Trabajo articulado del Programa EMPRENDE Rural y la Fundación Otto Solera ha incidido con éxito en la zona
El CEU de Talamanca fue el escenario ideal para la presentación de las iniciativas de los emprendedores
Por Evelyn Gutiérrez Soto, UNED
El programa EMPRENDE Rural de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) concluyó con éxito su segundo módulo del componente de formación en Shiroles, Talamanca. El programa ha contado con los aportes de la Fundación Otto Solera, quien ha sido un aliado importante en el logro de las metas y objetivos del programa junto con los encargados del mismo Adrián Bonilla y Edgar Castillo.
Durante la gira realizada al CEU de Talamanca y sus alrededores los estudiantes presentaron a los miembros de la Fundación Otto Solera y a los funcionarios de la UNED, sus productos que han potencializado de la mano de EMPRENDE Rural y que incluye, la elaboración de productos lácteos como queso crema y helados, comercialización de productos derivados de chocolate artesanal, confección de ropa, artesanías, así como iniciarse en el negocio de la panadería entre otros.
La Administradora del Centro Universitario (CEU) de Talamanca Lilliam Marbelly Vargas señalo que el trabajo que han realizado los emprendedores brinda una oportunidad de superación a las personas. Es por esta razón que el programa EMPRENDE Rural ha sido una oportunidad de estudio, que se materializado en la zona contribuyendo a que los estudiantes puedan mejorar sus condiciones de vida. Vargas indicó que dentro de la visión de la UNED, el Centro Universitario a su cargo tiene como meta convertirse en una sede intercultural que permita salvaguardar las tradiciones en territorio indígena.
Por otra parte Oscar Méndez, Presidente de la Fundación Otto Solera manifestó que el ejemplo que han mostrado los educandos de querer surgir y mejorar sus condiciones de vida, convierte cada oportunidad en un reto que se transforma en ideas creativas. La fundación ha venido colaborando con EMPRENDE Rural desde el 2015 y ha financiado el proyecto de Santa Cecilia en La Cruz y en la actualidad está apoyando la iniciativa que se lleva a cabo en Shiroles.
También es importante señalar los aportes que ha brindado la Red de Mujeres para el Desarrollo, quien ha brindado acompañamiento técnico al programa, siendo un aliado y facilitador estratégico.
En esta misma línea, Adrián Bonilla quien es uno de los encargados del Programa EMPRENDE Rural, acotó que la educación transforma y esto ha permitido que los estudiantes se conviertan en personas exitosas. Gracias a la Fundación Otto Solera, y al equipo de trabajo del CEU de Talamanca EMPRENDE Rural está dejando una huella en la zona a través de las diferentes iniciativas. Consecuencia de esto, los estudiantes han abordado sus proyectos de forma positiva, con la guía de los académicos del programa.
Durante la gira la tradición fue parte importante de las actividades artísticas y entre ellas destacan la «Pela del Banano”, y los cantos y alabanzas en lengua Bribri.
Escuchar los aportes de los estudiantes comprobó una vez más la razón de ser de la universidad: Generadora de conocimiento a través de las oportunidades educativas que se brindan a la comunidad costarricense. En este contexto, Judith Almengor cuyo emprendimiento es la elaboración de los productos lácteos, señalo que los cursos llevados la han enseñado a valorarse más. Agradece a la UNED la oportunidad que le brindando de ser mejor y superarse.
En el segundo día de la gira se visitaron varios proyectos de los emprendedores en las cuales mostraron sus productos en sus lugares de trabajo. Además se presentó un informe académico del programa a cargo de Dalia Rodríguez, Facilitadora del programa EMPRENDE Rural del CEU de Talamanca y Julia Selles quien es el Enlace Local del Programa.
A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; asunto ya constatado en la 13ª Misión de este Observatorio. Se realizaron los días martes 27 y miércoles 28 de diciembre del 2016, la Décima Cuarta (14a.) Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, con la finalidad de conocer, documentar, verificar y dar seguimiento a la situación de violencia que se vive en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra; informar a la comunidad nacional e internacional y a las autoridades nacionales e internacionales sobre esta situación e incidir en favor del respeto al cumplimiento de los DDHH y la Autonomía Indígena, así como dar seguimiento y continuidad frente a las autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.
En esta ocasión, la Décima Cuarta (14ta.) Misión estuvo integrada por: Marcela Zamora Cruz – Centro de Amigos para la Paz (CAP); Víctor Madrigal Sánchez – Red Ecuménica; Mario Alb. Villalobos Arias, Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Alonso Gamboa Alvarado – Movimiento Humanista Internacional (Sección Costa Rica); Gustavo E. Cabrera Vega – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Asociación Americana de Juristas – Capítulo CR (AAJ); Tatiana Otto Golovina – Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Ana Castillo Delgado – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Suy Wong Ugalde – Centro de Amigos para la Paz (CAP). En el apoyo logístico y de comunicación colaboraron como Base de la Misión: Suyen Vega Mena; Paulo Ramírez Otto y Nelson Ríos Castro.
En esta oportunidad la Jefatura de la Misión estuvo a cargo de Marcela Zamora Cruz y de Víctor Madrigal Sánchez.
Situación del conflicto tierra/territorio
Desde hace más de cinco años, en estas comunidades indígenas se ha reiniciado la lucha por la recuperación de su tierra/territorio ancestrales; Cabagra es una de las comunidades parte del Proceso de Afirmación Territorial Autónoma de los Pueblos Indígenas del Sur, junto a Salitre y a Térraba, siendo que en las comunidades de Brazo de Oro y Nima Dikol (en Palmira), desde el 22 de febrero de 2016 se iniciaron dos recuperaciones de tierras por parte de familias Bribris de ese Territorio.
El ODHAIN accede a realizar la visita en vista de que en la zona sur, asumiendo que el conflicto por tierra/territorio, no solo se enmarca en los territorios indígenas, sino que además se ha extendido a campesinos/as en lucha por la tierra.
Un hecho importante que coincidió con estas recuperaciones de Cabagra, es la quema del Úsure (casa de uso especial – espiritualidad Bribri – ceremonias y rituales Bribris), ubicada en San Rafael de Cabagra, que fue construida por iniciativa de uno de los Consejos de Mayores y Mayoras de Cabagra, con el apoyo de Universidades y otras organizaciones sociales y profesionales costarricenses.
Sobre la 13ª misión de ODHAIN
A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y de Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; se realizó los días sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2016 la Décima Tercera (13ª.) Misión del Observatorio, con la finalidad de documentar e informar a la Comunidad Nacional e Internacional los hechos suscitados en los últimos días del mes de febrero del 2016, así como dar seguimiento y continuidad frente a las Autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.
En el Informe de esta 13ª Misión se recomendó que:
El Gobierno costarricense es el responsable del cumplimiento de las leyes y convenios internacionales que protegen los derechos de estos pueblos. La indiferencia e inacción es la causa principal que produce esta espiral de violencia, que ha evolucionado a niveles cada vez más graves; el Estado es el responsable de la integridad territorial y de la vida de las comunidades indígenas tomando las debidas acciones para resolver definitivamente estos conflictos, restableciendo la paz y la armonía entre las partes.
Establecer de inmediato un protocolo específico, elaborado conjuntamente con las comunidades interesadas, para la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Que el Gobierno atienda con prontitud el conflicto de Cabagra que se torna violento a efecto de prevenir una espiral de peores consecuencias.
Que abra un espacio de negociación incluyendo a los afectados por el proceso de recuperación de tierras y las autoridades locales del territorio, garantizando el saneamiento territorial, protegiendo la integridad y la vida de los bribris de Cabagra e impidiendo el ingreso y la agresión de los NO indígenas involucrados en las agresiones.
Que la Policía se mantenga de manera permanente en las dos comunidades donde se desarrollan las recuperaciones de tierras, pues se ha demostrado que la ausencia de esta Policía en parte ha contribuido a la actividad delictiva de los agresores contra los indígenas.
Al Poder Judicial por medio del OIJ (policía técnica) realizar las investigaciones necesarias y suficientes para esclarecer la responsabilidad de los actos vandálicos y las agresiones contra la humanidad y los derechos de las personas indígenas recuperantes.
Hallazgos de la 14ª misión ODHAIN
Entre los/as indígenas de ambas Comunidades, existe mucha (total) desinformación sobre los casos Judiciales – penales – agrarios – y administrativos relacionados con su situación.
Los/as afectadas indígenas perciben que sus Denuncias presentadas, incluyendo agresiones y daños, no avanzan, no se tramitan o se archivan.
Los dos ataques violentos que han recibido en los últimos 10 meses, incluso con heridos de bala que fueron hospitalizados y algunos quedaron con lesiones permanentes, fueron denunciados por ellos/as (afectados) y nunca se detuvo a los/as responsables, a pesar de haberlos identificados por las víctimas del ataque y por los/as testigos de esas agresiones; estos actores delictivos siguen libres dentro del Territorio de Cabagra, usurpando tierras y promoviendo amenazas y violencia.
Manifestaron desaliento, impotencia e indignación por la poca o nula actuación de las autoridades del Gobierno y de los Tribunales ante las permanentes agresiones, amenazas y arrebato de sus tierras.
Nos transmitieron el sentimiento de temor, e incertidumbre que les quedó, después de las últimas agresiones, en ambas Comunidades, para vivir y transitar libremente, trabajar en el campo o ir a la montaña; por las amenazas directas e intimidación con disparos de armas de fuego – de manera constante- entre otras formas de violencia por parte de NO indígenas y/o sus empleados.
No hay una atención e intervención del Estado/ Gobierno, para atender la situación del Conflicto, ni de la situación socio-económica y cultural de las familias en los Campamentos de las Recuperaciones de Tierras. Relataron los/as indígenas no tener visitas ni atención del IMAS – INAMU – Oficinas de Servicio Social del Ministerio de Salud u otras instituciones; sólo les ha visitado una funcionaria del PANI, con la Policía, amenazándoles con quitarles los/as hijos/as menores, por estar ahí en esos Campamentos con sus padres/madres, por ser una situación de riesgo.
Consideran que existe inoperancia, desinterés, indiferencia y complicidad del Estado/Gobierno –Policía y del Poder Judicial, frente a las usurpaciones, despojo y las agresiones por no indígenas, que eso ocurre al no actuar ni intervenir en todas estas situaciones de denuncia, siendo claras las leyes en protección de los derechos indígenas y por los delitos cometidos por estas personas denunciadas.
Denunciaron el daño ambiental, producido por los No indígenas, implicados en la usurpación de sus tierras recuperadas ahora por ellos/as.
Informaron que el Gobierno inició negociaciones y propuso Plazos para recuperar las Tierras y resolver estos Conflictos; pero no se avanzó en la negociación ni se cumplieron los plazos; por lo que siguen esperando una solución. Mientras tanto, sucedieron las nuevas agresiones con heridos de bala y lesionados que relataron anteriormente.
Según manifestaron, la Asociación Indígena de Cabagra (ADI, ente estatal a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal), como Gobierno Local Indígena, no les ha dado ningún respaldo, ni ha intervenido para resolver este Conflicto; más bien los/as recuperantes de ambas Comunidades, sienten que la ADI está en su contra o protege intereses de los no indígenas usurpadores del Territorio Bribri de Cabagra.
Afirmaron que en las Asambleas de ADI, e incluso en algunas estructuras internas, hay personas afiliadas y dirigentes que no son bribris de Cabagra.
Los/as mayores/as denunciaron la barrera cultural idiomática como uno de los más graves (y antiguos) problemas que sufren los Pueblos Indígenas, tanto en las comunicaciones con los No Indígenas (tratos desiguales, arrebato, amenazas, etc.) como con las Instituciones del Estado; pues nunca o casi nunca se trabaja con traductores, no hay consultas para ningún tema o servicio público, se les impone todo y se hacen reuniones muy rápidas, donde hablan los/as funcionarios/as, que al final asumen que todos/as los/as participantes de esas reuniones, están de acuerdo con lo que plantearon, lo escriben y luego dicen que hubo acuerdos.
Perciben que las Reuniones sobre la creación de un Mecanismo de Consulta, son de interés del Gobierno, para aprobar sus proyectos como el PH Diquís; y, que a esas Reuniones (Asambleas), asisten muchos No indígenas, que opinan y no hay control de la asistencia, lo que intimida y provoca el silencio de muchos/as indígenas de Cabagra.
Recibieron información de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) está haciendo un Censo de fincas usurpadas por no indígenas, para realizar un estudio con el que se pueda iniciar un Plan de Saneamiento del Territorio Bribri de Cabagra, pero ellos/as desconocen ese trabajo del INDER, los detalles, objetivos y los procedimientos del mismo; además de que no se les ha tomado en cuenta para nada en este proceso, siendo ellos/as afectados directos. Denunciaron que en una de esas reuniones –les contaron– asistieron muchos No indígenas, quiénes fueron informados y asesorados por los funcionarios del INDER, no entienden por qué y para qué.
Aunque hicimos intentos para entrevistarnos con los/as personeros de la ADI Cabagra no fue posible en los días en que se realizó la 14ta. Misión.
Están pendientes algunas entrevistas con funcionarios de Estado para conocer su versión acerca de la situación.
La Décimo Cuarta Misión recomienda:
Al Poder Judicial, Magistrados/as, Jueces/zas, Fiscales/as y Defensores/as, que actúen respetando y fortaleciendo las normas jurídicas y protocolos nacionales e internacionales, en materia sobre Pueblos Indígenas. Atender especialmente las necesidades de información oportuna y veraz, con traductores y acompañamiento de personas de confianza de los/as afectadas/os indígenas para estos procesos judiciales y administrativos. Que se agilicen las Causas de las denuncias por agresión contra los/as indígenas, a efecto de que no continúe el clima de violencia amparado en la impunidad, que se ha convertido en una práctica en esta zona afectada por la violencia y los conflictos por tierra Territorio. En ese mismo sentido deben agilizarse las causas en temas agrarios y administrativos, que mantienen confrontación y son a su vez raíz de muchos de los actos violentos y delitos cometidos.
Al Gobierno, Poder Ejecutivo, que cumpla con sus deberes de protección de los territorios indígenas, la integridad y la vida, es decir, con todos los Derechos Humanos de estos Pueblos, frente a las usurpaciones y conflictos de tierras; que asuma el Proceso de Negociación (en condiciones paritarias e igualdad entre las partes) cumpliendo los plazos a los que se compromete.
A la Presidencia de la República, que se reforme y mejore el Protocolo de Aplicación y Cumplimiento de las Medidas Cautelares de la CIDH, para Salitre y Térraba, y que -debido a la Gravedad de la situación en Cabagra- se amplíe el Protocolo a este Territorio, a efecto de informar, capacitar y responsabilizar funcionarios y autoridades de todos los servicios públicos relacionados con estos Territorios indígenas; como una política pública de contención y prevención de la violencia, en especial la surgida y promovida por No indígenas con posesión de tierras dentro de los mismos territorios.
Al MINAE, que respete y haga cumplir las Leyes Nacionales e Internacionales, los Reglamentos y otras normativas específicas ambientales, vinculadas a los Territorios Indígenas, en especial NO otorgar permisos a NO indígenas, de tala de árboles, pesca u otros actividades, que dañan la naturaleza (agua, bosques, fauna,…) dentro de los Territorios, con el fin de generar un espacio disuasivo que fortalezca alternativas de no violencia en Cabagra.
A la ADI de Cabagra, al Gobierno y a la Contraloría General de la República (Poder Legislativo), no aceptar indemnizaciones a favor de los No indígenas, respetando y haciendo valer la Ley Indígena y las más recientes Resoluciones de los Tribunales Agrarios y Contenciosos Administrativos; que claramente han resuelto que dichas indemnizaciones por posesión de tierras de “Buena fe” en Territorios Indígenas, en los casos de Salitre, Cabagra, Térraba, Ujarrás, por ejemplo, sólo proceden para los que hayan poseído antes de 1956, fecha de los Decretos de Reconocimiento de esos Territorios; todo esto, a efecto de no hacer pagos indebidos, produciendo enriquecimiento ilícito en favor de pocas personas que se beneficiarían de manera ilegal e injusta, con los recursos de todos/as los y las costarricenses, que más pueden servirles a estas comunidades indígenas en obras de bienestar y buen vivir para ellas.
El Informe Final y sus Anexos de esta Misión serían presentados el 24 de enero de 2017, en una conferencia de prensa.
Marcela Zamora Cruz
Víctor Madrigal Sánchez
Jefes de Misión
Notas:
Fotos del Informe Preliminar en el siguiente enlace:
Una vez más los finqueros invasores del territorio indígena Dirió Siêiê (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre y los funcionarios racistas de las instituciones cometen agresiones contra el pueblo bribri, contra los legítimos dueños del territorio.
Destrucción del yucal.
El pasado 9 de enero, a eso de las 10 de la mañana inició un fuego provocado en la finca de Mariana Delgado y su familia. Cerca del lugar se había visto al finquero Edwin Guevara y un peón. Los fuertes vientos que se han dado en estos días en todo el país permitieron que rápidamente el fuego se fuera extendiendo por la finca poniendo el peligro vidas humanas de Mariana, sus hijos y nietos.
La familia vivió horas de gran angustia porque el fuego corría quemando las 15 hectáreas que habían sembrado de yuca, caña, pejibaye, frijoles, y árboles que se habían plantado en un proceso de reforestación y recuperación de las nacientes de agua. Las llamas llegaron a rodear el rancho donde viven.
Cuando el fuego inició la familia llamó al 911 solicitando los bomberos, y aunque de la central decían que enviarían a los bomberos para apagar el fuego, pasaban las horas y eso no sucedía. En algún momento la respuesta fue que los bomberos de Buenos Aires decían que no pasaba nada. La familia insistía llamando y cerca de las 3 de la tarde llegó una unidad de los bomberos y una patrulla de la policía, pero se quedaron hablando con otro usurpador Willian Arias y nunca se acercaron a la casa de la familia indígena que estaba rodeada de carbones y cenizas.
A lo largo de los últimos años los finqueros acuerpados por las autoridades han cometido muchos delitos contra el pueblo bribri de Salitre y quedan en total impunidad. Recordemos cuando uno de los hijos de Mariana, José Luis, fue marcado con un hierro caliente de marcar ganado por el mismo Edwin Guevara, o cuando la policía sostuvo a las mujeres de la familia Figueroa para que fueran golpeadas por los finqueros, o las muchas casas de familias indígenas que han sido quemadas y con ellos han perdido todas sus pertenencias. Ni las autoridades de gobierno central, ni las instancias judiciales han avanzado nada en el saneamiento del territorio que por Ley le pertenece al pueblo bribri de Salitre, ni en sentenciar a los responsables. Esta impunidad favorece y fomenta que se sigan cometiendo este tipo de acciones criminales, estas violaciones a los derechos legítimos del pueblo bribri.
La Red de Mujeres Rurales responsabiliza al gobierno de Costa Rica por la inacción ante estas violaciones a los derechos humanos, que están amenazando la vida de mujeres, de hombres, de niñas y niños.
Llamamos a toda la población a repudiar públicamente la negligencia y complacencia del gobierno de Costa Rica ante estos actos.
10 de enero 2017.
Enviado a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales.
SERPAJ-CR, por medio Gustavo E. Cabrera Vega, formó parte de las acciones por la paz y la justicia que emprende el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena ODHAIN, integrado por diversas organizaciones de derechos humanos, ecuménicas, ecologistas, de paz y no violencia
Observatorio en Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)
A las autoridades públicas:
Administrativas, Legislativas y Judiciales (Nacionales y Locales), Municipalidad de Buenos Aires de Puntarenas, Defensoría de los/as Habitantes, Organismos Internacionales de Derechos Humanos: CIDH – Corte IDH – OIT y Alto Comisionado de DDHH de los Pueblos Indígenas de la ONU, Comisión de ONU Eliminación de toda Discriminación y Racismo, Representantes de Organizaciones y Observatorios de DDHH (Internacionales). Representantes de Iglesias.
Reciban un cordial saludo de Paz y Bien.
A solicitud y por invitación de líderes del Territorio Bribri de Cabagra y Delegados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y en vista de la agudización de la violencia en el Territorio Indígena de Cabagra, frente a la realidad que sufren estas comunidades, enmarcadas por la intranquilidad y la vulneración de derechos indígenas, producto de: amenazas, graves agresiones físicas y verbales, entre otros; se realizó los días sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2016 la Décima Tercera (13ª.) Misión del Observatorio, con la finalidad de documentar e informar a la comunidad nacional e internacional los hechos suscitados en los últimos días del mes de febrero del presente año, así como dar seguimiento y continuidad frente a las autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.
En esta ocasión, la Décima Tercera (13ª.) Misión estuvo integrada por: Mariana Porras Rozas – Asociación Comunidades Ecologistas la Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA-AT); Alejandro García Valerio, Movimiento Humanista Internacional (Sección Costa Rica), Gustavo E. Cabrera Vega – Servicio de Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ-CR) y Asociación Americana de Juristas – Capítulo CR (AAJ); Luis Gonzalo Mateo Álvaro– Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) y Víctor Madrigal Sánchez, Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional (UNA).
En esta oportunidad la Jefatura de la Misión estuvo a cargo de Mariana Porras Rozas y de Alejandro García Valerio.
Hacemos la presente comunicación para los efectos correspondientes, agradecemos la atención a la misma.
Por la Comisión de Organización – Observadores/as y Recursos del Observatorio (ODHAIN), nos suscribimos:
Mariana Porras Rozas
Alejandro García Valerio
Jefe de Misión y Sub-jefe de Misión.
(Sede SERPAJ-CR / Tel. 2222-4857 y 2223-4472 / odhain2014@gmail.com )
Imagen tomada de página de Facebook de Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena.
Información tomada de la página de Facebook de Serpaj-Cr.
Este 19 de octubre se realizará en el Auditorio de Educación Continua en la Ciudad de la Investigación, UCR el Conversatorio “Derecho Indígena: Tierra – Territorio y Autonomía”, en el que se analizarán los casos sobre:
Proceso de Recuperación de Tierras en el Territorio Bribri de Salitre
Recuperación finca San Andrés y el PH-Diquis en el Territorio de Térraba
Expositores:
Sergio Rojas Ortiz y Pablo Sivar Sivar, representantes de la Coordinación del Frente Nacional de Pueblo Indígenas (FRENAPI)
Gustavo Cabrera, representante del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena
Invitan:
Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)
Cómite de Apoyo a la Autonomía Indígena
FECON
Asociación Proal
COECOCEIBA
Información enviada a SURCOS Digital por Alejandra Porras Rozas.
Después de más de 10 años de luchas legales y movilizaciones por la defensa de los derechos de los indígenas, en las que juega un papel muy destacado el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), la comunidad Bribri de Salitre, cansada de las usurpaciones de No indígenas en sus tierras, y de esperar soluciones y cumplimientos de promesas, de gobiernos y otras autoridades; decidió iniciar un Proceso de Afirmación Territorial Autónomo, dirigido fundamentalmente a recuperar tierra /territorio, de acuerdo con la Ley Indígena, su reglamento, el Convenio 169 de la OIT, las Resoluciones Judiciales Agrarias Nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DDHH), todas relacionadas con el derecho a la tierra/territorio.
Este proceso es liderado por el gobierno local Bribri, presidido por Sergio Rojas Ortíz, del Clan Uniwak.
Las recuperaciones de Tierras, amparadas a la legalidad, se fueron fortaleciendo y consolidando, lo que provocó una reacción violenta de los No Indígenas desalojados, y el temor de otros invasores, tanto del territorio de Salitre como de otros territorios indígenas de la zona. Así iniciaron las amenazas, atentados (contra la vida de Sergio), la persecución a los recuperantes, agresiones con armas y quema de viviendas; violencia que ha ido en aumento en los últimos 3 años, sin que hayan podido detener el Proceso de Afirmación Territorial Autónomo.
La “campaña” de desprestigio y de ataque a los indígenas por los medios (empresas) de comunicación social, fue otra característica; vinculando a estas comunidades con actos de brujerías, tráfico de drogas, violencia entre indígenas, entre otros. Junto a esa “campaña” se inició también otra de persecución a los líderes indígenas de Salitre con acusaciones públicas de “malos manejos de fondos”, de una investigación (que todavía no es una acusación formal) que inició en el 2012 y que aún no ha logrado demostrar nada. Culmina esta “campaña” con allanamiento de las casas de 11 líderes en el territorio y la detención de Sergio, el 06 de noviembre 2014. Dictaron medidas de prisión por 4 meses con fianza de 30 millones de colones (60 mil dólares), y la suspensión de su condición de Presidente del Gobierno Bribri de Salitre, entre otras. Este pasado 03 de marzo del 2015 la jueza, a cargo del caso, prorrogó las medidas por tres meses más y bajo la fianza a 30 mil dólares (15 millones de colones).
Según el Convenio 169 OIT (Art. 8 -9 y 10), los Estados deben procurar medidas alternas a la cárcel, cuando son SANCIONADOS (penados/ condenados) personas indígenas; sin embargo a esta fecha, Sergio y los 10 restantes compañeros líderes Bribris de Salitre (hombres y mujeres ), no han sido acusados, no hay una “causa” abierta contra ellos penalmente. La fianza es otra violación a sus derechos y es discriminatoria a todas luces, pues es excesiva y desproporcionada, para un indígena, que vive del trabajo de la tierra y no tiene ingresos fijos.
Este 24 de Abril a las 08 a.m se realizará la audiencia para la apelación de las medidas cautelares impuestas el pasado 3 de Marzo a Sergio Rojas Ortiz, para apoyar a Segio y al territorio Indígena de Salitre, Frenapi y el Cómite de Apoyo a la Autonomía convocamos a la Marcha por la Libertad de Sergio.
El líder bribri Sergio Rojas Ortiz, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) del Territorio Indígena de Salitre, en Costa Rica, fue encarcelado al dictarle medidas cautelares de prisión preventiva o una fianza desproporcionada para la capacidad de cualquier dirigente indígena, por una supuesta administración indebida de recursos provenientes del Pago de Servicios Ambientales (PSA), a través de la institución gubernamental Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). La denuncia fue presentada por indígenas que tienen una estrecha relación con personas no indígenas ocupantes de tierras en Salitre, quienes de acuerdo al gobierno territorial no han demostrado la legalidad de dicha ocupación.
La detención se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires,después que la Fiscalía de Asuntos Indígenas, acompañada de un fuerte contingente de varios cuerpos de seguridad del gobierno, realizó diez allanamientos en Salitre.
Asunto de fondo: Despojo de las tierras y sus recursos indígenas
El despojo de la tierra y recursos indígenas viene desde hace décadas debido a las acciones promovidas por instituciones gubernamentales, las transacciones de tierras por diversas formas inmorales e ilegales de indígenas a no indígenas minifundistas y latifundistas ocupantes ilegales, con la complicidad de abogados y notarios; situación que la gubernamental Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) ha desatendido y debió haber evitado de acuerdo con las facultades que le otorga la ley, por lo tanto se convierte en cómplice.
En los últimos años la presión sobre las tierras indígenas se ha incrementado considerablemente por parte de poderes del Estado,privados, y políticos, por intereses particulares en la construcción de hidroeléctricas, exploraciones y explotaciones mineras,petroleras y de gas natural, situación que la cual personas no indígenas ocupantes ilegales de tierras, aliados con indígenas que han perdido su identidad y relación cosmogónica con la tierra, ven una oportunidad de oro para obtener exorbitantes indemnizaciones del Estado por las tierras propiedad de los pueblos indígenas.
La situación de la tierra en territorios indígenas es bastante grave, en el Territorio de China Kichá, de la extensión de tierra que les corresponde, únicamente está en sus manos el 2% (equivalente a 3 hectáreas para toda la comunidad) y en el de Altos de San Antonio, solo el 3%. El resto de la tierra es ocupada ilegalmente por no indígenas.
El proceso de recuperación de la tierra, los indígenas lo llevan a cabo utilizando los procedimientos legales establecidos en la legislación nacional. En Salitre la recuperación está a cargo de la autoridad que el mismo estado estableció para la administración del territorio,por lo que se encuentra dentro del marco legal, no es una acción individual. En los pueblos indígenas quienes ejerzan el gobierno territorial tienen la obligación de continuar con el propósito de recuperación de la tierra.
Los ocupantes ilegales en Salitre han reaccionado de múltiples formar incluyendo violentas, como: el intento de asesinato contra Sergio Rojas(setiembre 2012), actualmente Presidente del la ADI; lesiones con arma de fuego y blanca a Wilbert Ortiz Delgado; amputación con arma blanca dedos dedos de una mano a Marcos Obando Delgado, y heridas con arma blanca a Mainor Ortiz Delgado, a quien además *LO MARCARON CON UN HIERRO CALIENTE EN EL PECHO*, como se marca el ganado (enero del 2013).
Campaña de desinformación
Los no indígenas ocupantes ilegales de tierras, ante el hecho inminente de tener que devolver las tierras, han montado una estrategia para desinformar a la comunidad nacional, con la finalidad de quedarse con las tierras que no les corresponde o bien que el Estado los indemnice por un derecho que aún no han demostrado tener, y más bien deberían de ser castigados penalmente por talar la montaña y convertir esas áreas en potreros. En esta campaña están utilizando a personas no indígenas para que ofendan, difamen, discriminen y criminalicen a los indígenas en las redes sociales, especialmente Facebook, quienes es sabido, tienen fuertes intereses personales en las tierras indígenas y en el beneficios que les representan ser voceros de los ocupantes ilegales; así como a algunos indígenas funcionarios públicos. La prensa comercial,especialmente el diario La Extra, tiene una campaña sistemática,un show mediático, favoreciendo evidentemente a las personas ocupantes ilegales de tierras indígenas y sus recursos, mezclando hechos puntuales de supuestos delitos atribuidos a indígenas, con la situación de los ocupantes ilegales; la Extra en sus /“investigaciones”/entrevista religiosamente a un circulo de personas que están al servicio de los invasores, y las presenta como voceras de la realidad histórica del Territorio de Salitre, con lo que pretende posicionar como verdad hechos que son totalmente falsos.
Caso del bribri Sergio Rojas Ortiz y la responsabilidad del Estado
El caso de una supuesta administración indebida de recursos económicos provenientes del PSA que está siendo atribuida al bribri Sergio Rojas,es un hecho que tiene que ser resuelto en los tribunales de justicia, donde Sergio puede demostrar su inocencia. En el fondo, estas denuncias son un claro mensaje de criminalización de la lucha indígena,para amedrentar los pueblos indígenas y su dirigencia que en forma creciente y sostenida autónomamente avanzan en la recuperación de la tierra que les ha sido usurpada de múltiples formas.
El modelo de PSA no reconoce que los territorios indígenas son sistemas colectivos, el sistema de conservación que impulsan no establece una sintonía con el sistema cultural de conservación de los pueblos indígenas, por lo tanto no establece mecanismos con pertinencia cultural para garantizar el manejo transparente de los recursos. Para FONAFIFO, los territorios indígenas son una finca más, visto así, FONAFIFO tiene una altísima responsabilidad en lo que sucede en Salitre y pueda suceder en otros territorios indígenas.
Si las actuales reglas administrativas para el manejo de los PSA y los contratos han sido elaboradas y definidos por FONAFIFO, entonces preguntamos ¿Cuál es el dolo en la forma que los territorios manejan los recursos del PSA? Si en el caso del bribri Sergio Rojas, existiera dolo, entonces las personas responsables de FONAFIFO también deberían estar siendo investigadas administrativas y penalmente, hasta imponerles medidas cautelares.
Los pueblos indígenas históricamente no han sido del interés de los poderes del Estado y sus instituciones, excepto para apoderar de sus tierras y recursos naturales y de la biodiversidad. Algunos menciones,
*Los casos de tierras presentados por los indígenas son resueltos varios lustros después por los tribunales de justicia.
*Los casos de violencia contra los indígenas no son atendidos diligentemente por tribunales de justicia.
*Las medidas cautelares impuesta por un tribunal de justicia al bribri Sergio Rojas, son desproporcionadas.
*La Fiscalía de Asuntos Indígenas, moviliza fuerte contingentes de distintos cuerpos de seguridad del estado, pide medidas cautelares desproporcionadas cuando un indígena es acusado de un supuesto delito. Caso de Sergio Rojas. Sin embargo, actúa pasivamente cuando son los indígenas los denunciantes.
*Las fuerzan de seguridad no se movilizan con fuertes contingentes en los casos donde los indígenas son víctimas; pero no ha sucedido lo mismo en el cierre de calles manifestaciones realizadas por los no indígenas ocupantes ilegales de tierras indígenas.
*FONAFIFO no ha sido transparente en la información de información a los territorios, especialmente con los indígenas que son poseedores de los bosques sometidos al PSA.
*Bajo el supuesto de respeto a la Autonomía Indígena, FONAFIFO actúa irresponsablemente ante hechos anómalos en el PSA de lo que son informados por indígenas, por lo tanto esta institución es la primera responsable de estos sucesos.
*La falta de transparencia en la información de FONAFIFO se agrava actualmente en el caso del manejo del proyecto REDD+. Las comunidades están siendo desinformadas cuando los promotores asalariados únicamente les dicen que si participan en REDD+ van a recibir mucho dinero.
*El Ejecutivo conoce muy bien la actuación histórica de CONAI en contra de los indígenas, pero no hace nada para corregir la situación.
CONAI cuenta con promotores (funcionariospúblicos) en todos los territorios del país.
*La Asamblea Legislativa no asume su responsabilidad política de actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, el 22 de este mes, el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, cumple 20 años de trámite legislativo y no se aprueba o rechaza.
*El agua potable de la ciudad de Buenos Aires, viene del Territorio Indígena de Ujarrás. En el territorio no tiene agua potable.
*Los poderes del estado deben tomar de inmediato las medidas preventivas y correctivas expeditas para resolver de una vez por todas, la situación de las tierras indígenas, con lo cual demostrarían que no están avalando la ocupación ilegal de las tierras indígenas.*
*El Poder Ejecutivo debe de:
-Analizar los procedimientos legales y de forma expedida.
-Expulsar de todos los territorios indígenas a todas las personas no indígenas que son ocupantes ilegales de las tierras.
-Abrir inmediatamente una investigación a fondo sobre el funcionamiento de CONAI. El trabajo que deben realizar en base a su reglamento versus el trabajo que realmente desempeña, así como el impacto en los pueblos indígenas. Laexistencia de procedimientos administrativos contra algunos funcionarios y si los mismos están siendo tramitados a derecho y en su debido tiempo, o están engavetados.
*Intervenir en forma urgente FONAFIFO para determinar:
1) El grado de responsabilidad de esta institución en la forma y fondo del manejo de los PSA, en territorios indígenas, y 2)Revisar si existe o no una política clara y con pertinencia cultural de los PSA. De lo contrario se corre el riesgo, que por la irresponsabilidad de FONAFIFO todos los dirigentes indígenas tengan que enfrentar juicios en los tribunales de justicia.
* Abrir inmediatamente una investigación contra toda aquella persona que esté involucrada en el comercio, traspaso y cobro de indemnizaciones ilegales de tierra en los territorios indígenas.
* Agilizar los procesos de delimitación, amojonamiento y saneamiento de la tierra en los todos los Territorios Indígenas. Proceso que está avanzado en el Territorio de Salitre.
*El Poder Judicial –Fiscalía y Tribunales– debe de:
-Actuar con la misma celeridad y dimensión en los casos denunciados por los indígenas, tal como lo hacen cuando los indígenas son los denunciados.
-Abrir una investigación a toda persona involucrada en el comercio ilegal de tierras indígenas, así como en los casos donde se han pagado indemnizaciones desproporcionas por supuestas mejoras. Se debe tomar en cuenta cuál era el estado de la tierra y sus recursos cuando fue ocupada por no indígenas y cuál es el estado de mejoría por el que están cobrando.
*La Asamblea Legislativa debe de:
-Aprobar de inmediato el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, Expediente 14.352.
-Ejercer control político sobre las instituciones gubernamentales que tienen responsabilidades directas con los pueblos indígenas y que históricamente actúan en contra de ellos.
*Los poderes del estado, aplicando los derechos de los pueblos indígenas, tienen la oportunidad de demostrar que Costa Rica es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, de justicia social y el más feliz, tal como lo predican al mundo.
