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Etiqueta: territorios indígenas

Manifestación contra la violencia y la impunidad

Escrito en . Publicado en Derechos.

Concentración frente al Poder Judicial miércoles 26 de enero 12:00 mediodía

Más de 100 personas miembros de más de 50 organizaciones indígenas, ecologistas, feministas, culturales, académicas, agroecológicas, campesinas, estudiantiles, laborales, artistas, ecuménicas, etc., se pronunciaron contra la impunidad y la violencia a indígenas, ecologistas y mujeres mediante un manifiesto denominado: ¡Sin Justicia no hay Democracia! y se concentrarán mañana miércoles 26 de enero al mediodía frente al Poder Judicial en San José.

El documento señala que “el sistema judicial de Costa Rica además de ser inoperante: es racista, es machista, y es una vergüenza viciada de burocracia que ha abandonado a los grupos más desprotegidas y a las mujeres del país. La pandemia no nos detendrá para exigir justicia: con tapabocas y buena distancia social nos vamos para la calle a exigir la justicia que nos han negado”. 
Las personas manifestantes enlistan casos de impunidad en los asesinatos de los lideres indígenas Sergio Rojas, Jerhy Rivera, así como el reciente intento de asesinato a machetazos a Leonel García, indígena cabécar de Bajo Chirripó, además de una lista de al menos cinco lideres indígenas y catorce amenazados de muerte en los últimos años. Recuentan el caso emblemático de Alcides Parajeles, campesino ecologistas que lo han vuelto a amenazar, y su vida peligra por defender la naturaleza de Osa.

Les preocupa, además, la inseguridad para las mujeres y el repudiable aumento de los casos de violaciones y feminicidios, principalmente en el Caribe Sur y el Pacífico Norte, sin que la justicia resuelva de forma pronta y cumplida ninguno de los casos.

Exigen a la Corte Suprema de Justicia: “No más impunidad a los asesinos, agresores y violadores. Porque la impunidad propicia la repetición crónica de la violación a los Derechos Humanos. Solicitan que se esclarezcan los asesinatos de Jerhy Rivera y Sergio Rojas y se dicten sentencias que hagan justicia pronta y cumplida sobre los asesinos. Se considera necesario investigar estos asesinatos y el conjunto de agresiones sufridas por las comunidades indígenas como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Además, piden cárcel para el agresor de Leonel García y que se resuelva de forma expedita el expediente número 21000036-0465-AG-4, ya que la demora en este caso ha permitido mantener la ocupación ilegal del agresor de Leonel García dentro del territorio indígena cabécar.

Solicitan que se “esclarezca las violaciones que han sucedido en Nosara y Puerto Viejo en el 2021-2022 y se facilite de parte del Estado el apoyo a las víctimas para que puedan obtener justicia pronta y cumplida. Se considera investigar el conjunto de agresiones en cada una de estas comunidades como crimen organizado, pues hay elementos suficientes que muestran la relación entre los distintos delitos en la forma y el fondo de la violencia”.

Finalmente, solicitan que se “brinde protección y apoyo para la interposición de denuncias a las víctimas de violaciones, amenazas de muerte y agresiones sin que la víctima tenga que desplazarse. Que sea la Justicia quien llegue a la víctima de manera pronta en seguimiento de protocolos claros y oficiales”.

Organizaciones y personas firmantes

Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Asociación Voces Nuestras, Bloque Verde, Buen Vivir Costa Rica, Buen Vivir, El Rodeo de Mora, Costa Rica, Coecoceiba-Amigos de la tierra CR, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Colectiva hijes de la mar Zulay Mora, Colectivo Comunicacional La Voz, Colectivo Radio Machete, Colectivo Vamos a Sembrar Comida de Campo verde Conte Burica, Comunidad Hierba Buena, Concejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa, Confederación Unitaria de trabajadores CUT, Coordinadora de Lucha Sur Sur, Corredor Biológico COBRISURA, Corredores Biológicos de Cartago, CR Solidaria, Departamento ecuménico de investigaciones, El Garaje de Tiquicia, Frente Ecologista de Cipreses, Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica, Grupo artístico Prisma ,Guanared Costa Rica, Handmaids Costa Rica, Huerta de Berta O Istmo Articulación Centroamericanista /GT CLACSO, Junta de Salud Tibás, Justicia Paz e Integridad de la Creación, Justicia Pronta y cumplida, Movimiento Ríos Vivos, Mujeres en Acción, Nuestra América Unida, AUNA, Programa de Gestión Local UNED, RALLT, Red Agroecología, Red de Coordinación en Biodiversidad, Representante de la ciudadanía civil, Garabito, Puntarenas,

Alexis Rodríguez Brenes, Allen Mora, Angélica Alvarado Barrantes, Antonio Arriaga Madrigal, Carlos Coto Rodríguez, Carmen Eugenia Quesada Vargas, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Carolina Mora Chinchilla, Clara Gabriela Meyra Segura, Daniel Reyes Pérez, David Solís Aguilar, Denia Román Solano, Edison Valverde Araya, Efraín Sebastián Rojas Artavia, Elizabeth Bravo, Fabián Figueroa Sánchez, Fabián Pacheco Rodríguez, Fabián Soto Marín, Fanny Reyes Ortiz, Flor Morales Segura, Flora Fernández Amón, Francisco Rodríguez Bejarano, Gabriela Chacón Madrigal, Gina Morales Garro, Guadalupe Urbina Juárez, Guido Barrientos Matamoros, Gustavo Oreamuno Vignet, Héctor Ferlini-Salazar, Henry Picado Cerdas, Hugo Soto Tapia, Isabel Méndez Garita, Israel Azofeifa Retana, Ivo Cussianovich Echeverria, Jaime E. García González, Javiera Aravena Bergen, Jeffrey Peytrequín Gómez, Joaquín Tapia Arenas, Johanna Solano Segura, Jordan Andrés Vargas Serrano, Jorge Osvaldo Calvo Rodríguez, José Andrés Zúñiga Chavarría, Jose Antonio Ramirez Aguilar, Juan Antonio Gutiérrez Slon, Juan Diego Caamaño Bedoya, Julio Madriz Núñez, Karol Montero Rony, Lucia Jara Garreta, Luis Monge Arrieta, Macarena Barahona Riera, Mauricio Alvarez Mora, Manuel Zumbado Arrieta, Marcela Dumani Echandi, María Estela Aguilar Corella, María Eugenia Román Mora, María Hernández, María Isela Arroyo Fuentes, María Nieves Barahona Riera, Mariano Sáenz Vega, Marta Chacón Mora, Melissa Chinchilla, Melvin Andrade Velásquez, Miguel Céspedes Araya, Miguel Cespedes Araya, Mónica Alvarado Barzuna, Natalia Chaves Vargas, Natalia Sandi Peña, Natalia Serrano Álvarez, Osvaldo Durán castro, Pamela Campos Chavarría, Paolo José Nájera Rivera, Pedro Salguero Aguilar, Rafael Barrantes Bonilla, Rebeca Arguedas, Renier Canales Medina, Ronulfo Morera Vargas, Selene Jiménez Valverde, Silvia Rodríguez Cervantes, Verónica Sheehan, Virginia Acuña Montero, Wilson Arroyo, Wilson Méndez Mora, Ximena Paz Cedeño de la Cruz, Xiomara Esquivel Vargas, Yasy Morales Chacón, Yuliana Reyes, Zeidy Rodríguez Guerra

Manifiesto completo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemkCaTVER17WZLGvMNuN3ZVzYkStAItxweDKPV1z41rmYt6w/viewform

Video convocatoria: https://www.facebook.com/bloqueverdecr/videos/355685266483698

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

Impunidad alienta violencia contra pueblos originarios – comunicado

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Comunicado

Poder Judicial se muestra incapaz y sin voluntad para detener la reinante impunidad.

Jueves 13 de enero de 2022.

Al Estado y al pueblo de Costa Rica.

A las hermanas y hermanos de Pueblos Originarios y del mundo.

Es de conocimiento público las múltiples agresiones y violaciones a los derechos humanos que estamos viviendo los Pueblos Originarios de Costa Rica, resultado de un sistema capitalista neocolonial, racista y patriarcal que genera violencias sistemáticas y estructurales.

Con la reciente tentativa de homicidio contra Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó (Caribe) el pasado 30 de enero de 2021 y el hecho de que sus agresores, un hombre no indígena de apellido León y su hijo, quienes ocupan ilegalmente parte de dicho Territorio, se encuentran libres; se demuestra que la violencia y la impunidad se ha extendido por todo el país.

Debido a la demora en la resolución del Expediente N.21000036-0465-AG-4, se ha mantenido la ocupación ilegal del terreno por parte de León, también sus amenazas, incumpliendo medidas cautelares y ante la desidia e inoperancia de las instancias judiciales, Leonel García fue atacado brutalmente a machetazos por León y su hijo, recibiendo heridas en sus manos, piernas, cabeza, cara y cuello por las cuales estuvo varios días en cuidados intensivos.

Como hemos comunicado reiteradamente y desde hace muchos años, la ocupación ilegal de nuestros Territorios por parte de personas que no pertenecen a nuestros Pueblos es la causa principal de la violencia y violación sistemática de nuestros derechos humanos y es obligación del Estado, en este caso del Poder Ejecutivo, ejecutar los desalojos administrativos necesarios para devolvernos nuestras tierras.

Sin embargo, el Estado ha sido omiso, por lo que decidimos recuperar legítimamente nuestras tierras de acuerdo con nuestra cultura e historia y al amparo de las leyes internacionales y nacionales y el derecho indígena.

Ante el ejercicio de nuestro derecho humano colectivo a la tierra, la violencia y las violaciones a los derechos humanos en nuestra contra se han incrementado, ante lo cual, la respuesta del Poder Judicial ha sido una vergonzosa impunidad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad como: «falta en su conjunto de investigación, persecución captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familias».

Son varios los casos de tentativas de homicidio contra compañeras y compañeros defensores de derechos de los Pueblos Originarios que hasta hoy se mantienen en la impunidad, por ejemplo:

– Tentativa de homicidio por agresión de una turba de 40 personas contra Minor Ortiz y otros (del Pueblo Bribri de Salitre), quienes resultaron heridos por machetes, palos y arma de fuego el 4 de enero de 2013; el caso fue archivado y en el mismo figuraban como sospechosos varias personas que ocupan ilegalmente ese territorio.

– Tentativa de homicidio contra Jerhy Rivera Rivera el 1 de setiembre de 2013; Jerhy fue asesinado en el 2020 y el primer caso quedo impune. Así mismo, se mantienen impunes varias tentativas de homicidios contra Pablo Sibas; ambos del Pueblo Brörán de Térraba.

– Tentativa de homicidio contra los mayores Antonio Torres y Adilio Ortiz del Pueblo Bribri de Yamabï Dí (Cabagra), el ataque fue perpetrado por una turba de 30 personas, Torres nunca se recuperó del ataque y murió en el 2018, Ortiz fue herido con machetes y arma de fuego, su salud no volvió a ser la misma; la agresión fue el 7 de abril de 2016 en la que participaron personas que ocupaban ilegalmente parte de ese Territorio y continua impune.

– Segunda tentativa de homicidio contra Minor Ortiz el 9 de febrero de 2020, la misma familia Figueroa Uva, que no pertenecen al Pueblo Bribri de Salitre, está involucrada en ambas tentativas y andan libres, incumpliendo las medidas cautelares constantemente y en la total impunidad.

– Amenazas de muerte denunciadas contra mujeres y hombres líderes y defensores de sus Pueblos y Territorios en la zona sur de Costa Rica (14 personas en el 2020) permanecen impunes.

– Asesinato por razones políticas de nuestro hermano Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, cobardemente asesinado a tiros en su casa, el 18 de marzo de 2019 y cuyos autores materiales e intelectuales (estos últimos de conocimiento público) disfrutan de la impunidad.

– En el caso del compañero Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba, quien fue asesinado a balazos en defensa de su Territorio y Pueblo, en octubre de 2021 la instancia judicial correspondiente decidió elevar el caso a juicio, esperamos que no termine en otro caso impune.

Todas estas y otras anomalías fueron denunciadas y documentadas en el 2018 por varias organizaciones de Pueblos Originarios de la zona sur, ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la Defensoría de los Habitantes como testigos; sin embargo, en el 2020 se nos informó que las denuncias habían sido archivadas por la Inspección Judicial.

De igual manera, desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur hemos seguido documentando, investigando, denunciando e informando al Estado de Costa Rica sobre estas agresiones y violaciones a los derechos humanos, sin encontrar respuestas satisfactorias.

Continuaremos en nuestras luchas por la justicia y la dignidad, recuperando y cultivando nuestras tierras, construyendo autonomías.

¡Alto a la impunidad!

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!

– Concejo Ditsö Iriria Ajkönul Wakpa de Salitre.
– Consejo Iriria Sat Kök deYamabï Dí (Cabagra).
– Recuperadoras/es Cabécar de Kono Jú.
– Recuperadoras/es Cabécar de Yuwi Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Sekero Kaska.
– Recuperadoras de Saka Duwë Senaglo.
– Recuperadoras/es Cabécar de Kelpego.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de Crun Shurin.
– Recuperadoras/es Naso Brörán de San Andrés.
– Consejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cäjc.
– Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur.
– Cootraosa.
– Comité de Lucha por la Tierra Finca Chánguina.
– Voces Nuestras.
– Coordinadora de Lucha Sur Sur. https://www.facebook.com/111882987093775/posts/443951890553548/

Comunicado de la Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense sobre los atropellos y muertes de indígenas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

COMUNICADO

¡Ay de los que decretan estatutos inicuos, y de los que constantemente escriben decisiones injustas, para privar de justicia a los necesitados, para robar de {sus} derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín, y despojar a los huérfanos! Isaías. 10:1-2. BA.

La Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC, fiel a su compromiso con la no violencia y las injusticias contra los más vulnerables, se solidariza con el compañero Leonel García Segura, indígena cabécar del territorio de bajo Chirripó en Matina, Provincia de Limón, y quien es, además, actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del territorio ya mencionado.

El mencionado compañero fue agredido brutalmente el 30 de diciembre del pasado año, hace apenas 15 días, por personas usurpadoras de territorios indígenas. Según su esposa, Gennye Segura Pino cuenta que, “…ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía: yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo”.

Nos envuelve un sentimiento de tristeza, indignación y enfado, ya que los usurpadores de tierras siempre actúan salvajemente contra los compañeros indígenas, estando cómodos por décadas y décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno, y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia costarricenses.

Se hace como normal matar a un indígena, marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazarlos de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora, picarlos a machetazos. Mientras las autoridades actúan sin diligencia en estos casos, ya que los agresores del compañero García Segura, están libres.

Lo que evidencia que la justicia en este país es racista.

Así mismo, según el periódico alternativo Informa.Tico, este hecho no es aislado pues en diciembre pasado, también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles Semanario Universidad, 6-1-22) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados durante 2019 Sergio Rojas, 2020, el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre.

Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.

En este sentido, la Iglesia Metodista Wesleyana costarricense IMWC, deplora tales hechos, reiterando la solidaridad con los pueblos indígenas, así como haciendo un llamado vehemente a las autoridades competentes, para que se apresten a la zona y defiendan a los compañeros indígenas, quienes legalmente y amparados en las centurias de años en posesión de las tierras mencionadas y otras.

“Hacer justicia y juicio es al Señor, más agradable que cualquier sacrificio.” Proverbios. 21:3. BA.

Sin justicia no hay democracia. Se extiende la violencia impune contra comunidades indígenas en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

  • Intento de asesinato a líder comunal Cabécar por usurpador de territorio indígena de Bajo Chirripó.
  • El agresor ya había amenazado al compañero indígena cabécar y lo había sentenciado diciéndole: “lo voy hacer picadillo”.

Por Fabián Pacheco y Mauricio Álvarez, ecologistas

Mientras la mayoría de las personas celebraban las fiestas de fin de año en compañía de sus seres queridos, a Leonel García Segura, indígena cabécar de Territorio de Bajo Chirripó en Matina lo intentaron matar picándolo literalmente a machetazos, un hombre de apellido León y su hijo, quienes son usurpadores del territorio indígenas y quedaron libres de semejante acto. Entre tanto, la vida de nuestro compañero estuvo en juego en cuidados intensivos del Hospital Tony Facio, de Limón.

Leonel está vivo de milagro y gracias a una atención médica oportuna. El 30 de diciembre del 2021 fue llevado por la Cruz Roja a la clínica de Matina y de ahí a emergencias de Limón, donde sigue internado en recuperación. El intento de asesinato fue un acto de muchísima violencia y ensañamiento, le machetearon todo el cuerpo: brazos, piernas y manos. Las lesiones más profundas y extensas se las produjeron en el lado izquierdo de la cara, oreja, mejilla, cráneo, mandíbula y hasta el cuello, quedando estos últimos con hematomas importantes.

Estas heridas le produjeron un intenso sangrado por boca y nariz, por lo que requirió ser entubado en alguno de los momentos críticos. Tuvo infecciones graves por lo que ha tenido un fuerte tratamiento de antibióticos. Con los días ha podido mejorar, ha bajado la inflamación; pero hay que seguir estudiando el avance de los hematomas y posibles daños permanentes.

Su esposa Gennye Segura Pino cuenta que: “al principio cuando me enteré yo no sabía qué hacer, a quién llamar, a quién avisar, ni me salían las palabras para contar lo que pasó, ese hombre blanco siempre lo andaba amenazando y le decía yo lo voy a hacer picadillo, y eso fue lo que hizo, lo picó por todo el cuerpo. Leo está todo cortado con machete y ahora cada herida tiene 4 o 5 puntadas, pero la cortada más grande está en la cara, la oreja y el cuello”. Sigue el relato diciéndonos que “Leonel ya salió de cuidados intensivos, sigue en recuperación esperando que baje la inflamación de todo su cuerpo, de esas heridas se pueden curar; pero en el corazón le va quedar eso para siempre”.

Lo más indignante de todo es que las personas que casi lo matan están libres mientras Gennye está viajando día a día hacía el hospital de Limón para estar pendiente de la recuperación de Leonel. Por eso hemos activado una campaña de solidaridad económica con la familia y pueden comunicarse con nosostros (bloqueverde@gmail.com) o directamente con Gennye y depositar en su SINPE.

Leonel es actualmente secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó en Matina. Nosotros lo conocemos desde hace casi 20 años, y desde siempre él ha sido un activo defensor de su territorio, cultura, semillas, de la tradición oral y todo el acervo de conocimientos ancestrales que guardan los cabécares.

Caminamos por las montañas de su territorio y muchas otras comunidades indígenas donde Leonel era siempre el primer apuntado a ir a buscar semillas, a enseñarnos la etnobotánica cabécar, a buscar un cantor o un Jawá (médico indígena) para ir hacer un festival o para hacer un Ju tsi̱ní̱̱i̱ (casa tradicional). Con Leonel conocimos casi todos los territorios indígenas cabécares del país para hacer distintos proyectos de fortalecimiento cultural, agrícola, ordenamiento y defensa del territorio ante las constantes amenazas de hidroeléctricas, minería, expansión del monocultivo de palma, así como la invasión de personas no indígenas sobre sus territorios.

Con esta comunidad realizamos un proyecto de “Fortalecimiento de la conservación de la naturaleza mediante las prácticas tradicionales de conservación que desarrollan las comunidades indígenas cabécares de Bajo Chirripó y Nairi Awari”, donde se logró plasmar un plan de gestión del territorio a partir de los conocimientos ancestrales de la cultura cabécar sobre el uso y aprovechamiento de los bienes naturales, culminando en una propuesta participativa de zonificación del territorio para habitar y producir, respetando los sitios sagrados y las normas de uso para dichos lugares.

También desarrollamos en conjunto un proceso de fortalecimiento de la cosmovisión agrícola que incluyó el rescate y protección de la diversidad de especies silvestres y cultivadas, el cuido y cultivo de las semillas ancestrales. Pusimos en marcha un novedoso proceso de repatriación de la agrodiversidad indígena desaparecida por el proceso imperante de erosión genética. Aprendimos que en cada semilla cabécar hay una profunda gama de conocimientos culinarios, agrícolas, climatológicos, espirituales, entre muchos otros que de forma integrada constituyen una parte importante del Siwä o conocimiento ancestral.

La ADI informó del hecho mediante un comunicado donde señala que el antecedente del ataque se remonta a una denuncia interpuesta ante tribunales por “la tenencia irregular de tierras por un no indígena”, cuyo juicio se realizará hasta agosto del presente año. Sobre ese caso el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió en agosto pasado una medida cautelar en contra del usurpador de apellidos León Gomez para no corta de árboles, construir otra cerca e introducir más ganado hasta tanto se resuelva el caso (Voto 2021000200).

Estos hechos nos llenan de mucha tristeza, indignación y enojo, pues los usurpadores de los territorios indígenas están envalentonados, ya no se trata solo de la Zona Sur o de casos aislados, sino que la situación de impunidad alienta esta barbarie. Los usurpadores han estado cómodos por décadas con la complacencia y ayuda de los gobiernos de turno y sobre todo gracias a la impunidad que reina en tribunales de justicia. Ya es claro que matar a un indígena o marcarlo con hierro ganadero, quemarle sus ranchos o dispararles, rosearlos con agro venenos, amenazar de muerte, hacer y operar grupos paramilitares de linchamiento, o como ahora picarlos a machetazos no tiene ninguna consecuencia legal, reina la impunidad contra los pueblos indígenas en Costa Rica, ¿por qué sí son muy diligentes las autoridades para juzgar u ordenar desalojos contra pueblos indígenas, pero no lo contrario? La justicia en este país no puede ser más racista y por ende está podrida y sin justicia no existe la democracia.

Este hecho no es aislado pues en diciembre también se denunciaron las reiteradas amenazas de muerte contra el campesino ecologista Alcides Parajeles (Semanario Universidad, 6-1-22 y SURCOS) y se dieron hechos violentos en los territorios indígenas cabécar de China Kichá y bribri de Cabagra, denunciados por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, quienes llevan un registro y proceso de denuncia sistémico con un total de 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas que fueron registrados solamente durante 2020, en cuenta el asesinato de Jehry Rivera, del pueblo Bröran, y el intento de homicidio contra Minor Ortiz, del territorio bribri de Salitre. Hay otras 12 personas amenazadas de muerte de los Pueblos Indígenas del Sur, además de otras dos personas no indígenas y defensoras de los derechos humanos.

Nuestro llamado es a una movilización de la sociedad, de sus fuerzas vivas a unir esfuerzos con los pueblos indígenas y el ecologismo comunitario. La justicia no llegará sola, hay que pelear y poner en evidencia la impunidad que reina en las “otras Costa Ricas”, las profundas y silenciosas que han despertado para siempre.

Contactos e información:

Adrián Sanabria, 8844-5524, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó en Matina

Gennye Segura Pino, 8910-7048 (SINPE BN), esposa de Leonel y miembro de la Comunidad de Bajo Chirripó.

CON UN HASHTAG NO ELIMINAMOS EL RACISMO

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En su declaración de principios, la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025 indica que tendrá como propósito la construcción de una sociedad costarricense más sensible a las diferencias. Así lo señala su visión:

“Costa Rica será una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia a partir de la garantía del ejercicio pleno de los derechos humanos de los pueblos indígenas, afrodescendientes, poblaciones de migrantes y refugiados, que contribuyen a la conformación de una sociedad más respetuosa y sensible a las diferencias y enfoques particulares”.

Pese a este propósito, la sociedad costarricense continúa presentando serias dificultades para alcanzar la aspiración de una sociedad cada vez más inclusiva.

Durante las recién pasadas finales de fútbol desarrolladas en el país, el jugador del Club Sport Herediano Kreysher Fuller denunció haber sido objeto de insultos racistas provenientes de un sector de aficionados apostados en las graderías del sector oeste del Estadio Ricardo Saprissa, ubicado en la capital costarricense.

En las imágenes del incidente, se logra apreciar algunas reacciones verbales del jugador, criticables también, contestando a tales insultos. En una publicación en su cuenta personal el jugador afirmó: “No puede ser que en estos tiempos aún exista insultos raciales, como lo volví a vivir este jueves en el estadio».

Ambas actitudes son deplorables. Sin embargo las respuestas no fueron similares. El jugador fue sancionado con varios partidos por su reacción. Pero la actitud de los aficionados no fue castigada de oficio, abriéndose en su lugar una “investigación” para determinar el alcance de lo denunciado por el jugador por parte de los órganos correspondientes a nivel dirigencial.

Esta actitud organizativa no es neutra. Cuando la institucionalidad actúa así, representa el culmen de la naturalización arraigada en cuanto a racismo y discriminación. Es sabida la producción y reproducción de discursos discriminatorios en lugares como estadios. La xenofobia, la homofobia, el machismo y el racismo encuentran terreno fértil tras una voz colectiva que se escuda en el anonimato para ofender y agredir de palabra.

El caso de México, por ejemplo, demuestra cuánto se debe seguir trabajando en la erradicación de estas prácticas. Las últimas noticias confirmaron un castigo más a su Federación por la reiteración de gritos homofóbicos en los juegos de su selección.

Costa Rica, a pesar de avances en su legislación como la política citada al iniciar esta columna, debe hacer un examen a conciencia acerca de los esfuerzos para estirpar estas odiosas acciones. Los procesos de violencia experimentados recientemente y en múltiples ocasiones por pueblos originarios en defensa de sus territorios son acaso un desafío que el estado costarricense no ha logrado resolver.

Peor aún, las declaraciones de un alcalde de una comunidad del Atlántico costarricense ofreciendo una “mujer indígena a cambio de favores de la empresa privada” en las que deja entrever un racismo y colonialismo in extremis, solo confirman la naturalización de una conducta histórica que una legislación no elimina.

La erradicación del racismo en los estadios, uno de los tantos desafíos en la materia por parte de la sociedad costarricense, no se resuelve con una campaña de camisetas vestidas por los jugadores, un “hashtag” y mensajes previos a cada partido.

Debe surgir de una profunda modificación de contenidos educativos en los que respeto, convivencia e integración sean los ejes para avanzar hacia la construcción de una sociedad absolutamente diferente.

Costa Rica: Se necesitan reformas urgentes sobre los derechos de los pueblos indígenas, dice el experto de la ONU

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

GINEBRA (17 de diciembre de 2021) – El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Calí Tzay, expresó hoy su preocupación por los más de 40 años de incumplimiento por parte del Estado de Costa Rica de la Ley Indígena, que establece la obligación del Estado de devolver las tierras indígenas pertenecientes a los ocho pueblos indígenas en todo el país.

El experto de la ONU se mostró extremadamente preocupado por los continuos ataques a personas defensoras de los derechos humanos y líderes y lideresas indígenas en el sur del país, que sufren intimidaciones y amenazas de muerte y ataques en el contexto de la defensa de sus tierras, territorios y recursos naturales. En la mayoría de los casos, dijo, estos bienes están en manos de personas no indígenas.

“Es preocupante que, hasta la fecha, Costa Rica no haya contextualizado el asesinato de los dos líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera dentro del conflicto por la recuperación de las tierras indígenas, y la falta de avances en los procesos judiciales de estos dos casos”, dijo Calí Tzay al término de una visita de 12 días a Costa Rica. “Es urgente el establecimiento de un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, tal y como recomiendan los mecanismos de derechos humanos”.

El Relator Especial señaló la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indígenas. También subrayó la necesidad de reconocer el derecho a la autodeterminación, al autogobierno de cada pueblo de acuerdo con sus especificidades, a la tierra, al territorio y a los recursos.

El experto invitó al Estado a crear las condiciones para un diálogo constructivo y de buena fe con los pueblos indígenas para desarrollar una reforma legislativa integral y participativa de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

“Estoy muy preocupado por la información recibida sobre la presencia de racismo estructural y discriminación racial contra los pueblos indígenas, que obstaculiza el disfrute de los derechos colectivos e individuales, especialmente para las mujeres indígenas, los niños y niñas, los y las  adolescentes y las personas con discapacidad”, dijo Calí Tzay.

“También recibí información sobre los obstáculos a los que se enfrentan los indígenas en Costa Rica con respecto al acceso a la justicia y a los mecanismos de reparación”, dijo el experto. Calí Tzay alentó a continuar con el proceso de elaboración de una política de acceso a la justicia para los pueblos indígenas de acuerdo con los estándares internacionales.

“Por último, quiero destacar el papel fundamental y el extraordinario liderazgo de las mujeres indígenas”, añadió Cali Tzay. “Después de reunirme con varias líderesas y organizaciones de mujeres indígenas, me siento esperanzado por el futuro de Costa Rica dada la claridad de las propuestas aportadas que ayudarían a construir un verdadero estado pluricultural”. El Relator Especial concluyó su visita pidiendo al Estado costarricense que priorice la agenda de las mujeres, atendiendo sus necesidades y favoreciendo su participación política.

Cali Tzay se congratuló del compromiso expresado por el Gobierno de iniciar en los próximos meses el proceso de compensación por el saneamiento de las tierras y territorios indígenas.

Durante su visita, el experto de la ONU se reunió con unos 400 indígenas en San José y en los territorios indígenas, con 70 representantes de organizaciones indígenas y con organizaciones de la sociedad civil. También se reunió con más de 20 autoridades institucionales del Estado, incluyendo representantes de alto nivel de la Presidencia de la República y varios ministerios, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y representantes del Poder Judicial, incluyendo una reunión bilateral con el Fiscal General en funciones y su equipo.

El informe final de la visita a Costa Rica se presentará al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022.

Fuente: http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/

Tercer Encuentro de Saberes de la Escuelita Agroecológica Itinerante de Sakeglo Kaska

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Este próximo sábado 18 de diciembre, en el territorio Cabécar China Kichá, se reunirán para celebrar la rebeldía y la resistencia, y saberes en torno a la agroecología. 

¿Ya conoce el grupo de promotores locales, jóvenes cabécar recuperadores de territorio, que hacen posible estos encuentros con el objetivo de poder fortalecer conocimientos que permitan aprovechar la regeneración de sus suelos y la restauración ecológica de su territorio?

Se invita a seguirlos en redes para que conozca más a fondo sobre estxs guerrerxs agro ecólogos y conozca cómo apoyarlos para que este proceso de rebeldía y autonomía pueda seguir sucediendo.

FB: Biriteca Agroecológica CR 

IG: Biriteca_Agroecologica

A continuación, puede encontrar un video del Primer Encuentro de Saberes del mes de septiembre:

 

Compartido con SURCOS por Agenda La Cadejos.

El 2021 desde Kioscos Socioambientales y el grupo SACO

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José Antonio Mora, Coordinador Kioscos Socioambientales
José Andrés Zúñiga, Asistente de Coordinación

“Aunque la pandemia encerró a la gente, restringió y cerró locales, los extractivismos no se detuvieron, todo lo contrario, se intensificaron” comentó una compañera docente, durante el último análisis de coyuntura en materia socioambiental, del Programa Kioscos Socioambientales. Y es que, como bien quedó claro durante este análisis, la conflictividad socioambiental no se vio interrumpida por el coronavirus, o por las medidas para contener el riesgo de contagio, ya que el modelo económico se reajusta y se mantiene en continuo proceso de acumulación.

“Diay, ahora estamos con estas medidas sanitarias, pero las piñeras siguieron contaminando el ambiente y maltratando a los trabajadores, y hasta han sido un foco de contagio” comentó uno de los compañeros del grupo SACO, a través de una llamada telefónica, como una de las tantas formas de dar seguimiento comunitario desde la virtualidad. Lo cierto es que, más allá de imaginar que la pandemia implicó una suerte de “pausa” sobre la agenda ambiental, desde Kioscos ha quedado claro que el extractivismo de los bienes comunes, la violencia en los territorios indígenas y los conflictos socioambientales en general, han permanecido. Como bien se mencionó en la sesión de análisis, hay que tomar en cuenta que los extractivismos y la economía verde son ejes vertebrales de la dinámica político-económica de Costa Rica, creando así una nueva narrativa que sostiene la privatización.

Otra compañera del grupo SACO ha dicho que “cuando empezamos esto, era cada quien, con sus luchas, y si hacemos un análisis vemos que lo que está saliendo ahora a nivel del país, el caso Cochinilla, Meco y H Solís, eran las empresas con las que nosotros estábamos teniendo diferencias, nosotros las comunidades, no es que nos oponemos por oponernos, sino que teníamos ese espíritu de saber que las cosas no estaban bien”. De hecho, uno de los puntos más importantes del análisis de coyuntura de este 2021, ha sido los casos de corrupción (Cochinilla, Diamante y Azteca), relacionados con proyectos de infraestructura y por tanto con extractivismo de bienes comunes.

Un elemento de suma importancia que ha salido del análisis de coyuntura tiene que ver con la continuidad de las agresiones dentro de las recuperaciones indígenas de la zona sur. La impunidad, la urgencia de atender la salud física y mental de las mujeres indígenas, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, la continuidad de los incendios provocados por no indígenas, y en general, el racismo institucionalizado contra los pueblos originarios, son varios de los aspectos analizados por Kioscos en esta última sesión.

El realizar este tipo de análisis, proviene de la necesidad del programa en posicionarse ético-políticamente, pero, además funciona para identificar nodos y agenda de trabajo para el próximo 2022. Por ejemplo, una de las conclusiones es que, a pesar de esta condición tan excepcional, como ha sido la pandemia, es realmente urgente regresar a la presencialidad y poder estar cuerpo a cuerpo con las personas de comunidades.

Justo la semana pasada, el grupo SACO emitió un comunicado donde pronunciaron su sentir frente a la declaratoria de la UCR para las Comunidades. El grupo manifestó su preocupación, en caso de que se mantenga la acción social de forma virtualizada, así como el gran interés en regresar a las actividades de tipo presencial, como son los talleres, encuentros, mapeos, festivales y otros, que tanto han servido para que las comunidades se sigan articulando y trabajando en conjunto. En ese sentido, el grupo SACO recordó a la Universidad, que la Acción Social se compone de ese vínculo Universidad-Sociedad, y que esperan que, al ser el año de las universidades para las comunidades, sea esta la que se vea mayormente fortalecida, y que, tanto proyectos como programas, puedan potenciar su trabajo el próximo año. En el comunicado mencionan “nos hace falta vernos, seguir trabajando en conjunto. Nos preocupan los recortes a las universidades públicas, porque las universidades no son solo los profesores y estudiantes, también somos todas las personas que trabajamos y participamos de proyectos de investigación y de acción social”. Suscribimos las palabras del grupo SACO y despedimos este 2021 con el interés en poder dar continuidad el próximo año, a los elementos que han salido de nuestro último análisis de coyuntura, pero esperando que este trabajo, se realice en conjunto con las comunidades con las cuales nos vinculamos.

El experto de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas visitará Costa Rica

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GINEBRA (3 de diciembre de 2021) – El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Francisco Cali-Tzay, realizará una visita oficial a Costa Rica del 6 al 17 de diciembre de 2021.

“Estudiaré los procesos de consulta establecidos para solicitar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas o proyectos que afecten a sus tierras, territorios y recursos», dijo Cali-Tzay.

“Durante mi estadía en Costa Rica, también prestaré atención a las preocupaciones planteadas por las amenazas y los ataques a los defensores de los derechos indígenas».

El experto de la ONU examinará una serie de cuestiones que afectan a los pueblos indígenas, como el autogobierno, los derechos sobre la tierra, el medio ambiente y cambios climáticos, los defensores de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los niños indígenas, las personas indígenas con discapacidades y las repercusiones del COVID.

Cali-Tzay se reunirá con gobiernos y funcionarios estatales, organizaciones indígenas, sociedad civil, académicos y representantes de la ONU. También visitará varias comunidades indígenas para recibir información de primera mano y discutir sus prioridades y preocupaciones.

El Relator Especial celebrará una conferencia de prensa para compartir sus conclusiones y recomendaciones preliminares a las 10:00 horas del 17 de diciembre de 2021 en el hotel Hilton Garden Inn San José La Sabana. El acceso a la conferencia está limitado a los periodistas acreditados, que deben inscribirse con antelación (ver información más abajo).

El experto de la ONU presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2022.

José Francisco Cali Tzay (Guatemala) es el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. Fue miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala (CODISRA) y fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.

Fuente: https://www.ohchr.org/