El tema Migración y desplazamiento de los pueblos indígenas de este 2018 se centrará en la situación actual de los territorios indígenas, las principales causas de las migraciones, la circulación transfronteriza y los desplazamientos, con especial atención en el tema de los pueblos indígenas que viven en las zonas urbanas y fuera de sus países. Asimismo, se tratarán los desafíos y cómo revitalizar las identidades de los pueblos indígenas y alentar la protección de sus derechos dentro o fuera de sus territorios tradicionales.
Las lenguas juegan un papel crucial en la vida diaria de las personas, son un elemento esencial de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y el desarrollo sostenible, asegurando la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Sin embargo, a pesar de su inmenso valor, las lenguas en el mundo siguen desapareciendo a una velocidad alarmante, por diversas razones. Muchas de estas son lenguas indígenas.
Las lenguas indígenas son un factor importante en las cuestiones indígenas tales como la educación, el desarrollo científico y tecnológico, la biosfera y el medio ambiente, la libertad de expresión, el empleo y la inclusión social. En respuesta a estas amenazas, la Asamblea General adoptó una resolución (A/RES/71/178) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y proclamó el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
El pasado 09 de agosto se organizó una conferencia de prensa por parte del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), en el marco y en conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde se expuso la situación de los Pueblos Indígenas en Costa Rica, los procesos de recuperación Tierra/Territorio, que han provocado reacciones violentas de no indígenas usurpadores que viven dentro del Territorio, conflicto que ha tenido graves consecuencias para los indígenas; el estado de la consulta indígena que viene desarrollándose sin el concurso de nuestros Pueblos y las denuncias y las demandas ante las autoridades.
Los territorios y pueblos indígenas de Costa Rica conservan actualmente siete lenguas, sin embargo, algunas podrían desaparecer ante los pocos hablantes que las dominan plenamente. Para contribuir a detener el desplazamiento de estas lenguas, la Vicerrectoría de Acción Social se esfuerza por…
El Gobierno echó a andar el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, aunque en algunos territorios se mantienen vivos los cuestionamientos al proceso.
Fabiola Pomareda García
Reunión de la Coordinadora de Lucha Sur Sur en Salitre. Foto: Ditso.
El Gobierno firmó un decreto en marzo pasado, que echó a andar un mecanismo de consulta a pueblos indígenas, para que se consulte a las personas que habitan en alguno de los 24 territorios indígenas, antes de realizar proyectos que afecten sus derechos colectivos.
Sin embargo, organizaciones y habitantes de tres territorios se abstuvieron de participar porque cuestionan cómo está formulado y aseguran que violenta sus derechos como territorios de pueblos originarios, y que violenta convenios internacionales y legislación nacional.
También manifestaron su recelo por la participación de personas no indígenas en la construcción del mecanismo (la llamada pre-consulta), por quiénes integrarán las instancias territoriales y por qué pasaría si en las consultas participan personas no indígenas que viven en los territorios, como parte de la problemática de usurpación de tierras.
El Gobierno respondió a Voces Nuestras varias de estas consultas, a través de la oficina de prensa de Casa Presidencial.
Gobierno firma decreto después de un largo y cuestionado proceso
El 6 de marzo de este año el Gobierno firmó el decreto 40.932, que dejó en firme el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas. Esto se hizo por presión y recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de dos años de reuniones y talleres (pre-consulta), el Gobierno logró que personas de territorios indígenas suscribieran una guía con ocho pasos para realizar una consulta. Estos son:
Solicitud de la consulta; admisibilidad de la solicitud de la consulta; acuerdos preparatorios; intercambio de información; evaluación interna del pueblo indígena; diálogo, negociación y acuerdos; finalización del proceso; y cumplimiento y monitoreo de acuerdos.
Reynaldo Morales Mayorga, indígena bribri del territorio indígena Iriria Bribri Sä Kä (conocido como Cabagra), piensa que la consulta empezó mal porque cuestionan la representatividad de quienes terminaron aprobando el mecanismo en la pre-consulta.
“La informacion a los pueblos originarios debe enfocarse en las organizaciones que existen dentro del territorio. Por ejemplo, nosotros como organización analizamos un punto del convenio 169, artículo 6 , que habla de la consulta, y se refiere a la consulta con sus instituciones, con ‘sus’, no con ‘su’”, explicó Morales, quien pertenece al Consejo de Mayores Originarios Iriria Bribri Sä Kä.
Agregó que “es un impacto negativo hacia la comunidad indígena en el sentido de que en los territorios indígenas, en el caso el de nosotros, hay muchos usurpadores que son no indígenas”.
Y afirmó que es un proceso negativo “porque para hablar de una consulta, se tiene que tener previo la información, el consentimiento de la comunidad y la libre determinación de la comunidad, que no se ponga obstáculos, que no se hagan obras de las que se están haciendo con la Asociación de Desarrollo. Eso viene a minimizar a la comunidad originaria. Tiene que haber una información en el idioma, tiene que haber una información en español, tiene que haber varias sesiones de trabajo”.
Mariana Delgado Morales, indígena bribri de Río Azul, comunidad en el territorio indígena de Salitre, opinó:
“En cuanto a la consulta, de mi parte yo tengo muchas dudas y yo siento que es una manipulación más del Gobierno porque nosotros, el pueblo bribri de Salitre, le hemos pedido al Gobierno que primeramente haya un saneamiento territorial, que se hagan los desalojos que ya están por ser ejecutados. No hemos recibido respuesta y entonces más bien creemos que la consulta nos va a perjudicar; no es nada favorable para nosotros”, informó,
“Vea, yo me enteré que vinieron y estuvieron reunidos con un pequeño grupo; pero creo que eso no es una pre-consulta. Yo entiendo por consulta que es todo el territorio indígena. Si lo quieren hacer así, es un juego más, una burla más para los bribris porque diay, no sirve así que ellos se reúnan nada más con un sector, con un grupo. Si lo van a hacer que sea con toda la población indígena bribri de Salitre”, sentenció.
Don Felipe Figueroa Morales, indígena bribri, de Salitre, manifestó: “El proceso de consulta indígena es negativo porque el Estado costarricense está bajo las medidas cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solicitó al Estado costarricense que hiciera el saneamiento territorial del territorio bribri de Salitre, para que pudiera hacer la consulta. Esto no se cumplió”.
Figueroa Morales señaló que “en la consulta participaron personas no indígenas, un grupo muy reducido dentro del territorio y en la comisión están representando personas no bribris dentro del territorio”.
“Como al Gobierno le interesan algunos proyectos como el Diquís y otros proyectos que él tiene en camino, quiere quitarnos a nosotros, eludir responsabilidades o quitar derechos a nuestros pueblos. En este caso al Gobierno le importó sólo que la consulta vaya, ¿verdad? Pero en realidad no ha sido beneficioso. Ha creado incertidumbres. Ha creado problemas para nuestros territorios. Lo que hizo es una exclusión, definitivamente, de derechos”, dijo Figueroa Morales, integrante del Consejo Ditsö Iriria Ajkonuk Wakpa (Consejo Cuidadores de la Tierra).
La conformación de las Instancias Territoriales
El mecanismo crea la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que estará en el Ministerio de Justicia y Paz, responsable de liderar todas las consultas desde el Gobierno. En cada territorio habrá una Instancia Territorial, designada por la comunidad y encargada de la logística de las consultas.
Pero surgen preguntas sobre quiénes y cuántas personas la forman, cómo se escogen estas personas y si tendrán más peso las Asociaciones de Desarrollo Integral Indígenas (ADIIs), en lugares donde se cuestiona su representatividad y se discrimina a las organizaciones ancestrales.
Según don Felipe Figueroa, “ahorita el Gobierno tiene miradas maliciosas porque siento que sólo va a consultar a las Asociaciones de Desarrollo o ADIIs, que es un grupo muy reducido”. “Si fuera el caso, nosotros en el territorio no aceptaríamos ninguna consulta porque el Gobierno no hizo ninguna pre-consulta en nuestros territorios”.
De acuerdo con la respuesta enviada por Casa Presidencial, las instancias de territoriales de consulta “se elegirán respetando la autonomía de cada territorio”.
“El decreto sólo establece que cada territorio podrá escogerla según sus costumbres, criterios internos y particularidades culturales. No se establece un número de personas, precisamente para respetar la particularidad cultural, estructural, geográfica y demográfica de cada territorio. Los mismos miembros de la comunidad o sus instituciones podrán promover este proceso. Las ADIIs son una más de las instituciones de representación. Según el Decreto, deberán ser tomadas en cuenta; pero no tendrán, necesariamente un rol protagónico, a menos que el mismo territorio lo decida así”.
La participación de personas no indígenas que viven dentro de territorios
Otra duda es cómo se confirmará que las personas que voten en una consulta son indígenas y de esta forma, que quienes votan sobre un proyecto o no, son verdaderos integrantes de ese pueblo originario.
“Es que esa es la gran razon”, declaró don Felipe Figueroa, de Salitre. “Por eso nosotros nunca hemos estado en favor de la consulta, porque habíamos dicho que una vez retirados los no indígenas dentro del territorio, ya el pueblo podía sentarse con el Gobierno a hacer la consulta; pero más antes no, porque va a haber esa situación. Por lo tanto, nuestra lucha va a seguir constantemente contra este proceso”, aseveró.
De acuerdo con el Gobierno, las consultas indígenas son procesos participativos de diálogo cuyo fin es lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o alcanzar acuerdos con respecto a una medida propuesta. “Las consultas no son procesos electorales, sino procesos en donde la comunidad busca un acuerdo con el Estado, sobre la base de información clara y adecuada a las particularidades de cada pueblo. Las decisiones que se tomen en cada pueblo tomarán en cuenta sus tradicionales formas de toma de decisión. Cada pueblo determinará sus propias formas para determinar quiénes son indígenas y por lo tanto quienes participan en los procesos de consulta”.
Asimismo, se le consultó al Gobierno qué pasará con los territorios de Alto Chirripó, Salitre y Cabagra, que decidieron no participar en el mecanismo y qué pasa si hay que consultar proyectos que les afectarían.
Según la respuesta de Casa Presidencial, solamente Alto Chirripó no participó en el proceso. “El proceso se implementó en Salitre y Cabagra y se tienen registros de su participación. Posiblemente haya sectores de esos territorios que decidieron no participar, lo cual es totalmente respetable”.
¿Qué pasó en Alto Chirripó? Las y los habitantes de este territorio indígena, ubicado en Turrialba interpusieron un recurso de amparo contra el proceso. El 8 de setiembre los magistrados ordenaron al Gobierno repetir tres reuniones en esa comunidad, para informar y pedir opinión a sus habitantes.
Sin embargo, en la comunicación de Casa Presidencial se informó que esperan una solicitud de aclaración a la Sala Cuarta, para determinar los alcances de ese fallo. “El Gobierno mantiene los canales abiertos para acatar el fallo y continuar con las vías del diálogo para que todos los territorios participen en el disfrute de este derecho”, se lee.
De acuerdo con el Gobierno, ahora trabaja en terminar de conformar la Unidad Técnica de Consulta Indígena en el Ministerio de Justicia y Paz; apoyar la conformación de la Instancias Territoriales; apoyar la formulación de los reglamentos internos de consulta indígenas en los territorios que lo requieran; procesos de capacitación a las instituciones públicas; y capacitación a las organizaciones de los territorios indígenas.
Pero la percepción de Reynaldo Mayorga, de Cabagra, es otra. “El Consejo de Mayores Originarios Iriria Jtecho Wakpa (de Cabagra) mandó una nota a la Oficina del proceso de consulta, diciendo que se abstiene de participar en el proceso de consulta, porque está mal formulado, porque está violentando los derechos como territorio, se están violentando los convenios, se está violentando la legislación nacional sobre pueblos indígenas, se está violentando la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Originarios. Por eso es que la organización, junto con parte de la población, tomó la decisión de no ser parte de ese proceso de consulta”.
“Pero no sabemos nada porque nunca respondieron. La técnica de los representantes del estado, gobierno, instituciones estatales, es no responder, guardar el silencio. Eso es todo, como quien dice, nosotros hacemos y ustedes aceptan o aceptan”, denunció Morales Mayorga.
Pronunciamiento del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED
En América Latina perviven actualmente cerca de 650 pueblos indígenas, 60 de los cuales se localizan en Centroamérica, y 8 en Costa Rica. En Centroamérica representan aproximadamente un 17% de la población y un 2,5% para el caso de nuestro país.
El artículo 1º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que un pueblo se considera indígena “por el hecho de descender de las poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, que conservan todas sus propias instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de ellas”. Además indica que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental” para determinar la pertenencia a estos pueblos.
La riqueza y diversidad cultural de los pueblos indígenas se expresa en la multiplicidad de idiomas, prácticas culturales y productivas, formas de gobierno propio y en diversas cosmovisiones y espiritualidades, todo lo cual mantiene vigencia a pesar de la violencia permanente que sufren, y la negación que se ejerce sobre sus culturas y cosmovisiones.
El territorio tiene para estos pueblos una importancia singular: es el lugar donde estos crean y recrean su cultura, espiritualidad, vida y en general, su identidad indígena; es el espacio vital donde se desarrolla la comunidad y se interactúa con el resto de seres vivos y con el universo. Sin embargo, desde la Colonia los pueblos indígenas han sufrido el despojo de sus tierras, algo que sigue viviéndose en la realidad costarricense actual.
Es importante recalcar que el Estado costarricense ha asumido, múltiples compromisos internacionales relacionados con pueblos indígenas, entre los que cabe destacar los siguientes:
1) Los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “Sobre los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en países independientes”, ratificado por Costa Rica en 1959 y 1992, respectivamente, ambos con rango constitucional;
2) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU), firmada en el 2007;
3) La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA), firmada en el 2016;
4) La “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia”, que Costa Rica fue el primer país de América en aprobar en 2013.
5) A nivel nacional, el país dio reconocimiento a los derechos territoriales indígenas desde 1939, mediante la Ley Nº 39 de Terrenos Baldíos, en la que se declara la inalienabilidad de las tierras ocupadas por estos pueblos.
6) A partir de 1956 varios decretos ejecutivos establecen las llamadas Reservas Indígenas, que son tierras de propiedad colectiva reconocidas por el Estado como territorios indígenas. A la fecha suman 24, en diferentes cantones del país.
7) En 1977, mediante la Ley 6172, conocida como Ley Indígena, el Estado costarricense estableció el carácter inalienable, intransferible e imprescriptible de sus territorios y se comprometió a restituirles las tierras que, estando dentro de ellos, se encontraran en manos de población no indígena, así como a protegerlos de nuevas invasiones. A cargo del cumplimiento de ese objetivo quedaron el Instituto de Tierras y Colonización, hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y a la Comisión Nacional Indígena (CONAI).
8) En el 2015, mediante reforma del artículo 1º de su Constitución Política, el Estado Costarricense declara que somos una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural”.
No hay, sin embargo, correspondencia entre estos avances en el nivel jurídico-normativo y de las prácticas sociales y estatales reales, lo cual se evidencia claramente en relación con la situación de tenencia de la tierra. El problema es extremadamente grave: de los territorios indígenas, entre un 50% y hasta en un 90% -en algunos casos como Térraba, China Kichá y Altos de San Antonio- están en posesión de personas no indígenas, o bien regidos por una institucionalidad de gobierno local bajo control gubernamental, como es el caso de las Asociaciones de Desarrollo Comunal. Se desconocen así las instancias de gobierno propias de las comunidades indígenas, lo que también violenta los compromisos adquiridos.
Reconocemos algunos esfuerzos, positivos pero dispersos, principalmente en el nivel educativo, o la reciente directriz 042-MP Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas, los cuales sin embargo resultan muy limitados, dada la efectiva ausencia de políticas públicas interculturales y de acción afirmativa para estas poblaciones y la persistente negativa por parte de la Asamblea Legislativa durante los últimos 24 años, a votar el proyecto “Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas”, Expediente Legislativo No. 14.352, aun cuando este cuenta con un amplio proceso de consulta tutelado por la propia Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones y el correspondiente aval de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa ( 2009).
Esta brecha en la implementación de los derechos de estos pueblos ha sido denunciada por las propias organizaciones y comunidades indígenas, por la Defensoría de los Habitantes y por el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas. Son denunciadas reiteradas a lo largo de varios gobiernos, sin que se registren avances significativos.
Ante estas históricas deudas del Estado costarricense en relación con sus derechos territoriales, los pueblos bribri y bröran del Cantón de Buenos Aires han decidido recuperar su territorio.
Indígenas bröran decidieron tomar posesión de la finca llamada POTOMAC, rebautizada CRUN SHURIN, teniendo como respaldo la Ley Indígena y una resolución de la Sala I de la Corte Suprema de Justicia de 1990, no ejecutada hasta el momento, la cual establece que esta finca es parte del territorio indígena de Térraba. Desde hace varias semanas, un grupo de unas 16 familias de ese pueblo se mantienen en el lugar. Se trata de aproximadamente 1000 hectáreas actualmente subutilizadas, en posesión ilegal por parte de no indígenas que viven fuera de la región, que serán reocupadas con fines de subsistencia y vida comunitaria bröran.
Estas acciones en Térraba se unen a las realizadas en Salitre y en Cabagra en los últimos ocho años, lapso durante el cual el Estado costarricense no ha hecho avance alguno en la regularización de la tenencia de los territorios indígenas de la región. Es decir, no se ha procedido, como corresponde, a una clara demarcación de los límites del territorio, la constatación de la legalidad de la posesión de las tierras, o su devolución a los pueblos indígenas. Se incumplen así los múltiples compromisos que asumió el gobierno recién concluido, sobre todo teniendo presente la violencia suscitada en Salitre y Cabagra por parte de personas no-indígenas. Se han dado agresiones y amenazas diversas, quemas de casas, destrucción de cultivos, persecuciones, uso de armas, sin que hasta el momento haya nadie detenido ni sancionado. Ello pone en evidencia el grado de impunidad así como la ineficacia de la acción del Estado y el desinterés de las altas autoridades políticas.
La inseguridad y la amenaza contra la integridad de las personas indígenas son evidentes, durante y después de las recuperaciones. Se hace urgente la atención efectiva del Estado costarricense en sus diferentes instancias, tanto administrativas, legislativas como judiciales y de todas sus instituciones, sean ministeriales o autónomas, para resolver, como corresponde y con la urgencia del caso, las necesidades y demandas conforme a los derechos colectivos de estos pueblos.
El Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), unidad de investigación científica adscrita a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) hace un llamado respetuoso pero vehemente al nuevo Gobierno de la República, al Poder Judicial y a las señoras y señores diputados, así como a las autoridades de las diferentes instancias políticas y técnicas involucradas en el saneamiento y seguridad de los territorios, para que se actúe conforme al marco de derechos indígenas, especialmente la Ley Indígena, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y de la OEA y la atención a las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Costa Rica desde el 30 de Abril del 2015, de manera que se proceda a lo siguiente:
– Garantizar la seguridad, protección e integridad física y patrimonial de las familias bröran y bribris, que han recuperado territorios indígenas en diferentes lugares del cantón de Buenos Aires.
– Emprender e incrementar, con toda celeridad, las acciones institucionales pertinentes y eficaces para la atención de la situación de conflicto, tanto en sus aspectos de atención inmediata y urgente, como en sus aspectos estructurales, que permitan aplicar medidas efectivas para la regularización en la tenencia y la seguridad de los territorios indígenas, incluyendo el reconocimiento de los derechos autonómicos de estos pueblos sobre estos territorios.
– Implementar la Medida Cautelar Nº 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en relación con los pueblos y territorios indígenas de Buenos Aires.
– Armonizar la legislación nacional conforme a los derechos reconocidos internacionalmente y con los que el país se ha comprometido, y establecer los correspondientes mecanismos de aplicación efectiva.
– Aplicar las Reglas de Brasilia para garantizar el acceso a la justicia a los pueblos indígenas costarricenses.
– Retomar el diálogo directo y eficaz entre el gobierno y los pueblos y territorios indígenas para el desarrollo de políticas públicas interculturales.
– Ejecutar los múltiples acuerdos establecidos entre las diferentes instancias del Estado y los pueblos y territorios indígenas.
– Realizar los desalojos administrativos ya aprobados, pendientes de ejecución desde el 2014.
Atentamente
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Director
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)
Iniciativa dio lugar a diversos espacios de aprendizaje y reflexión sobre la situación de los territorios indígenas en el país
Indígenas enfatizaron la necesidad de construir un mundo más inclusivo, justo y respetuoso; que valide otros saberes, como el conocimiento ancestral.
La comunidad universitaria de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica (UCR) reconoció el pasado 19 de abril los aportes de los grupos indígenas, su cosmovisión y conocimiento ancestral, en el marco de la conmemoración del Día del Aborigen Costarricense.
La iniciativa, organizada por la Comisión de Educación Indígena de la Sede y la Comisión Interuniversitaria SiwáPakö, se denominó “Sä ditsäwä tsikile keinkjëwe”, que significa «celebración de las semillas originarias indígenas» y dio lugar a diversos espacios de aprendizaje y reflexión sobre la situación de los territorios indígenas en el país.
El Módulo de Educación Indígena (MEI) de la Sede albergó una exposición de fotografías y de materiales utilitarios de las culturas indígenas, dando lugar a un acercamiento a la cotidianidad de estos pueblos.
Los presentes degustaron comida tradicional indígena, como chicharrones de cerdo, yuca y banano servidos en la tradicional vajilla de hojas de plátano. Fotografía: Sede del Atlántico.
Los presentes tuvieron la oportunidad de degustar comida tradicional del Territorio Indígena de Chirripó Cabécar (Duchíi), que incluyó chicharrones de cerdo, yuca y banano servidos en la tradicional vajilla de hojas de plátano.
La proyección de la película española También la lluvia, del director Icíar Bollaín, generó un espacio de discusión con la participación de la estudiante de Ingeniería en Desarrollo Sostenible, Reina Salguero, quien es indígena cabécar del territorio Tayní, y del estudiante de Ciencias de la Educación en I y II ciclos con énfasis en Lengua y Cultura Cabécar, Felipe Bañez, indígena cabécar de Alto Chirripó.
Según el gestor cultural Jorge Salmerón Ramírez, la participación de los presentes denotó, entre voces quebradas y comentarios sentidos, «una fuerte preocupación por lo que acontece en las comunidades indígenas del país”.
Una exposición de fotografías y de materiales utilitarios de las culturas indígenas ofreció un acercamiento a la cotidianidad de los pueblos. (Fotografía: Sede del Atlántico).
La conmemoración concluyó con un conversatorio alrededor de troncos de madera al estilo de una fogata, en la que los estudiantes Salguero y Bañez, así como el indígena Boruca-Brunca y estudiante de Agronomía, Victor Morales, compartieron historias y conocimiento indígena.
La orientadora Mónica Gutiérrez enfatizó en la demanda de estos grupos para que las personas no indígenas colaboren en la consolidación de un mundo más inclusivo, justo y respetuoso; que valide otros saberes, como el conocimiento ancestral.
Informe de la UCR contiene un diagnóstico y propuestas para atender los conflictos de la zona
Históricamente, la UCR ha mantenido el compromiso de apoyar a los pueblos indígenas desde sus diferentes ámbitos de acción. En la foto se aprecia una actividad recreativa organizada por la Vicerrectoría de Acción Social en el pueblo de Salitre. (Foto: Archivo VAS).
Un informe elaborado por una comisión especial del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) reveló la existencia sistemática de agresiones a los indígenas en el territorio de Salitre, la falta de intervención de las autoridades en dichos conflictos y el continuo desacato a la legislación nacional e internacional.
El informe contiene, además de un diagnóstico, una serie de propuestas para atender los conflictos que afrontan los pobladores de dicha zona a manos de personas no indígenas, al igual que un marco de referencia básico para una negociación social adecuada.
La UCR reconoció que esta no es la primera vez que la Institución denuncia los continuos hechos de violencia en contra de los pueblos indígenas, y que la problemática de Salitre, principalmente en relación con la recuperación de tierras, es común a todos los territorios indígenas del país, por lo que recomendó que su abordaje se lleve a cabo de forma integral y respetuosa.
Como parte de las alternativas para ocuparse de la situación, la Universidad sugirió identificar quiénes son indígenas y quiénes no, mediante el uso del peritaje cultural como instrumento que da mayor objetividad a los tomadores de decisiones, tanto en la vía judicial como en la administrativa.
Portada del Informe Final Comisión Especial Salitre.
Solicitud al Estado
A raíz de estos resultados, la Universidad instó al Estado costarricense a ampliar y fortalecer las acciones en pro de la resolución permanente de conflictos en esos territorios, las cuales deben asegurar los derechos de las personas indígenas y no indígenas, sin perder de vista el respeto a sus costumbres, modos de vida, normas de convivencia y autonomía.
“La participación e influencia que tienen las instituciones públicas, municipalidades y grupos organizados en los territorios indígenas es una realidad que debe tomarse en cuenta dentro de las posibles alternativas que se generen para atender adecuadamente lo que sucede en estos territorios”, afirmó el Consejo Universitario.
En ese sentido, recordó que la UCR tiene la experiencia, la capacidad y la responsabilidad histórica de apoyar a los pueblos indígenas y a otros sectores vulnerables.
Finalmente, como parte de ese compromiso, el Órgano Colegiado le pidió al Centro de Investigaciones Antropológicas (CIAN) que considere la posibilidad de incluir líneas de investigación en estudios interdisciplinarios en relación con los conflictos territoriales y la problemática indígena, así como colaborar en los procesos de negociación social.
Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la UNED
Presentación del documental «Guardianes del Bosque» en el Liceo de Térraba.
El documental presenta la primera lucha mancomunada que libraron las comunidades de tres territorios: Boruca, Térraba y Rey Curré contra las empresas madereras y el gobierno para reivindicar sus derechos; la cual fue invisibilizada ante los intereses económicos y políticos de los grupos de poder y los medios de comunicación.
Este documental fue basado en una investigación que hicieron tres jóvenes Bröran, del territorio de Térraba: Asdrúbal Rivera, Cindy Vargas y Marlon Carrera, en el marco del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios impartido por la Dirección de Extensión de la UNED. Posteriormente el Departamento Ecuménico de Investigaciones dio un apoyo a los jóvenes para profundizar la investigación. Luego el Programa de Producción de Materiales Audiovisuales de la UNED inició el proceso de producción del documental.
Don Francisco Ortiz, mayor de Térraba, sobreviviente de la lucha contra la extracción de madera.
El objetivo de esta investigación era rescatar de la memoria de muchos de los mayores de los tres territorios indígenas de Térraba, Boruca y Rey Curré, que continúan vivos, este hecho ocurrido en 1985, cuando las tres comunidades se unieron para evitar que la extracción de los bosques continuara.
Este propósito se logró, porque las madereras ya no entraron más a los territorios; no obstante, la devastación causada fue inminente. En imágenes tomadas con el drone para el documental es desolador ver como no hay bosques y las causas de esta tala indiscriminada se observa en las aguas de la catarata de Boruca, donde estas se tiñen de un color rojizo por la erosión del suelo.
El objetivo del documental es, no solo visibilizar este acontecimiento, sino también, mostrar un poco de la espiritualidad y forma de vida indígena. Como para ellos la naturaleza es un bien común que comparten con toda la comunidad y heredan a las futuras generaciones.
Presentación del documental «Guardianes del Bosque» en el Liceo de Térraba.
Según cuentan algunos mayores, las personas antes podían bañarse tranquilos en el río Térraba y pescar. Sin embargo, ahora, las aguas del río producen alergias en la piel y la pesca artesanal es casi inexistente; pues, actualmente, se utiliza el trasmallo y químicos sin medir las consecuencias ecológicas.
También, han existido megaproyectos que han modificado el caudal del río como fue la construcción de la carretera Interamericana, la cual, además, arrasó con el bosque primario y propició la colonización de la zona con actividad ganadera.
Otros, como los proyectos hidroeléctricos Boruca y, actualmente, el Diquis pretenden modificarlo.
Y, como si fuera poco, la utilización de agroquímicos en la producción de monocultivos, como sucedió con las bananeras o, actualmente, sucede con los cultivos de piña o la palma africana, han contaminado las fuentes acuíferas de la zona sur, especialmente al río.
Casa de Consejo de Cultura de Boruca.
La experiencia de la lucha organizada de 1985, empoderó a estas comunidades para iniciar otras luchas por la recuperación de sus territorios, sus derechos como ciudadanos y la protección de los bienes comunes de la naturaleza.
En las actividades de estreno del documental se contó con la participación del sr. Gerónimo Yantalema, indígena de la nacionalidad kichua de Ecuador, ex diputado por el Movimiento Plurinacional Pachacutik, que compartió sobre la experiencia de los Kichuas en las luchas sociales, políticas, económicas ambientales.
Presentación del documental «Guardianes del Bosque» en la Casa de Consejo de Cultura de Boruca.Presentación del documental «Guardianes del Bosque» en la Casa de Consejo de Cultura de Boru.
Enviado por Amilcar Castañeda Cortez Divulgación y Comunicación, Dirección de Extensión Universitaria, Universidad Estatal a Distancia, UNED.
Este martes 31 de enero se realizó una conferencia de prensa sobre la situación de los pueblos indígenas y los últimos hechos de violencia en los Territorios de Cabagra y Salitre.
Esto debido a que el pasado 27 y miércoles 28 de diciembre del 2016, se realizó la Décima Cuarta (14a.) Misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena, con la finalidad de conocer, documentar, verificar y dar seguimiento a la situación de violencia que se vive en el Territorio Indígena Bribri de Cabagra; informar a la comunidad nacional e internacional y a las autoridades nacionales e internacionales sobre esta situación e incidir en favor del respeto al cumplimiento de los DDHH y la Autonomía Indígena, así como dar seguimiento y continuidad frente a las autoridades de las denuncias hechas por sus habitantes indígenas.
La Red de Mujeres Rurales, organización de mujeres indígenas y campesinas, desde donde defendemos nuestros derechos, queremos manifestar nuestro descontento y pasamos a decir las razones:
El 17 de octubre de 2015, un numeroso grupo de nosotras nos dirigimos al INAMU, con dos intenciones: una, decir a ustedes, las autoridades, que los derechos de nosotras como mujeres campesinas e indígenas, no están siendo defendidos por la institución, como si las mujeres del campo no fuéramos mujeres, y dos, que las políticas de gobierno de las otras instituciones también violentan nuestros derechos, que no se resuelven por la vía de la competitividad y los megaproyectos.
Ahí expusimos un gran número de situaciones que vivimos las mujeres del campo donde se violan nuestros derechos, desde el acceso a la tierra que es negado, el derecho negado a tener agua limpia y suficiente, la persecución de nuestras formas de producción para favorecer la producción industrial y contaminante en las zonas rurales, las acciones de las grandes empresas que quieren apropiarse de todas las semillas y todos los alimentos, el incumplimiento del gobierno de las resoluciones nacionales e internacionales para devolver la tierra y los territorios a las comunidades indígenas y más bien participando en agresiones a las mujeres indígenas. En fin expusimos que todas esas situaciones son violencia contra nosotras y que la institución que ha sido creada para velar por los derechos de las mujeres nos ve con indiferencia.
Además dejamos un documento con muchos de estos casos. Este documento fue elaborado en nuestra organización con la participación de muchas de nosotras.
Ese día, el 17 de octubre, usted propuso realizar una Mesa de Diálogo, donde se pudiera ir tratando estos temas con los funcionarios de alto rango de cada una de las instituciones involucradas.
Desde su despacho, nos propusieron una primera fecha días después, que solicitamos se pospusiera para definir la delegación de la Red que participaría, ya que como somos mujeres de distintas partes del país, no es tan fácil comunicarnos y tomar acuerdos. Propusimos que podríamos reunirnos desde finales de noviembre, en diciembre o enero.
Pasaron estos meses, suponemos que por las fiestas de fin de año y vacaciones de verano de muchos funcionarios y que nuestros problemas no son prioridad para el gobierno, por eso seguimos esperando. En marzo volvimos a comunicarnos y desde su despacho nos convocaron a un almuerzo ejecutivo. Rechazamos el almuerzo, porque consideramos que en un almuerzo no es mucho lo que podemos decir, ni es mucho lo que nos pueden contestar, y que más bien podría confundir y servir para mostrar hacia afuera que se reunían con nosotras aunque no se resolviera nada.
Les comunicamos que queremos una reunión que sea solo de trabajo.
De esta comunicación nuestra de marzo nos responden en junio, para plantearnos la reunión con ustedes y otros jerarcas el 20 de julio de este año. Unos pocos días antes de la reunión nos escriben diciendo que cancelan la reunión porque van para Guanacaste y ni siquiera plantean otra fecha.
Nosotras nos hemos reunido para analizar esta poca importancia que tiene para ustedes nuestras demandas, si pensamos en cuánta agua contaminada hemos tomado en 10 meses, o cuántos baldes de agua hemos tenido que jalar en nuestros hombros y cabezas, estemos enfermas o no, o cuántas de nuestras gallinas o cerdos han sido perseguidos, matados o llevados por la policía del SENASA, o cuántas agresiones hemos vivido de finqueros no indígenas en nuestros propios territorios indígenas y el INAMU se ha tomado ya 10 meses y no ha podido dar una sola respuesta a nuestras demandas.
Acordamos decirles además que siempre estamos dispuestas a reunirnos para profundizar y recordarles nuestras denuncias y demandas, pero que no esperamos Ia reunión con los brazos cruzados, que seguimos en nuestras luchas, seguimos defendiendo nuestros derechos como mujeres del campo a defender nuestros bienes, a nuestro derecho a seguir siendo indígenas y campesinas y a defender el derecho a estar organizadas en nuestra propia organización.
Red de Mujeres Rurales
10 de agosto del 2016
Sala de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Red de Mujeres Rurales de Costa Rica.
Organizaciones ecologistas, comunidades indígenas, eclesiales, ecologistas, de derechos humanos, paz y no violencia
Diferentes organizaciones y representantes de comunidades indígenas se pronunciaron sobre la Directriz para la construcción de un consulta indígena N° 042-MP que sin bien la consideran “una reivindicación histórica de los Pueblos Indígenas de Costa Rica…NO estamos de acuerdo en que se realice en las condiciones actuales de violencia directa contra las comunidades y líderes, sin saneamiento territorial, y entre otros graves problemas que sufren actualmente los territorios indígenas del país”.
Para ellos: “se estará discutiendo y buscando acuerdos bajo la violencia, la amenaza y la impunidad, así como con la presencia de los no indígenas usurpando los territorios e intimidando a las comunidades, ese no puede ser el camino del dialogo cultural ni el de reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta, a la tierra /territorio”.
En un fuerte señalamientos aseguran “hay territorios donde los NO INDÍGENAS (“blancos”/“ganaderos”) gobiernan a su antojo, están más presentes que el Estado y desaplican la ley al mejor estilo de control “paramilitar”, como quedó en evidencia en días pasados durante un bloqueo/ manifestación de éstas personas y grupos en Buenos Aires de Puntarenas, haciendo uso de dinamita, machetes, bombas molotov y otros, con acciones desafiantes hacia las autoridades del Estado, siendo parte de ello algunos líderes municipales. Además nos preocupa, la siembra y el trasiego de drogas, (que es) un secreto a voces, (sucede) en la Zona Sur, en que estas bandas utilizan parte de los territorios indígenas”.
Megaproyectos interesados
Para las organizaciones la directriz “está diseñada a la medida de los “interesados” institucionales y de grupos económicos, inversionistas, aunque su forma de convocatoria lo disimule; y es que no solo les interesa la represa Diquís, si no al menos otros 17 proyectos hidroeléctricos que el ICE ha querido impulsar dentro de los territorios indígenas…está en la fila FONAFIFO que avanza en el mecanismo REDD+ y el Pago de los Servicios Ambientales; de igual forma están las obras de infraestructura vial (mega carreteras del sur y el aeropuerto, en cumplimiento del plan Mesoamérica (antes plan Puebla Panamá) que unirán Mesoamérica en la expansiva ruta comercial mundial con el nuevo canal de Panamá, entre otras cosas”.
Propones que: si el gobierno quiere adelantar este proceso, tiene que generar condiciones, reconocer las enormes asimetrías que fundan esta relación y empezar a sentar bases que con los años o décadas puedan generar otros escenarios donde esta propuesta si tenga mayor legitimidad y aceptación social para los beneficiados y no solo para los interesados.
Condiciones mínimas
Además establecen criterios básicos para avanzar en este sentido: ejecutar de inmediato las políticas de saneamiento territorial así como “detener definitivamente las acciones de violencia que han sido sistemáticas, organizadas y continuas hacia los indígenas en su territorio. Así como detener, indagar e investigar y sancionar a los responsables de estos delitos, muchos de ellos identificados plenamente por las personas indígenas ofendidas”. También los firmantes piden que se tome una decisión de aprobar o archivar el proyecto de ley 14.352, Ley de Autonomía de los Pueblo Indígenas, que lleva más de 20 años de esperar su aprobación.
Las organizaciones firmantes son FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas), Talamanca por la Vida y por la Tierra, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), COECO Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR, Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), Organizaciones del Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena.
