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Etiqueta: transparencia

Contraloría desmiente obstrucción en instalación de escáneres

La Contraloría General de la República (CGR) desmintió categóricamente las declaraciones del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, y del presidente de la República, quienes afirmaron que esta institución había obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.

En el oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025, enviado el 25 de setiembre al MAG, la CGR aclaró que:

  • El financiamiento estaba disponible desde 2020. El país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones para adquirir e instalar escáneres. Sin embargo, en mayo de 2024 el propio Ministerio de Hacienda decidió no utilizar esos fondos, dejando sin financiamiento el proyecto.

  • Contratación irregular. En 2023 se pretendió adjudicar “a dedo” un contrato a Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), para que actuara como intermediaria en la selección de empresas proveedoras. Este mecanismo habría impedido garantizar competencia, idoneidad y las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.

  • Escáneres donados sin usar. Desde noviembre de 2024 el país cuenta con dos equipos donados, valorados en casi ₡1.900 millones, que permanecen guardados sin ser instalados ni utilizados.

  • Gestión deficiente. En marzo de 2025, la Contraloría concluyó que de los nueve puestos fronterizos del país, solo dos tenían equipos operativos, lo que provocó que el 73% de las mercancías que entraron o salieron del país en 2024 no fueran sometidas a control no intrusivo.

La CGR señaló que los retrasos y la inacción son consecuencia de decisiones de la propia Administración, no de la labor de fiscalización. “La falta de voluntad ha sido la verdadera causa de que los escáneres no se instalaran”, afirma el documento.

Finalmente, la institución llamó a las autoridades a asumir la responsabilidad que les corresponde, recordando que los funcionarios públicos están obligados a decir la verdad y rendir cuentas.

Fuente: Contraloría General de la República. Oficio DFOE-DEC-5849(17029)-2025 / DFOE-FIP-0593(17027)-2025.

¿Había que desaforar necesariamente al presidente?

Alberto Salom Echeverría

Costa Rica contempla en su artículo 148 Constitucional, el aforo o inmunidad en favor del presidente de la República. Esto significa que en caso de que, a juicio del fiscal general se le deba procesar ante la presunta comisión de un delito, solamente el Ministerio Público por medio de este fiscal general, que es bajo cuya responsabilidad se acopia la información, puede solicitar ante la Asamblea Legislativa el desafuero (o sea, quitarle la inmunidad al presidente), con el fin de que el primer poder de la República conozca del asunto. Cuando así ocurra, el Congreso integrará una comisión para recomendar al plenario lo que considere pertinente. Una vez que la comisión llegue a un veredicto concluyente, lo remitirá para ante el presidente legislativo, con el objeto de que éste, a su vez, lo someta a la consideración del pleno de los diputados, compuesto por los 57 legisladores.

El pleno solamente podrá resolver desaforar al presidente, cuando el informe de la comisión haya sido aprobado por la mayoría de sus miembros y luego sea remitido al plenario legislativo, donde deberá ser aprobado por dos terceras partes del total de los diputados de la Asamblea. El presidente de la República, si lo desea podrá comparecer ante los diputados en su defensa, mas no está obligado a ello. En el caso de que no se reúna la mayoría calificada de 38 votos, el asunto se tendrá por rechazado y el proceso se detendrá hasta que el titular de la presidencia de la República haya concluido el período para el cual fue electo.

¿Está obligado el fiscal general a someter la solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa, si posee indicios claros de que ha habido la comisión de un delito por parte del presidente de la República?

En general la jurisprudencia considera que hay tres planos para analizar la cuestión y resolver si merece o no que el Ministerio Público por medio de la fiscalía someta el desafuero a la consideración de la Asamblea Legislativa:

Lo legal. No existe ni en la Constitución de la República, ni en el Código Procesal Penal, una ley o consideración que exprese que el fiscal general posee la obligación de someter para ante la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial (para la formación de causa), tras haber detectado indicios de un delito. Por otra parte, el presidente no podrá ser procesado penalmente mientras esté en el ejercicio de sus funciones, excepto que, el pleno de la Asamblea mediante mayoría calificada declare que hay lugar a formación de causa, de acuerdo con el artículo 148 constitucional.

Lo jurídico-práctico. ¿Qué pasa si el fiscal decide no someter el desafuero al presidente de la República, a la consideración del Poder Legislativo, a pesar de haber acumulado indicios de que éste hubiere cometido algún delito?

Si no hay tal solicitud de parte del fiscal, significa que ningún tribunal penal podrá investigar, ni juzgar al presidente mientras esté en funciones. Pero debe quedar claro que, tanto cuando el fiscal se abstenga de someter el asunto a consideración de la Asamblea, como cuando este primer poder de la República, habiéndose sometido a su consideración el desafuero, no obtenga la mayoría calificada de 38 votos necesaria para iniciar la formación de la causa, en ninguno de estos dos casos implica que el presidente haya quedado absuelto del delito o los delitos que se le imputan. El proceso causal se detiene por un tiempo, y se reiniciará en los tribunales comunes, cuando legalmente el funcionario concluya su mandato. Por otra parte, el ciudadano común puede solicitar también el desafuero contra el presidente. Sin embargo, por la naturaleza o importancia de la persona que se intenta acusar, se requiere de un respaldo jurídico serio, de modo que, sin el aval del Ministerio Público, se considera muy difícil que la iniciativa ciudadana prospere.

El plano ético y funcional. Aquí la jurisprudencia considera que, dada la responsabilidad institucional que tiene ante sí y ante la ciudadanía el fiscal general, siempre que tenga indicios sólidos o fundados contra la figura del presidente, en el sentido de que ha incurrido en algún delito, tiene el deber de someter el caso ante la Asamblea Legislativa; esto implica al menos lo siguiente:

-Debe abrir el Ministerio público bajo la dirección del fiscal, una investigación preliminar, sin violar los límites del aforo.

-Lo anterior lo conduce necesariamente al imperativo de recabar toda la evidencia que le sea posible, como para justificar la solicitud de la formación de causa.

-Por lo general, las dos premisas anteriores son base firma para que el fiscal proceda a presentar la solicitud a la Asamblea Legislativa, o sea con base en la evidencia acumulada. Solo razones excepcionales inhibirían al fiscal de proceder conforme lo dicho, por cuanto el fiscal está sometido también a control, en primer término, por parte del Poder Judicial al que se debe. Si tiene evidencia seria y no procede a elevar el asunto a la Asamblea, podría considerarse que el fiscal ha incurrido en una falta grave por omisión de deberes o encubrimiento.

En resumen, podemos decir que el fiscal general no está obligado legalmente a pedir el levantamiento del aforo; prácticamente, es el único actor que posee legitimidad para hacerlo con eficacia, desde el punto de vista ético, si tiene indicios suficientes acumulados, contra el presidente, por el bien del estado de derecho y por transparencia, debe proceder, so pena de hacerse cómplice del delito de encubrimiento o complicidad.

UNDECA exige renuncia inmediata en pleno de la junta directiva de la CCSS

Comunicado

Todo menos aceptar lo obvio: el ERP fracasó.

La Unión Nacional de Empleados de la CCSS y la Seguridad Social (UNDECA) exige la renuncia en pleno, inmediata, de la presidenta ejecutiva y de las personas directoras de la Junta Directiva de la CCSS. La salida apresurada del sistema, contra criterios técnicos y advertencias internas, detonó una crisis operativa, financiera y sanitaria que lesiona el interés público y el derecho de la población a servicios de salud eficientes.

La Junta Directiva no quiere admitir

  • Puesta en producción atropellada con módulos inestables, generando interrupciones y datos inconsistentes, pese a alertas técnicas previas y posteriores.

  • Diferencias contables e inventarios (duplicaciones, inconsistencias y conciliaciones fallidas), con brechas superiores a ₡18 mil millones entre SIF/SAP (mayo–junio 2025).

  • Rezagos de hasta 4 meses en información de inventarios/consumos, controles manuales, desabastecimiento y sobrecarga operativa.

  • Riesgos legales y sanitarios en medicamentos controlados (p. ej., fentanilo), que obligan suspender, al menos temporalmente, el uso del ERP-SAP para restituir la trazabilidad.

  • Amenaza al presupuesto 2026, ambiente laxo de control interno, tensión laboral y daño reputacional a la institución.

La responsabilidad principal de este caos recae en la Junta Directiva, en la presidenta ejecutiva Mónica Taylor, a quien la propia Junta asignó la gobernanza del ERP (dirección estratégica, gestión de riesgos y decisiones de alcance, tiempo y costo). La rendición de cuentas y el deber de probidad son exigencias constitucionales y legales (arts. 9, 11 y 73 C.Pol., art. 3 de la Ley 8422).

UNDECA defenderá, con firmeza y sin concesiones, la salud pública, la transparencia y los recursos de la Seguridad Social.

Adjunto: Carta abierta SG-0920-202

Tribunal Contencioso Administrativo da curso a apelación de ANEP en el caso barrenador

El Tribunal Contencioso Administrativo admitió la apelación presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el denominado “caso barrenador”. Esto significa que, pese a que desde la Presidencia de la República se afirmó que el proceso estaba concluido, la instancia judicial determinó que el caso continúa vigente y programó una audiencia para noviembre. Todo esto en un video grabado por Don Juan Carlos Durán Castro, asesor sindical de la ANEP.

Desde la ANEP se subraya que esta resolución desmiente las declaraciones recientes del presidente de la República, quien aseguró que el tema estaba cerrado. Por el contrario, el Tribunal notificó al sindicato que la denuncia fue admitida y que, en la próxima audiencia, se debatirá si el caso sigue adelante.

El sindicato sostiene que su tesis es clara: existen indicios de sobreprecios e irregularidades en el proceso de adjudicación de centros de salud a cooperativas y a un ente privado, en detrimento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En este sentido, la organización reiteró su compromiso de continuar la lucha para garantizar la transparencia y la legalidad en cada etapa de este proceso.

La ANEP remarcó que la discusión final de noviembre será clave para definir el futuro de este expediente y reafirmó su llamado a la familia laboral de la Caja y a la ciudadanía a mantenerse atentos a la evolución del caso.

Puede ver el video completo en el siguiente enlace:

Auditoría Ciudadana cuestiona atención de Contraloría y Auditoría Interna de la CCSS sobre denuncias de presunta corrupción

La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) envió el pasado 12 de agosto un oficio dirigido a Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, y a Olger Sánchez Carrillo, auditor interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el que amplía y reitera solicitudes sobre denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción en la institución.

En la carta, la ACSS señala que la Contraloría General informó haber remitido al Ministerio Público un expediente por supuestas irregularidades en las proyecciones y resultados actuariales de la CCSS. Sin embargo, advierte que sus denuncias abarcan aspectos más amplios que el tema actuarial, como el presunto incumplimiento de leyes que regulan el financiamiento del Seguro Social y la utilización indebida de fondos destinados a salud y pensiones.

La organización solicita aclarar si en la denuncia presentada por la Contraloría ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) se incluyeron los señalamientos específicos planteados desde el 2022, entre ellos que la CCSS no estaría cobrando al Estado el 100% de los costos que le corresponden y que habría desvíos anuales de recursos del Seguro de Pensiones al Seguro de Salud.

Además, la ACSS pide acceso al expediente abierto en la FAPTA y copia del documento de la Contraloría remitido a ese órgano, en aras de garantizar el principio de transparencia. También solicita que se incorporen sus oficios como prueba en el proceso y ofrece a cinco de sus integrantes como testigos expertos.

El oficio ACSS-002-2025 está firmado por Alfredo Ramírez Montero, Juan Carlos Aguilar Zamora, Rodrigo Arias López, Jorge García Araya y Carlos Eduardo González Arroyo, miembros de la Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social.

Escazú: El Plan Regulador y los mensajes en redes sociales y otros espacios

En Escazú circulan mensajes que buscan desinformar sobre el Plan Regulador y el papel de la ciudadanía en su construcción. El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica, busca aclarar estas versiones y defender la importancia de una participación ciudadana informada y activa.

Algunos de estos mensajes intentan reducir la participación vecinal a un trámite sin relevancia y desestiman el papel de la Comisión de Plan Regulador. Sin embargo, el manual del INVU señala de forma expresa que esta comisión es un espacio esencial para articular las voces de comunidades, autoridades locales y profesionales técnicos en la toma de decisiones.

También se han difundido afirmaciones que califican la oposición vecinal como “manipulada políticamente”, lo cual busca restar legitimidad a la voz ciudadana. Esto desconoce que la participación es un derecho fundamental y que la democracia local se construye escuchando y tomando en cuenta a la población en los procesos de planificación urbana.

En este sentido, se reafirma que fortalecer la democracia en Escazú requiere promover procesos abiertos, transparentes y respetuosos, donde la comunidad pueda expresar preocupaciones, señalar riesgos y reconocer beneficios, siempre en un marco de voluntariedad y con garantía de confidencialidad.

Le invitamos a leer el análisis completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/cuando-un-post-intenta-silenciar-a-la-ciudadania-el-debate-por-el-plan-regulador-de-escazu/

Para atrás como el cangrejo

René Mauricio Valdez

¿Sabías que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) no tiene secretario general desde hace cuatro años? ¿Sabías que la Secretaría de Integración Económica (SIECA) tampoco lo tiene desde el 17 de julio de 2025 y que todo apunta a que no lo tendrá por mucho tiempo? Pienso que una gran parte del público lector no sólo responderá que no a ambas preguntas, sino que también opinará que el asunto no le parece importante, ni siquiera interesante. “¿Para qué sirven esas instituciones?” preguntarán algunos, “¿para qué sirve la integración centroamericana?”

Los gobiernos de los estados miembros del SICA (es decir, la Centroamérica histórica más Belice, República Dominicana y Panamá) no han logrado encontrar los consensos requeridos para nombrar a las dos máximas autoridades ejecutivas de la integración. Aunque existen procedimientos claros para el efecto, pareciera que algunos gobiernos han decidido pasárselos por el fondillo con el fin de colocar o premiar a gente de su total confianza con esos puestos, sin importar si llenan los requisitos técnicos ni la opinión de los demás gobiernos.

El SICA fue creado por el Protocolo de Tegucigalpa de diciembre de 1991 con el fin de promover coherencia en un “sistema” que funcionaba como un animal de cinco cabezas, cada una con sus propios objetivos a veces en conflicto con los de las otras. En su momento me dediqué a investigar esta situación y sus posibles soluciones, pues no solo era lamentable y hasta ridícula, sino que podía afectar seriamente el desarrollo de varias áreas de la integración, en especial el eje económico y comercial. (Valdés Valle 1991).

El impase en la SIECA es el resultado de que el Estado al que corresponde proponer una terna para el cargo, no lo hizo y simplemente propuso a su secretario de economía, quien es miembro del órgano regional que debe recomendar a los presidentes de los países a quien nombrar. En esta forma, el señor secretario de economía se convirtió en juez y parte, algo que no había sucedido antes en la selección del secretario de la SIECA. Cuando se reclamó la falta de terna, enviaron una que incluyó al ministro y a personas con cero experiencia en integración económica regional o cosa parecida. Cuando esta terna fue rechazada por varios gobiernos, el país proponente vetó el proceso e impidió que se pusiera en práctica mecanismos previstos para subsanar temporalmente el no nombramiento del secretario general. La Secretaría, al parecer, está funcionando con relativa normalidad bajo la administración de un director ejecutivo, pero se le quitó la capacidad legal para tomar iniciativas sustantivas, adquirir compromisos y contratar, la que corresponde exclusivamente al secretario general.

La SIECA maneja un portafolio de cooperación internacional nada despreciable en estos días de graves escaseces en ese frente. Es razonable pensar que una acefalía prolongada haga repensar a los donantes. Lo más preocupante, sin embargo, es que se afecte las posibilidades de progreso de la integración justamente cuando más se le necesita.

Algo que me produce un cierto alivio y esperanza ante el desorden mundial y el proteccionismo que promueve el gobierno de Estados Unidos, es que el comercio inter centroamericano de bienes y servicios está creciendo sostenidamente. Guatemala, de hecho, ya exporta más a Centroamérica que a Estados Unidos. Sin embargo, la parálisis sustantiva y la acefalía en la SIECA y en el SICA son un riesgo y pueden ser un obstáculo para que se produzcan las inversiones que la región requiere para dinamizar su propia producción y su mercado, especialmente en materia de infraestructura de transporte, portuaria y de aduanas, áreas en las que se ha avanzado en los últimos años y en las que es imperioso dar nuevos y más ambiciosos pasos.

Los y las centroamericanas no podemos permanecer pasivos frente a esta situación. Debemos demandar pronta y total transparencia en la selección de estos dos cargos, constituirnos en un tribunal informal de la opinión pública regional. Las gremiales de exportadores e industriales están llamadas a jugar un papel proactivo. También los medios de comunicación, que quizás por cansancio parecen haber perdido interés en el asunto. En parte esto último es culpa de los gobiernos y los órganos de la integración que no difunden bien las cosas que hacen –muchas muy valiosas– o que no desean poner en evidencia actos reñidos con la institucionalidad.

La Corte Centroamericana de Justicia debiera resolver los impases tocados en este artículo. Sin embargo, este es un órgano “secreto” que ha permanecido escondido en algún barrio de Managua haciendo poco o nada, del cual Nicaragua se acaba de retirar arguyendo desorden en su marco jurídico, lo que termina de convertirla en un cero a la izquierda.

Justo cuando en todo el mundo se argumenta que el rejuvenecimiento y el fortalecimiento de los lazos de cooperación a nivel regional es una de las medidas más eficaces que los países pueden adoptar para defender sus intereses en el convulso panorama mundial presente y futuro, los centroamericanos vamos para atrás como el cangrejo.

Ojalá que la presión sostenida y responsable de la opinión pública produzca un cambio de actitud en los gobiernos centroamericanos, algunos de los cuales hacen alarde cotidianamente de su inspiración morazanista. Ojalá no incurran en los mismos malos pasos y errores que llevaron a que Centroamérica hiciera —para usar la triste y punzante frase de Domingo Faustino Sarmiento — “un estado soberano de cada aldea”.

Referencia: Valdés, Mauricio. 1991. Problemas de gestión en la integración centroamericana. Revista Relaciones Internacionales, Núm. 34, pp. 35-44. Universidad Nacional de Heredia, Costa Rica. (Disponible en internet).

René Mauricio Valdez es salvadoreño, doctor en ciencias políticas. Trabajó en instituciones de la administración pública de su país, la integración centroamericana y las Naciones Unidas.

La “no renuncia” de Rodrigo Chaves: riesgos y oportunidades para la democracia costarricense

Por JoseSo
Analista Político

La decisión del presidente Rodrigo Chaves de no renunciar al Poder Ejecutivo para postularse como diputado redefine el escenario político hacia 2026. Su permanencia mantiene intacto el capital político que ha forjado, pero lo expone al debate público por los procesos judiciales en los que está involucrado. Este punto de inflexión abre oportunidades para consolidar la estabilidad gubernamental y, a la vez, genera tensiones entre quienes desean renovación política y quienes respaldan la continuidad del actual liderazgo.

Impacto político: equilibrio entre estabilidad y renovación

La permanencia de Chaves permite al oficialismo sostener su discurso de alta aprobación ciudadana, evitando la fragmentación del voto y reforzando la narrativa de continuidad en proyectos de infraestructura y programas sociales. Al delegar la campaña a sus allegados –exministros y cuadros del partido–, busca mantener la promoción de su gestión sin descuidar las labores diarias del Ejecutivo.

Sin embargo, la ausencia de su figura central en mítines y actos de campaña podría debilitar la conexión emocional con el electorado. La capacidad de transferir un apoyo estrictamente personal a candidaturas legislativas o presidenciales alternas no está garantizada. Además, el protagonismo en funciones de gobierno y la defensa de su inmunidad judicial podrían restarle frescura al perfil de “outsider” que lo impulsó originalmente.

Reacción de la base oficialista: de la desmovilización al surgimiento de nuevos liderazgos

Entre los simpatizantes de Chaves, la noticia de que no encabezará la lista de candidatos puede generar desmotivación inicial, pues muchos se identifican directamente con su estilo y retórica. Aun así, ese espacio de incertidumbre deja emerger figuras como la exministra Laura Fernández, quien podría capitalizar el descontento residual.

Para compensar la ausencia del presidente en actos de campaña, la estrategia oficialista pasará por reforzar el protagonismo de alcaldes y estructuras territoriales. De esta manera, se apuesta a conservar la movilización en cantones y comunidades, confiando en el arraigo local más que en la fuerza de una sola figura nacional.

Perspectiva judicial: fuero, presión política y narrativa de persecución

Chaves enfrenta más de cien procesos penales, pero conserva inmunidad mientras sea presidente, lo que retrasa las indagaciones directas. Este fuero funciona como escudo político: refuerza la narrativa de persecución al obligar a la Asamblea a asumir el costo de levantarlo, pero multiplica la presión mediática sobre privilegios presidenciales.

La prolongación de su defensa en el espacio público ofrece munición a la oposición para exigir reformas al fuero y transparencia inmediata. El debate sobre la inmunidad se instala como asunto central de campaña, obligando a todos los actores a definir su postura sobre el equilibrio entre protección presidencial y rendición de cuentas ciudadana.

Manejo de la agenda mediática y narrativa en redes sociales

El gobierno ha respondido con una estrategia de comunicación intensiva: conferencias diarias, hashtags oficiales y cobertura preferencial en medios afines. Al mismo tiempo, restringe el acceso de periodistas críticos, lo que agudiza el debate sobre libertad de prensa y derecho a la información.

La oposición, por su parte, ha logrado viralizar audios y memes en plataformas como TikTok y Twitter, caricaturizando el concepto de un presidente intocable. Este choque de narrativas define no solo qué temas dominan los titulares, sino también la percepción ciudadana sobre la legitimidad del Ejecutivo y de sus adversarios.

El papel de la ciudadanía: de espectadores a protagonistas

Este momento político exige una ciudadanía activa que trascienda el voto. La creación de observatorios ciudadanos para fiscalizar contratos públicos, la promoción de foros de debate y el apoyo a candidaturas que propongan límites reales al fuero presidencial son pasos decisivos. Impulsar campañas de educación cívica fortalecerá la comprensión sobre la importancia de la rendición de cuentas.

Solo con un electorado informado y movilizado será posible equilibrar los riesgos de la “no renuncia” con la oportunidad de consolidar una democracia transparente y participativa, donde ningún privilegio esté por encima de la igualdad ante la ley.

¡Defendamos la Dignidad, la Verdad y la Autonomía de la CCSS!

Comunicado de UNDECA

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) expresa su más firme respaldo a nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, representante de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, ante la injusta, arbitraria y politizada persecución de la cual ha sido objeto por parte del Gobierno de la República.

Durante tres años, Martha ha enfrentado un proceso disciplinario viciado y desproporcionado, con evidentes motivaciones políticas que buscan acallar su voz crítica, transparente e incómoda para quienes pretenden secuestrar la Caja Costarricense de Seguro Social al servicio de intereses ajenos al bien común. No es casualidad que se le ataque por exigir estudios técnicos rigurosos, por denunciar sobreprecios, irregularidades en sistemas como el EDUS y el ERP, y por defender la construcción de infraestructura en regiones históricamente olvidadas como Cartago, Golfito y Limón.

El supuesto motivo de la sanción, el pago de 7.500 colones a los trabajadores de la Caja, tal como se le pagó al resto de trabajadores públicos, no es más que una excusa burda. Lo que realmente se castiga es su dignidad, su firmeza y su compromiso inquebrantable con los intereses de la clase trabajadora y la defensa de la seguridad social como derecho humano y no como negocio.

Esta persecución política, disfrazada de legalidad, es una expresión clara de violencia institucional y violencia política contra una mujer luchadora que se ha negado a someterse. UNDECA denuncia esta arremetida como parte de una ofensiva más amplia contra quienes defienden la autonomía de la Caja y enfrentan las políticas neoliberales que buscan debilitarla, deslegitimarla y abrir paso a la privatización de la salud pública.

Desde UNDECA reafirmamos al excelente trabajo fiscalizador de Martha Rodríguez, en defensa de los más preciados intereses de la patria.  La voz de Martha es también la voz de miles de trabajadores y trabajadoras que día a día hacen posible que la CCSS funcione, a pesar del abandono estatal, la sobrecarga laboral y la negligencia de quienes pretenden destruirla desde dentro.

Llamamos a las organizaciones sindicales, sociales y al pueblo costarricense a cerrar filas en defensa de nuestra compañera Martha Rodríguez, y a mantenernos vigilantes ante cualquier intento de represión institucional.

¡Martha no está sola!

¡La CCSS es del pueblo, no del Gobierno de turno!

Con dignidad, valentía y firmeza, seguiremos defendiendo nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.

UNDECA – Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social

El emperador desnudo y la mirada inocente: una reflexión sobre liderazgo, verdad y responsabilidad en Costa Rica

Dr. Fernando Villalobos Chacón*

La verdad no se da por mayoría de votos: solo una persona puede descubrirla, y esa persona debe atreverse a decirla.”
— Søren Kierkegaard

En el célebre cuento de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador, una sociedad entera —desde los ministros hasta el pueblo— simula ver un traje invisible, incapaz de aceptar lo evidente: que el emperador está desnudo. Solo la voz inocente de un niño, libre de compromisos y temores, se atreve a señalar la verdad. Esta historia infantil, cargada de sabiduría simbólica, nos interpela hoy con particular urgencia, especialmente en Costa Rica, ante la inminencia de nuevos procesos electorales en el gobierno, las instituciones públicas, las universidades, las municipalidades y las múltiples organizaciones de la sociedad civil.

No se trata de una parábola inocente. La escena del emperador desnudo expone un mecanismo profundamente humano: el miedo colectivo a romper el consenso aparente, la inclinación a fingir conocimiento o aprobación para no parecer incompetente. Aplicada a nuestra realidad nacional, la fábula nos llama a examinar críticamente los liderazgos que a menudo se erigen con base en apariencias, marketing o redes de poder, sin sustancia, sin ropa moral ni ética real. Tal como lo advertía el filósofo alemán Jürgen Habermas, “la legitimidad no emana del ritual de la representación, sino de la racionalidad del discurso público”.

Hoy, muchos ámbitos de la vida pública y privada costarricense parecen desfilar con trajes inexistentes. Instituciones cuya razón de ser es el servicio y la promoción del bien común se ven, a veces, atrapadas en dinámicas de simulación: diagnósticos que no se ejecutan, liderazgos sin visión, discursos vacíos que se repiten como dogmas. En no pocos casos, lo que debería ser deliberación informada se sustituye por gestos, poses o slogans. Y como en el cuento, muchos prefieren callar, temerosos de señalar lo evidente por miedo a ser excluidos, ridiculizados o tachados de conflictivos.

Esta lógica se vuelve especialmente peligrosa en época electoral, cuando se deben escoger nuevos liderazgos en todas las escalas. La confianza ciudadana, ya erosionada por escándalos, ineficiencias o decepciones, corre el riesgo de ser reemplazada por el cinismo o la apatía. Pero precisamente por eso, urge una ciudadanía vigilante, reflexiva y propositiva. Como advierte la filósofa española Adela Cortina, “la ética no es solo para tiempos tranquilos, sino especialmente para cuando arrecia la tempestad”.

El relato del emperador nos recuerda la importancia de contar con voces honestas, como la del niño, capaces de romper la ilusión colectiva. En el contexto costarricense, esto implica cultivar entornos donde se valore más la competencia que la lealtad ciega, más la autenticidad que la corrección política. Instituciones fuertes requieren líderes con carácter, no figurines que repiten lo que el entorno quiere oír. Requieren ciudadanía crítica que premie la verdad, la transparencia y el servicio genuino por encima del carisma vacío o la retórica hueca.

Desde el sector público hasta el ámbito académico, desde las organizaciones sociales hasta la empresa privada, se nos presenta un desafío: elegir con sabiduría. No basta con confiar en el ropaje institucional, en las credenciales o en la imagen cuidadosamente elaborada. Se necesita discernimiento ético y una disposición colectiva a preguntarnos, sin miedo: ¿está el emperador realmente vestido? ¿Qué tanto hemos callado por conveniencia? ¿Qué tan lejos hemos llegado en la simulación?

Las sociedades mueren por la falta de examen.”

Michel de Montaigne

Resulta oportuno preguntarnos: ¿qué estructuras o patrones culturales sostienen esa lógica del emperador desnudo en nuestras instituciones? ¿Por qué la crítica serena y la evaluación profunda suelen ser vistas con recelo, incluso con hostilidad? Parte de la respuesta se encuentra en una cultura organizacional que muchas veces confunde unidad con uniformidad, y respeto con sumisión. En lugar de favorecer el disenso argumentado, se premia la lealtad sin cuestionamientos. Esto debilita el pensamiento crítico y asfixia el aprendizaje colectivo.

En el contexto costarricense, muchas instituciones —públicas y privadas— arrastran inercias que reproducen esquemas verticales de poder, donde la visibilidad mediática o la cercanía política pesan más que la idoneidad, el conocimiento o la experiencia real. Esto no ocurre por malicia, sino por hábitos acumulados, estructuras sin reforma y una ciudadanía que, a veces, se limita a observar. Como señala Martha Nussbaum, “una democracia solo puede sostenerse si forma ciudadanos capaces de pensar por sí mismos, de criticar con respeto y de imaginar alternativas”.

Ante esto, el reto es promover una cultura que valore más la calidad del discernimiento que la cantidad de seguidores. Esto empieza en la educación, pero también se forma en la experiencia cotidiana: al elegir, al evaluar, al ejercer funciones. No necesitamos emperadores con ropas invisibles, sino líderes capaces de reconocer sus límites, de escuchar otras voces, y de ejercer la autoridad como servicio, no como espectáculo.

El momento actual de Costa Rica —con desafíos económicos, climáticos, institucionales y sociales entrelazados— exige liderazgos con integridad, pero también con competencia y visión. Requiere actores que inspiren confianza no por sus slogans o alianzas estratégicas, sino por su historial de compromiso, capacidad técnica, apertura al diálogo y responsabilidad ética. Esto implica ir más allá de los liderazgos carismáticos o mediáticos, para volver a poner en el centro la vocación de lo público.

En este sentido, la ciudadanía también debe asumir su cuota de responsabilidad. El cuento de Andersen no habría tenido desenlace si el niño no hablaba. Pero tampoco si los demás hubieran seguido fingiendo después de escucharlo. La función crítica no es exclusiva de los medios ni de las élites académicas: es una tarea compartida por toda persona con conciencia cívica. Como escribe Paulo Freire, “la libertad se alcanza cuando se rompe el silencio cómplice y se transforma la realidad con la palabra dicha y pensada”.

Los procesos electorales que se aproximan, sean institucionales o nacionales; ofrecen una oportunidad invaluable para renovar liderazgos con criterios más exigentes. No se trata de desconfiar de todo, sino de discernir con profundidad. Exigir transparencia, revisar trayectorias, comparar propuestas, y sobre todo, escuchar con atención la forma en que se relacionan con la verdad, el diálogo y el respeto por la diversidad de opiniones. Estos signos, más que cualquier programa de campaña, revelan el tipo de liderazgo que una persona puede ofrecer.

Además, debemos cuidar nuestras instituciones. Ellas no son solo estructuras legales, sino espacios simbólicos que dan forma a nuestra convivencia. Cuando se debilita la ética institucional, cuando se trivializa la rendición de cuentas o se normaliza la simulación, perdemos algo más que eficiencia: perdemos confianza, sentido de pertenencia y futuro compartido. Como nos recuerda Hannah Arendt, “la política comienza donde las personas se sientan juntas a hablar y a escucharse con honestidad”.

Hoy más que nunca, Costa Rica necesita menos desfiles vacíos y más autenticidad. Necesita instituciones vestidas con la tela de la humildad, la escucha activa, la coherencia entre el decir y el hacer. Necesita ciudadanos que no teman levantar la voz, no para gritar, sino para construir. Y necesita líderes que no teman bajarse del trono simbólico para caminar entre la gente, aprendiendo, rectificando, y sirviendo con convicción.

Referencias bibliográficas.

Andersen, H. C. (1837). El traje nuevo del emperador. Cuento clásico.

Arendt, H. (1958). La condición humana. Chicago: University of Chicago Press.

Cortina, A. (2006). Ética mínima: Introducción a la filosofía práctica. Madrid: Tecnos.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Montevideo: Tierra Nueva.

Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus.

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro: Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos Aires: Katz.

*Escritor