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Etiqueta: TSE

El sometimiento policial y de la Seguridad Pública ante el Tribunal Supremo de Elecciones

Vladimir de la Cruz

El pasado 1 de octubre dio inicio oficialmente el proceso electoral de Costa Rica, para cambiar al presidente de la República, sus dos vicepresidentes y la integración de los 57 diputados del Poder Legislativo.

Las elecciones se realizarán simultáneamente el primer domingo de febrero del 2026. Si en esa fecha ningún candidato presidencial, de los 20 inscritos, alcanza el 40% de los votos, se procederá a una segunda vuelta con los dos que hayan obtenido la mayor cantidad de votos o el mayor porcentaje electoral. Esta segunda ronda se resolverá, por simple mayoría entre esos dos candidatos el primer domingo de abril del 2026.

Los diputados electos el primer domingo de febrero asumen su curul legislativa el primero de mayo del 2026 y el ocho de mayo, ante ellos, el nuevo presidente de la República, por un período de cuatro años asume la presidencia de la República.

El proceso electoral es absolutamente blindado, seguro y hasta ahora ha sido eficaz y confiable a los ciudadanos.

Resultado de la guerra civil, de marzo y abril de 1948, en Costa Rica se produjo un cambio político radical. La causa de la guerra fue la anulación de un resultado electoral presidencial a favor del periodista Otilio Ulate Blanco, frente al “socialcristiano”, reformista, aliado de los comunistas, Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, que aspiraba a una reelección, después de haber sido presidente de la República, en el periodo 1940-1944, luego de haber impulsado una reforma social muy avanzada, que comprendió la aprobación del Código de Trabajo, en 1943, y la incorporación a la Constitución Política del Capítulo de las Garantías Sociales, en 1943.

El gobierno que le siguió, del Lic. Teodoro Picado, de 1944 a 1948, fruto de una coalición con los comunistas, aprobó, entre otras cosas, una Reforma Tributaria y un Código Electoral, en 1946, para garantizar “pureza en los sufragios” para evitar situaciones de “fraudes” en procesos electorales como los que se habían cuestionado anteriormente.

Los insurrectos, defensores de su victoria, enemigos políticos de los derrotados, contrarios a las reformas sociales y a la alianza existente con los comunistas, ante la anulación de las elecciones que perdía Calderón Guardia, se levantaron en armas a favor del resultado electoral para Otilio Ulate. Triunfados, los insurrectos se impusieron por dos años a Ulate, quedándose en el poder hasta el 7 de noviembre del 1949, llamando a ese período de Gobierno como el de la Fundación de la Segunda República, que se extiende en tiempo histórico hasta hoy.

Durante los 19 meses de gobierno de la Junta Fundadora de la Segunda República se hicieron reformas muy importantes. Se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la actual Constitución Política, se mantuvo el Código Electoral. Al Tribunal Nacional Electoral, que había nacido con el Código Electoral en 1946, se le cambió de nombre por Tribunal Supremo de Elecciones, otorgándosele luego el carácter de Poder de la República, junto al Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con igual nivel jerárquico, independencia administrativa, exclusividad e indelegabilidad de sus funciones. También, se abolió el Ejército como institución permanente en Costa Rica, sustituyéndose por una Fuerza Pública policial.

Entre las decisiones que se tomaron se estableció al Tribunal Supremo de Elecciones como el órgano director y organizador de todos los procesos electorales, cuyas resoluciones sobre los resultados electorales son inapelables. Así ha sido desde 1949 hasta hoy.

Todos los procesos electorales presidenciales, los 18 que ha habido, han sido respetados en sus resultados. Sobre ninguno de ellos se ha cuestionado nada relacionado con el proceso electoral. Esto ha provocado en estos 76 años un alto nivel de cultura política, cívica y electoral sobre la validez de los procesos electorales, al punto que, al día siguiente de cada proceso electoral, el resultado es aceptado y validado popular, política y nacionalmente por todos los partidos políticos que participaron en cada proceso electoral y por los seguidores de ellos, así como por los abstencionistas electorales de urnas y por los que no se presentaron a votar.

Un elemento destacable de estos procesos electorales y de la institucionalidad política costarricense, es que toda la Fuerza Pública, la fuerza policial, desde el primer día que inicia el proceso electoral, el 1 de octubre, hasta el día final que termina el mismo, con sus resultados electorales validados, se somete en mando supremo al Tribunal Supremo de Elecciones. Se le quita el mando de la Fuerza Pública al Poder Ejecutivo y se pasa al “Poder” electoral, garantizando con ello que el Poder Ejecutivo no puede presionar ni usar de ninguna manera a las fuerzas policiales, “armadas”, en su poder y mando para actuar sobre el proceso electoral. El Ministerio de Seguridad, puesto así, queda subordinado durante todo el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones, situación que no se da en ningún país del continente Americano, por más democráticos que puedan llamarse. Lo usual en todos esos otros países es que las Fuerzas Armadas, los Ejércitos y los militares, ocupen un lugar destacado en el manejo del proceso electoral, especialmente relacionado con el cuido, manejo de las urnas electorales y de sus traslados a los recintos donde se cuentan los votos.

La organización electoral, en Costa Rica, desde la producción del material de votación, la distribución del mismo a las distintas Juntas Electorales, queda en mano del Tribunal Supremo de Elecciones y no de la Fuerza Pública policial, así como la recolección de las tulas electorales, con las boletas o papeletas de elección, que las disponen para su entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, los miembros civiles, no militares, representantes de los partidos políticos en las mesas electorales, dejándose copia de los resultados todos los miembros de los partidos políticos que participan del conteo de los votos.

En todo el proceso electoral no participan de manera directa las fuerzas policiales, más allá de estar supeditadas al Tribunal Supremo de Elecciones para garantizar de esa manera los comicios electorales.

El que esto escribe fue candidato en tres ocasiones a la presidencia de la República, en 1998, 2002 y 2006. En una de esas elecciones se presentó una situación particular, en dos mesas electorales, en dos pueblos y recintos electorales muy alejados entre sí, en Desamparados de la Provincia de San José y en Talamanca, en la Provincia de Limón.

Las juntas electorales se integran con ciudadanos, civiles, no militares ni policiales, representantes de los diversos partidos políticos que participan en las elecciones, que así los nombran. En ambas mesas electorales, curiosamente, casi a la misma hora, alrededor de las 10 de la mañana, se presentaron los siguientes hechos: en una se presentaron policías armados a ejercer su derecho de voto. En la otra, ingresó a la Escuela del recinto electoral, un vehículo policial con policías armados a ejercer su sufragio. En ambos casos, las juntas electorales actuaron de igual manera. Impidieron que los policías “en armas”, portando sus pistolas, ingresaran de esa manera a los recintos electorales, obligándoles a “desarmarse” y a retirar de la escuela, donde estaban las Juntas Electorales, los vehículos policiales. Los policías protestaron y se negaban a dejar sus armas. En ambas situaciones las Juntas Electorales suspendieron el proceso de votación mientras se consultaba al Tribunal Supremo de Elecciones, las situaciones que se estaban dando. El Tribunal fue contundente y en minutos resolvió que las Juntas Electorales tenían razón y que los policías, bajo las órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, debían desarmarse para entrar a ejercer sus derechos electorales.

Esta es una situación realmente única en el mundo. Difícilmente hay otro país en que en el proceso electoral así se actúe, con las fuerzas militares y policiales bajo el poder y el control de los Órganos Electorales competentes y constitucionales. Este es parte del valor democrático de la sociedad costarricense.

En la ceremonia de traslado de mando de la Fuerza Pública al Tribunal Supremo de Elecciones, del pasado primero de octubre, el presidente de la República, como autoridad superior del Poder Ejecutivo participó del acto protocolario con muy mala cara. No se le veía satisfecho, contento de entregar el mando policial a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, habida cuenta que en dicho acto se le restaba fuerza y se le quitaba el argumento de que el Tribunal Supremo de Elecciones venía fraguando un posible Golpe de Estado, motivo por el cual él, el presidente, convocó a la Reserva Nacional, para resguardar su seguridad política y la del Estado.

Igualmente, en sus discursos provocadores, destacaba que, junto con la Reserva Nacional, la fuerza pública que le protegía se duplicaba en efectivos en armas frente a cualquier intento de golpistas o posibles insurrectos contra su gobierno. Obviamente, si sigue con la cantaleta del Golpe de Estado, no solo contra su gobierno sino también contra su candidata, entenderá que ahora el Tribunal Supremo de Elecciones tiene a su cargo la Fuerza Pública, e institucionalmente es el jerarca superior de todas las fuerzas policiales del país.

¿Y la Reserva Nacional? ¿Está funcionando? ¿Bajo cuáles autoridades o jefaturas, o bajo cuál Ministerio, el de Seguridad o el de la Presidencia, o como guardia personal del presidente de la República?

Si la Reserva Nacional está organizada, convocada y funcionando, también debe someterse en obediencia de mando ante el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿O no es así?

¿Por qué en la ceremonia de traspaso de Banderas de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública, que se le entregó en mano a la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, no se hizo lo mismo, simbólicamente al menos, con los distintivos y efectivos y contingentes de la Reserva Nacional? ¿Se está violando la Constitución Política? ¿Sigue la Reserva Nacional, si está organizada y entrenando como lo ha venido haciendo, como una policía especial del presidente, como eran las policías del Partido Nazi alemán, desde 1921, la SA, (la Sturmabteilung), o las tropas de asalto, que actuaron en la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, y las SS (las Schutzstaffel), que se mantuvieron hasta el final de la II Guerra Mundial, protegiendo al dictador?

Si la Reserva Nacional (reserva@msp.go.cr) está convocada, organizada y entrenando oficialmente, debe realizarse oficialmente, también, una ceremonia mediante la cual se someta en obediencia institucional y policial militar ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Igualmente, debe sancionarse a las autoridades que no trasladaron ese mando como constitucionalmente está establecido, ocultándolo, sea el presidente de la República, con el “ejército” que lo considera casi privado suyo o los altos jerarcas ministeriales del Ministerio de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero y Manuel Jiménez Steller, el viceministro de las Unidades Especiales, como lo eran la SA y la SS de Hitler.

Compartido con SURCOS por el autor.

Fraude electoral

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.

Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.

Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.

Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.

Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.

Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia política de cualquier tipo, incurre en fraude.

En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.

Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.

Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.

A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!

Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.

Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.

Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.

Óscar Aguilar Bulgarelli: “No hay golpe de Estado, hay defensa de la ley y de la democracia”

El historiador y analista nacional Óscar Aguilar Bulgarelli se refirió al reciente acuerdo del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero presidencial al mandatario Rodrigo Chaves Robles, tras considerar que ha incurrido en beligerancia política, lo cual está prohibido para el cargo según la legislación costarricense.

Aguilar explicó que el procedimiento aplicado por el TSE se encuentra claramente establecido en el artículo 270 del Código Electoral, aprobado en 1996, el cual determina que, ante una acusación de beligerancia política, el Tribunal puede rechazarla o remitirla a la Inspección Electoral para su investigación. Si esta instancia considera que existe mérito, eleva el caso nuevamente al Tribunal, que puede entonces solicitar el levantamiento del fuero presidencial.

“Así de fácil: es un procedimiento legal”, afirmó el historiador, señalando que las denuncias contra el presidente no son recientes, sino que se remontan a diciembre del año pasado. “Las últimas fueron presentadas en marzo de este año por un grupo de ciudadanos en el que también participé”, añadió.

Aguilar recordó que el mandatario ha sido denunciado reiteradamente por acciones contrarias a la neutralidad política y cuestionó las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, quien calificó la solicitud del TSE como un “golpe institucional”. “¿Qué entenderá esa señora por eso? —preguntó—. Golpe institucional sería que las mismas instituciones se dieran un golpe de Estado a sí mismas. Cuando se acata la ley no hay golpe. El problema es cuando no acatan la ley, como el presidente y como usted, doña Pilar”, expresó.

El historiador insistió en que las denuncias tienen sustento legal y no responden a motivaciones partidarias. “Nada tiene que ver con el Partido Liberación Nacional ni con acusaciones políticas. Todo eso son tonteras, maneras de ocultar la verdad. La verdad es que han violado la ley, y la ley está para cumplirse”, señaló.

Aguilar citó también el artículo 166 del Código Electoral, que establece que si, tras las investigaciones y audiencias correspondientes, el Tribunal determina que se ha cometido delito, puede solicitar la destitución del presidente. “Ahí sí, pero es cumpliendo la ley. Ahí no hay golpe”, enfatizó.

El analista advirtió que la ciudadanía no debe caer en la indiferencia frente a estos hechos, porque ello pondría en riesgo la democracia costarricense. “Si los costarricenses seguimos siendo indiferentes, vamos a matar la democracia”, manifestó.

Aguilar afirmó que el mandatario ha violado el Código Electoral en al menos 25 ocasiones, de las cuales el TSE solo ha señalado 15 en esta acusación, además de tener “más de un centenar de causas abiertas en la Fiscalía”.

Concluyó su intervención reiterando que el país no enfrenta un golpe de Estado, sino una defensa de la ley y del principio democrático.

“Aquí no hay golpe de Estado. Aquí hay defensa de la ley. Aquí hay el principio de que el ciudadano tiene una ley que lo protege para que no nos roben la democracia. Eso es lo que estamos haciendo.”

Frente Amplio aprueba reglamento para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en la política

El Partido Frente Amplio (FA) aprobó su Reglamento para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, un instrumento que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres dentro de la organización y en el ámbito público.

El documento, ratificado por la Asamblea Nacional del partido, se enmarca en la Ley N.º 10235, que regula este tipo de violencia en Costa Rica, y desarrolla un procedimiento interno específico para investigar y sancionar conductas basadas en género que afecten la participación política femenina.

Estructura y principios del reglamento

El texto consta de cinco capítulos:

  1. Objetivo y ámbito de aplicación. Define que el reglamento protege a todas las mujeres afiliadas, candidatas, funcionarias y representantes del FA, garantizando su derecho a una vida libre de violencia política.

  2. Definiciones y manifestaciones. Precisa los conceptos de violencia política y discriminación, e incluye ejemplos concretos de comportamientos que constituyen violencia, como obstaculizar funciones, difundir información privada, discriminar por embarazo o invisibilizar el trabajo de una mujer en espacios partidarios.

  3. Procedimiento. Establece los principios de confidencialidad, no revictimización y debido proceso. Crea mecanismos de denuncia, plazos para investigación, acompañamiento legal y psicológico, y la posibilidad de medidas cautelares para proteger a las denunciantes.

  4. Sanciones. Detalla las medidas disciplinarias que puede imponer el Tribunal de Ética del partido, que van desde amonestaciones privadas hasta la expulsión, según la gravedad de los hechos. Incluye agravantes como la repetición, el uso de medios digitales o la afectación a familiares.

  5. Disposiciones finales. Indica que el reglamento entra en vigor tras su publicación en la página oficial del FA y su comunicación al Tribunal Supremo de Elecciones.

Prevención, acompañamiento y transparencia

El reglamento crea mecanismos para que las mujeres víctimas de violencia política puedan acceder a asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres del FA, además de articular con los servicios del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

También establece que las sanciones firmes deberán notificarse al TSE y al INAMU, con el fin de mantener un registro público de casos sancionados, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en materia de derechos de las mujeres.

Enfoque integral

Con este reglamento, el Frente Amplio busca consolidar una política interna coherente con su ideario de igualdad y justicia social. El texto no solo regula los procedimientos sancionatorios, sino que promueve una cultura partidaria de respeto, equidad y participación plena de las mujeres en todos los niveles de decisión.

📄 El reglamento completo puede descargarse y consultarse en detalle aquí:
Reglamento del FA sobre violencia contra las mujeres en la política (PDF)

Cambios en la Policía

Rodrigo Cabezas Moya.

Rodrigo Cabezas Moya

Desde ayer entró en vigor el mandato constitucional que trasfiere todas las funciones policiales relacionadas con el proceso electoral al Tribunal Supremo de Elecciones.

Con la paz que hemos tenido durante tantos años, posiblemente muchos ciudadanos no valoran la necesidad o magnitud de este proceso.

Nací en 1938, recuerdo con toda claridad la Campaña Política de 1944, antecedente de la Guerra Civil de 1948. Fue una campaña violenta en donde el gobierno de turno usó la policía para reprimir plazas públicas del partido de oposición. En ese entonces vivía a 125 metros de la Plaza Iglesias, en Alajuela en donde el candidato Otilio Ulate celebró una manifestación donde vi a policías montados a caballo golpear con macanas a manifestantes pacíficos; de hecho, un amigo de mi familia fue golpeado en la cabeza y sangraba profusamente. En el mismo sitio, un miembro civil del gobierno sacó un revolver para intimidar a quienes lo reconocieron. Estos hechos violentos que describo fueron al final de 1947 en el Gobierno Picado.

Para la generación actual esta acción parecería simbólica, pero es de suma importancia se respeten las opiniones de todos.

Bukele, Chaves, el TSE y la campaña política

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

Cuando uno creé que lo ha visto todo, que ya nada lo sorprenderá, algo impensable sucede que nos sacude fuertemente. El pasado miércoles 17 de setiembre en el show habitual del comediante presidencial, se emitió un video del dictador y déspota salvadoreño Nayib Bukele, alabando el gobierno como el que sueña su homólogo en Costa Rica… ¡nos libre Dios!

La alabanza del carcelero salvadoreño Bukele, se fundamentó en que su cuasi discípulo Rodrigo Chaves anunció el financiamiento de la cárcel de seguridad en Costa Rica y la supuesta instalación operativa de los escáneres donados por los Estados Unidos, pero que no pueden operar todavía, por la incompetencia del gobierno. Pero lo verdaderamente grave, lo que no puede permitirse, es que se entrometiera en nuestra campaña política, pidiendo el voto para los candidatos oficialistas, como si fuera un costarricense más.

Tanto el Bukele, que tengo claro no es más que el nuevo dictador salvadoreño, como Rodrigo Chaves, cuyas bacanales mentales lo hacen soñar con ser dictador en Costa Rica; se equivocaron totalmente. El mal imitador de Francisco Morazán debe saber que, de acuerdo con nuestra Constitución Política, como extranjero tiene prohibido participar u opinar sobre nuestros asuntos políticos, pero además, por su pseudo investidura de presidente democrático de otro país, debe respetar las formas y normas de las relaciones diplomáticas internacionales y, como tal, le digo en buen francés: ¡fermé ta goulde!, que en buen tico se podría traducir como: cierra el h… pico.

En el caso de Rodrigo Chaves y sus “bacanálicas” pretensiones de ser dictador, debo recordarle que el jueguito que ha tenido durante tres años y medio de hacer campaña política y ser beligerante a diestra y siniestra, se acabó. Ahora entramos en el periodo oficial de campaña política, y al igual que en las diez y siete campañas políticas anteriores, el gobierno tiene prohibido hacer campaña política como usted, desacatando la ley, lo ha hecho. Se acabó Rodrigo Chaves que, a cada inauguración de obras construidas o iniciadas en otro gobierno, proyectos inexistentes, puentes sobre una acequia o el primer ordeño de una vaca, lleguen sus achichincles ministeriales con Laura Fernández y su teatro de marionetas delincuenciales, disfrazados de candidatos a diputados, a querer participar en sus bacanales de poder. Si, se acabó, y como dicen en lenguaje popular, de ahora en adelante… calladitos más bonitos.

Espero que el TSE, de una vez por todas, ponga orden. Porque con el cuento que solo puede intervenir por posible beligerancia política si hay una denuncia, se ha hecho de la vista gorda en muchos casos que, incluso, fueron denunciados por varios ciudadanos, yo entre ellos, desde hace seis meses; pero quedaron en la gaveta de una ineficiente e inoperante Inspección Electoral, para darle un trato menos rudo del que merece. Y digo lo anterior porque, el artículo 102, inciso 5, de la Constitución Política dice textualmente: “Investigar por si o por medio de delegados, y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado en ejercicio de sus cargos, o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas…”. Sí, señores Magistrados, ustedes deben actuar ante denuncias…pero dice el artículo, pero primero y antes que nada investigar por si, o sea por ustedes mismos, por su propia acción, por su propia iniciativa, por su propia decisión, e incluso hilando más fino en la definición del RAE, “por si acaso” hay una acción ilegal de posible beligerancia o parcialidad política. Pero no lo hicieron, escondieron la cabeza como el avestruz; si, eso lo reclamo como ciudadano, y espero que de ahora en adelante asuman su responsabilidad.

Me pueden señalar por hacer este comentario crítico al TSE, órgano que para muchos resulta casi intocable. Personalmente dejé de creer en su infalibilidad hace cuarenta años y he sido crítico de su accionar en varias ocasiones, como consta en varios de mis libros. Creo que son seres humanos, susceptibles de equivocarse, salvo cuando se convierten en simples contadores de votos. Por eso los ciudadanos debemos estar atentos, reclamar nuestros derechos y la manera correcta y eficiente de salvaguardarlos sin miedo, especialmente en unas elecciones que se presentan atípicas.

Los demócratas debemos exigir ya a los candidatos que asuman posiciones firmes, que tomen el liderazgo que el país reclama contra esa banda de mentalidad autocrática que nos quiere robar nuestra democracia liberal, para imponer un régimen de extrema derecha estilo Bukele, Trump o Milei que, por medio de una autocracia electoral acabe de un tajo con nuestro estado social de derecho, las garantías sociales, la educación y cultura para todos, la conservación de la naturaleza y nuestra paz, que es lo que nos hizo grandes ante el mundo.

Si costarricenses, esta elección no es la más importante, es la definitiva; por eso, o nos pellizcamos para despertamos del letargo, y también pellizcamos a los “básicos de Pilar Cisneros y Chaves” para que se den cuenta del engaño sufrido estos tres años y medio, o nos llevará el pisuicas…y su banda.

Ni censura ni mordaza como dice el presidente

Gerardo Hernández Naranjo

Ni censura ni mordaza, se trata de una garantía para el derecho al sufragio.

Cada vez que el presidente sale con una mentira o manipulación de información, hay una oportunidad para que las y los ciudadanos tomemos conciencia sobre las normas y valores que regulan nuestra vida democrática.

No es cierto que el TSE le pusiera una mordaza o censura al presidente a partir de que se convoque formalmente a las elecciones de febrero del 2026.

Lo que el TSE ha hecho es informar y aclarar al presidente sobre normas de las cuales él parece no haberse enterado o quiere desconocer, para desinformar una vez más a la población, a pesar de haber jurado respetarlas y cumplirlas.

Desde 1949 se establecieron en el artículo 95 de nuestra Constitución Política los principios que regulan el ejercicio del derecho al sufragio, uno de los cuales (inciso 3) dice:

Garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas”.

Es decir, las autoridades de gobierno deben guardar imparcialidad en los procesos electorales y por eso también se les prohíbe participar en actividades proselitistas partidarias.

Por otro lado, desde 1996 se estableció en el Código Electoral (artículo 85) una prohibición explícita al Poder Ejecutivo, a la administración descentralizada y a las empresas estatales de difundir informaciones sobre su gestión, salvo que se trate de asuntos técnicos, indispensables e impostergables sobre los servicios que prestan (Reforma al Código Electoral mediante Ley n.º 7653 del 28 de noviembre de 1996).

En el artículo 142 de Código Electoral aprobado en el 2009 se amplió y aclaró aún más esa disposición incluyendo a las municipalidades:

“ARTÍCULO 142.- Información de la gestión gubernamental

Prohíbese a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la administración descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los concejos municipales, difundir, mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones nacionales y hasta el propio día de las elecciones. Quedan a salvo de esta prohibición, las informaciones de carácter técnico o científico que resulten indispensables e impostergables, por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta Ley harán incurrir a los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política, previa resolución del TSE.” (Ley n° 8765)

Entonces no es un capricho del TSE contra el presidente actual como él lo insinúa. Es una norma que ha estado vigente desde hace mucho tiempo y que tiene como propósito resguardar una garantía constitucional para las personas electoras.

Ciertamente son normas diferentes a las que rigen en otros países donde los presidentes pueden hacer campaña abiertamente. Puede que estemos o no de acuerdo con esas reglas, pero son las que nos rigen y deben ser respetadas. Aunque ya sabemos que al actual Gobierno no le ha importado jurar primero para después desacreditar nuestro orden constitucional y legal.

Jerarcas no podrán promover logros en plataformas institucionales a partir del 2 de octubre

El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (Colper) recordó a jerarcas de instituciones públicas que, según la resolución Nº 4190-E8-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a partir del 2 de octubre de 2025 y hasta el 1 de febrero de 2026, no podrán usar las plataformas institucionales para difundir mensajes que destaquen logros, atributos o su imagen.

La disposición adecúa la aplicación del Artículo 142 del Código Electoral a pronunciamientos de la CIDH y se extiende a medios de comunicación tradicionales y digitales, sin importar si son publicaciones pagadas o gratuitas.

El Colper subrayó que, aunque los equipos de comunicación deben acatar esta normativa, son los jerarcas quienes tienen la responsabilidad principal de garantizar su cumplimiento y canalizar consultas ante el TSE mediante el correo: secretariatse@tse.go.cr.

La información se extrajo de la charla “Límites y oportunidades en el uso de plataformas digitales durante la campaña”, impartida por el letrado Andrei Cambronero Torres, disponible en el canal de YouTube del Colper, disponible en este enlace: Charla virtual: Comunicación institucional y ética electoral

«Financiamiento Jaguar»: Un caso de «alto nivel»

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Allá arriba, aunque muy lejos del Cielo, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, le han jugado al escondido a la Fiscalía General de la República, órgano del Ministerio Público que tiene el deber de investigar presuntos delitos penales, cometidos por esos inmunes «de arriba», obstaculizándole la tarea de defender los intereses del soberano, propiamente dicho.

En el caso «Financiamiento Jaguar», tramitado en el Ministerio Público, además de las diputaciones Pilar Cisneros, Paola Nájera, Julio Agüero y Luz Mary Alpízar, así como el canciller Arnoldo André, sobresale como figura central, como mascarón de proa, quien fuese tesorero del partido taxi pirata, que llevó como pasajero al presidente Chaves hacia la localidad de Zapote. Nos referimos al señor Stephan Lars Andreas Brunner Neibig, de 64 años, quien voluntariamente renunciara al alto cargo de vicepresidente de la República, ¡y muy relevante!, a la inmunidad que impedía al Fiscal, cumplir su deber debidamente, en las causas que se le siguen. Escudo legal que ha venido siendo usada, exageradamente, como cobija de impunidad, por el actual gobierno.

El señor Brunner Neibig, un muy poco conocido personaje político (por su muy escasa acción desde la Casa Presidencial) estaría presuntamente implicado, en la creación y operación de un mecanismo, en otras circunstancias legal, mediante el cual pudo transferir bienes a otra persona, para que ésta los administrara secretamente, en beneficio de las finanzas de la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Ello, pese a que el Código Electoral, garantía de nuestra cara democracia, señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas, debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político, para evitar que dineros de origen desconocido, y en la de menos de fuentes no necesariamente sanas, pudiesen incluso, ser determinantes en la elección de funcionarios que luego vayan a defender sus intereses ocultos, si son electos.

O sea, ustedes lo sabrán, la acusación tiene que ver con un llamado fideicomiso, al que se le llamó «Costa Rica Próspera», mediante el cual, se habrían canalizado millones de colones y dólares, al margen del ordenamiento legal. Al hacerlo así, y eso es lo que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) están procesando, los investigados podrían haber cometido delitos, sancionados en los artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, que se sanciona con penas que van desde los dos hasta cuatro o seis años de cárcel, si así lo resolvieren los tribunales de justicia, en atención a los delitos sobre el financiamiento partidario, sobre las contribuciones privadas y a la recepción de contribuciones privadas ilegales, donde se establece que “el tesorero del comité ejecutivo superior del partido”, deberá “llevar un registro de actividades de recaudación de fondos del partido, incluidas las tendencias y los movimientos”.

En relación con lo resumido, al exvicepresidente Brunner, el TSE lo investiga por, presuntamente, “conocer sobre la existencia de activos del PPSD adquiridos por el fideicomiso del grupo CRP y no haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes”, lo cual, de concluirse que fue así, sería castigado según el inciso a del Artículo 275 del Código Electoral, con hasta seis años de prisión.

El cuadro preliminar hace vislumbrar que, el presidente Rodrigo Chaves habría llegado al poder, aparentemente, de la mano de dos esquemas de financiamiento, donde una de ellas, sería diferente, paralela, ilegal, a la comunicada oficialmente por el partido taxi, al TSE. Estaría evidenciándose, que se activaron, simultáneamente, una o más líneas de administración de los fondos económicos que no necesariamente se reportaron ante el organismo electoral, cometiendo delito.

Los involucrados han hecho esfuerzos por justificar el uso de esa oculta “carretera secundaria”, diciendo que, los dineros transferidos y gastados, no eran para la campaña electoral, sino para otras «cosillas», se diría popularmente, que no tienen nada que ver con la campaña electoral.

Sin embargo, al señor Brunner Neibig, se le implica por, presuntamente, haberse enterado, como tesorero durante la campaña electoral, de la existencia de bienes del partido taxi en cuestión, adquiridos por el citado fideicomiso, sin «haberlo denunciado oportunamente a autoridades competentes», como era su deber, según la legislación anotada.

Pero sucedió algo realmente inesperado, que seguramente habrá sido acogido con beneplácito, por las autoridades electorales y del Ministerio Público, que se veían con las manos atadas para cumplir eficientemente sus deberes, en vista del escudo protector que cubría, hasta estos días, al señor ex vicepresidente de la República. Cuando algunos presumían la renuncia a la Presidencia de la República del señor Chaves, a quien le esperan para ser procesadas, alrededor de un centenar de causas acogidas para investigación por el Ministerio Público (lo que habrá de haber valorado para no hacerlo), ¡saltó la liebre por otro lado!

Sorprendentemente, el caballero decidió, quizá sin pensarlo muy bien, renunciar a su inmunidad, y así, en la práctica, ofrecerse voluntariamente a las autoridades competentes para que lo juzguen, sin necesidad de que sea la Corte Suprema de Justicia, la que deba solicitar el levantamiento de esa inmunidad a la Asamblea Legislativa. Camino este, escogido por el señor presidente Rodrigo Chaves, como medio de seguir obstaculizando la labor de la Fiscalía General de la República, y eventualmente, de los tribunales de justicia, por el evidente temor a ser encontrado culpable.

Agregamos que hay algunas cosas más, alrededor del exvicepresidente, que hace más insólita su renuncia a la inmunidad, que hasta ahora lo ha protegido. Por ejemplo, se tienen evidencias de su activa participación, en la frustrada gestión, que pretendía contratar una póliza del estatal Instituto Nacional de Seguros (INS), ¡por ¢248 millones!, con recursos del soberano, para financiar con fondos del pueblo, eventuales defensas ante los tribunales de justicia, principalmente, de miembros del Consejo de Gobierno, ante demandas que pudiesen presentarse por sus cuestionables actuaciones. Nos referimos, por supuesto, a la que popularmente se ha bautizado, como «Póliza de la vergüenza», y que, como habrán pensado correctamente, también es parte del expediente sobre el que trabaja la Fiscalía.

Y más recientemente, ¡para que no nos falte!, al señor exvicepresidente se le indaga igualmente, por haberse involucrado, ilegalmente, en la destitución en pleno, sin justificación razonable alguna, de la junta directiva de la entidad bancaria más importante del país y de Centroamérica, el Banco Nacional de Costa Rica. Peligrosa acción ejecutiva, que viola, peligrosamente, la necesaria y fundamental, autonomía administrativa de tan vital banco del Estado, por introducir consideraciones politiqueras, donde han de predominar, criterios técnicos calificados y de gobierno, con sustento en la Constitución Política de Costa Rica, que se ha jurado cumplir.

Cabe aclarar, eso sí, que el señor exvicepresidente, pese a haber renunciado voluntariamente, no lo ha movido el deseo de buscar la justicia de los tribunales. ¡No, qué va! Su movida, tiene que ver, más bien, con el deseo de buscar otra inmunidad similar, eventualmente, como diputado, pues estima que, si fuese postulado y electo, tal deseo se le podría hacer realidad, pero, ¡ojo!, hasta ¡dentro de ocho meses!, si llegare a ser acreditado como legislador, por el TSE, lo cual, obviamente, nadie podría garantizar al día de hoy, pues “dicen que se dice”, que Mayuli Ortega y Calixto Chaves, como “propietarios” del partido que postularía a la señora Laura Fernández, están muy incómodos, pues los puestos elegibles a candidatos a diputaciones, que ya tenían comprometidos con “los suyos”, Pilar Cisneros quiere que sean ocupados por los funcionarios que han renunciado al gobierno, primero en enero y ahora en julio, que, y esto lo que más molesta, tienen en común acusaciones ante el Ministerio Público, casi como requisito, pues lo que buscan es solo adquirir esa inmunidad que se está usando abusivamente.

En fin, aunque pensamos que Brunner Neibig, podría estar calculando mal los tiempos en que se mueve la justicia, en casos tan delicados relacionados con la fortaleza del sistema electoral y la autonomía del sistema bancario estatal, especialmente, es de presumir que los funcionarios de la Fiscalía General de la República, estarán prestos a actuar diligentemente.

Pero, bueno, esa es su apuesta; confiar en que los investigadores de la Fiscalía tomen más tiempo que el recomendado, para que pasen los ocho meses sin que él, y los otros, sean juzgados.

Finalmente, el estimado caballero, debería haber considerado que, ahora no solo sería indagado como cualquier ciudadano, sino que, incluso, se expone a la imposición de medidas cautelares, como sería, por ejemplo, la prohibición a salir del país, si la Fiscalía lo considera pertinente y los jueces así lo aprueban.

7 agosto, 2025

La beligerancia política, la guerra civil que ruge en Zapote y el camino al auto golpe de Estado

Vladimir de la Cruz

El inquilino de Zapote viene insistiendo desde hace varias semanas en el tema de la violencia nacional que puede desatarse alrededor de su figura, en caso de que pueda ser inquirido, indagado, sometido a trámite judicial para que la Asamblea Legislativa le levante la inmunidad de su cargo, y pueda ser sometido, en caso de que así proceda, ante los jueces de la República.

La Fiscalía de la República y el Ministerio Público, siguiendo los trámites constitucionales y legales ha elaborado las investigaciones pertinentes para con ellas solicitar el trámite de levantamiento de inmunidad, para enjuiciar a Rodrigo Chaves Robles, quien se desempeña en el cargo de la Presidencia de la República.

Reiteradamente el presidente ha venido deslegitimando al Poder Judicial, a sus altas autoridades, los Magistrados en pleno, enfatizando su ataque contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de la Sala Constitucional, que tienen que ver con los asuntos relacionados con la Constitución Política y los Derechos Ciudadanos, y contra los magistrados de la Sala III de la Corte que atiende los asuntos penales.

Obviamente, sus ataques están dirigidos, especialmente contra aquellos Altos Jueces, que les toca atender asuntos relacionados con acusaciones contra miembros de los Supremos Poderes, como es el caso del presidente de la República.

Los rugidos del Jaguar no solo se orientan a deslegitimar a la Corte, a sus Magistrados y Jueces de la República, sino a sembrar la imagen de la corrupción alrededor de ellos, la desconfianza a la labor que realizan, al trabajo general de la Corte Suprema de Justicia, ante la ciudadanía.

En la última conferencia de prensa montada que dijo claramente, en lenguaje enardecido de plaza pública, que en febrero próximo se cambiaría la Asamblea Legislativa, y que la nueva Asamblea a partir del primero de mayo del 2026, ante quien se dirigiría ñor última vez, estaría integrada por una mayoría de 38 diputados nuevos, totalmente nuevos, fuera de los partidos tradicionales, en capacidad de destituir a los Magistrados de la Corte, con ellos a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, a la Contralora General de la República, porque era el parte del camino que había que realizar para cambiar el régimen y el sistema político del país, para según él hacerlo más eficiente y moderno.

No satisfecho con los ataques a la Corte Suprema de Justicia, ha mantenido en alto los ataques contra el Poder Legislativo en la figura de los diputados que no le apoyan, que no fueron elegidos por el partido que lo llevó a la Presidencia, contra los partidos, que por su naturaleza legislativa son de oposición política a las fuerzas políticas que se agrupan alrededor del actual mandatario.

Su discurso envenenado contra todo lo que significa partidos políticos históricos, tradicionales o representados en la Asamblea Legislativa lo ha hecho caer claramente en la beligerancia política.

Su discurso contra los partidos políticos, contra los presidentes que esos partidos políticos pudieron elegir, contra los dirigentes políticos del pasado y del presente de esos partidos, y su llamado simultáneo a sustituirlos en el próximo proceso electoral, es como manifiesta su beligerancia política.

Su discurso contra la institucionalidad política, en su conjunto, como la presenta contra todos los Poderes Públicos, contra la estructura e integración de esos poderes, contra los cimientos democráticos de la sociedad y nacionalidad costarricense son las manifestaciones de su beligerancia política, orientada a sustituirla, si pudiera por la fuerza, convocando a los ciudadanos a integrar el movimiento de los jaguares, que trata de inscribir en varios partidos políticos, apoyando de esa manera electoralmente, con todo el aparato institucional que maneja, a quienes sí participen a su alrededor, o alrededor de quien él llegue a señalar o a escoger como el indicado para continuar desde el próximo gobierno sus políticas.

La beligerancia es su activa participación en esta campaña contra todos los partidos políticos, sus diputados y sus dirigentes, como la realiza desde su púlpito de los miércoles. Su beligerancia es la guerra que tiene declarada contra instituciones, poderes públicos, partidos políticos y personas que las identifica y presenta como sus enemigos, como enemigos públicos, como personas que hay que eliminar del escenario político nacional. Para ello acude también a señalar, y exhibir algunos en vallas publicitarias, como si fueran delincuentes, que así los llama, y los presenta al público fanatizado que altera, agita, excita, impacienta y eriza orientándolos a actuar por la fuerza, con violencia, provocándoles la idea y el sentimiento de la sedición, de la sublevación popular, de la rebelión política contra toda la institucionalidad que dice le afecta para gobernar en favor de esos sectores populares.

No satisfecho con esto ha señalado que todos los presidentes, que le precedieron desde 1953 hasta su gobierno, han sido tiranos y dictadores, que no han gobernado a favor del pueblo. Que solo han gobernado a favor de grupos económicos y camarillas de poder alrededor de esos gobernantes y partidos, mientras que él se presenta, al estilo de Hitler y de Mussolini, como representante genuino del pueblo, enfatizando que es el pueblo quien le manda, a quien le sirve, pero que “esas fuerzas” no le dejan gobernar.

En su última perorata llamó a prepararse para la guerra civil. Hizo comparaciones con la Campaña Nacional contra los filibusteros estadounidense que llegaron hasta la Hacienda Santa Rosa y a Sardinal en donde fueron derrotados y echados del territorio nacional el 20 de marzo y el 10 de abril de 1856, y finalmente expulsados de Nicaragua y de Centroamérica el 1 de mayo de 1857.

En este sentido llamó filibusteros a los representantes de los partidos políticos tradicionales y parlamentarios, a sus presidentes, dirigentes de los partidos políticos y a los diputados, a quienes el Jaguar de Zapote considera que hay que echar de los escenarios políticos nacionales. Cuando los trató de filibusteros seguramente se igualó a la pareja nicaragüense, que gobierna autoritariamente en Nicaragua, cuando ha echado de su país a opositores políticos de todo tipo, pensando que los puede echar de Costa Rica para que le dejen gobernar sin controles, sin oposición de ninguna especie.

Constantemente ruge el Jaguar contra políticos de esos partidos que él considera deberían estar en prisión, privados de libertad, por sus prácticas de gobierno.

En la letanía política que hizo el miércoles, invocando a Dios casi como su testigo, como todos los miércoles le cita, llamó a prepararse para la guerra civil, como se hizo en 1948.

No se anduvo por las ramas. Su mensaje fue claro: no le jalen el rabo a la ternera, la gente está preparada para una guerra civil, para defender no el resultado de unas elecciones, como fue la causa principal de la Guerra Civil de 1948, sino para defenderlo a él, al Jaguar, de cualquier trámite judicial que pudiera invocarse para llevarlo a los estrados de la Justicia, para defenderlo a él, por la fuerza del alzamiento militar, de cualquier situación que pudiera afectarlo como presidente de la República.

No contento con el llamado a la guerra civil señaló que las personas que están en su contra, que lo critican, que lo quieren someter a un proceso judicial, solo tienen un componente armado de 1000 oficiales del Organismo de Investigación Judicial, como lo afirmó, mientras él tiene 17.000, diecisiete mil oficiales, en toda la Fuerza Pública nacional. Claramente dijo que todo el aparato policial del país actuará como su ejército privado a su servicio. Enfatizó: “1 a 17”, señalando la cantidad de miembros del OIJ y de la Fuerza Pública. ¿Qué les parece? Así lo dijo.

El trámite de destitución de un presidente es de carácter constitucional, legal. No es por la fuerza. Por la fuerza puede ser que el presidente no acepte ser destituido y en ese sentido invoque a la rebelión popular, a la sedición, al alzamiento colectivo y violento contra lo dispuesto judicialmente, contra el orden público que emana de la propia Constitución Política, alterando la disciplina militar que debe estar orientada a apoyar la Constitución Política y a lo que constitucionalmente así se establezca.

Si se llegare a destituir al presidente, quedan los dos vicepresidentes que le sucederían en el orden de su nombramiento, para acabar con el ejercicio de su gobierno.

Pero, no olvidemos que tenemos un proceso electoral en marcha. Ya iniciado legalmente, con partidos en trámites finales de su inscripción. Algunos ya con candidatos presidenciales acordados. Igualmente, entendamos que algunos de los partidos que se impulsan al amparo de la piel del jaguar, que son varios, no están cumpliendo con los requisitos formales de inscripción y que pueden ser rechazados, como les anularon los partidos que habían presentado para las elecciones municipales. Ante esto el rugido del Jaguar ha empezado su campaña de desprestigio contra el Tribunal Supremo de Elecciones, contra su presidenta y magistrados.

En su campaña y beligerancia política institucional contra el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente ha señalado que se fragua un Golpe de Estado contra él, al tratar de impedirle participar con sus partidos y movimientos Jaguar. Este ha sido otro de sus argumentos para compararse con los sucesos de 1948.

En las elecciones de 1947, que culminaron en febrero de 1948, participaron, como candidatos principales a la presidencia Rafael Ángel Calderón Guardia y Otilio Ulate Blanco. Alrededor de Calderón Guardia se unieron los comunistas y con Ulate se unieron tres fuerzas políticas, los partidos Unión Nacional, el Demócrata y el Social Demócrata. La legislación de la época obligaba a que el resultado electoral se pasara en conocimiento al Congreso, a la Asamblea Legislativa, que debía avalar o no dicho resultado. El Congreso al conocer el informe que trasladó el Tribunal Nacional Electoral, que se había constituido en 1946, que declaraba presidente a Otilio Ulate anuló su triunfo, lo que constituyó la causa del levantamiento militar que jefeó exitosamente José Figueres, durante los meses de marzo y abril de 1948. Un mes de lucha militar y un saldo de 3000 muertos en términos generales fue el resultado de ese enfrentamiento.

¿Qué hubiera pasado si Figueres no se alza en armas? Lo que correspondía era una negociación política entre los diputados para escoger entre los candidatos que participaron. Si no hubiera habido acuerdo aún, probablemente se hubiera usado la fórmula de 1913, cuando no hubo acuerdo entre los tres candidatos presidenciales, y el Congreso procedió a nombrar a los Designados a la Presidencia, los vicepresidentes, y nombrado el Congreso decidió llamar a ejercer la Presidencia al designado Alfredo González Flores. Probablemente esto es lo que hubiera ocurrido parecido en 1948. Pero, los sucesos armados impidieron este desenlace.

La guerra se detuvo gracias a la inteligencia de quienes acordaron acabarla, reconociendo el triunfo de Ulate, y de terminar el gobierno de Teodoro Picado el 8 de mayo. Las Conversaciones del Pacto de Ochomogo y el Pacto de la Embajada de México sellaron ese final. Teodoro abandonó el país, quedando a cargo el Designado a la Presidencia, en ejercicio, Santos León Herrera, quien el 8 de mayo entregó oficialmente el Gobierno. ¿A Otilio Ulate? No. A José Figueres, que era el jefe del Ejército de Liberación Nacional, como se llamó su grupo insurgente. ¿Por qué a Figueres y no a Ulate? Porque Figueres le impuso a Otilio Ulate el Pacto del 1 de mayo, diciéndole que él iba a gobernar el país por un plazo de 18 meses, al término del cual le entregaría el poder, la presidencia. Así lo hizo. El Pacto Ulate-Figueres fue fácticamente un golpe de Estado contra Ulate. El presidente en ejercicio, Santos León el 8 de mayo le entregó el poder presidencial a José Figueres. El gobierno de Teodoro Picado había durado los cuatro años constitucionales de su ejercicio.

Eso si fue un golpe de estado.

¿Pero, qué Golpe de Estado invoca Rodrigo Chaves que le pueden hacer o dar? ¿Su fuerza pública, sus 17.000 armados, los que considera su fuerza militar para un conflicto? ¿Los grupos militares y armados de las organizaciones narco criminales, que al amparo de su gobierno ejercen controles territoriales en el país, que lo conocen y denominan como “Papa Chaves Republic”? ¿Los grupos armados que están tratando de reunirse, por convocatorias públicas, en los próximos días en la zona norte del país?

Lo que puede ocurrir no es un Golpe de Estado sino un autogolpe de estado, o el establecimiento de un estado de excepción forzado, que es lo que el presidente Chaves ha venido finamente preparando. ¿Cómo? Creando un ambiente de inseguridad nacional, política y electoral, que azuza todos los miércoles.

El presidente Chaves ha venido preparando un estado de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de debilitamiento de la institucionalidad, de desprestigio de todos los organismos e instituciones democráticas del Estado y del país. La violencia social se ha cargado y ha sobresalido como parte de esa inseguridad.

Con las políticas de debilitamiento del bienestar social, presupuestos públicos de educación, de las universidades, la eliminación de subsidios sociales, como los comedores escolares, los transportes escolares, las becas a los estudiantes de escuelas y colegios públicos, el congelamiento de salarios y pensiones, el desempleo creciente e informal, la alta deserción escolar nacional, el encarecimiento real de la canasta básica con relación a los salarios.

Con el debilitamiento consciente de los servicios públicos para todos los usuarios de ellos, en salud, atrasos de citas, contrataciones de personal calificado, en educación, por los malos y caros transportes públicos, entre otros servicios.

Con los retenes de calles, por parte de cuerpos policiales y de tránsito, que hacen están acostumbrando a los ciudadanos a los registros personales, en carreteras, como los hacían en Centroamérica, hace algunos años los gobiernos militares y dictaduras. Están realizando golpizas y torturas, probablemente como prácticas de educación en este campo, con algunos detenidos, algunos de los cuales han fallecido en “custodia” policial, amedrentan sutil y subliminalmente a la población. ¿Quién ordena estas prácticas en los centros de detención? ¿Cuáles son los instructores policiales y dënde han sido preparados para estas prácticas?

Todo este ambiente, que prepara paso a paso el gobierno de Chaves, está orientado a justificar el malestar ciudadano que le permita, con su discurso violento, antisistema, antidemocrático, a invocar la posibilidad de un Estado de Excepción, de gobernar por la fuerza, de realizar de esa manera un auto Golpe de Estado, que pueda incluso, crear un clima de inseguridad política nacional que le permita, in extremis, suspender las elecciones y quedarse gobernando unos meses más a la fuerza.

Esto es lo que parece que está en marcha por parte de los grupos militares privados y oficiales que gravitan a las órdenes directas de Rodrigo Chaves Robles.

Esto es lo que hay que detener, el ambiente de miedo, de inseguridad, de terror, de dinamitar, como dijo una vez el presidente Chaves, todos los puentes del diálogo, de los acuerdos, que se genera con parlantes desde Zapote.