Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach. Académico Universitario Titular Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera Sede Central UTN www.utn.ac.cr Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales, MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales. Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina, Escritor, Científico Social Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com Cel. 506 62 76 41 33
El término transparencia se refiere a la cualidad de un objeto que permite ver a través del mismo. De acuerdo con el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, “proviene del latín medieval transparens, -entis, participio presente activo de transparere, literalmente aparecer a través de, la cuarta definición como adjetivo quiere decir: Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad.” ¡El antónimo de transparencia es opacidad, o sea aquello que no permite ver a través de una cosa! Por eso, el Informe de Fiscalía de la ASOUTN es ¡Un ejemplo de transparencia! Ante tanta OPACIDAD en nuestra organización de educación superior universitaria.
Con fundamento en la Ley de Asociaciones Solidaristas el inciso a) del artículo 27 y de conformidad con las facultades indicadas en los artículos 51,52 y 53 de la misma Ley, así como lo dispuesto en los Estatutos de ASOUTN, Don Luis Miguel Segura Paniagua y don Vladimir Campos Chacón en su calidad de Fiscal 1 y Fiscal 2 nos presentaron el Informe Anual Fiscalía correspondiente al período 2023.
El Informe citado es una verificación a la ASOUTN, tanto de las actas de Asamblea General y Junta Directiva – que se pueden consultar en la página web de la ASOUTN. ¡TRANSPARENCIA TOTAL! Nos exponen ambos Fiscales, que no existen acuerdos pendientes de la Junta Directiva, que se dio un gran control interno, que el presupuesto garantiza la transparencia, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones de la organización. Puntualizan ambos Fiscales en un tema que advierten: “Utilidades del periodo, esta Fiscalía desea advertir sobre la caída de las utilidades que se viene observando en los últimos años”.
Como se puede observar exponen los Fiscales ASOUTN en el cuadro anterior, las utilidades del periodo 2022 presentaban una tendencia a la baja, sin embargo, para el periodo 2023 las utilidades mostraron un incremento del 334,19%y este se debe a varias situaciones: 1.Incremento en las tasas de rendimiento sobre las inversiones, así como la decisión de Junta Directiva de colocar inversiones a largo plazo cuando las tasas de intereses fueron muy atractivas. 2.Colocación de recursos en la línea de crédito mi primera casa. 3.Disminución de gastos (Unificación de un solo evento, Fiesta/Asamblea) 4. Eliminación de bonos (Bono navideño para niños, bono vacacional)”.
“Para el 2022, la Asociación contaba con una edificación de 4 apartamentos, de los cuales dos estaban ocupados para oficinas, uno utilizado como bodega y el otro como casa de habitación para alquiler. Para el 2023, como medida en la búsqueda de utilidades, la Junta Directiva tomó la decisión de eliminar el departamento utilizado como bodega y disponerlo como apartamento habitable. Dicho inmueble ya se encuentra alquilado por un monto de ¢240.000.00 (doscientos cuarenta mil colones 00/100) mensuales”.
Exponen también ambos Fiscales, sobre la “Asistencia a la Sesiones de Junta Directiva” Según información tomada del libro de actas suministrada por la Administración, durante el período 2023, – nos dicen- la Junta Directiva realizó un total de 28 sesiones, 25 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias. El Órgano de fiscalización comprobó la asistencia de cada uno de los miembros de esta Junta Directiva a las sesiones, determinando un 88.22% promedio de asistencia a las 28 sesiones. Sin lugar a dudas una comprometida participación de la Junta Directiva en la ASOUTN donde las ausencias fueron debidamente justificadas y corresponde a situaciones fuera de control de los directivos.
La Junta Directiva “trabajó en la revisión, actualización y publicación de siguientes reglamentos: ✓ Reglamento de Actividades Sociales. ✓ Reglamento de Asociados. Se realiza la revisión y autorización de cambio al Estatuto ASOUTN que serán presentadas en la Asamblea General para su aprobación”.
Se cuenta con órganos de participación como el Comité de Elecciones, el Comité de Actividades Sociales, Comité de Ética. En cuanto a los servicios brindados se cuenta con Librería.
Hay un tema sensible expuesto referido a Demandas por el traslado de aporte patronal a la ASOUTN específicamente del aporte patronal interinos. La fiscalía fue clara: “En relación a este tema la fiscalía desea informar las acciones realizadas por la Junta Directiva a la fecha: 1. Para el proceso de demanda, la cantidad de interinos que decidieron participar en el proceso fue de 39 personas. 2. De las 39 personas únicamente 22 funcionarios decidieron realizar el proceso de demanda con la asesoría legal contratada por la ASOUTN. Dichas demandas ya se encuentran en trámite a la espera de una resolución, algunas de ellas ya tienen sentencias favorables para nuestros asociados”.
Este es un tema sensible que se deberá tratar con las nuevas autoridades universitarias – Rector UTN- para establecer el compromiso de trasladar los aportes a los interinos asociados de ASOUTN. Hay que revisar todos los pronunciamientos de la PGR que establecían ciertas restricciones para la afiliación de interinos a una asociación solidarista y que teína que ver con la devolución de los aportes por cualquier motivo de finalización de la relación laboral, deberíamos indagar un poco más este tema, aunque ya existe un fallo de un juzgado o tribunal al respecto. Mientras que otros posibles aspirantes ni siquiera se han referido al tema y menos de manera pública el Dr. Fernando Villalobos Chacón, aspirante a la Rectoría UTN 2024-2028, ya estableció su compromiso de trabajar en esa dirección y dar solución justa a corto plazo a los interinos asociados de ASOUTN.
Por último, nos hacen recomendaciones los Fiscales ASOUTN: ✓ Incentivar la participación de los Asociados para ocupar cargos en la Junta Directiva. ✓ Incentivar la búsqueda y puesta en marcha de nuevos negocios que le generen nuevas y mayores fuentes de ingresos a la ASOUTN. ✓ Realizar campañas de divulgación para todos los asociados, orientadas a la formación y conocimiento de las normas y reglamentos de las Asociaciones Solidaristas, que permitan fomentar una cultura de arraigo, mejores criterios y análisis en la toma de decisiones. ✓ Realizar una revisión a los contratos de trabajo de los funcionarios administrativos de la ASOUTN, así como también de temas relacionados a pago de anualidades.
Por tanto, al César lo que es del César. Felicito como Asociado a la Junta Directiva ASOUTN y especialmente a Don Luis Miguel Segura Paniagua y don Vladimir Campos Chacón en su calidad de Fiscal 1 y Fiscal 2 por el Informe presentado. ¡Sigamos avanzando con el Movimiento Solidarista en la UTN! ¡Un ejemplo de transparencia!
Insulta la más elemental inteligencia humana, pensar en las grandes fortunas amasadas en Costa Rica, y en América Latina, en general, sin un Estado en función exclusiva de las burguesías locales, especializadas en lo que ahora los “gringos” llaman “puertas giratorias”, como modelo de “desarrollo” para mantener a nuestros pueblos en la sumisión, la indignidad y la ignorancia.
Hay diversas definiciones de “puertas giratorias”, pero todas remiten a una fina corrupción casi imperceptible, pero devastadora para las clases más pobres, gracias al “lobby” y la utilización de los cargos públicos para amarrar negocios y fortunas desde la función estatal, unas veces en secreto, y otras no tanto.
Indudablemente, con la llamada “fiebre del oro”, desde mediados del siglo XIX, la expansión del comercio con las metrópolis, el consumo del petróleo, el gas natural y otros vitales energéticos para el capitalismo, estas élites no tuvieron empacho en entregar concesiones mineras, ferrocarriles, petróleo etc., como hacen en el siglo XXI con el agua, la flora, la fauna, comercio, bancos, telecomunicaciones, carreteras, educación, sanidad, tecnologías propias, riquezas del subsuelo, tradiciones culturales, entre otras. Fue con esta concepción de Estado, en función de los intereses de las nacientes clases surgidas del despojo y saqueo llevados a cabo sobre los pueblos originarios, desde que, según la versión racista, fuimos “descubiertos” o se “encontraron dos mundos”.
A manera de ejemplo irrebatible – lo mismo puede citarse a Macri en Argentina, a Piñera en Chile o una larga lista de expresidentes peruanos – los cinco gobernantes mexicanos del periodo de capitalismo más agresivo terminaron como verdaderos maestros del lobby y las puertas giratorias.
En el marco de una consulta popular boicoteada por el instituto electoral, a fin de someter a juicio a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, se supo cómo los presidentes durante sus ejercicios o el de sus funcionarios hicieron de la llamada “puerta giratoria” toda una manera de vivir.
Y como en Nuestra América el “lobby”, la “puerta giratoria” o el “conflicto de intereses”, en la mayoría de los países, no es delito, o sus penas causan risa, todas estas conductas son “legales”, mas no morales, que importa poco, porque si la moralidad de estos tipos se mide por cuánto te dejó el paso por la función pública o cuántas prebendas obtuviste, interesa entonces solo cuántos escalones subiste dentro de la clase en que te mueves.
Idéntico caso pasa sí alguien en algunos de nuestros países tiene la entereza de pelear para elevar la corrupción administrativa activa o pasiva a delito similar a terrorismo, dados los estragos y terror que causa a las mayorías más vulnerables, enferma, sin casa, salarios de hambre etc., pues la “puerta giratoria” ya es parte de los negocios y poco importa la ética o la moral cuando se trata de dólares.
Uno de los personajes continentales que más ha llamado la atención en pleno siglo XXI, por caer en estas prácticas de corrupción, es el expresidente Ernesto Zedillo, quien privatizó en solo dos años el patrimonio industrial, histórico y cultural de México que eran los ferrocarriles nacionales.
Su administración otorgó concesiones de entre 20 y 50 años al Grupo México Transportes (Ferromex), Grupo Acerero del Norte, Peñoles, Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana y Grupo Triturados Basálticos (Tribasa).
Además, por la indignante cantidad de mil 400 millones de dólares, vendió el sistema a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Cabe mencionar que, luego de este proceso, el sistema ferroviario se dedicó únicamente a transportar materias primas, se abandonó el transporte de personas y diversas regiones en el interior del país quedaron incomunicadas.
Durante 2023 y 2024 México arreció la recuperación de aeropuertos y trenes. Actualmente construye, sin un centavo de deuda y solo cobrando impuestos y acabando con la corrupción, el Tren Maya de 1500 kms de línea férrea y un costo de$28500 millones.
Sin pretender quitar “méritos” a estos personajes presentes desde el rio Bravo hasta la Patagonia, es menester enfatizar que estas clases surgidas a raíz del despojo y el saqueo provocado por el holocausto contra los pueblos originarios vieron en el nacimiento de los nuevos Estados la posibilidad de aumentar su acumulación originaria, de la mano de lo que entendían entonces como “progreso”.
El intercambio comercial con las metrópolis fue la excusa perfecta para que el Estado naciente cediera rústicos embarcaderos, grades extensiones de tierras comunales para producciones de caucho, granos, entre otros. Luego a mitad del siglo diecinueve la sobre valoración del oro, el cobre, la plata, entre otros, como metales indispensables para el capitalismo industrial, facilitó que muchos de nuestros próceres dieran en concesiones canteras, minas, ferrocarriles, etc., por tiempo indefinido, a cambio, en muchos casos, de un pequeño porcentaje del negocio privado con los bienes pertenecientes a sus pueblos.
Con lo que representa hoy el petróleo, el gas natural, el litio, las tierras raras, el espectro electromagnético, el agua, la fauna, la flora, la sanidad, nuestros océanos y nuestras tecnologías, entre otras, para la mayoría de esas élites, enriquecidas al calor del Estado, su aliado “natural” resulta ser el actual capitalismo, en su fase más agresiva, a fin de evitar cambios en sus statu quo.
Por eso su democracia, referida únicamente a escogencia de sus cuadros cada cierto tiempo, a ritmo de fiestas y carnaval, cada vez es más oscura y es cosa exclusiva de tecnócratas. Nada de hacer públicas los actos y decisiones de la clase gobernante y mucho menos pensar en mecanismos de participación directa de sus pueblos en la “Res pública”.
Por el contrario, cuando en alguno de nuestros países aparece un pueblo exigiendo participación democrática directa, es porque existe en él algún grado de politización (a esta ayuda el acceso a educación de calidad, el debate de ideas y la rigurosidad en lo que emprendemos); entonces rápidamente es neutralizado con el relato de la politiquería, para evitar que avance su concientización.
Por eso otro mexicano merecedor de mención “honorifica”, con base a la cita bibliográfica arriba citada, es el gobierno encabezado por Felipe Calderón (2006-2012). Llegó al poder mediante un gigantesco fraude electoral, gracias al aparato electorero controlado desde adentro por los viejos partidos de la rancia burguesía, Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), la “prensa canalla” constituida por los emporios periodísticos, la radio y la televisión, defensores del “conservadurismo” o “neoliberalismo”, ha dicho en reiteradas ocasiones el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
El gobierno de Calderón quizá fue el que mejor aceite puso a la puerta giratoria, con un Poder Judicial mexicano que nunca vio nada y perdió del todo el olfato, junto sobrados arrurús provenientes de las administraciones estadounidenses por su valiente “guerra contra el narcotráfico”. Georgina Kessel, secretaria de Energía durante dicho sexenio, fue la encargada de implementar las licitaciones para abrirle paso a la inversión privada, favoreciendo en particular a las empresas Fenosa e Iberdrola, y debilitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Unos años después, tras abandonar su cargo, la exfuncionaria terminaría siendo parte del consejo de accionistas de Iberdrola. De igual forma, en 2016, el mismo Calderón, fue incorporado como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, compañía que surgió de la fusión entre la filial de Iberdrola en EE.UU. y UIL Holding. Esto, sin renunciar a la pensión de la que aún gozaba como exmandatario de México.
Este personaje político regional cobró relevancia por los estrechos lazos de su gobierno con la DEA y la CIA en la llamada “guerra contra el narcotráfico”, encabezada por su ministro Genaro García Luna. Fue designado por autoridades norteamericanas como el “mejor policía” en la lucha contra los carteles de la droga, hasta el 9 de diciembre de 2019, cuando cayó preso en Estados Unidos con cargos por corrupción.
Para el 1 de marzo de este año tienen previsto fijarle la pena de su condena, luego de enfrentar un rarísimo juicio que, como abogado sigo sin entender, pues circuló la versión periodística, que el fiscal prohibió a García Luna mencionar personas o a asuntos sobre los cuales no le preguntara.
El fenómeno de «puertas giratorias» es un ejemplo más de la corrupción que caracterizó al periodo neoliberal y a los sexenios anteriores, donde se unieron el poder político y el poder económico para beneficiar ciertos intereses por encima de las necesidades del pueblo mexicano. Ilustración tomada de: «Puertas giratorias»: expresidentes contratados por las empresas que beneficiaron.
Brincando hacia Chile, en el sur de nuestro continente, donde se insiste en el mejor experimento social y económico en torno a que la ausencia del Estado o la mínima expresión de él produce libertad, prosperidad y una variada gama de mantras acuñadas por estas élites, demuestra que en cualquier democracia, cuyos actos dentro de los poderes conserven zonas grises y no sean totalmente transparentes frente al pueblo, las puertas giratorias y otras desgracias, relacionadas con los bienes públicos, están presentes, empobreciendo a la gente.
Un estudio denominado “ la puerta giratoria de Piñera y Bachelet” (ver : https://www.ciperchile.cl/2014/12/05/ la-puerta-giratoria-de-pinera-y-bachelet/), demuestra como estas burguesías arrastran hacia ellas a grupos de ciudadanos interesados en la democracia participativa, conocidos por los convencionalismos tradicionales como “izquierdas”, “progres”, “ defensores del capitalismo del bienestar”, “luchadores sociales” etc.; algunos de ellos “líderes” en su momento en los cuerpos docentes, sindicatos, comunidades, entre otras, renunciaron luego de su pasado, al ser premiados con una curul, membresía en alguna junta directiva de banco, puesto de ejecutivo en esta o aquella institución, etc.
En otros casos, cada vez más notorios, si su conducta es de obediencia total y no produce peligrosos sobresaltos, el “premio” la Metrópoli lo entrega de inmediato y consistirá en becas, visa por tiempo indefinido, clases en Universidades o cátedras con salarios que no bajan de los $ 5000 mensuales, habitación y transporte. Siempre recuerdo al “presidente” Juan Guaidó como ejemplo de obediencia y premiación alcanzada: profesor destacado en una U de Miami, cómodo apartamento y salario que más de un “pensionado de lujo” se desearía por acá.
Este estudio sobre la “puerta giratoria” en Chile nos muestra, gracias a la Ley de Transparencia del Servicio Civil chileno, los flujos desde el sector privado de quienes son elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (eso excluye cargos de confianza, como ministros y subsecretarios). Desde 2004, en promedio, el 27% de quienes asumen estos cargos públicos proviene del sector privado. La tasa está muy por sobre el promedio durante la administración Piñera, con un 42% en 2010, 40% en 2011 y 36% en 2012. En 2013 la cifra cae a 24%, porcentaje que se mantiene durante el primer año de gobierno de Bachelet, aunque la cantidad de nombramientos por esta vía ha sido mucho menor.
En cuanto a las áreas más sensibles para al fenómeno de la “puerta giratoria”, los casos analizados para este proyecto dan cuenta de que la mayor cantidad de conflictos se dan en medio ambiente, seguida por minería, obras públicas y energía. Más atrás los siguen economía, laboral y política, y luego agricultura, salud y telecomunicaciones.
Dobles ocupó el cargo de ministro de Ambiente del 2006 al 2009, pero meses después de salir del puesto acordó una consultoría con la empresa petrolera Black Hills Corp, por la que obtendría beneficios adicionales en caso de realizarse explotación de petróleo en Costa Rica. El medio estadounidense The Dakota Scout reportó que sostiene una demanda contra esa empresa.
En años pasados, la “puerta giratoria” en Aviación Civil permitió repartir pasajes de avión a algunos de sus directivos para fines recreativos. Luego aparecen candidateándose para una curul legislativa. En otros casos, el marido fue electo diputado y años después, su esposa, cuñado o hija resultan “padres” de la patria, ministro o alto ejecutivo.
Otro caso ilustrativo en Costa Rica son los casos de algunos munícipes o alcaldes, que tras cuatro años de gestión, brincan hacia instituciones públicas, Asamblea Legislativa o terminan de asesores en empresas constructoras de trochas, pavimentación de carreteras etc.; cuando no pasan directamente de un ministerio, banco o instituciones autónomas a jetear su propia ONGs, fundación o empresa especializada en la atención de actividades que quitaron al Estado y ahora éste redirecciona fondos del pueblo costarricenses a estos personajes. ¡Mejor no sigo!
Me quedo con las preguntas inteligentes realizadas por la investigadora Ana Castellani en la Revista “Nueva Sociedad”: ¿Cómo afecta la articulación entre Estado y elites económicas la calidad de las democracias? ¿Es posible regular de forma efectiva la relación entre intereses privados y bienes públicos?
Estas preguntas, cobran relevancia en la agenda pública, ya que las relaciones entre elites económicas y elites políticas se visualizan más claramente que en el pasado. Varios gobiernos incorporan en sus filas a empresarios, gerentes corporativos y directivos de asociaciones del empresariado, lo que genera múltiples situaciones de conflictos de interés, captura institucional y deterioro de la autonomía. Pero hasta el momento este tema no ha concitado la suficiente atención regulatoria en América Latina. (Ver https://nuso.org/articulo/lobbies-y-puertas-giratorias/).
¡No se vale desmayar!
*Estudios en geopolítica y petróleo por la Universidad del Zulia, periodista, abogado y notario por la U.C.R
La TRANSPARENCIA es una de las condiciones básicas de la democracia.
El gobierno del presidente Chaves se precia de cumplir con ella, y lo pretende demostrar con las amplias conferencias de prensa de los miércoles.
Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que esa NO ES TODA LA VERDAD.
JUZGUE USTED.
Por no recibir respuesta a una carta con preguntas enviada al señor Presidente Chaves el 14 de noviembre, interpusimos un AMPARO ante Sala IV y fue declarado a nuestro favor, el 20 de enero por medio de SENTENCIA 2023- 001228.
“POR TANTO
Se declara parcialmente con lugar el recurso, solo en relación con los siguientes puntos de la gestión planteada por el amparado el 14 de noviembre de 2022: la solicitud del proyecto, así como los puntos A, B, C, E, G, I, J y M -solo en relación a “¿Se ha valorado la alternativa de plantas desalinizadoras de moderna tecnología, en uso en QATAR y otras zonas del Golfo y Medio Oriente?”. Se ordena a Natalia Díaz Quintana, en su condición de ministra de la Presidencia, o a quien ocupe tal cargo, que, de FORMA INMEDIATA, traslade el punto G) de la gestión planteada por el accionante el 14 de noviembre de 2022 al despacho correspondiente, a los efectos de que, en el plazo máximo de QUINCE DÍAS, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, pongan a disposición de la PARTE tutelada la información solicitada y se le notifique lo correspondiente al medio señalado para tales efectos.”
La ministra Natalia Diaz Quintana, tuvo el “apoyo” de un notificador que no pudo cumplir con encontrar el correo apropiado de Casa Presidencia por una semana. Aún así, vencidos todos los plazos establecidos en la sentencia, la MINISTRA DE LA PRESIDENCIA ha desobedecido la orden de los señores MAGISTRADOS DE SALA CONSTITUCIONAL.
Para nosotros, esto es muy grave. Muestra irrespeto al Poder Judicial.
Es una falta total de transparencia.
La violación a nuestro derecho de respuesta está demostrada.
La desobediencia judicial a la sentencia es clara.
En otro gobierno, ya se estaría pidiendo le RENUNCIA DE LA SEÑORA MINISTRA.
ANEXAMOS SENTENCIA Nº 2023- 001228 de la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas veinte minutos del veinte de enero de dos mil veintitrés.
El ambiente en el que nos encontramos es muy propicio para ocultar muchas situaciones que nos afectan y de las cuales no nos damos cuenta en virtud de que ese ambiente nos absorbe y dejamos de lado muchas cosas importantes. Y lo peor es que se unió el ambiente navideño con la euforia por el campeonato mundial.
Desgraciadamente por la falta de educación, por la falta de conciencia y de responsabilidad, la mayoría de la gente no se preocupan por lo que es importante y se deja envolver por cosas intrascendentes, por cosas que brillan o que tienen una cobertura periodística masiva.
Es muy normal que estos ambientes de excitaciones populares sean aprovechados por quienes deben de tomar decisiones políticas y que las toman aprovechando ese adormecimiento que logran las actividades. Ha sido normal que aumenten las tarifas de electricidad, o que aumente la gasolina o que se tomen acciones que al final afectará a la ciudadanía y en particular a los más vulnerables.
Esas acciones de quienes toman esas decisiones han sido por lo general ligadas a actos de corrupción, pues se aprovechan de una amnesia temporal para lograr sus propósitos, pero también hay que entender que la ciudadanía, que confía en quienes tienen el poder al fin y al cabo se ve traicionada por esos que deben tomar las decisiones.
Dios quiera que haya más transparencia y más equidad en la toma de decisiones, pero especialmente que no se actúe en forma traicionera para con el pueblo y que no se aprovechen de su descuido en virtud del ambiente temporal.
Mediante la ley 10053 de 20 de noviembre del 2021 se reformaron los artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública, por medio de la cual se obliga a los órganos colegiados de la Administración Pública así: “… deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente”.
Esto no es nuevo. Desde hace algunos años se busca “fortalecer la transparencia y fidelidad” y precisamente esa corriente fue la que trajo como hecho fundamental esta reforma.
Precisamente, una de las promesas de campaña del actual presidente de la República fue la de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno, lo cual parecía muy ligado a lo que la ley mencionada busca con la grabación de las sesiones.
Sin embargo, esa promesa fue repensada por el señor presidente y ha reconsiderado la misma indicando que ya no se hará tal cosa.
Podrían no transmitirse en vivo, sin embargo, y de acuerdo con la ley citada cuya vigencia y entrada en práctica lo era a partir del 11 de noviembre pasado, y siendo el Consejo de Gobierno un órgano colegiado de la Administración Pública, deberá necesariamente grabar en audio y video dichas sesiones y mantener el registro de ellas.
Desde luego que estas disposiciones legales pueden traer elementos de restricción a la hora de manifestarse y expresarse en las sesiones de los órganos colegiados, pues lo que se manifieste en ellos deberá quedar con el registro de audio y video, como ahora sucede con las sesiones del Poder Legislativo.
La transparencia y fidelidad en el ejercicio de la función pública se fortalecerá con la puesta en práctica de esta ley. Confiamos en que el cumplimiento de la misma sea generalizado en toda la administración pública.
Dios quiera que esto no limite a los funcionarios públicos en cuanto a sus manifestaciones y el ejercicio de sus cargos y que sea para bien de todo el país, pues veremos y escucharemos los fundamentos y las razones por las cuales se toman las decisiones que nos afectarán a todos.
Washington D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a Costa Rica para asegurar que la selección de la persona titular de la Fiscalía General y las magistraturas vacantes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se realicen de manera transparente, participativa y en cumplimiento a los estándares internacionales.
Desde agosto de 2021, está en desarrollo el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General para el periodo 2022-2026, quien deberá ser elegida por la Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas. Al respecto, la CIDH recibió información sobre algunos desafíos observados en el marco del proceso conducido por la Comisión de Nombramientos, tales como: falta de publicidad de documentos relacionados con las evaluaciones y calificaciones asignadas a las personas candidatas, o en la metodología y los criterios de evaluación de las entrevistas realizadas; la consideración de criterios que no están relacionados con la capacidad profesional como la nacionalidad y edad; entre otros.
Asimismo, según la información disponible, actualmente existen cuatro magistraturas vacantes en la CSJ. Una en Sala Constitucional, que estaría próxima a ser votada por la Asamblea Legislativa; otra en la Sala Tercera Penal, que estaría a la espera de una evaluación final; y dos en la Sala Primera, una de las cuales estaría ante la Asamblea Legislativa.
Las personas operadoras de justicia cumplen un rol esencial en el acceso a la justicia y la preservación del Estado de derecho. Por ello, de conformidad con los estándares internacionales y como se establece en el informe «Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia«, todo proceso de selección y nombramiento debe llevarse de forma estricta en condiciones de igualdad y sin discriminación, con base en méritos, capacidad, idoneidad y honradez para asegurar su independencia y evitar la discrecionalidad de los órganos en su selección. A su vez, se debe asegurar una adecuada representación de los diversos sectores sociales, en particular, garantizar la paridad de género en la integración de los órganos judiciales.
La publicidad y transparencia debe ser garantizada a lo largo de todo este proceso, y se debe asegurar una amplia participación de la sociedad civil y otros actores interesados a fin de que tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección, así como de expresar su opinión sobre las personas candidatas.
Frente a estas consideraciones, la CIDH llama al Estado de Costa Rica a asegurar que los procesos de selección de personas operadoras de justicia se conduzcan en consonancia con los estándares internacionales para evitar la discrecionalidad en la selección o su realización con base en intereses particulares y/o partidarios que pudieran socavar la independencia judicial; así como, proveer los recursos técnicos de personas y financieros suficientes a las entidades involucradas para que puedan desempeñar sus funciones de manera adecuada.
Finalmente, la Comisión saluda las recientes reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa y a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecen hacer públicas todas las votaciones realizadas, incluyendo la selección de magistraturas de la CSJ por parte la Asamblea Legislativa, y la selección de la persona titular de la Fiscalía General por parte de la Corte Suprema.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
José Manuel Arroyo Gutiérrez Ex Magistrado Corte Suprema de Justicia Profesor Catedrático Universidad de Costa Rica
Con la sensación personal de que se ha evitado caer en un abismo, la Corte Suprema, por segunda vez en los últimos años, logra escoger para presidirla a un Juez respetable, de mucha experiencia y credibilidad, que merece ser elevado a esa posición y que, aunque no esté de moda, sabe Derecho y conoce como el que más al Poder Judicial, sus fortalezas y debilidades. Ojalá el ilustre escogido logre cultivar el valor, la determinación y el aguante que los tiempos demandan.
Una vez designado el Magistrado Aguirre Gómez, después de un inusualmente largo y penoso proceso, muchas voces, desde distintos lugares, han señalado que ha llegado la hora de pasar la página. Hago votos para que esto signifique, entre otras cosas de importancia, deponer las peleas intestinas, apoyar la gestión de la nueva administración, y que algunos y algunas no le hagan la vida imposible a don Orlando, tal y como se la hicieron a doña Zarela Villanueva y a don Fernando Cruz, bajo la consigna nada edificante de: “quítate tú pa´ponerme yo”. Para ponernos en sintonía con el clima, ya esta lastimada democracia padece los efectos de un huracán imprevisible, irresponsable y potencialmente devastador desde el Poder Ejecutivo, como para que el Judicial entre en la misma dinámica.
Hago votos también para que una mayoría sensata de la Corte reconozca que esa nueva página, significa emprender de una vez por todas dos tareas impostergables: (1) la reforma integral y a fondo de la organización y funcionamiento del Poder Judicial, en coordinación, claro está, con la Asamblea Legislativa; y (2) como consecuencia de esa transformación, el aseguramiento de mecanismos de selección y promoción de los jueces, de todo nivel, que fortalezcan la independencia del Poder Judicial como institución y de la judicatura como elemento fundamental de control en un estado de derecho.
La última fase de la crisis de la Justicia en Costa Rica tuvo su momento álgido en el 2017. Sus consecuencias siguen marcando el momento histórico que todavía vivimos. El origen del mal está en una designación de la cúpula judicial por parte del Legislativo, una instancia naturalmente politizada y partidarizada, que cada vez más antepone la escogencia de “amigos confiables” antes que “profesionales probos e independientes”. No podemos olvidar que en aquél año, el archivo acelerado y sin fundamento de un expediente contra prominentes políticos, terminó con la salida de tres magistrados de la Sala Tercera y del Fiscal General de entones. Estaremos condenados a que hechos similares se repitan si no realizamos los cambios urgentes y necesarios.
Este problema era relativamente manejable en tiempos de estabilidad política bipartidaria, pero la atomización del poder, el fenómeno de la corrupción público-privada y la necesidad de controlar al Poder Judicial, han agravado los síntomas de una institucionalidad que ya no soporta los evidentes cuestionamientos y descréditos.
Respecto de la reforma integral del Poder Judicial hay camino andado. La propuesta más a fondo y completa está en el Expediente Legislativo No. 20.980, desdichadamente archivado. Se trata de una reforma a todos los artículos de la Constitución Política que tienen que ver con la organización y funcionamiento del Poder Judicial. Concebida la transformación sobre la base del modelo italiano de posguerra, probadamente independiente y despolitizado, en lo fundamental, crea un Consejo de la Judicatura para el gobierno y administración del Judicial; desaparece la Corte Suprema como tal, se organizan los tribunales supremos en todas las materias (para las competencias de casación); se asegura una carrera judicial con designaciones a cargo de ese Consejo conforme méritos, atestados y exámenes de ingreso y promoción; se democratiza la judicatura teniendo todos los jueces igual salario y diferenciándose sólo por sus competencias y especialidades; la Asamblea Legislativa deja de nombrar a los jueces del más alto rango y se logra así su despartidización. Aunque el Proyecto 20.980 establece un número de integrantes para este Consejo General de la Judicatura, de rango constitucional y órgano externo al mismo Poder Judicial, habrá que establecer esa cifra de integrantes con criterios técnicos y objetivos, pero en todo caso, debe dársele representación en su seno al menos a tres sectores: una mayoría compuesta por jueces y juezas escogidos en elecciones generales por los propios integrantes de la judicatura, con representación de distintos niveles y especialidades; y un número de concejales electos por la Asamblea Legislativa de entre juristas reconocidos, propuestos por la academia (Consejo Nacional de Rectores) y por el Colegio de Abogados (para la representación de litigantes). Este Consejo será presidido por el Presidente de la Corte Suprema, quien integra, por derecho propio, el órgano.
Aunque no hay modelo perfecto, que exorcice la influencia política o partidaria por completo, se pueden lograr importantes avances y neutralizaciones. Quizá la mayor dificultad de esta propuesta será la ardua reforma constitucional y legal que implica y además, como siempre, el riesgo de que el nuevo Consejo pueda ser influenciado y controlado por los políticos mediante los concejales a designar por la Asamblea Legislativa, o bien por los propios jueces-consejales que se presten a juegos políticos indebidos.
Desde lo interno del Poder Judicial también se han intentado propuestas. No puedo referirme a la última que se medio discutió porque, hasta el momento, ha sido abortada por falta de voluntad política de la misma Corte. Pero propuestas internas anteriores contienen transformaciones menos profundas que la descrita líneas atrás, pero que sin embargo, deberían tomarse en cuenta para un sano debate sobre el tema. Así, se ha propuesto que no se estaría eliminando la competencia de la Asamblea Legislativa para nombrar a los miembros de la cúpula judicial, pero sí se buscaría eliminar una serie de competencias que en la actualidad tiene Corte Plena. Se crea un Consejo de la Judicatura a lo interno del Poder Judicial que administre integralmente la carrera judicial; ni la Corte ni ningún otro órgano harían más nombramientos de jueces; se integraría este órgano con representación mayoritaria de jueces de distintas categorías y especialidades electos por el mismo colegio de la judicatura; la Corte tendría representación con un par de magistrados o magistradas por períodos cortos no reelegibles. Se prevé asimismo un Tribunal Disciplinario para la investigación y sanción de toda falta cometida por algún funcionario judicial; este tribunal especializado tendrá primera y segunda instancia; y también instruirá las denuncias contra miembros de la Corte Suprema, aunque la decisión última en estos casos corresponderá a la propia Corte. Se transforma el actual Consejo Superior en un Consejo de Administración para lo relativo al diseño y la ejecución presupuestaria, así como la administración del personal de apoyo de la institución. En resumen, la Corte no hará nombramientos (salvo los jerarcas del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el Consejo de Administración y el Jefe de la Defensa Pública; también tendrá que hacerlo en el caso del Auditor General). La Corte tampoco disciplinaría a nadie, salvo en última instancia a sus propios integrantes. En materia de gobierno y administración, la Corte definirá prioridades anuales o quinquenales de proyectos estratégicos para la justicia; aprobará los presupuestos anuales y vigilará su correcta ejecución. Mantiene el juzgamiento a miembros de los supremos poderes, la representación oficial del Poder Judicial y las obligaciones constitucionales para relaciones con otros poderes de la República.
Esta propuesta puede evitar el tránsito por una ardua reforma constitucional y legal, pero no resuelve el tema de la independencia necesaria en cuanto a los nombramientos de los integrantes de Corte Suprema, que los mantiene en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, creemos que puede contribuir a despejar la atrofiada agenda de Corte y democratizaría internamente la carrera judicial.
Finalmente me refiero a lo que ha ido diciendo el Estado de la Nación por medio de sus informes periódicos sobre el “Estado de la Justicia”. Si bien estos importantes análisis señalan problemas estructurales de gobierno y administración, en días recientes sus principales responsables han hecho un listado de prioridades que pasan por recomendar cinco temas principales: (a) la necesidad de reformas y mejoras normativas –se entiende de leyes ordinarias- referidas al funcionamiento del Poder Judicial; (b) la necesidad de implementar una “justicia electrónica” y aprovechar “la ciencia de datos” para asegurar el acceso a la justicia, así como la eficiencia, la simplificación y celeridad de los procesos judiciales y administrativos; (c) el desarrollo de la información y monitoreo de datos pertinentes para la toma de decisiones; (d) el fomento de la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, esto último mediante la retroalimentación con la ciudadanía usuaria, la implantación de votaciones públicas y la constancia en actas del trabajo de comisiones estratégicas: y (e) el aprovechamiento de los recursos humanos y su estrecha relación con la independencia de funcionarios y empleados. Según este último punto, habrá que actualizar los procesos de reclutamiento y elección, así como la evaluación de desempeño y la capacitación del personal.
Si bien se trata de propuestas científicamente elaboradas y bien documentadas, además de ser recomendaciones totalmente válidas, el problema, según lo veo, es que la crisis de la justicia en Costa Rica es esencialmente política, no técnica. Sin una reforma estructural a fondo, no se le podrá dar solución a los graves síntomas que detecta El Estado de la Justicia. Sólo reparar en el hecho de que desde hace décadas ni la Corte Plena ni el Consejo Superior pueden realizar una efectiva vigilancia y control sobre la administración de justicia, nos lleva a la conclusión de que sin esas reformas estructurales, básicamente la separación de las tareas de gobierno de las tareas jurisdiccionales- no habrá cambios técnicos que valgan.
En fin, creo que no hay que pasar de página; hay que cambiar de libro.
Nosotros, juristas provenientes de diversos países de América y Europa, nos unimos al llamado de distintos sectores de la comunidad costarricense para pedir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con el mayor respeto, que con ocasión de la elección de su Presidente, adopten un procedimiento que garantice la total transparencia del acto mismo, y de sus resultados.
Desde nuestros respectivos países hemos seguido el desarrollo de los acontecimientos relacionados con dicha elección, y nos ha chocado su carácter hermético, que induce a pensar en la existencia de pugnas de poder y choques de influencias políticas (en el peor sentido de la palabra) que, si efectivamente se dieran, tendrían como secuela, ya en el corto plazo, pero sobre todo en el mediano y largo plazos, las peores consecuencias en el plano de la institucionalidad y de la tutela de los derechos.
En algo de trascendental importancia como es la elección del Presidente del Órgano Judicial de un Estado democrático, debe asegurarse que todo transcurra dentro de la más absoluta corrección. Como lo han declarado en estos días grupos de ciudadanos costarricenses, ‘la defensa de las respectivas candidaturas debe transcurrir ordenada y públicamente, fundamentada sobre la base de las virtudes, la excelencia moral e intelectual, el impecable desempeño del trabajo de cada candidato. Todo conciliábulo, toda componenda bajo la mesa debe ser desterrada’.
Costa Rica puede, una vez más, ser ejemplo de civilidad entre las Naciones del Orbe.
En la Casa de Todos, el día 21 de setiembre de 2022.
Luigi Ferrajoli, Filósofo, profesor emérito Universidad de Roma III, escritor (Italia) Carlos Elbert, Criminólogo, investigador, literato (Argentina) Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado emérito del Tribunal Supremo (España) Jaime Cárdenas, profesor de UNAM, exdiputado federal. (México) Luis Carlos Moro, abogado, miembro AAJ Continental (Brasil) Héctor Silveira, profesor Universidad de Barcelona, investigador (España) Tamar Pitch, investigadora y docente, Universidad de Camerino, escritora (Italia) Luca Loschiavo, profesor Universidad de Teramo, investigador (Italia) Sebastiano Tafaro, profesor emérito Universidad de Bari (Italia) Sandro Schipani, profesor emérito Universidad de Roma I, La Sapienza (Italia) Juarez Tavares, catedrático Universidad de Rio de Janeiro (Brasil) Stewart Istvanffy, abogado e investigador, Montreal (Canadá) Willys Guerra, catedrático Universidad de Sao Paulo (Brasil) Laura Tafaro, profesora de la Universidad de Bari (Italia) Martonio Mont’Alverne Barreto Lima, catedrático Universidad de Fortaleza (Brasil)
Compartido con SURCOS por Walter Antillón Montealegre.
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), Rama Costarricense, estima correcto y conforme con sus principios respaldar las peticiones de algunas organizaciones y grupos nacionales e internacionales que instan a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a adoptar el voto público para la elección de su Presidente.
Las razones son obvias: la singular importancia que la elección del Presidente de la Corte Suprema tiene para un Estado Democrático, obliga al aseguramiento de que dicho proceso transcurra en términos de la más completa transparencia y de la más estricta corrección; lo cual excluye, por definición, todo lo que no sea el debate de ideas y la exposición de las cualidades morales e intelectuales, la preparación científica, la experiencia y la trayectoria laboral de los candidatos, todo ello expresado a través de votos bien razonados de parte de los magistrados electores.
La Corte Suprema de Justicia debe dar al País el mejor ejemplo de transparencia y de juego limpio.
Nosotros, ciudadanos costarricenses, nos unimos al llamado proveniente de muchos sectores de nuestra comunidad, para pedir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en la elección de su Presidente adopten el voto público.
Hemos venido observando, con creciente preocupación, la muda contienda que se prolonga semana tras semana sin ostentar credenciales o argumentos persuasivos por una u otra de las partes: un pulso silencioso que hace adivinar una intensa y afanosa refriega entre bambalinas a quién ofrece más, a quién exhibe mayores poderes o influencias, presiona más, amenaza más o menos veladamente. Un trasfondo indigno de la más alta instancia de Justicia.
La elección del Presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene que revestir la prestancia de un acto de ejemplar civilidad. La defensa de las respectivas candidaturas debe transcurrir ordenada y públicamente, fundamentada sobre la base de las virtudes, la excelencia moral e intelectual, el impecable desempeño del trabajo de cada candidato. La votación secreta debe reservarse para situaciones realmente excepcionales, en las que la publicidad del voto ponga en peligro la vida o la integridad de las personas.
Es tiempo de que la Corte Plena abandone el mecanismo del voto secreto, una práctica que la desprestigia ante la Nación y ante el Mundo, para dar lugar a un debate leal y transparente que culmine en una votación de viva voz.
San José, 22 de setiembre de 2022.
Arnoldo Mora Rodríguez, catedrático jubilado
Alvar Antillón Salazar, escritor, exembajador
Vernor Arguedas Troyo, catedrático jubilado
Mirta González Suárez, profesora, novelista
Manuel Antonio Solís Avendaño, sociólogo, docente e investigador
Sergio Reuben Soto, economista, catedrático
Eric Alfredo Chirino Sánchez, abogado, catedrático
Gilberto de Castro Lopes, periodista, profesor universitario
Yolanda Bertozzi Barrantes, abogada
Francisca Raventós Vorst, socióloga, docente e investigadora
Isabel Montero Mora, abogada, profesora universitaria
Elizabeth Odio Benito, abogada, profesora emérita, jueza internacional
Daniel Flores Mora, psicólogo, profesor emérito
Isabel Duca Durán, filóloga, profesora universitaria
Jorge Rovira Mas, investigador, catedrático
Héctor Ferlini-Salazar, comunicador
José Joaquín Ureña Salazar, abogado penalista
M.Sc. Ana Elena Obando M., abogada feminista de derechos humanos
Paula Ximena Dobles, socióloga, docente universitaria
José María Gutiérrez Gutiérrez, profesor Emérito Universidad de Costa Rica
Rafael González Ballar, Director del Posgrado de Derecho de la Universidad de Costa Rica
Lic. Benjamín Sevilla García, abogado
Viviana Rovira Maruri, psicóloga social y activista Derechos Humanos
Larissa Arroyo Navarrete, experta en derechos humanos
Nia Salas Gómez, Colectivo Profesionales para la Ciudadanía
Sonia Navarro Solano, abogada
Patricia Howell Aguilar, cineasta y activista feminista
José Pablo Cascante Suárez, abogado
José Manuel Arroyo Gutiérrez, exmagistrado
Luis Guillermo Herrera Castro, profesor pensionado de derecho UCR
Flora Fernández Amón, empresaria
José Molleda Pernas, comerciante
Alexander Jiménez Matarrita, filósofo
Guillermo Antonio Arroyo Gutiérrez, ingeniero civil
Marta Eugenia González Madriz, pensionada Ministerio de Justicia, máster Educación en Derechos Humanos
Hernán Rodrigo Salazar Salazar, ex juez penal
Ana Eugenia Sáenz Fernández, abogada
Juan Carlos Esquivel Favareto, abogado/notario
Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, catedrático UCR jubilado
Melania Monge Rodríguez, profesora UCR jubilada
Erika Linares Orozco, abogada y activista por los Derechos Humanos
Neddy Zamora Chacón, socióloga pensionada
Jaime Robleto Gutiérrez, juez de Apelación de Sentencias Penales
Jorge Delgado Salazar
Blenda Ivette Solano, pensionada CCSS
Patricia Salgado Muñoz, jubilada
Margarita Bolaños Arquín, antropóloga
Omar Contreras, administrador de empresas con énfasis en Banca y Finanzas
Emilia Molina Cruz, exdiputada
Habib Succar Guzmán
José Manuel Ortiz Durman, abogado y notario público
Mario Alberto Sáenz Rojas, profesor universitario
AnaLucia Hernández D
Johana Castro Zamora, jubilada Jupema
Marta Muñoz Cascante
Olman Montero Salazar
Ivannia Monge Naranjo, abogada y feminista
Rita Méndez Villalobos, regidora municipal
Otto Luis Castro Ríos, pensionado
Paquita Cruz Villalobos
Gonzalo Chacón Segura – empresario
María Elena López Núñez
Rosa Lía Guerrero Rojas, pensionada
Hannia Franceschi Barraza, profesora universitaria jubilada
Eric Gutiérrez Rojas, abogado
José María Tijerino Pacheco
Erick Gatgens Gómez, abogado
Giselle Boza, periodista y abogada, profesora universitaria
Marcial Rodríguez Garro, topógrafo
Manuel Rojas Salas, abogado y docente universitario
Cristina Rojas Rodríguez,exvicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, ex Jueza Superior Penal y coordinadora de la Oficina de Cooperación y Relaciones del Poder Judicial, jubilada
María de los Ángeles Salvadó Sánchez, administradora de negocios
Guillermo Enrique Molina Araya
Nora Garita Bonilla, socióloga
Roberto Salom Echeverría, sociólogo, jubilado
Flor Vargas Hernández, bibliotecaria
Gisele Rivera Chacón, abogada
Henry Mora Jiménez
Ana Carter Fonseca, jubilada
Carlos Arguedas Ramírez
Patricia Carrillo Valverde, pensionada
Vilma B. Mesén Madrigal, abogada y notaria
Sandra Madriz Muñoz, abogada
Virginia Acuña Montero, licenciada en Educación
Carlos Brenes Castillo, sociólogo
Wesley Valenciano Solano, abogado
Alexánder Sánchez Mora, filólogo, profesor universitario
Alberto Coto T., administrador de empresas, licenciado en contaduría, licenciado en finanzas
MSc. Maribel Gutiérrez Villalobos, máster en administración de justicia penal
Mag. Carmen María Marín González, trabajadora social
Guido González Méndez, psicólogo
Licda Berenice Retana Ureña
Emilia Ureña Solís, abogada
Marcela Echandi Gurdián, profesora de Filosofia y abogada
Olga Guzmán Mora, psicopedagoga, docente de la UCR
Jorge Eduardo Cartín Elizondo, químico, abogado
MSc. Myrna Alvarado Roldán, abogada y notaria
Fleyken Cerdas Hernández, abogada
Yadira Matarrita Brenes, editora pensionada
Carlos Manavella, decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad para la Cooperación Internacional
Mauricio Castro Méndez, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica
Juan Agustín Salas Rojas
John Brenes Rodríguez, abogado litigante
Jorge Luis Morales García, juez de apelación de sentencia penal
Carlos Acuña Montero, biólogo, jubilado
Ana María Botey Sobrado
Carlos Francisco Echeverría Salgado, jubilado
Tathiana Flores Acuña, experta en derechos humanos y derecho internacional humanitario
Salvador Morales Navarro
Yamilé Salas Sanz, jubilada
Ana Ruth Quesada Bonilla, terapeuta en adicciones, promotora de derechos humanos de las personas con dependencia de alcohol y sustancias psicoactivas en pobreza extrema
Beleida Alfaro Quesada, administradora de empresas
Sonia Sandí Zúñiga, abogada, secretaria general adjunta sindicato Sitrajud
Rosibel Rios Carvajal, defensora de derechos, Justicia Paz e Integridad de la Creación Claret de C.R.
Alice Ramírez Ramírez
Juan José Vargas León, secretario técnico Foro de Justicia
Emilia Trigueros Flores
Denia Pacheco Moreira, abogada y notaría pública
Ignacio Rodríguez Sancho
Casta Arana, pensionada
Esteban Araya Vargas, computación
Rita Maxera Herrera, abogada, profesora
Manuel Araya Incera, catedrático UCR jubilado
Ma. Catarina Goldoni Ruiz, profesora jubilada
Roberto Zeledón Arias, asesor legislativo de ANEP
Marcia Aguiluz Soto, abogada y defensora de derechos humanos
Evelyn Salas Sanz, jubilada
Carolina Hidalgo Herrera, abogada y expresidenta de la Asamblea Legislativa
Antonio Ortega Vindas, abogado, ex-juez de juicio, jubilado
Juan José Vásquez Vargas, economista
Ana Helena Chacón Echeverría, ex vicepresidenta de la República
Saray Córdoba González, profesora jubilada
Isabel Trejos Trejos, educadora
Ronaldo Hirsch Keibel, profesor emérito UCR
Gina Araya Araujo, abogada e internacionalista
Carlos Bonilla Avendaño, abogado
Dr Juan Boza Cordero, matemático jubilado, investigador CIMPA – UCR
Alejandra Manavella Suárez, abogada defensora de derechos humanos
Marjorie Moreno Salas, psicóloga clínica
Marcela Guerrero Campos, exministra de la Condición de la Mujer, expresidenta Ejecutiva IFAM, exdiputada
Marisa Batalla Chacón, periodista especializada en derechos humanos y género
Walter Antillón Montealegre, abogado y profesor emérito
Myriam Jinesta Moreira
Lic Coralia Pacheco Moreira, educadora
Carmen María Muñoz Quesada, periodista, exdiputada y ex viceministra de Gobernación y Policía
Ivette Carranza Cambronero, jueza
Laura Guido Pérez, politóloga y exdiputada
Ana Carcedo Cabañas, físico matemática
Víctor Hugo Cordero Murillo, jubilado
José Pablo Carballo Chavarría, estudiante de Derecho e Ingeniería Química
Adán Carmona Pérez, abogado y profesor universitario
Roy Rojas Estrada, abogado
Dra. Sara Sharratt, psicóloga clínica
Freddy Calderón Chaves, abogado
Marta Eugenia Odio Benito, trabajadora social, abogada especialista en Derecho Internacional Público, catedrática de la UCR
Bernal Herrera Montero, profesor emérito UCR
Alex Guevara Meza, trabajador social, estudiante de Derecho
Guillermo Vargas, jubilado del Magisterio Nacional
