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Etiqueta: terror

¿Somos inmunes a la violencia y el terror?

Miguel Sobrado

Miguel Sobrado Chaves

En Costa Rica hemos sido dados a pensar que la violencia y el terror no pueden afincarse en nuestro medio, ya que somos un pueblo de paz y democracia.  Lamentablemente nos olvidamos de nuestra posición geopolítica y que al igual que en 1856 o en la década de los 80s del siglo pasado, las tormentas de la vecindad terminan azotándonos. Las cosas han cambiado radicalmente en nuestra América desde que brotó el gran negocio de los carteles de la droga en el último cuarto del siglo pasado, cambiando los ejes del poder económico y político. Hasta entonces el poder económico dependía en gran medida del poder político centralizado en estructuras clientelistas. Con la aparición del negocio de la droga, con un poder económico sin precedentes, se resquebrajó la estructura de poder clientelista. Sistema que presentaba, por una parte, serias debilidades que permitían su penetración por la corrupción imperante, y por otra, generaba una masa creciente de excluidos desplazados por la tecnología que buscaban desesperadamente ingresos para atender las necesidades de sus familias.

Colocados geográficamente entre los países productores y procesadores de cocaína en el sur y los traficantes comercializadores y el gran mercado de consumidores en el norte del continente y punto de enlace con Europa, nuestro país es una ruta de paso necesaria para este nefasto negocio. Especialmente el tráfico terrestre, ya que el marítimo y el aéreo son controlados cada vez con más recursos por parte de los Estados Unidos.

Ha coincidido este interés del narcotráfico con las debilidades de nuestro sistema económico y social que deja por fuera especialmente a las regiones fronterizas y costeras, donde el narco se haido posicionando y penetrando los poderes locales e instituciones nacionales con su poder económico. De ahí que la lucha por el control de territorios haya desatado el terror y el crimen en nuestras costas y fronteras donde se ha posicionado y expande su estela de muerte hacia otras regiones del país.

El problema de nuestra debilidad, como país, frente a esta amenaza depende no solo del aparato de legalidad y de seguridad que debe actualizarse y modernizarse a fondo para impedir que siga expandiéndose y tomando fuerza este peligro. Especialmente en su sistema de inteligencia fortaleciendo la seguridad comunitaria de manera sistemática con seguimiento y atención permanente. Pero sobre todo, actuar en la prevención reduciendo la exclusión social. Un país que concentra sus ingresos en el 20% de la población y no abre suficientes oportunidades para incorporarse a la vida moderna a los jóvenes y a quienes perdieron la oportunidad educativa, tiene los pies de barro. La prevención de la violencia depende de la modernización del sistema educativo para adecuarlo a las exigencias de la nueva tecnología del conocimiento y de la regeneración ecológica. Sin olvidar que el aprendizaje y la capacitación constituyen actualmente, por la velocidad de los cambios, un proceso permanente para evitar la exclusión.

Especial atención merece en nuestro caso la actualización de la mano de obra para actuar frente a las necesidades y oportunidades. Recordemos que más del 50 % de la población económicamente activa tiene un nivel inferior al bachillerato y este porcentaje es mayor entre los desocupados. Se trata no solo de una actualización de los centros de trabajo, sino de los procesos y transformaciones que abren oportunidades en sus comunidades y regiones. Procesos que no pueden depender de proyectos elaborados por burócratas, sino que deben responder a la demanda y a la organización de las comunidades. Las instituciones deben, ante todo responder a estas demandas con asistencia técnica y recursos complementarios a los aportados por las comunidades.  Las comunidades, cuando gozan de autonomía, saben quéopciones tienen en las condiciones de su comunidad, para abrirse paso a paso mejorando sus capacidades.

Las ofertas del INA actuales frecuentemente les exigen, no solo requisitos de nivel de estudio que no tienen, sino un horario de asistencia en las sedes del INA que en muchas partes quedan a kilómetros de distancia con problemas de desplazamiento y en horarios de 7 a 2 pm que les impide trabajar para atender las obligaciones familiares.

El proyecto Germinadora de la sede regional Brunca de la UNA, es un ejemplo a seguir con bajo costo y alto rendimiento cualitativo en la promoción de individuales y asociativos integrados con las fuerzas vivas locales, como se puede apreciar en el video realizado por canal 13 “La estación de la esperanza con autonomía”

Caminos exitosos existen, lo que se necesitan son decisiones políticas en el campo educativo y de capacitación para emprender una prevención efectiva. Con la Fuerza Pública pueden mitigarse los daños, pero no evitarlos en el mediano ni largo plazo.

Lo que estamos viviendo con las drogas en el ámbito nacional es solo el principio de una amenaza de ocupación de nuestro territorio por el terror. Por el momento, lo visible es la violencia manifiesta en el control de territorios, pero el verdadero poder está tomando posiciones estratégicas a través del blanqueo de capitales, el cual es tema de otro artículo.

Todavía no estamos en guerra civil como es el caso del El Salvador, y estamos a tiempo, si tomamos conciencia del peligro para tomar medidas efectivas, pero debemos actuar pronto con visión y decisión.

La Violencia como Negocio

Marlin Avila

 

La violencia generada y en crescendo desde el golpe de Estado perpetrado por la oligarquía aliada con fuerzas de ultraderecha internacional, terminó convirtiéndose en un negocio lucrativo para algunos sectores del mercado nacional e internacional, razón por la cual, éste es un obstáculo más para lograr reducirla a los estándares mundiales en un país donde no hay guerra declarada.

Terror

En un país donde el periodismo de investigación científica es casi inexistente y la información del Estado es prohibida, lo que se logra son aproximaciones a la realidad con alto grado de error.

Se ha provocado un miedo permanente en la ciudadanía, en la que los medios hacen apología a la violencia generalizada deliberadamente, induciendo el terror en la población mediante la reproducción de imágenes dirigidas a crear pánico la ciudadanía motivada a comprar cualquier medio de protección familiar, contratando los servicios de seguridad privados, evitar a toda costa utilizar los servicios públicos de transporte, creando al fin un ambiente de terror generalizado, que evita cualquier manifestación crítica, puesto que en el imaginario social el Estado está involucrado con este ambiente de inseguridad y terror.

Si contamos a casi cien mil muertes violentas en siete años, estimando a cinco miembros por familia, estamos hablando de medio millón de personas afectadas en su economía, en su vida social y en su estado emocional. Es decir, casi un 6% de la población ha sufrido actos de violencia criminal. Un grupo de psicólogos nos decía que el 35% de la población (2.8 millones) sufre de trastornos o irregularidades mentales. Seguro que los efectos directos e indirectos de la violencia provocada por el crimen, organizado o no, tiene que ver con esto.

Negocio

Hemos visto cómo se han cerrado bastantes negocios de la pequeña y mediana empresa, pero no vemos que cierren una funeraria, una venta de ataúdes; una empresa de seguros de vida; las empresas de seguridad privada, las tiendas de venta de armas; de alarmas y cámaras de seguridad, una cárcel o un cementerio privado. Al contrario, estos negocios crecen como algas en aguas estancadas. En las proximidades de las morgues y de los hospitales públicos, se cierran otros negocios para instalar farmacias, funerarias y venta de ataúdes.

Si contabilizáramos a 25 mil lempiras por servicio funeral, incluyendo el ataúd, dado que la gran mayoría de homicidios es contra familias pobres, entre el 2014 y 2015, se tuvieron cerca de once mil víctimas, lo cual implicaría una inversión al menos de 275 millones de lempiras, poco más de 12 millones de dólares. Si estimáramos estas mismas cifras para los dos años anteriores, estamos hablando de 24 millones de dólares.

La inversión en 2,300 cámaras para seguridad en las calles del Valle de Sula y Tegucigalpa, se puede redondear en L.13, 344,000 (US$600 mil dólares), sin incluir la instalación, mantenimiento, reparación y el costo de monitoreo que exige su buen funcionamiento. Esto lo pagamos con el “Tazón”.

En guardias privados se invierte alrededor de mil cuatrocientos millones de lempiras solamente en sus armas (L.1, 400 millones). A esto hay que sumarle mil quinientos millones de lempiras (L.1, 500 millones) mensuales que debemos pagar por 79 mil guardias que tenemos cuidando los negocios y las personas que circulan en el comercio. A los guardias apenas les pagan el salario mínimo aun cuando trabajan más de las ocho horas diarias. Es decir, las empresas de seguridad tienen una utilidad de 2,400 millones anuales, suponiendo que invierten los restantes 26 millones en nuevo armamento, equipamiento y administración. Este es un negocio dominado por ex oficiales militares y policiales. Es decir, que invertimos un promedio de L.2, 900 millones en mantener a 700 empresas de seguridad privada. Lo que equivale a USA$ 128, 482,807. Este negocio debe seguir creciendo para ubicar a los nuevos oficiales de policía y ejército que se van retirando. La vinculación entre estas empresas de seguridad privada y las instituciones de seguridad y defensa debe ser una de las constantes, lógicamente. Si esto lo proyectamos a los años 2012 al 2014, sumando los estimados del 2015, estamos invirtiendo US$513, 931,228 en los últimos cuatro años.

Además, para mantener el sistema de seguridad (y “defensa”), pagamos 1% de las transacciones que se hacen en el sistema financiero nacional a lo que llamamos el “Tazón”. Hasta octubre del año anterior último se estimaba haber invertido en este rubro L. 8,126.99 Millones. Si anualmente se recaudan más de L. 1,900 millones, a estas alturas de pueden haberse invertido aproximadamente L.9, 200 millones (USA$ 407, 600,630.98) desde el 2012. Es decir, noventa millones y medio de dólares promedio por año. Recordemos que el Ejército obtiene del Tazón el 37%, la Secretaría de Seguridad el 32%, la DNII el 18%, el 6% va a proyectos de prevención y el 2% a la Corte Suprema de Justicia.

Solamente en enterrar nuestros familiares; en pagar seguridad privada, y en pagar el programa de seguridad del gobierno, hemos invertido del 2012 al 2015, un aproximado de US$945, 531, 858.98. Muy cercanos a los mil millones de dólares estadounidenses, lo cual es un movimiento financiero significativo para un país pequeño y pobre.

Esta cantidad excluye otras inversiones en seguridad por no tener las aproximaciones, como son los vehículos blindados; los sistemas electrónicos de seguridad privados; la infraestructura de “barrios seguros”; los gastos de los hospitales privados y públicos en atender heridos; el remplazo de vehículos destruidos en las empresas y de individuos; los sobornos y pago de rescates; la quiebra de micro y mediana empresa; incluso, el desmantelamiento de negocios y empresas por inseguridad. También se excluye la inversión en forma de donación, por capacitaciones, asesoría o dotación de equipos de países amigos. Solamente de los Estados Unidos se han recibido al menos US$200 millones para fortalecer las fuerzas armadas y policías en los últimos 6 años.

Además de lo anterior, el gobierno ha aumentado en Defensa para los últimos seis años su presupuesto en 150%. Lo cual nos dice que la institución que mejor aprovecha de las raquíticas finanzas nacionales, por la situación grave de inseguridad son las Gloriosas.

Balance

Si hacemos un balance de los gastos en seguridad versus los resultados obtenidos, confirmaremos que estas inversiones no se equiparan a la leve reducción de la inseguridad, en los últimos siete años. Las bajas en homicidios se deben en mucho a la intervención de países amigos que han tenido un significativo impacto en el desmantelamiento de algunos carteles de la droga que afectan su propia seguridad.

Los gastos en medios represivos no se detienen, puesto que la política del Estado va dirigida a la persecución, el castigo y la represión de quienes violentan el estatus quo. Lo que menos se hace es labor de prevención. Los programas como “Actívate” y otras pequeñas actividades urbanas deportivas y de distracción momentánea, pagadas con el 6% del Tazón, son insignificantes ante la gravedad. La prevención exige otras inversiones consistentes en capacitación y fortalecimiento a los pocos y raquíticos sistemas de medicina forense, investigación científica del crimen, inclusive equipamiento y montaje de laboratorios forenses; ampliación de la educación superior y el acceso laboral digno a la juventud.

Lo que se hace es lo que incrementa el negocio de empresarios metidos en el comercio de armas, de sistemas de seguridad, cárceles, vehículos blindados, equipos de asalto y antimotines. El mismo sistema de justicia carece de juristas suficientes y bien calificados, y la mayoría de fiscales están “aprendiendo haciendo”, es decir, son novatos que no han recibido la necesaria preparación para enfrentar los casos de manera profesionalmente sólida. A los mejores profesionales del derecho se les aísla y reduce su cobertura, si no es que se les expulsa, muchas veces por ser críticos al sistema impune. Mientras se mantiene debilitado el sistema de justicia, se fortalecen los medios de represión contra la oposición al sistema político predominante.

Giro a Prevención

Girar un programa represivo y confrontativo de seguridad hacia una estrategia enfocada a la prevención, tendría como opositores fuertes a algunos sectores comerciales y de negocios que se lucran diariamente por el terror establecido, lo que hace que diputados y líderes sociales aprueben de primera instancia y “de buena voluntad” leyes y medidas represivas. Los gobernantes y quienes hacen las políticas de Estado, deben evitar hacer crecer esta tendencia de combate a los efectos e irse a las causas, antes que los obstáculos sean mayores y casi imposibles de revertir. La democracia real no descansa sobre bases de miedo y terror, pero sobre tolerancia al contrario, libertad de expresión, movilización y autocrítica.

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

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