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Etiqueta: transparencia

Contraloría sostiene que recorte presupuestario comprometería la fiscalización y propone alternativas al Gobierno

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Contraloría General de la República (CGR) respondió oficialmente a la solicitud del Ministerio de Hacienda de reducir en un 5% su presupuesto vigente y ajustar en la misma proporción el límite máximo de gasto para 2027, advirtiendo que una medida de ese tipo comprometería seriamente su capacidad de cumplir las funciones constitucionales de fiscalización que le corresponden.

En un oficio dirigido al ministro de Hacienda, la contralora general, Marta Acosta Zúñiga, sostiene que la institución ha mantenido durante años una política de austeridad y disciplina fiscal, con presupuestos ajustados a los requerimientos esenciales de funcionamiento y niveles de ejecución cercanos al 98%, reconocidos por el propio Ministerio de Hacienda en sus evaluaciones y mediante comunicación del Viceministerio de Egresos.

Según la Contraloría, el comportamiento histórico evidencia que mientras el Presupuesto de la República creció un 57% durante la última década, el presupuesto de la institución aumentó apenas un 1,91%, pese a que el número de entidades, recursos públicos y obligaciones sujetas a fiscalización ha continuado incrementándose. Incluso señala que el límite presupuestario fijado para 2027 resulta inferior al presupuesto inicial aprobado para 2015.

La institución afirma que la reducción solicitada por Hacienda equivaldría a ₡1.055 millones, monto que, dadas las características de su presupuesto —del cual alrededor del 90% corresponde a remuneraciones—, provocaría en la práctica un «cierre técnico» de la institución e impediría atender nuevas obligaciones legales, entre ellas las derivadas de la reciente ampliación de competencias relacionadas con la fiscalización de declaraciones juradas.

Como parte de su argumentación, la Contraloría destaca que desde hace varios años eliminó partidas consideradas prescindibles, entre ellas consultorías, publicidad y propaganda, actividades protocolarias y sociales, gastos de representación y, desde 2021, viajes y transporte al exterior. Asimismo, recuerda que la implementación del salario global desde 2007 ha significado ahorros acumulados superiores a ₡30.000 millones para las finanzas públicas. Estos elementos también son sintetizados en la infografía divulgada por la institución.

Aun así, informa que, en un esfuerzo por contribuir a la contención del gasto público, identificó ₡100,3 millones susceptibles de rebajarse del presupuesto de 2026 sin afectar la operación institucional, monto muy inferior al recorte solicitado por el Ministerio de Hacienda. El detalle de esas rebajas se detalla en un anexo remitido junto con el oficio.

En lugar de aplicar una reducción que considera materialmente inviable, la Contraloría plantea alternativas que, a su juicio, permitirían generar ahorros muy superiores para las finanzas públicas.

Entre ellas menciona una mejor gestión del nivel de liquidez del Fondo General del Gobierno, señalando que mantener recursos ociosos tendría un costo estimado de al menos ₡40.000 millones en intereses durante el segundo semestre. Asimismo, propone acelerar la incorporación de recursos al Sistema de Cuentas del Sector Público, conforme a la Ley N° 10495, medida que estima permitiría generar ahorros adicionales en el pago de intereses. También señala oportunidades de mejora en materia de recaudación tributaria, gestión de la deuda pública, seguimiento del gasto y conclusión del proyecto Hacienda Digital.

La institución sostiene que estas alternativas contribuirían a enfrentar la coyuntura fiscal sin debilitar la capacidad operativa de los órganos responsables de la fiscalización superior del Estado.

La Contraloría concluye reiterando su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones para fortalecer las finanzas públicas, pero sostiene que dichas medidas no deberían traducirse en recortes que limiten el cumplimiento de las funciones constitucionales de control y fiscalización que ejerce en beneficio de la ciudadanía.

Carta abierta al Ministro de Cultura

Escrito en . Publicado en Cultura.

Los Premios Nacionales, la trazabilidad y una denuncia que no se acogió

Señor Jorge Rodríguez Vives

Ministro de Cultura y Juventud

Estimado Señor Ministro,

Quien suscribe, Paola Valverde Alier, con todo respeto, expongo:

Todavía recuerdo aquella mañana del 5 de febrero de 2025, un día después del anuncio de los Premios Nacionales de Cultura, correspondientes a la evaluación de las obras del 2024, cuando, por casualidad, junto a mi esposo, el escritor Dennis Ávila, lo encontramos a usted, feliz, presenciando el ensayo de una agrupación artística en el Ministerio de Cultura. Ambos nos acercamos para saludarlo y, gracias a su amabilidad, aproveché para comentarle las irregularidades que habían rodeado el proceso. Le conté que, apenas unos minutos después de publicar en mi perfil de Facebook un mensaje en el que felicitaba a las personas ganadoras, pero cuestionaba la ética del jurado (debido a la filtración indiscriminada de los resultados semanas antes de la premiación), recibí siete audios enviados por una integrante de dicho jurado.

Usted me escuchó. Y yo se lo agradecí.

En esos audios se describían situaciones que revelaban la opacidad del proceso. Entre ellas, la afirmación de que el premio iba a ser compartido conmigo, “pero no se pudo», y que mi libro había recibido una mención de honor.

Ese año las menciones de honor fueron eliminadas. Y, para ser sincera, ese reconocimiento nunca fue lo importante para mí. En 2015 recibí una mención de honor en un país donde, desde 1962, apenas trece mujeres han sido reconocidas con el Premio Aquileo J. Echeverría en Poesía, frente a más de cincuenta hombres. Entonces, lo que buscaba no era un diploma, sino comprender si el proceso había sido transparente.

Después de hablar con usted acudí a tres oficinas distintas del Ministerio para solicitar las actas del jurado. Quería saber si dicho jurado decía la verdad o no. Todavía sigo esperando respuesta al correo electrónico mediante el cual formalicé esa solicitud. En aquel momento debí citar el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, que ampara a los costarricenses a obtener información de carácter público.

Yo tenía un desánimo muy grande. Me preocupó escuchar a esa integrante del jurado afirmar que el desorden provenía del propio Ministerio de Cultura y Juventud. Según relató, a ella le llegaron en una misma caja dos libros de un mismo autor, lo que implicaba que otra persona integrante del jurado no había recibido, al menos en un caso, uno de esos libros para evaluar. Lo contó con la ligereza de quien comenta la calidad de una fruta en una feria del agricultor.

Usted comprenderá, Señor Ministro, que para quienes hemos dedicado la vida a la literatura y a la gestión cultural esto es serio. Lo que para algunos puede parecer un trámite administrativo para otros significa años de formación, trabajo y disciplina. Usted es artista, sabe a qué me refiero.

Dicho jurado me habló de otras irregularidades, incluso de conversaciones que ella mantenía con su esposo sobre las obras en competencia, quien, según lo que relató en los audios, le ayudó a leer y enjuiciar los libros de cada participante. Es probable que usted haya conocido ese material, porque los siete audios fueron protocolizados ante notario público y aportados como prueba al recurso de nulidad presentado por el escritor y abogado José María Zonta.

Ese recurso no se sustentaba únicamente en esos audios. También incorporaba documentos oficiales y desarrollaba dieciséis motivos de nulidad. Su Despacho respondió mediante un oficio de apenas dos páginas, sin abrir un procedimiento administrativo para investigar los hechos y sin desarrollar la motivación del acto administrativo y sin analizar cada uno de los argumentos planteados.

El miércoles 1 de julio, Señor Ministro, lo escuché comparecer ante la Asamblea Legislativa para presentar la reforma a la Ley de Premios Nacionales. Usted habló de filtraciones. Habló1 de transparencia. Habló de libros que concursaban una y otra vez hasta obtener un premio, cambiando de portada o de casa editorial.

No pude evitar pensar que muchas de esas anomalías ya estaban contenidas en el recurso de nulidad2 presentado por José María Zonta. Me satisface comprobar que, al menos en esos aspectos, aquellas advertencias terminaron encontrando eco en la reforma que hoy impulsa el Ministerio.

Pero Señor Ministro: los reglamentos existen. El problema no fue la ausencia de reglas. El reglamento actual de los Premios Nacionales establece requisitos claros para la conformación de los jurados, para el desarrollo del proceso y para la valoración de las obras. El problema también es quién fiscaliza el cumplimiento de esas reglas.

El 11 de junio del 2026 fui invitada a una mesa de diálogo3 en el Centro Cultural de España, como parte del ciclo El Nuevo (Des) Orden Literario, sobre las tensiones en el campo literario costarricense. Para prepararla decidí revisar los expedientes de los Premios Nacionales de 2022, 2023 y 2025. Lo hice porque quería ofrecer una visión coherente y comparativa seria, respecto al proceso del 2024. Y mientras más documentos solicitaba, más preguntas aparecían. Descubrí que el Ministerio no conserva los registros audiovisuales correspondientes al año 2023, a pesar de ser una exigencia de la Ley General de Administración Pública. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. También recibí una respuesta oficial del SINABI indicando que los currículos de las personas que integraron los jurados de 2022 y 2023 no integran el acervo institucional, imposibilitando verificar posteriormente si cumplían con los requisitos reglamentarios.

De todo el material, hubo un hallazgo que me pareció anómalo.4 Al solicitar el listado de obras postuladas al Premio Aquileo J. Echeverría 2023 comprobé que ese mismo documento fue entregado de manera distinta al menos a otra persona que lo solicitó. Una copia conservaba visibles las anotaciones de los criterios de exclusión. La copia que recibí tenía esas mismas anotaciones cubiertas con tachones negros (Ver imágenes al final).

Hablo del mismo documento público distribuido en versiones diferentes, según quien lo pida. Desconozco el criterio de ocultación de esa información en una copia y en otra. Un documento público no puede ser modificado dependiendo de a quien se le entregue.

La transparencia, Señor Ministro, exige consistencia. Como documento público debió de ser entregado a quien lo solicitara en igualdad de condiciones.

Durante su comparecencia usted explicó que la reforma incorporará el ISBN como requisito para participar en la categoría de literatura. Señaló que ello permitirá dar trazabilidad a las obras y evitar que un mismo libro participe reiteradamente cambiando únicamente su portada. Celebro dicho propósito, pero creo que aquí conviene hacer una precisión técnica: el ISBN no identifica una obra, no constituye un diferenciador permanente de la obra intelectual.

Una misma novela puede tener un ISBN costarricense, otro español, otro argentino y otro mexicano, sin dejar de ser exactamente la misma obra.

Eso fue lo que ocurrió con la novela Donde Nadie del autor Carlos Villalobos, premiada en 20245. Dicha novela fue publicada primero en España con un ISBN otorgado a esa edición. Posteriormente fue publicada en Costa Rica por otra editorial con un ISBN completamente distinto. Ambos libros indicaban en su ficha catalográfica que eran “primera edición”. Siendo la del 2024 una “segunda edición”. Además, existen las dos boletas de postulación: una de 2023, donde el libro no fue premiado, y otra de 2024 donde obtuvo el galardón.

Me pregunto si el verdadero desafío consiste en incorporar ese número como requisito o en definir, con claridad, qué pretende controlar la ley. Porque el ISBN no basta por sí solo para identificar la historia completa de una obra.

Hay otro aspecto de la reforma que también me genera inquietud. Durante su comparecencia se planteó la posibilidad de convertir en jurados a las personas ganadoras de los Premios Nacionales. Comprendo la intención de aprovechar su experiencia y reconozco que muchas de ellas tienen una trayectoria impecable. Sin embargo, en un campo cultural tan pequeño como el costarricense, donde escritores, editores, gestores, docentes y jurados compartimos constantemente los mismos espacios, cualquier medida que amplíe las posibilidades de conflictos de interés merece ser analizada con cuidado. No se trata de cuestionar la honorabilidad de quienes han recibido un premio. Se trata de que las reglas de incompatibilidad, recusación y transparencia sean lo suficientemente claras como para proteger tanto a las instituciones como a quienes participan en los procesos.

Coincido con usted en algo fundamental, Señor Ministro, la calidad, la rigurosidad, la independencia y el prestigio de los jurados terminan transmitiendo, también, al prestigio de quienes reciben el premio. Precisamente por eso los jurados deben ser seleccionados con criterios objetivos y reglas claras para prevenir conflictos de interés.

Actualmente existe un Reglamento y es claro en ese punto.

También quisiera preguntarle por el proceso mediante el cual se construyó esta reforma. Participé en la primera mesa consultiva convocada por el Ministerio. Estuve sentada frente a usted y recuerdo que manifestó estar de acuerdo con los planteamientos presentados por el Movimiento Transparencia, que sostuvo la denuncia pública, firmada por dieciséis autores costarricenses.

Salí de aquella reunión convencida de que iniciaríamos un proceso amplio de diálogo con el sector cultural. Sin embargo, nunca recibí un correo de seguimiento, nunca recibí una llamada, nunca fui convocada nuevamente. Por eso quisiera preguntarle: ¿hubo una segunda o una tercera mesa de trabajo con el sector cultural? ¿Se volvió a consultar a quienes participamos en aquella primera reunión? ¿O el proyecto continuó sin ese diálogo?

Señor Ministro, a lo largo de estos años también le he reconocido públicamente los aciertos de su gestión. Le he agradecido su apertura al diálogo y la disposición para escuchar las preocupaciones del sector cultural. Precisamente por ese reconocimiento, y como creo que todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestras instituciones, me permito hacerle una última petición: que el Ministerio de Cultura y Juventud abra un proceso administrativo para investigar los dieciséis motivos de nulidad documentados en el recurso presentado contra los Premios Nacionales 2024.6

Hace apenas unos días, la Editorial de la Universidad Estatal a Distancia7 dio un ejemplo importante para la institucionalidad cultural costarricense. Tras un procedimiento administrativo, anuló un premio literario al concluir que existió plagio y dejó sin efecto la publicación de la obra ganadora. La EUNED demostró que una institución pública puede revisar sus propias fallas.

Las instituciones se fortalecen cuando rinden cuentas a la ciudadanía.

Esta reforma representa una oportunidad histórica para modernizar el sistema de Premios Nacionales de Cultura, pero también puede convertirse en la oportunidad de demostrar que la transparencia no solo mira hacia el futuro, sino que también tiene la valentía de revisar el pasado cuando existen hechos documentados que merecen ser investigados mediante el debido proceso.

Paola Valverde Alier

Poeta y gestora cultural

4 Incluir las muestras en anexo

¡No corra don Boris! ¡Espere un poquito, por favor!

Escrito en . Publicado en Derechos.

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Apelamos a su sentido común, antes de que los costarricenses paguemos los más de ¢8 millones que cuesta enviar sus muebles a Nueva York, para instalarse como nuestro representante ante la ONU. Hay algo que le queremos pedir a usted, don Boris Marchegiani, antes de ejecutar ese inútil gasto aprobado por la Cancillería.

Usted está mitigando en su hotel de playa, el revuelo que, por encima de partidos políticos, ha provocado su designación diplomática nacida de sus millonarios aportes financieros a la campaña electoral de doña Laura Fernández. Y seguramente usted entenderá que, como ha de suceder con un funcionario diplomático de carrera (que no es lo mismo que uno que anda «en carrera» como usted), sus virtudes han de superar sus pecados, para que pueda superar el escrutinio público y no se cuestione el puesto que usted ha escogido, quizá sin pensar mucho en las consecuencias y responsabilidades inherentes al cargo.

Se informa que su señoría arrastra una desatendida deuda de unos ¢4.000 millones con el Banco Nacional, entidad estatal que, por cierto, ha sido objeto de manoseo de parte de la presidencia de la República encabezada por Rodrigo Chaves, que lograra parcialmente ejercer un indebido control casi personal sobre su junta directiva.

Aparte de unos procesos relacionados con el pago de algunos de sus impuestos, que seguramente le provocarán insomnio recurrente, creemos que usted debería reflexionar empresarialmente, como lo hace con sus lucrativos negocios, acerca del nuevo “negocio” en que se está metiendo hasta el cuello, al disponerse a encabezar la misión de Costa Rica que labora en la Organización de las Naciones Unidas con sede en la isla de Manhattan.

Don Boris, para sus compatriotas ticos (lo aclaramos pues desconocemos si usted goza de doble nacionalidad por haber nacido en Venezuela) hay «embajadores de embajadores», según sus calidades y el lugar en que fungen como tales. Quizá por eso es poca la importancia que le presta la ciudadanía a la mayoría de nuestro cuerpo diplomático, pero existen evidentes excepciones que demandan especiales valoraciones, en este caso del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica don Manuel Tovar, responsable junto a la presidenta Fernández de las decisiones relacionadas con las relaciones internacionales. Dentro de esos nombramientos especiales, por su relevancia, el caso de la ONU, el máximo foro planetario, es trascendental. Por ello, la presidenta y su canciller, han de velar porque el representante de Costa Rica ante ese foro mundial, sea digno embajador de nuestra amada Patria; alguien que no nos avergüence ni al interior del país ni ante la comunidad internacional representada en la ONU, que indudablemente le estará mirando y evaluando, en virtud de las decisiones que allí se negocian y toman.

Usted don Boris, comprenderá que sus representados demandamos que tal persona debe exhibir un equilibrio excepcional entre el rigor intelectual, la competencia técnica y una sólida y relevante inteligencia emocional. Ha de ser íntegro y honesto. El más alto nivel de ética es condición insustituible para así generar confianza y credibilidad ante los oficiales de otras naciones, específicamente cuando se ha de participar de diálogos constructivos, donde las posiciones costarricenses se han de nutrir del espíritu y cultura costarricenses sustentados en sólidos cimientos históricos, que se adentran en el pensamiento y acción de nuestros próceres y héroes.

De ahí surgen algunas de nuestras dudas sobre su futura gestión en Nueva York, pues si no fuese así, si usted no cumpliere con tales requerimientos, en un ambiente en que otros embajadores y funcionarios de otras naciones, se enterarían de sus «problemillas» con la banca costarricense y el Ministerio de Hacienda, sépalo don Boris, que su credibilidad y limitada elocuencia, serán obstáculos casi infranqueables para una exitosa gestión. Por ello, es esperable que no lo tomarán en serio, será motivo de conversaciones de pasillo y memorandos informativos con sus gobiernos, por lo cual el alto salario que le tendríamos que pagar los costarricenses con nuestros impuestos, sería sin duda un dinero desaprovechado que bastante falta hace en nuestro pobre país.

Asimismo, es posible pensar en las presiones que recibirá la delegación de Costa Rica de parte de grandes potencias, como Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea, por ejemplo, donde usted debería tener la capacidad, hasta hoy desconocida, de mostrar firmeza patriótica en defensa de nuestra venerada independencia e invaluable soberanía. Circunstancialmente, ahora que se está planteando por parte de transnacionales apoderarse de los recursos minerales de los fondos marinos internacionales, declarados por la Asamblea General «Patrimonio Común de la Humanidad«, es menester que nuestro pequeño país, reconocido por grandezas como la protección del ambiente, la ausencia voluntaria de fuerzas armadas, la democracia respetuosa de la separación e independencia de poderes, la libertad electoral, la promoción de la paz…, exhiba orgullosamente las virtudes que ha ido forjando a través de los años, gracias a gobernantes conscientes de su responsabilidad histórica. Como tal herencia no debe desdeñarse, debemos rechazar que nuestro discurso y valioso voto, sean siempre ejemplares, dignos, independientes de ataduras innobles que solo obedecen a conveniencias circunstanciales, como podría suceder cuando un tema tan importante sea planteado en votaciones de la ONU.

En fin, don Boris, queremos conocer de usted, en conferencia de prensa, su pensamiento sobre lo anotado, antes de asumir como nuestro embajador en la ONU. Consideramos que es responsabilidad suya cumplir con un acto transparente como el que le pedimos realizar, para que se rompa ese escandaloso silencio que se ha impuesto desde la Cancillería, quizá con la idea de que usted simplemente estará allá, alejado de los que compartirán inquietudes que usted respondería con notas redactadas en la Casa Amarilla por algún asesor, esquivando así caminos escabrosos. Ha de admitir señor, que el pueblo de Costa Rica merece conocer hasta dónde lleva usted «a Costa Rica en las entrañas»…

Campo minado: legitimidad y poder en la literatura costarricense

Escrito en . Publicado en Cultura.

El pasado 11 de junio de 2026, participé como ponente en el ciclo El nuevo (des)orden literario del Centro Cultural de España en Costa Rica. La mesa, titulada Campo literario, campo minado, fue moderada por el escritor Rodrigo Soto y contó con la participación de G. A. Chaves, Paul Benavides Vílchez, Guillermo Barquero y quien suscribe.
Lo que sigue es el texto íntegro de mi intervención. Es una investigación ciudadana documentada con fuentes primarias, registros audiovisuales públicos e información solicitada al Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.
Lo presento porque creo que esta información le pertenece a la ciudadanía.

Paola Valverde Alier
Poeta y gestora cultural

Desde mi temprana juventud he estado cerca de la poesía, de quienes la escriben y de quienes generan espacios para su difusión. La inocencia de esa época me hizo imaginar un campo inclusivo. La primera vez que esa burbuja se rompió fue a mis dieciocho años, durante la inauguración de una librería universitaria, cuando me acerqué a un poeta consagrado. Este me dijo: “muchacha, usted es muy bonita y las mujeres bonitas jamás escribirán buena poesía”.

Cuento la anécdota porque sus palabras me dejaron aturdida. En múltiples ocasiones me vi incomodada por acciones y comentarios extraños, salidos de tono, provenientes de figuras prestigiosas a quienes admiraba. Con los años entendí que experiencias similares eran compartidas por muchas otras personas. Algunas continuamos nuestro camino a pesar del acoso, las burlas y el temor a equivocarnos; otras se retiraron, agotadas por ese entorno.

Poco, o nada, ha cambiado desde que Yolanda Oreamuno escribió “El ambiente tico y los mitos tropicales”i. Las tensiones identificadas ochenta y cinco años atrás no desaparecieron con la globalización. Migraron de las ideas a los favores, de los manifiestos a los audios de WhatsApp. Pero siguen siendo, en esencia, lo mismo: pulsos sobre quién tiene derecho a ocupar el campo. Y esas tensiones se agudizan en un país que ha centrado su mirada en el Gran Área Metropolitana, la institucionalidad y los grupos de poder.

La diferencia entre otras épocas y el presente es que hoy resulta mucho más difícil ocultar ciertas prácticas. La información circula a gran velocidad, y muchas inconsistencias adquieren otra dimensión gracias a registros audiovisuales, publicaciones y huellas digitales. Pero este mismo entorno ha abierto espacios para nuevas formas de manipulación: perfiles falsos, hostigamiento digital y narrativas de victimización que circulan sin pasar por canales institucionales de denuncia.

Distorsionar un discurso o esconderse detrás de un seudónimo para atacar está hoy a solo un clic de distancia.

La literatura ha construido sus propias jerarquías: críticos, jurados, académicos, editores, autores consagrados. Muchos con excelente trayectoria y criterio, personas que han aportado a la construcción de una identidad cultural. Y otros que, convertidos en figuras intocables, se erigen como mediadores del valor literario y administran el acceso al reconocimiento dentro de sus propios espacios.

La escasez de apoyos estructurales es delicada en un país donde el respaldo a la creación literaria es limitado, a diferencia de otros países, donde existen múltiples programas de promoción, becas, publicaciones, traducciones, residencias literarias, fondos de creación o estímulos a la escritura. En un contexto así, los pocos mecanismos de reconocimiento existentes adquieren un peso enorme.

Antes de abordar las fracturas que he documentado debo decir que creo en el rigor y en la calidad de una obra, en los criterios editoriales y en el reconocimiento justo. También creo en personas e instituciones que han dedicado su vida al estudio, la academia, la investigación, la creación y la promoción literaria. En Costa Rica hay personas que hacen de la literatura un lugar honesto.

En este sentido es justo reconocer las iniciativas de las instituciones. Es cierto que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo en los últimos años la apertura de las puertas del Teatro Nacional al pueblo, el regreso del FIA a la Sabana y programas que descentralizan la oferta cultural fuera del Gran Área Metropolitana. Todas son iniciativas valiosas. Pero que las reconozcamos no significa que debamos bajar la guardia ante la fiscalización del uso de los fondos públicos cuando detectamos irregularidades. Como ciudadanos debemos ser críticos siempre y exigir mayor transparencia en todos los procesos.

El sesgo y las dinámicas de exclusión dentro del canon literario han sido objeto de cuestionamiento en múltiples ocasiones.

El año pasado coincidieron, sin pretenderlo, diversos episodios que salieron a la luz y reactivaron esas discusiones:

  • Un caso de plagio que involucraba un libro completo y la premiación de un poema en la Revista Nacional de Cultura.

  • Una obra con similitudes sustanciales publicada y premiada en dos países bajo títulos distintos, en certámenes que exigían obra inédita, uno de ellos premiado con fondos públicos y publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica.

  • La doble postulación a los Premios Nacionales de una misma obra en años consecutivos —descartada en 2023 y premiada en 2024—, publicada en dos países bajo dos editoriales distintas, cada una con una ficha catalográfica que la identificaba como ‘primera edición’.

  • Cuestionamientos sobre el funcionamiento interno de un jurado y filtraciones de resultados que circulaban semanas antes de hacerse público el veredicto, entre otros episodios.

Todos son hechos verificables, respaldados por publicaciones e información solicitada al propio Ministerio de Cultura y Juventud mediante el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica.

Conozco de cerca el caso de los Premios Nacionales del 2024 porque fui parte de quienes investigaron las irregularidades. Y en este sentido quiero aclarar que me involucré en la investigación porque los hechos llegaron hasta mí. Una mañana recibí varios audios de una persona del jurado en los que se hacía referencia a la filtración de resultados que ya circulaban en redes sociales. Llegaron unos minutos después de haber realizado una publicación en mi Facebook donde felicité a los ganadores, pero cuestioné la ética del jurado por las filtraciones que habían circulado. En dichos audios se formularon afirmaciones sobre el tratamiento dado a los libros participantes que, a mi criterio, evidenciaban un proceso opaco.

En ese momento yo tenía dos opciones: callar hasta que el premio me alcanzara o documentar. Yo elegí documentar.

La cultura ciudadana de rendición de cuentas no es un capricho, es una obligación. La Constitución Política de Costa Rica establece en su Artículo 9 que la institucionalidad debe operar con la mayor transparencia, garantizando nuestros derechos ciudadanos; y en su Artículo 11 que los funcionarios públicos deben rendir cuentas de la labor que realizan. Por ello “la acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública”. Como costarricense, me amparo en ese derecho.

Los audios que recibí aquella mañana fueron presentados, debidamente protocolizados ante un notario público. Un jurado de Premios Nacionales ejerce una función pública dentro de un procedimiento administrativo regulado por el Estado.

En los galardones del 2024 se lograron identificar vacíos y fallas acumuladas. Al contrastar ese proceso con otros años, resulta llamativo que en 2023 una cantidad importante de obras fue marcada con criterios de exclusión claros, cito textualmente: reedición o segunda edición; autopublicación o sin editorial; ensayo académico; no es ensayo; el período no corresponde; antología o recopilatorio; ensayo fotográfico; libro didáctico o libro infantil.

Esos mismos criterios no se aplicaron en 2024, cuando se premiaron autopublicaciones y reediciones fuera del período, y fueron retomados en 2025 con mayor rigurosidad. Vale la pena señalar que el documento de obras postuladas del 2023 fue entregado de manera distinta a diferentes personas: en una versión las anotaciones son visibles, en la que me entregaron a mí aparecen tachadas en negro.

Cuando el reglamento se aplica con rigor para unos y con flexibilidad para otros, la confianza en el proceso se debilita. En los registros audiovisualesii de la reunión inicial del jurado de 2024, el presidente rechaza la adopción de criterios de evaluación, pese a que tres de sus compañeros plantean la necesidad de establecerlos.

Sus declaraciones resultan relevantes porque evidencian un rechazo expreso a la utilización de parámetros diferenciados de valoración. Otro hallazgo en 2024 fue que ningún miembro del jurado contaba con la formación en dramaturgia exigida por el Artículo 5.d del Reglamento de Premios Nacionales.

Al ver estas inconsistencias, solicité los registros de otros años para ofrecerles a ustedes, esta noche, una comparativa. El Ministerio indicó que no contaba con los videos del 2023. Los de 2022, 2024 y 2025 sí existen. Esto es muy delicado porque la Ley General de Administración Pública obliga a grabar en audio y video las sesiones de los órganos colegiados, garantizando el acceso ciudadano a dicha información.

También se confirmó por escrito, mediante respuesta del director del SINABI, que los currículos de los jurados de 2022 y 2023 no existen en el acervo institucional.

¿Cómo se seleccionan los jurados? ¿Quién verifica su idoneidad?

La administración pública es continua. Nadie puede justificar la ausencia de registros o documentos achacándola a otra administración.

Para concluir el relato de lo ocurrido en los Premios Nacionales del 2024 debo decir que el escritor y abogado José María Zonta interpuso un recurso de nulidad con 16 motivos documentados. Fue respondido con apenas dos páginas sin sustento normativo ni jurisprudencial, a diferencia de otros recursos que se han respondido con resoluciones extensas, argumentadas y con sustento jurisprudencial. Quiero ser muy clara: nunca se cuestionó el fallo, que es inapelable, ni la calidad de las obras premiadas. Lo que se cuestionó, con documentación suficiente, fue el mecanismo previo.

A pesar de no haber dado trámite formal a la denuncia, el Ministerio de Cultura lanzó una consulta ciudadana para la reforma a la Ley de Premios Nacionales. La nueva Ley está hoy siendo revisada en la Asamblea Legislativa. Eso indica que la discusión generó incidencia.

Quisiera señalar que esta fue una investigación ciudadanaiii, realizada con nuestro tiempo y recursos, sin financiamiento institucional. Hay mucho más por comprender, el tema merece una investigación más profunda. Ojalá alguien tome nota.

Yolanda Oreamuno lo dejó por escrito: «Al que pretende levantar demasiado la cabeza sobre el nivel general, no se le corta. ¡No! Le bajan suavemente el suelo que pisa, y despacio, sin violencia, se lo coloca a la altura conveniente.». Y si se cuestiona demasiado, “rápidamente, sin pleito ni molestias, usted estará silenciado.”

El castigo a quienes hablan adopta distintas formas, como ocurrió en el I Coloquio de Literatura Costarricense Contemporánea de la Universidad Nacional, donde se abordó el tema de los Premios Nacionales sin dar voz a quienes sostuvimos la denuncia, reduciéndola a un acto de «escarnio público». Y eso, paradójicamente, confirma todo lo que este texto señala.

Aquella frase que recibí a los dieciocho no era solo un prejuicio estético: era la manifestación de un sistema que se cree dueño de la legitimidad.

Se dice popularmente que Costa Rica no tiene memoria y que a los tres días se olvida todo. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Qué será de nuestra literatura si preferimos tapar los hechos antes que comprenderlos?

La memoria también es aquella persona que un día te dice: «soy un brujo; en cinco años te veré a los ojos y te diré que aquí no pasó nada.»

La memoria existe precisamente para recordarnos que sí pasó.

Estamos ante el trauma de la palabra. Si no hay un cambio corremos el riesgo de una literatura sorda. Un campo fragmentado a pedazos. Un Frankenstein en busca de un padre.

Arrancándonos los ojos. Desollándonos la piel.

¿Por qué nos cuesta tanto la empatía? ¿Por qué molesta la crítica o la fiscalización?

Tengamos sentido de la responsabilidad.

Todo funcionario o institución, llámese oficina, universidad, asociación, ONG, que toque fondos públicos debe estar abierta a la rendición de cuentas. Todo beneficiario también.

Los actores del campo literario somos todos. Por eso, el Artículo 33 de la Constitución Política nos recuerda que toda persona es igual ante la ley. Nadie está por encima de ella.

Desactivemos las minas y activemos la colaboración, la co-creación, la empatía orgánica de comunidad. Dejemos atrás los mitos tropicales, las mezquindades y los compadrazgos. Costa Rica merece un debate a la altura.

Seamos adultos. Ha llegado la hora de madurar.

Cierro con una pregunta: ¿cuál es el compromiso que asumimos hoy para incidir y transformar esta historia?

Muchas gracias.

Defensoría de los Habitantes da la razón a UNDECA sobre el ERP-SAP y confirma graves afectaciones en la CCSS

Escrito en . Publicado en Salud.

Comunicado de UNDECA

Resolución acredita que las advertencias realizadas por UNDECA fueron ignoradas y que la implementación forzada del ERP-SAP generó una crisis sistémica en áreas críticas de la institución.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) recibe con satisfacción la resolución final emitida por la Defensoría de los Habitantes sobre la denuncia presentada por nuestra organización el 30 de mayo de 2025, mediante la cual se alertó oportunamente sobre los riesgos de implementar de forma forzada el sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). También esta denuncia fue presentada en su momento ante la Contraloría General de la República.

La investigación de la Defensoría concluye que las advertencias realizadas por UNDECA eran fundadas y que la decisión de poner en funcionamiento el sistema el 2 de junio de 2025 se tomó pese a múltiples alertas técnicas, generando una crisis institucional que impactó simultáneamente la gestión financiera, logística, farmacéutica y administrativa de la Caja.

Entre los principales hallazgos señalados por la Defensoría destacan:

• La acumulación de más de 109.000 facturas pendientes de trámite y una brecha de más de ₡1,59 billones entre obligaciones registradas y pagos realizados.

• Discrepancias en inventarios superiores a ₡112.000 millones y una pérdida temporal de visibilidad sobre existencias y movimientos de suministros institucionales.

• Problemas que afectaron la trazabilidad de medicamentos, incluyendo fármacos sujetos a control especial por la Ley de Estupefacientes.

• La imposibilidad de generar estados financieros confiables durante meses debido a fallas en la implementación y migración de datos.

• Costos extraordinarios superiores a ₡1.340 millones para contratar personal temporal y realizar procesos manuales que el sistema debía ejecutar automáticamente.

La Defensoría también reconoce que la continuidad de los servicios de salud no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del enorme esfuerzo y compromiso de las personas trabajadoras de la CCSS, quienes sostuvieron la operación institucional mediante jornadas extraordinarias, controles manuales y mecanismos de contingencia para evitar una afectación directa a la población.

UNDECA destaca que esta resolución constituye una reivindicación de la labor sindical responsable y comprometida con la defensa de la seguridad social costarricense. Cuando nuestra organización denunció los riesgos del proyecto, lo hizo pensando en la protección de los recursos públicos, la estabilidad institucional, las condiciones laborales del personal y, sobre todo, en la atención de calidad que merecen las personas usuarias de la Caja.

Los hechos acreditados por la Defensoría demuestran que las alertas sindicales no obedecían a intereses particulares ni políticos, sino a preocupaciones legítimas respaldadas por informes técnicos y por el conocimiento de quienes diariamente sostienen el funcionamiento de la institución.

UNDECA exige ahora que las recomendaciones emitidas por la Defensoría sean acatadas en su totalidad, que se determinen las responsabilidades correspondientes por las decisiones adoptadas y que se garantice la transparencia en el proceso de corrección de las fallas detectadas.

La defensa de la CCSS, de sus trabajadores y trabajadoras, y del derecho a la salud de la población seguirá siendo una prioridad irrenunciable para nuestra organización.

Informe de la Defensoría.

UNDECA
Defendiendo la Seguridad Social, los derechos laborales y la salud del pueblo costarricense.

Impulsan Pacto Patriótico Costarricense entre sectores sociales y diputaciones de oposición

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Diversas organizaciones sociales agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) promueven la firma de un Pacto Patriótico Costarricense con diputadas y diputados de oposición para el período legislativo 2026-2030, con el propósito de establecer una agenda común de defensa institucional, fortalecimiento democrático y promoción de políticas públicas orientadas al bienestar de la población.

La propuesta plantea una articulación entre sectores sindicales, agroalimentarios, ganaderos, indígenas, arroceros, ambientales, empresariales, estudiantiles, movimientos populares, organizaciones artísticas, religiosas, territoriales, académicas, colegios profesionales, cámaras de radio y televisión, pescadores y otros sectores sociales, representados por la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES).

El documento señala que el objetivo principal es promover valores considerados fundamentales para el país, entre ellos la democracia, la paz social, el diálogo, el Estado Social de Derecho, la participación ciudadana, la libertad de expresión, la atención de las poblaciones empobrecidas y vulnerables, así como la defensa de instituciones públicas estratégicas como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Consejo Nacional de Producción (CNP) y el Banco de Costa Rica (BCR).

Como marco de referencia, la propuesta adopta los principios contenidos en el documento denominado “Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica”, impulsado por el denominado Bloque Democrático de la Asamblea Legislativa.

Entre los ejes planteados figura la defensa del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, la separación e independencia de poderes, el respeto a la Constitución Política y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, se propone fortalecer los mecanismos de diálogo entre sectores sociales y representantes legislativos, de manera que las organizaciones puedan presentar iniciativas de ley y planteamientos para el ejercicio del control político desde la Asamblea Legislativa.

La propuesta incorpora además la defensa de la libertad de prensa, el derecho a la información, la libertad de reunión, la manifestación pacífica y la participación ciudadana como pilares esenciales de la democracia. También plantea el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos, incluyendo los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

En materia de seguridad ciudadana, el documento promueve un combate frontal contra el crimen organizado, el fortalecimiento presupuestario del Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Fuerza Pública y Seguridad Pública. Además, propone transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil sometida a controles democráticos y mecanismos de rendición de cuentas.

La iniciativa también plantea una visión preventiva de la seguridad basada en la promoción de la cultura de paz, el deporte, la educación, las expresiones artísticas y el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Uno de los apartados más extensos se refiere a la educación pública. El pacto propone avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y revisar los modelos de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.

En relación con la seguridad social, el documento plantea la defensa y fortalecimiento de la CCSS, la sostenibilidad de los regímenes de salud y pensiones, la definición del monto real de la deuda estatal con la institución y el establecimiento de mecanismos para su pago. Asimismo, propone medidas para reducir las listas de espera, enfrentar la escasez de especialistas y promover reformas que permitan un acceso más justo a los medicamentos.

La propuesta también incluye la revisión de la regla fiscal para identificar mejoras que permitan proteger la inversión social, así como el fortalecimiento gradual del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En materia ambiental, el pacto plantea fortalecer el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), otorgar mayores competencias a los guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, proteger a personas defensoras de derechos humanos y ambientales, garantizar el acceso al agua potable mediante el fortalecimiento de las ASADAS y promover soluciones integrales para la gestión de residuos con enfoque de economía circular.

El documento incorpora además compromisos relacionados con los derechos de las mujeres, las personas cuidadoras, la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las poblaciones en condición de vulnerabilidad, la comunidad LGBTIQ+, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y las personas migrantes y solicitantes de refugio.

Otro de los ejes centrales es el fortalecimiento de la producción nacional y de la seguridad alimentaria. Entre las propuestas destacan el apoyo a la actividad agropecuaria, la mejora del acceso al financiamiento para productores, la creación de seguros agropecuarios accesibles, el fortalecimiento de los controles fitosanitarios y la búsqueda de alternativas al actual sistema de areteo del ganado.

La agenda también contempla reformas orientadas al combate contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito, la evasión y la elusión fiscal. Asimismo, promueve políticas de transparencia, acceso a la información pública, apertura de datos, interoperabilidad digital y transparencia algorítmica dentro de la institucionalidad pública.

Como parte de los acuerdos operativos, la propuesta establece mecanismos para que RENASES presente iniciativas legislativas y planteamientos de control político, así como la conformación de equipos técnicos y políticos integrados por representantes de las fracciones legislativas y de los sectores sociales.

El documento reconoce además al denominado Equipo Timón como instancia coordinadora de RENASES e interlocutora con las fracciones legislativas que decidan adherirse al pacto. Dicho equipo está integrado por representantes de ANDE, ANEP, APSE, SEC, SINAE, UNAG y UNDECA,

La propuesta contempla que la firma del Pacto Patriótico Costarricense se realice en la Asamblea Legislativa durante el presente mes de junio, mediante la adhesión de diputadas y diputados de oposición y representantes de las organizaciones sociales participantes.

CGR reporta avance básico en presentación de Declaración Jurada de Bienes 2026

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La Contraloría General de la República informó sobre el avance en la presentación de la Declaración Jurada de Bienes (DJB), trámite que deben realizar alrededor de 25.000 personas este 2026 en cumplimiento de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

La institución recordó que el plazo para presentar la declaración vence el próximo 25 de mayo, por lo que hizo un llamado a las personas obligadas a cumplir con este requisito legal dentro del periodo establecido.

La presentación de la DJB puede realizarse de manera totalmente electrónica y está disponible las 24 horas del día.

Según los datos reportados al 11 de mayo de 2026, el avance es el siguiente:

  • 3717 declaraciones presentadas

  • 16,90% del total esperado

La CGR indicó además que mantiene habilitados distintos canales de atención para orientar a las personas usuarias ante consultas relacionadas con el proceso.

Entre los medios disponibles se encuentran el correo electrónico declaraciones.juradas@cgrcr.go.cr y el centro de llamadas 905 DECLARE (905-3325273) / 2501-8150.

La institución señaló que continuará informando sobre el avance del cumplimiento de este requisito legal durante el periodo de presentación.

Actuario solicita información a la CCSS y cuestiona calidad de datos del régimen de pensiones IVM

Escrito en . Publicado en Derechos.

Un oficio remitido por el actuario matemático Rodrigo Arias López a la Gerencia de Pensiones y a la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea cuestionamientos sobre la calidad y consistencia de la información entregada sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en un contexto en el que se discuten posibles reformas a este sistema.

La solicitud se produce en momentos en que distintos sectores han señalado la intención de impulsar nuevas modificaciones al IVM, incluyendo eventuales cambios en la edad de retiro, ajustes en los montos de pensión y otras medidas que impactarían a la población asegurada y pensionada, como poner a cotizar a las personas pensionados, esto, “habiendo transcurrido tan solo dos años de la última reforma que hizo sin escuchar a los sectores sociales”. En ese marco, el actuario solicita información depurada de la planilla de pensiones de IVM de diciembre de 2025 y conforme a la normativa vigente, así como la intervención de la Auditoría Interna ante posibles inconsistencias detectadas en los datos suministrados.

A continuación, el texto íntegro del oficio:

RAL-002-2026
1° de mayo de 2026

Señor Jaime Barrantes Espinoza, Gerente
Gerencia de Pensiones de la CCSS
Señor Olger Sánchez Carrillo, Auditor Interno
Auditoría Interna de la CCSS

Asunto: Solicitud de información de interés público e investigación

Estimados señores:

De conformidad con el artículo 30 de la Constitución Política, el artículo 7 de la Ley 8422, la Ley de Regulación del Derecho de Petición y los artículos 5 y 7 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, solicito lo siguiente.

Considerando

Primero. Con mi oficio RAL-001-2026 de fecha 27 de marzo de 2026 solicité la planilla de pensionados del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con corte al 31 de diciembre de 2025.

Segundo. Con el oficio GP-DAP-0xx-2026 (Sic) del 21 de abril del 2026 suscrito por el Ing. Ubaldo Carrillo Cubillo, director de la Dirección de Administración de Pensiones, me suministraron un archivo en formato Excel con 394.828 registros o pensiones y las variables solicitadas; no obstante, una vez revisado se encontró lo siguiente:

A) A pesar de que todas las pensiones entregadas tienen fecha de vigencia anterior al 1° de enero de 2026, aparecen 114.501 pensiones de beneficiarios y 155.654 pensiones de causantes con un monto de pensión igual a ₡162.295,5 el cual, según su oficio GP-0607-2026 del 09 de marzo de 2026, corresponde al monto de la pensión mínima que se canceló en el mes de febrero de 2026. En ese oficio usted informa que el monto de la pensión mínima de IVM vigente en diciembre de 2025 fue ₡159.692. Esto nos indica que posiblemente todos los montos de las pensiones de beneficiarios y de causantes que me entregaron con el oficio GP-DAP-0xx-2026, no corresponden a los montos vigentes al 31 de diciembre de 2025. En otras palabras, que el archivo entregado no corresponde a la planilla del 31 de diciembre de 2025, contrario a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026.

B) En adición, en el archivo aparecen 4.244 pensiones de beneficiarios que tienen un monto de pensión igual a cero, de las cuales 2.948 son de invalidez y vejez, que deberían tener una pensión igual al monto de pensión del causante y los 1.296 restantes son por muerte. Esto nos crea dudas sobre la calidad de la información; en particular, si los montos de pensión de los causantes y beneficiarios están correctos o tienen errores.

C) Las pensiones del riesgo de muerte se agruparon según el ID del causante, se sumaron las pensiones de los beneficiarios del causante y el resultado se dividió por el monto de la pensión del causante, a lo cual se le llamó la participación del núcleo familiar. Como el beneficio mínimo que concede el Reglamento de IVM es un 20% del monto de la pensión del causante, cuando un causante tiene 5 o más beneficiarios, la participación del núcleo familiar no puede ser menos del 100%, si son cuatro beneficiarios, la participación no puede ser inferior al 80% y así sucesivamente. Por otro lado, si solo hay un beneficiario, la participación no puede ser superior al 70%. Se encontraron 78 núcleos familiares cuya participación es inferior a la indicada por el Reglamento de IVM; 2.050 viudas(os) que son beneficiarios únicos con más de un 70% de participación y 17 núcleos familiares con más de un 100% de participación. También se encontraron bastantes casos de viudez, que siendo beneficiarios únicos están recibiendo menos de los porcentajes indicados en el reglamento según su edad (50% para menos de 50 años, 60% de 50 a 59 años y 70% de 60 años o más). Esto quiere decir que los datos de los montos de las pensiones del causante y/o del beneficiario del archivo entregado están incorrectos o que no se está respetando lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM.

D) Finalmente, se determinó que en el riesgo de muerte la fecha de nacimiento y el sexo de los causantes (que están ya fallecidos), coinciden con la fecha de nacimiento y el sexo de los beneficiarios (que están vivos), lo que significa con una alta probabilidad que no me entregaron la fecha de nacimiento ni el sexo de los causantes (fallecidos), sino que repitieron los datos de los beneficiarios.

Petición

Primero. Solicito al Sr. Jaime Barrantes Espinoza, Gerente de Pensiones, la entrega de la planilla de IVM con corte al 31 de diciembre de 2026 conforme a lo solicitado en mi oficio DAL-001-2026 del 27 de marzo de 2026, con la depuración de la información correspondiente, según lo indicado en las consideraciones de este oficio.

Segundo. Pido al Sr. Olger Sánchez Carrillo, Auditor interno de la CCSS, que investigue la calidad de la información que entregan las jefaturas de la CCSS y que almacenan en los sistemas de información de IVM, que revise que se esté cumpliendo con lo ordenado en el artículo 27 del Reglamento de IVM y tome las medidas pertinentes; no es la primera vez que lo solicito.

Atentamente,
Rodrigo Arias López

En la nota el actuario Arias López consigna su dirección de correo-e para que se le envíe toda la información solicitada.

Cuatro fracciones legislativas suscriben acuerdo para una agenda común en defensa del Estado Social de Derecho

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Comunicado

Soluciones legislativas conjuntas en favor de Costa Rica

Las fracciones legislativas del Partido Liberación Nacional, del Partido Frente Amplio, de la Coalición Agenda Ciudadana y del Partido Unidad Social Cristiana, comprometidas con la defensa del Estado Social de Derecho, la estabilidad democrática y el bienestar de la ciudadanía costarricense, suscriben el presente Acuerdo Político con el propósito de construir una agenda parlamentaria responsable desde la Asamblea Legislativa.

Este acuerdo surge en un contexto nacional que exige altura política, diálogo y capacidad de convergencia. Las fuerzas políticas que firman reconocen la diversidad de sus visiones ideológicas, pero también la urgencia de establecer coincidencias mínimas que permitan garantizar la institucionalidad democrática, el respeto a la Constitución Política y la atención de los principales desafíos del país.

El acuerdo político se enmarca en el resultado electoral reciente, en el cual la voluntad popular se expresó de manera clara pero dividida. Aproximadamente la mitad de las personas que ejercieron su voto respaldaron propuestas políticas alternativas, distribuidas entre las diversas fuerzas que hoy convergen en este esfuerzo común.

Este mandato ciudadano exige responsabilidad, dialogo y capacidad de articulación. Este acuerdo precisamente responde a ese mandato: el de transformar una alternativa política diversa en una fuerza capaz de coordinar, proponer y garantizar gobernabilidad democrática. Con respeto de las diversas identidades ideológicas y partidarias hemos asumido la responsabilidad de trabajar de manera conjunta en favor de Costa Rica, sin demeritar la independencia de cada fracción para impulsar sus propios acuerdos y propuestas. Esta autonomía convive con un compromiso firme entre las partes de respetar lo suscrito, de modo que las diferencias que puedan surgir en iniciativas específicas dada la ideología de cada partido, no significarán la ruptura ni el incumplimiento de esta agenda.

Principios y compromisos fundamentales

Las fracciones firmantes reafirman su compromiso con la defensa irrestricta de la Constitución Política, la separación e independencia de los poderes de la República y la vigencia plena de los derechos fundamentales.

Agenda común para la gobernabilidad en siete ejes estratégicos

Las fracciones acuerdan impulsar una agenda legislativa estructurada en 5 ejes prioritarios:

a. Democracia

▪ Apoyaremos proyectos que fortalezcan y profundicen las garantías individuales fundamentales.
▪ Defendemos la alternancia en el poder.
▪ Respetamos y defendemos la independencia de Poderes. Reformas al Poder Judicial deben garantizar la plena independencia de la judicatura.
▪ Creemos que es urgente aprobar los nombramientos correspondientes en las Salas de la Corte, especialmente en la Sala Constitucional, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la tutela permanente de los derechos de los costarricenses.
▪ Creemos en la libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia.
▪ Apoyaremos e impulsaremos proyectos que fortalezcan la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.

b. Seguridad y justicia

▪ Combate frontal contra el crimen organizado.
▪ Capitales emergentes: inmovilizar capitales de crimen organizado. Extinción de dominio.
▪ Organizaciones criminales: establecer mecanismos para sancionar organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario.
▪ Mayor presupuesto para OIJ, Seguridad, Ministerio Público y Fuerza Pública.
▪ Aumento de penas por portación ilegal de armas.
▪ Ley de ejecución de la pena y modernización del sistema penitenciario.
▪ Procesos penales más ágiles y sin impunidad.
▪ Reforma de la DIS hacia inteligencia estratégica civil con controles democráticos.
▪ Cooperación internacional en el marco constitucional.
▪ Prevención mediante cultura, deporte y fortalecimiento comunitario.
▪ Reformas para una justicia pronta y transparente.

c. Desarrollo social

Educación, cultura y deporte

▪ Mejoramiento de la calidad educativa.
▪ Plan de inversión hacia el 8% del PIB.
▪ Recuperación de aprendizajes, reducción de brechas y fortalecimiento docente.
▪ Garantía del FEES con crecimiento real.
▪ Fortalecimiento del acceso equitativo a la educación.

Salud

▪ Defensa y fortalecimiento de la CCSS.
▪ Pago de la deuda del Estado con la CCSS.
▪ Reducción de listas de espera.
▪ Atención a escasez de especialistas.
▪ Fortalecimiento del modelo tripartito.
▪ Medicamentos a precios accesibles.
▪ Atención integral de la salud mental.

Inversión social

▪ Revisión de la regla fiscal para proteger inversión social.
▪ Incremento de FODESAF.

Alivio económico

▪ Inclusión financiera y revisión de la ley de usura.

Medio ambiente

▪ Fortalecimiento del SINAC.
▪ Protección ambiental y defensa del territorio.
▪ Prohibición de minería a cielo abierto.
▪ Protección de defensores ambientales.
▪ Derecho humano al agua y fortalecimiento de ASADAS.
▪ Gestión sostenible de residuos.

d. Derechos humanos

▪ Combate a la violencia contra mujeres.
▪ Sistema Nacional de Cuidados.
▪ Protección de poblaciones vulnerables.
▪ Derechos de comunidad LGBTIQ+.
▪ Reconocimiento de pueblos originarios y afrodescendientes.
▪ Derechos de personas migrantes.
▪ Protección laboral y reducción de brechas.

e. Desarrollo económico y competitividad

▪ Apoyo al sector productivo.
▪ Reforma al BCCR para priorizar empleo.
▪ Modelo energético sostenible.
▪ Prohibición de exploración petrolera.
▪ Impulso a infraestructura estratégica.
▪ Movilidad multimodal y electrificación.
▪ Fortalecimiento del sector agropecuario.

f. Transparencia, probidad y anticorrupción

▪ Sanción a faltas al deber de probidad.
▪ Regulación del lobby.
▪ Lucha contra corrupción y evasión fiscal.
▪ Transparencia y acceso a información pública.

g. Funcionamiento de la Asamblea Legislativa

▪ Ejercicio responsable del control político.
▪ Uso adecuado de recursos.
▪ Nombramientos por idoneidad.
▪ Mejora de procesos legislativos.

III. Límites para la acción política

Las fracciones acuerdan no respaldar reformas que debiliten derechos fundamentales, garantías sociales o la independencia de poderes. Se rechaza cualquier intento de concentración de poder en el Ejecutivo o debilitamiento de órganos de control.

III. Conformación del Directorio Legislativo

Se acuerda proponer la siguiente integración:

  • Presidencia: Diana Murillo Murillo, Liberación Nacional
  • Vicepresidencia: Abril Gordienko López, Unidad Social Cristiana
  • Primera Secretaría: María Eugenia Román Mora, Frente Amplio
  • Segunda Secretaría: Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana
  • Primera Prosecretaría: Víctor Manuel Hidalgo Solís, Liberación Nacional
  • Segunda Prosecretaría: Joselyne Sánchez Núñez, Frente Amplio

San José, 01 de mayo de 2026.

¿Circo y caridad, o políticas públicas?

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

La actividad política en Costa Rica se parece cada vez más a la presentación inicial de un gran escenario circense: exóticos especímenes circulando; maromeros y saltimbanquis brincando de aquí para allá; expertos equilibristas esforzándose por no caer; perversos lanzadores de puñales contra mujeres atadas; engendros con dos cabezas; domadores de fieras enjaulados… y por supuesto payasos (empezando por el director del espectáculo), muchos payasos de todos los tamaños y colores, azules, verdes, celestes y turquesas.

Hoy quiero abordar lo que percibo en un rincón de ese alborotado jolgorio. Me refiero a la supuesta “caridad cristiana” convertida en manipulación de la buena fe de la gente, e instrumento burdo de la peor politiquería.

Porque sí, cuando la caridad pacta con el poder político-económico, se presta para la foto y bendice a un gobierno o partido a cambio de dinero, deja de ser una misión desinteresada y altruista, para convertirse en una de las formas más peligrosas de pasar por bueno y santo, lo que está contaminado y en proceso de descomposición.

En nuestros días, sobre todo, la acumulación de privilegios como donaciones extraordinarias de gente poderosa, la traslación desmedida de recursos públicos a ciertas organizaciones, la promulgación de leyes hechas a la medida, sólo pueden terminar, tarde o temprano, mal, muy mal.

Los riesgos son muchos, desde el secretismo y la ausencia de controles y auditorías confiables (porque no se obligan las supervisiones de lo público y porque todo se hace en nombre de Dios), hasta abusos, enriquecimientos personales o de allegados, y cuidado, mucho cuidado, captación de donaciones que no se sabe con exactitud de dónde proceden y que se podrían blanquear mediante sacrosantos métodos.

Pero lo peor de lo peor en esa estrategia, muy acomodada al neoliberalismo en auge, es barrer al Estado y las políticas públicas, como agentes constitucionales imprescindibles en la atención y promoción de los sectores más débiles de la sociedad: infantes, mujeres y familias en condiciones de pobreza, marginados, jóvenes en conflicto con la ley penal. Todo para entregarlo a manos particulares que, en resumen, sustituyen las obligaciones estatales, usurpan sus funciones básicas, lavan conciencias, y por supuesto, montan el show frente a las cámaras, exhibiendo lo buenos que son, lo bien que lo están haciendo. En la gaveta queda aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha (Mateo 6; 1-4) porque las enseñanzas del Evangelio también son grotescamente burladas.

Cuando pase esta ya larga noche, los costarricenses tendremos que retomar la senda de auténticos próceres y líderes políticos que apostaron por la construcción de un Estado de Derecho, de una instrucción pública de calidad para todos y todas; de leyes laborales avanzadas; de casas baratas para las familias de escasos recursos; de seguridad social y atención médica pública, financiada por los aportes solidarios de trabajadores, patronos y el propio Estado. Una estrategia de convivencia democrática que, entre otras instituciones clave, creó el Patronato Nacional de la Infancia, al que hay que fortalecer como principal recurso estratégico para la atención de la niñez necesitada, en lugar de socavarlo, sustituirlo o desfinanciarlo.

Basta ya de manipular los legítimos sentimientos religiosos de las personas con propósitos políticos, en todos los ámbitos. Debemos aprender a desconfiar de autoridades y líderes que aseguran tener línea directa con Dios, que les dicta lo que deben hacer, y que todo el que los critique o se les oponga, es poco menos que demonizado y escarnecido.