“Aunque se vista de seda megaproyecto se queda”
Representantes de comunidades indígenas del país junto con organizaciones de distintos sectores sociales, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia, nos reunimos el pasado 26 de mayo del 2016 en San José, con el objetivo de analizar la propuesta del Ministerio de la Presidencia de impulsar una directriz, para la construcción de un mecanismo de consulta a Pueblos Indígenas.
La publicación de esta directriz, si bien es una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica para obtener un mecanismo de consulta, NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país.
La falta de diálogo cultural y de reconocimiento de legitimidad histórico- política con los Pueblos Indígenas (PI), es evidente y cruza todas las relaciones de estos pueblos con el Estado y las sociedades NO indígenas. Es una relación marcada por el despojo, el desprecio discriminatorio y el racismo.
Para muestra, está la realidad indígena cotidiana, donde hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos” ) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de estas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado , siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas. Lo que tenemos es una bomba de tiempo, que supera el tema de una directriz específica, y de una política pública hacia los Pueblos Indígenas.
Muchos de estos sectores NO indígenas poseen tierras dentro de los territorios, la mayoría por despojo directo y violento o en condiciones ilegales, buscando indemnización bajo actos prohibidos por la ley y de los tribunales.
Nos preocupa el impulso de la directriz, buscando establecer el mecanismo de consulta, ya que es una propuesta, diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas, la mayoría de ellos, en etapas de identificación y estudios preliminares. Estos proyectos representan, con respecto a la capacidad hidroeléctrica futura total, aproximadamente un 30% tanto en términos de potencia como en energía.
Este es uno de los intereses de esta esperada convocatoria, pero no el único, está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas.
Por lo tanto, creemos:
Si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados, a través de un proceso amplio y debidamente informado, de conformidad con los principios y derechos establecidos ( geografía – idioma – comunidades – tiempos según clima y los periodos de las actividades productivas – etc).
Ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial, que garantice a los pueblos indígenas, su integridad, su libertad y su autonomía dentro del territorio y fuera de él, de forma que el pueblo indígena pueda vivir libre del asedio y ataque de los NO indígenas en su territorio.
Detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuadas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas.
Aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación; así como que se respeten los derechos de los PI establecidos en el convenio 169 de la OIT, y la Declaración de los Derechos Humanos de los PI de la ONU (2007), las resoluciones de los tribunales nacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen garantías y reafirmas esos derechos humanos específicos.
Por lo anterior, reiteramos que reconocemos que esta directriz no es el mecanismo de consulta, sino el camino hacia ese mecanismo, por eso es la preocupación y la oposición nuestra, pues se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio.
FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Kioskos socio-ambientales de la UCR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.
**Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Coecoceiba.
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