena Bribri Sergio Rojas Ortiz, del territorio indígena de Salitre fue detenido el pasado jueves 06 de noviembre; y desde ese día está detenido en la Prisión de San Isidro de Pérez Zeledón, con “medidas cautelares”, ante el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, a cargo de la Licda. Adriana Céspedes del Ministerio Público; quién alegó la existencia en “grado de probabilidad”, el “peligro de fuga y obstaculización a la investigación”, pidiendo “medidas cautelares”, una caución o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del país, la prohibición de contactar a los denunciantes y testigos, además de ser inhabilitado del cargo como Presidente de la Asociación –ADI de Salitre.
El Expediente # 12-200679-0634-PE se tramita en la Fiscalía de Asuntos Indígenas del Primer Circuito Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administración fraudulenta.
Ante esta situación, nosotros jóvenes indígenas decidimos al ser las 10:15 de la mañana de hoy miércoles 19 de noviembre, tomar las Oficinas de la Fiscalía de Asuntos Indígenas; para exigir la liberación inmediata del compañero Sergio Rojas, ya que consideramos que actualmente es un preso político del Estado costarricense.
Consideramos que la actuación de la Fiscalía de Asuntos Indígenas, del Poder Judicial y del Ejecutivo ha sido injusta, desproporcionada y cargada de prejuicios racistas; por lo que exigimos un proceso judicial justo y en libertad para Sergio Rojas.
Ante el proceso de recuperación de tierras que ha venido desarrollando el pueblo Bribri de Salitre; grupos de terratenientes y otros sectores dominantes han perpetrado actos de violencia contra el pueblo indígena, con ataques con arma de fuego, machetes, tortura, persecución de mujeres y niños en la montaña, quema de ranchos, amenazas y otros actos violentos; ante los cuales la administración anterior y la actual actuaron de forma complaciente con los grupos de matones y agresores.
¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y allanamientos similares, para capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra /territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio?
Nosotros como jóvenes indígenas, hacemos un llamado a los demás hermanas y hermanos indígenas a solidarizarse y manifestarse por la libertad de Sergio Rojas, así como a profundizar la organización en nuestros territorios para defender nuestros derechos.
El líder bribri Sergio Rojas Ortiz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) del Territorio Indígena de Salitre, en Costa Rica, fue encarcelado al dictarle medidas cautelares de prisión preventiva o una fianza desproporcionada para la capacidad de cualquier dirigente indígena, por una supuesta administración indebida de recursos provenientes del Pago de Servicios Ambientales (PSA), a través de la institución gubernamental Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). La denuncia fue presentada por indígenas que tienen una estrecha relación con personas no indígenas ocupantes de tierras en Salitre, quienes de acuerdo al gobierno territorial no han demostrado la legalidad de dicha ocupación.
La detención se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires,después que la Fiscalía de Asuntos Indígenas, acompañada de un fuerte contingente de varios cuerpos de seguridad del gobierno, realizó diez allanamientos en Salitre.
Asunto de fondo: Despojo de las tierras y sus recursos indígenas
El despojo de la tierra y recursos indígenas viene desde hace décadas debido a las acciones promovidas por instituciones gubernamentales, las transacciones de tierras por diversas formas inmorales e ilegales de indígenas a no indígenas minifundistas y latifundistas ocupantes ilegales, con la complicidad de abogados y notarios; situación que la gubernamental Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) ha desatendido y debió haber evitado de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, por lo tanto se convierte en cómplice.
En los últimos años la presión sobre las tierras indígenas se ha incrementado considerablemente por parte de poderes del Estado,privados, y políticos, por intereses particulares en la construcción de hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones mineras,petroleras y de gas natural, situación que la cual personas no indígenas ocupantes ilegales de tierras, aliados con indígenas que han perdido su identidad y relación cosmogónica con la tierra, ven una oportunidad de oro para obtener exorbitantes indemnizaciones del Estado por las tierras propiedad de los pueblos indígenas.
La situación de la tierra en territorios indígenas es bastante grave, en el Territorio de China Kichá, de la extensión de tierra que les corresponde, únicamente está en sus manos el 2% (equivalente a 3 hectáreas para toda la comunidad) y en el de Altos de San Antonio, solo el 3%. El resto de la tierra es ocupada ilegalmente por no indígenas.
El proceso de recuperación de la tierra, los indígenas lo llevan a cabo utilizando los procedimientos legales establecidos en la legislación nacional. En Salitre la recuperación está a cargo de la autoridad que el mismo estado estableció para la administración del territorio,por lo que se encuentra dentro del marco legal, no es una acción individual. En los pueblos indígenas quienes ejerzan el gobierno territorial tienen la obligación de continuar con el propósito de recuperación de la tierra.
Los ocupantes ilegales en Salitre han reaccionado de múltiples formar incluyendo violentas, como: el intento de asesinato contra Sergio Rojas(setiembre 2012), actualmente Presidente del la ADI; lesiones con arma de fuego y blanca a Wilbert Ortiz Delgado; amputación con arma blanca dedos dedos de una mano a Marcos Obando Delgado, y heridas con arma blanca a Mainor Ortiz Delgado, a quien además *LO MARCARON CON UN HIERRO CALIENTE EN EL PECHO*, como se marca el ganado (enero del 2013).
Campaña de desinformación
Los no indígenas ocupantes ilegales de tierras, ante el hecho inminente de tener que devolver las tierras, han montado una estrategia para desinformar a la comunidad nacional, con la finalidad de quedarse con las tierras que no les corresponde o bien que el Estado los indemnice por un derecho que aún no han demostrado tener, y más bien deberían de ser castigados penalmente por talar la montaña y convertir esas áreas en potreros. En esta campaña están utilizando a personas no indígenas para que ofendan, difamen, discriminen y criminalicen a los indígenas en las redes sociales, especialmente Facebook, quienes es sabido, tienen fuertes intereses personales en las tierras indígenas y en el beneficios que les representan ser voceros de los ocupantes ilegales; así como a algunos indígenas funcionarios públicos. La prensa comercial,especialmente el diario La Extra, tiene una campaña sistemática,un show mediático, favoreciendo evidentemente a las personas ocupantes ilegales de tierras indígenas y sus recursos, mezclando hechos puntuales de supuestos delitos atribuidos a indígenas, con la situación de los ocupantes ilegales; la Extra en sus /“investigaciones”/entrevista religiosamente a un circulo de personas que están al servicio de los invasores, y las presenta como voceras de la realidad histórica del Territorio de Salitre, con lo que pretende posicionar como verdad hechos que son totalmente falsos.
Caso del bribri Sergio Rojas Ortiz y la responsabilidad del Estado
El caso de una supuesta administración indebida de recursos económicos provenientes del PSA que está siendo atribuida al bribri Sergio Rojas,es un hecho que tiene que ser resuelto en los tribunales de justicia, donde Sergio puede demostrar su inocencia. En el fondo, estas denuncias son un claro mensaje de criminalización de la lucha indígena,para amedrentar los pueblos indígenas y su dirigencia que en forma creciente y sostenida autónomamente avanzan en la recuperación de la tierra que les ha sido usurpada de múltiples formas.
El modelo de PSA no reconoce que los territorios indígenas son sistemas colectivos, el sistema de conservación que impulsan no establece una sintonía con el sistema cultural de conservación de los pueblos indígenas, por lo tanto no establece mecanismos con pertinencia cultural para garantizar el manejo transparente de los recursos. Para FONAFIFO, los territorios indígenas son una finca más, visto así, FONAFIFO tiene una altísima responsabilidad en lo que sucede en Salitre y pueda suceder en otros territorios indígenas.
Si las actuales reglas administrativas para el manejo de los PSA y los contratos han sido elaboradas y definidos por FONAFIFO, entonces preguntamos ¿Cuál es el dolo en la forma que los territorios manejan los recursos del PSA? Si en el caso del bribri Sergio Rojas, existiera dolo, entonces las personas responsables de FONAFIFO también deberían estar siendo investigadas administrativas y penalmente, hasta imponerles medidas cautelares.
Los pueblos indígenas históricamente no han sido del interés de los poderes del Estado y sus instituciones, excepto para apoderar de sus tierras y recursos naturales y de la biodiversidad. Algunos menciones,
*Los casos de tierras presentados por los indígenas son resueltos varios lustros después por los tribunales de justicia.
*Los casos de violencia contra los indígenas no son atendidos diligentemente por tribunales de justicia.
*Las medidas cautelares impuesta por un tribunal de justicia al bribri Sergio Rojas, son desproporcionadas.
*La Fiscalía de Asuntos Indígenas, moviliza fuerte contingentes de distintos cuerpos de seguridad del estado, pide medidas cautelares desproporcionadas cuando un indígena es acusado de un supuesto delito. Caso de Sergio Rojas. Sin embargo, actúa pasivamente cuando son los indígenas los denunciantes.
*Las fuerzan de seguridad no se movilizan con fuertes contingentes en los casos donde los indígenas son víctimas; pero no ha sucedido lo mismo en el cierre de calles manifestaciones realizadas por los no indígenas ocupantes ilegales de tierras indígenas.
*FONAFIFO no ha sido transparente en la información de información a los territorios, especialmente con los indígenas que son poseedores de los bosques sometidos al PSA.
*Bajo el supuesto de respeto a la Autonomía Indígena, FONAFIFO actúa irresponsablemente ante hechos anómalos en el PSA de lo que son informados por indígenas, por lo tanto esta institución es la primera responsable de estos sucesos.
*La falta de transparencia en la información de FONAFIFO se agrava actualmente en el caso del manejo del proyecto REDD+. Las comunidades están siendo desinformadas cuando los promotores asalariados únicamente les dicen que si participan en REDD+ van a recibir mucho dinero.
*El Ejecutivo conoce muy bien la actuación histórica de CONAI en contra de los indígenas, pero no hace nada para corregir la situación.
CONAI cuenta con promotores (funcionariospúblicos) en todos los territorios del país.
*La Asamblea Legislativa no asume su responsabilidad política de actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, el 22 de este mes, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, cumple 20 años de trámite legislativo y no se aprueba o rechaza.
*El agua potable de la ciudad de Buenos Aires, viene del Territorio Indígena de Ujarrás. En el territorio no tiene agua potable.
*Los poderes del estado deben tomar de inmediato las medidas preventivas y correctivas expeditas para resolver de una vez por todas, la situación de las tierras indígenas, con lo cual demostrarían que no están avalando la ocupación ilegal de las tierras indígenas.*
*El Poder Ejecutivo debe de:
-Analizar los procedimientos legales y de forma expedida.
-Expulsar de todos los territorios indígenas a todas las personas no indígenas que son ocupantes ilegales de las tierras.
-Abrir inmediatamente una investigación a fondo sobre el funcionamiento de CONAI. El trabajo que deben realizar en base a su reglamento versus el trabajo que realmente desempeña, así como el impacto en los pueblos indígenas. Laexistencia de procedimientos administrativos contra algunos funcionarios y si los mismos están siendo tramitados a derecho y en su debido tiempo, o están engavetados.
*Intervenir en forma urgente FONAFIFO para determinar:
1) El grado de responsabilidad de esta institución en la forma y fondo del manejo de los PSA, en territorios indígenas, y 2)Revisar si existe o no una política clara y con pertinencia cultural de los PSA. De lo contrario se corre el riesgo, que por la irresponsabilidad de FONAFIFO todos los dirigentes indígenas tengan que enfrentar juicios en los tribunales de justicia.
* Abrir inmediatamente una investigación contra toda aquella persona que esté involucrada en el comercio, traspaso y cobro de indemnizaciones ilegales de tierra en los territorios indígenas.
* Agilizar los procesos de delimitación, amojonamiento y saneamiento de la tierra en los todos los Territorios Indígenas. Proceso que está avanzado en el Territorio de Salitre.
*El Poder Judicial –Fiscalía y Tribunales– debe de:
-Actuar con la misma celeridad y dimensión en los casos denunciados por los indígenas, tal como lo hacen cuando los indígenas son los denunciados.
-Abrir una investigación a toda persona involucrada en el comercio ilegal de tierras indígenas, así como en los casos donde se han pagado indemnizaciones desproporcionas por supuestas mejoras. Se debe tomar en cuenta cuál era el estado de la tierra y sus recursos cuando fue ocupada por no indígenas y cuál es el estado de mejoría por el que están cobrando.
*La Asamblea Legislativa debe de:
-Aprobar de inmediato el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente 14.352.
-Ejercer control político sobre las instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades directas con los pueblos indígenas y que históricamente actúan en contra de ellos.
*Los poderes del estado, aplicando los derechos de los pueblos indígenas, tienen la oportunidad de demostrar que Costa Rica es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, de justicia social y el más feliz, tal como lo predican al mundo.
La Red de Mujeres Rurales de Costa Rica informa que ha emprendido acciones ante la Relatoría de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, ante la violación de los Derechos Humanos del pueblo Bribrí del Territorio Indígena de Salitre y muy particularmente, contra las mujeres indígenas; mientras el Gobierno no toma acciones para la solución real de esta grave situación.
Adjuntamos el documento enviado a la Relatoría de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, como señal de protesta contra la grave situación que viven los pueblos indígenas y particularmente el pueblo Bribri en el Territorio de Salitre, así como la posición omisa del gobierno.
